CC - A544-2025

TEMAS-SUBTEMAS

Auto A-544/25

SUSPENSION DE TERMINOS EN CONTROL CONSTITUCIONAL

DE DECRETO LEGISLATIVO-Procedencia excepcional

SUSPENSION DEL TRAMITE DE CONSTITUCIONALIDAD POR PREJUDICIALIDAD-Procedencia

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena AUTO 544 DE 2025

Referencia: expediente RE-371

Asunto: Control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 0131 del 5 de febrero de 2025, «[p]or el cual se establecen medidas relacionadas con los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos de la Asignación para la Inversión Regional del 40% en cabeza de las regiones, de la Asignación para la Paz y de la Asignación Ambiental del Sistema General de Regalías, en el marco del estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipiosdel área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar».

Magistrada sustanciadora: Paola Andrea Meneses Mosquera

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025) La Sala Plena, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular, las previstas en los artículos 214.6 y 241.7 de la Constitución, y

CONSIDERANDO

1. Los artículos 2141 y 241 (numeral 7)2 de la Constitución asignan a la Corte competencia para decidir sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos dictados por el Gobierno nacional en el marco de los estados de

1. Los artículos 2141 y 241 (numeral 7)2 de la Constitución asignan a la Corte competencia para decidir sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos dictados por el Gobierno nacional en el marco de los estados de excepción.

2. El numeral 5 del artículo 242 superior prevé que, en los procesos de control de constitucionalidad de los decretos legislativos, «los términos ordinarios se reducirán a una tercera parte [...]». 1 El numeral 6 del artículo 214 superior dispone: «El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refieren los artículos anteriores, para que aquélla decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehender á de oficio y en forma inmediata su conocimiento.» 2 El numeral 7 del artículo 241 constitucional señala: «A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: [...] 7. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el Gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución.»3. El Gobierno nacional, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo

213 de la Constitución, dict ó el Decreto Legislativo 0131, del 5 de febrero de 2025, «[p]or el cual se establecen medidas relacionadas con los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos de la Asignación para la Inversión Regional del 40% en cabeza de las regiones, de la Asignación para la Paz y de la Asignación Ambiental del Sistema General de Regalías, en el marco del estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar».

4. El 6 de febrero de 2025, en atención a lo previsto por los artículos 214 3 y 241.74 de la Constitución, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta Corte copia auténtica del Decreto Legislativo 0131, del 5 de febrero de 2025. En la misma fecha, y por sorteo, la Sala Plena asignó su revisión a la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera5.

5. El 11 de febrero de 2025, mediante auto, la suscrita magistrada avocó conocimiento del Decreto Legislativo 0131 del 5 de febrero de 2025, y decretó pruebas.

6. Los días 3, 12 y 25 de marzo, la magistrada decretó pruebas adicionales, con el fin de contar con mayores elementos de juicio para la resolución del

caso. 3 El numeral 6 del artículo 214 superior dispone: «El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refieren los artículos anteriores, para que aquélla decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehender á de oficio y en forma inmediata su conocimiento.» 4 El numeral 7 del artículo 241 constitucional señala: «A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: [...] 7. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el Gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución.» 5 Expediente Digital RE-371. Archivo: RE0000371-Acta de Reparto-(2025-02-07 08-04-18).7. Los días 18, 21, 24 y 25 de febrero, así como 3, 4, 11, 13 y 21 de marzo de 2025, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió al despacho de la magistrada sustanciadora informes de pruebas con los documentos recibidos durante el término probatorio.

8. Mediante auto del 25 de marzo de 2025, la suscrita magistrada sustanciadora dispuso continuar con el trámite de revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 0131 de 2025. En consecuencia, ordenó comunicar la iniciación del mismo a distintas autoridades, fijar en lista

sustanciadora dispuso continuar con el trámite de revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 0131 de 2025. En consecuencia, ordenó comunicar la iniciación del mismo a distintas autoridades, fijar en lista el proceso y correr traslado a la Procuraduría General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor.

9. El artículo 214 de la Constitución condiciona la expedición de los decretos legislativos a que el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, haya declarado válidamente el estado de conmoción interior. De igual manera, la norma dispone que los decretos legislativos «solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación que hubiere determinado la declaratoria del Estado de Excepción».

10. La relación entre el decreto que declara un estado de excepción y aquellos que se dictan bajo su amparo, no solo es una condición de habilitación sino también de validez 6. Lo anterior implica que el control de constitucionalidad del primero necesariamente debe ser anterior al escrutinio judicial de los segundos. Por ende, existe una relación de dependencia entre la sentencia que analiza la constitucionalidad del decreto de declaratoria del Estado de Excepción y el control judicial de los decretos de desarrollo7. 6 Autos 246, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 279, 280, 281, 282, 283 y 330 de 2020. En todos estos, se

suspendieron los términos del control de constitucionalidad de los decretos legislativos que se expidieron en desarrollo de la declaratoria de un estado de excepción. 7 En Auto 246 de 2020 se suspendió el proceso para decidir sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo 658 de 2020. Este último fue adoptado en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020 (COVID 19). La suspensión ocurrió porque no se había proferido la decisión sobre la constitucionalidad del decreto declaratorio.11. En esta oportunidad, como se indicó, el Decreto Legislativo 0131 del 5 de febrero de 2025 se adoptó en virtud de la declaratoria del estado de conmoción interior efectuada mediante el Decreto Legislativo 0062 del 24 de enero de

2025. En el proceso en que se analiza la exequibilidad de este último, cuyo trámite se adelanta bajo el radicado RE-361, aún no se ha dictado sentencia.

12. Por lo anterior, la Sala advierte que en el expediente de la referencia se configura el fenómeno de prejudicialidad respecto de lo que se decida en relación con el Decreto Legislativo 0062 del 24 de enero de 2025 . De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta Corte, ello impone la necesidad de suspender el proceso judicial de la referencia hasta que se estudie la

constitucionalidad del decreto declaratorio8.

13. Dado que el Decreto Ley 2067 de 1991 no regula la prejudicialidad, en estos casos se deben aplicar las normas procesales generales. Así ha procedido esta corporación en anteriores oportunidades9.

14. Sobre el particular, el artículo 1° del CGP extiende el ámbito de aplicación de esa normativa a «todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes». Por su parte, el artículo 161 del CGP dispone que el juez podrá decretar la suspensión del proceso «cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención». 8 En Autos 2232 de 2023, 2234 de 2023, 2233 de 2023, entre otros. La Corte determinó que la suspensión de los términos se mantiene hasta el día siguiente a la fecha en que la Sala Plena decida sobre la

(in)constitucionalidad del decreto que declaró el estado de excepción, momento en que se reanudara la contabilización de términos. 9 Autos 204 de 2021, 408 de 2020, 517 de 2018, 230 de 2017, 216 de 2016, 173 de 2015, 331 de 2014 y 128A

de 2004.15. Así, la aplicación del CGP resulta necesaria a nte la ausencia de norma específica que regule la prejudicialidad en el régimen de control abstracto de constitucionalidad. Además, dada la urgencia de brindar una respuesta procesal a una situación apremiante, es factible acudir a una regulación semejante10 para garantizar el control efectivo de las medidas adoptadas por medio de los decretos legislativos. Conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esto no es incompatible ni contrario a la naturaleza del control abstracto de constitucionalidad.

16. Por lo demás, es indispensable analizar la constitucionalidad del decreto declaratorio del estado de conmoción interior con anterioridad al estudio del Decreto Legislativo 0131 de 2025. Como ya se indicó, el primero incide en la validez del segundo. De lo contrario, la Sala tendría que adoptar una decisión sin los presupuestos sustantivos necesarios. Esa circunstancia desvirtuaría el ejercicio mismo del control de constitucionalidad y su relevancia democrática en el marco de los estados de excepción11.

17. Finalmente, el artículo 162 del CGP determina que el proceso debe suspenderse cuando se encuentre en estado de dictar sentencia . En atención a la especialidad de los asuntos de control abstracto y, particularmente, de los estados de excepción, la Sala concluye que debe decretarse la suspensión de términos a partir del día siguiente a: (i) la presentación del concepto del

Procurador General de la Nación; o (ii) al vencimiento del término previsto para ello, lo que ocurra primero.

18. En todo caso, la suspensión de términos se extenderá hasta el día hábil siguiente a la publicación del comunicado de prensa de la decisión que se adopte respecto del Decreto Legislativo 0062 de 2025 (RE-361)12. 10 El artículo 8 de la Ley 153 de 1887 establece lo siguiente: «[c]uando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicar án las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho». 11 Auto 246 de 2020 y Sentencia C-156 de 2011. 12 Decreto Ley 2067 de 1991 (artículo 38).Con fundamento en lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, RESUELVE Primero. SUSPENDER los términos en el expediente RE-371, correspondiente al Decreto Legislativo 0131 de 2025, «[p]or el cual se establecen medidas relacionadas con los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos de la Asignación para la Inversión Regional del 40% en cabeza de las regiones, de la Asignación para la Paz y de la Asignación Ambiental del Sistema General de Regalías, en el marco del

estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar» , a partir del día siguiente a: (i) la presentación del concepto del Procurador General de la Nación; o (ii) al vencimiento del término previsto para ello, lo que ocurra primero. Segundo. DISPONER que esta suspensión se mantenga hasta el día hábil siguiente a la publicación del comunicado de prensa de la decisión que se adopte respecto del Decreto Legislativo 0062 del 24 de enero de 2025, «[p]or el cual se decreta el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar» (RE-361). A partir de ese momento, se reanudará la contabilización de términos. Tercero. La Secretaría General de la Corte Constitucional realizará las anotaciones correspondientes en el expediente de la referencia. Comuníquese, cúmplase y publíquese,JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR Presidente

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERAMagistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General