83-2000 05062001 Basic Resources International Bahamas Limited

05/06/2001 - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Recurso de Casación No. 083-2000 Recurso de casación interpuesto por BASIC RESOURCES INTERNATIONAL (BAHAMAS) LIMITED,a través de su representante legal Rodolfo Emilio Sosa de León, contra el auto dictado por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el veintisiete de marzo de dos mil. DOCTRINA No procede el recurso de casación contra el auto que declara con lugar la excepción previa de falta de personería, ya que no pone fin al proceso.

LEYES ANALIZADAS: Artículos: 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 620 del Código Procesal Civil y Mercantil; y 27 de la Ley de lo Contencioso

Administrativo. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL: Guatemala, cinco de junio de dos mil uno. En cumplimiento de lo resuelto por la corte de Constitucionalidad con fecha seis de marzo de dos mil uno, se tiene a la vista para resolver el recurso de casación interpuesto por Basic Resources International (Bahamas) Limited, a través de su Representante legal Rodolfo Emilio Sosa de De León, contra el auto de fecha veintisiete de marzo de dos mil, dictado por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dentro del proceso contencioso administrativo número ciento ocho guión noventa y nueve, planteado por la recurrente contra la resolución número cuatrocientos setenta y siete, de fecha nueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, proferida por el Ministerio de Energía y Minas.

ANTECEDENTES: A) DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: Con fecha cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, el Ministerio de Energía y Minas, dictó la resolución número dos mil ciento veintiuno, por medio de la cual

ANTECEDENTES: A) DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: Con fecha cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, el Ministerio de Energía y Minas, dictó la resolución número dos mil ciento veintiuno, por medio de la cual aprueba el informe trimestral de operaciones de explotación y de ejecución presupuestaria, presentado por BASIC RESOURCES INTERNATIONAL (BAHAMAS) LIMITED, orrespondiente al período comprendido del uno de enero al treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y ocho, contrato número dos guión ochenta y cinco, reconociendo como costos no recuperables por el citado período, la cantidad de ocho millones novecientos sesenta y cuatro mil trece dólares de los Estados Unidos de América con sesenta centavos, como costos no recuperables la cantidad de un millón trescientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América con cincuenta y dos centavos, sin perjuicio del derecho del Estado de hacer valer las verificaciones, notificaciones o ajustes que oportunamente pudieran efectuarse por parte del Departamento de Auditoría y Fiscalización, de ese Ministerio. Contra esta resolución, Basic, International (Bahamas) Limited, a través de su representante legal interpuso recurso de reposición, el cual fue declarado sin lugar por el propio Ministerio, mediante resolución número ciento noventa y cinco, de fecha cinco de febrero de mil novecientos noventa y nueve.

B) PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:Basic Resources International (Bahamas) Limited, a través de su Representante legal

Rodolfo Emilio Sosa De León, interpuso contra esta última resolución proceso contencioso administrativo. El Ministerio de Energía y Minas, planteó excepción previa de falta de personería dentro del mencionado proceso, argumentando que la sustitución de mandato por medio el cual actúa el señor Rodolfo Emilio Sosa de León, en representación de Basic Resources International (Bahamas) Limited, carece de validez legal, ya que a la fecha en que se hizo el mismo, había caducado el Mandato General que el Ingeniero Ernesto Rodríguez Briones, sustituyó parcialmente en su persona.

RESUMEN DEL AUTO RECURRIDO: La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con fecha veintisiete de marzo de dos mil, declaró con lugar la excepción previa de falta de personería interpuesta por el Ministerio de Energía y Minas, considerando lo siguiente: que el fondo de la excepción radica en establecer si el Licenciado Rodolfo Emilio Sosa de León, cuyo mandato le fue otorgado el veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta y seis, tenía o no la calidad de representante legal de Basic, Resources International (Bahamas) Limited, el once de noviembre de mil novecientos noventa y siete, fecha en la que otorgó la sustitución parcial de su mandato a favor del Abogado Quevedo Arrechea. Que debe tenerse presente que la forma, efectos, condiciones y demás circunstancias del contrato de mandato, están reguladas por el Código Civil de Guatemala, ya que el mandato fue otorgado en este país para ser ejercitado en él, sin que exista oposición con las normas

contenidas en la Ley del Organismo Judicial relativas a las condiciones y obligaciones de los mandatarios judiciales y a la forma en que esta clase de mandatos deban ser ejercitados. Que el Código Civil dispone que el mandato es un contrato por el cual una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios; que el mandato es general cuando comprende todos los negocios del poderdante y especial cuando se contrae a uno o más asuntos determinados; que el mandato termina por vencimiento del plazo para el que fue otorgado y que el mandato general que no expresa duración se considera conferido por diez años contados desde la fecha de otorgamiento, salvo prorroga, otorgada con las mismas formalidades del mandato. Concluye la Sala indicando, que analizada la excepción previa a la luz de las disposiciones legales citadas, resulta que la misma deviene improcedente porque el mandato otorgado a favor del Licenciado Sosa de León el veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta y seis, había dejado de tener vida jurídica con anterioridad a la fecha en que se presentó su demanda, pues tratándose de un mandato general, éste terminó por el transcurso de diez años, de conformidad con el artículo 1726 del Código Civil, ya que no se evidenció que en el mismo se hubiera fijado plazo o duración.

ALEGACIONES: El día de la vista las partes alegaron lo pertinente a su derecho.

RECURSO DE CASACION: El recurrente Rodolfo Emilio Sosa de León, en su calidad de Mandatario Especial con

Representación de Basic Resources International (Bahamas) Limited, interpuso recurso de casación por motivos de fondo, en contra del auto de fecha veintisiete de marzo de dos mil, dictado por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, invocando los submotivos siguientes: a) Violación de ley, estimando infringidos los artículos: 162, 214, inciso 4o. del artículo 215, IX de las disposiciones derogatorias y modificatorias del Código de Comercio, 1700 del Código Civil y 194 de la Ley del Organismo Judicial; b) Aplicación indebida de la ley, señalando como infringido el artículo 1726 del Código Civil; c) Interpretación errónea de la ley, señalando como infringidos los artículos: 1690 del Código Civil; 162, 214, y el inciso 4o. del 215, del Código de Comercio; inciso b) delartículo 191 de la Ley del Organismo Judicial; y d) Error de hecho en la apreciación de la prueba señalando como infringido el artículo 127 del Código Procesal Civil y Mercantil.

CONSIDERANDO: I Basic Resources International (Bahamas) Limited, por medio de Rodolfo Emilio Sosa de León, interpuso recurso de casación contra el auto de fecha veintisiete de marzo de dos mil, emitido por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a través del cual se declara con lugar la excepción previa de falta de personería, interpuesta por el Ministerio de Energía y Minas, dentro del proceso contencioso administrativo relacionado en los antecedentes de este fallo.

La Cámara Civil en sentencia de fecha veintiséis de mayo de dos mil, desestimó la casación que Basic Resources International (Bahamas) Limited interpuso contra el citado auto. La casacionista, por considerar violados sus derechos promovió proceso de amparo

La Cámara Civil en sentencia de fecha veintiséis de mayo de dos mil, desestimó la casación que Basic Resources International (Bahamas) Limited interpuso contra el citado auto. La casacionista, por considerar violados sus derechos promovió proceso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad la que, por sentencia de fecha seis de marzo del año en curso, resolvió lo siguiente: “I) Otorga amparo a Basic Resources International (Bahamas) Limited y como consecuencia, deja en suspenso en cuanto al reclamante, el auto de veintisiete de julio de dos mil dictado por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, en el expediente relacionado en este fallo. II) Para los efectos positivos de este fallo la autoridad impugnada debe dictar la resolución que en derecho corresponde, congruente con lo considerado [...]”. La Cámara Civil, dando cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad y en congruencia con lo considerado en ella, estima necesario hacer las reflexiones siguientes: A) Según la Corte de Constitucionalidad, uno de los aspectos que debe “despejar” la Cámara, es lo relativo al concepto “proceso”, por lo que se realiza el siguiente análisis: El artículo 221 de la Constitución Política de la República, establece que la función del tribunal de lo contencioso administrativo es: “...de contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del

Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas (...). Contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, puede interponerse el recurso de casación (....)”. El artículo 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, establece: “Salvo el recurso de apelación, en este proceso son admisibles los recursos que contemplen las normas que regulan el proceso civil, incluso el de casación, contra las sentencias y autos definitivos que pongan fin al proceso, los cuales se substanciaran conforme tales normas.” Asimismo, el artículo 620 del Código Procesal Civil y Mercantil, dice: El recurso de casación sólo procede contra las sentencias o autos definitivos de Segunda Instancia no consentidos expresamente por las partes, (...)”. Como puede apreciarse, las normas que regulan el recurso de caación, en congruencia con el carácter extraordinario de éste, establecen que procede el mismo contra las resoluciones que pongan fin al proceso, entendiéndose el vocablo “proceso” como juicio, litigio o controversia. La Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, así lo ha interpretado en distintos fallos (sentencia de fecha diecinueve de enero de mil novecientos noventa y tres, dictada dentro del recurso de casación interpuesto por Marco Antonio Vélez Argueta, contra el auto dictado el diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y dos, por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones; y sentencia de fecha treinta y uno de mayo de

mil novecientos setenta y nueve, en el recurso de casación interpuesto por César FernandoAlvarez Guadamuz contra el auto de fecha veinticuatro de octubre de mil novecientos setenta y ocho, dictado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo). Este mismo criterio lo han sostenido connotados tratádistas, mencionándose dentro de ellos a Enrique Véscovi, quien señala que: “se utilizan en sentido análogo los vocablos proceso, contienda, litigio, causa, juicio, controversia, asunto (...)” (Teoría General del Procesao. 1984). Francesco Carnelutti, dice: “Proceso en otras palabras se emplea por los juristas en vez de juicio, y no de cualquier juicio sino de aquel juicio el cual se lleva a cabo según determinadas reglas y con particularidades solemnidades para decidir una litis.” (Derecho Procesal Civil y Penal. 1971). Los autores Juan Montero Aroca y Mauro Chacón Corado, señalan: “Durante siglos los prácticos forenses y los procedimentalistas explicaron uno por uno los muy distintos juicios por medio de los cuales actuaban los órganos jurisdiccionales, y lo hicieron sin llegar a formular una noción general del proceso. Más aún la misma palabra procesó les era prácticamente desconocida, y empleaban sobre todo juicio, pero también negocio o litigio (...).” Manual de Derecho Procesal Civil Guatemalteco. 1999). Con base en el análisis realizado, la Cámara estima que al dictar la sentencia de fecha veintiséis de mayo de dos mil, no podía limitar su razonamiento,

interpretando el concepto de proceso en términos generales sino más bien desde el punto de vista técnico jurídico. Por lo que al concepto proceso debe entendérsele como juicio, litigio o controversia. B) Además, la Corte de Constitucionalidad indicó en la citada sentencia que esta Cámara: “... deberá emitir resolución motivada por cuyo medio la recurrente pueda saber con certeza la razón del fallo que de nuevo se emita, en el sentido que dicho alto tribunal determine.” En atención a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, la Cámara procede a ampliar la fundamentación jurídicovalorativa, que la llevó a determinar que el auto impugnado por medio del presente recurso de casación no concluye el proceso. El recurso de casación es eminentemente extraordinario, característica que lo diferencia de los recursos ordinarios, por proceder únicamente contra determinadas resoluciones que claramente establece la ley. Atendiendo a esta característica, auto definitivo debe entenderse como la resolución que cierra toda posibilidad de continuar con el juicio en la jurisdicción ordinaria, pues ha decidido sobre el fondo del asunto, quedando únicamente como opción acudir a la vía extraordinaria del recurso de casación. En este sentido se pronunció la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia en diversos fallos, entre los cuales se encuentran: a) auto de fecha veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, dentro del recurso de casación ciento nueve guión noventa y siete, promovido por Bolsa de Valores Nacional, Sociedad Anónima; b) Auto de fecha ocho de

diciembre de mil novecientos noventa y siete, dentro de los recurso de casación acumulados noventa y tres, y noventa y cinco guión noventa y siete, interpuestos por Texaco Guatemala, inc. Con base en lo anterior, esta Cámara ratifica el criterio de que el auto que declaró con lugar la excepción previa de falta de personería interpuesta por el Ministerio de Energía y Minas, no tiene el carácter de definitivo, puesto que el Mandatario de Basic Resources International (Bahamas) Limited, puede enmendar la deficiencia en el documento por medio del cual acreditó su representación y plantear nuevamente el proceso contencioso administrativo, tal y como lo hizo al interponer el presente recurso de casación en el que acompañó un nuevo mandato. Queda claro, entonces, que el recurso extraordinario de casación procede únicamente cuando finaliza la posibilidad jurídica de continuar con el proceso, situación que no se ha dado en el presente caso, ya que como quedó apuntado anteriormente el artículo 221 de la Constitución Política de la República, dice: “...Contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, puede interponerse el recurso de casación”; Esta Cámara interpreta que lanorma se refiere a los autos que pongan fin al litigio o juicio. En ese orden de ideas, se concluye que el auto impugnado no reviste el carácter de definitivo. Asimismo, esta Cámara estima importante manifestar que si la parte interesada consideraba que la sentencia dictada por esta Cámara tenía algún punto que debía ser

ampliado o aclarado podía interponer oportunamente los recursos pertinentes. Con base en lo anteriormente expresado, esta Cámara cumple con lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, en la sentencia antes identificada.

CONSIDERANDO: II De conformidad con el artículo 633 del Código Procesal Civil y Mercantil, al desestimarse el recurso de casación, se debe condenar al recurrente al pago de las costas e imponerle la multa respectiva.

LEYES APLICABLES: Artículos: citados y 12, 29 y 214 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 3, 4, 5, 11 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 25, 26, 27, 44, 45, 66, 67, 71, 621 incisos 1o. y 2o., 630 y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 10, 16, 57, 74, 76, 79 inciso a), 141, 143, 149 y 172 de la Ley del Organismo Judicial.

POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL, con base en lo considerado y leyes citadas, resuelve: I) DESESTIMA el recurso de casación relacionado. II) Impone al recurrente el pago de las costas del mismo y le impone una multa de quinientos quetzales que deberá hacer efectiva en la Tesorería del Organismo Judicial, dentro de tercero día de quedar firme el presente fallo. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvase los antecedentes a donde corresponda.

Alfonso Carrillo Castillo, Magistrado Presidente Cámara Civil; Amanda Ramírez Ortiz de Arias, Magistrado Vocal Quinto; Carlos Alfonso Alvarez-Lobos Villatoro, Magistrado

antecedentes a donde corresponda. Alfonso Carrillo Castillo, Magistrado Presidente Cámara Civil; Amanda Ramírez Ortiz de Arias, Magistrado Vocal Quinto; Carlos Alfonso Alvarez-Lobos Villatoro, Magistrado Vocal Sexto; Edgardo Daniel Barreda Valenzuela, Magistrado Vocal Décimo (VOTO RAZONADO). Ante Mí: Víctor Manuel Rivera Woltke, Secretario de la Corte Suprema de Justicia.