CAF - La transparencia del gobierno corporativo en las empresas de propiedades del estado en America Latina

Serie PolíticaS PúblicaS La transparencia del y tranSformación Productiva n° 20 / 2015 gobierno corporativo en las Empresas de Propiedad del Estado en América Latina

La transparencia del gobierno corporativo en las Empresas de Propiedad del Estado en América Latina Serie Políticas Públicas y Transformación Productiva N°20 / 2015 Michael Penfold, Andrés Oneto y Guillermo Rodríguez Guzmán La transparencia del gobierno corporativo en las Empresas de Propiedad del Estado en América Latina. Serie Políticas Públicas y Transformación Productiva

Depósito Legal: IF74320153001508

ISBN Obra Completa: 978-980-6810-67-9

ISBN Volumen: 978-980-422-004-3

Editor CAF Esta serie es coordinada por la Dirección de Políticas Públicas y Competitividad de CAF Michael Penfold Director de Políticas Públicas y Competitividad Se agradecen especialmente los extraordinarios comentarios y recomendaciones de Andrés Bernal, Georgina Núñez, Alfredo Ibargüen, Sebastián López Azumendi, Juan Carlos Elorza, Diana Mejía, Federico Brusa y Daniela Hernández, así como a los representantes de las EPEs participante del IV Encuentro de la Red Latinoamericana sobre Gobierno Corporativo de Empresas Públicas, a versiones previas de este documento. Los errores u omisiones que se puedan mantener son responsabilidad exclusiva de los autores. Políticas Públicas y Transformación Productiva consiste en una serie de documentos orientados a difundir las experiencias y los casos exitosos en América Latina como un instrumento de generación de conocimiento para la implementación de mejores prácticas en materia de desarrollo empresarial y transformación productiva.

Diseño gráfico: Claudia Parra Gabaldón Las ideas y planteamientos contenidos en la presente edición son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen la posición oficial de CAF.

La versión digital de esta publicación se encuentra en: publicaciones.caf.com © 2015 Corporación Andina de Fomento Todos los derechos reservados Contenido Presentación 7 Resumen Ejecutivo 9 Introducción 10 Los conflictos de interés y la importancia del gobierno corporativo en las EPE 15 Importancia de las EPE en América Latina y el mundo 21 Índice de transparencia de gobierno corporativo para las EPE 25 Descripción de la muestra 27 Tendencias del gobierno corporativo en América Latina 31 Tendencias generales 31 Tendencias por país 37 Tendencias según tipo de propiedad 39 Tendencias de empresas listadas y no listadas 41 Tendencias según emisión de bonos 43 Conclusiones 47 Bibliografía 51 Anexos 5 5 3

Índice de gráficos Gráfico 1. Porcentaje de participación pública en las diez mayores empresas según país 22 Gráfico 2. Porcentaje de participación pública por sectores económicos de empresas incluidas en Forbes-2000 22 Gráfico 3. Distribución de la muestra por país 28 Gráfico 4. Distribución de la muestra por sector económico 28 Gráfico 5. Distribución de activos de la muestra en 2013 por país 29 Gráfico 6. Distribución de activos de la muestra en 2013 por sector económico 30 Gráfico 7. Distribución de resultados individuales del índice de transparencia de gobierno corporativo de las EPE 32 Gráfico 8. Distribución de resultados del índice de transparencia de gobierno corporativo de las EPE según grupos 32 Gráfico 9. Índice de transparencia de gobierno corporativo de las EPE por pilar 33 Gráfico 10. Índice de transparencia de gobierno corporativo de las EPE por ítem 36 Gráfico 11. Índice de transparencia de gobierno corporativo de las EPE por país 37 Gráfico 12. Índice de transparencia de gobierno corporativo de las EPE según país y pilar 38 Gráfico 13. Índice de transparencia de gobierno corporativo de las EPE según tipo de propiedad 40 Gráfico 14. Índice de transparencia de gobierno corporativo de las EPE según tipo de propiedad por pilar 40 Gráfico 15. Índice de transparencia de gobierno corporativo de las EPE según participación en bolsas de valores 42 Gráfico 16. Índice de transparencia de gobierno corporativo de las EPE según

participación en bolsas de valores por pilar 42 Gráfico 17. Índice de transparencia de gobierno corporativo de las EPE según emisión de bonos 44 Gráfico 18. Índice de transparencia de gobierno corporativo de las EPE según emisión de bonos por pilar 44 5

Presentación La transformación productiva ha sido una de las áreas que CAF, como banco de desarrollo de América Latina, ha promovido como condición necesaria para alcanzar un desarrollo alto y sostenible en la región. La experiencia y la pericia generadas en cada proyecto durante las últimas décadas han permitido a la institución constituirse en un referente latinoamericano en temas de competitividad, gobierno corporativo, desarrollo local y empresarial e inclusión productiva. Las políticas públicas necesarias para impulsar la transformación productiva se basan en el desarrollo de aquellas capacidades orientadas a la implementación de buenas prácticas y en apoyos específicos para la mejora de la gestión empresarial y la productividad. En ese sentido CAF pone a disposición su conocimiento y experticia, brindando un apoyo eficiente a diversos sectores y a la vez generando documentación e investigaciones de casos de éxito relevantes para la región. “Políticas Públicas y Transformación Productiva” consiste en una serie de documentos de política orientados a difundir esas experiencias y casos relevantes en América Latina, como un instrumento de difusión de conocimiento que CAF pone a disposición de los países de la región, para la implementación de mejores prácticas en materia de desarrollo empresarial y transformación productiva.

L. Enrique García

Presidente Ejecutivo 7

Resumen Ejecutivo Realizar reformas de gobierno corporativo de las Empresas de Propiedad Estatal (EPE) de América Latina es de crítica importancia para mejorar la gestión e impacto de estas empresas que tienen gran relevancia en las políticas de desarrollo de la región, pero que históricamente han ofrecido resultados deficientes. A pesar de la importancia de estos factores, existen muy pocos trabajos dedicados a delinear las tendencias de gobierno corporativo de las EPE, y en especial, ofrecer un enfoque regional que permita identificar las áreas donde mayores acciones y cambios son necesarios. Por ello, introducimos un Índice de Transparencia del Gobierno Corporativo basado en la información disponible en las páginas web de 105 empresas de 13 países de la región que permite identificar algunas de las principales falencias de gobernanza de estas empresas. Encontramos que las mayores deficiencias están concentradas en los mecanismos de conformación del Directorio y revelación de información. Adicionalmente, evaluamos las diferencias del gobierno corporativo entre empresas con diferentes características asociadas a sus esquemas de propiedad, participación en los mercados de deuda corporativa, y presencia en bolsas de valores. Igualmente, incluimos un análisis sobre las características del gobierno corporativo de las EPE de cada uno de los países incluidos en la muestra.

Palabras clave: Gobierno corporativo, Empresas de Propiedad Estatal, América Latina, Directorio, revelación de información, accionistas minoritarios.

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Introducción Las Empresas de Propiedad del Estado (EPE) en América Latina continúan jugando un papel importante en la economía de casi todos los países de la región, a pesar de la ola privatizadora que las caracterizó durante la década de los noventa y que redujo su importancia relativa. Un par de décadas después, estas empresas siguen siendo actores fundamentales en la provisión de diversos servicios públicos y aún continúan siendo jugadores clave en sectores señalados como prioritarios o estratégicos por los diferentes gobiernos. Además, en algunos casos, estas empresas tienen una participación activa en los mercados de capitales a través de la emisión de deuda o incluso participación patrimonial al cotizar en bolsas de valores locales e internacionales. Igualmente, no son pocas las firmas estatales que han logrado internacionalizar sus operaciones hasta convertirse en “Multilatinas”. Si bien no todas las EPE pueden ser incluidas dentro de esta tendencia, aquellas que han logrado materializar estos cambios muchas veces lo han alcanzado gracias a mejoras institucionales que se han promovido a través de cambios en sus prácticas de gobierno corporativo. La creación de las EPE en la mayoría de los países latinoamericanos respondió en muchos casos a la necesidad de buscar respuestas para enfrentar diversos cuellos de botella económicos y sociales para el desarrollo. Sin embargo, existe evidencia de que este impacto esperado ha sido limitado, debido principalmente a que las EPE muestran resultados históricos, en un extenso espectro, que van desde muy buenos ejemplos de una gestión responsable, hasta otros que pueden calificarse como fracasos si se les compara con los objetivos para los cuales fueron creadas. También es cierto que los casos sesgados hacia el extremo menos

favorable son los más comunes (Rondinelli, 2005; Indreswari, 2006). En este sentido, existe un consenso entre académicos y hacedores de políticas públicas sobre cómo la incorporación de ciertas mejoras en el gobierno corporativo puede ser uno de los factores institucionales determinantes para el fortalecimiento de estas empresas, ya que permiten optimizar su gestión y blindarla de la injerencia política, garantizando su sustentabilidad y expandiendo su capacidad de generar valor económico y social (Irwin y Yamamoto, 2004; Kato y Long, 2005; Aivazian et al, 2005; Banco Mundial, 2007; Kim y Chung, 2008; Andrés, Guasch y López, 2011; Mbo y Adjasi, 2013). Por su parte, organizaciones internacionales como OECD (2006, 2011, 2013), Banco Mundial (2006) y CAF (2010, 2012) han llevado a cabo extensos esfuerzos para proponer lineamientos e identificar estrategias para mejorar el funcionamiento de las EPE y garantizar una gestión más eficiente. Estos lineamientos son recomendaciones que sirven de base para la orientación de las políticas públicas, así como las decisiones gerenciales que contribuyen a consolidar el gobierno corporativo de las EPE y, por lo tanto, a mejorar su desempeño y transparencia. 11 Sin embargo, a pesar de la existencia de numerosos documentos que presentan recomendaciones e identifican buenas prácticas, así como otros tantos que ofrecen casos de estudio, pocos se han enfocado en profundizar en el conocimiento de las tendencias actuales de gobierno corporativo de la región para poder identificar e incluir en la agenda de políticas

públicas reformas específicas en las áreas que presentan las mayores deficiencias. De hecho, no existe ningún esfuerzo comprensivo destinado a indagar en los mecanismos mediante los cuales estas empresas reportan la información asociada a su estructura de gobierno corporativo, así como a entender las dinámicas internas bajo las cuales se rigen las EPE, con especial acento en el funcionamiento de sus Directorios1. El presente documento propone un índice de transparencia de gobierno corporativo para las EPE de América Latina, con el objeto de responder a la pregunta sobre cómo estas empresas reportan sus prácticas de gobierno corporativo e identificar aquellos aspectos en los cuales se requieren mayores esfuerzos o reformas. El Índice de Transparencia de Gobierno Corporativo desarrollado en este documento está elaborado con base en la información pública de 105 empresas estatales de 13 países de la región2 ofrecida a través de sus respectivas páginas web. Establecer una medida de la calidad del gobierno corporativo de las EPE partiendo exclusivamente de elementos formales, y no materiales, puede resultar imperfecto, pues no captura todas las dinámicas de la gestión de estas empresas. No obstante, a pesar de que este indicador no mide la calidad del gobierno corporativo de las empresas, como se haría a través de un due dilligence exhaustivo, sí es de gran valor analítico, ya que la transparencia y revelación de información pública es un buen proxy del grado de cumplimiento de buenas prácticas de gobierno corporativo de las empresas. De igual manera, aunque no permite conocer las dinámicas internas bajo las cuales se toman algunas decisiones estratégicas y gerenciales, la transparencia y revelación de información pública puede ser analizada como una señal real de la voluntad de efectuar

reformas conducentes a mejores prácticas de gestión empresarial. La propensión a revelar información de fácil acceso que permita evaluar los principios que rigen la gestión y el funcionamiento de estas organizaciones es una señal inequívoca, aunque ciertamente incompleta, del interés por aumentar el valor económico y social de estas empresas. Ante las dificultades de conocer los detalles de las dinámicas internas vinculadas con el funcionamiento del Directorio, así como de la Asamblea de Accionistas, el Índice de Transparencia de Gobierno Corporativo surge como un mecanismo válido para identificar algunas de las tendencias de gobierno corporativo de las EPE. 1 Se debe notar que en diferentes países y legislaciones de la región se conoce al mayor órgano directivo de las empresas bajo diferentes denominaciones como Junta Directiva, Consejo de Administración o Consejos Directivos. En este documento se hará referencia al Directorio. 2 El listado completo de empresas está disponible en el anexo 1. Los datos fueron recabados entre mayo y junio de 2014, y posteriormente revisados en tres ocasiones en septiembre de 2014, diciembre de 2014 y entre enero y febrero de 2015. 12 Adicionalmente, la construcción de un Índice de Transparencia de Gobierno Corporativo para las EPE permite analizar las diferencias existentes bajo la presencia de algunas características institucionales y corporativas. En este sentido, evaluamos las diferencias observadas entre las EPE de cada uno de los países incluidos en la muestra, las características de las empresas mixtas vis-a-vis las empresas de total propiedad estatal, así como las distinciones existentes entre empresas listadas en los mercados de capitales y aquellas que no lo están. El documento

está estructurado de la siguiente forma: i) Indagamos en algunos de los conflictos de interés de las EPE y el papel del gobierno corporativo para mitigarlos; ii) Dimensionamos la importancia de las EPE tanto a nivel global como latinoamericano; iii) Presentamos la construcción del índice de transparencia de gobierno corporativo, la muestra evaluada y los resultados obtenidos; y, iv) Sugerimos algunas recomendaciones de política pública para el ámbito del gobierno corporativo de las EPE de la región. 13

Los conflictos de interés y la importancia del gobierno corporativo en las EPE La propiedad estatal de las empresas ha sido sustentada desde diferentes perspectivas, dentro de las cuales se destaca la provisión de servicios públicos. Las EPE han sido frecuentemente concebidas como un mecanismo alternativo a la regulación en casos de fallas de mercado, particularmente ante la presencia de monopolios naturales o elevadas barreras de entrada, así como para el desarrollo de actividades de interés social en las que los particulares participan en niveles sub-óptimos. Adicionalmente, las EPE pueden ofrecer una alternativa para la provisión de bienes con externalidades positivas cuyos efectos de derrame sean favorables para el funcionamiento de toda la sociedad, como lo puede ser en los casos de salud pública y educación básica (Kowalski et al, 2013). En teoría, la propiedad estatal permitiría superar algunas fallas de mercado, explotar mayores economías de escala y generar mayores niveles de provisión de bienes y servicios, incluso con precios inferiores a los establecidos por empresas privadas que no necesariamente obedecen a un mandato de bienestar social. De igual forma, se ha justificado la creación de EPE con argumentos de diversificación productiva de los países, especialmente aquellos en vías de desarrollo, donde, en un contexto empresarial marcado por una elevada percepción de riesgo o asimetrías de información, se puede inhibir la inversión privada. En este tipo de contexto, las EPE suelen ser empleadas como mecanismos para direccionar la política industrial de algunos sectores de la economía que se piensa tiene un alto potencial de crecimiento (Banco Mundial, 2006; Christiansen, 2013).

Sin embargo, la viabilidad de las EPE no sólo depende de su justificación teórica. Existen una serie de factores institucionales que pueden inhibir o afectar su adecuado desarrollo como empresa y la experiencia demuestra que, a pesar de haber razones teóricas que justifican su creación, no siempre alcanzan los resultados deseados. Al analizar el marco legal y de políticas relacionado con el gobierno de las EPE se identifican una serie de elementos que deben ser atendidos. En primer lugar, se debe abordar el marco legal y regulatorio bajo el cual se rigen las EPE. En muchos casos no hay una separación de funciones clara por parte del Estado teniendo en cuenta el triple rol que desempeña: puede actuar de forma simultánea como dueño, regulador y como ejecutor de la regulación, además de una instancia adicional como consumidor de los servicios provistos por la EPE, abriendo la posibilidad de tratos preferenciales que generen distorsiones de mercado (Kowalski et al. 2013). Otro aspecto dentro del marco regulatorio es el referido a la igualdad de condiciones con el sector privado, pues con frecuencia las EPE tienen regímenes jurídicos especiales con normativas distintas a las aplicables a empresas privadas 15 La transparencia del gobierno corporativo en las Empresas de Propiedad del Estado en América Latina. que prestan los mismos servicios, así como facilidades para acceder a financiamiento y la posibilidad de contar con mecanismos de rescate financiero en situaciones de posible quiebra. Este tipo de “restricciones blandas” puede generar incentivos para no operar en condiciones de mercado, así como limitaciones a la innovación por la reducida presión competitiva a la

que están sujetas, lo cual merma su capacidad de generar valor social o económico. En segundo lugar, se debe hacer referencia al rol del Estado como propietario informado y activo, así como su relación con otros grupos de interés vinculados al manejo de las EPE. Estas empresas presentan intrínsecamente un problema agente-principal ampliado o, como es definido por Christiansen (2013), un problema de “Tercera Agencia” entre la gerencia (agente), el propietario estatal (principal secundario) y los ciudadanos (principal). En la medida en que no exista un representante de la propiedad claramente identificado, que ejerza sus funciones como tal, pueden generase situaciones en las que la gerencia no persiga los objetivos y requerimientos establecidos por el mandato bajo el cual la EPE fue creada. Adicionalmente, existe la dificultad de identificar a los ciudadanos como los propietarios de última instancia y, efectivamente, seguir un mandato destinado a los intereses de estos. Este conflicto de interés se profundiza ante el problema de una acción colectiva deficiente que caracteriza a grupos disgregados y que se suele traducir en una insuficiente supervisión ciudadana de las EPE. Muchos autores han notado estas complicaciones, e incluso Toninelli (2000) llegó a conceptualizar a las EPE como un caso de “Agentes sin Principales”, al introducir la preocupación de que este tipo de empresas puedan ser “capturadas” por la gerencia en busca de sus objetivos individuales. El caso opuesto, pero igualmente pernicioso, puede ocurrir cuando el representante de la propiedad de la EPE busca afectar directamente las acciones cotidianas de la gerencia con el fin de obtener beneficios particulares, incluso cuando estas acciones van en

perjuicio de la sustentabilidad de la EPE en el tiempo (Bozec et al, 2002; Shaw, 2008 citado por Mbo y Adjasi, 2013). Existe también la posibilidad de un problema de agencia común, donde diferentes representantes de la propiedad presenten estrategias de acción opuestas para cumplir objetivos individuales, afectando la eficiencia operativa de la empresa. Por ejemplo, es común el caso de una EPE donde participa el ministerio de finanzas y un ministerio sectorial (energía, comunicaciones, vivienda, etc.), en la cual el primero busca maximizar el retorno económico, mientras que el segundo busca ampliar el impacto social (Menozzi, Gutierrez-Urtiaga y Vannoni, 2010). La necesidad de realizar reformas de gobierno corporativo surgen parcialmente como consecuencia de la existencia de estos conflictos de interés, que no pueden ser solventados mediante contratos, debido a que los costos de transacción en los que sería necesario incurrir pueden llegar a ser prohibitivos (Hart, 1995). Sin embargo, la noción de los conflictos de interés en el manejo de las EPE tiene sus detractores, ya que otros académicos han puntualizado la 16 La transparencia del gobierno corporativo en las Empresas de Propiedad del Estado en América Latina. necesidad de una visión más amplia debido a la incidencia social que tienen estas entidades. La teoría de los grupos de interés (stakeholders) enunciada por Freeman (1994) parte de la idea de que existen ciertos valores y deseos de los diferentes grupos de actores que interactúan con la empresa y que deben ser armonizados por la gerencia. De ahí que, desde esta perspectiva teórica, tanto la organización corporativa como los resultados operativos de las

empresas deben estar relacionados con los distintos valores de los grupos que poseen intereses en la compañía. Precisamente, el problema en el manejo de las EPE surge como consecuencia de la multiplicidad de stakeholders relevantes que exigen en muchos casos alinear intereses conflictivos como lo son maximizar el impacto social y obtener el mayor rendimiento financiero. En este sentido, es importante mencionar que los objetivos de largo plazo de las EPE deben ser explícitamente señalados en sus documentos de constitución, y acompañados del papel de direccionamiento estratégico que debe desempeñar el Directorio. De forma consecuente, ofrecer indicadores específicos para una continua medición del impacto de la gestión de las EPE puede resultar especialmente favorable para evitar manejos oportunistas que comprometan su viabilidad y desempeño. Los cambios del gobierno corporativo deben entonces inducir a las empresas a alinear los intereses particulares de los numerosos actores sociales involucrados en las actividades de las EPE como propietarios, directores, gerentes, empleados, usuarios y ciudadanos (Wicaksono, 2009). Otra visión opuesta a la idea de los conflictos de interés es la “teoría del buen administrador” (Stewardship Theory) de Donaldson y Preston (1995). Esta teoría enuncia que los gerentes de las empresas son buenos servidores públicos y buscan cooperar con todos los grupos de interés de la compañía para lograr los objetivos comunes. Así, una relación de cooperación entre el Directorio, la gerencia y otros grupos de interés debería traducirse en mejores resultados empresariales (Wicaksono, 2009; Mbo y Adjasi, 2013). Sin embargo, el problema en este caso

es que los mecanismos de elección del Directorio y la Gerencia pueden obedecer a criterios políticos, lo cual puede introducir presiones para priorizar los lineamientos designados por aquellos que los nombraron en sus cargos, en detrimento de los resultados de la empresa. En este sentido, se debe tener en cuenta un tercer factor, que está relacionado con el buen funcionamiento del órgano colegiado y de enlace entre los propietarios y la Gerencia: el Directorio. Esta instancia cumple un papel estratégico en la armonización de los conflictos y en la necesidad de articular una visión de largo plazo. Sin embargo, para garantizar su efectividad e independencia en la toma de decisiones, el Directorio debe ser protegido de la influencia política, en especial por la existencia de ciclos políticos consistentes con los períodos electorales (OECD, 2013). Para lograr este objetivo, existen varios mecanismos que deben tomarse en consideración: a nivel del ejercicio de la propiedad, se puede profesionalizar su ejercicio a través de la creación de holdings estatales o Unidades de Control de la Propiedad (UCP); al nivel del Directorio, es necesario formular mecanismos de selección robustos, trasparentes y consistentes en el tiempo, favorecer el nombramiento y remoción de directores 17 La transparencia del gobierno corporativo en las Empresas de Propiedad del Estado en América Latina. de forma escalonada, y, la inclusión de directores externos e independientes. Adicionalmente, suele estimarse como un factor favorable la exclusión del Directorio de personas directamente relacionas al Poder Ejecutivo, mientras que otros miembros afiliados al Estado deben ser nominados en función de su calificación para el cargo. Igualmente, se debe procurar la

conformación un Directorio que tenga la mezcla adecuada de conocimiento, capacidades y experiencia para alcanzar los objetivos planteados por la empresa. Por ello, establecer algunos criterios de selección para los directores, tales como niveles educativos o experiencia en el sector, contribuye a establecer un nivel mínimo para la selección de candidatos, aunque, en última instancia, la selección debe basarse en los conocimientos o experiencia que se consideren críticos para complementar el equipo disponible. En este mismo sentido, OECD (2013) señala que es común establecer restricciones en cuanto a la nacionalidad de los directores, particularmente en aquellos sectores sensibles o estratégicos como energía o seguridad nacional. En estos casos, se debe procurar que tales limitantes no reduzcan ostensiblemente la disponibilidad de los mejores candidatos disponibles para ocupar dichos cargos. Como último punto asociado al Directorio, es importante realizar evaluaciones periódicas del rendimiento de los directores, así como ofrecer remuneraciones competitivas, pero en función al desempeño de sus labores, más que de acuerdo a otros criterios predeterminados como asistencia o número de intervenciones. Igualmente, los mecanismos de designación del Gerente General (o Presidente Ejecutivo), así como de otros miembros de la Alta Gerencia, pueden seguir algunas de las directrices mencionadas como mecanismos para limitar la influencia política sobre el funcionamiento de las EPE, dado el papel protagónico que tiene el Gerente General a la hora de ejecutar el mandato y lineamientos definidos por el Directorio. Un cuarto punto a tomar en consideración al analizar el gobierno corporativo de las EPE está referido a la transparencia en la publicación y divulgación de sus reportes. Debe existir una

política de revelación de información clara, oportuna y comparable que permita facilitar la vigilancia y monitoreo de la gestión de estas empresas por parte de los diferentes actores involucrados, la cual es de especial relevancia para aquellas de propiedad estatal por emplear los recursos del Estado y estar destinadas a cumplir una función social o estratégica. En este sentido, resulta imperativo que las EPE presenten información de planificación y gestión de una forma consolidada y periódica; que se cumpla con normas internacionales de información financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés); y que cuenten con un sistema de auditoría interna y externa, así como mecanismos de comunicación expedita con los usuarios y ciudadanos, especialmente para los casos de empresas de servicios públicos. Igualmente, se estima favorable la existencia de indicadores y principios de presentación de resultados financieros, sociales y de ejecución de políticas para facilitar la evaluación precisa y expedita de las acciones de las EPE. 18 La transparencia del gobierno corporativo en las Empresas de Propiedad del Estado en América Latina. Como último punto vale la pena señalar que una serie de empresas se han abierto a mecanismos de propiedad mixta, modalidad que puede ofrecer distintas ventajas desde el punto de vista gubernamental: la inclusión de propietarios privados puede estar asociada a mejoras de eficiencia y productividad, aún si se mantiene el control estatal. Adicionalmente, los costos políticos en los que debe incurrir el Gobierno pueden ser menores que en el caso de una privatización total al facilitar cambios más progresivos (OECD, 2012). Sin embargo, estos casos plantean la necesidad de incorporar el trato equitativo a los accionistas, que debe ser

evaluado en todos los casos en que estén presentes, independientemente de si la participación minoritaria ocurre por copropiedad entre el Estado central y otros destacamentos del Estado –incluyendo entes subnacionales– o por la directa inclusión de inversionistas privados. En ambas situaciones, se deben presentar disposiciones para proteger a los accionistas minoritarios. Si se tiene en cuenta todo lo anterior, garantizar el éxito de una EPE es un tema complejo, pues implica superar diversos dilemas que se generan a partir de la propiedad estatal de los activos. La implementación de prácticas de buen gobierno corporativo implica un proceso de reforma, no solo del marco legal y regulatorio, sino del mismo comportamiento gerencial de las EPE, del funcionamiento estratégico del Directorio, así como del compromiso real del accionista o propietario para su aplicación. Es por ello que las reformas de gobierno corporativo pueden conducir a mejoras en las condiciones operativas de las EPE, al aumentar la rentabilidad económica o social de la inversión, reducir la dependencia de transferencias del Estado y traducirse en una más eficiente distribución de los limitados recursos financieros de los que dispone el gobierno. Igualmente, si el objetivo final es listar las empresas en la Bolsa de Valores a través de la venta de una participación minoritaria de la empresa o una privatización total, las reformas de gobierno corporativo pueden aumentar considerablemente el ingreso fut