ASOBANCARIA - COLOMBIA UN PROYECTO INCONCLUSO TOMO 2

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MARÍA MERCEDES

CUELLAR

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VALORES, INSTITUCIONES Y CAPITAL SOCIAL

TOMO II

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

ISBN 958—6 1 6—451-9

© MARÍA MERCEDES CUELLAR, 2000

© UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, 2000

Derechos exclusivos de publicación y distribución de la obra Calle 12 Nº 1—17 Este, Bogotá — Colombia. Fax 2843769.

Primera edición: abril de 2000.

Diseño de carátula: MPC Publicidad Composición: Mauricio Zambrano Ramírez Fotomecánica, impresión y encuadernación: PANAMERICANA, formas e impresos S. A., con un tiraje de 1.000 ejemplares.

Impreso en Colombia Printed in Colombia

CONTENIDO

CAPÍTULO SEPTIMO

JUSTICIA ESTATAL, JUSTICIA PRIVADA Y CORRUPCIÓN 549

I. El cumplimiento del deber hace parte de la cultura del colombiano 557

II. La corrupción 563

A. La lucha contra la corrupción como prioridad 566

B. Reconocimiento de la corrupción 575 1. ¿La corrupción abarca a todos los empleados públicos o solo a algunos de ellos? 576

La corrupción beneficia a unos pocos 580

3. La corrupción en el ámbito político y judicial 582

a. La política 582 b. La corrupción en la justicia 586

III. La ineficiencia en la justicia 589

A. La necesidad de justicia civil es grande 590

B. La satisfacción esperada es baja 592

C. Razones para no acudir a las autoridades 595

D. La necesidad de justicia penal es grande 598

I. Los atentados contra la vida tienen una frecuencia enorme 598

2. La satisfacción esperada con respecto a la justicia penal 601

3. Razones para no acudir a las autoridades 604

E. Causas de homicidio 606

I. La justicia privada 606

2. Conflictos interpersonales 61o

3. Balance de las dos justicias 6II

IV. Los responsables de preservar la ley y el orden 614

A. La violencia afecta más a los jueces y militares 615

1. Para jueces y militares la inseguridad está asociada con delitos contra la vida y la integridad personal

2. Para los militares el problema no está en la falta de autoridad 620 545 546 Colombia: un proyect0 inconcluso

3. Para los jueces y militares la prioridad es combatir la violencia 621

4. Percepción de su propia responsabilidad por parte de las autoridades 625

B. Jueces y militares apoyan el régimen democrático 628

V. ¿A quién responde la justicia? 632

VI. Conclusiones 641

CAPÍTULO OCTAVO

INSEGURIDAD, VIOLENCIA Y GUERRA 651

I. El crimen y la inseguridad rondan a la población 663

A. El homicidio afecta a más de la mitad de la población 668

II. ¿Quiénes son los que más perturban el orden social? 676

III. Causas de la violencia 679

A. Características demográficas 682

I. Género y estructura de edades 682

2. Ordenamiento rural—urbano 687

3. Estructura de ingresos 689

4. Organizaciones armadas 695

B. Intensidad del poder de cohesión y porte de armas 700

I. Poder de cohesión 700

2. Porte de armas 710

C. La manifestación de la violencia y la organización social 715

I. Manifestación de violencia 715

2. La organización social 718 a. ¿Poder 0 impotencia? 718

b. Alienación o enemistad 73I c. Vergúenza 734

IV. Sensación de inseguridad y búsqueda de la paz negociada 740

A. La tolerancia es alta, pero no para reincorporar a los alzados en armas a empleos públicos ya la vida civil 744

Resumen y conclusiones 748 Contenido 547 CAPÍTULO NOVENO CAPITAL SOCIAL 761 1. ¿Qué tan cívica es Colombia? 77I

A. Participación en actividades asociativas 774

1. Asociaciones no jerarquizadas 776

a. Los más ricos se asocian más 782 b… Educación 785 c. Los más jóvenes y los más viejos se asocian menos 786 b. Las mujeres se asocian menos 789 c. Los empleados públicos se asocian más 790

2. Asociaciones jerarquizadas 791

a. Sindicatos 793 b. Civismo y religiosidad 794 c. Partidos políticos 801

B. La confianza 808

C. Las instituciones 818

I. La confianza en las instituciones 818

2. El régimen político y la motivación al cambio 822

3. Tolerancia 825

11. Cultura cívica y eficiencia de las instituciones 832

A. Reuniones para discutir problemas de la comunidad 834

B. Motivaciones políticas 840

C. Eficiencia del gobierno 846

III. La efectividad de la justicia 850

IV. Actividad productiva 858

V. Conclusiones 870

RESUMEN Y CONCLUSIONES 875

ANEXO 929

BIBLIOGRAFÍA 961

INDICE DE CUADROS, FIGURAS, GRÁFICAS Y MAPAS 971

CAPÍTULO SEPTIMO ]ustz'cia estatal, justicia privada y corrupciánl El concepto de “justicia” es particularmente complejo, debido a la dificultad de establecer qué se considera justo y qué injusto. ¿La justicia es ineficaz porque no opera 0 no opera porque no se percibe como legítima? En este dilema radica el papel preponderante de la justicia dentro de la retórica de los conflictos sociales. Nadie favorece la injusticia. Lo que ocurre es que el concepto tiene diversos significados entre culturas, grupos y personas. Para su definición podría recurrirsea algunos criterios, que no son necesariamente compatibles. El primero subyace en la afirmación: las personas deben tener lo que se merecen. Pero, ¿quién define qué es lo que una persona se merece? En el plano legal la justicia penal es quizás la más ilustrativa de la complejidad de la situación. Su normatividad establece quién viola la ley y las sanciones correspondientes, ylos tribunales y jueces, conbaseenlas normas, determinan el castigo que merece el criminal. Esto, sin embargo, no implica la aceptación generalizada de las normas penales. Cuando éstas no son aceptadas, o no se

perciben como legítimas, tienden a consolidarse procesos sociales alrededor de organizaciones dispuestas a promover el cambio. La penalización no previene necesariamente el comportamiento delictivo. Por el contrario, puede estimularlo cuando es rechazada por el individuo, por grupos sociales o por la colectividad misma. Otra definiciónde justicia se basa en la distribución del ingresoyla riqueza. Esta sugiere que la falta o escasez relativa de ingresos es injusta: todos los que están alrededor de una mesa tienen derecho a una proporciónjnstn de la torta. Aquí surge un problema similar al que se deriva de la definición anterior: ¿qué es lo que se considera una proporción justa? Pocas veces existe consenso al respecto. Aún así, casi todas las sociedades tienden a establecer niveles de bienestar por debajodelos cuales se considera que una persona no puede vivir (base de la Ley de Pobres inglesa), entre otras razones porque, a la larga, quienes están en esa situación tienden a convertirse en fuente de conflicto social. En el otro extremo de estas definiciones de justicia está el problema que surge cuando las personas no reciben los beneficios que consideran que se merecen. LaGran Depresión es un buen ejemplo de ello: para el 25% de desempleados 1 Este capítulo tiene una especial relación de interdependencia con el siguiente, relativo a inseguridad, violencia y guerra. 55I 552 Colombia: un proyetto inconcluso y tenedores de capital era injusto lo que les estaba ocurriendo. Los grandes beneficiados de ese entonces eran quienes tenían empleo, a costa de los desempleados, y aquellos que gozaban de excesos de liquidez con cargo a los

mayores costos en que incurrían los inversionistas. La percepción de injusticia, que se origina en las fallas de las instituciones políticas y legales, refleja distintos fenómenos que pueden agruparse en tres: económicos, políticos y sociales? Los económicos se deben a la carencia de alimentación, vivienda, vestuario, salud y educación, y se derivan de la concentración del ingreso o riqueza o, simplemente, de que la sociedad tiene pocos recursos para distribuir. En cualquier caso, los pobres y quienes no tienen cómo atender sus necesidades más apremiantes consideran injusta su situación. Lospolíticos provienen de situaciones tales como la carencia de derecho al voto, al debido proceso, alalibertad deexpresión, alafe religiosa yala protección de castigos crueles e inhumanos (violación de los derechos humanos). Los sociales se derivan de la imposibilidad de vivir donde se quiere o de escoger determinada profesión o estilo de vida. La injusticia también puede derivarse de la ley por inequidad en su formulación misma o por falta de operatividad yeficiencia del aparato judicial, incluyendo el que los procedimientos no sean ono se consideren adecuados y justos. Esto significa, entre otras, que es preciso considerar quién adopta y cómo se adoptan las normas; sobre la información que se tiene en cuenta en los procesos y cómo se presenta; sobre el procedimiento que se utiliza, el rol de las partes y, en general, el acceso al sistema judicial3. La transparencia es de la esencia de la protección de los derechos individuales. En las sociedades tradicionales el tejido social se hace cargo de velar por

el respeto de las reglas y de imponer sanciones a quienes las incumplen. Estas pueden llegar a ser muy severas, como la pena de muerte o el destierro, e inclusive involucrar no sólo a la persona que las viola sino a su familia y a todos sus descendientes. Cuando las sociedades se transforman, en virtud del 2 Guy y Heidi Burgess. _7ustice without Violence, Boulder, Colorado, Lynne Rienner Publi— shers, 1994. Ibid. 3 ]ustícía estatal,justicia privaday corrupción 553 crecimiento y del desarrollo, surgen estructuras institucionales que, sin invalidar la importancia delos valores morales y culturales, incorporan normas y reglas formales, que facilitan la interacción y el intercambio de bienes y servicios entre los individuos que conforman la sociedad. En ellas se establece qué está permitido y qué se prohibe, los procedimientos para verificar su cumplimiento y la penalización. De la correspondencia de las normas con los valores culturales depende su legitimidad y que la sociedad acepte cumplirlas. Dentro de esas nuevas estructuras institucionales, los jueces se encargan de la labor de aplicar y hacer respetar las normas. De la eficiencia de la justicia, vale decir de la existencia de un aparato judicial que haga cumplir las normas, y de la consiguiente percepción de eficiencia que la sociedad tenga de la ley, depende que los costos de transacción sean reducidos y, por ende, que las posibilidades de crecimiento de una sociedad sean elevadas. Ciertos tipos de injusticia se pueden solucionar fácilmente, otros no. Por ejemplo, si se trata de la pobreza, el proceso de hallar soluciones es complejo.

Aun en materias tan concretas como ésta surge la disyuntiva de tener que escoger entre aproximaciones represivas o preventivas a la delincuencia que genera la miseria, disyuntiva cuyo trasfondo es en esencia un interrogante de costos de transacción: ¿bajo qué circunstancias esmás barato prevenir el delito que combatirlo? ¿Este se frena con mayor gasto social o con penalizaciones severas como la prisión perpetua o lapena de muerte? ¿Qué tipo de inseguridad, la fisica ola económica, debe atender prioritariamente elEstado? En ese marco se plantea el enfrentamiento entre la visión conservadora, que favorece la utilización de la fuerza, y la liberal, que favorece la política social. El liberalismo clásico limitaba las funciones estatales a la defensa de la soberanía frente a ataques externos y al uso de la fuerza para garantizar el orden público —Estado gendarme—. Desarrollos posteriores ampliaron esas atribuciones o responsabilidades del Estado a los campos económico y social. La literatura económica, por su parte, delega el manejo de la seguridad en la fuerza pública; al resto del aparato estatal le delega la función de crear las condiciones institucionales y normativas para generar empleo, promover el crecimiento económico y el mejoramiento del nivel de vida. De ahí que para los economistas el alcance de las políticas públicas se limite exclusivamente a garantizar condiciones que faciliten el logro de esas metas. Otras posiciones sugieren que el Estado debe ante todo prevenir el delito, pero redimensionan 554 Colombia: un proyecto inconcluso la importancia del monopolio de la fuerza como mecanismo para garantizar la

seguridad porque consideran que ésta se logra es elevando las condiciones socioeconómicas de la población. Esos planteamientos recomiendan la focalización de las políticas en la educación y la generación de empleo. Frente a estas tesis, existen otras basadas en procesos históricos ocurridos en países occidentales, industrializados y en sociedades postmodernas, países que alcanzaron una relativa paz social antes de desarrollarse y democratizarse por completo4. Se argumenta, así, que el liderazgo que tuvo Inglaterra en el siglo XVII se debió a que se anticipó cerca de un siglo a las otras naciones en la adopción de normas que garantizaran adecuadamente los derechos de los empresarios y del resto de la comunidad5. En contraposición, la normatividad adoptada en la Europa continental tuvo como efecto retrasar el proceso de desarrolloó. Esta interpretación7 postula que la eficiencia del sistema 4 “Las nacionesde Europa occidental tenían una situación favorablepordiversasrazones. En un aspecto decisivo su época de problemas había terminado: la lucha entre una autoridad central y una fragmentada se había resuelto en favor de la primera. El remanente de jurisdicción feudalyautonomía provincialsehabíaerosionado paulatinamente. Ello permitió el diseño depolíticas coherentes yla persecución deobjetivos duraderos. Esto eralo que se requería para la victoria de la Corona sobre los vasallos insubordinados, que sabían luchar mejor delo que podían gobernar”. Landes. The Unbound Prometheus, 1969, p. 125. 5 “El inglés del siglo XVIII psicológicamente se sentía más próximo a la riqueza que el francés oel alemán. La razón era que tenía abundancia: el empresario inglés simplemente

tenía a su disposición más recursos y más baratos. De ahí que se sintiera más seguro. El granjero británico no conocía la guerra, la época en que sutierra había sido invadida por ejércitos osu hogar saqueado pertenecían al pasado.A diferencia del habitante deValonia o de Bavaria, podía darse el lujo de confiar, de tener libertad y de sentirse protegido frente a expropiaciones arbitrarias y confiscaciones. Para resumir, los británicos le temían menos a un “día lluvioso'” (ibid., p. 132). 6 “El adelanto tecnológico en el Continente Europeo enfrentó obstáculos políticos: las rebeliones y guerras iniciadas con la Revolución Francesa y que terminaron en Waterloo implicaron destrucción de capital y pérdida de mano de obra; inestabilidad política y ansiedad social; merma delos grupos empresariales adinerados; todo tipode interferencias al comercio; inflación y pérdida del valor del dinero” (ibid., p. 142). 7 Douglass North. Institutions, Institutional Change and Economic Performanre, New York, Cambridge University Press, 1990. Justicia estatal, justicia privada y corrupción 555 productivo y el crecimiento económico dependen de manera sustancial de la información a disposición de los empresarios, dela calidad de las instituciones 0 reglas de juego y de las garantías que se tengan de su cumplimiento. Los efectosnegativos de laviolencia yla corrupción sobreel desarrollo se producen bajo la forma de un incremento de los costos de transacción. Esta interpretación, cada vez mejor documentada, también analizada en Colombia, señala que la inseguridad se constituye en un serio obstáculo para

el crecimiento económico, y por ese camino para la generación de empleo y alivio de la pobreza. Estudios de corte transversal señalan que las diferencias en el grado de desarrollo de los países latinoamericanos se entienden mejor cuando se incluye el homicidio como variable explicativas. No es difícil imaginar los efectos devastadores que tiene un ambiente caracterizado por violencia, amenazas y poderosos actores armados, en el que predomina la descomposición social y la percepción de corrupción, donde la riqueza se percibe como algo relativamente fijo y a la vez sujeto a constantes formas de expropiación, y se tiene la sensación de que la forma de acumularla es realizando actividades ilegales, buscando rentas a costa de los demás (rent seeking) o de manera violenta. Situaciones de esta naturaleza en Europa quedaron atrás con el medioevo, cuando se logró un acuerdo respecto del alcance de las responsabilidades y la injerencia del gobierno, así como del papel del aparato judicial en la preservación del orden socioeconómico y la protección de los derechos individuales. Un sistema judicial eficiente requiere de tres elementos esenciales. El primero, que los jueces sean imparciales, autónomos e independientes de influencias políticas —al menos lo más independientes que sea posible, pues la independencia total es inalcanzable—. En segundo lugar, que exista una adecuada delimitación en cuanto al alcance del poder coercitivo del Estado para evitar que la justicia quede al servicio del poder ejecutivo y del aparato estatal, en detrimento del resto de la sociedad. Finalmente, que los jueces, además de su preparación legal, estén capacitados para obtener información 8 Mauricio Rubio. “Costos económicos de la impunidad”, en Inseguridad ¿ impunidad en

Colombia, Bogotá, Partido Conservador Colombiano, 1997. 558 Colombia: un proyecto inconcluso tradicionalmente se ha considerado que la cultura de respeto de las normas no figura entre los principales valores de la población o incluso que hay una constitutiva predisposición del colombiano al crimen y que allí reside la causa de la violencia generalizada en el país…. Este preconcepto nunca ha estado soportado en evidencia empírica, sino en el enorme malestar de la población derivado de la violencia yla criminalidad. Esta postura no se detiene a indagar si el irrespeto de la legalidad surge porque la población no tiene una cultura de respeto de las normas osilo que ocurre es que la justicia no funciona yesto estimula el comportamiento delictivo. Plantear este interrogante ayuda a reconducir los problemas a sus verdaderas dimensiones. Las respuestas a las preguntas formuladas reflejan apreciaciones, es decir que permiten establecer lo que la población piensa del entorno en que vive. De acuerdo con ello, en Colombia sólo una de cada tres personas y miembros de las Fuerzas Armadas piensa que todos o la mayoría cumplen con el deber. Los jueces tienen mejor concepto del respeto de las normas por parte de la población. Cerca de uno de cada dos jueces considera que la mayoría cumple con el deber (cuadro 1).

CUADRO ¡

CUMPLIMIENTO DEL DEBER (PORCENTAJE)

Población jueces Fuerzas Armadas Todos cumplen el deber 6 3 2 La mayoría cumple el deber 25 42 34 Algunos cumplen el deber 59 51 62 Nadie cumple el deber 8 2 2 Pregunta 229: ¿Usted cree que la gente en su comunidad es cumplidora del deber?

De una primera lectura se concluye que la gran mayoría considera que tiene derechos individuales sobre las propiedades del Estado, que esos bienes son como propios yno de la comunidad. De ahí que no tengan por qué respetarse 10 Ver capítulo sobre inseguridad, violencia y guerra. justicia estatal,justicia privada y corrupción Ln como colectivos. En el cuadro 2 se presentan los resultados frente a preguntas talescomo evitarelpago delpasaje delbus, hacer trampa en losimpuestos, reclamar benej%ios del Estado a los que se sabe que no se tiene derecho, en una escala de 1 a IO, donde I equivale a “nunca se justifica” y 10 a “siempre se justifica”. En particular en el caso del pago del pasaje del bus, son considerablemente elevados los puntajes en favor de la violación de las normas. Es interesante observar que, con excepción del reclamo de beneficios del Estado a los que no se tiene derecho, los empleados públicos e inclusive los pobres parecerían tener por las normas mayor respeto que el resto de la sociedad.

CUADRO 2

ACATAMIENTO DE LAS NORMAS CÍVICAS, EN COLOMBIA No pagar Hacer Reclamar Comprar Aceptar un el pasaje trampa beneficios del algo que usted soborno en el del bus en los Estado sin sabe que desempeño impuestos tener derecho es robado de sus deberes Población 3.7 2.3 2.2 1.8 1.6 Docentes 2.8 2.0 1.9 1.5 1.3 Jueces 2.7 1.7 1.4 1.2 1.2 Fuerzas Armadas 2.7 1.8 1.6 1.4 1.2

Zonas de Violencia 3.2 2.8 2.7 1.8 1.7 Salarios minimos Menos de 1 3.9 2.2 2.3 1.7 1.6 De 1 a3 3.6 2.3 2.1 1.8 1.6 De4a6 3.9 2.5 2.5 1.9 1.6 Más de 7 3.8 2.4 2.4 2.0 1.7 Preguntas 278 a 282: En una escala de 1 a lº diga si nunca se justifica (1) osi siempre se justifica (10). Estos resultados, sin embargo, frente a los de las encuestas del World Values Survey, muestran que en el marco de comparaciones internacionales los colombianos no están mal posicionados. Para efectos de evaluar esta situación los resultados de las cinco preguntas se agregaron en una escala con un máximo de 50 puntos. Los encuestados que se acercan a 50 son los que más acatan normas cívicas y los que se acercan a cero son los menos cívicos. El promedio de los 41 países es 40.6 con una desviación estándar de 6.9 (gráfica 1). 560 Colombia: unproyerto ¡mono/uso

GRÁFICA

1

ACATAMIENTO DE LAS NORMAS CÍVICAS, A NIVEL INTERNACIONAL

40 Desviación & estándar : 6.9 $ % Promedio: 40.6 (1) 30 m1 22 n = 77.743 “G 5v"€ 8 0 $ % 2 20 10 Colombia

0 0 10 20 30 40 50

Normas cívicas Pregunta: Paracadaunadelas siguientes afirmaciones digasicree quenucase justifican (I)osi siempre se justifican (10): evitar el pago del pasaje del bus; hacer trampa en los impuestos, si se tiene la oportunidad; reclamar beneficios del Estado a los que sabe que no tiene derecho; comprar algo que usted sabe que es robado; aceptar un soborno en el desempeño desus deberes.

Fuente: World Values Surrey.

El promedio para Colombia es de 39 puntos. De hecho, paísescomo Finlandia, Francia y Bélgica están por debajo de Colombia en esta escala de acatar las normas cívicas (ver cuadro 3). México registra el índice más bajo de acatamiento de las normas cívicas. En cualquier caso, estos datos no validan la creencia generalizada de que en Colombia hay una mayor propensión a la violación de las normas que en los demás países.

CUADRO 3

ACATAMIENTO DE LAS NORMAS CÍVICASe Y RECHAZO

DE LA CORRUPCIÓN, A NIVEL INTERNACIONAL Normas Rc¿lcehí;zo Normas R%%hñlzº Normas R%cehlezº País CíV'ºas COYFUPC¡óH País cívicas corrupción País cívicas corrupción Argentina 43 18 Francia 38 15 Portugal 38 17 Austria 43 18 Hungría 39 15 Rumania 41 17 Bélgica 38 16 Islandia 41 18 Rusia 40 17 Brasil 40 17 India 43 18 Moscú 37 16 Inglaterra 41 18 Irlanda 41 18 Corea S. 41 17

Bulgaria 41 18 Italia 41 17 Eslovenia 41 17 Bielorrusia 38 16 Japón 43 17 España 40 17 Canadá 41 18 Latvia 40 17 Suecia 42 18 Chile 39 15 Lituania 41 17 Suiza 42 17 China 43 18 México 33 13 Turquía 44 18 Dinamarca 43 18 Holanda 41 18 USA 42 18 Alemania 43 17 Nigeria 41 17 Colombia 39 18 Estonia 41 17 Irlanda N. 43 18 Promedio 41 17 Finlandia 38 15 Noruega 42 18 Indice compuesto por cinco preguntas sobre normas cívicas: a) “Evitar el pago del pasaje del bus”. b) “Hacer trampa en los impuestos, si se tiene la oportunidad”. c) “Reclamar beneficios del Estado a los que se sabe que no se tiene derecho”. (1) “Comprar algo que usted sabe que es robado”. 6) “Aceptar un soborno en el desempeño de sus deberes”. Indice compuesto por dos preguntas sobre corrupción: a) “Reclamar beneñcios del Estado a los que se sabe que no se tiene derecho”. b) “Aceptar un soborno enel desempeño de sus deberes”.

Fuente: War/¡l Values Survey. 562 Colombia: un proyetto inconcluso Si se limita la escala a las dos preguntas que indagan más específica— mente sobre los valores con respecto ala relación entre lo privado ylo público, los resultados señalan que Colombia está por encima del promedio mundial, es decir que se percibe como menos “corrupta”. En efecto, mientras que entre 41 países este promedio se establece en 17 el rechazo de la corrupción en

Colombia está en 18 en la escala de 1 a 20 (gráfica 2).

GRÁFICA 2

RECHAZO DE LA CORRUPCIÓN, A NIVEL INTERNACIONAL

40

Desviación estándar : 3.2

Promedio : 17 … 30 n = 86.398

B 3 :! Q. € 3 % Tuv€ 20 5 0 53 E 2—: 10 Colombia 0 0 5 10 15 20 Rechazo de la corrupción Pregunta: Para cada una de las siguientes afirmaciones digasi cree que nuca se justifica (I)0si siempre se justifica (10): reclamar beneficios del Estado a los que se sabe que no se tiene derecho; aceptar un soborno en el desempeño de sus deberes.

Fuente: World VZz/ues Surrey.

Justícia estatal,justícia privaday corrupción 563 Estas observaciones permiten concluir que, en el promedio, las actitudes de los colombianos respecto de este fenómeno no difieren mucho de las de otros países. Al contrario, si algo se puede afirmar es que esa supuesta cultura de irrespeto de las normas se percibe como menos pronunciada en Colombia que a nivel internacional. Por lo tanto, no se puede hablar de una cultura supuestamente innata en la población colombiana conducente al no acatamiento de las normas básicas de convivencia social. Entonces, ¿dónde está el problema? La evidencia que surge una y otra vez de esta investigación sugiere quela respuesta puede residir en la impunidad eineficienciadelaparato judicial. Esto, por supuesto, no puede atribuirse a nada diferente de la falta de legitimidad de las normas y de la estructura institucional que, en particular

en lo que concierne ala justicia yla seguridad, como severá, estámás diseñada para proteger al Estado y a quienes lo controlan que para ofrecer garantías al ciudadano y dirimir conflictos entre particulares. Aquí es preciso subrayar que, por tratar la encuesta de la percepción que tienen los encuestados de si mismos, y no de estadísticas fácticas (número de delitos, etc.), las respuestas involucran elementos subjetivos dificiles de evaluar: bastapensar, en otro plano, en larelación entre las declaraciones de pertenencia a la fe católica y la proporción de uniones libres y de hijos por fuera del matrimonio. Así las cosas, se podría hipotizar una suerte de “esquizofrenia” cultural, en donde el “deber ser” (los valores, 10 que se considera correcto) está no solo muy distanciado sino incluso desligado del comportamiento efectivo de la gente. Este tipo de comportamientos son propios de sociedades en las que se han impuesto estructuras institucionales formales que no están debidamente soportadas por la cultura de lapoblación, porloque hacer cumplir la ley se torna demasiado costoso. En cualquier caso, es indudable que la relación entre autopercepción y comportamiento efectivo a nivel moral y religioso es un índice para la compresión de la actitud del colombiano frente a ese otro tipo de normas que son las legales.

II. LA CORRUPCIÓN Por corrupción se entiende la utilización de un cargo público en beneficio propio; también el uso indebido de los bienes del Estado. Todo gobierno, 564 Colombia: un proyecto inconcluso complaciente o represivo, controla la distribución de cuantiosos recursos e

impone costos más o menos onerosos a las actividades privadas. Los funcionarios públicos pueden actuar en su propio beneficio en los casos de peculado o malversación de fondos; a veces en el acto intervienen al menos dos partes, como ocurre con el soborno o con la extorsión de particulares. El pago es corrupto cuando es ilegal y el destinatario del dinero es una persona y no las arcas del Estado. Esa conducta afecta el comportamiento de ambas partes: el de quien paga —el particular— y el de quien recibe el dinero —el funcionario—. Este tipo de corrupción se debe diferenciar del que surge en el ámbito político y en el judicial. En cualquiera de estos casos también puede interferirse en la distribución de riqueza. Ahora bien, no puede asumirse que la corrupción tenga el mismo impacto o motivación en todos los países. La corrupción tiene diversos y perversos efectos. Su impacto global no depende exclusivamente de los pagos que se realizan, sino también de las distorsiones que introduce en la economía. Entre éstas se destaca, en primer lugar, el condicionamiento de la eficiencia de losfuncionarios públicos. En toda sociedad existen leyes y reglamentos que sirven propósitos sociales productivos, como es el caso de las normas urbanísticas, los controles ambientales y la disciplina y vigilancia del sistema financiero. El soborno contribuye a que se eludan las normas con grandes perjuicios para la sociedad. En segundo lugar, la corrupción distorsiona la asignación de recursos. En materia presupuestal tiende a aumentar el número, tamaño y complejidad de proyectos intensivos en capital, en detrimento de aquellos que requieren bajas inversiones, en la medida en que es más fácil obtener cuantiosos beneficios

con los primeros. De esta manera, se reduce la capacidad del Estado para prestar servicios públicos indispensables en los que el cobro de comisiones se dificulta, como en educación y salud. También distorsiona la asignación de recursos privados, incluyendo el capital humano, que responde básicamente a la dinámica de la corrupción y no a la bondad de las iniciativas y proyectos. Por lo tanto, estimula la desviación de esfuerzos hacia la captación de rentas y altera artificialmente las prioridades sectoriales y la selección de tecnologías. Quienes sobornan también pueden adquirir derechos monopolistas yasí cobrar precios por encima de los que resultarían de mercados competitivos. justicia estatal, justicia privada y corrupción UI UI En tercer lugar, cuando la corrupción juega un papel importante en la determinación de proyectos y contratistas o los políticos influyen en su aprobación, la evaluación de sus costos )! beney€cios deja de ser el criterio de selección. En esos casos con frecuencia proyectos terminados nunca se utilizan; otros tienen costos de mantenimiento exagerados; otros no se concluyen. También se permite deliberadamente su deterioro para justificar su reconstrucción o reparación yasífacilitar la generación de nuevas comisionesI1. En consecuencia, se afecta negativamente la rentabilidad esperada de los proyectos y de la infraestructura existente, lo cual reduce la tasa de crecimiento potencial de la economía. Por ello, a menudo el crecimiento esperado de la inversión resulta muy inferior al estimado por los economistas. En cuarto lugar, expulsa a las empresas del sectorformal y puede generar