BAUTISTA, CAPACHO Y MARTINEZ - Posconflicto y violencia sexual

Posconflicto y violencia sexual La garantía de la interrupción voluntaria del embarazo en los municipios priorizados para la paz Ana Jimena Bautista Revelo Blanca Capacho Niño Margarita Martínez Osorio

DOCUMENTOS 45

DOCUMENTOS 45

Ana Jimena Bautista Revelo es abogada de la Universidad del Cauca, con especialización en derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia, y maestría en derechos humanos y democracia en América Latina de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Actualmente es estudiante de maestría de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado en organizaciones no gubernamentales y como asesora en el Congreso de la República, en temas relacionados con la defensa de los derechos humanos de las mujeres, derechos de las víctimas del conflicto armado y conflictos territoriales/ ambientales. Actualmente se desempeña como investigadora principal en Dejusticia en el área de Litigio. Sus publicaciones más recientes son: Cárcel o muerte. El secreto profesional como garantía fundamental en casos de aborto; Corazón del desafío para la paz: tierra, territorios sin violencias y participación para las mujeres; La restitución de tierras en Colombia ¿realidad o ficción? Blanca Capacho Niño es abogada de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, y cuenta con una maestría en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid, y otra en Desarrollo y Ayuda Humanitaria de La Sorbona de París. Durante ocho años laboró en el Congreso de la República en temas relacionados con los derechos y las garantías constitucionales,

organización territorial, y estrategias y políticas para la paz. Como parte de sus estudios en Desarrollo y Ayuda Humanitaria, realizó su pasantía en la sublínea de Género de Dejusticia entre abril y octubre de 2017. Margarita Martínez Osorio es filósofa e historiadora de la Universidad del Rosario. Sus intereses se centran en temas de género, teoría política y feminismos. Se desempeña como docente de la Universidad del Rosario y actualmente es investigadora del área de Género en Dejusticia. Sus más recientes publicaciones son: Cárcel o muerte. El secreto profesional como garantía fundamental en casos de aborto; Negociando desde los márgenes. La participación política de las mujeres en los procesos de paz en Colombia (1982-2016); El ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo en el marco del conflicto armado; Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: una guía para la reforma de políticas en Colombia. Posconflicto y violencia sexual La garantía de la interrupción voluntaria del embarazo en los municipios priorizados para la paz Ana Jimena Bautista Revelo Blanca Capacho Niño Margarita Martínez Osorio Documentos Dejusticia 45 POSCONFLICTO Y VIOLENCIA SEXUAL La garantía de la interrupción voluntaria del embarazo en los municipios priorizados para la paz

ISBN: 978-958-5441-33-0 Versión digital

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia Carrera 24 Nº 34-61, Bogotá, D.C.

Teléfono: (57 1) 608 3605

info@dejusticia.org http://www.dejusticia.org Este texto puede ser descargado gratuitamente en https://www.dejusticia.org Creative Commons Attribution-Non Commercial Share-Alike License 2.5.

Revisión de textos: María José Díaz Granados

Preprensa: Diego Alberto Valencia Cubierta: Alejandro Ospina Bogotá, enero de 2018

Contenido AGRADECIMIENTOS................................................................................9

INTRODUCCIÓN ......................................................................................11

Metodología de la investigación .........................................16

LA VIOLENCIA SEXUAL EN LOS MUNICIPIOS

PDET (2008-2017): DIAGNÓSTICO Y DESAFÍOS ...........................19

Precisiones metodológicas ...................................................20 Comportamiento de la violencia sexual en los municipios PDET (2008-2017) .............................................21 Conlusiones ..............................................................................27 ¿Cómo interpretar las cifras?: retos en términos de atención a víctimas de violencia sexual en los municipios PDET ...............................................................28 El continuum de violencia sexual y de género ..................29 Aumento de la violencia sexual en escenarios de posconflicto ..............................................32 Conclusiones ............................................................................34 APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE ATENCIÓN EN SALUD EN CASOS DE IVE POR VIOLENCIA SEXUAL EN ZONAS PDET .....................................................................................35 Importancia de la Resolución 0459 de 2012 ...................37 Balance de la aplicación del punto 8 del Protocolo: anticoncepción de emergencia y acceso a interrupción voluntaria del embarazo (IVE) ......38 Conclusiones ............................................................................59

RECOMENDACIONES ...........................................................................60

REFERENCIAS ........................................................................................64

ANEXOS ....................................................................................................66

Documentos Dejusticia 45 7 AGRADECIMIENTOS Durante la elaboración de esta investigación contamos con la ayuda generosa de personas a las que hoy queremos agradecer. En primer lugar agradecemos a las directoras y directores de las instituciones prestadoras de salud (IPS) ubicadas en las zonas de los proyectos de desarrollo con enfoque territorial (PDET), que contestaron a nuestra extensa solicitud de información, quienes se tomaron el tiempo necesario para responder de manera transparente a partir de su experiencia a nuestras preguntas. Queremos dar un agradecimiento especial a Angie Caicedo, pasante nacional de la sublínea de Género, y quien fue parte activa en la fase de recolección y sistematización de la información que sirvió de base para la elaboración de este documento. A Vivian Newman, María Adelaida Ceballos, Lucía Ramírez, Alejandro Jiménez, María Ximena Dávila, Diana Güiza y Valentina Roso, investigador e investigadoras de Dejusticia, quienes desde la generosidad de los saberes propios comentaron un documento previo a esta publicación y enriquecieron los argumentos que exponemos. A Elvia Sáenz, por las tareas administrativas desarrolladas, que hacen posible la existencia de este libro. Documentos Dejusticia 45 9 INTRODUCCIÓN Entre 2008 y 2017, la Fiscalía General de la Nación (FGN) registró 36.881 casos de violencia sexual ocurridos en los 170 municipios rurales priorizados para la aplicación del Acuerdo de paz en Colombia. Además de que estos municipios han mantenido tasas críticas de ocurrencia de este delito durante el periodo de tiempo señalado, la Defensoría del Pueblo, en su sistema de alertas tempranas, también ha llamado la atención sobre el alto

riesgo de violencia sexual que se ha presentado en algunas de estas zonas del país desde el momento del cese al fuego promovido en el marco del proceso de paz. ¿Se encuentra el Estado preparado para atender en salud y de manera integral a las víctimas de violencia sexual en estos territorios que históricamente han tenido precaria presencia institucional? ¿Cuál es la capacidad institucional de estos municipios para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a aquellas mujeres víctimas que solicitan acceder a este derecho? ¿Qué factores se deben tener en cuenta para prevenir que los índices críticos de violencia sexual se sigan manteniendo o aumenten en estos territorios? El presente documento tiene por objetivo abordar estas preguntas, al evaluar cómo ha sido la aplicación del Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual en los 170 municipios priorizados para la implementación de la reforma rural integral (RRI) del Acuerdo de paz; nos concentraremos, particularmente, en las posibilidades de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en estas zonas del país. La RRI consagrada en el Acuerdo de paz, además de plantear un proceso de democratización de acceso a la tierra, considera dentro de sus principios la necesidad de crear once planes nacionales dirigidos a proveer bienes y servicios públicos en las zonas rurales del país. Como Documentos Dejusticia 45 11 parte de esto, el Plan Nacional de Salud Rural debe tener en cuenta los requerimientos en salud para las mujeres de acuerdo con su ciclo vital, incluidas medidas en materia de salud sexual y reproductiva, y en atención psicosocial (Gobierno Nacional de Colombia y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 2016). En este escenario, en el Plan Nacional de Salud Rural, las víctimas de violencia sexual, en particular las mujeres, encuentran una alternativa para garantizar su efectiva atención y para dar los primeros pasos en el diseño de una estrategia de prevención que tenga en cuenta las particularidades regionales. Para la materialización de los Planes asociados a la Reforma Rural Integral, el Acuerdo establece la priorización de 170 municipios del país a través de la elaboración de los denominados proyectos de desarrollo con enfoque territorial (PDET).1 Los PDET son territorios que tienen cuatro características: i) presentan mayores niveles de pobreza, pobreza extrema y necesidades básicas insatisfechas; ii) han sufrido mayores afectaciones derivadas del conflicto armado; iii) tienen una mayor debilidad institucional administrativa y de capacidad de gestión, y iv) tienen presencia de cultivos de uso ilícito. En conjunto, los 170 municipios PDET quedaron distribuidos en 16 regiones, las cuales no siguen la lógica de organización departamental, sino que agrupan a los municipios de acuerdo a sus afinidades socio-económicas y culturales. El mapa 1 muestra la distribución de las distintas regiones PDET. Dadas las características que comparten los municipios incluidos en los PDET –que van desde la pobreza histórica, hasta la continuada presencia de actores armados y economías ilegales en los territorios–, la aplicación de los planes nacionales –en especial del plan de salud rural– enfrenta, al menos, tres retos en materia de construcción de Estado y acceso a derechos. En primer lugar, implica avanzar en el fortalecimiento del Estado en las zonas rurales. Este aspecto es vital si se considera la menor capacidad histórica de presencia estatal en estos territorios, en los cuales las instituciones tienen una competencia crítica y baja para cobrar impuestos, y para brindar justicia y salud (García Villegas, Torres, Revelo, Espinosa y Duarte, 2016). En segundo lugar, supone mejorar las condiciones vida de la población rural. La Misión para la Transformación del Campo, del Departamento Nacional de Planeación (DNP) resalta que existe una brecha en materia de pobreza extrema y multidimensional entre las zonas rurales 1 Decreto 893 de 2017, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 12 Posconflicto y violencia sexual Mapa 1 Regiones PDET Pacífico y Frontera Putumayo Nariñense Sierra Nevada Perijá Sur de Córdoba Cuenca del Caguán y Montes de María Piedemonte Caqueteño Catatumbo Macarena Guaviare Arauca Pacífico Medio Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño Sur del Tolima Norte del CaucaAlto Patía Chocó Urabá Antioqueño Sur de Bolivar FUENTE: Agencia de Renovación del Territorio, 2017. Documentos Dejusticia 45 13 y urbanas, que se refleja especialmente en el acceso precario a determinados derechos y servicios, como el de la atención en salud. Así, por ejemplo, el 89 % de la población rural es pobre o vulnerable (Ocampo, 2015). En tercer lugar, fortalecer el Estado en los municipios PDET es una tarea que también debería pasar por lograr la aplicación del enfoque de

género en todos los procesos institucionales. Este objetivo parte de reconocer que han sido las mujeres rurales quienes han estado expuestas a condiciones de mayor vulnerabilidad en términos económicos, y a padecer los efectos diferenciados del conflicto armado.2 En este sentido, el propio Acuerdo de paz menciona que “para garantizar una igualdad efectiva se requiere adelantar medidas afirmativas que respondan a los impactos desproporcionados que ha tenido el conflicto armado en las mujeres, en particular la violencia sexual” (Gobierno Nacional de Colombia y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 2016). Con respecto a esto, la atención en salud para víctimas de violencia sexual, y el acceso a la IVE por parte de mujeres víctimas que lo soliciten, son procesos indispensables que se deben movilizar, como una de las garantías para la paz en los municipios del país más afectados por el conflicto armado y por el abandono estatal. En el marco de estos tres retos, el Programa de Salud Rural adquiere una importancia central para las mujeres rurales de los territorios PDET, en particular, para aquellas que han sido víctimas de violencia sexual. El Programa no solo abre la posibilidad de diseñar estrategias para que las víctimas puedan acceder a sus derechos sexuales y reproductivos –entre ellos a la IVE– de manera oportuna y en buenas condiciones, sino que, además, puede brindar las condiciones para establecer mecanismos concretos de prevención para que la violencia sexual no siga ocurriendo y no aumente en el escenario de posconflicto. Por una parte, el análisis de la literatura comparada muestra que, en

varios escenarios, la violencia sexual tiende a incrementarse en el posconflicto. Así lo ha señalado la Defensoría del Pueblo cuando afirma que “[la violencia sexual] requiere especial atención en el marco del proceso de posacuerdo, en la medida en que puede exacerbarse como forma de control de la población o en la disputa de los actores armados por el reposicionamiento y el dominio territorial de espacios en donde estaban las FARC” (Colprensa, 2017). En consecuencia, este documento pretende ser un llamado de alerta ante el posible incremento del riesgo de violencia 2 Corte Constitucional, Sentencia SU-426 de 2016, M. P. María Victoria Calle. 14 Posconflicto y violencia sexual sexual, y ante los mecanismos que el Estado debe preparar y disponer para prevenir este tipo de hechos y para atender a las ya víctimas de este delito. Por otra parte, el plan de salud rural también involucra retos en materia de salud sexual y reproductiva y, de manera específica, en lo que se refiere a las garantías para el goce efectivo del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Han pasado diez años desde la expedición de la Sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en tres circunstancias específicas, y que consagró la IVE en dichos casos como un derecho fundamental. Actualmente, es posible afirmar que en Colombia se ha construido un marco jurídico relativamente estable, conformado especialmente por sentencias de la Corte Constitucional, pero también por actos administrativos del Poder Ejecutivo, que señalan requisitos de acceso y medidas de atención

en casos de IVE, y que resuelven aspectos que en algún momento fueron objeto de controversia, como la objeción de conciencia o los derechos de menores de edad y de personas con capacidades diferenciadas. En términos generales, se puede decir que este marco jurídico ha fijado un verdadero estándar en materia de acceso y atención en salud en los tres casos de IVE despenalizados por la Corte (Dalén, Guzmán y Molano, 2013). Para el caso de las víctimas de violencia sexual, el marco jurídico en materia de interrupción del embarazo ha sido recogido en la Resolución 0459 de 2012 del Ministerio de Protección Social, que adopta el Protocolo y Modelo de Atención Integral de Salud para Víctimas de Violencia Sexual. Sin embargo, la materialización de este Protocolo y, en particular, del acceso al derecho a la IVE, enfrenta fuertes barreras sociales, económicas y culturales. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres afirma que dichas barreras podrían ser clasificadas en tres grandes ejes: i) desconocimiento legal del derecho a la IVE, ii) interpretación restrictiva del marco legal y iii) fallas en la prestación del servicio de salud (Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, 2017). Estos obstáculos para acceder de manera oportuna y en buenas condiciones a la IVE tienen un comportamiento diferenciado en las zonas urbanas y en las zonas rurales del país. Así, por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, al momento de indagar por el conocimiento que tienen las personas acerca de la despenalización

parcial del aborto y de las tres circunstancias específicas, se encontró que este es mayor en zonas urbanas en una relación del 60,4 % frente al 51,6 % de las personas encuestadas (Ministerio de Salud y Profamilia, 2016, p. Documentos Dejusticia 45 15 223). Pese a estos datos, el conocimiento con que cuenta el país sobre la dinámica de las barreras de acceso a la IVE en las zonas rurales es aún deficitario, por lo que este texto pretende ser un acercamiento preliminar a este fenómeno. Así las cosas, el presente documento busca aportar a dos grandes objetivos del contexto colombiano actual: en primer lugar, pretendemos contribuir a la construcción de paz con diagnósticos y propuestas que puedan dar cuenta de algunos de los retos que implica el momento transicional que atraviesa Colombia desde la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. En segundo lugar, pretendemos contribuir a avanzar en la materialización de los derechos sexuales y reproductivos en el país y, en especial, de la interrupción voluntaria del embarazo. Estos objetivos no son entendidos de manera desarticulada; por el contrario, los pensamos como estrechamente vinculados, pues ambos involucran la posibilidad de construir Estado y mejores condiciones de vida en aquellas regiones rurales que han estado más azotadas por el conflicto armado y la pobreza. El texto consta de dos capítulos. El primero se propone indagar por el comportamiento del delito de violencia sexual en los 170 municipios que componen las regiones PDET durante los años 2008 y 2017. Todo ello, con el fin de determinar cuáles han sido los municipios y las regiones en

los que la presencia de este delito ha sido más alta y extendida, y poder así establecer alertas sobre los posibles incrementos de la violencia sexual en el posconflicto colombiano. Esta última reflexión la construiremos a partir de revisión bibliográfica de experiencias comparadas de posconflicto. En el segundo capítulo se presenta un primer balance sobre la aplicación efectiva de los estándares en materia de atención a las víctimas de violencia sexual, especialmente frente a los casos de IVE y a la anticoncepción de emergencia, en aquellas zonas rurales del país en donde se desarrollan los denominados PDET. Con este análisis esperamos contribuir al reto de la construcción de la paz, especialmente para las mujeres rurales, lo cual implica mejores condiciones de salud sexual y reproductiva. Metodología de la investigación En aras de dar cuenta de la dinámica de la violencia sexual en los territorios PDET en los últimos años, acudimos a la recopilación, sistematización, triangulación y análisis de información oficial, concretamente de las 16 Posconflicto y violencia sexual noticias criminales de delitos de violencia sexual de la Fiscalía General de la Nación, de los exámenes médico-legales en casos de violencia sexual del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), y de los casos de violencia sexual reportados por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo. El periodo cubierto por los datos suministrados por la Fiscalía es de 2008 a 2017; esta información se encuentra desagregada por año y por municipio. Los datos de la revista Forensis, de Medicina Legal, cubren el año 2015 y se encuentran desagregados por municipio, sexo y edad, por lo que nos permiten examinar cómo fue, en ese año, el comportamiento de la violencia sexual en relación con el género. Finalmente, el SAT de la Defensoría se remite al periodo de 2016 a

2017. De esta manera, el primer capítulo del documento busca dar cuenta de los casos de violencia sexual registrados en los municipios PDET durante los últimos diez años (2008-2017), y mostrar en cuáles de estos lugares se han identificado alertas de violencia sexual durante el 2017.

Las cifras de violencia sexual con las que contamos no determinan el actor perpetrador del delito. En este sentido, los casos reportados pueden ser de violencia sexual en el marco del conflicto armado, así como en los escenarios de no guerra. Las alertas tempranas de la Defensoría sí se refieren a casos de violencia sexual perpetrados por actores armados después del proceso del cese al fuego establecido en el Acuerdo de paz. Por otro lado, para la construcción del segundo capítulo, en el que presentamos un balance entre el estándar establecido en materia de atención en salud, concretamente frente a IVE y anticoncepción de emergencia en caso de víctimas de violencia sexual, y su efectiva aplicación por parte de las IPS en las zonas PDET, rastreamos las IPS con presencia en los 170 municipios en donde se desarrollan los PDET. En esta labor identificamos 1.134 IPS de carácter público y privado presentes en estos municipios; de ellas, seleccionamos aquellas que podrían estar en capacidad de prestar servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo, y procedimos a tomar una muestra aleatoria correspondiente a 234 IPS presentes en las 16 zonas PDET. A cada una de estas IPS le enviamos una amplia solicitud de información sobre IVE y anticoncepción de emergencia frente a víctimas de violencia sexual (ver anexo 1). De la totalidad de peticiones enviadas, la oficina de correos devolvió 21, argumentando que la dirección suministrada –la cual había sido tomada de la información pública del Ministerio de Salud y Protección Documentos Dejusticia 45 17 Social3– no era suficiente para hacerla llegar a su destinatario. Finalmente, de las 213 peticiones efectivamente enviadas solo logramos obtener la respuesta de 30 IPS, de las cuales 3 son indígenas.4 En cuanto al nivel de atención, 23 de las 30 IPS son de primer nivel, 3 se encuentran dentro del tercer nivel de atención y 4 de ellas son de segundo nivel.5 En relación con su ubicación, las 30 IPS están en 29 municipios del país, 9 de ellas se encuentran localizadas en la zona PDET del Alto Patía, norte del Cauca; 5 en la zona PDET Sierra Nevada Perijá; 4 se encuentran en la zona PDET Bajo Cauca y nordeste antioqueño; 3 están en la zona PDET cuenca del Caguán y piedemonte caqueteño; 2 se encuentran en la zona PDET Montes de María; 2 más en la zona PDET sur de Bolívar. Las otras 6 IPS analizadas están ubicadas en las zonas PDET de Arauca, Urabá antioqueño, Pacífico medio, Catatumbo, sur de Tolima y Putumayo. En total contamos entonces con información de 11 de las 16 regiones PDET.

Las respuestas entregadas por las IPS fueron sistematizadas y analizadas, y son el principal insumo para la elaboración del segundo capítulo, en el que contrastamos las disposiciones del Protocolo y Modelo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual con las respuestas dadas por las IPS. Frente a las IPS de las que obtuvimos respuesta es preciso hacer dos aclaraciones: en primer lugar, no pudimos obtener información de todas las IPS correspondientes a la muestra representativa; las dificultades para transportar por correo los derechos de petición, junto con la información desactualizada, fueron factores que no nos permitieron contactar a las IPS que constituían el número de la muestra. Por esta razón, la información con la que contamos no es representativa y no es concluyente frente a la situación de atención a víctimas de violencia sexual en los municipios 3 La información de las IPS se tomó de la siguiente página del Ministerio de Salud y Protección Social: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. Sobre este punto es preciso mencionar que varias de las referencias que proporcionan la información sobre las IPS con presencia en los municipios están desactualizadas en la base de datos del Ministerio de Salud. Esto dificultó el trabajo investigativo, pues no pudimos contactar a varios hospitales por esta razón. 4 Teniendo en cuenta que el propósito de este estudio no es generar investigaciones disciplinarias contra las instituciones prestadoras de salud que respondieron de manera sincera a nuestra solicitud de información, en el documento que se presenta se anonimizan sus nombres. 5 Según la Resolución 5261 de 1994, los servicios tienen niveles de responsabilidad y de complejidad de la atención en salud. Ver http://www.

renovacionmagisterial.org/boletin/boletin23/sa2.pdf 18 Posconflicto y violencia sexual PDET. En segundo lugar, la anterior situación pone en evidencia la precariedad para acceder a muchos de los municipios PDET, pues la falta de vías y canales de comunicación es muestra de las dificultades en términos de infraestructura y de acceso que son propias de municipios que han estado históricamente aislados de los centros del país y que han padecido de manera sistemática el conflicto armado colombiano. En este contexto podemos pensar que las IPS con las que pudimos contactarnos son aquellas que, dentro de la totalidad de municipios PDET, cuentan con mejores condiciones de infraestructura y recursos para conectar con el centro del país. Así, a pesar de no ser una muestra representativa, estas IPS pueden llegar a ser una muestra más “optimista” con relación a las IPS de los otros municipios, de tal manera que podemos pensar que la situación de aquellos a los que no pudimos acceder es mucho más precaria. Finalmente, quisiéramos hacer un llamado a quienes lean este documento: la reflexión que proponemos aquí está construida eminentemente por cifras. Tal y como lo señala Juan Pablo Aranguren (2016), aunque las cifras son importantes porque sacan a la luz la sistematicidad y dimensión de ciertos tipos de delitos o conductas violentas, detrás de cada uno de esos números hay historias de dolor, victimización y resistencia que están lejos de reducirse a las cifras y que, de hecho, pueden llegar a ocultarse en razón de ellas. Por este motivo esperamos que quienes se acerquen al documento puedan hacerlo teniendo presentes las historias detrás de él

y considerando que cada número encarna una vida y un cuerpo afectado por un delito que no ha dejado de ocurrir en Colombia y para el cual aún no tenemos respuestas institucionales fuertes y suficientemente dignas. LA VIOLENCIA SEXUAL EN LOS MUNICIPIOS PDET (2008-2017): DIAGNÓSTICO Y DESAFÍOS Este capítulo se propone estudiar el comportamiento de la violencia sexual en los 170 municipios que actualmente forman parte de los PDET, durante el periodo que comprende los años de 2008 a 2017. En primer lugar, proporcionaremos cifras respecto a los casos de violencia sexual registrados en la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación, a los casos identificados en la revista Forensis, de Medicina Legal, y a los casos de violencia sexual registrados en el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo. En la segunda parte, con base en el análisis de las cifras anteriores, y a partir de la revisión de literatura comparada, estudiaremos cuáles son los principales Documentos Dejusticia 45 19 retos de la prevención y la atención a víctimas de violencia sexual en zonas de posconflicto. Precisiones metodológicas Para la elaboración del presente capítulo contamos con tres fuentes de información principales: en primer lugar, la base de datos disponible en línea del SPOA nos permitió acceder a la información sobre conductas delictivas de violencia sexual perpetradas en cada uno de los municipios PDET durante los años comprendidos entre 2008 y 2017.6 Con base en esta información construimos una base de datos que cubre el periodo de

los años 2008 a 2017. Para cada uno de estos años determinamos la tasa de violencia sexual por cada 100.000 habitantes en los 170 municipios que conforman las zonas PDET, lo que nos permitió establecer un promedio de cuáles son los municipios con una tasa de violencia sexual nula (0 casos por año), baja (entre 1 y 10 casos), media (entre 11 y 50 casos), alta (entre 51 y 100 casos) y muy alta (más de 100 casos). Construimos esta categorización con el fin de, en el rango de casos de violencia sexual registrados en esta base de datos, identificar las diferencias del comportamiento de este delito en los distintos municipios. En segundo lugar, a partir de las cifras proporcionadas en el número correspondiente a 2015 de la revista de Medicina Legal, Forensis, construimos una base de datos que contiene información sobre el número de exámenes médico-legales por presunto delito sexual practicados durante 2015 en los municipios pertenecientes a las zonas PDET. Esta información se encuentra desagregada por sexo y por edad. Para estas cifras utilizamos el mismo parámetro de medida de la primera base de datos –el cual oscila entre 0 y más de 100 casos– y lo aplicamos a: i) casos de violencia sexual en general, ii) casos de mujeres víctimas y iii) casos de hombres víctimas. Finalmente, cruzamos las anteriores bases de datos con la información proporcionada por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, el cual monitorea y evalúa las situaciones de riesgo de la población civil en los municipios afectados por el accionar de los actores armados. De estos informes desagregamos los casos correspondientes a riesgo de violencia sexual en los municipios PDET y los cruzamos con las anteriores bases de datos. 6 A partir de la información del SPOA, desagregamos aquellos delitos relacionados con violencia sexual contenidos en los títulos “Delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales” y “Delitos contr