19-2007 02112007 Superintendencia de Administracion Tributaria

02/11/2007 – AMPARO

19-2007

SALA REGIONAL MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE RETALHULEU CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO: Retalhuleu, dos de noviembre de dos mil siete. SE DICTA SENTENCIA dentro del proceso constitucional de amparo interpuesto por LESBIA MARICELA OVALLE OVALLE en su calidad de Mandataria Especial Judicial con Representación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en contra del JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA

PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DEL

MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.

SOLICITANTE Lesbia Maricela Ovalle Ovalle, en su calidad de Mandataria Especial Judicial con Representación de la Superintendencia de Administración Tributaria, es la interponente dentro de la presente acción constitucional de amparo, quien actúa bajo su propio auxilio, dirección y procuración. ANTECEDENTES Fredy Antonio Martínez de León, en su calidad de Mandatario Especial Judicial con Representación de la Superintendencia de Administración Tributaria, mediante memorial presentado al Juez de Paz Penal del municipio de Ayutla, departamento de San Marcos, solicitó la imposición de la sanción de cierre temporal del establecimiento llamado EQUIPOS MATERIALES Y SERVICIOS DEL SURESTE propiedad del contribuyente CARLOS DONIS JUAREZ, ubicado en la tercera calle cinco guión cincuenta y cuatro zona uno de ese municipio.

El funcionario indicado le dio el trámite correspondiente, señalando día y hora para la audiencia dentro del término legal, para que se presentara el contribuyente sindicado, quien no obstante estar notificado no se presentó, señalándose una nueva audiencia. El quince de marzo del mismo año, el Juez de Paz de la localidad indicada dictó la respectiva sentencia, declarando improcedente la solicitud de cierre temporal del establecimiento. La entidad amparista interpuso recurso de apelación contra dicho fallo y al conocer en alzada el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango, confirmó la sentencia el veinticinco de mayo de dos mil siete. INTERPOSICIÓN, AUTORIDAD IMPUGNADA Y TERCEROSINTERESADOS El proceso de amparo es promovido por Lesbia Maricela Ovalle Ovalle en su calidad de Mandataria Especial Judicial con Representación de la Superintendencia de Administración Tributaria; la autoridad impugnada es el Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente delmunicipio de Coatepeque, del departamento de Quetzaltenango. Como tercero con interés aparece Carlos Donis Juárez, dándole intervención al Ministerio Público con sede en el municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango. ACTO RECLAMADO La sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango el veinticinco de mayo de dos mil siete, que

confirma el fallo dictado por el Juez de Paz del municipio de Ayutla del departamento de San Marcos. VIOLACION QUE SE DENUNCIA Su derecho constitucional de defensa y debido proceso, al inobservarse preceptos constitucionales y procesales. EXTRACTO CONCRETO Y PRECISO DE LAS ARGUMENTACIONES La interponente denuncia que el juez impugnado emitió la sentencia de mérito actuando con ilegalidad e irrespeto a principios constitucionales y de derechos humanos, al violar la garantía del debido proceso, por persistir la amenaza de que se violen los derechos patrimoniales de su representada, dejándola en un estado de indefensión. ENUMERACIÓN Y RESULTADO DE LOS RECURSOS O PROCEDIMIENTOS En la presente acción de amparo no se interpuso ningún recurso ordinario ni procedimiento en contra del acto reclamado que en este caso es la sentencia del veinticinco de mayo de dos mil siete, pronunciada por el Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango. CASOS DE PROCEDENCIA Se encuentra el artículo 10 inciso h) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. LEYES QUE EL INTERPONENTE DENUNCIA COMO VIOLADAS La interponente denunció como violados los artículos 2, 12, 29 y 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 4 y 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 11bis del Código Procesal Penal;

148 de la Ley del Organismo Judicial; 151 del Código Tributario. AMPARO PROVISIONAL No se decretó el amparo provisional. DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS APORTADAS Aparece como prueba aportada, los procesos penales números doscientos dos diagonal dos mil siete, oficial primero y diez diagonal dos mil siete, oficial quinto, del Juzgado de Paz de Ayutla, San Marcos y de Primera Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente de Coatepeque, Quetzaltenango, en su orden.ALEGACIONES DE LAS PARTES En el presente amparo hicieron hizo uso de la audiencia fijada por cuarenta y ocho horas, la interponente y el Ministerio Público, quien se presentó extemporáneamente, solicitando se dicte la resolución que en derecho corresponde. C O N S I D E R A N D O I El Amparo se ha instituido con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violación a sus derechos y para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido y procederá siempre que las leyes, resoluciones, disposiciones o actos de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan, como lo determina el artículo ocho de la Ley de Amparo, Exhibición personal y de Constitucionalidad. Por otra parte dispone el artículo diez de la ley anteriormente citada, que la procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de riesgo, una amenaza, restricción o violación a los

derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. C O N S I D E R A N D O II Esta Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Retalhuleu, constituida en Tribunal de Amparo, entra a analizar con detenimiento el amparo inventariado bajo el número diecinueve guión dos mil siete, en donde la amparista es LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, quien acciona de amparo en contra del Juez del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango, de lo cual se establece lo siguiente: La Institución mencionada, por medio de su representante legal, interpuso acción de amparo, teniendo como autoridad impugnada al Juez ya mencionado, consignando como acto que causa agravio (acto reclamado) el siguiente: “Señalo como acto que causa agravio a mi representada la resolución de fecha 25 de mayo del año 2007, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Coatepeque del departamento de Quetzaltenango, por medio de la cual se resolvió declarar: “I) Improcedente la Apelación venida en grado; II) CONFIRMA la sentencia de fecha quince de marzo de dos mil siete, emitida por el Juez de Paz, Ramo Penal del municipio de Ayutla, departamento de San Marcos…” Indicó los hechos que motivan el amparo. Formuló las peticiones que consideró procedentes a la acción de amparo.C O N S I D E R A N D O III

del municipio de Ayutla, departamento de San Marcos…” Indicó los hechos que motivan el amparo. Formuló las peticiones que consideró procedentes a la acción de amparo.C O N S I D E R A N D O III Esta Sala constituida en Tribunal de Amparo, realiza los respectivos análisis apegados al ordenamiento jurídico guatemalteco, en especial a la Constitución Política de la República de Guatemala, a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y demás cuerpos legales que a la presente acción de amparo le son atinentes, de la manera siguiente: a.-) Esta Sala, toma en cuenta que la resolución que es considerada como el acto reclamado y que en el presente caso es el motivo esencial del proceso de amparo que nos ocupa y que ya fuera identificada en el considerando II, si es susceptible de la acción en referencia, por cuanto se considera que la misma no se encuentra apegada a derecho, porque en ella se inobservaron los principios jurídicos de orden constitucional, que vulneraron derechos fundamentales de la amparista, y de la ley ordinaria aplicable al caso, concretamente el artículo 85 numeral 2 del Código Tributario, que en su parte conducente establece: “Se aplicará la sanción de cierre temporal de empresas, establecimientos o negocios cuando se incurra en la comisión de las infracciones siguientes: … 2. No emitir o no entregar facturas, tiquetes, notas de debito, notas de crédito, recibos o documentos equivalentes, exigidos por las leyes tributarias específicas, en la forma y plazo establecido en las mismas. …”. Ahora bien, en el trámite y resolución de la acción de Infracción Tributaria, tramitada en el Juzgado de Paz Penal del municipio de Ayutla, departamento de San Marcos, especialmente en lo

forma y plazo establecido en las mismas. …”. Ahora bien, en el trámite y resolución de la acción de Infracción Tributaria, tramitada en el Juzgado de Paz Penal del municipio de Ayutla, departamento de San Marcos, especialmente en lo referente al contenido del artículo 151 del Decreto 06-91 del Congreso de la República de Guatemala que establece que: “Los hechos que puedan constituir incumplimiento de obligaciones o infracciones en materia Tributaria, deberá dejarse constancia documentada y ordenará la instrucción del procedimiento que corresponde, el contribuyente presunto infractor deberá estar presente y podrá pedir que se haga constar lo que estime pertinente. En su ausencia, dicho derecho podrá ejercitarlo su representante legal o el empleado a cuyo cargo se encuentre la empresa, local o establecimiento correspondiente, a quien se advertirá que deberá informar al contribuyente de manera inmediata. Las actas que levanten y los informes que rindan los auditores de la Administración Tributaria, tienen plena validez legal en tanto no se demuestre su inexactitud o falsedad”; b.-) En el mismo sentido consignado en la literal anterior, se determina que la autoridad impugnada hizo mala aplicación del artículo precitado, ya que no le adjudicó ningún valor probatorio al acta del Libro de Actas de Hojas Movibles número trescientos dieciocho guión dos mil dos, de fecha veintisiete de febrero de dos mil dos, faccionada en la sede del negocio denominado EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS DEL SURESTE, propiedad de Carlos Donis Juárez; por argumentar que la misma fue presentada en una fotocopiasimple, pero en virtud de que tal documento no fue redargüido de inexactitud o falsedad, al mismo debe dársele todo su valor probatorio; c.-) Lo anterior

Donis Juárez; por argumentar que la misma fue presentada en una fotocopiasimple, pero en virtud de que tal documento no fue redargüido de inexactitud o falsedad, al mismo debe dársele todo su valor probatorio; c.-) Lo anterior argumentado, aunado a lo que establece el artículo 182 del Código Procesal Penal, con su epígrafe Libertad de prueba, se arriba a la conclusión que se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Regirán, en especial, las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas; y, d.-) Para fundamentar jurisprudencialmente la presente resolución se efectúa la siguiente cita: “En cuanto a que el acta de actuaciones de auditores tributarios carece de formalidades legales para su validez en virtud de que éstos no consignaron la fe pública que ostentan, este tribunal estima agraviante tal afirmación por no existir disposición legal alguna que ordene que para la validez de un acta de auditores deban hacer constar expresamente que gozan de fe pública ya que ésta es una cualidad o característica inherente en aquellos empleados o funcionarios públicos a quienes el Estado les ha delegado la facultad de revestir de certeza sus actuaciones, sin que haya norma legal en la que se establezca como requisito indispensable para dar fuerza probatoria al documento, que se deje constancia de que actúan investidos de fe pública, ya que el artículo 151 del Código Tributario establece que las Actas que levanten los auditores de la Administración Tributaria tienen plena validez legal en tanto no se demuestre su inexactitud o falsedad. Por ello descalificar el acta, por exigir la autoridad impugnada requisitos no

establece que las Actas que levanten los auditores de la Administración Tributaria tienen plena validez legal en tanto no se demuestre su inexactitud o falsedad. Por ello descalificar el acta, por exigir la autoridad impugnada requisitos no previstos en la ley, vulnera derechos constitucionales de la postulante…” (Sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha once de junio de 2003, dentro del expediente 99-2003). En base al estudio realizado deviene como consecuencia que debe otorgarse la protección constitucional invocada por la amparista.

LEYES APLICABLES Artículos: 12-203-204-265 Constitución Política de la República de Guatemala; 1-2-3-4-5-7-8-9-10 inciso h)-13-30-33-34-35-36-37-42-43 Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 3-11-11bis-49-160-163-165167 Código Procesal Penal; 141-142-142bis-143-147-148-156 Ley del Organismo

Judicial. POR TANTO Este Tribunal con base en lo considerado y disposiciones legales aplicadas; al resolver, DECLARA: I.) OTORGA amparo definitivo a la SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA –SAT-, en contra del Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango; en consecuencia: A.) Deja sin efecto en cuanto a la accionante, la sentencia dictada por la autoridad impugnada de fecha veinticinco de mayo de dos mil siete, en el proceso penalnúmero diez guión cero siete, oficial quinto. B.) Para los efectos de este fallo, la autoridad responsable deberá dictar nueva sentencia, de conformidad con

impugnada de fecha veinticinco de mayo de dos mil siete, en el proceso penalnúmero diez guión cero siete, oficial quinto. B.) Para los efectos de este fallo, la autoridad responsable deberá dictar nueva sentencia, de conformidad con las consideraciones de esta resolución; C.) Se conmina a la autoridad indicada, al estricto cumplimiento de lo resuelto dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento incurrirá en una multa de quinientos quetzales, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales que correspondan. D.) Por considerar buena fe en la tramitación de la apelación que dio origen al acto reclamado, se exime a la autoridad impugnada del pago de las costas judiciales. Oportunamente expídase certificación de la presente sentencia a la Secretaría de la Corte de Constitucionalidad. Con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes al juzgado de procedencia.

José Vidal Barillas Monzón, Magistrado Presidente; Flor de María Gálvez Barrios, Magistrado Vocal Primero; Antulio Guillermo Ochoa Longo, Magistrado Vocal Segundo. Marcia Dolores Salazar Rivera, Secretaria.