ASOBANCARIA - Regulación y gestión de riesgos financieros

REGULACIÓN

Y GESTIÓN

DE RIESGOS

FINANCIEROS:

UNA VISIÓN COMPARADA Construyendo ASOBANCARIA la Confianza y Solidez del sector financiero

A S O B A N C A R I A Santiago Castro Gómez Presidente Alejandro Vera Sandoval Vicepresidente Técnico Liz Bejarano Castillo Directora Financiera y de Riesgos Catherin Montoya González Profesional Senior Camilo Sánchez Quinto Profesional Junior Sofía Rincón Coronado Profesional en Práctica

E D I C I Ó N

Sergio Clavijo Director del Centro de Estudios Económicos - ANIF Diseño Babel Group Impresión TC Impresores Fotografías Es.123rf.com Primera Edición, octubre de 2018

ISBN: 978-958-9040-76-8

Derechos de Autor Reservados © Asobancaria

Presentación 7 Santiago Castro Introducción 9 Sergio Clavijo Capítulo 1 17 El futuro de la regulación financiera internacional Andrés Portilla y Jaime Vázquez Capítulo 2 41 Comparación del sistema financiero colombiano frente a otras jurisdicciones Andrés Márquez y Alejandro García Capítulo 3 61 Contexto histórico y estabilidad financiera de Colombia en la última década Gerardo Hernández Capítulo 4 95 Nuevos desafíos en la gestión de riesgos para el sistema financiero Liz Bejarano, Christian Palencia, Catherin Montoya y Camilo Sánchez Capítulo 5 123

SRISK: Una aplicación a la banca colombiana

Jonathan Malagón, Carlos Ruíz, Cesar Tamayo y Camilo Sánchez Capítulo 6 147 Estabilidad financiera bajo dominancia de balanza de pagos: evidencia a nivel de bancos para América Latina, 2003-2014 Jonathan Malagón y Daniel Lacouture Acerca del editor y los autores 173 5

PRESENTACIÓN Diez años han transcurrido desde la sacudida generada por la crisis financiera que inició en Estados Unidos, dejando en evidencia las falencias y el corto alcance de las políticas regulatorias del sistema financiero internacional. Aunque Colombia no vio grandes afectaciones por cuenta de esta crisis, el sistema financiero reconoció que, para lograr la expansión y consolidación en un contexto caracterizado por la interconexión entre mercados de diversas jurisdicciones, es necesario asegurar su estabilidad, sostenibilidad y resiliencia. Como resultado, en esta década hemos sido testigos de una nueva ola regulatoria para las instituciones financieras materializada en los estándares de Basilea III, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Con el objetivo de enfrentar los riesgos sistémicos que pueden surgir por la interdependencia de los sistemas financieros, estos estándares supusieron incrementos tanto en el nivel como en la calidad del capital de las entidades financieras. Sin embargo, debido a las dinámicas y particularidades de las economías locales, la adopción de Basilea III ha sido progresiva y a diferentes velocidades. Colombia se sumó a esta dinámica en los últimos años y para la fecha ya ha dado pasos firmes en su ambiciosa agenda de reformas regulatorias. En este escenario, este libro nace como parte del compromiso del sector bancario por promover y ampliar permanentemente el conocimiento acerca de la naturaleza y función de la actividad financiera. Contiene así una serie de ensayos que se enmarcan en una temática de evolución regulatoria, nuevas tendencias en la gestión de riesgos y análisis del contexto colombiano frente a sus pares regionales.

Quiero agradecer a la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) por realizar la edición de este libro y a los autores que han apoyado esta iniciativa con sus artículos, como el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), Fitch Ratings Colombia, el Banco de la República, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Vicepresidencia Técnica de la Asociación. Espero que las disertaciones contenidas en esta publicación brinden a los lectores una adecuada carta de navegación sobre la regulación y la gestión de riesgos en el sistema financiero local reciente y para los próximos años. Santiago Castro Gómez Presidente 7

INTRODUCCIÓN Sergio Clavijo (Anif) El estallido de la crisis de Lehman en 2008 evidenció serias fallas regulatorias y de supervisión en los sistemas financieros del mundo desarrollado. En consecuencia, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSB) tuvo que “rayar” nuevamente la cancha y replantearse los modelos de “banca universal”, con el fin de mejorar los esquemas de regulación-supervisión a nivel global (Anif, 2012). En este sentido, la regulación financiera adoptada bajo Basilea III ha mostrado claras virtudes para enfrentar la creciente interdependencia global y sus riesgos sistémicos, en medio del cambiante negocio bancario. Recordemos que los principales lineamientos de la Ley Dodd-Frank de Estados Unidos (en 2010) y de Basilea III se focalizaron en: (i) requerir más capital de calidad, especialmente en aquellas instituciones sistémicamente importantes (Systemically Important Financial Institutions-SIFIs); (ii) fortalecer los mecanismos de cobertura de riesgo de productos financieros (titularizaciones, derivados y posiciones del “Libro de Tesorería”); (iii) limitar los apalancamientos en posiciones fuera del balance; (iv) definir estándares de liquidez; y (v) reducir la prociclicidad del negocio bancario. Sin duda, el elemento más importante de dicha regulación ha provenido de los incrementos en los niveles de capital. El cronograma de Basilea III estaría llegando a requerir un acuerdo para indicadores de solvencia (Capital/Activos Ponderados por Riesgo-APR) de hasta un 12.5% en 2019 c(=o r4e.-5T%ie r 1 + 1.5% restoT ier 1 +

2% Tier 2 + 2% “colchón de conservación” + 2.5% sobrecargo SIFI-Global). Ello ha inducido capitalizaciones por parte de los grandes bancos globales que alcanzan cerca de US$1.300 millones durante 2011-2016, incrementando sus relaciones de solvencia hacia niveles del 12.5% actualmente (vs. precarios colchones inferiores al 4% en 2007). Dichos lineamientos se han venido adoptando globalmente, según el cronograma fijado para 2015-2019, aunque a velocidades distintas. Por ejemplo, Estados Unidos se había plegado a la Ley Dodd-Frank en 2010, adoptando la mayoría de los principios regulatorios de Basilea III. Gracias a ellos se ha tenido mayor resiliencia por parte de los bancos globales, habiendo incrementado su relación de solvencia hacia niveles del 12.5% (vs. 4% pre-crisis) y su relación de apalancamiento (Capital/Activos) hacia el 6% (vs. 1%). Bien podemos concluir que el nivel de implementación ha llevado a ese marco regulatorio a la categoría Basilea 2.5. Sin embargo, bajo la Administración Trump, el péndulo regulatorio parece ir en reversa al generar mayor laxitud (replicando los ciclos históricos de regulación). La más reciente prueba de ello proviene de la aprobac“iEónco dnoemli cll aGrmowathd, oR egulatory Relief, and Consumer Protection Act” (ERCP), el cual contiene algunas modificaciones a la Ley Dodd-Frank en lo referente a alivios regulatorios para bancos regionales; dada la maraña de procedimientos y costos de compliance que había generado (Anif, 2018a).

9 Cabe aclarar que el ERCP no es el “gran desmonte” que pregonaba Trump durante su campaña. En efecto, gracias al apoyo Demócrata, esta legislación logró un buen balance en lo referente a: (i) elevar el umbral para que una entidad sea ahora catalogada como de riesgo sistémico (SIFI), pasándolo de US$50.000 millones a US$250.000 millones en activos bancarios, lo cual estaría reduciendo el número de entidades SIFIs de 35 a solo 13 (las cuales explican el 50% de activos y depósitos del sistema); (ii) reversar la prohibición de las llamadas “operaciones cuenta propia” del mercado de bonos en el caso de los bancos pequeños con activos inferiores a los US$10.000 millones (los cuales difícilmente podrían catalogarse de ser los grandes especuladores); y (iii) excepciones a la llamada “qualified mortgagepa rurale ”b ancos pequeños (uniones cooperativas de crédito y community banks), lo cual habilitaría a dichas instituciones a otorgar hipotecas a individuos que sobrepasen el límite del 43% en la relación [Cuota mensual (interés+capital)/ Ingreso]. Ello siempre y cuando el banco originador mantenga la totalidad de la hipoteca dentro de su balance (lo cual busca incentivar el due diligence crediticio). Entretanto, Europa está un poco más rezagada (levemente por debajo de Basilea 2.5), siguiendo la EMIR (European Market Infrastructure Regulation). Europa, además, enfrenta castigos de mercado en las acciones-bonos bancarios por cuenta de la laxitud adoptada en el tratamiento de su cartera morosa, afectando particularmente a la banca de Italia, la cual ha requerido recursos presupuestales para cerrar algunos bancos

pequeños y medianos. Alemania también ha tenido que hacer importantes esfuerzos de capitalización bancaria en los casos del Deutsche Bank y Commerce Bank. Mientras que Grecia y Chipre enfrentaron desastrosas corridas bancarias. Por su parte, América Latina ha continuado fortaleciendo su implementación de los requerimientos de Basilea III. Por ejemplo, México viene liderando esta tarea, seguido de Perú, Chile y Colombia, especialmente en lo referente a requisitos de capital-liquidez. En el caso de Colombia, los requerimientos de capital de Basilea III se adoptaron bajo el Decreto 1771 de 2012. Allí se buscó que el Patrimonio Técnico de los bancos esté compuesto por instrumentos que cumplan con criterios exigentes de permanencia, liquidez y posible absorción de pérdidas. La regulación colombiana también requiere de Indicadores de Riesgo de Liquidez (IRL) y de provisiones contracíclicas (cumpliendo, indirectamente, algunas de las funciones de los mencionados colchones anticíclicos). Más recientemente, esto se ha complementado con la aprobación de la Ley de Conglomerados Financieros (Ley 1870 de 2017), siendo esa una de las tareas que se tenían pendientes frente a las recomendaciones del FSAP (FMI-Banco Mundial, 2012). Así, las autoridades tendrán una mejor supervisión consolidadhoaldi ndgse dichos financieros en lo referente a: (i) supervisión de los niveles de capital-liquidez agregados de la entidad; (ii) gestión de conflictos de intereses en las diferentes entidades (por ejemplo, comisionistas de bolsa vs. bancos); y (iii) exposiciones-enroques con entidades del

exterior, particularmente relevantes dada la expansión del sector bancario colombiano hacia América Central, la cual representa cerca del 20% de los activos bancarios de Colombia en dicha región y fluctuando en el rango entre 53% de los activos bancarios de El Salvador y 7% en el caso de los activos de Guatemala. 10 Este marco regulatorio resultará clave a la hora de sortear la actual coyuntura de tensión financiera local, dada la desaceleración derivada del fin del auge minero-energético del período 2015-2018, implicando una reducción del crecimiento potencial hacia el 3% (vs. el 4.5% histórico). En efecto, el indicador de cartera morosa arrojaba preocupantes niveles del 5% al corte de junio de 2018 (vs. el 4.2% de un año atrás) y al incluir los castigos de cartera se llegaba al 9.7%, cifra pico desde el período Pos-Lehman 2008-2009. A pesar de ello, la actual relación de solvencia del 16% supera los mínimos regulatorios del 9.5% y si se castigara por criterios de “good-will” y manejo de deuda subordinada todavía estaría en niveles satisfactorios cercanos al 14%. Así, pues, el objetivo de este libro sobre riesgos financieros es el de recopilar seis ensayos que cubren estos aspectos de fortalecimiento regulatorio, aportando una visión de entorno global, regional respecto de América Latina y con cierto detalle en el caso de Colombia. Esto con la idea de proporcionarle a los lectores una adecuada carta de navegación financiera para el período 2018-2022, enfatizando los nuevos desafíos

regulatorios que implican factores novedosos como, por ejemplo, la disruptiva revolución digital (ver Haskel y Westlake, 2017). Como veremos, el primer capítulo de este libro (realizado por Andrés Portilla y Jaime Vázquez, vinculados al IIF) analiza el futuro de la regulación financiera internacional, con particular énfasis en: (i) la implementación de Basilea IV; (ii) el giro hacia una regulación relativamente más laxa en Estados Unidos, con las recientes reformas a la Ley DoddFrank y las posibles modificacioVnoelckse ar R ulale ; y (iii) los desafíos que implica la innovación financiera y la transformación digital para el marco regulatorio financiero, así como para la banca tradicional. Allí se destaca cómo la implementación de Basilea III ha sido recibida positivamente por el mercado, después de que la crisis financiera global de 2018 evidenciara la necesidad de modificar el marco regulatorio de solvencia. No obstante, la implementación de una eventual fase de Basilea IV podría generar mayor tensión debido a que: (i) modificaría principalmente el denominador de la relación de solvencia (los APR), de manera que se debería atraer más capital para conservar las relaciones de solvencia; y (ii) prohíbe el uso de modelos internos para el riesgo operacional, lo cual implica un tránsito hacia modelos estándar. Esto último, aunque tiene la bondad de facilitar la comparación entre entidades, podría no resultar suficientemente sensible al riesgo y no reconocer que dentro de un mismo portafolio puede haber contrapartes con diferentes calidades crediticias. Por esta vía se podría llegar a afectar significativamente el financiamiento de los mercados emergentes,

debido a su alta dependencia de la banca internacional. Cabe señalar que estas últimas entidades suelen aplicar modelos internos para sus portafolios a nivel de holding. Con relación al enfoque regulatorio de Estados Unidos, Portilla y Vázquez destacan cómo la Administración Trump se está moviendo hacia una mayor laxitud. Por ejemplo, allí se insiste en la necesidad de reducir barreras regulatorias para lograr un mejor funcionamiento del sector financiero y de su economía (como un todo). Ello ha derivado ya en algunas reformas a la Ley Dodd-Frank, aunque se considera que estas no desmantelan el actual 11 régimen regulatorio y se limitan más bien a reducir el impacto de dichas medidas sobre las entidades de menor tamaño. Sin embargo, habrá que estar atentos ante la probable aprobación de otras propuestas relacionadas con modificaciones a la llamada Regla Volcker sobre “posiciones propias” y al coeficiente de apalancamiento aplicado a las SIFIs. Por último, Portilla y Vázquez analizan los desafíos que implica la innovación financiera y la transformación digital, donde el principal desafío es acoplar el marco regulatorio en medio de un mercado muy dinámico. Esto es particularmente demandante cuando se consideran factores como: (i) el surgimiento de nuevos jugadores con potencial riesgo sistémico y de inhibición de la competencia (tal como hoy se conoce); y (ii) la importancia de proteger a los consumidores. Una de sus sugerencias es aplicar “una regulación horizontal entre sectores” y fortalecer la coordinación de la regulación a nivel internacional. La idea es balancear una evolución digital que va eliminando barreras regulatorias con el sano mantenimiento de ciertas “murallas chinas”.

El segundo capítulo (realizado por Andrés Márquez y Alejandro García, vinculados a Fitch) presenta un enfoque más de carácter regional, con particular énfasis en las diferencias del sistema financiero colombiano frente a otras jurisdicciones. Allí se destacan los avances de América Latina hacia la implementación de Basilea III, considerando que la adopción de dicha regulación ha mejorado la calidad del capital bancario y la estabilidad del sistema bajo escenarios de estrés. También ello ha facilitado la comparación de los balances entre países, mejorando la confianza de los inversionistas y de las calificadoras de riesgo. Han avanzado de forma significativa las regulaciones de México, Argentina y Brasil; mientras que Colombia, Perú y Chile muestran avances un poco más graduales hacia las recomendaciones del Comité de Basilea. En el caso particular de Colombia, los avances se concentran en: (i) la definición y cálculo del capital regulatorio; y (ii) los criterios de pertenencia y solvencia básica. Los autores consideran que la regulación colombiana se mantiene algo rezagada frente a la de sus pares de la región. Para contrarrestar dicho rezago, Márquez y García sugieren Proyectos de Decreto que apunten a convergencias más rápidas hacia los criterios de Basilea III en calidad del capital, donde la Unidad de Regulación Financiera (URF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene la voz cantante. Así, en opinión de Fitch estas modificaciones permitirían nivelar a Colombia con lo hecho por Perú y México. De otra parte, Fitch evalúa como positiva la implementación de la Ley de Conglomerados Financieros (Ley 1870 de 2017), pues habrá de asegurar una mayor estabilidad del sistema financiero.

Fitch prevé una mayor dinámica bancaria en Colombia durante el período 2018-2019. Sin embargo, se tendrán importantes exigencias provenientes del financiamiento de la infraestructura y del manejo de las tasas de interés del Banco de la República en medio de dificultades fiscales. Con relación a los cambios regulatorios, Fitch espera que la modificación de los APRs impulse la calificación de las Pymes (aunque no emitan deuda). Ello tendría la ventaja de mejorar la transparencia y reducir sus costos crediticios (ver Realini y Mehta, 2015). 12 El tercer capítulo (realizado por Gerardo Hernández, vinculado al Banco de la República) presenta una revisión histórica del marco financiero institucional de Colombia. Allí se destacan las lecciones que nos dejó la crisis de finales de siglo, a partir de las cuales: (i) la supervisión bancaria se enfocó más en “los factores de riesgo” en materia de control y vigilancia, en vez del simple seguimiento por categoría de entidad; y (ii) se procedió a unificar el componente de mercado de valores con las entidades crediticias, dando origen a una única Superfinanciera. Todo ello le permitió a Colombia enfrentar de mejor manera la crisis internacional de 2008-2009, mitigando los factores de contagio. Relata Hernández cómo Colombia avanzó hacia estándares regulatorios internacionales, haciendo un tránsito ordenado de Basilea I-II hacia III (ver Superfinanciera, 2016). Allí enfatizó los siguientes factores: (i) la modificación al cálculo de la calidad de capital de los establecimientos de crédito, aplicando medidas de solvencia más estrictas, siguiendo los parámetros del Comité de Basilea (Decreto 1771 de 2012); y (ii) la implementación de

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), lo cual habría de facilitar el financiamiento externo de entidades nacionales. Según Hernández, también se tuvieron importantes avances en: (i) la implementación de la metodología de supervisión basada en riesgos, conocida como Marco Integral de Supervisión (MIS), el cual se ha convertido en un referente regional; (ii) la creación del regulador único para el sector financiero en cabeza de la URF-MCHP, separando las funciones del regulador financiero de las del emisor de deuda pública; y (iii) la mencionada Ley de Conglomerados Financieros, permitiendo vigilar la operación de dichos conglomerados en otras jurisdicciones. Todo ello ha permitido la creación de un mejor marco regulatorio y de supervisión en Colombia. Sin embargo, el autor es consciente de los desafíos existentes hacia el futuro, a saber: (i) continuar avanzando en la convergencia hacia los mejores estándares internacionales de Basilea III, considerando las particularidades del sistema financiero colombiano, donde cabe revisar aquellos elementos que resultan aún más estrictos que las normas internacionales; (ii) implementar la reglamentación de la Ley de Conglomerados, requiriéndose coordinación con las autoridades financieras de otros países; y (iii) adaptar el marco regulatorio a lFain treechv.o Elunc eiósnt ed eúltli mo caso, se propone evaluar la posibilidad d“sean dabodxeosp”t arerg ulatorios para supervisar actividades y servicios financieros sin que exista un desarrollo regulatorio previo, sobre lo cual ha venido trabajando la Superfinanciera recientemente.

El cuarto capítulo (realizado por Liz Bejarano, Christian Palencia, Catherin Montoya y Camilo Sánchez, vinculados a Asobancaria) ahonda en los nuevos riesgos que debe enfrentar el sistema financiero a partir de la revolución digital de la última década. En particular, esta tendencia está requiriendo grandes inversiones y presupuestos dedicados a la gestión de riesgos de todo tipo. Al interior de estos riesgos deben distinguirse los financieros de los no financieros. Dentro de los riesgos financieros se destacan: (i) los de gestión de balance, originado por el descalce del plazo de los activos y pasivos, lo cual puede derivar en riesgos de liquidez o de interés en el libro bancario; y (ii) riesgos regulatorios, que inducen a mayores costos 13 operativos, los de inversión y/o modificación del panorama competitivo. Los riesgos no financieros incluyen los relacionados con: (i) riesgo cibernético, el cual se da como resultado del hurto de los datos de clientes o de ciberataques; (ii) riesgo de contagio, referente a la posibilidad de que los malos resultados de una entidad puedan extenderse a todo el sistema financiero; y (iii) riesgos de modelo, derivados de decisiones que se basan en modelos que pueden resultar no adecuados por cuenta de la calidad de los datos, errores técnicos o uso inadecuado. Este cuarto capítulo también presenta un aporte valioso de iniciativas sobre cómo gestionar esos nuevos riesgos. Entre dichas iniciativas se destacan: (i) la digitalización de procesos centrales; (ii) los informes de riesgos mejorados; (iii) el incrementar la atención en el riesgo estratégico; (iv) el establecimiento de un programa formal de conducta y

cultura; y (v) la optimización del balance general. El quinto capítulo (realizado por Jonathan Malagón, actual Ministro de Vivienda y Profesor de la Universidad Nacional de Colombia; Carlos Ruíz Jefe de Gabinete del Ministro de Vivienda y Profesor de la Universidad Nacional de Colombia; Camilo Sánchez, vinculado Asobancaria; y César Tamayo, vinculado al BID) profundiza sobre los temas de riesgo sistémico (basándose en el apoBrtreow ndleess y Engle, 2017), con interesantes aplicaciones al caso colombiano. Allí se presenta una metodología innovadora para medir el riesgo sistémico en Colombia, así como la contribución de las diferentes entidades bancarias (a nivel individual) a dicho riesgo. Este análisis tiene la ventaja de: (i) incluir a todos los bancos (no solamente los que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia); y (ii) superar los problemas que se pueden generar por utilizar información contable de fuentes secundarias. En particular, aquí la medida de riesgo sistémico (denominada SRISK) se refiere al déficit de capital de una entidad financiera bajo un evento sistémico, ajustado por variables como el tamaño de la entidad, sus razones de apalancamiento y de solvencia (exigida por regulación), así como la caída esperada en el valor de la acción de la entidad. De esta manera, el SRISK puede entenderse como un indicador de alerta temprana, teniendo en cuenta que en caso de materialización del riesgo sistémico se interpreta como una variable proxy de las inyecciones de capital que se estarían requiriendo. Al aplicar dicha metodología de SRISK al caso colombiano, se observa cómo el riesgo

sistémico del sistema bancario ha exhibido una tendencia creciente desde el año 2015 (coincidiendo con el inicio del período de desaceleración económica ante el fin del auge minero-energético del período 2015-2017 y la implementación de las NIIF). Sin embargo, al evaluar la importancia de dicho riesgo en términos de PIB, los autores encuentran que este representa el 2.3% del PIB, cifra inferior a la ponderación del sistema financiero en la economía del 4.7% del PIB al corte de diciembre de 2017. El sexto y último capítulo (realizado por Jonathan Malagón, actual Ministro de Vivienda, y Profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y Daniel Lacouture, vinculado a Campetrol) ahonda sobre la sensibilidad del sistema financiero de América Latina ante choques externos. En particular, analiza el período 2003-2014, encontrando una “dominancia de la Balanza de Pagos” sobre el desempeño financiero bajo las nuevas 14 reglas de Basilea. Allí se realiza un ejercicio de datos panel para bancos comerciales de seis países de la región (Colombia, Chile, México, Perú, Brasil y Ecuador), donde la estabilidad financiera (variables endógenas) se evalúa en: (i) la calidad de activos; (ii) la suficiencia de capital; y (iii) el valor de mercado. Las estimaciones de este ejercicio muestran cómo los bancos comerciales todavía son sensibles a los choques externos bajo las condiciones de “dominancia de la Balanza de Pagos”. Sin embargo, dicha vulnerabilidad de los bancos se reduce entre un 10% y un 50% en los países donde se han implementado las regulaciones de Basilea II. Este resultado abre la posibilidad de continuar profundizando en el estudio de dichas

sensibilidades ante la implementación de Basilea III. En suma, este libro constituye un aporte valioso al análisis de los avances en regulación y supervisión del sector financiero de América Latina bajo Basilea III. De allí se extraen valiosas lecciones para enfrentar nuevos riesgos resultantes de las continuas innovaciones financieras, donde la revolución tecnológica-digital está en pleno desarrollo. Poco a poco ira haciendo camino un nuevo tránsito hacia lo que ahora se denomina el pre-ambulo de Basilea IV (ver The Economist, 2017). Si bien ello puede implicar algunas necesidades de capital adicional para unos bancos, el agregado bancario y el propio mercado ha celebrado el cierre de la agenda regulatoria (por el momento). Ahora queda por verse si frente a la incertidumbre global (ahora con guerra comercial abordo) esos nuevos estándares financieros resultarán suficientes para el nuevo ciclo descendente en crecimiento global que ahora se pronostica para 20192020 (ver Anif, 2018b). En el caso particular de Colombia, habrá que estar atentos a la implementación completa de Basilea III (URF, 2018) y la forma en que el mercado estará enfrentando los desafíos que implica la disrupción tecFninotelócgh ic(Anaif, d20e18l c). Todo ello bajo un panorama retador, por cuenta de: (i) una recuperación económica todavía débil, con expansiones que tan solo se acercan al 3.5% anual durante 2018-2019, lejos de alcanzar crecimientos sostenidos del 4.5% del quinquenio anterior; (ii) el deterioro en la calidad crediticia, ubicándose la relación cartera morosa/cartera total en el 5% actual (vs.

3%-4% en 2016-2017), Anif (2017a); (iii) el alto grado de apalancamiento de los hogares, el cual bordea niveles pico del 40% respecto de su ingr2e0s1o7 bd)i;s pyo n(iivb) le (Anif, los desafíos de la nueva era digital que afectan el comercio y la intermediación financiera, liderados a nivel global por Amazon, Google y Facebook, entre otros. 15 Referencias Anif (2012), “Basilea III y el Sistema Bancario de Colombia: Simulaciones sobre sus Efectos Regulatorios”, noviembre de 2012. Anif (2017a), “Dinámica crediticia rCeocmieentnatreio ”,E conómico del Día 1º de noviembre de 2017. Anif (2017b), “Apalancamiento de los hogares: debate Csoobmerenta sruio medición”, Económico del Día 16 de noviembre de 2017. Anif (2018a), “Reforma Ley Dodd-Frank: ¿ReversaC oRmeegntaurlaio Etocroianó?m”, ico del Día 26 de junio de 2018. Anif (2018b), “Regulación financiera-global y el tránsito hacia Basilea IV”, Comentario Económico del Día 17 de julio de 2018. Anif (2018c), “Servicios Financieros Digitales y sus EfecIntofosr mDies rSuepmtivaonsa”l, No. 1402 de marzo de 2018. Brownless C. y Engle R. (2017), “SRISK: a conditional capital shortfall measure of systemic risk”, European Systemic Risk Board, Working Paper Series No. 37, marzo de 2017.

Haskel J. y Westlake S. (2017), “Capitalism without Capital: The Rise of the Intangible Economy”, Princeton University, New Jersey, noviembre de 2017. Realini C. y Mehta K. (2015), “Financial Inclusion at the Bottom of the Pyramid”, FriesenPress, Victoria Canada, julio de 2015. Superfinanciera (2016). “Avances en Supervisión y Regulación del Sistema Financiero Colombiano”, presentación realizada por el Doctor Gerardo Hernández, Director de la Superfinanciera, en la Asamblea General de Anif, octubre 5 de 2016. The Economist (2017), “Basel, brushed: Supervisors declare global bank-capital standards completed”, diciembre 7 de 2017. URF (2018), “Convergencia a los requerimientos de capital de Basilea III para los establecimientos de crédito”, Documento Técnico, 2018. 16

C A P Í T U L O 1

EL FUTURO DE

LA REGULACIÓN

FINANCIERA

INTERNACIONAL

Andrés Portilla y Jaime Vázquez (IIF)1 1 El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) conserva la propiedad de todos los derechos de autor sobre el artículo.

1. Introducción Ha pasado casi una década desde el comienzo de la Gran Crisis Financiera de 2008 y el panorama regulatorio bancario internacional ha evolucionado de forma dramática.

Esto ha supuesto un desafío importante tanto para las entidades financieras como para sus reguladores y supervisores quienes han tenido que implementar, en tiempo récord, un sinnúmero de nuevas regulaciones que han influido en el modo de operar y en la estructura misma del sector financiero. Sin embargo, se puede decir con confianza que el sistema financiero ha experimentado una transformación significativa, siendo hoy más sólido y resiliente de cara a shocks futuros. La evolución de la regulación ha sido un largo proceso, el cual aún no ha terminado. Las nuevas líneas de negocio, los nuevos canales de distribución, las tecnologías modernas y el mayor número de competidores hacen que la industria se tenga que adaptar rápidamente. Con ella la regulación, para de un lado, impulsar el desarrollo y la competitividad del sector financiero, y del otro, para c