CAN-Decisión 614

- 2DECIMOQUINTA REUNION DEL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES 15 de julio de 2005

Lima - Perú

DECISION 614

Estrategia Andina de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible EL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, VISTOS: El Artículo 3, literal e), del Acuerdo de Cartagena; y las Decisiones 458, 505 y 549 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; el Reglamento del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores aprobado mediante Decisión 407; el Reglamento de la Comisión de la Comunidad Andina aprobado mediante Decisiones 471 y 508; y CONSIDERANDO: Que el Acuerdo de Cartagena tiene por objetivos, entre otros, promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; así como propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto económico internacional, fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los Países Miembros, con la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión; Que en el contexto internacional los Países Miembros deben buscar la convergencia de objetivos, metas y acciones, en torno a compromisos como los contenidos en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas y las Resoluciones de la Comisión de Estupefacientes en materia de desarrollo alternativo y de desarrollo alternativo preventivo; Que contar con una Estrategia Andina de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, será de la mayor

importancia para complementar el propósito establecido en la Resolución 48/9 aprobada por el 48 Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, en abril de 2005, a iniciativa de los Países Miembros, en la cual se acuerda que la Comisión celebre, antes de 2008, un período de sesiones que en lo sustancial se dedique al tema del desarrollo alternativo; Que resulta indispensable lograr mejores oportunidades de acceso a los mercados para los productos del desarrollo alternativo en el contexto de las negociaciones comerciales internacionales; Que la Decisión 458 sobre Lineamientos de la Política Exterior Común identifica como uno de sus objetivos emprender acciones conjuntas en la lucha contra el problema mundial de la droga que, bajo el principio de la responsabilidad compartida y a partir de un enfoque multilateral, promuevan la cooperación internacional en todos los aspectos del problema y, entre otros, para el desarrollo de cultivos alternativos; Que, en desarrollo de la Decisión 505 que aprueba el Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos, el Comité Ejecutivo priorizó la elaboración de una Estrategia Andina de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible; Que las políticas y estrategias nacionales de desarrollo alternativo deben ser complementadas, mediante la cooperación y la coordinación en el ámbito comunitario para alcanzar mayores niveles de efectividad y sostenibilidad en su aplicación, mitigando los efectos del traslado de los cultivos ilícitos entre los Países Miembros de la Comunidad Andina; Que el Comité Andino para el Desarrollo Alternativo (CADA), creado mediante Decisión 549, en su V Reunión realizada los días 22 y 23 de junio de 2004 acordó preparar una estrategia de desarrollo integral y

sostenible para la Región Andina, a ser presentada en el marco de la XVI Reunión Ordinaria del Consejo Presidencial Andino; Que la Primera Reunión Extraordinaria del CADA, celebrada los días 9 y 10 de setiembre de 2004, en la ciudad de Bogotá, Colombia, definió los objetivos, principios, metas y elementos estratégicos básicos para la elaboración de una Estrategia Andina de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible; Que la Segunda Reunión Extraordinaria del CADA realizada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, los días 23 y 24 de junio de 2005, definió técnicamente el contenido de los elementos de una Estrategia Andina de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, para lo cual previamente llevó a cabo un amplio proceso de consultas al interior de los Gobiernos de los Países Miembros, autoridades locales, gremios y organizaciones campesinas de las zonas en las que se desarrollan programas y proyectos de desarrollo alternativo; Que la Secretaría General ha presentado la Propuesta 151/Rev. 1 sobre Estrategia Andina de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible; DECIDE: Artículo 1.- Aprobar la siguiente Estrategia Andina de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, cuyo Marco General y Plan de Acción se anexan a la presente Decisión. I PRINCIPIOS Artículo 2.- Los principios de la Estrategia son: Respetar la soberanía nacional de cada País Miembro de la Comunidad Andina y conceder a la Estrategia el carácter de política de Estado. Contribuir a la pacificación y estabilización de las áreas de intervención descritas en el Anexo, ofreciendo

alternativas económicas y de vida dignas a las comunidades beneficiarias, principalmente a través de la integración transversal con políticas, programas y proyectos sectoriales, que maximicen los impactos de las acciones que se emprendan. Tener un carácter preventivo, que no sólo focalice comunidades y territorios afectados por los cultivos ilícitos sino también aquellos que enfrenten la amenaza de este problema, en todos los Países Miembros. Fortalecer la participación activa de las comunidades beneficiarias y de los gobiernos locales, involucrándolos en los procesos asociados a los proyectos de desarrollo alternativo en los Países Miembros. Respetar la diversidad, autonomía y particularidades nacionales, así como de las minorías étnicas y comunidades localizadas en las áreas de intervención de la Estrategia. Ser desarrollada en áreas que cuenten con condiciones mínimas de seguridad, gobernabilidad y comunicaciones, que permitan potenciar el desarrollo local; y donde las comunidades beneficiarias se encuentren en capacidad y tengan la voluntad de respetar la condición de erradicar y no resembrar cultivos ilícitos, que caracteriza al desarrollo alternativo. Apoyar la recuperación, conservación y ordenamiento de áreas protegidas que hayan sido afectadas por la problemática de los cultivos ilícitos. Ser ejecutada en el marco de estrategias integrales de lucha contra las drogas ilícitas, donde los esfuerzos de erradicación, interdicción y demás acciones tendientes a asegurar el imperio de la ley, apoyen la eliminación sistemática de actividades relacionadas con los cultivos ilícitos, principalmente aquellas promovidas por grupos al margen de la ley. Sustentarse en la solidaridad andina, dando prioridad a aquellos aspectos en los que el trabajo conjunto

permita avanzar más que de manera individual a cada País Miembro. Reafirmar el principio de responsabilidad compartida, que llame la atención sobre el mayor costo relativo que enfrentan los países andinos en la lucha contra las drogas ilícitas, y las tendencias de reducción de los aportes al desarrollo de los países con elevados niveles de consumo, mediante la cooperación internacional. Dicho principio se deberá traducir en acciones de los países consumidores que permitan combatir la demanda de drogas ilícitas, así como en una mayor cooperación financiera, técnica y comercial, a los proyectos y productos derivados del desarrollo alternativo. II CRITERIOS Artículo 3.- Los criterios generales de la Estrategia son: Articularse con otros planes y programas de desarrollo comunitario, nacional y sectorial (coadyuva al logro de sus objetivos y se retroalimentan, con criterio de ordenamiento territorial) incluidas las negociaciones internacionales. Tener una visión integral, lo cual comprenderá aspectos institucionales, sociales, económicos y ambientales. Deberá contener acciones inmediatas y de corto plazo, que tengan un efecto demostrativo y que, además, orienten e impulsen acciones y proyectos estructurales. Deberá contener elementos que le den permanencia en el tiempo (esfuerzo de mediano y largo plazo), por lo que debe ser participativa (a todos los niveles públicos de la sociedad civil) y contar con seguridad institucional, jurídica y financiera, que además aseguren el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales. Deberá focalizarse en las zonas de la frontera agrícola (de contención), así como en ecosistemas estratégicos, afectados o amenazados por los cultivos ilícitos, cuya localización y condiciones geográficas y

socioeconómicas ofrezcan un potencial de desarrollo local. Ser participativa, para lo cual deberá contar con el respaldo y el compromiso político y económico de los gobiernos nacionales, provinciales y locales. Optimizar y aprovechar los recursos financieros, información y conocimientos, experiencias y capital humano existente en las áreas de intervención o en otros proyectos de desarrollo alternativo, que puedan ser replicados o ampliados, promoviendo además la aplicación de incentivos. III OBJETIVOS Artículo 4.- El objetivo general de la Estrategia es contribuir a la reducción de la pobreza y a la cohesión social de los Países Miembros, en las áreas de intervención definidas en esta Estrategia, mediante el establecimiento de los lineamientos de política, los enfoques conceptuales y las metas e indicadores, que orienten las acciones y proyectos de desarrollo alternativo, que sean puestos en marcha, en el marco de las políticas nacionales y comunitarias sobre la materia, con un enfoque integral y sostenible. Artículo 5.- Los objetivos específicos de la Estrategia son:

1. En el ámbito institucional Promover la coordinación activa de las instituciones de los Estados y la Comunidad Andina -mediante sus órganos, instituciones, programas y proyectos-, a fin de lograr sinergias y objetivos comunes, fortalecer la gobernabilidad local y la participación de las comunidades, en las áreas de intervención del desarrollo alternativo de los Países Miembros.

Establecer mecanismos efectivos y eficientes de cooperación horizontal para el intercambio de experiencias y la asistencia técnica entre los Países Miembros, especialmente entre las comunidades beneficiarias del desarrollo alternativo. Disponer de un sistema comunitario y sus correspondientes sistemas nacionales de información, evaluación,

seguimiento y monitoreo, como herramientas de transparencia y apoyo a los procesos de toma de decisiones. 2 En el ámbito social Fortalecer organizaciones sociales, que dinamicen la generación y consolidación de comunidades de base y generen capital social, para darle atención a problemáticas sociales de las comunidades y mejorar su participación en el desarrollo local. Coadyuvar con las estrategias nacionales de desarrollo y en particular con las políticas de lucha contra la pobreza rural. Sensibilizar a la sociedad civil, especialmente aquella localizada en las áreas de intervención en los Países Miembros, sobre los efectos nocivos de los cultivos y drogas ilícitos, y la importancia del desarrollo alternativo como respuesta a las causas estructurales de este fenómeno. Asegurar que las acciones y proyectos de desarrollo alternativo que se desarrollen en la Comunidad Andina cuenten con un enfoque de género y contribuyan al reconocimiento y valoración de la diversidad social. 3 En el ámbito económico Disminuir la incidencia de la economía ilícita, mediante la reducción y prevención del incremento de los cultivos ilícitos y el control de su migración a nuevas áreas, entre y al interior de los Países Miembros (efecto globo). Promover y orientar la participación activa y en coordinación con los gobiernos nacionales, de organismos y agencias de desarrollo multilaterales, regionales y nacionales, en proyectos e iniciativas de desarrollo alternativo, en el marco de la Estrategia, especialmente en lo relacionado con la gestión de recursos. Asegurar la construcción y mantenimiento de infraestructura básica en las áreas de intervención del desarrollo alternativo, que facilite los procesos de producción y comercialización de los productos agrícolas y agroindustriales, así como de los servicios que se promuevan, en las áreas de intervención de los Países

Miembros. Apoyar la mayor vinculación de centros de investigación, universidades y demás instituciones pertinentes, de tal manera que mejoren el acceso a la ciencia y tecnología de los beneficiarios de desarrollo alternativo en la Comunidad Andina. Promover el acceso legal a la propiedad de la tierra de los beneficiarios, mediante la compra y legalización de títulos de tenencia de tierras. Promover formas asociativas, de colaboración y cooperación, a nivel de productores, sector privado, instituciones y agencias nacionales de promoción de exportaciones, y organismos financieros, entre otros, que propendan por el logro de un acceso real a los mercados nacionales e internacionales de los productos derivados del desarrollo alternativo, en estricta sujeción a las normas y compromisos comunitarios y nacionales correspondientes. Contribuir al financiamiento sostenido del desarrollo alternativo en la Comunidad Andina, mediante el uso de instrumentos innovadores, acordes a las realidades socioeconómicas de las poblaciones beneficiarias, que contemplen tanto el acceso a sistemas de banca de inversión y mercado de capitales, como alianzas estratégicas con el sector privado, y el uso de instrumentos tales como el canje de deuda y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), entre otros. 4 En el ámbito ambiental Apoyar la conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, especialmente aquellos localizados en ecosistemas estratégicos, zonas de amortiguación y áreas de parques naturales. Apoyar la implementación de mejores prácticas ambientales, tecnologías limpias, sistemas de producción orgánica y modelos agroforestales y de labranza mínima, entre otros, que aseguren un adecuado aprovechamiento de los recursos naturales y mejoren el acceso a mercados de comercio justo.

IV MECANISMOS Artículo 6.- El Comité Andino para el Desarrollo Alternativo (CADA) efectuará el seguimiento del Plan de Acción que aparece en el Anexo de la presente Decisión, de forma tal que asegure la aplicación de la Estrategia Andina de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible y promueva su profundización y perfeccionamiento. El CADA, en coordinación con el Comité Ejecutivo del Plan de Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos y a través de la Secretaría General de la Comunidad Andina, recomendará al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y a la Comisión de la Comunidad Andina, la adopción de la normativa comunitaria necesaria para la instrumentación del Plan de Acción de la Estrategia Andina de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible en las áreas de sus respectivas competencias. Artículo 7.- El CADA, con conocimiento del Comité Ejecutivo del Plan de Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos, informará anualmente al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, a través de la Secretaría General de la Comunidad Andina, sobre los avances en la instrumentación de la Estrategia Andina de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible. Artículo 8.- El CADA, en coordinación con el Comité Ejecutivo del Plan de Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos y a través de la Secretaría General de la Comunidad Andina, en un plazo de cinco años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Decisión, propondrá al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores su actualización.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los quince días del mes de julio del año dos mil cinco.

ANEXO I MARCO GENERAL DE LA ESTRATEGIA ANDINA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y

SOSTENIBLE

I. El nuevo enfoque del Desarrollo Alternativo en la Región Andina En sus orígenes, en los años ochenta, el desarrollo alternativo en la región andina se concentró en el establecimiento de mecanismos de apoyo a productores rurales de cultivos ilícitos en su erradicación y el establecimiento de cultivos alternativos, capaces de generar ingresos similares a los obtenidos a través de sus plantaciones ilegales. Como modelo de intervención social, el proceso de “sustitución de cultivos” fue concebido como un problema principalmente técnico y económico, por lo que la participación de los beneficiarios fue pasiva y las decisiones principalmente se concentraron en los equipos técnicos responsables de los proyectos (UNODCCP, 2001). Lo anterior, provocó dudas sobre la efectividad de las iniciativas propuestas para garantizar una compensación adecuada que les asegurara a los beneficiarios cubrir sus necesidades y, sobre todo, contar con una base socioeconómica que les permitiera impulsar su progreso dentro de la legalidad.

Por eso, desde la segunda mitad de los años noventa los modelos de desarrollo en la región evolucionan, otorgándole mayor énfasis a otros asuntos relacionados con el tema productivo, como la transformación industrial y la comercialización, entre otros. Se adopta, desde ese momento, un enfoque de “sustitución de ingresos”, el cual se centra en apoyar a las comunidades rurales beneficiarias en la obtención de mejores medios de vida. En este nuevo contexto, el desarrollo alternativo otorgó mayor importancia a la identificación

de los factores socioeconómicos que explican el comportamiento de los productores de cultivos ilícitos, lo cual conllevó la realización de esfuerzos para integrar las regiones productoras de coca, que generalmente se encontraban marginadas, en las principales corrientes de desarrollo de los países (UNODCCP, 2001). Ese modelo, que orientó la implementación de programas y proyectos nacionales de desarrollo alternativo durante toda la década del noventa, principalmente en Bolivia, Perú y Colombia, dejó importantes experiencias, entre otros asuntos, en materia de vinculación del sector privado, la utilización de instrumentos de banca de inversión y la adopción de enfoques de cadena productiva. Además, la implementación de diversos tipos de proyectos productivos y de infraestructura ha permitido conocer con mayor propiedad las características de las áreas focalizadas, así como las condiciones de producción y comercialización requeridas para generar actividades rentables. Sus debilidades, sin embargo, fueron notorias en materia social e institucional, pues en su ejecución los gobiernos y organizaciones locales tuvieron una participación limitada y, en general, la escala de los proyectos fue insuficiente, lo que no permitió transformar las economías locales. La escasa visión del desarrollo local, el poco énfasis en materia de ordenamiento territorial y la débil articulación de las iniciativas promovidas a través de la cooperación internacional con los objetivos de política nacional de los países, así como la ausencia de mecanismos eficientes y eficaces de seguimiento y evaluación, constituyeron debilidades que redujeron los impactos esperados, provocaron la dispersión de recursos, e hicieron que el trabajo interinstitucional fuera muy limitado . Otra dificultad de este modelo tuvo que ver con la limitada articulación de los proyectos con políticas

sectoriales, en materia ambiental, salud, educación, saneamiento básico, desarrollo productivo y rural, entre otros. Así, las mejoras en productividad y producción agrícola y agroindustrial, no siempre se tradujeron en mejoras en la calidad de vida de los beneficiarios de los proyectos. A raíz de los problemas anteriores, desde comienzos de la presente década empezó a emerger un nuevo modelo de desarrollo alternativo en los países andinos, a través del cual se pretende consolidar un enfoque integral y sostenible, centrado en el desarrollo local de áreas con potencial productivo localizadas en zonas de influencia de los cultivos ilícitos, así como en áreas expulsoras de poblaciones que alimentan los eslabones más bajos de la cadena de producción de estupefacientes. El nuevo enfoque del desarrollo alternativo en la región andina Bajo esta nueva visión se busca que la ayuda proporcionada a las comunidades beneficiarias de los proyectos e iniciativas de desarrollo alternativo, inclusive la proveniente de la cooperación internacional, no sea percibida como una compensación individual sino como un componente de cambio positivo en la estructuras económicas, sociales y culturales de determinadas áreas estratégicas, con potencial productivo, bajo criterios de ordenamiento territorial, y con la participación activa de las comunidades beneficiarias, así como de las autoridades y demás actores locales. El desarrollo alternativo, en este contexto, debe ir más allá del alcance logrado a través de un proyecto o una institución específica, para transformarse en un esfuerzo coordinado y concertado de diferentes instituciones y organizaciones nacionales, provinciales/departamentales y locales, que confluyen en un territorio específico para dinamizar y orientar su progreso (Mansfield, 2005). El trabajo interinstitucional y multisectorial que

promueva la Estrategia, pretende, de esta manera, incorporar los objetivos de reducción de los cultivos ilícitos y desarrollo económico y social como asuntos transversales de los planes nacionales y locales de desarrollo, así como de las agendas y planes de trabajo de diversas instituciones y actores sociales con injerencia en los municipios y cantones pertenecientes a las áreas focalizadas. Se espera que este nuevo enfoque conceptual le permita al desarrollo alternativo convertirse en un instrumento participativo, efectivo y eficaz para el desarrollo humano y comunitario, así como para la generación de gobernabilidad y paz social, entre las poblaciones más vulnerables que enfrentan o sufren la amenaza de los cultivos ilícitos y la economía ilegal que éstos conllevan. De esta manera, las acciones y proyectos que se emprendan, más allá de lograr el establecimiento de actividades productivas alternativas en las áreas de cultivos ilícitos, tendrán el objetivo de consolidar núcleos de desarrollo local sostenibles, en zonas de influencia consideradas estratégicas. En el campo productivo, por lo tanto, se buscará la promoción de proyectos con enfoque de cadena productiva, donde se aseguren volúmenes de producción considerables, que por medio de la zonificación adecuada contribuyan al logro de economías de escala y costos de transporte, acopio y comercialización competitivos. La adopción de proyectos que contemplen la producción complementaria para seguridad alimentaria, productos agrícolas de tardío rendimiento, forestales (maderables y no maderables), agroindustriales, así como bienes y servicios ambientales, amplía el espectro de proyectos a promover en cada área de intervención, que sin embargo requieren ser altamente priorizados, para evitar dispersión de acciones.

En este sentido será fundamental el estudio de las condiciones de precios internacionales y acceso a mercados externos de los productos que se promuevan mediante el desarrollo alternativo, que aseguren su adecuada comercialización. El siguiente cuadro presenta, como referencia, las iniciativas productivas con mayor potencial en las áreas de desarrollo alternativo de los Países Miembros. Principales iniciativas productivas promovidas por el desarrollo alternativo en los países andinos Productos agrícolas y Arracacha, banano, cacao, café, caucho, frutales, forestales miel, palma aceitera, palmito, plátano, forestales (maderables y no maderables), té Bienes y servicios Ecoturismo, turismo científico, etno-turismo ambientales Infraestructura y Plantas procesadoras, extractoras y empacadoras, agroindustria sistemas de riego, mantenimiento de caminos, sistemas de acueducto y alcantarillado Productos no agrícolas Artesanías, piscicultura Se promoverá la participación activa del sector privado en diferentes niveles de la cadena productiva de los proyectos, que además aseguren la consolidación de organizaciones productivas en las áreas de intervención con capacidad para liderar su desarrollo económico local. El acceso a la propiedad de la tierra, el fortalecimiento de las organizaciones sociales y la recuperación de la cultura de la legalidad representan otros elementos esenciales a rescatar entre las comunidades beneficiarias, para lograr un rechazo social contundente a los cultivos ilícitos. Este enfoque integral y sostenible, que con la Estrategia se eleva al ámbito comunitario, se ha venido consolidando a través de las políticas y programas nacionales adoptados por los Países Miembros, tal como lo revela la tabla adjunta.

Política, planes y programas nacionales de desarrollo alternativo adoptados por los países andinos País Estrategia Bolivia Plan Nacional de Desarrollo Alternativo 2004 – 2008 Colombia Programa de Desarrollo Alternativo 2003 – 2006 Ecuador Plan Nacional de Prevención y Control de Droga 2004 – 2008 (incluye desarrollo alternativo preventivo) Perú Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2002 – 2007 (incluye desarrollo alternativo) Venezuela Plan Nacional Antidrogas 2002 – 2007 (incluye menciones sobre el desarrollo alternativo preventivo) La adopción de la Estrategia, en este contexto, no es sino la culminación de un proceso de convergencia de las políticas y programas nacionales sobre la materia, que aprovecha la instancia de la CAN como instrumento para formalizar el diseño de una propuesta regional. Sin embargo, su instrumentación, aunque cuenta en cada país con los programas nacionales de desarrollo alternativo, requerirá un esfuerzo adicional de integración transversal con otras políticas sectoriales en los diferentes ámbitos de intervención -nacionales y locales-, para lo cual se deberá coordinar con los Ministerios de Agricultura, Salud, Educación, Medio Ambiente, Transporte, Energía, Justicia, Fuerzas Armadas y Policiales; así como con Gobiernos regionales y Municipios.

ANEXO II

PLAN DE ACCION DE LA ESTRATEGIA ANDINA DE DESARROLLO

ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

I. ÁREAS DE INTERVENCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA (FOCALIZACIÓN) La priorización de áreas para la aplicación de la Estrategia es una potestad soberana de los Países Miembros.

Derivado de los planes y programas nacionales de desarrollo alternativo que existen en cada país, se han establecido las siguientes áreas de intervención prioritarias. Será fundamental que la focalización de proyectos e iniciativas en estos territorios responda al enfoque conceptual de la Estrategia, de tal manera que el apoyo del desarrollo alternativo verdaderamente contribuya a impulsar el progreso local. Áreas de Intervención País Zonas Bolivia Zonas excedentarias en transición: departamento de Cochabamba (provincias de Chapare, Carrasco, Entre Ríos, Tiraque y Shinahota); departamento de La Paz (provincias de Nor y Sur Yungas y Caranavi); zonas pobres expulsoras de población: municipios del norte de Potosí y Chuquisaca y sur de Cochabamba; zonas potenciales de desarrollo y de riesgo: Yapacani y parques nacionales Isiboro, Securé, Carrasco y Amboró. Colombia Región Macizo Colombiano (Nariño, Cauca, Huila y Tolima); Región Magdalena Medio (Bolívar, Santander, Tolima, Caldas, Cesar, Cundinamarca, Boyacá y Antioquia); Región Catatumbo (Norte de Santander); Región Nordeste, Bajo Cauca y Urabá Antioqueño y Córdoba; Sierra Nevada de Santa Marta; Región Amazonía y Orinoquía (Putumayo; Caquetá; Guaviare; Arauca); Boyacá. Ecuador Provincias de Esmeraldas, Carchi, Sucumbios, Imbabura, Napo, Orellana Perú Cuencas del Huallaga Central y Alto Huallaga (Tocache, Uchiza, Aucayacu, Monzón y

Tingo María), Aguaytía, Pachitea-Palcazú Valle del Río Apurímac-Ene; La Convención y Lares; San Gabán; Tambopata-Inambari. Venezuela Parque Nacional Sierra del Perijá (zona de frontera). Las áreas señaladas, sin embargo, son indicativas y podrán ser actualizadas anualmente en desarrollo de los planes de acción de la Estrategia, de acuerdo con la dinámica de los cultivos ilícitos y las consideraciones de política de los gobiernos nacionales. En estas áreas, la focalización de cada proyecto, sin embargo, dependerá de la existencia del riesgo real o potencial de que la economía local de estos territorios sea afectada por los cultivos ilícitos y demás actividades derivadas de este negocio ilegal; la identificación de potencialidades que pueden generar una dinámica económica legal que reemplace la ilegal; y la prevalencia de condiciones políticas y sociales favorables para promover el desarrollo alternativo, además de los criterios técnicos con que cuente cada iniciativa en particular.

II. VIABILIDAD DE LA ESTRATEGIA La Estrategia constituye un ambicioso y a la vez prometedor instrumento para el establecimiento de una plataforma de diálogo y para la acción comunitaria en materia de desarrollo alternativo.

Su viabilidad, como ha sido previamente indicado, se sustenta en la interrelación y articulación con un cúmulo importante de normativas, programas y proyectos andinos, nacionales y locales, orientados a dinamizar el desarrollo de ciertos territorios estratégicos, correspondientes a las áreas de intervención. La Estrategia será, prioritariamente, un esfuerzo de coordinación jurídica, política e institucional, que moviliza el proceso andino de integración, en su profundización y perfeccionamiento, en una materia

fundamental para la región. Por ejemplo, a nivel andino, la transversalidad con otras políticas y estrategias comunitarias en curso se observa en el Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS -Decisión 601). Las propuestas de proyectos que contempla el PIDS se fundamentan en un enfoque territorial para la gestión del desarrollo rural que abarca, de manera integrada, sus dimensiones económica, social, cultural, ambiental y político institucional, al igual que lo que se propone en el marco de la Estrategia. El propósito de ambos es promover el bienestar de la socie