CC - A163-2020

Auto 163/20

SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE TUTELA

E INCIDENTE DE DESACATO-Competencia excepcional de la Corte Constitucional (i) Los incidentes de desacato que se promuevan contra providencias judiciales, aun cuando versen sobre la garantía de los derechos de la población desplazada, no son competencia de la Sala Especial de Seguimiento; (ii) La verificación del cumplimiento de las órdenes particulares (relacionadas con los 108 casos acumulados en la Sentencia T-025 de 2004) corresponde a los jueces de primera instancia; (iii) La verificación del cumplimiento de las órdenes estructurales proferidas en la Sentencia T-025 de 2004, así como de los autos de seguimiento a la superación del ECI, recae en esta Sala Especial, en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 y (iv) La Sala Plena de la Corte Constitucional se reserva la competencia para resolver los incidentes de desacato en grado de consulta, ante eventuales sanciones proferidas por la Sala Especial de Seguimiento. CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE DESACATO-Diferencias INCIDENTE DE DESACATO-Aspectos sustanciales y procesales SEGUIMIENTO EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO DE COMUNIDADES AFRODESCENDIENTESCumplimiento de órdenes e improcedencia del incidente de desacato (i) realizar un censo y caracterización de las comunidades; (ii) garantizar la seguridad, transparencia y libertad de elección en la asamblea general de

Curvaradó; (iii) diseñar un plan provisional urgente de prevención y protección; (iv) presentar un estudio jurídico sobre los predios privados deslindados del título colectivo; (v) revaluar lo cronogramas sobre los procesos de caracterización, saneamiento y ampliación de los territorios colectivos; e (vi) implementar las reglas especiales establecidas por la Sala Especial para la asamblea general eleccionaria. SEGUIMIENTO EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO DE COMUNIDADES AFRODESCENDIENTESCumplimiento de las órdenes atinentes a la protección del derecho a la autonomía de la comunidad de Curvaradó SEGUIMIENTO EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO DE COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES-Nivel de cumplimiento bajo de las órdenes atinentes a la recuperación, saneamiento y ampliación del territorio colectivo SEGUIMIENTO EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO DE COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES-Orden al Ministerio del Interior de asistir al consejo comunitario de Curvaradó en la implementación de un nuevo reglamento interno SEGUIMIENTO EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO DE COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES-Orden a la Unidad Nacional de Protección de adoptar medidas de protección colectiva e individual del consejo comunitario de Curvaradó SEGUIMIENTO EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO DE COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES-Orden a la Unidad para las Víctimas de concertar la reparación colectiva e indemnización administrativa del consejo comunitario de Curvaradó

SEGUIMIENTO EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO DE COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES-Adoptar medidas que permitan la atención en salud de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó en el contexto de la pandemia COVID-19

Referencia: solicitudes de apertura de incidente de desacato por el presunto incumplimiento de los Autos del 18 de mayo de 2010, 045, 112 y 299 de 2012, en relación con las comunidades afrodescendientes del Consejo Comunitario de Curvaradó (Carmen del

Darién, Chocó). Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinte (2020). En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, integrada por el Magistrado Luis Guillermo Guerrero y las Magistradas Diana Fajardo Rivera y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, profiere el presente auto.

1. Síntesis de la decisión Dentro del proceso de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y los Autos 005 de 2009, del 18 de mayo de 2010, 045, 112 y 299 de 2012, diferentes integrantes de las comunidades –uno de ellos a través de apoderado judicial– del Consejo Comunitario de Curvaradó (Carmen del Darién Chocó)1, 1 En algunos documentos, los actores se refieren al Consejo Comunitario como Curvaradó o Curbaradó. En la presente decisión, la Sala Especial empleará el término de Curvaradó para referirse a las comunidades que

solicitaron a esta Sala Especial: (i) dar inicio al trámite de un incidente de desacato en contra de la Ministra del Interior, el inspector ad hoc del Ministerio del Interior y el director de la Agencia Nacional de Tierras; y (ii) adoptar medidas para garantizar la restitución material de sus territorios y la elección de sus autoridades étnicas de manera libre, segura y transparente. Estas pretensiones se sustentan en el presunto incumplimiento de las órdenes proferidas para la protección de la autonomía y el territorio de las comunidades afrodescendientes de Curvaradó. En torno a la autonomía, los actores consideran que la Ministra del Interior desconoció sus obligaciones de (i) censar y caracterizar a la población2; (ii) garantizar la transparencia, seguridad y libertad de elección en la asamblea general3; y (iii) adoptar un plan provisional urgente de prevención y protección que asegurara las condiciones de seguridad suficientes para elegir a sus autoridades étnicas4; e (iv) incumplió las reglas establecidas por la Sala Especial para la participación en la asamblea eleccionaria5. En relación con su territorio, los peticionarios señalan que la Ministra del Interior, el inspector de policía ad hoc del Ministerio del Interior y el director de la Agencia Nacional de Tierras incumplieron las órdenes de (i) realizar un estudio jurídico sobre los predios deslindados del título colectivo6; y (ii) revaluar sus cronogramas de trabajo para adelantar los procesos de caracterización, desalojo, saneamiento, ampliación y recuperación del territorio colectivo de Curvaradó.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, en la presente providencia la Sala Especial de Seguimiento estudió y resolvió cada una de las solicitudes. Para estos propósitos, como cuestión previa, la Sala reiteró los parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional en relación con las competencias y mecanismos del juez de tutela para asegurar el cumplimiento de sus decisiones, así como los requisitos de procedibilidad de las solicitudes de apertura de incidentes por presuntos desacatos. Para el análisis de las peticiones relacionadas con la apertura de un incidente de desacato, la Sala Especial precisó el alcance de las órdenes presuntamente incumplidas y se refirió de manera puntual a los resultados reportados por las instituciones. Con base en ello, valoró el nivel de cumplimiento alcanzado de conformidad con los parámetros establecidos en el Auto 373 de 20167. A partir de este análisis, la Sala concluyó que las solicitudes no son procedentes habitan la cuenca del río del mismo nombre en el municipio de Carmen del Darién (Chocó). 2Orden tercera del Auto del 18 de mayo de 2010. 3Ordinal i de la orden cuarta del Auto del 18 de mayo de 2010. 4Orden primera del Auto 045 de 2012. 5Orden sexta del Auto 299 de 2012. 6Orden octava del Auto 045 de 2012. debido a que (i) no se advirtió un comportamiento negligente por parte de las autoridades responsables; (ii) el Gobierno Nacional cumplió sus obligaciones; y, en aquellos eventos donde se constató un rezago en la implementación de las medidas, (iii) las instituciones probaron la existencia de obstáculos fácticos

y jurídicos que incidieron en el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional. De acuerdo con estas conclusiones, la Sala Especial estudió las demás peticiones y, según su contenido y objeto, accedió parcialmente a aquellas relacionadas con (i) el reglamento interno del consejo comunitario; (ii) la protección de la vida, seguridad, integridad y libertad de las comunidades y sus integrantes; y (iii) la reparación individual y colectiva de aquellas. Advertida la situación humanitaria que afrontan las comunidades de Curvaradó y la persistencia de obstáculos que inciden en la garantía de sus derechos, la Sala Especial estableció la necesidad de valorar, a través de un nuevo pronunciamiento, el impacto de las medidas adoptadas para la protección de la autonomía, la identidad y el territorio de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó. Finalmente, resolvió remitir a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación los informes en los cuales se consignan diferentes denuncias que, en consideración de la Sala, podrían dar lugar al inicio de procesos penales o disciplinarios.

I. ANTECEDENTES

2. Competencia de la Sala Especial de Seguimiento

1. Por medio de la Sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en materia de desplazamiento forzado como consecuencia de la vulneración grave, masiva y sistemática de los derechos fundamentales de la población desplazada. Esto, debido principalmente a la precaria capacidad institucional del Estado para atender a dicha población y a la insuficiente apropiación de

recursos para tales efectos.

2. Debido a la complejidad y magnitud del ECI, la Corte Constitucional resolvió mantener la competencia de monitorear el cumplimiento de sus órdenes con la finalidad de asegurar el goce efectivo de los derechos de las personas desplazadas8. Para este propósito, la Corte Constitucional conformó 7 En Auto 373 de 2016, la Sala Especial (i) precisó los umbrales que se deben satisfacer en cada componente de la política pública dirigida a la población desplazada; y (ii) definió en qué situaciones el juez de tutela debe intervenir en dicha política. Con base en estos elementos, (iii) valoró el nivel de cumplimiento de las órdenes estructurales emitidas; y (iv) evaluó la superación o permanencia del ECI. una Sala Especial de Seguimiento encargada de examinar los avances y rezagos en la superación del ECI declarado9.

3. Orden de restituir los territorios colectivos de Curvaradó y

Jiguamiandó

3. Mediante Sentencia 0102 del 9 de diciembre de 2009, el Tribunal Contencioso Administrativo de Chocó concedió una acción de tutela interpuesta por los representantes legales de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, apoyados por los Ministerios del Interior y de Justicia y de Agricultura y Desarrollo y el INCODER, en contra del Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Municipio de Carmen del Darién y una serie de empresas palmicultoras y personas naturales. En concreto, los accionantes solicitaron la protección de sus derechos a la propiedad colectiva del territorio, restitución, reparación integral, dignidad,

vida, integridad personal, trabajo, mínimo vital, identidad y autonomía. En este caso, el Tribunal estableció que los derechos de las comunidades fueron vulnerados debido a las “posesiones y tenencias irregulares de sus tierras, por parte de las personas naturales y jurídicas accionadas”, motivo por el cual ordenó la restitución material de los territorios colectivos de las comunidades. Esta decisión fue confirmada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, mediante Sentencia del 8 de abril de 2010.

4. Medidas proferidas en el marco del ECI declarado en Sentencia T025 de 2004, para la protección de las comunidades afrodescendientes del Consejo Comunitario de Curvaradó (Carmen

del Darién, Chocó)10

4. En Auto 005 de 2009, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional identificó tres factores transversales que inciden en el desplazamiento forzado de las comunidades afrodescendientes11 y distinguió

8Esta facultad se deriva del artículo 241 de la Constitución Política y el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, el cual dispone: “el juez (…) mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”. 9Corte Constitucional. Acta 01 del 19 de abril de 2009. 10 Es necesario precisar que, si bien las decisiones que se relacionan a continuación ordenaron medidas para la protección tanto del Consejo Comunitario de Curvaradó como de Jiguamiandó, debido a la especificidad de la presente actuación, la Sala Especial sólo hará referencia a las medidas

adoptadas con relación a Curvaradó. 11 Los factores identificados en el Auto 005 de 2009 son: (i) la exclusión estructural de la población afrodescendiente, la cual la ubica en una situación de mayor marginación y vulnerabilidad; (ii) la existencia de procesos mineros y agrícolas en ciertas regiones que impone fuertes tensiones sobre sus territorios ancestrales, al tiempo en que favorece su despojo; y (iii) la diez riesgos que dejan en evidencia el impacto diferencial que tiene el desplazamiento forzado sobre esta población12. Conforme a ello, hizo énfasis en el daño específico y desproporcionado del desplazamiento forzado sobre sus derechos al territorio, la autonomía y la identidad cultural. En concreto, esta Corporación constató que los afrodescendientes, debido a su condición de vulnerabilidad, enfrentan con mayor rigor el impacto del desplazamiento forzado, motivo por el cual el Estado de Cosas Inconstitucional se manifiesta sobre sus comunidades de manera más aguda y crítica13. En línea con lo anterior, la Sala concluyó que los derechos individuales y colectivos de las comunidades afrodescendientes son masiva y sistemáticamente desconocidos, no sólo por el impacto del desplazamiento forzado sino también debido a que la política pública carece de un enfoque integral de atención diferencial sensible a “los riesgos especiales que sufren, a los factores transversales que inciden en el desplazamiento y el confinamiento de esta población y los riesgos particulares que impactan de manera desproporcionada en sus derechos”14. De acuerdo con esta valoración, la Corte Constitucional estableció que las comunidades afrodescendientes son sujetos de protección constitucional

reforzada, lo cual impone a todas las autoridades especiales deberes de prevención, atención y salvaguarda de sus derechos individuales y colectivos, a cuyo cumplimiento deben prestar particular diligencia. Estas obligaciones, precisó la Corte, se concretan en la adopción de un enfoque diferencial en la deficiente protección jurídica e institucional de los territorios colectivos, lo cual fomenta la presencia de actores armados que amenazan a la población afrodescendiente para abandonar sus territorios. 12 De acuerdo con el Auto 005 de 2009, las comunidades afrodescendientes afrontan los siguientes riesgos como consecuencia del desplazamiento forzado, el confinamiento y los procesos de resistencia en sus territorios: (i) vulneración de sus derechos territoriales colectivos; (ii) destrucción de su estructura social; (iii) destrucción cultural de las comunidades; (iv) agudización de la situación de pobreza y de la crisis humanitaria; (v) agudización del racismo y la discriminación racial; (vi) desatención para las comunidades que optan por la resistencia y el confinamiento; (vii) afectación del derecho a la participación y de debilitamiento de las organizaciones comunitarias afrocolombianas y del mecanismo de consulta previa; (viii) vulneración del derecho a la protección estatal y de desconocimiento del deber de prevención del desplazamiento forzado, del confinamiento y de la resistencia de la población afrodescendiente; (ix) afectación del derecho a la seguridad alimentaria; y (x) ocurrencia de retornos sin condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad. 13Corte Constitucional. Auto 005 de 2009. M.P. Manuel José Cepeda

Espinosa. Fundamento jurídico V. 14Corte Constitucional. Auto 005 de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ordinal segundo de la parte resolutiva. política pública que reconozca y atienda el impacto desproporcionado y diferencial del conflicto, la violencia y el desplazamiento sobre los derechos de este grupo étnico15. En consecuencia, en el Auto 005 de 2009, la Sala Segunda de Revisión ordenó al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior y de Justicia16 y de Acción Social17, implementar: (i) un plan de caracterización de los territorios colectivos y ancestrales (orden cuarta); (ii) una ruta étnica para la protección de los territorios (orden quinta); (iii) un plan específico de protección y atención para cada una de las comunidades identificadas en la providencia (orden tercera); (iv) una estrategia para atender a las comunidades que afrontan restricciones a la movilidad (orden séptima); y (v) un plan integral de prevención, protección y atención a la población afrocolombiana (orden novena)18.

5. Posteriormente, a través del Auto del 18 de mayo de 2010, la Sala Especial de Seguimiento analizó la situación en que se encontraban las comunidades afrodescendientes de Curvaradó19 y constató un contexto marcado por la persistencia de perturbaciones a sus territorios por parte de empresarios y personas naturales, cuyo impacto sobre los derechos – especialmente étnicos– se agudizó como consecuencia de graves problemas de orden público en la región de Urabá. Este último reflejado en la presencia de

actores armados en la zona, la militarización del territorio colectivo, múltiples enfrentamientos y el homicidio de cinco líderes. 15 Corte Constitucional. Auto 005 de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Fundamento jurídico II. 10. 16Por disposición de la Ley 1444 de 2011, el Ministerio del Interior y de Justicia se escindió en los Ministerios de Justicia y del Derecho y Ministerio del Interior, siendo este último el responsable directo de continuar con el cumplimiento del Auto 005 de 2009. 17 De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 790 de 2012 y 4802 de 2011, las funciones de Acción Social, en lo que se refiere al cumplimiento del Auto 005 de 2009, fueron asignadas a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas como coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas

(SNARIV).

18Igualmente, la Sala Segunda de Revisión concluyó que las comunidades de Curvaradó son un caso emblemático que refleja el grave impacto del conflicto armado y el desplazamiento forzado sobre los derechos de la población afrodescendiente. Por esta razón, además de las medidas generales proferidas en el citado auto, ordenó al Gobierno Nacional dar cumplimiento a las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con estas comunidades (orden décima). 19 Mediante Acta 01 del 19 de abril de 2009, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió asumir la verificación del cumplimiento de la

Sentencia T-025 de 2004 y sus autos complementarios (como el Auto 005 de 2009), labor que hasta entonces ejerció la Sala Segunda de Revisión. Para estos efectos, como se expondrá más adelante, se designó a esta Sala Especial. 5.1. Como resultado de lo anterior, la Sala Especial identificó diferentes riesgos y afectaciones en contra de los derechos de las comunidades, especialmente a la autonomía, la identidad y el territorio, así como la vulneración de la vida, seguridad e integridad personal de sus integrantes y el retorno de las familias en situación de desplazamiento.

En relación con la autonomía, la Corte encontró: (i) afectaciones al derecho a la participación, especialmente causadas por la indebida intervención de particulares y empresas en los procesos internos20; (ii) irregularidades en la elección de las autoridades del consejo comunitario21; (iii) incertidumbre en torno a la representatividad de sus autoridades, la integridad de sus territorios y el censo de su población; (iv) campañas de desprestigio y amenazas en contra de sus líderes; (v) tensiones internas; y (vi) un riesgo generalizado sobre la vida y seguridad de la población. En torno al territorio, la Sala señaló que, si bien el Gobierno Nacional adelantó importantes gestiones para su restitución material (i.e. delimitación y recuperación de tierras), persisten las afectaciones identificadas por el Tribunal Contencioso Administrativo de Chocó en la citada Sentencia 0102 del 9 de diciembre de 200922. Además, advirtió el riesgo de nuevos despojos 20Por ejemplo, la Defensoría denunció: (i) la promoción de procesos de

“repoblamiento” del territorio para facilitar la negociación del mismo territorio y sus recursos; (ii) financiación y promoción de asambleas, reuniones y espacios de decisión para los consejos comunitarios, para conformar autoridades locales afines, a través de la cooptación de algunos liderazgos; (iii) intromisión en el proceso de retorno de comunidades en situación de desplazamiento; y (iv) financiación de campañas de descrédito en contra de los acompañantes humanitarios y comunidades. 21 En relación con el proceso eleccionario, esta Corporación encontró que: (i) el doce (12) de septiembre de 2009 se eligió la junta directiva y el representante legal de Curvaradó; (ii) debido a irregularidades en la elección, el proceso fue impugnado; (iii) sin embargo, vencidos los términos para resolver dicha impugnación, el Ministerio del Interior y de Justicia no adoptó ninguna decisión y, por el contrario; (iii) esta Cartera inscribió a las autoridades elegidas; (iv) posteriormente, el 25 de abril de 2010, se llevó a cabo una nueva asamblea general donde doce (12) comunidades eligieron una nueva junta, la cual no fue registrada. 22 Mediante Sentencia 0102 del 9 de diciembre de 2009, el Tribunal Contencioso Administrativo de Chocó concedió una acción de tutela interpuesta por los representantes legales de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, apoyados por los Ministerios del Interior y de Justicia y de Agricultura y Desarrollo y el INCODER, en contra del Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Municipio de Carmen del Darién y una serie de empresas palmicultoras y personas naturales. En concreto, los

accionantes solicitaron la protección de sus derechos a la propiedad colectiva del territorio, restitución, reparación integral, dignidad, vida, integridad personal, trabajo, mínimo vital, identidad y autonomía. En este caso, el Tribunal estableció que los derechos de las comunidades fueron vulnerados debido a las “posesiones y tenencias irregulares de sus tierras, por parte de las personas naturales y jurídicas accionadas”, motivo por el cual ordenó la restitución material de los territorios colectivos de las comunidades. Esta decisión fue confirmada por el Consejo de Estado, Sala de a través de convenios y acuerdos de explotación agrícola, ganadera o minera en los territorios colectivos. Igualmente, la Corte precisó cómo, producto de estos riesgos y vulneraciones, también se afectó la identidad cultural de las comunidades, puesto que los procesos de participación efectiva (como elemento de la autonomía) inciden de manera directa en la garantía de los demás derechos de la población, ya que de conformidad con el artículo 5º de la Ley 70 de 1993, corresponde al consejo comunitario conservar y proteger el derecho a la propiedad colectiva, así como preservar la identidad cultural, entre otras funciones. 5.2. Por otra parte, al valorar el nivel de cumplimiento de las órdenes del Auto 005 de 2009, la Sala Especial constató un retraso generalizado en la implementación de las medidas, lo cual, aunado a los factores ya señalados, agudizó la crisis humanitaria que afrontaban las comunidades afrodescendientes de Curvaradó. Concretamente, en torno a las órdenes de diseñar (i) un plan específico de

protección y atención para Curvaradó; y (ii) un plan integral de prevención, protección y atención a la población afrodescendiente23, la Sala Especial advirtió un estancamiento en su formulación debido a que en ninguno de estos dos casos se llevó a cabo la caracterización y censo de las comunidades. Sobre este particular, la Sala reiteró que la identificación y cuantificación de la población beneficiaria de las políticas públicas es un elemento esencial para que su diseño y ejecución sean satisfactorios y sus impactos medibles a través de indicadores24. Del mismo modo, la Corte encontró que, a pesar de los Informes de Riesgo emitidos por la Defensoría del Pueblo en torno a la situación de la región de Urabá, no se implementó la ruta étnica establecida en el Decreto 2007 de 2001 para proteger los territorios de Curvaradó25, razón por la cual se agudizó el riesgo de despojo señalado previamente (supra). Además, tampoco se realizó la caracterización de los territorios como lo ordenó la Corte Constitucional en el Auto 005 de 200926, lo cual –según esta providencia– es un requisito previo y esencial para su restitución jurídica y material27. lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, mediante Sentencia del 8 de abril de 2010. 23Corte Constitucional. Auto 005 de 2009. M.P. Manuel José Cepera Espinosa. Órdenes tercera y novena. 24Corte Constitucional. Auto del 18 de mayo de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Fundamento jurídico VII.1. 25Corte Constitucional. Auto 005 de 2009. M.P. Manuel José Cepera

Espinosa. Orden quinta. 26Corte Constitucional. Auto 005 de 2009. M.P. Manuel José Cepera Espinosa. Orden cuarta. 27Sobre este particular, la Sala Especial reiteró que, dentro de los elementos que deben ser identificados a través de la caracterización de los territorios colectivos y ancestrales de las comunidades afrodescendientes se encuentran: 5.3. Conforme con lo anterior, la Sala Especial de Seguimiento, en el Auto del 18 de mayo de 2010, concluyó que la situación de riesgo y la persistencia de vulneraciones a los derechos de las comunidades de Curvaradó podrían hacerse más graves si: “[Se] realiza la entrega de los territorios colectivos sin que previamente se haya aclarado quiénes son los verdaderos representantes de la comunidad de la cuenca del río Curvaradó, sin que se adopten medidas adecuadas para garantizar el derecho a la participación efectiva y transparente de las comunidades, y sin que se apliquen las presunciones de ilegalidad de las transacciones que se realicen para la explotación, uso, o transparencia de la propiedad, de la posesión o de la tenencia de los territorios colectivos, a que se hace referencia en el Auto 005 de 2009”28. En tal sentido, la Sala estableció como requisito previo para la restitución de los territorios, la caracterización de estos –así como de las comunidades que los habitan– y la elección de los representantes del consejo comunitario mayor, de conformidad con la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Lo anterior, debido a que la Ley 70 de 1993 faculta a los consejos comunitarios para agenciar los derechos de sus comunidades, lo cual,

entre otros mecanismos, se concreta en la responsabilidad de recibir en forma de propiedad colectiva las tierras adjudicadas –o restituidas– a los afrodescendientes29. 5.4. En consecuencia, mediante Auto del 18 de mayo de 2010, la Sala Especial de Seguimiento resolvió adoptar medidas cautelares para la protección de los derechos –especialmente étnicos– de las comunidades de Curvaradó e impulsar el cumplimiento del Auto 005 de 2009:

1. En relación con la autonomía de las comunidades, la Sala ordenó al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior: (a) finalizar el proceso de censo y caracterización de las comunidades (orden tercera); y

(b) garantizar la transparencia, seguridad y libertad de elección para la realización de la asamblea general30 (orden cuarta, ordinal ii). (i) las características socioeconómicas de las comunidades asentadas en los territorios; (ii) los obstáculos jurídicos que impiden la protección efectiva de los territorios y (iii) los mecanismos para garantizar la restitución de estos. Bajo este entendido, en el Auto del 18 de mayo de 2010, la Sala estableció que, hasta tanto no finalice la caracterización de los territorios, no es posible llevar a cabo la restitución de los mismos. Corte Constitucional. Auto del 18 de mayo de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Fundamento jurídico VII.2. 28Corte Constitucional. Auto del 18 de mayo de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Fundamento jurídico VIII.4.3 29Corte Constitucional. Auto del 18 de mayo de 2010. M.P. Luis Ernesto

Vargas Silva. Fundamento jurídico VII.2. ii. En torno a la identidad cultural, se dispuso la construcción de un procedimiento de resolución pacífica de conflictos dentro de las comunidades de la región, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995 (orden séptima). iii. Por otra parte, para garantizar la protección y restitución de los territorios colectivos se ordenó: (a) congelar todas las transacciones relativas al uso, posesión, tenencia, propiedad o explotación agroindustrial o minera de predios amparados por el título colectivo de Curvaradó; (b) avanzar en la caracterización del territorio (orden cuarta, ordinales i y iv); y (c) suspender el proceso de restitución administrativa y entrega física31, hasta que se hayan censado y caracterizado las comunidades y celebrado la asamblea general (órdenes cuarta, ordinal iii; y quinta). iv. Para proteger a las comunidades de Curvaradó, especialmente la vida, seguridad e integridad de sus integrantes, la Sala ordenó a los Ministros de Defensa y del Interior: (a) diseñar e implementar un plan específico de prevención y protección colectiva e individual, el cual fuera sensible a los cambios en las dinámicas de riesgo (orden sexta, ordinal ii); y (b) adoptar medidas para la protección para algunos líderes identificados en el auto (orden décima segunda). Adicionalmente, (c) solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación investigar las presuntas amenazas en contra de los miembros del consejo comunitario (orden décima tercera).

1. Finalmente, en relación con el impulso y cumplimiento del Auto 005 de 2009, la citada providencia ordenó: (a) al Gobierno Nacional presentar informes acerca de las acciones desarrolladas (orden sex