ASOBANCARIA - Vivienda Solución Integral Tomo 2

Vivienda, solución integral Vivienda, solución integralVivienda, solución integral Propuesta de una política habitacional integral, con impacto económico y social El acceso a la vivienda digna y formal depende de la combinación de tres fuentes principales de recursos: ahorro, crédito y subsidio. Los subsidios familiares de vivienda son un instrumento esencial para corregir la distancia entre los ingresos de los hogares y su capacidad de pago de una vivienda, en cuyo precio inciden las altas tasas de interés, el costo de la mano de obra, de los materiales de construcción, de los trámites y licencias, la dificultad para habilitar suelo para desarrollar los proyectos, entre otros factores. En Colombia, de acuerdo con las cifras del DANE, existen 11,2 millones de hogares no propietarios de vivienda, de los cuales cerca del 70% (7,8 millones de hogares) tienen ingresos inferiores a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV). En ausencia de subsidios de vivienda, solo aquellos con ingresos cercanos o superiores a $3,3 millones (1,9 SMMLV) podrían acceder a una vivienda de hasta 90 SMMLV ($157.500.000), es decir, una vivienda de interés prioritario (VIP). Sin embargo, la oferta de VIP es muy reducida: en 2026, con corte a abril, se iniciaron 2.342 VIP en el país. Este segmento representa el 17% de la oferta de vivienda de interés social (VIS). En conclusión, 7 de cada 10 hogares no propietarios están excluidos del mercado formal de vivienda en ausencia de subsidios. El acceso podría darse para hogares con ingresos a partir de 2 SMMLV, quienes lograrían el cierre financiero para adquisición de una VIP, las cuales

cual muestra una brecha importante entre las viviendas que se producen formalmente y los hogares que demandan vivienda, especialmente VIS. Al incrementar la producción formal de vivienda, para atender los hogares en déficit habitacional y los que se forman anualmente, se desincentiva la creación de asentamientos informales, se amplía el acceso a servicios públicos e infraestructura, se reduce la pobreza multidimensional y se incentiva el crecimiento económico. Sin embargo, para lograr estos objetivos es necesario recuperar paulatinamente los niveles de iniciaciones que tuvimos en 2021 (210 mil unidades anuales), lo cual implica iniciar la construcción de al menos 800.000 viviendas urbanas (VIS y no VIS) en el cuatrienio 2026 – 2030. Según lo expuesto, para facilitar el acceso a la vivienda, aumentar su producción formal y movilizar el empleo y la inversión, es necesario reactivar los programas de vivienda para hogares de bajos ingresos, y desarrollar instrumentos que mejoren las condiciones de financiación de los hogares jóvenes y de clase media que presentan dificultades para el pago de las cuotas del crédito hipotecario. En consecuencia, se proponen los siguientes programas: Mi Casa Ya demostró ser un programa exitoso, al facilitar el acceso a vivienda nueva formal a más de 350.000 hogares. Bajo el esquema con el cual operó desde 2015 hasta 2022, cerca del 80,8% de los hogares no propietarios con ingresos de hasta 4 SMMLV podía adquirir una VIP, lo cual contrasta con el 23,9% que logra adquirirla en ausencia de subsidios. Así mismo, Mi Casa Ya permitía que alrededor del 70% de los hogares con ingresos de hasta 4 SMMLV pudiera pagar las cuotas requeridas para la compra de una VIS de hasta 135

Si el Gobierno Nacional dispusiera recursos para asignar 300.000 subsidios, se lograría generar más de 1 millón de empleos en el sector de la construcción y se promovería una inversión total de más de $60 billones. • Eliminar el Sisbén como criterio de acceso al programa, recuperando la verificación de ingresos a través del sistema financiero, para beneficiar hogares con ingresos de hasta 4 SMMLV. • Focalizar el programa en vivienda nueva, para maximizar su impacto en la generación de empleo, la reactivación económica y la producción formal de vivienda. • Eliminar las coberturas a la tasa de interés para quienes reciben el subsidio a la cuota inicial, priorizando este último por su eficiencia para facilitar la asequibilidad a la vivienda. • Diferenciar el valor del subsidio del Gobierno Nacional, en caso de concurrencia con los de las Cajas de Compensación Familiar (CCF), de manera que los hogares con ingresos de hasta 1,5 SMMLV reciban un mayor valor que aquellos con ingresos de más de 1,5 y hasta 2 SMMLV. • Reducir al 50% el valor del subsidio para los hogares con ingresos mayores a 3 y de hasta 4 SMMLV, concentrando los recursos en los segmentos con mayores restricciones de acceso a la VIS. Tabla 1. Impactos de la segunda fase de Mi Casa Y a, con un esquema optimizado Hogares con ingresos de hasta 4 SMMLV 300.000 hogares 1.050.000 empleos 5.6875.000 empleos 700.000 empleos 250.000 hogares 200.000 hogares $11 billones $9,3 billones $7,3 billones $61,6 billones $52,1 billones $40,8 billones Población objetivo Beneficiarios Inversión pública

PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), ZOMAC (Zonas más afectadas por el conflicto armado) y/o CIPRUNNA (Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento), b) Subsidios de arrendamiento temporal: en los cuales se prioricen las mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores y otros con integrantes en condición de vulnerabilidad o discapacidad, que no tengan posibilidades de acceso al crédito y, por lo tanto, no tengan posibilidades de adquisición de una vivienda digna. De otro lado, se propone fortalecer los subsidios de arrendamiento que se otorgan a través de las Cajas de Compensación Familiar (CCF), incorporando: (i) acompañamiento en educación financiera y (ii) el reconocimiento del pago de arriendo como evidencia de capacidad de pago en la evaluación crediticia. Las mentorías integrales y de largo plazo que ofrecen algunas CCF facilitan el acceso a la vivienda, al incidir en el adecuado comportamiento financiero futuro de los hogares. Es indispensable promover el desarrollo de capacidades financieras de las familias, para lo cual las CCF cuentan con un conocimiento profundo de su población afiliada, que les permite, más allá de enseñarles a ahorrar o evaluar su capacidad de endeudamiento, implementar un modelo integral de acompañamiento para el acceso a vivienda, para entregar al sistema financiero familias mejor preparadas, con mayor capacidad para cumplir sus compromisos crediticios de forma informada y sostenible. c) Subsidios para el acceso a la vivienda rural: con el objetivo de atender el déficit de vivienda rural, que asciende a 2,4 millones de hogares, es necesario crear instrumentos que permitan el desarrollo de núcleos de vivienda formal, mediante el otorgamiento de

viene, del costo del crédito hipotecario, reflejado en las tasas de interés. En Colombia, la tasa para adquisición de vivienda se ubicó en 12% efectivo anual (marzo de 2026), frente a niveles de 6% a 8% en Panamá, 7,5% en Ecuador, 7,6% en Costa Rica y alrededor de 6% en Estados Unidos, lo que implica un mayor costo por cada peso prestado. Si bien el costo del crédito responde en gran medida a factores ajenos al sistema financiero (ej. inflación elevada, nivel y costo de la deuda del Gobierno Nacional), se pueden adoptar medidas de política pública que amplíen el acceso de los hogares al crédito hipotecario y dinamicen la inversión en vivienda, como las que se proponen a continuación. Las cuentas de Ahorro para el Fomento a la Construcción (AFC) promueven el ahorro destinado a la adquisición de vivienda. Su atractivo original radicaba en un incentivo tributario claro: los recursos depositados no hacían parte de la base gravable del impuesto sobre la renta, lo que convertía el ahorro en un beneficio directo para los hogares. Sin embargo, el incentivo fue modificado y los aportes a las cuentas AFC pasaron a tratarse como rentas exentas, sujetas a límites individuales y globales (estos últimos, en conjunto con las demás rentas exentas y deducciones). Esto eliminó su autonomía y redujo significativamente su capacidad para promover el ahorro de largo plazo. Aunque los saldos agregados en AFC se mantienen en niveles relevantes, su valor no refleja una dinámica de ahorro, sino una alta rotación de recursos. Una parte importante de los usuarios utiliza las cuentas AFC para realizar depósitos temporales para el pago de los

recursos se consideran ingresos no constitutivos de renta después de 12 meses de aportes a la cuenta, el incentivo se traduciría en un ahorro tributario de entre $2,4 y $3 millones anuales. Considerando el contexto de altas tasas de interés, se proponen los siguientes instrumentos:

2. Instrumentos para reducir las tasas de interés de los créditos de vivienda verde a) Tasa compensada, para financiar la construcción y adquisición de vivienda con certificados verdes: Las líneas de redescuento con tasa compensada permiten que un banco de segundo piso, como Findeter, financie a los intermediarios financieros a una tasa más baja, para que estos, a su vez, otorguen créditos en mejores condiciones a los hogares y constructores. Esto permite reducir la tasa de interés del crédito sin requerir subsidios, dado que los recursos son reembolsables.

Entre 2024 y 2025 Findeter destinó cerca de $2 billones a este instrumento, para otorgar una tasa compensada a los créditos de construcción y adquisición de VIS. Por lo tanto, se propone reactivar estas líneas y focalizarlas en la financiación de VIS con certificados de sostenibilidad ambiental, que acrediten estándares adicionales a los mínimos obligatorios. De esta manera, se facilitaría el acceso al crédito a la vez que se promueve la transición hacia viviendas más eficientes. El impacto de este mecanismo es directo sobre el costo del financiamiento, pues la reducción de un punto porcentual en la tasa de interés hipotecaria puede disminuir la cuota mensual en aproximadamente $70.000 mensuales para un crédito de $100 millones con plazo de 20 años. Esta reducción impacta de manera positiva la capacidad

financiamiento. Sin embargo, este beneficio perdió efectividad desde 2022, cuando se estableció, además del límite individual, uno global a las deducciones y rentas exentas. Esto reduce o elimina su impacto real para muchos hogares. Se propone restablecer la efectividad de este incentivo, excluyendo los intereses de cré- ditos de vivienda y leasing habitacional del límite global de deducciones (manteniendo su límite individual actual), de manera que el beneficio vuelva a operar de forma directa y predecible. Una persona con un ingreso de $5 millones, con un crédito de $100 millones a una tasa del 10% puede pagar cerca de $9 millones anuales en intereses en los primeros años del cré- dito. Aplicando el incentivo propuesto, con una tasa efectiva de tributación del 20%–25%, esto representaría un ahorro cercano a $2 a $2,5 millones anuales, equivalente a una reducción de aproximadamente $170.000 a $210.000 mensuales en el costo efectivo del crédito. La regulación vigente establece que las entidades financieras podrán otorgar créditos de hasta el 80% del valor de una vivienda de interés social, lo cual implica que los hogares deben tener ahorro y/o subsidios que cubran el 20% restante, sin embargo, en ausencia de subsidios familiares de vivienda, los hogares sin capacidad de ahorro no logran cubrir ese porcentaje. En consecuencia, se propone incrementar ese límite (denominado LTV) al 90 o 100% del valor de la VIS. El riesgo adicional que se generaría para el sector financiero, con esta propuesta, podría cubrirse con una garantía del Fondo Nacional de Garantías (FNG) o un producto similar, que sería obligatoria para los créditos que financien más del 80% del valor de la VIS, de

ahorro tributario para el hogar Tasa compensada para VIS nueva verde Incentivo tributario VIS verde Altas tasas de interés Promover la financiación de vivienda sostenible Extender beneficio de 5 a 10 años Crédito más barato vía Findeter u otros bancos de segundo piso Reduce $65 – $70 mil/mes por cada $100M del crédito (por cada punto de tasa) Reduce 0,9 pp de la tasa - $60 mil/mes por $100M en crédito Incentivo a los intereses hipotecarios Incentivo diluido por límites de la regulación tributaria Excluir del límite global de las deducciones y rentas exentas $170 – $210 mil/mes de ahorro Flexibilizar el monto de los créditos VIS Límite regulatorio que permite financiar hasta el 80% de la VIS Garantías que amparen el riesgo adicional cuando el LTV de los créditos VIS supere el 80% Reduce a menos del 20% el ahorro requerido por el deudor. Mejoramiento de vivienda Sustituye la garantía hipotecaria, reduciendo costos y facilitando el crédito a los poseedores. Sustituir la garantía hipotecaria por garantía del Estado, a través del FNG Reduce $1–$2 millones en costos del crédito, logrando mayor inclusión Otras medidas (operativas) Rigidez, costos y riesgo del sistema Flexibilización, digitalización, ajuste a las provisiones Reduce costos, tiempos y tasas de interés. Programa Población objetivo Beneficiarios Inversión pública

III. Nuevos modelos de negocio para el sector de la

ocasionales, según corresponda, cuando la transferencia del dominio genera una utilidad. Esto puede desincentivar a las personas naturales que estarían dispuestas a adquirir una vivienda en el país, si pueden venderla en el futuro para realizar otras inversiones. En consecuencia, se propone que la utilidad que genere la enajenación de la primera vivienda nueva, adquirida con recursos provenientes del exterior, debidamente registrada cambiariamente, no sea constitutiva de renta ni ganancia ocasional, siempre que los recursos se mantengan y se reinviertan en el país, dentro de un plazo de 2 años. • Incentivo temporal para el alquiler de las viviendas: Se propone que, durante 3 años a partir de la adquisición de la vivienda por parte de un extranjero o colombiano residente en el exterior, los ingresos por concepto de cánones de arrendamiento no sean constitutivos de renta. • Exclusión en el impuesto al patrimonio: Se propone que las personas naturales puedan excluir de la base gravable del impuesto parte del valor de una vivienda de su propiedad, aun cuando no habiten en ella, para incluir en el incentivo existente a los extranjeros y colombianos en el exterior. • Exención al impuesto de timbre nacional: El impuesto documental asociado a las escrituras de enajenación de viviendas cuyo valor exceda cerca de $1000 millones en 2026 es un desincentivo a la inversión, por lo tanto, se propone una exención del tributo en la primera adquisición de viviendas que superen ese valor, cuando se adquiera con capital proveniente del exterior, debidamente registrado como inversión extranjera directa. • Recomendar a las entidades territoriales la creación de incentivos a los impuestos

construcción de viviendas que se enajenen a extranjeros o colombianos residentes en el exterior. Tabla 6. Resumen de propuestas para la internacionalización del mercado de vivienda Tratamiento de residencia fiscal Desincentivo por implicaciones tributarias al tener patrimonio mayoritariamente ubicado en territorio nacional La compra de una vivienda no genera residencia fiscal. Mayor inversión de colombianos en el exterior Incentivo a la reinversión Incentivo al alquiler Impuesto por ganancia ocasional desincentiva compra/venta Baja rentabilidad inicial Exención de 3 años en la renta derivada del alquiler Exención condicionada a inversión debidamente registrada y reinversión en el país. Mayor rotación e inversión en vivienda Incentiva compra como inversión, para alquiler Ajuste en impuesto al patrimonio Carga fiscal para viviendas no habitadas por su propietario Exclusión parcial en la base gravable del impuesto. Reduce costo de inversión en vivienda. Altos costos de acceso a la vivienda. Eliminación del impuesto en primera compra de no residentes, cuando se realice con capital proveniente del exterior cuya inversión este debidamente registrada cambiariamente. Promueve la inversión en vivienda Exención de impuesto de timbre Incentivo a la financiación Incentivos al corretaje internacional Devolución de IVA en construcción Dificultades en el crédito para residentes en el exterior Sobrecostos en transacciones con compradores en el exterior Compensar los costos adicionales de la venta en el exterior.

formales, y alrededor del 20% de la población urbana se ubica en asentamientos informales con condiciones precarias de habitabilidad. La combinación de mayor urbanización, reducción en el tamaño de los hogares y limitaciones en la oferta de suelo urbanizable hace prever un escenario de escasez creciente de suelo, aumento en los precios de la vivienda y expansión informal, si no se adoptan medidas estructurales. Hoy, los instrumentos de planificación territorial no están respondiendo al desafío. Para 2023, cerca del 80% de los municipios del país operaba con un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) desactualizado, enfrentando, además, limitaciones técnicas, institucionales y financieras para su actualización e implementación lo cual, sumado a la existencia de múltiples instrumentos de planeación desarticulados, ha generado incertidumbre normativa y dificultades para ejecutar proyectos urbanos de largo plazo.1 Aunque las ciudades necesitan suelo para crecer de manera ordenada, convertirlo en vivienda no es sencillo. Muchas zonas con potencial de desarrollo están fragmentadas en varios propietarios, por lo que cualquier proyecto requiere acuerdos difíciles y demorados. A esto se suman restricciones ambientales, y falta de infraestructura vial y de servicios públicos. Como resultado, se reduce la oferta de suelo formal, aumentan los costos de la vivienda y se incrementan los asentamientos informales. La renovación urbana puede contribuir a mitigar estas presiones mediante un uso más eficiente del suelo ya urbanizado. Sin embargo, estos proyectos enfrentan restricciones asociadas a trámites complejos, elevados costos iniciales, largos horizontes de retorno y dificultades para integrar y gestionar múltiples predios. Finalmente, la baja productividad del sector de la construcción, asociada a la complejidad

Aumentar la oferta de suelo formal urbanizable. Reglamentar la financiación privada de cargas generales en servicios públicos Incentivo tributario para proyectos de renovación urbana Incertidumbre jurídica y riesgo para los particulares que financian cargas generales. Altos costos, riesgos y baja viabilidad financiera de proyectos de renovación urbana. Promover la transformación de zonas deterioradas de las ciudades. Destrabar proyectos detenidos por falta de infraestructura requerida. Generar incentivos urbanísticos para proyectos de renovación urbana y el reúso de edificaciones, a través de excepciones a las normas urbanísticas establecidas en los POT, Rigidez normativa para proyectos de renovación urbana. Viabilizar la estructuración y desarrollo de proyectos en áreas consolidadas Incertidumbre en adquisición de predios y derechos de los moradores Reducir conflictos y tiempos de ejecución de proyectos de renovación urbana. Reglamentar gestión predial en renovación urbana (propietarios y moradores) Precisar determinantes de ordenamiento territorial Definir incorporación de determinantes en los POT Clarificar el rol de autoridades ambientales Falta de claridad en normas de interés nacional Desarticulación entre Nación y municipios Procesos de concertación ambiental inciertos Mayor seguridad jurídica y respeto por la autonomía territorial. Mejor planificación territorial Mayor predictibilidad en la viabilización de los proyectos Propuesta Problema que resuelve Impacto esperado

V. Impulsar la competitividad del sector de la construcción La baja productividad del sector de la construcción en Colombia está asociada principalmenarmonizarlos con las exigencias de los prestadores de servicios públicos, unificar los trámites de verificación y control, definir reglas claras para la factibilidad de servicios públicos y evitar que los POT incorporen requisitos adicionales que afecten la coherencia normativa y la seguridad jurídica. • Actualizar la regulación sobre inspección, vigilancia y control en la enajenación de vivienda, para delimitar las funciones de las autoridades territoriales, con procedimientos uniformes de control y mecanismos más garantistas para la intervención de empresas enajenadoras, fortaleciendo la seguridad jurídica, la protección de los compradores y la transparencia del mercado de vivienda. • Destinar recursos para la capacitación del sector, fortaleciendo el marco legal del Fondo para la Industria de la Construcción (FIC), para garantizar la destinación efectiva de los recursos e impulsar la adecuada formación, la innovación y la productividad en la mano de obra del sector. • Escrituración electrónica, se propone regular la escrituración por medios electrónicos, para acortar los tiempos y reducir los costos de los procesos de enajenación de inmuebles, constitución de reglamentos de propiedad horizontal, entre otros.

Tabla 8. Resumen de propuestas para la competitividad del sector Simplificar trámites y regulaciones Más de 40 trámites generan costos y demoras Reducir tiempos y costos de proyectos inmobiliarios. Estandarizar reglamentos técnicos Especificar las funciones de inspección, vigilancia y control Interpretaciones diversas y exceso de reglamentación que generan reprocesos Falta de claridad en las funciones de autoridades con esas competencias. Seguridad jurídica en la vigilancia que se ejerce sobre la construcción. Mayor eficiencia y seguridad jurídica

vivienda en ausencia de subsidios. El acceso podría darse para hogares con ingresos a partir de 2 SMMLV, quienes lograrían el cierre financiero para adquisición de una VIP, las cuales tienen una oferta muy reducida en el mercado. Solo a partir de ingresos de 3 SMMLV los hogares tendrían posibilidad de cierre financiero para adquirir una VIS de 135 SMMLV. Ahora bien, para adquirir una vivienda de 150 SMMLV ($262.500.000), que es el precio tope de la VIS en las principales ciudades del país, la barrera es mayor, pues el hogar requiere un ingreso mínimo de 3,3 SMMLV ($ 5.734.716), en ausencia de subsidios de vivienda. Los subsidios cumplen una doble función: i) generan inclusión social, al facilitar el pago del precio de la vivienda a los hogares de bajos ingresos que, de otra manera no podrían adquirirla y ii) son una herramienta de reactivación económica efectiva, pues al facilitar las ventas de vivienda formal promueven la iniciación de nuevos proyectos, lo cual moviliza el empleo y la inversión.Vivienda, solución integral Lo anterior es relevante si se tiene en cuenta que, según datos del DANE, hay más de 4 millones de hogares en déficit habitacional. Además, se forman cerca de 232.000 nuevos hogares urbanos al año, de los cuales, se estima que al menos el 80% tiene ingresos de hasta 4 SMMLV. A pesar de lo anterior, se producen menos de 170.000 viviendas formales al año, lo cual muestra una brecha importante entre las viviendas que se producen formalmente y los hogares que demandan vivienda, especialmente VIS. Al incrementar la producción formal de vivienda, para atender los hogares en déficit habic) Subsidios para el acceso a la vivienda rural: con el objetivo de atender el déficit de vivienda rural, que asciende a 2,4 millones de hogares, es necesario crear instrumentos que permitan el desarrollo de núcleos de vivienda formal, mediante el otorgamiento de subsidios diferenciales y que permitan la ejecución de proyectos que tengan en cuenta las condiciones particulares de esta clase de suelo.

II. Medidas para promover el acceso a la financiación de vivienda El buen desempeño del ahorro y del crédito es esencial para el funcionamiento del mercado de vivienda, sin embargo, actualmente, ambos indicadores muestran deterioro. Mientras el ahorro como porcentaje del PIB en Colombia es del 12%, en Latinoamérica es en promedio 18% y a nivel mundial 26%. El ahorro constituye la base de la inversión productiva, por lo que bajos niveles de ahorro implican bajos niveles de inversión.Vivienda, solución integral Para 2024 la inversión como porcentaje del PIB en Colombia se ubicó en niveles mínimos (11%), por debajo del promedio de Latinoamérica (17%) y del promedio mundial (25%). Cuando el ahorro interno no es suficiente, el crecimiento económico depende del endeudamiento público o de la entrada de capital externo, lo cual se traduce en mayor volatilidad. Fortalecer el ahorro no solo es relevante para la adecuada operación del mercado vivienda, sino para la estabilidad macroeconómica.

Por el lado del crédito hipotecario, la principal limitación para el acceso a la financiación proviene, del costo del crédito hipotecario, reflejado en las tasas de interés. En Colombia, la tasa para adquisición de vivienda se ubicó en 12% efectivo anual (marzo de 2026), frente a niveles

Aunque los saldos agregados en AFC se mantienen en niveles relevantes, su valor no refleja una dinámica de ahorro, sino una alta rotación de recursos. Una parte importante de los usuarios utiliza las cuentas AFC para realizar depósitos temporales para el pago de los créditos hipotecarios y los retira en el corto plazo. Esto indica que el instrumento ha dejado de cumplir su función original de promover el ahorro y se ha convertido en un instrumento de pago con un incentivo tributario. Considerando que la inversión en vivienda se encuentra en sus niveles más bajos desde 2005, la reactivación de un instrumento que impulsa la demanda de vivienda tiene un potencial importante. Sin embargo, para que retomen su objetivo, se propone que los recursos depositados en las cuentas AFC, siempre que no excedan del 30% del ingreso laboral o tributario del año, mantengan su condición de renta exenta durante los primeros 12 meses y que aquellos que se consignen a partir del mes 13, con el mismo límite mencionado, se

1. Incentivos al ahorro destinado a vivienda, a través de las cuentas AFCVivienda, solución integral regulen nuevamente como ingresos no constitutivos de renta, retomando el beneficio para quienes ahorren para la adquisición de vivienda en el mediano y largo plazo.

Con esta propuesta, un hogar con ingresos mensuales de $5 millones que ahorre $1 millón mensual en una cuenta AFC podría reducir su base gravable en $12 millones al año. Si los recursos se consideran ingresos no constitutivos de renta después de 12 meses de aportes a la cuenta, el incentivo se traduciría en un ahorro tributario de entre $2,4 y $3 millones anuales.

reducción de un punto porcentual en la tasa de interés hipotecaria puede disminuir la cuota mensual en aproximadamente $70.000 mensuales para un crédito de $100 millones con plazo de 20 años. Esta reducción impacta de manera positiva la capacidad de pago y el acceso al crédito de los hogares. En el caso de un crédito para la adquisición de una VIS de 135 SMMLV, reducir 1 punto porcentual la tasa de interés habilita a 271.255 potenciales compradores de vivienda que actualmente no son propietarios. b) Incentivo tributario para la financiación de vivienda con certificados verdes: Para promover la financiación de vivienda con certificados de sostenibilidad ambiental, se propone extender de 5 a 10 años el incentivo tributario aplicable a los rendimientos financieros de los créditos destinados a la adquisición de VIS nueva con estándares adicionales a los mínimos obligatorios.Vivienda, solución integral

3. Incentivo tributario para quienes adquieren vivienda a través de crédito o leasing

4. Flexibilizar el monto de los créditos para VIS En un crédito de $100 millones a 20 años, la ampliación del beneficio podría generar un incentivo suficiente para reducir la tasa de interés en cerca de 0,9 puntos porcentuales al consumidor, o un alivio cercano a los $60 mil mensuales para el hogar.

Los hogares que financian la compra de vivienda pueden descontar del impuesto sobre la renta los intereses pagados en su crédito hipotecario, lo que reduce el costo efectivo del financiamiento. Sin embargo, este beneficio perdió efectividad desde 2022, cuando se estableció, además del límite individual, uno global a las deducciones y rentas exentas. Esto reduce o elimina su impacto real para muchos hogares.

cubrirse con una garantía del Fondo Nacional de Garantías (FNG) o un producto similar, que sería obligatoria para los créditos que financien más del 80% del valor de la VIS, de esta manera, los hogares adquirentes de VIS reducirían la necesidad de ahorro, sin que se genere un riesgo descontrolado para el sector financiero.Vivienda, solución integral

5. Facilidades para el otorgamiento de créditos de mejoramiento de

VIS

6. Reducción de obstáculos regulatorios a la financiación de vivienda El acceso al crédito de mejoramiento de vivienda es limitado, principalmente por la exigencia de una garantía hipotecaria, que implica que la vivienda respalde el pago del crédito.

Este requisito encarece el acceso al crédito por los costos notariales y de registro de la garantía y excluye a los hogares que no cuentan con título de propiedad. El Fondo Nacional de Garantías (FNG) cuenta con un instrumento que permite reemplazar la garantía hipotecaria en los créditos de mejoramiento de VIS, cubriendo hasta el 90% del saldo de la deuda, por lo tanto, se propone impulsar este mecanismo para que se otorguen al menos 100.000 garantías para créditos de mejoramiento. Al reemplazar la garantía hipotecaria se reducirían costos de entre $1 a $2 millones por hogar, además de disminuir el tiempo para el desembolso del crédito y permitir el acceso a hogares poseedores. Adicionalmente, al tratarse de créditos de bajo monto (en promedio $14 millones), este esquema permite ampliar la cobertura del crédito de mejoramiento con un costo fiscal bajo, que en todo caso solo sería efectivo en caso de no pago por parte del hogar. Esta propuesta es mucho más eficiente para la reducción del déficit cualitativo que los sub-

$14 millones), este esquema permite ampliar la cob