CAF - Marco estratégico de seguridad y justicia para el desarrollo

— Marco estratégico de seguridad y justicia para el desarrolloMarco estratégico de seguridad y justicia para el desarrollo Editor: CAF — banco de desarrollo de América Latina y el Caribe Este documento ha sido publicado bajo la Presidencia Ejecutiva de Sergio Díaz-Granados Unidad de Seguridad, Justicia y Gobernanza para el Desarrollo Autores: Lea Giménez, Carlos Charme, Lucía Dammert, Jorge Srur, Juan Carlos Pinzón

Gestión editorial: Dirección de Comunicación Estratégica de CAF Diseño gráfico

Estudio Bilder / Buenos Aires © CAF 2025 Las ideas y planteamientos contenidos en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores y no comprometen la posición oficial de CAF. Los términos empleados y la presentación de los datos que en ella aparecen no implican toma alguna de posición por parte de CAF en cuanto al estatuto jurídico de los países, territorios, ciudades o regiones ni respecto de sus autoridades, fronteras o límites. Acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (CC-BY-NC-ND 4.0). Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/El crimen, la violencia y la inseguridad son importantes limitantes del desarrollo sostenible e inclusivo de América Latina y el Caribe. El abordaje de estos flagelos es de carácter multidimensional y multinivel ya que demanda políticas públicas activas y coordinadas en diversas áreas. Dada la reciente escalada de la acción regional de la delincuencia organizada transnacional ha sido señalada como la principal amenaza a la democracia. Además, es un peligro significativo ya que no solo genera altos niveles de violencia e inseguridad, sino que corroe a las instituciones

delincuencia organizada transnacional ha sido señalada como la principal amenaza a la democracia. Además, es un peligro significativo ya que no solo genera altos niveles de violencia e inseguridad, sino que corroe a las instituciones del Estado, ocasiona la pérdida del control territorial, tanto en zonas rurales como urbanas, y contribuye al debilitamiento del Estado de derecho, generando inestabilidad social y política. El crimen, en todas sus formas, obstaculiza el logro de la misión CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— de acelerar el crecimiento sostenible e inclusivo en sus países miembros. Este marco de trabajo estraté - gico delinea los conceptos básicos que deben guiar las intervenciones de CAF en cuanto a la temática de seguridad para el desarrollo regional; al hacerlo, se alinea a los tratados internacionales a los que suscriben sus países miembros, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas y los esfuerzos de otros organismos multilaterales en el combate del crimen y el delito. El enfoque multidimensional del presente marco reconoce la naturaleza compleja de la seguridad, que exige políticas amplias y coordinadas en múltiples sectores y niveles que van más allá del ecosistema tradicional de seguridad y ponen al ciudadano al centro de los esfuerzos. Se propone impulsar políticas públicas y programas de prevención, desarrollo humano, desarrollo urbano y fortalecimiento institucional para consolidar el Estado de derecho. El enfoque multinivel del marco promueve la colaboración entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado para una respuesta integral. Asimismo, demanda la colaboración transnacional.

institucional para consolidar el Estado de derecho. El enfoque multinivel del marco promueve la colaboración entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado para una respuesta integral. Asimismo, demanda la colaboración transnacional. La propuesta de este documento promueve el trabajo en red que conecte a diferentes actores para mejorar la comprensión de las dinámicas de riesgo y crear un sistema de respuesta robusto. En línea con la Estrategia Institucional (2022-2026) —marco de referencia que guía la acción de CAF — y con la experiencia acumulada por el banco, por otros organismos de cooperación internacional y por los países de la región, la temática de seguridad hace parte de la iniciativa transversal de fortalecimiento institucional.— Prólogo América Latina y el Caribe vive hoy una escalada de inseguridad sin precedentes. Los altos niveles de criminalidad y el deterioro de la seguridad constituyen no solo una amenaza cotidiana —una suerte de lotería perversa en la que nadie sabe qué podría ocurrirle al salir a la calle—, sino una trampa estructural en materia de desarrollo. Estamos frente una ecuación peligrosa y persistente, configurada por bajos niveles de crecimiento, desigualdad, poca confianza institucional y expansión de los mercados criminales. Nuestra región tiene el desafío de superar con éxito una triple transición verde, digital y energética, con marcado énfasis en el desarrollo humano. Para retomar la senda del crecimiento y no quedarnos rezagados frente al curso de la historia, debemos resolver una serie de factores estructurales —un vaso medio vacío— que nos aquejan. Se trata de cinco elementos entre los que se encuentran el estancamiento de las clases medias y el aumento de

historia, debemos resolver una serie de factores estructurales —un vaso medio vacío— que nos aquejan. Se trata de cinco elementos entre los que se encuentran el estancamiento de las clases medias y el aumento de la pobreza como una consecuencia de bajos niveles de crecimiento económico y una reducida inversión privada y pública; nuestra alta vulnerabilidad frente al cambio climático; los retos derivados de la transición energética; la erosión de las instituciones democráticas; y, por supuesto, el deterioro de la seguridad. Sin seguridad no es posible el desarrollo, y sin desarrollo no hay seguridad. El crimen, la violencia y la sensación de inseguridad limitan el desarrollo sostenible e inclusivo de América Latina y el Caribe. Debemos abordar el crimen organizado con una estrategia integral que se enfoque en la represión del delito, pero que también promueva la prevención y la inclusión social como palancas para movilizar el cierre de brechas y el progreso. El trabajo en torno a la estrecha correlación entre la seguridad y el desarrollo no es nuevo para CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe. Nuestro Reporte de Economía y Desarrollo (RED) del año 2014 abordó esta problemática. Aún antes de que Naciones Unidas adoptase los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), CAF estaba pensando en la importancia de la seguridad para el desarrollo. En el presente —en línea con el ODS 16 sobre paz, seguridad y gobernanza— este trabajo adquiere una importancia cada vez mayor. La cotidianidad del ciudadano latinoamericano y caribeño parece cada vez más marcada por la inminencia de ser la siguiente víctima. La criminalidad amenaza la seguridad

trabajo adquiere una importancia cada vez mayor. La cotidianidad del ciudadano latinoamericano y caribeño parece cada vez más marcada por la inminencia de ser la siguiente víctima. La criminalidad amenaza la seguridad ciudadana y los derechos de propiedad, al tiempo que impacta las decisiones de inversión privada. También afecta la acumulación del capital humano y la participación en el mercado laboral, dos elementos que inciden tanto la productividad como los ingresos. Promover el desarrollo sostenible en línea con la seguridad en nuestros países equivale a salvar vidas. Se trata de un imperativo ético y un mandato ciudadano. América Latina y el Caribe es considerada la región más violenta del mundo. Pese a concentrar solo el 9 % de la población mundial, en nuestra región se comete casi la tercera parte de los homicidios cometidos en el planeta. Adicionalmente, 43 de las 50 ciudades más inseguras y 17 de los 20 países con las tasas de homicidios más altas del mundo están en la región. Por otra parte, se registran cifras alarmantes en materia de violencia sexual: 1 de cada 3 mujeres en la región ha experimentado o experimentara violencia sexual en su vida. En este escenario, exacerbado por la pandemia, los ciudadanos más vulnerables ven a las economías criminales como oportunidad. De los 15 mercados criminales mundiales, 12 son liderados por la región, y son los más de 30 millones de ‘ninis’ —los jóvenes que no trabajan ni estudian— el público objetivo de las redes criminales. En CAF tenemos el compromiso de contribuir al desarrollo sostenible y a la integración regional, impulsando una gobernanza democrática sólida y sostenible que promueva

dian— el público objetivo de las redes criminales. En CAF tenemos el compromiso de contribuir al desarrollo sostenible y a la integración regional, impulsando una gobernanza democrática sólida y sostenible que promueva la consolidación del Estado de derecho. Trabajamos hombro a hombro con nuestros países socios, sus gobiernos nacionales y locales, autoridades, líderes, gremios y sociedad civil. Estamos poniendo a su disposición nuestro conocimiento, experiencia y un sólido músculo financiero.La acción de CAF en materia de seguridad propone un enfoque basado en tres principios rectores. El primer tiene carácter multidimensional, reconociendo la naturaleza compleja y multicausal de la inseguridad y la criminalidad. Abordar este fenómeno requiere de políticas amplias y coordinadas en sectores que van más allá de ecosistema tradicional de seguridad y que ponen en el centro al ciudadano, su realidad y sus derechos. El segundo es multinivel, con el objetivo de promover la colaboración entre diferentes niveles de gobierno, partiendo de lo local a lo nacional y transnacional. A ello se suma el tercero, que contempla el trabajo en redes, el cual es clave para una colaboración entre Estado, sociedad civil, sector privado y academia con miras a construir mayor resiliencia económica, política, social e institucional contra la inseguridad. Dos ejes trasversales respaldan esta acción. Por un lado, la información y la evidencia, las cuales impulsan la generación de datos, evaluación de programas y la promoción de políticas basadas en evidencia. Y, por otro, la buena gobernanza orientada a la coordinación, rendición de cuentas, participación ciudadana y gobernanza participativa.

ción de datos, evaluación de programas y la promoción de políticas basadas en evidencia. Y, por otro, la buena gobernanza orientada a la coordinación, rendición de cuentas, participación ciudadana y gobernanza participativa. La estrategia que presentamos en este documento refleja una preocupación creciente en la región y un compromiso desde CAF para atender ese desafío con conocimiento, iniciativas proyectadas en el tiempo y financiación oportuna. Una problemática compleja y cambiante requiere respuestas ambiciosas, flexibles e innovadoras. Ese es nuestro compromiso como banco de desarrollo de América Latina y el Caribe. Sergio Díaz-Granados Presidente ejecutivo de CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— Agradecimientos Este documento fue elaborado por la Unidad de Seguridad, Justicia y Gobernanza para el Desarrollo (OPE/USJGD). El equipo a cargo de la redacción estuvo integrado por: Lea Giménez, asesora de la Presidencia Ejecutiva (OPE), Carlos Charme, ejecutivo principal (USJGD); Lucia Dammert, consultora sénior de Seguridad y Justicia (USJGD); Jorge Srur, gerente regional del Sur; y Juan Carlos Pinzón, consultor sénior de Seguridad (OPE). El contenido se enriqueció con múltiples rondas de discusión y aportes de colegas de diversas áreas del banco. Se reconoce especialmente el tiempo dedicado por: Lina Mondragón (ex asesora de la OPE), Pablo Terrazas (jefe de gabinete de la Presidencia Ejecutiva), Alejandra Claros (secretaria general), Samya Paiva (gerenta corporativa de Riesgos), Jorge

reconoce especialmente el tiempo dedicado por: Lina Mondragón (ex asesora de la OPE), Pablo Terrazas (jefe de gabinete de la Presidencia Ejecutiva), Alejandra Claros (secretaria general), Samya Paiva (gerenta corporativa de Riesgos), Jorge Silva (consultor jurídico), Iván Haas (director sénior, Auditoría General), Ángel Cárdenas (gerente de Desarrollo Urbano, Agua y Economías creativas), Ana María Baiardi (gerenta de Género, Inclusión y Diversidad), Pablo Bartol (gerente de Desarrollo Social y Humano), Julián Suarez (representante en Chile), Stacy Richards-Kennedy (gerenta regional del Caribe y representante en Barbados), Alejandra Botero (gerenta de Planeación e Impacto al Desarrollo), Verónica Frisancho (gerenta de Conocimiento), Jaime Holguín (asesor de la Presidencia Ejecutiva), Mónica Obando (directora Capital Humano), Emil Rodriguez (director de Habitat y Movilidad Sostenible) Daniel Ortega (director Aportes al Desarrollo y Medición de Impacto), y Jaime Fajardo (Ejecutivo principal, Oficina de Ejecución). De igual forma, agradecemos la orientación y el respaldo de los vicepresidentes: Christian Asinelli (vicepresidente corporativo Programación Estratégica), Gianpiero Leoncini (vicepresidente ejecutivo), Gabriel Felpeto (vicepresidente de Finanzas) y Antonio Silveira (vicepresidente del Sector Privado). Finalmente, extendemos un reconocimiento especial a los revisores cuyos aportes y análisis enriquecieron significativamente este trabajo: Gaston Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Trasnacional de la OEA (DDOT), Rodrigo Ubilla, ex subsecretario del Interior de la República de Chile y académico de la

significativamente este trabajo: Gaston Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Trasnacional de la OEA (DDOT), Rodrigo Ubilla, ex subsecretario del Interior de la República de Chile y académico de la Universidad San Sebastián, Jairo García Guerrero, secretario de Seguridad y Justicia de Cali - Alcaldía de Cali, Colombia, y Juan Londono, (ejecutivo sénior de Programación Estratégica de CAF).— Contenido Abreviaturas y siglas — 10 Resumen ejecutivo — 11 El crimen y la violencia en América Latina y el Caribe — 14 Contexto regional — 14

Estado de situación: indicadores clave de crimen y seguridad en la región — 21

Crimen organizado transnacional — 35 Costos medibles del delito en la región — 42 Ecosistema institucional de justicia y seguridad — 45 Estado de derecho, confianza ciudadana y desempeño institucional en justicia y seguridad — 45 Prevención y protección — 51 La acción de las policías, la investigación criminal y el combate a la delincuencia organizada transnacional — 54 Sistema de justicia — 59

Ejecución de la pena: sistemas penitenciarios — 60

Apoyo y rehabilitación: asistencia a víctimas y reinserción de infractores — 62

Análisis estratégico: importancia de los ejes transversales de información y evidencia, de ejecución y gobernanza — 63

Hacia un ecosistema de justicia robusto y coordinado — 64 Lecciones aprendidas en materia de seguridad — 65 Prevención — 66 Policías e investigación criminal — 67 Sistema de justicia — 69 Sistema penitenciario — 69 Apoyo y rehabilitación — 70 Ampliación del foco estratégico y operativo del sector de seguridad y justicia — 72

Prevención — 66 Policías e investigación criminal — 67 Sistema de justicia — 69 Sistema penitenciario — 69 Apoyo y rehabilitación — 70 Ampliación del foco estratégico y operativo del sector de seguridad y justicia — 72 Principios rectores del enfoque estratégico y operativo ampliado del sector de seguridad y justicia — 72 Áreas de intervención y ejes transversales de acción del enfoque estratégico y operativo ampliado del sector de seguridad — 74 Ejes transversales — 75 Áreas de intervención del enfoque estratégico — 77 Conclusiones — 82 Bibliografía — 85 Anexos — 90 Anexo 1 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y tratados internacionales (TI) vinculados al sector de la seguridad — 90 Anexo 2 Actualización de la Estrategia CAF de Seguridad Urbana — 93— Abreviaturas y siglas ALC América Latina y el Caribe BID Banco Interamericano de Desarrollo BM Banco Mundial CEPAL Comisión económica para América Latina y el Caribe CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos DOT Delincuencia organizada transnacional ENVIPE Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública FMI Fondo Monetario Internacional GIAOC Iniciativa global contra el crimen organizado IA Inteligencia artificial MESJD Marco Estratégico de Seguridad y Justicia para el Desarrollo NAU Nueva Agenda Urbana ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible OEA Organización de los Estados Americanos ONUDD Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

ONU Organización de las Naciones Unidas PIB Producto interno bruto PPA Paridad de poder adquisitivo PPL Persona privada de libertad PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo TI Tratados internacionales UPP Unidades de Policía Pacificadora (UPP) WVS Encuesta mundial de valores (por sus siglas en inglés)——— 11 Marco estratégico de seguridad y justicia para el desarrollo Resumen ejecutivo — El crimen, la violencia y la inseguridad son limitantes del desarrollo sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe (ALC). El abordaje de estos flagelos, al igual que los objetivos de desarrollo, enfrentan obstáculos como la corrupción, la exclusión, las debilidades institucionales y requieren de soluciones multidimensionales, multisectoriales y transversales, que atraviesen sectores y actores. El presente Marco Estratégico de Seguridad y Justicia para el Desarrollo (MESJD) se desprende de la iniciativa transversal de fortalecimiento institucional, plasmada en la estrategia institucional de CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe. Dicha iniciativa abarca los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial con una visión sistémica y permanente a largo plazo. Su implementación involucra también la participación conjunta de la sociedad civil y los mercados, enfocándose en el desarrollo institucional como pilar esencial del Estado de derecho. La gobernanza democrática descansa en un Estado de derecho sólido que se sustenta en instituciones con legitimidad que actúan de forma efectiva y equitativa, garantizando los derechos y las libertades de los ciudadanos para que puedan vivir en paz. La seguridad, entendida de forma amplia como el proceso de

se sustenta en instituciones con legitimidad que actúan de forma efectiva y equitativa, garantizando los derechos y las libertades de los ciudadanos para que puedan vivir en paz. La seguridad, entendida de forma amplia como el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013), es el foco de esta propuesta estratégica. Esta definición incorpora el concepto de seguridad multidimensional, establecida en la Declaración sobre Seguridad en las Américas de la Organización de los Estados Americanos (2003) y que abarca amenazas tradicionales (conflictos armados), seguridad pública (criminalidad, violencia), seguridad económica y social (pobreza, desigualdad), seguridad ambiental (desastres, degradación ambiental), seguridad política (estabilidad democrática, derechos humanos) y la delincuencia organizada trasnacional (DOT). En conjunto, estas definiciones ponen en el centro de los esfuerzos de la política de Estado al ciudadano y su derecho a residir en un entorno pacifico. En este contexto, el término “fortalecer” apunta a la necesidad de construir y consolidar instituciones efectivas y confiables. Esto implica que la seguridad ciudadana depende de la prevención del crimen y la violencia, de la existencia de instituciones de seguridad competentes y de una justicia accesible y eficaz. La referencia al “orden civil democrático” habla del compromiso con el Estado de derecho, donde las reglas y leyes se aplican de manera justa y todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Además, el conticia accesible y eficaz. La referencia al “orden civil democrático” habla del compromiso con el Estado de derecho, donde las reglas y leyes se aplican de manera justa y todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Además, el concepto de seguridad multidimensional enfatiza el enfoque integral, permitiendo una visión holística de la seguridad y reconociendo la interdependencia de las amenazas y de las respuestas que se requieren de los Estados. En ALC, la existencia de tendencias negativas que interactúan y se potencian como los altos y persistentes niveles de violencia, el crimen, la inseguridad y los bajos niveles de confianza en la efectividad del Estado y sus instituciones, motivaron a CAF a proponer esta estrategia en el marco de su compromiso con el fortalecimiento institucional. Por muchos años, la región latinoamericana y caribeña ha sido considerada la más violenta del mundo, una etiqueta que ha mantenido en el tiempo. El 50 % de los latinoamericanos y caribeños no se sienten seguros (comparado con 20 % en promedio a nivel mundial) (WVS, 2017-2022). En la actualidad, 9 de las 10 ciudades más violentas del mundo (CCJPP 2024) y 17 de los 20 países con las tasas de homicidios más altas son de ALC (PNUD, 2019). La violencia contra las mujeres tiene una magnitud severa y diversos rostros. Por ejemplo, la violencia sexual es un hecho casi cotidiano en la región donde 1 de cada 3 mujeres ha experimentado o experimentará violencia sexual en su vida, esta cifra empeora significativamente para niñas de 10 a 14 años y para mujeres

Por ejemplo, la violencia sexual es un hecho casi cotidiano en la región donde 1 de cada 3 mujeres ha experimentado o experimentará violencia sexual en su vida, esta cifra empeora significativamente para niñas de 10 a 14 años y para mujeres adolescentes entre 14 y 19 años (OMS, 2021). La violencia letal en América Latina tiene además como principal víctima y victimario a jóvenes hombres pertenecientes en su gran mayoría a sectores vulnerables de la economía. De acuerdo con los datos de la Organización Panamericana de la Saludo, del año 2019, se estima que anualmente se cometen casi 80.000 homicidios entre jóvenes de 15 a 29 años en las Américas y el 90 % de estas víctimas son del sexo masculino.12 ——— Paralelamente, la efectividad de los gobiernos 1 ha sido históricamente baja en la región, entre 2010 y 2022 ha retrocedido en 3 de 4 países (WB 2023). La encuesta Latinobarómetro (2020) reporta que el 80 % de los latinoamericanos considera que la justicia en su país es injusta o muy injusta, mientras que el 50 % desconfía de la policía (Gallup, 2023), el porcentaje de confianza policial más bajo en comparación a otras regiones del mundo. Además, el 50 % de los ciudadanos prefiere no reportar haber sido víctima de un crimen menor, lo cual es reflejo de una profunda desconfianza ciudadana en la efectividad del sistema y, en consecuencia, del Estado de derecho (Latinobarómetro, 2020). Con la pospandemia del COVID-19, el crimen alcanzó un punto de inflexión que se evidencia en un cambio de paradel sistema y, en consecuencia, del Estado de derecho (Latinobarómetro, 2020). Con la pospandemia del COVID-19, el crimen alcanzó un punto de inflexión que se evidencia en un cambio de paradigma del delito. El accionar de la DOT se ha consolidado en la región en los últimos años; actualmente, ALC lidera en 12 de 15 mercados criminales (Índice Global del Crimen Organizado 2023). El 50 % de los asesinatos violentos están vinculados a la DOT (ONUDD, 2023). Esto es, de los más de 410 asesinatos que ocurren diariamente en la región, 205 se vinculan a la DOT. Las víctimas y victimarios son, en su mayoría, hombres jóvenes (ONUDD, 2023). El 67 % de los asesinatos son perpetrados con armas de fuego, comparado con 13 % en Asia y 12 % en Europa, lo que habla de una gran debilidad regulatoria y de control del mercado de armas (ONUDD, 2023). A nivel global, el homicidio supera al conflicto armado en términos de muertes violentas y ALC, como región, es responsable de gran parte de este resultado (ONUDD, 2023). En este contexto, el lavado de dinero desempeña un papel crucial dentro de este ciclo, permitiendo al crimen organizado no solo financiar actividades ilícitas, sino también infiltrarse en sectores legítimos, ampliando su influencia económica y social (ONUDD, s/f). El problema del lavado de activos en América Latina tiene un impacto significativo debido a la magnitud de los ingresos generados por el crimen organizado y sus efectos adversos en las ecoeconómica y social (ONUDD, s/f). El problema del lavado de activos en América Latina tiene un impacto significativo debido a la magnitud de los ingresos generados por el crimen organizado y sus efectos adversos en las economías y sociedades de la región (Corrales, 2024). Como principal productor de drogas ilícitas, la región enfrenta un flujo constante de ingresos provenientes del narcotráfico, que no solo alimenta la violencia, sino que también genera la necesidad de blanquear estos fondos para legitimar 1 El indicador de efectividad del gobierno captura las percepciones sobre la calidad de los servicios públicos, la calidad del servicio civil y el grado de su independencia de las presiones políticas, la calidad de la formulación e implementación de políticas y la credibilidad del compromiso del gobierno con dichas políticas (Kaufmann et al. 2010). las ganancias de los grupos criminales. Estas actividades afectan la estabilidad económica al distorsionar mercados clave, como el inmobiliario y el de servicios, y otorgan a las organizaciones criminales un poder económico y social que debilita las instituciones y fomenta la corrupción (Fernández, Bravo y Zambrano, 2022). El lavado de dinero permite a los grupos criminales inyectar capital en sectores productivos, alterando la competencia mediante precios artificialmente bajos que perjudican a empresas legítimas, particularmente a las pequeñas y medianas (Rodríguez, Bello Salgado, Martínez y Fernández, 2021). Además, los recursos provenientes del blanqueo financian otras actividades ilícitas y facilitan el control territorial, lo que incrementa la violencia y consolida redes de corrupción que involucran tanto a funcionarios públicos

2021). Además, los recursos provenientes del blanqueo financian otras actividades ilícitas y facilitan el control territorial, lo que incrementa la violencia y consolida redes de corrupción que involucran tanto a funcionarios públicos como a privados (Pierre y Cuenca, 2017). Este ciclo perpetúa la fragilidad institucional y refuerza el dominio del crimen organizado en la región. Este fenómeno se amplifica en el ámbito digital, donde los delitos cibernéticos se han convertido en una herramienta esencial para el lavado de dinero, la extorsión y el fraude. El cibercrimen en América Latina ha mostrado un notable incremento en los últimos años, afectando tanto a instituciones públicas como a empresas privadas. Según datos de Kaspersky, en 2024 se registraron aproximadamente 3.277.414 ciberataques diarios en la región, lo que equivale a unos 2.274 ataques por minuto (Dalence, 2024). La sofisticación de estos ataques ha aumentado, integrando técnicas avanzadas como el uso de inteligencia artificial para crear mensajes de phishing más convincentes, lo que dificulta su detección. Este fenómeno ha provocado un incremento significativo en los ataques de ransomware y secuestro de datos en países como México, afectando tanto a individuos como a organizaciones (Rodríguez, 2024). ). En este escenario, las criptomonedas han emergido como un medio facilitador del anonimato y de la transferencia global de recursos ilícitos, lo que plantea desafíos únicos para los Estados, que enfrentan la necesidad de adaptarse a un entorno criminal cada vez más sofisticado y globalizado. Por ello, en los últimos años, las instituciones de desarrobal de recursos ilícitos, lo que plantea desafíos únicos para los Estados, que enfrentan la necesidad de adaptarse a un entorno criminal cada vez más sofisticado y globalizado. Por ello, en los últimos años, las instituciones de desarrollo han emitido señales de alarma sobre la interacción de——— 13 Marco estratégico de seguridad y justicia para el desarrollo estas dos tendencias (PNUD, 2019; CEPAL, 2019; PNUD, 2022; FMI, 2023; OEA, 2024). En el 2019, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) exhortó sobre la “epidemia” de crimen e inseguridad que estaba frenando y terminando con el desarrollo en ALC. En el mismo año, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) incluyó variadas y emergentes formas de violencia entre los ocho nodos críticos para el desarrollo inclusivo. Posteriormente, en el 2021 en el informe regional de desarrollo humano, el PNUD advirtió sobre la trampa de alta desigualdad y el bajo crecimiento y desarrollo, dedicando el cuarto capítulo a los vínculos entre la violencia, la desigualdad con la baja productividad y el crecimiento. En el 2023, el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó que para promover el crecimiento económico a mediano plazo en ALC, era necesario estrechar la cohesión social mediante el fortalecimiento de sistemas de protección social y la lucha contra la inseguridad derivada de las tensiones sociales y de la violencia. En el año 2024, el secretario general de la OEA advierte sobre el alarmante crecimiento de la DOT en ALC y cómo esta viola

de sistemas de protección social y la lucha contra la inseguridad derivada de las tensiones sociales y de la violencia. En el año 2024, el secretario general de la OEA advierte sobre el alarmante crecimiento de la DOT en ALC y cómo esta viola los derechos humanos de los ciudadanos de la región. El bajo crecimiento, la desigualdad, la baja confianza en las instituciones y los altos niveles de criminalidad y penetración de la DOT son cuatro trampas de desarrollo que interactúan en la región, poniendo en riesgo el contrato social democrático. En este escenario, exacerbado por la pandemia, los ciudadanos ven a las economías criminales como oportunidad, una fuente de ingreso a la cual de otra forma no tendrían acceso, se suman a las fila