ASOBANCARIA -Financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva

Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Liz Marcela Bejarano Castillo Juan Pablo Herrera Saavedra Editores Tomo 11 Universidad Externado de Colombia Liz Marcela Bejarano Castillo Juan Pablo Rodríguez Valentina Beltrán Lizarazo Alejandro Prieto Albarracín Hernando A. Hernández Quintero Almudena Curero Ricardo Gil Raul R. Saccani Rosa María Olarte Andrea Agudelo Jaime Torres Joel Salek Sebastián Moscoso Gina Gordillo Sara Rodríguez Luz Ángela Patiño Palacios Dany Julián Tapasco Trejos Paula Gallo Caycedo Emerson Yarce Juan Manuel Hios Cristian Mariaca Sergio Espinosa Juan Pablo Herrera Saavedra

lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva tomo ii

juan pablo herrera saavedra liz marcela bejarano castillo editores lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva tomo ii asobancaria universidad externado de colombia Lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Tomo II / Juan Pablo Herrera Saavedra, Liz Marcela Bejarano Castillo, editores ; Juan Pablo Rodríguez [y otros]. Bogotá : Universidad Externado de Colombia ; Asobancaria, 2023. 321 páginas : ilustraciones, mapas, gráficos, fotografías Incluye referencias bibliográficas al final de cada capítulo.

ISBN: 9786287676466 (impreso) 1.Delitos económicos -- Aspectos jurídicos 2. Lavado de dinero -- Aspectos jurídicos 3. Lavado de dinero -- Prevención 4. Derecho penal internacional 5. Derecho penal 6. Corrupción 7. Administración de riesgos -- Innovaciones tecnológicas 8. Contrabando – Colombia 9. Delitos ecológicos -- Colombia 10. Crimen organizado – Colombia 11. Actos ilícitos – Prevención 12. Competencia económica – Colombia 13. Terrorismo -- Aspectos económicos 14. Armas de destrucción masiva -- Aspectos jurídicos I. Herrera Saavedra, Juan Pablo, editor II. Bejarano Castillo, Liz Marcela, editora III. Rodríguez, Juan Pablo IV. Universidad Externado de

Colombia V. Título 364.168 SCDD 21 Catalogación en la fuente -- Universidad Externado de Colombia. Biblioteca. MRJ octubre de 2023

ISBN: 978-628-7676-46-6

© 2023, juan pablo herrera saavedra, liz marcela bejarano castillo (editores) © 2023, asobancaria © 2023, universidad externado de colombia Calle 12 n.º 1-17 Este, Bogotá Teléfono (+57) 601 342 0288 publicaciones@uexternado.edu.co www.uexternado.edu.co Primera edición: octubre de 2023

Fotografías: Pixabay Diseño de cubierta: Departamento de Publicaciones

Corrección de estilo: Alberto Supelano

Composición: Marco Robayo

Impresión y encuadernación: DGP Editores S.A.S.

Tiraje de 500 ejemplares Impreso en Colombia Printed in Colombia Prohibida la reproducción o cita impresa o electrónica total o parcial de esta obra, sin autorización expresa y por escrito del Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad de los autores.

LIZ MARCELA BEJARANO CASTILLO JOEL SALEK

JUAN PABLO RODRÍGUEZ SEBASTIÁN MOSCOSO

VALENTINA BELTRÁN LIZARAZO GINA GORDILLO

ALEJANDRO PRIETO ALBARRACÍN SARA RODRÍGUEZ

HERNANDO A. HERNÁNDEZ QUINTERO LUZ ÁNGELA PATIÑO PALACIOS

ALMUDENA CURERO DANY JULIÁN TAPASCO TREJOS

RICARDO GIL PAULA GALLO CAYCEDO

RAUL R. SACCANI EMERSON YARCE

ROSA MARÍA OLARTE JUAN MANUEL HIOS

ANDREA AGUDELO CRISTIAN MARIACA

JAIME TORRES SERGIO ESPINOSA

JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA

contenido Prólogo 11 Jonathan Malagón González Presentación 13

CAPÍTULO

1 Avances y retos de la política pública ALA/CFT/CFPADM en Colombia 17 Liz Marcela Bejarano Castillo, Juan Pablo Rodríguez, Valentina Beltrán Lizarazo, Alejandro Prieto Albarracín

CAPÍTULO

2 Los delitos contra el sistema financiero como tipos penales subyacentes al lavado de activos 47 Hernando A. Hernández Quintero

CAPÍTULO

3 Responsabilidad penal de la persona jurídica en el marco del compliance desde una perspectiva internacional 73 Almudena Curero

CAPÍTULO

4

Lavado y corrupcion: una lectura integrada 101

Ricardo Gil

CAPÍTULO

5 Compliance global, ¿por qué falla la gestión de riesgos y qué podemos hacer para mejorarla? 135 Raul R. Saccani

CAPÍTULO

6 Contrabando y lavado de activos 165 Rosa María Olarte 9 10 Lavado de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas...

CAPÍTULO

7

Delitos ambientales en Colombia: actividades criminales que generan dineros ilícitos 199

Andrea Agudelo, Jaime Torres, Joel Salek, Sebastián Moscoso, Gina Gordillo, Sara Rodríguez, Luz Ángela Patiño Palacios, Dany Julián Tapasco Trejos, Paula Gallo Caycedo

CAPÍTULO

8 Desarticulación de redes criminales y análisis de grafos 233 Emerson Yarce, Juan Manuel Hios, Cristian Mariaca

CAPÍTULO

9 Inteligencia financiera 271 Sergio Espinosa

CAPÍTULO

10 La libre competencia y la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo 309 Juan Pablo Herrera Saavedra prólogo Este libro resalta lo que ha sido un trabajo constante en los últimos años para responder a las cambiantes amenazas en materia de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - LA/FT/FPADM. Para entender esta lucha y su importancia, es imperativo comprender los flagelos a los cuales se expone no solo una entidad, sino toda la sociedad por la ocurrencia de estas conductas. En este orden de ideas, el segundo tomo de este libro tiene como propósito contribuir al deber del país de conocer, identificar y mitigar la exposición a estos delitos financieros, así como robustecer los mecanismos para la desarticulación de estructuras de crimen organizado. En este sentido, es fundamental que los países posean sistemas efectivos que permitan garantizar la prevención y detección del LA/FT/FPADM, pues esto posibilita, entre otras cosas: (i) combatir la delincuencia; (ii) adoptar estándares y buenas prácticas internacionales; y (iii) facilitar la coordinación interinstitucional y transnacional para la persecución de estas actividades ilegales y la identificación de nuevas tipologías. Bajo este contexto, se debe resaltar que Colombia ha sido pionera en la región al haber involucrado al sector financiero en la lucha contra estos delitos. Desde hace más de 30 años, el sector ha trabajado en la creación de su sistema de protección y de prevención de lavado. Desde que en 1992 se estableció el Acuerdo Interbancario para la Detección, Prevención y Represión de movimientos de capitales ilícitos, con el objetivo de proporcionar uniformidad y respaldo institucional a las normas y procedimientos que se venían realizando por las entidades financieras, el sector financiero ha demostrado su propósito en evitar que este flagelo permee el sistema. Ya en 1992, de la mano del sector público, se expidió el Decreto 1872 de 1992, por medio del cual se estipuló que las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria y de Valores estaban obligadas a adoptar medidas de control para evitar que sus operaciones fueran utilizadas como instrumento de canalización de dinero proveniente de actividades delictivas. Aunado a lo anterior, desde el gremio se han liderado múltiples iniciativas. En 1996 tras la expedición del Sistema Integral para la Prevención del LA/FT (SIPLA) se creó el Comité de Oficiales de Cumplimiento encargado de velar por el funcionamiento eficiente de las etapas del Sistema de Antilavado, colaborar con en el diseño de modelos e indicadores para la oportuna 11 12 Lavado de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas... detección de operaciones inusuales, y diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control de estos riesgos. Posteriormente, en el 2000 se creó el Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT/FPADM que se realiza anualmente con el objetivo de fomentar espacios de discusión en torno a las tendencias en la gestión de estos riesgos, así como, promover la identificación de mejores prácticas y estrategias efectivas para su mitigación. Si bien el trabajo que se ha realizado desde el gremio es contundente,

se debe reforzar el compromiso de los agentes del sistema, ya que el país tendrá que afrontar la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, donde se evaluará el cumplimiento técnico de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la efectividad de los sistemas que gestionan estos riesgos. Esperamos que esta publicación ratifique el compromiso del gremio y del sector por continuar construyendo conocimiento de alto valor que les permita a todos los actores involucrados, tanto públicos como privados, alcanzar un entendimiento más profundo de los riesgos de LA/FT/FPADM, mejorar la generación de alertas y planes de acción en las entidades y, por ende, seguir consolidando un sistema financiero más sólido, ético y transparente. En este espacio, también deseo agradecerle a la Universidad Externado por adherirse a esta iniciativa, aportando su conocimiento, experiencia y recursos en este esfuerzo conjunto entre la academia y el sector bancario para crear un documento de profunda utilidad para los actores del sistema financiero y para el conjunto de la economía. También deseo agradecer a Liz Bejarano y a Juan Pablo Herrera por su trabajo en la edición de este ejemplar; a cada uno de los autores Liz Bejarano, Juan Pablo Rodríguez, Valentina Beltrán, Alejandro Prieto, Hernando Hernández, Almudena Curero, Ricardo Gil, Raúl Saccani, Rosa María Olarte, Andrea Agudelo, Jaime Torres, Joel Salek, Sebastián Moscoso, Gina Gordillo, Sara Rodríguez, Luz Ángela Patiño, Julián Tapasco, Paula Gallo, Emerson Yarce, Juan Manuel Hios, Cristian Mariaca, Sergio Espinosa y Juan Pablo Herrera; y a todos los que hicieron posible la materialización de

este proyecto. Esperamos que este documento sea provechoso para los años venideros que exigen mayores esfuerzos de todos en esta materia. Jonathan Malagón González presentación Realizar la presentación de esta obra no es solo un honor, sino una oportunidad única para destacar lo que ha significado una iniciativa conjunta de sociedad civil liderada, liderada por la Asobancaria y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Un avance académico que ha permitido producir un libro resultado de un esfuerzo interdisciplinar con el fin de entender el alcance y las diferentes formas de combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Para hacer realidad este proyecto, el libro compila importantes contribuciones de académicos y funcionarios y exfuncionarios públicos que han tenido experiencias en el diseño de la implementación de las políticas estatales, así como también desde la manera como se enfrentan estos fenómenos desde el ámbito privado. Se trata de un trabajo que parte de un reto conceptual desafiante, pero muy importante para quien quisiera aproximarse a entender los alcances de fenómenos que impactan de una manera muy fuerte a diferentes economías en el mundo y son el resultado de un proceso sistémico que involucra una afectación transversal a muchos mercados y a muchos países. A lo largo del libro, el lector encontrará importantes y valiosas lecciones de lo que significa para el sistema económico el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Una primera reflexión realizada por Liz Bejarano, Juan Pablo Rodríguez, Valentina Beltrán y Alejandro Prieto, funcionarios de Asobancaria, está dedicado

a hacer un minucioso, exhaustivo, pero a su vez provocativo balance de la política pública relacionada con lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. En el capítulo se ilustra la manera como desde 1992 se ha venido construyendo institucionalidad en Colombia para combatir estos problemas en el país, reconociendo siempre la relevancia de la cooperación internacional para lograr la efectividad de cualquier estrategia que ha sido implementada en este frente. Se evidencia que el sector financiero ha sido líder y pionero en el desarrollo de mecanismos y modelos para blindar y detectar este tipo de actividades y a su vez se observan las oportunidades de mejora en el país en este frente a partir de un breve, pero muy relevante análisis comparado. El capítulo realizado por el profesor Hernando Hernández, investigador emérito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, está dirigido 13 14 Presentación a entender desde el ámbito legal cómo combatir el lavado de activos en el sistema financiero. En su capítulo, además de identificar el delito de lavado de activos, se detallan los diferentes delitos conexos o subyacentes a este fenómeno, frente al cual el lector podrá informarse sobre la manera en que el ordenamiento jurídico permitiría luchar contra este flagelo. Por su parte, Almudena Curero, Senior Manager del Departamento Legal de Compliance de KPMG, realiza un muy interesante balance sobre los límites y los alcances de los programas de cumplimiento en materia penal desde una perspectiva internacional en lo que versa sobre la responsabilidad de las personas jurídicas. En su capítulo, además de entender la evolución de los programas de cumplimiento en materia anticorrupción, hace un muy

importante recuento de las experiencias más relevantes de la forma como ha evolucionado su implementación en los diferentes países iberoamericanos y cómo normas de no obligatorio cumplimiento han incidido positivamente a crear desde el ámbito privado incentivos necesarios para la creación de cultura contra la corrupción. En el capítulo escrito por Ricardo Gil, expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública de Uruguay, el lector encontrará una muy valiosa reflexión en aras de entender de manera articulada la relación existente entre lavado de activos y la corrupción. Esa lectura integral apuesta a decantar las mejores prácticas internacionales para enfrentar de manera sistémica estos dos flagelos y logra exitosamente mostrar cómo el esfuerzo interinstitucional y transfronterizo es la clave para avanzar en el objetivo de largo plazo para lograr la erradicación de estos problemas en el mundo. En la misma dirección Raúl Saccani, experto mundial en crímenes financieros y profesor de integridad y compliance, muestra lo que ha significado en la práctica la evolución de los programas de cumplimiento desde la perspectiva de la optimización de la identificación de riesgos y las oportunidades de mejora que aún existen para hacer de esos programas cada vez más efectivos en momentos en los que los mercados, particularmente aquellos asociados al sector financiero, se encuentran en permanente evolución. El uso de la inteligencia financiera, las mejoras tecnológicas y la innovación que muestra el autor, son elementos definitivos para avanzar en este proceso de mejora continua para lograr la eficiencia y la eficacia de los programas de cumplimiento. Rosa María Olarte, experta en control y prevención del lavado de activos

de la DIAN, realiza un detenido análisis sobre el contrabando a partir de la Juan Pablo Herrera Saavedra 15 experiencia colombiana, mostrando las formas diferentes como se evade y elude el control aduanero y la manera como desde la institucionalidad del Estado se ha logrado sistematizar una tipología estándar de esta situación en el país. Aspectos como la subfacturación, adulteración de facturas y el contrabando de divisas son apenas algunos ejemplos que se materializan en Colombia en materia de contrabando y facilitan el lavado de activos. Por su parte, Jaime Torres ex director del programa Juntos por la Transparencia de USAID y Andrea Agudelo experta en asuntos de rentas y drogas ilícitas con el apoyo de Joel Salek, Sebastián Mosoco, Gina Gordillo, Sara Rodríguez, Luz Ángela Patiño, Dany Tapasco y Paula Gallo, analizan los delitos ambientales en Colombia y su relación con el crimen organizado. A través de su exposición ilustran la manera como las redes criminales han impactado negativamente en las comunidades y en los recursos naturales del país, con importantes retos de trabajo a futuro en este frente desde la lógica institucional. Un importante esfuerzo académico es realizado por Emerson Yarce Carmona, Juan Manuel Hios Gaviria y Cristian David Mariaca funcionarios de Bancolombia en su capítulo Desarticulación de Redes Criminales y Análisis de Grafos, documento en el cual se hace una descripción detallada de una estrategia posible a efectos de investigar y desenmascarar redes criminales relacionadas con el lavado de activos a partir de información disponible. De esta manera, a través de la elaboración de grafos y métricas los autores proponen mecanismos de seguimiento transaccionales a fin de identificar posibles comportamientos atípicos que permitieran generar alertas tempranas de presuntas actividades delictivas. Por supuesto el desafío de la disponibilidad de información queda planteado en el capítulo, pero no por ello deja de ser un punto de partida muy valioso para inspirar al lector al uso de teoría de redes en la lucha contra los fenómenos que este libro convoca. De otra parte, Sergio Espinosa, Director de Inteligencia Financiera del Perú invita en su capítulo a hacer una revisión exhaustiva de cómo la adopción de modelos de inteligencia financiera puede ser una herramienta efectiva en la lucha contra el lavado de activos y demás conductas tratadas en este libro. La efectividad de la cooperación internacional, aunada a la implementación de tecnología y la identificación del rol del Estado junto con los aliados estratégicos en alianzas público-privadas para fortalecer estos modelos de identificación de ilícitos resultan ser claves en la lucha contra la ilegalidad. 16 Presentación Por último, en el capítulo de mi autoría, propongo al lector a pensar sobre un debate lógico a propósito de la relación entre corrupción, libre competencia económica y el lavado de activos en países como Colombia. Presento al lector una hipótesis que luego de la experiencia de análisis de diferentes casos de libre competencia en el país y a partir de algunas reflexiones académicas pareciera cobrar hoy más que nunca un especial valor: una condición necesaria para luchar contra el lavado de activos es detener la corrupción tanto pública, como privada y una forma de lograrlo en una de muchas dimensiones es justamente propendiendo a crear cultura de libre competencia en el país.

Así pues, se espera que este libro inspire al lector a entender que cada uno de los problemas relacionados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva requiere un enfoque multidimensional, que incluye no solamente el entendimiento del marco legal, sino la creatividad y capacidad de articulación de cada dimensión en el diseño e implementación de estrategias que desde el sector público y privado se puedan plantear para luchar frente a este flagelo. No quisiera terminar la presentación de este proyecto sin hacer una especial mención a diferentes personas que han apoyado esta iniciativa y han permitido que el libro sea hoy una realidad. En primer lugar, a Liz Bejarano, quien estuvo siempre al tanto de este proyecto desde Asobancaria; a María Paula Solano, quien desde la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia permitió avanzar en la materialización del convenio interinstitucional que hizo posible este libro. A Alberto Supelano, quien con esmero y dedicación fue mi mano derecha en la revisión de los manuscritos e hizo comentarios muy pertinentes para avanzar en la materialización de esta obra y por supuesto a los miembros de la Editorial de la Universidad Externado de Colombia, quienes gracias a su esmero y dedicación permitieron presentar este muy importante proyecto al país. A cada lector, un mensaje inspirador con el deseo de que lo encontrado en este libro sea un punto de partida para contribuir a construir un país más transparente y menos expuesto a las formas de ilegalidad que acá se tratan. Juan Pablo Herrera Saavedra Decano Facultad de Economía Universidad Externado de Colombia capítulo 1 Avances y retos de la política pública / /

ALA CFT CFPADM en Colombia liz marcela bejarano castilloa juan pablo rodríguezb valentina beltrán lizarazoc alejandro prieto albarracínd Foto de Katie Moum en Unsplash

La criminalidad es inherente a todos los sectores y el sistema financiero no es la excepción. Desde el siglo pasado las actividades ilícitas han aumentado en la banca debido a la notable expansión y diversificación de la criminalidad, pues el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) han llevado a que algunas organizaciones ilegales operen con impunidad y afecten la estabilidad financiera y económica de los países. Por ello se han establecido normas jurídicas para combatir las actividades delictivas, como la Ley Federal contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas de 1970 en Estados Unidos, que evaluó el alcance y el poder de las organizaciones criminales (USSC, 2018). En 1975 se creó el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, en inglés) para promover estándares globales de supervisión y contribuir a la estabilidad financiera y la integridad de la banca. Esto buscaba que las entidades financieras siguieran políticas y procedimientos sobre el conocimiento del cliente, y así evitaran relacionarse con actividades ilícitas, principalmente con el tráfico de narcóticos. En la década de los ochenta aumentó la preocupación del sector bancario, pues los grupos criminales tenían capacidad para acceder a la economía formal e introducir capital de procedencia ilegal, lo que creó el temor de que esos recursos se utilizaran para fines terroristas. Con el propósito de establecer y promover estándares internacionales para prevenir y combatir el LA/FT a nivel global, se creó entonces el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Conforme a los objetivos misionales del BCBS, el GAFI difundió cuarenta recomendaciones cuyo objetivo era prevenir el uso indebido del sistema

financiero y de otros sectores para actividades ilícitas, y contribuir así a la estabilidad económica. Estas recomendaciones son esenciales para que un país adopte medidas efectivas y fortalezca su sistema de gestión de riesgos de LA/FT y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM) ante conductas delictivas, lo que limita el alcance de estas operaciones a Directora Financiera y de Riesgos de la Asociación Bancaria de Colombia, Asobancaria. Economista de la Universidad Externado, Especialista en Gestión del Riesgo y Control de Entidades Financieras y Magister en Finanzas de la Universidad de los Andes. b Director y Socio de Rics Management, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría basada en la Administración del Riesgo del CESA. c Profesional Senior de la Asobancaria. Economista de la Universidad Nacional de Colombia. d Profesional Junior de la Asobancaria. Economista de la Universidad Nacional de Colombia. 19 20 Avances y retos de la política pública ALA/CFT/CFPADM en Colombia y disminuye su vulnerabilidad. Cabe destacar las dos primeras recomendaciones, que de acuerdo con el GAFI y el GAFILAT (2022), establecen que:

1. Los países deben implementar un instrumento, que sea supervisado y coordinado por una autoridad, que les permita evaluar, identificar y comprender sus riesgos de LA/FT para posteriormente gestionarlos y propender

por su mitigación. 2.Se necesitan políticas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (ALA/CFT) a escala nacional que consideren los riesgos y amenazas identificados en ejercicios como las evaluaciones nacionales de riesgos (ENR), que deben ser dirigidas y efectuadas por un cuerpo competente. Los riesgos de LA/FT/FPADM constituyen tres grandes amenazas para la estabilidad y seguridad de las naciones, y también para la integridad de su sistema financiero. El cumplimiento de estas dos recomendaciones permite adoptar medidas efectivas –basadas en la articulación y coordinación interinstitucional– para afrontar las vulnerabilidades detectadas en el análisis. Por su parte, propender por un sistema transparente aumenta el valor reputacional de cada país debido a la importancia de la cooperación internacional, en especial para intercambiar información y herramientas, lo cual es fundamental dada la naturaleza transnacional de los delitos financieros. Además, las nuevas tecnologías no solo han transformado la manera en que las personas interactúan en los mercados, sino también la forma en que los delincuentes llevan a cabo sus operaciones. Por ejemplo, mediante el uso de activos como las criptomonedas, las organizaciones criminales ocultan el origen ilícito de sus fondos aprovechando que los países aún no entienden plenamente su funcionamiento y no han establecido regulaciones para monitorear su uso, lo que supone nuevos retos que deben ser atendidos con celeridad. Así mismo, el desarrollo constante de nuevas tipologías requiere un análisis de impacto de las amenazas emergentes. El informe del GAFI del período 2019-2020 concluye que las principales estrategias utilizadas por los criminales tuvieron que ver con: a) corrupción y soborno; b) delitos

ambientales; c) tráfico de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas; d) la pandemia del Covid-19; e) grupos delictivos organizados; f) transporte ilícito de dinero por frontera; g) trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; h) delitos fiscales; i) contrabando; y j) juegos de azar y organizaciones sin fines de lucro (GAFILAT, 2021b). Liz M. Bejarano C., Juan Pablo Rodríguez, Valentina Beltrán L. y Alejandro Prieto 21 En esas condiciones, el análisis de tipologías, el diseño de políticas públicas y la implementación de estándares internacionales son pilares del Sistema ALA/CFT/CFPADM de los países, y es necesario identificar oportunidades de mejora continua. Por ello, este capítulo analiza el caso colombiano, recorriendo la historia normativa del país y profundizando las políticas contenidas en los documentos Conpes 3793 del 2013 y 4042 del 2021; así como en su cumplimiento. contexto Colombia ha mostrado un compromiso inquebrantable en la aplicación de mecanismos para prevenir los delitos financieros y garantizar la integridad y estabilidad del sistema financiero y económico. Por ejemplo, para asegurar el cumplimiento de las Recomendaciones 1 y 2 se encargó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de realizar la evaluación nacional de riesgos que identifica los riesgos en materia de LA/FT/FPADM y las vulnerabilidades que se deben atender. (UIAF, 2022). Así mismo, se estableció que la autoridad encargada de diseñar la política pública en la materia sería

el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). Además, desde 1992 se han registrado hitos regulatorios en materia de prevención, identificación y gestión de riesgos LA/FT/FPADM, que concuerdan en línea con los estándares internacionales y son una base sólida para combatir estos delitos. A continuación se destacan a los principales acontecimientos normativos de los últimos treinta años: • El Decreto 1872 de 1992 impartió las primeras disposiciones en las que se estipuló que las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria estaban obligadas a adoptar medidas de control que evitaran que sus operaciones fueran utilizadas como instrumento de canalización de dinero proveniente de actividades delictivas. • En 1995 por medio del Decreto 950, se creó la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA), adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho que funge como mecanismo consultivo del Gobierno Nacional y como ente coordinador del Estado para combatir el LA. Adicionalmente, entre sus funciones se encuentra “coordinar la organización de un sistema de información y procesamiento de datos de transacciones financieras y comerciales que facilite 22 Avances y retos de la política pública ALA/CFT/CFPADM en Colombia las actividades de inteligencia y sanción de las autoridades colombianas” (Decreto 950, 1995, artículo 4). • La Circular Externa (CE) 007 de 1996 (conocida como Circular Básica Jurídica), expedida por la Superintendencia Bancaria, estipuló que los emisores debían adoptar y poner en práctica metodologías y procedimientos propios dentro de un Sistema Integral para la Prevención del Lavado

de Activos (SIPLA). Esta norma se ha renovado continuamente hasta llegar a su última versión con la CE 027 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), a través de la cual se expidió el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo (SARLAFT 4.0), que actualiza los lineamientos normativos para la administración de estos riesgos con el objetivo de converger a estándares internacionales y promover la innovación e inclusión financiera a través de la implementación de nuevas tecnologías y el incremento de la efectividad del modelo. • Para 1999 fue imprescindible fortalecer la colaboración interinstitucional frente al delito financiero, por lo cual, mediante la Ley 526 se creó la UIAF, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), con funciones de intervención del Estado y cuyo fin es detectar prácticas asociadas con el LA. • Por medio de la CE 026 del 2008, expedida por la SFC, se incorporaron formatos e instructivos para reportar información correctamente a la UIAF. • En 2017 el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) realizó la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua, en la que se evaluó el cumplimiento técnico y la efectividad de las recomendacion