CAF - Programa Arraigo Comunitario desarrollo territorial para comunidades indígenas en contextos rurales de América Latina y el Caribe

Programa

Arraigo Comunitario: desarrollo territorial para comunidades indígenas en contextos rurales de América Latina y el Caribe Resumen ejecutivoPrograma Arraigo Comunitario: desarrollo territorial para comunidades indígenas en contextos rurales de América Latina y el Caribe

2

Programa Arraigo Comunitario: desarrollo territorial para comunidades indígenas en contextos rurales de América Latina y el Caribe

© CAF 2025

Este documento ha sido publicado bajo la Presidencia Ejecutiva de Sergio Díaz-Granados y la Vicepresidencia Ejecutiva de Programación Estratégica de Christian Asinelli. Autoría Dirección de Diversidad. Gerencia de Género, Inclusión y Diversidad Gestión Editorial Dirección de Comunicación Estratégica

Edición Martha Eloína Hernández Diseño Gráfico Claudia Parra Gabaldón Fotografías Portada Alan De La Cruz. Unsplash Pag. 10 Marisol Benítez. Unsplash Pag. 21 iStock Pag. 57 Nareeta Martin. Unsplash Banco de imágenes de CAF Acceso abierto bajo la licencia Deed - Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 InternacionalCreative Commons

Las ideas y opiniones expresadas en esta obra son las de los autores y no reflejan necesariamente la posición oficial de CAF. Los términos empleados y la presentación de los datos no implican toma alguna de posición de CAF respecto al estatuto jurídico de los países, territorios, ciudades o regiones ni de sus autoridades, fronteras o límites.Programa Arraigo Comunitario: desarrollo territorial para comunidades

indígenas en contextos rurales de América Latina y el Caribe En América Latina y el Caribe persisten profundas brechas étnicas que se manifiestan con especial intensidad en las zonas rurales, afectando de manera desproporcionada a los pueblos indígenas y a las mujeres. Estas desigualdades no solo son económicas, sino estructurales y multidimensionales, expresándose en el acceso limitado a servicios básicos como salud, educación, conectividad y saneamiento, así como en la falta de oportunidades económicas y en patrones persistentes de exclusión social y política. Estas condiciones contribuyen a la reproducción de la pobreza y vulnerabilidad en territorios rurales, donde la cobertura y pertinencia de las políticas públicas no siempre responden de manera efectiva a las particularidades de estas poblaciones. Frente a este escenario, se vuelve fundamental reconocer y abordar las raíces estructurales del desarraigo territorial, la migración forzada y la fragmentación comunitaria que enfrentan los pueblos indígenas. Este documento examina la situación actual y las brechas persistentes que afectan a los pueblos indígenas en la región y presenta los lineamientos generales del Programa Arraigo Comunitario (PAC), orientado a mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas rurales en sus territorios a partir de estrategias colectivas que respeten y valoren las particularidades socioculturales de cada pueblo. El análisis parte de la identificación de las brechas socioeconómicas que afectan a la población indígena rural y las razones principales que impulsan el desarraigo y

respeten y valoren las particularidades socioculturales de cada pueblo. El análisis parte de la identificación de las brechas socioeconómicas que afectan a la población indígena rural y las razones principales que impulsan el desarraigo y movilidad. Para ello, se toman en cuenta las dos últimas rondas censales y datos cuantitativos proporcionados por los organismos nacionales competentes en los países alcanzados en el presente estudio: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú. También se recurre a fuentes secundarias, como investigaciones académicas e informes realizados por organizaciones y organismos internacionales que ofrecen información actualizada sobre los temas de interés, principalmente Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Organización Panamericana de la Salud (OPS), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros. La generación de información estadística diferenciada para pueblos indígenas es un insumo valioso –aunque actualmente limitado y marcado por una débil visibilidad en los sistemas de producción de datos– que permite conocer la situación demográfica, socioeconómica y las brechas respecto de la población no indígena. Según la mayoría de los indicadores sociales, la población indígena de la región está entre

en los sistemas de producción de datos– que permite conocer la situación demográfica, socioeconómica y las brechas respecto de la población no indígena. Según la mayoría de los indicadores sociales, la población indígena de la región está entre los sectores más pobres y excluidos de la población latinoamericana, padeciendo los mayores índices de pobreza, marginación y exclusión social, falta de oportunidades para la generación de ingresos y empleos y desigualdad en acceso a servicios básicos e infraestructura, etc. El estudio adopta complementariamente un enfoque cualitativo para enriquecer el análisis de la información que aportan los datos cuantificables e incorpora fuentes secundarias para el análisis de aquellos indicadores o problemas que no son abordados estadísticamente o lo hacen de forma muy limitada. Por último, se considera la jurisprudencia de los tribunales locales, nacionales e internacionales relativa a conflictos territoriales, ambientales y a la implementación de la consulta libre, previa e informada (CLPI), entre otros. Introducción7

Programa Arraigo Comunitario: desarrollo territorial para comunidades indígenas en contextos rurales de América Latina y el Caribe Para comprender la situación actual de los pueblos indígenas es necesario contextualizar el proceso de colonización que se inició en América con la llegada de los europeos a finales del siglo XV.

La experiencia colonial estableció un sistema de explotación que progresivamente se articuló con la organización de la producción para el mercado mundial en formación, bajo el paradigma del eurocentrismo como modo de producción y control de la subjetividad y del conocimiento. La creación de instituciones destinadas

progresivamente se articuló con la organización de la producción para el mercado mundial en formación, bajo el paradigma del eurocentrismo como modo de producción y control de la subjetividad y del conocimiento. La creación de instituciones destinadas a aprovechar el trabajo indígena se inicia con la “conquista” bajo formas de esclavitud encubierta, como lo fueron la encomienda, la mita o el yanaconazgo. Sumado a ello, la progresiva apropiación de los territorios indígenas, las conquistas militares, las matanzas y la propagación de enfermedades provocaron la reducción de la población indígena en el continente y, en consecuencia, la pérdida de control y soberanía sobre sus territorios

(CEPAL: 2014).

La subordinación e invisibilización de los pueblos indígenas se profundizó durante los procesos independentistas y la consolidación de los Estados nacionales, hacia fines del siglo XIX. En este período se desplegaron un conjunto de dispositivos —campañas de conquista, misiones, fortines y cárceles— para lograr el control sobre espacios y poblaciones. La expansión de la frontera agraria se desarrolló de manera concomitante al proceso de territorialización del Estado. Una vez lograda la conquista de los territorios y de las poblaciones, estas fueron incorporadas al proyecto político hegemónico como mano de obra para el desarrollo del modelo de producción primaria. Contextualización de la situación de los pueblos indígenas en entornos rurales en América Latina y el Caribe Si bien América Latina experimentó durante

político hegemónico como mano de obra para el desarrollo del modelo de producción primaria. Contextualización de la situación de los pueblos indígenas en entornos rurales en América Latina y el Caribe Si bien América Latina experimentó durante el siglo XX una oscilación entre gobiernos democráticos y regímenes autoritarios se consolidó un capitalismo dependiente, que definió su trayectoria económica como exportador de materias primas. En este período toman fuerza los programas orientados a incorporar y asimilar a las poblaciones indígenas a las sociedades nacionales, como garantía de ingreso al progreso y la modernidad. En este sentido, el auge global de la cooperación internacional resultó crucial para financiar e impulsar estos modelos de desarrollo (CEPAL: 2014; Leone: 2022). A partir de la década de los noventa, la mayoría de los países de la región incorporó normativas que reconocen los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, este proceso se dio en paralelo con la imposición de un modelo económico neoliberal que, en América Latina, se inició a través de dictaduras cívico-militares. Mediante la represión, las dictaduras impusieron la reconversión productiva, desarticulando el modelo de industrialización por el de sustitución de importaciones, reduciendo así la capacidad intervencionista del Estado. Desde entonces, el paradigma neoliberal sostiene una llamativa confluencia: los gobiernos que desarrollaron las políticas más extensas de expansión de los derechos indígenas y reconocimiento cultural en América Latina son los mismos que promovieron las reformas económicas

sostiene una llamativa confluencia: los gobiernos que desarrollaron las políticas más extensas de expansión de los derechos indígenas y reconocimiento cultural en América Latina son los mismos que promovieron las reformas económicas neoliberales más profundas. Es por ello que este período es caracterizado en términos de “multiculturalismo neoliberal”, una forma de “dar con la cultura aquello que quitaban con la economía” (Grimson: 2011: 80). A comienzos del siglo XXI, varios países de la región experimentaron importantes movilizaciones en oposición a los efectos sociales de las políticas económicas neoliberales, desafiando el consenso neoliberal dominante y habilitando a las fuerzas políticas de centro izquierda o “progresistas”, para ganar elecciones y liderar procesos de integración regional, así como reformas económicas. Si bien los gobiernos progresistas centraron sus políticas en la recuperación del Estado y en la restauración de políticas sociales, mantuvieron un modelo económico extractivista, sustentado en la exportación de productos primarios, favoreciendo el desarrollo de emprendimientos mineros y la ampliación de la frontera petrolera y agraria. En la actualidad, y a pesar de la alternancia entre gobiernos liberales y progresistas en la región, se consolida y expande el modelo neoextractivista basado en la sobreexplotación de los recursos naturales. En consecuencia, se profundizan los conflictos con comunidades indígenas rurales ante la exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios ancestrales. Prueba de ello es la creciente militarización y criminalización de las

En consecuencia, se profundizan los conflictos con comunidades indígenas rurales ante la exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios ancestrales. Prueba de ello es la creciente militarización y criminalización de las protestas, así como el despojo de sus ámbitos de desarrollo y reproducción. A partir de la década de los noventa, la mayoría de los países de la región incorporó normativas que reconocen los derechos de los pueblos indígenas.9

Programa Arraigo Comunitario: desarrollo territorial para comunidades indígenas en contextos rurales de América Latina y el Caribe Perspectivas de la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones Dentro de la jurisprudencia nacional e internacional, las demandas de mayor participación política de los pueblos indígenas se enmarcan en el derecho a la libre determinación, entendido como el derecho a definir de manera autónoma su desarrollo y subjetividad política. Además, la normativa internacional instituye la obligación de los Estados para garantizar su efectiva participación en las decisiones que se adopten y que afecten a sus recursos naturales, a sus territorios y a su vida comunitaria en general.

Así, la consulta libre, previa e informada (CLPI) promueve y garantiza la participación integral de los pueblos indígenas. La misma debe efectuarse a través de las instituciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas, para que, junto a la institucionalidad pública, sean protagonistas de aquellas medidas, planes, programas y proyectos que puedan afectar sus derechos

través de las instituciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas, para que, junto a la institucionalidad pública, sean protagonistas de aquellas medidas, planes, programas y proyectos que puedan afectar sus derechos territoriales. Sin embargo, el mero proceso de la consulta no garantiza el efectivo logro de estos derechos sustantivos. Su objetivo último debe ser lograr el consentimiento y promover marcos de acuerdo entre los pueblos indígenas y los Estados. En la actualidad, existe una gran cantidad de reclamos de organizaciones indígenas de la región debido a la escasa o mala implementación de los derechos de consulta y participación en relación con megaproyectos extractivistas, pues es frecuente que la consulta se limite a realizar actos informativos unilaterales por parte del Estado o en connivencia con las empresas. Transformaciones del marco jurídico internacional y nacional La consulta libre, previa e informada (CLPI) promueve y garantiza la participación integral de los pueblos indígenas. Reconocimiento de derechos indígenas en la normativa internacional La incorporación de los derechos indígenas en el sistema legal internacional configuró un camino sinuoso que comenzó en la segunda mitad del siglo XX. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue pionera en el tratamiento de los derechos de los pueblos indígenas: en 1957 se aprobó el Convenio núm. 107 de la OIT, que, por primera vez, buscó la protección de las poblaciones indígenas. Con el objetivo de revertir la perspectiva proteccionista e integradora y avanzar hacia

se aprobó el Convenio núm. 107 de la OIT, que, por primera vez, buscó la protección de las poblaciones indígenas. Con el objetivo de revertir la perspectiva proteccionista e integradora y avanzar hacia el reconocimiento de la autodeterminación y la protección de sus instituciones, lenguas y cosmovisiones, dentro del marco de los Estados en que viven, se adoptó un nuevo enfoque a esta norma que quedó plasmado en el Convenio núm. 169 aprobado en 1989, donde se reconocen expresamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El Convenio núm. 169 contiene dos aspectos cruciales: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, cosmovisiones, modos de vida e instituciones propias y el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera (OIT, 2014). A la fecha, el Convenio núm. 169 fue ratificado por 24 países1, 15 de ellos son de América Latina y el Caribe. El 13 de septiembre de 2007, el Convenio núm. 169 resultó complementado y reforzado por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por mayoría por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una década después, y tras casi 20 años de debate, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la Declaración

Indígenas, aprobada por mayoría por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una década después, y tras casi 20 años de debate, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su Asamblea General en Santo Domingo, en junio de 2016. Sin embargo, este régimen de derechos, en ocasiones, es resistido por los Estados que deben aplicarlo. Existe una “brecha de la implementación” entre las leyes y la práctica real, como afirma Rodolfo Stavenhagen (2008). Reformas constitucionales y transformaciones en las legislaciones nacionales En la última década del siglo XX el reconocimiento jurídico de los derechos indígenas se consolidó a través de diversas reformas constitucionales y legislativas en la región. Las reformas constitucionales que tuvieron lugar en Colombia (1991), México y Paraguay (1992), Perú (1993), Argentina y Bolivia (1994), Ecuador (1998) y Venezuela (1999) contienen una fuerte influencia del Convenio núm. 169. Los conceptos de “nación multiétnica/multicultural” y de “Estado pluricultural” cobran relevancia y La ONU fue pionera en el tratamiento de los derechos de los pueblos indígenas: en 1957 se aprobó el Convenio núm. 107 de la OIT, que por primera vez buscó la protección de las poblaciones indígenas. 1 Ratificaciones de Dominicana https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/es/f?

Convenio núm. 107 de la OIT, que por primera vez buscó la protección de las poblaciones indígenas. 1 Ratificaciones de Dominicana https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/es/f? p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_ COUNTRY_ID:103311Programa Arraigo Comunitario: desarrollo territorial para comunidades indígenas en contextos rurales de América Latina y el Caribe 10 11 naciones y pueblos indígena-originariocampesinos en Bolivia. El Estado plurinacional contiene dos principios rectores: la interculturalidad y el autogobierno territorial indígena, lo que implica la coexistencia de un orden jurídico positivo y otros órdenes jurídicos “consuetudinarios”. La implementación de este pluralismo jurídico enfrenta varios desafíos, especialmente cuando se reconoce la autonomía indígena, que jaquea los modelos centralizados de gestión y cuestiona sistemas jurídicos donde aún hoy sobreviven prácticas racistas. se incorpora un nuevo listado de derechos indígenas, entre ellos, la oficialización de los idiomas indígenas, la educación intercultural bilingüe (EIB), el derecho sobre las tierras, la consulta y nuevas formas de participación. El último ciclo de reformas constitucionales, en Bolivia (2006-2009) y Ecuador (2008), proponen una “descolonización” y refundación del Estado. Definen un pasaje del Estado pluricultural y multiétnico al Estado plurinacional e intercultural y reconocen nuevos sujetos de derechos: las nacionalidades indígenas en Ecuador y las13

Programa Arraigo Comunitario: desarrollo territorial para comunidades

del Estado pluricultural y multiétnico al Estado plurinacional e intercultural y reconocen nuevos sujetos de derechos: las nacionalidades indígenas en Ecuador y las13

Programa Arraigo Comunitario: desarrollo territorial para comunidades indígenas en contextos rurales de América Latina y el Caribe En la actualidad, se estima que viven en el mundo alrededor de 476,6 millones de personas indígenas, representando el 6,2 % de la población mundial (OIT: 2019). En América Latina, esta cifra asciende a 58 millones, representando cerca del 10 % de la población regional (CEPAL: 2020).

A continuación, se presenta un cuadro comparativo con los países de interés para este estudio, donde se detalla la población total por país, la población indígena, la cantidad de pueblos indígenas identificados y su distribución en entornos rurales, de acuerdo con las dos últimas rondas censales (ver cuadro 1). Varios estudios señalan que el incremento intercensal en la población indígena es el resultado tanto de los cambios en la dinámica demográfica —fecundidad, mortalidad y migración— como de los cambios en la autoidentificación y otros aspectos ligados a la incorporación del enfoque étnico y a una mayor participación de las organizaciones indígenas en los procesos censales (Del Popolo: 2017; CEPAL/FILAC: 2020). De los países estudiados, salvo Perú, todos incorporan la variable de autoidentificación étnica a partir de la ronda de censos 2000. Perú lo hizo recién

Popolo: 2017; CEPAL/FILAC: 2020). De los países estudiados, salvo Perú, todos incorporan la variable de autoidentificación étnica a partir de la ronda de censos 2000. Perú lo hizo recién en el año 2017, ya que en el censo 2007 solo incluyó la lengua materna como criterio de identificación étnica.

La población indígena presenta una enorme diversidad demográfica y se distribuye de manera heterogénea a lo largo de la región. En el cuadro 1 se puede apreciar que México, Perú y Bolivia son los países con mayor magnitud de población indígena, tanto en términos absolutos como en proporción a la población total nacional. En cuanto a la diversidad, América Latina presenta una gran cantidad de pueblos indígenas de lo más disímiles —en cuanto a su tamaño y cosmovisión—, según datos de la OIT es posible contabilizar 826 Situación actual de los pueblos indígenas en contextos rurales La población indígena presenta una enorme diversidad demográfica y se distribuye de manera heterogénea a lo largo de la región. pueblos en la región (OIT: 2019). De los países del estudio, Colombia, México y Argentina presentan la mayor cantidad de pueblos, 115, 68 y 58, respectivamente. El panorama es altamente heterogéneo, mientras que los pueblos más numerosos superan ampliamente el millón de personas, como el pueblo Aymara en Bolivia y el pueblo Quechua en Perú y Bolivia, hay

El panorama es altamente heterogéneo, mientras que los pueblos más numerosos superan ampliamente el millón de personas, como el pueblo Aymara en Bolivia y el pueblo Quechua en Perú y Bolivia, hay otros pueblos con menor tamaño y un bajo peso relativo en comparación con el total de población indígena de cada país, por ejemplo el pueblo Tapiete en Argentina y el pueblo Bri Bri en Panamá. También es prioritario reconocer a los pueblos indígenas con una alta fragilidad demográfica que se encuentran en peligro de desaparición física o cultural. Por último, considerar a los pueblos en aislamiento voluntario2, para estos es imprescindible respetar el principio de no contacto y lograr su plena protección. La dimensión geográfica permite identificar patrones de localización de la población indígena al interior de cada país, ya que no se distribuye de manera análoga al resto de la población. Estos grupos pueden estar subrepresentados respecto a la media nacional en ciertas áreas, pero pueden ser mayoritarios en zonas específicas. Los patrones de distribución geográfica responden a factores históricos, culturales, jurídicos y económicos, y son cruciales para el diseño de políticas públicas que busquen acortar las brechas socioeconómicas que enfrentan los pueblos indígenas. Procesos migratorios y reconfiguración de los territorios rurales indígenas Históricamente, los pueblos indígenas han vivido en zonas rurales dado el estrecho vínculo que mantienen con su territorio, y

reconfiguración de los territorios rurales indígenas Históricamente, los pueblos indígenas han vivido en zonas rurales dado el estrecho vínculo que mantienen con su territorio, y según las estimaciones de la OIT (2019) en América Latina y el Caribe solo el 47,8 % de población indígena se asienta en áreas rurales. La situación es diferente a nivel global, ya que la gran mayoría (73,4 %) de las personas indígenas sigue viviendo en zonas rurales. Ahora bien, las tendencias son diferentes en cada país como se aprecia en el cuadro 1. Mientras Colombia, Ecuador y Panamá presentan una mayor concentración indígena en áreas rurales, México, Bolivia y Perú muestran una distribución más equilibrada entre zonas urbanas y rurales, con un proceso de urbanización más acelerado en Perú. Por su parte, en Argentina la población indígena se concentra mayoritariamente en centros urbanos. Incluso en países donde predomina una residencia rural entre la población indígena total, algunos pueblos presentan altos grados de urbanización, como los Quimbayas, Calimas, Macaguajes, Chiricoas y Mokanas en Colombia, con grados de urbanización que oscilan entre el 86 % y el 90 % y los Bri Bris, Bokotas y Kunas en Panamá con más del 50 % de su población en ciudades (CEPAL/FILAC: 2020). 476,6 millones de personas indígenas viven en el mundo. 58 millones de personas indígenas viven en América Latina. 73,4 %

en ciudades (CEPAL/FILAC: 2020). 476,6 millones de personas indígenas viven en el mundo. 58 millones de personas indígenas viven en América Latina. 73,4 % de las personas indígenas a nivel global sigue viviendo en zonas rurales. 2 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calcula que 200 pueblos, que podrían sumar unas 10.000 personas, viven en las zonas más remotas y de más difícil acceso de América del Sur, en la selva amazónica y la región del Gran Chaco (CIDH, 2013).14 15

Programa Arraigo Comunitario: desarrollo territorial para comunidades indígenas en contextos rurales de América Latina y el Caribe Países del estudio

Argentina Bolivia Colombia Ecuador México Panamá Perú Fuente de los datos Censo 2010 Censo 2022

Censo 2001 Censo 2012 Censo 2005 Censo 2018 Censo 2010

Censo 2022

Censo 2010

Censo 2020

Censo 2010

Censo 2023 Censo 2007 Censo 2017 Población nacional total 40.117.096 45.618.787 8.090.732 10.059.856 41.468.384 48.258.494 14.483.499 16.938.986 112.336.538 126.014.024 3.405.813 4.064.780 24.687.537 23.196.391 Población indígena total 955.032 1.306.730 5.538.107 4.199.977 1.392.623

112.336.538 126.014.024 3.405.813 4.064.780 24.687.537 23.196.391 Población indígena total 955.032 1.306.730 5.538.107 4.199.977 1.392.623 1.905.617 1.018.176 1.302.057 11.132.562 23.229.089 417.559 698.114 3.919.314 5.984.708 Cuadro 1. Comparativo de los últimos dos censos por país: población total nacional, pueblos y población indígena y ruralidad. % de la población indígena respecto a la población total 2,38 % 2,86 % 68,45 % 41,75 % 3,36 % 3,95 % 7,03 % 7,69 % 9,91 % 18,43 % 12,26 % 17,17 % 15,88 % 25,80 % Población indígena en áreas rurales 174.000 225.229 2.474.623 2.372.316 1.094.323 1.505.437 799.605 961.873 S/D S/D 317.904 467131 2.169.061 2.041.271 % de la población indígena en áreas rurales 18,21% 17,23 44,68% 56,48% 78,58 % 79,00 % 78,53 % 73,87 % S/D S/D 76,13 % 66,91 % 55,34 % 34,11 % Cantidad de pueblos indígenas 32 58 36 45 87 115 32 32 66 68 8 8 51 55 14 Nacionalidades y 18 pueblos indígenas reconocidos 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas según el CODENPE

32 58 36 45 87 115 32 32 66 68 8 8 51 55 14 Nacionalidades y 18 pueblos indígenas reconocidos 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas según el CODENPE Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos de las últimas dos rondas censales. Para los últimos censos de Argentina y Panamá, se tomaron los datos provistos por los institutos de estadística, procesados con Redatam7. Con respecto al dato sobre población rural indígena, Argentina, 2010, fue obtenido de la publicación del BID (2021).Programa Arraigo Comunitario: desarrollo territorial para comunidades indígenas en contextos rurales de América Latina y el Caribe 16 17 una presión incesante sobre las comunidades, especialmente aquellas que habitan territorios sin garantías legales que los amparen. Estos patrones migratorios requieren atender a las variaciones regionales para comprender cómo se reconstruye la vida comunitaria en ámbitos socioespaciales de pertenencia más amplios. Inseguridad jurídica, crisis climática y conflictos territoriales: desafíos actuales en contextos rurales La falta de seguridad jurídica y los conflictos territoriales profundizan el desarraigo territorial y la migración de la población indígena rural. A pesar de los avances en el reconocimiento legal de sus derechos territoriales, hay consenso en reconocer su limitada implementación en los países de la región. Las principales dificultades para llevarla adelante son: 1) la complejidad para completar los requisitos legales y técnicos, 2) la incoherencia normativa, producto de la coexistencia de distintos marcos

de la región. Las principales dificultades para llevarla adelante son: 1) la complejidad para completar los requisitos legales y técnicos, 2) la incoherencia normativa, producto de la coexistencia de distintos marcos legales y la falta de reconocimiento del derecho consuetudinario indígena, redunda en desacuerdos con los órganos estatales respecto de las superficies de tierras en posesión de las comunidades, 3) los conflictos con terceros. Si bien las constituciones reconocen la propiedad comunitaria indígena y se ha avanzado tímidamente en la demarcación de sus tierras, hay un pendiente en lo referido a su posterior titulación. En efecto, los desplazamientos migratorios reconfiguran los territorios rurales de la población indígena, en un contexto de creciente deterioro de sus bases territoriales producto del avance del modelo de desarrollo neoextractivista, la desigualdad persistente y el acceso a servicios básicos deficitarios. Como consecuencia de la globalización económica, otros factores alentaron la movilidad de la población rural indígena en las últimas décadas, forzándolos a abandonar sus territorios ancestrales: el despojo y explotación de sus recursos naturales, que por un lado ocasiona degradación ambiental y, por otro, los somete a presiones incesantes, en especial a aquellas comunidades que habitan territorios sin garantías legales que los amparen. En este contexto, se distinguen tres tipos de migración: 1) interna, compuesta por las migraciones dirigidas a las ciudades o bien a zonas rurales vinculadas a la

sin garantías legales que los amparen. En este contexto, se distinguen tres tipos de migración: 1) interna, compuesta por las migraciones dirigidas a las ciudades o bien a zonas rurales vinculadas a la agroexplotación. La principal causa de movilidad a las ciudades es la búsqueda de fuentes de empleo, el acceso a infraestructura y servicios de salud y educación, dejando en evidencia el déficit y limi