ASOBANCARIA - Inclusión Financiera y Economía Popular 2023

Inclusión financiera y economía popular 20 23 Alternativas en la era digital Derecho Financiero

ASOBANCARIA: Presidente

Jonathan Malagón González Vicepresidente Jurídico José Manuel Gómez Sarmiento Directora Jurídica Normativa Paola Henry Manrique Directora Jurídica Operacional Ida María Mestre Ordóñez

EDICIÓN: Mauricio Valenzuela Gruesso

DISEÑO: Camilo Andrés Grillo Velásquez Primera Edición, agosto de 2023

ISBN: 978-958-9040-89-8

Derechos de autor reservados Asobancaria C O N T E N I D O INTRODUCCIÓN ............................................................................. 6 Mauricio Valenzuela Gruesso CAPÍTULO 1 ..................................................................................... 10 Los retos del financiamiento productivo de los micronegocios en Colombia Paola Arias Gómez y Michael Bryan Newball CAPÍTULO 2 ..................................................................................... 44 La aplicación del marco de grupos empresariales en el Estado: el rol del Grupo Bicentenario en la inclusión financiera de la economía popular y comunitaria José Alberto Garzón Gaitán CAPÍTULO 3 ..................................................................................... 68 Garantías como motor para la inclusión financiera de la economía popular y comunitaria Jonathan Malagón González CAPÍTULO 4 ..................................................................................... 86 Democratización del crédito y economía popular Eduardo Arce Caicedo CAPÍTULO 5 ..................................................................................... 108 El gran salto del factoring electrónico y los retos de su ecosistema Edit María Peña Álvarez 4

CAPÍTULO 6 ..................................................................................... 125

Sistema de Pagos Inmediatos en Brasil – Pix Dolly Murcia Borja y Carlos Martínez Merizalde CAPÍTULO 7 ...................................................................................... 145

La transformación de los sistemas de pago de bajo valor en Colombia Ana María Prieto Ariza CAPÍTULO 8 ...................................................................................... 163 Portabilidad de productos financieros Germán Darío Abella Abondano y Alejandro Yáñez Dávila CAPÍTULO 9....................................................................................... 185 El Yeti que me dio una mejor tasa de interés Juan Sebastián Peredo Bernal CAPÍTULO 10..................................................................................... 201 La ilusión de la descentralización: ¿por qué la emisión y el intercambio de criptoactivos deben estar sujetos a regulación? Catalina Guío Español CAPÍTULO 11..................................................................................... 222 Tokenización. Impacto económico y regulatorio Camilo Gantiva Hidalgo CAPÍTULO 12 .................................................................................... 249 La banca y el cambio climático Alicia Robayo Duque 5 I N T R O D U C C I Ó N Este segundo libro de Derecho Financiero publicado por Asobancaria tiene como eje principal la inclusión financiera, a la que se aproxima por dos vías. La primera se relaciona con el propósito del Estado -explícito en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026de atender las necesidades de la economía popular y comunitaria. Se destacan la importancia de la banca de desarrollo y los esfuerzos del Estado a través del Grupo Bicentenario para alinear estrategias con ese fin. La segunda tiene que ver con desarrollos tecnológicos con capacidad de contribuir a la inclusión financiera. En algunos, como los sistemas de pagos instantáneos, las billeteras electrónicas y la portabilidad de los productos financieros es evidente su impacto inmediato; otros, como los criptoactivos, la tokenización de activos con fines de emisión y los sistemas descentralizados, así

como el factoring, irán mostrando sus beneficios sobre la inclusión en el tiempo. Pero el panorama general tenía que presentarse completo, como lo hace este libro, porque los criptoactivos y los sistemas descentralizados son realidades que por ahora avanzan paralelas a las actividades tradicionales, pero que necesariamente habrán de converger. Como un tema transversal se incluye un ensayo sobre las relaciones de la banca con el cambio climático, cuya pertinencia es manifiesta. En los textos es visible el esfuerzo de los autores por explicarse con suficiencia, aún en los temas más complejos. Cada escrito se propone objetivos específicos y en esa dirección avanza con un desarrollo ordenado y completo, soportado en abundante información estadística y enriquecido con experiencias internacionales que han servido -o habrán de servirde referencia para orientar la regulación en Colombia e implementar mejores prácticas. A continuación, un resumen de cada uno de los ensayos: Paola Arias y Michael Newball presentan el panorama del tejido empresarial en el país y destacan cómo el aparato productivo está constituido en gran medida por los negocios de menor tamaño. Sin embargo, para ellos el acceso a financiamiento sigue siendo una barrera crítica que entraba su crecimiento y desarrollo. Explican las razones que del lado de la oferta y la demanda dificultan el acceso a crédito; los sectores de bajos ingresos no son un grupo homogéneo y, por esa razón, requieren variedad en los productos de préstamo. Con ese propósito, proponen incluir facilidades que aprovechen y construyan relaciones basadas en la cercanía y cotidianidad comercial de los micronegocios, la utilización de bienes muebles -tales como los compromisos de compra y los flujos

de ingreso futurocomo garantía para el crédito y la gestión de información transaccional alternativa o no convencional para determinar la voluntad y la capacidad de pago. José Alberto Garzón explica el rol del Grupo Bicentenario, conformado por entidades financieras del Estado, cuyo propósito es alinearse en torno a una estrategia que profundice la inclusión financiera y crediticia de la economía popular. Menciona los instrumentos financieros que se utilizarán para promover dicha inclusión, especialmente de pequeños productores del sector agropecuario y micronegocios, así como la innovación y el emprendimiento, a través de una variedad de mecanismos como garantías de portafolio a deudores, líneas de fondeo global con comisiones y tasas compensadas, incentivos al buen pago y estrategias de finanzas mixtas para involucrar al sector privado. Relata la experiencia de grupos empresariales públicos en Chile, Perú, China 6 y Alemania, casos exitosos de la articulación estatal alrededor del ofrecimiento de productos y servicios financieros para atender vacíos de mercado, con altos estándares de gobierno corporativo y sostenibilidad financiera de las entidades financieras públicas que conforman los grupos. Jonathan Malagón se refiere a la falta de garantías como uno de los principales obstáculos para otorgar créditos en el segmento de los micronegocios. Dada la informalidad y la consiguiente deficiencia de información, para respaldar los créditos a los micronegocios se les exige que afecten activos de los que, por lo general, carecen. Es allí donde los esquemas institucionales de garantías se constituyen en habilitantes del acceso al crédito, como lo muestran las cifras del FNG y el FAG, que han permitido la irrigación de crédito a distintos sectores de la economía popular. Llama la

atención sobre la ley de Garantías Mobiliarias, que tiene un gran potencial para estimular el crédito y aún no se aprovecha en todas sus posibilidades. También incluye un análisis comparado de los esquemas de garantías en Latinoamérica (Brasil, México, Argentina y Chile), que destaca, entre otros mecanismos, la importancia de las sociedades de garantías recíprocas. Eduardo Arce desarrolla el concepto de democratización del crédito y analiza la relación entre democratizar e incluir. En ausencia de expresa definición legal, indaga sobre el tema en distintos fallos de la Corte Constitucional. Concluye que hay acciones que apuntan a democratizar, pero también otras que supondrían hacer caso omiso de exigencias básicas del otorgamiento de crédito y que, por lo tanto, no pueden considerarse para ese propósito, como llevar a las personas o empresas a sobreendeudarse o asumir que los créditos se otorguen sin la expectativa de pago. Democratizar e incluir en el marco de la economía popular no son, pues, por sí mismas, factores que materialicen el riesgo de crédito o el riesgo moral de los préstamos. Medir la capacidad de pago supone un mayor esfuerzo de los profesionales financieros para profundizar en el conocimiento de los negocios de la economía popular y así evaluar sus verdaderas posibilidades para ofrecer productos apropiados. Edit Peña hace un recorrido por la evolución del factoring como herramienta de financiación para las empresas, hasta llegar a la factura electrónica y los mecanismos para su circulación en el RADIAN, que es la plataforma de la DIAN que administra el registro de la factura electrónica de venta como título valor y garantiza su consulta y trazabilidad. Las cifras muestran un crecimiento constante, al

punto de estimar que podría multiplicarse por seis en los próximos tres años. La experiencia chilena ha sido el referente; en Colombia, al igual que en Chile, esa actividad ha dado un gran salto a lo digital y se vislumbra como uno de los negocios con mayores posibilidades de evolución en esta era de las nuevas tecnologías. Ya se habla incluso de tokenización de la factura electrónica, con miras a un modelo descentralizado y seguro que facilite incluso el fraccionamiento de las facturas. Dolly Murcia y Carlos Martínez explican qué son los sistemas de pagos instantáneos (SPI) y la urgente necesidad de contar con uno en Colombia, donde el uso del efectivo sigue siendo predominante, con los efectos de desintermediación y ausencia de trazabilidad de las transacciones que obstaculizan la inclusión financiera. Los autores relatan la exitosa experiencia del Pix en Brasil, un sistema de pagos instantáneos creado por el Banco Central. Mencionan como factores del éxito que sea interoperable, que tenga costos reducidos -incluido un máximo de transacciones mensuales gratuitas para el usuario persona natural-, que la compensación y liquidación se hagan en tiempo real, que la disponibilidad de acceso sea 24/7 y que la vinculación para las entidades financieras relevantes sea obligatoria. Destacan que, en el 2022, el Pix alcanzó un registro histórico de velocidad en su implementación, al llegar a 100 transacciones anuales, por usuario, en solo dos años. 7 Ana María Prieto aborda la transformación de los sistemas de pago de bajo valor en Colombia. Se refiere a la intensa evolución que ha tenido la industria, impulsada por la digitalización, la inclusión

financiera, el crecimiento del comercio electrónico, la llegada de nuevos agentes y el surgimiento de variados servicios de pago con una creciente oferta de valor para los usuarios finales. Pese a estos avances, la aceptación de los pagos electrónicos en los comercios sigue siendo baja, el uso de los instrumentos financieros aún es limitado y persisten fricciones e ineficiencias en el funcionamiento de los servicios de pago. La Junta Directiva del Banco de la República avanza en la construcción de un sistema de pagos inmediatos interoperable -similar al Pix de Brasil-, que contribuya a generar mayor acceso, eficiencia y seguridad de los pagos digitales, y con ello se fortalezca la competitividad financiera y económica del país. Germán Abella y Alejandro Yáñez exponen la portabilidad de productos financieros, incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y entendida como la capacidad que tiene un consumidor para trasladar sus productos de una entidad financiera a otra. Los autores analizan los antecedentes y el origen de este concepto, y ofrecen ejemplos de derecho comparado sobre la forma como distintos países han regulado el tema. Así mismo, se refieren a la portabilidad de datos (el derecho que tiene un interesado a recibir los datos de los que es titular de parte de un responsable de tratamiento de datos a quien se los haya facilitado para luego transmitirlos a otro responsable), cuya principal finalidad es permitir al consumidor financiero el control y autonomía sobre sus datos personales. Exponen en detalle las implicaciones sobre la circulación de los datos y los esquemas de datos abiertos, y formulan recomendaciones para su reglamentación en Colombia. Juan Sebastián Peredo explica de manera pedagógica, a partir de un caso práctico, cómo funcionan

las operaciones de crédito descentralizadas con garantía de activos digitales representados en blockchain. Con ese fin, aclara los conceptos de finanzas descentralizadas, activos digitales y tokenización. Así mismo, expone las modalidades bajo las cuales se otorgan los préstamos, básicamente peer-to-peer (P2P) o peer-to-contract (también conocidos como peer-to-pool). El autor expone en qué consiste cada una, cuáles son sus características, cuál la fuente de los recursos, cómo se desembolsa el préstamo, cómo se valora la garantía y cómo se liquida en el evento de incumplimiento o en caso de que sobrevenga una desvalorización de la garantía. Incluye un ejercicio comparativo con las operaciones tradicionales de los bancos. Igualmente, analiza los riesgos asociados a estas operaciones (de liquidación, derivados del contrato inteligente, de falta de liquidez, de pérdida impermanente y de volatilidad del valor de la criptomoneda). Catalina Guío analiza si los sistemas de pago descentralizados en realidad lo son, especialmente por razones asociadas a su gobernanza que derivan en una concentración de poder. Dada esta circunstancia, la tendencia se ha movido hacia las finanzas centralizadas (CeFi), donde existen terceros encargados de intermediar las transacciones y llevar el registro de las mismas (p.ej., exchanges y billeteras). En esas condiciones, dice la autora, lo que ha surgido es un “sistema financiero a la sombra” (shadow financial system) no regulado, con todos los riesgos de volatilidad, liquidez, solvencia y protección de los consumidores que esto conlleva. Lo que motiva a preguntarse

si la emisión y el intercambio de criptoactivos deben estar sujetos a regulación. En este sentido, analiza posiciones de reguladores financieros de distintos países sobre permitir o prohibir su uso, incluidos pronunciamientos de autoridades de Colombia. Asimismo, describe el espacio controlado de prueba (sandbox) abierto por la Superintendencia Financiera. 8 Camilo Gantiva se refiere a la tokenización, que permite generar representaciones digitales de cualquier tipo de activo o derecho en una cadena de bloques, y busca que en la negociación de ese activo o token haya mayor trazabilidad, flexibilidad y agilidad. Explica en qué consiste la tokenización, los distintos tipos de tokens y cómo la emisión de tokens facilita la financiación de compañías, al ofrecerles nuevas fuentes de recursos. El autor analiza las ventajas de la tokenización para la economía, así como los desafíos que implica el proceso de emisión de este tipo de activos digitales. Describe los procesos de emisión de tokens y comenta las aproximaciones regulatorias de algunas jurisdicciones con respecto a dichos procesos de emisión. Resalta la necesidad de regulaciones que protejan a los usuarios, aunque aclara que no toda emisión de criptoactivos requiere la aplicación directa de la regulación financiera o de valores existente. Alicia Robayo plantea que es perentorio, ante la inminencia del calentamiento global, que el sistema financiero considere en el otorgamiento de crédito los riesgos ambientales, en especial el de cambio climático, de manera que oriente recursos a sectores que favorezcan una economía descarbonizada y desestimule el crédito en aquellos sectores intensivos en emisiones de CO2, que impactan significativamente al país por su especial riqueza en biodiversidad y por su localización geográfica

en la zona ecuatorial. Es urgente la adopción de principios como los divulgados por Naciones Unidas relativos a la banca, diseñados para aportar a las finanzas sostenibles. De acuerdo con las cifras, la falta de metodologías estandarizadas y la ausencia de conocimiento y especialización para abordar los análisis de riesgo socioambiental dificultan el avance en este frente y hacen necesaria la conformación de grupos de trabajo dentro de las entidades financieras expertos en análisis de riesgo ambiental y social. Por último, agradezco a la Asobancaria por haberme confiado la edición de los textos y a los autores por su permanente disposición. Mauricio Valenzuela Gruesso 9 Los retos del financiamiento productivo de los micronegocios en Colombia 1 Capítulo

LOS RETOS DEL

FINANCIAMIENTO

PRODUCTIVO DE LOS

MICRONEGOCIOS EN

COLOMBIA

10

INCLUSIÓN FINANCIERA Y ECONOMÍA POPULAR

ALTERNATIVAS EN LA ERA DIGITAL

CAPÍTULO 1

Los retos del financiamiento productivo de los micronegocios en Colombia Paola Arias Gómez y Michael Bryan Newball1 Resumen A pesar del crecimiento significativo de la inclusión financiera en la última década, el acceso a crédito sigue siendo limitado, sobre todo para los segmentos más vulnerables. Mejorar las condiciones de vida, fomentar el bienestar y el crecimiento, y facilitar la generación de capacidades pueden potenciarse con el financiamiento, promoviendo alternativas a los esquemas de financiamiento informales. Para ello es esencial el papel de la banca de desarrollo, junto con la colaboración

sinérgica entre el sector público y el privado. Este ensayo ahonda en cómo estos actores pueden catalizar factores habilitantes como la innovación en la provisión de servicios financieros, el desarrollo de habilidades dentro de la población y la promoción de un flujo de información más robusto y oportuno.

Palabras clave: Inclusión financiera. MiPymes. Brecha de financiamiento. Banca de desarrollo.

Acceso al crédito. Informalidad. Fallas de mercado. 1 Paola Arias Gómez. Directora del Programa Banca de las Oportunidades; profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia; especialización en economía del riesgo de la información de la Universidad de los Andes; máster en administración pública de la Universidad de Columbia en Nueva York. Michael Bryan Newball. Jefe de análisis económico del Programa Banca de las Oportunidades; economista y profesional en finanzas de la Universidad del Rosario; máster en administración pública de la Universidad de Columbia en Nueva York. 11 Los retos del financiamiento productivo de los micronegocios en Colombia

1. Introducción Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) son uno de los principales motores de desarrollo económico, innovación y empleo. En países emergentes, el aparato productivo está en gran medida constituido por los negocios de menor tamaño. Se estima que existen alrededor de 162 millones de MiPymes formales, de las cuales 141 millones son microempresas y 21 millones Pymes, que representan más del 90% del total de empresas. Estas organizaciones generan más del 50% de los empleos y contribuyen con más del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) (Corporación

Financiera Internacional, 2017) (Banco Mundial, 2020). Sin embargo, el acceso a financiamiento es frecuentemente identificado como una barrera crítica para el crecimiento y desarrollo de las MiPymes. Se asocia con factores de oferta y demanda. En el lado de la oferta, las asimetrías de información y el alto riesgo percibido por las instituciones financieras limitan la disponibilidad de créditos para estas empresas. Este riesgo se atribuye a su tamaño, falta de historial crediticio y volatilidad del mercado en el que operan, así como los costos de transacción elevados y la falta de garantías. Por otro lado, las barreras de demanda incluyen la falta de habilidades para gestionar efectivamente un crédito, autoexclusión, desconfianza y la prevalencia de la informalidad. En el caso de Colombia, la brecha de financiamiento de las MiPymes, entendida como la diferencia entre la demanda potencial de crédito y la oferta, es de 13,2% del PIB, según el SME Finance Forum (2023). Ahondando en la financiación disponible para unidades productivas de baja escala, a pesar de la existencia de una amplia gama de entidades que ofrecen microcréditos, el acceso a estos ha venido disminuyendo en los últimos cinco años. Sin embargo, cada vez más proveedores de servicios financieros, especialmente las instituciones de microfinanzas, reconocen que los sectores de bajos ingresos no son un grupo homogéneo y que demandan variedad en los productos de préstamo, dependiendo de su escala, perspectivas de crecimiento y sector económico. Enfrentar este desafío requiere considerar dos aspectos complementarios. Por un lado, el rol de los bancos de desarrollo en el crecimiento económico de los países, especialmente para atender

las necesidades financieras de las poblaciones, sectores económicos o regiones tradicionalmente desatendidas o subatendidas por la red de intermediarios financieros privados. Por otro lado, se necesita un enfoque innovador para los esquemas de financiamiento productivo que se basa en las relaciones económicas derivadas de las cadenas de suministro en las que operan estos pequeños negocios. Este enfoque podría incluir facilidades que aprovechen y construyan relaciones basadas en la cercanía y cotidianidad comercial de los micronegocios, la utilización de bienes muebles, tales como las órdenes de compra y los flujos de futuros ingresos derivados de dichas órdenes, como garantía para el crédito y la gestión de información transaccional alternativa o no convencional para determinar la voluntad y la capacidad de pago. Este capítulo se organiza en ocho secciones, siendo la primera esta introducción. La segunda sección se centra en el vínculo entre la inclusión financiera y el desarrollo empresarial, presentando datos y estudios que destacan cómo el acceso a la financiación contribuye al crecimiento y desarrollo productivo de las empresas. También analiza la brecha financiera global, con un énfasis particular en los países en vías de desarrollo, proporcionando un contexto amplio para entender las realidades de la inclusión financiera en Colombia. La tercera sección presenta un panorama general del tejido empresarial en el país, así como los avances recientes en el acceso a productos de depósito y crédito. Esta sección también identifica y describe uno de los principales desafíos en materia de inclusión financiera en el país: la profundización de la financiación productiva formal. 12

INCLUSIÓN FINANCIERA Y ECONOMÍA POPULAR ALTERNATIVAS EN LA ERA DIGITAL La cuarta sección ahonda en las dinámicas de financiación de las unidades económicas de baja escala, es decir, los micronegocios. Analiza cómo estos negocios obtienen y utilizan el financiamiento, y los desafíos que enfrentan en este proceso. La quinta conceptualiza las principales barreras que restringen el acceso a la financiación de los micronegocios. Estas barreras incluyen tanto factores estructurales como asimetrías de información, la falta de garantías, bajas capacidades financieras y la desconfianza hacia el sistema financiero. La sexta sección explora el papel de la banca de desarrollo en la superación de las barreras de acceso a la financiación. Se examinan las herramientas financieras y no financieras que la banca de desarrollo puede utilizar para cerrar las brechas residuales de mercado. La séptima sección ofrece recomendaciones sobre cómo impulsar la inclusión crediticia de los micronegocios, reconociendo y aprovechando los circuitos económicos donde operan, y el desarrollo de metodologías no convencionales de financiación. Se extiende un agradecimiento especial a Camilo Peña, Juan Sebastián Gallego, Felipe Londoño y David Lara por su contribución en la preparación y revisión de este capítulo. Sus roles como especialistas en análisis económico en Banca de las Oportunidades permitieron un análisis riguroso y exhaustivo, enriqueciendo así el alcance y la calidad de este trabajo. La participación de cada uno ha sido fundamental y se reconoce ampliamente su valioso aporte.

2. Inclusión financiera y desarrollo empresarial

Las empresas son el núcleo del desarrollo económico y social de los países, dada la función productiva que desempeñan en la provisión de bienes y servicios, generación de valor agregado y absorción de mano de obra. El aparato productivo en países emergentes está constituido, en su mayoría, por los negocios de menor tamaño: existen cerca de 162 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) formales, de las cuales 141 millones son microempresas y 21 millones Pymes, que representan más del 90% del total de empresas. Las MiPymes generan más del 50% de los empleos y contribuyen con más del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) (Corporación Financiera Internacional, 2017) (Banco Mundial, 2020). En América Latina, las pymes constituyen cerca del 35% del empleo formal y alrededor de un 20% del valor de producción (CAF, 2021). Estas cifras aumentan cuando se incluyen las empresas informales. Algunos estudios indican que el 80% de las unidades productivas en los países en vías de desarrollo son informales (Hommes & Pinar, 2013). En contraste con la disponibilidad, estandarización y granularidad de la información referente al tejido empresarial formal, la identificación y caracterización de la informalidad resulta una tarea compleja, dadas las diferentes aproximaciones conceptuales y la invisibilidad en la que opera este segmento poblacional. Las mediciones de informalidad empresarial difieren entre estudios y países. En este contexto, construir un entorno propicio, enmarcado en las políticas de desarrollo productivo y social, para la sostenibilidad y crecimiento de las MiPymes tanto formales como informales en

mercados emergentes, resulta fundamental para acelerar el desarrollo económico y reducir la pobreza. Entre las políticas de desarrollo productivo, se encuentran tanto las relacionadas con innovación, infraestructura, educación y capacidades, como con el acceso a servicios financieros y, en particular, al financiamiento productivo. 13 Los retos del financiamiento productivo de los micronegocios en Colombia El acceso a financiamiento resulta esencial para el desarrollo económico sostenible de los países. Existe un creciente volumen de evidencia sobre los efectos positivos que la inclusión financiera tiene tanto a nivel de individuos, hogares y empresas como a nivel macroeconómico (Banco Mundial, 2014; Cull, Ehrbeck, & Holle, 2014; Barajas y otros, 2015). La disponibilidad del financiamiento formal puede determinar la posibilidad de crecimiento de las empresas de menor tamaño, así como aumentos de productividad, mientras que las fuentes informales y los recursos propios están relacionados negativamente con el crecimiento y su desempeño (Corporación Financiera Internacional, 2011). De hecho, los negocios que tienen mayor posibilidad de crear empleos a un ritmo más rápido son aquellos que obtienen financiación formal (Corporación Financiera Internacional, 2017). En efecto, un deficiente acceso al financiamiento productivo puede limitar el nacimiento, desarrollo y supervivencia de las unidades productivas, sobre todo de las más pequeñas y jóvenes, especialmente en momentos de crisis económica. Esto termina afectando la productividad de la economía, y con ello, los ingresos y el bienestar de las familias (CAF, 2021). En este sentido, el financiamiento se constituye en un elemento crucial para el acceso a recursos productivos, conocimiento, mercados,

insumos especializados y la generación de capacidades de las empresas. La inclusión financiera y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible • Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Lograr un perfil de consumo menos vulnerable a la ocurrencia de contingencias. • Objetivo 2: Poner fin al hambre. Mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición. Incrementar la productividad agrícola y la producción alimentaria sostenible. • Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades incrementando los recursos destinados a educación y salud. • Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros. Empoderar a las mujeres mediante mejoras en las condiciones del acceso a productos y servicios financieros. • Objetivo 8: Promover el crecimiento inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. Mejorar la asignación de los recursos disponibles logrando que una mayor inversión genere un mayor crecimiento económico y redunde en la creación de empleo. • Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Promover la incorporación de micronegocios y pequeños productores en cadenas de valor, adoptando buenas prácticas y accediendo a insumos especializados. • Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. Incrementar el acceso al sistema financiero a los grupos desfavorecidos y reducir los costos de las transferencias públicas.

Fuente: (CEPAL, 2017)

14

INCLUSIÓN FINANCIERA Y ECONOMÍA POPULAR

ALTERNATIVAS EN LA ERA DIGITAL Sin embargo, el acceso a los mecanismos de financiación formal, así como la provisión de liquidez, se encuentran entre las necesidades más comunes de las empresas de menor tamaño. Se estimó que 131 millones de empresas, correspondientes al 41% de las MiPymes formales, en países en desarrollo no consiguen los recursos financieros que requieren o no logran satisfacer sus necesidades de financiación. La brecha de financiamiento de las MiPymes, entendida como la diferencia entre la demanda potencial de crédito y la oferta, asciende a cerca de 5 billones de dólares, es decir que el 55% de la demanda potencial no se encuentra satisfecho (SMSE F