CC - C471-2020

Sentencia C-471/20

FISCAL DEL SINDICATO-Elección no desconoce el derecho de asociación sindical No se observa que el precepto legal demandado vulnere el derecho de asociación, ni el derecho de asociación sindical, pues la medida adoptada (a) se funda en el artículo 39 de la Constitución; (b) no constituye una injerencia indebida en la autonomía y libertad de los sindicatos, en tanto opera como un marco general de designación, que no limita las capacidades de postulación, ni restringe las condiciones personales de elegibilidad; (c) se ajusta –como ya se advirtió– al principio de proporcionalidad; y (d) su objetivo es satisfacer varios elementos básicos del principio democrático. DERECHO DE ASOCIACION-Naturaleza

DERECHO DE ASOCIACION-Finalidad

DERECHO DE ASOCIACION-Tipos

DERECHO DE ASOCIACION-Dimensiones DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Derecho subjetivo, de carácter voluntario, relacional e instrumental DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Alcance y contenido CONGRESO DE LA REPUBLICA-Regulación de estructura interna y funcionamiento de sindicatos sin afectar la autonomía de la libertad sindical (…) tal autonomía y libertad que implica la protección de la libre determinación de los trabajadores y del sindicato, no excluye la atribución del Legislador de establecer algunos requisitos mínimos y límites vinculados con la forma como opera la constitución, organización y funcionamiento de la organización sindical.

PRINCIPIO DE AUTONOMIA SINDICAL O DE NO INTERVENCION DEL ESTADO EN ASUNTOS PROPIOS DE ORGANIZACIONES SINDICALES-Límites del legislador

En conclusión, se tiene que el margen de configuración del Legislador, aunque es amplio, se restringe en comparación con el derecho de asociación, pues únicamente le está permitido establecer regulaciones que cumplan con los requisitos previamente mencionados, esto es, que se soporten en mandatos de la Carta, que no constituyan una injerencia indebida en la autonomía y libertad de los sindicatos, que su fin apunte al desarrollo de principios democrático, y que su alcance sea razonable y proporcional, pues de este modo se preserva la autonomía de dichos órganos sociales, la cual se expresa en su capacidad para dictar los estatutos propios que permitan su funcionamiento, en aspectos tales como su objeto, condiciones de admisión, obligaciones y en el número, período, funciones y denominación de los cargos de su junta directa. AUTONOMIA SINDICAL-Alcance DERECHO A ELEGIR EN ORGANIZACION SINDICAL/SINDICATO-Elección de representantes En lo concerniente a las condiciones de elegibilidad de los representantes de los sindicatos, es imprescindible –en términos de autonomía– no cercenar la libertad de postulación de los trabajadores afiliados o impedir o hacer nugatorio los procesos de elección. No obstante, tal como lo ha admitido la Corte, no toda regulación en esta área es violatoria del derecho de asociación sindical, pues es posible consagrar unos mínimos que, sin afectar su funcionamiento, permitan realizar objetivos acordes con la Constitución y que operen bajo la lógica de salvaguardar los principios democráticos que se deben proyectar al interior de estos entes, sin perjuicio de que a la vez

protejan los intereses de sus afiliados, como ocurre con (i) la defensa de la participación, (ii) el impulso al pluralismo y (iii) el control a las estructuras internas de poder en favor de las minorías. TRATADOS INTERNACIONALES-Doctrina del “Margen Nacional de Apreciación” FISCAL DEL SINDICATO-Naturaleza FISCAL DEL SINDICATO-Funciones Se advierte entonces que el fiscal cumple una labor central de control interno y supervisión de las organizaciones sindicales y, por ende, debe ser ejercido de manera objetiva e independiente de la administración, pues de él depende que el sistema frenos y contrapesos que se extiende a órganos privados de carácter democrático (como lo son sindicatos), sea efectivo y útil en favor de los trabajadores que se afilian a dicho organismo, en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida y de ampliar el contenido de los derechos sociales. LIBERTAD SINDICAL-Se garantiza con la representación de las minorías en la elección de directivas sindicales

TEST INTERMEDIO DE RAZONABILIDAD-Alcance

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Referencia: Expediente D-13579

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 391, numeral 2, parcial, del Código Sustantivo del Trabajo

Demandante: Harley David Sanabria

Aldana

Magistrado Ponente:

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Bogotá D.C., cinco (5) de noviembre dos mil veinte (2020) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la presente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

1. En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, el ciudadano Harley David Sanabria Aldana solicita a la Corte declarar la inexequibilidad del artículo 391, numeral 2, parcial, del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 54 de la Ley 50 de 1990.

2. En auto proferido el 6 de diciembre de 2019, el Magistrado Ponente admitió la demanda y corrió traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto a su cargo. Igualmente, ordenó comunicar la iniciación de este proceso al Presidente de la República y al Ministerio del Trabajo para que, si lo consideraban conveniente, intervinieran directamente o por intermedio de apoderado escogido para el efecto dentro de este proceso.

Asimismo, invitó a participar a varias entidades, asociaciones y universidades del país, con el fin de que emitieran su opinión sobre la materia objeto de controversia1. 1 Central Unión de Trabajadores de Colombia (CUT), Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), Academia Colombiana de Jurisprudencia, Cámara de Servicios Legales de la ANDI, y a los decanos de las facultades de derecho de las Universidad de Los Andes, Universidad Externado de Colombia, Universidad del Norte, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Libre de Colombia y Universidad del Rosario. 3

3. Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto Ley 2067 de 1991, procede la Corte a decidir sobre la demanda de

la referencia.

A. NORMA DEMANDADA

4. A continuación, se transcribe el texto del precepto legal demandado, en el

que se destaca y subraya el aparte cuestionado: “CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 ‘Sobre Código Sustantivo del Trabajo’, publicado en el Diario Oficial No. 27.407 del 9 de septiembre de 1950, en virtud del Estado de Sitio promulgado por el Decreto Extraordinario No. 3518 de 1949 (…)

2. Modificado por la Ley 50 de 1990, art. 54. La junta directiva, una vez instalada, procederá a elegir sus dignatarios. En todo caso, el cargo de fiscal del sindicato corresponderá a la fracción mayoritaria de las minoritarias”.

B. LA DEMANDA

5. El actor solicita que se declare la inexequibilidad del aparte subrayado del artículo 391, por considerar que vulnera los artículos 38 y 39 de la Constitución y el artículo 3 del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)2.

Cargo por presunto desconocimiento de la libertad de asociación (CP art. 38)

6. Señala el demandante que la norma impugnada crea una “regla específica acerca de la organización interna de una asociación”, la cual representa una intervención injustificada y desproporcional de la ley en la organización de las entidades sindicales que desconoce el derecho fundamental de asociación.

7. Indica que establecer los requisitos que se deben acreditar para acceder a la función de fiscal de un sindicato lesiona la libertad de sus miembros para

tomar decisiones y, en particular, la potestad que les asiste para elegir con libertad a las personas que los representan en un determinado cargo. Admite 2 La norma en cita dispone que: “Artículo 3. 1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formar su programa de acción. //

2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal”. 4 que, si bien las asociaciones deben estar reguladas por la ley, y esta a su vez debe propender por la protección de los grupos minoritarios dentro de esos cuerpos, la norma acusada es innecesaria, habida cuenta de la posibilidad que existe de crear mecanismos alternos para alcanzar dicho fin.

Cargo por desconocimiento de la garantía de no intervención del Estado en las asociaciones sindicales (CP art. 39)

8. El accionante manifiesta que el artículo 39 de la Constitución dispone que los trabajadores tienen derecho a constituir sindicatos “sin intervención del Estado”. En este sentido, a su juicio, la norma acusada desconoce dicho mandato, al establecer una regla injustificada y arbitraria que se inmiscuye en un asunto reservado a los miembros del sindicato, consistente en designar libremente a sus representantes, y respecto de la cual no cabe una imposición legal.

9. Sugiere, además, que a partir de la sentencia C-466 de 2008, la libertad sindical comprende múltiples garantías, entre ellas, la de “poder decidir y

elegir libremente cuáles son los miembros que integran cada cargo dentro del sindicato”3. Para el actor, “establecer que el (…) fiscal salga obligatoriamente de las fracciones minoritarias (…), implica una regulación muy específica que toca la estructura interna de la organización sindical”4. Cargo por transgresión del artículo 3 del Convenio 87 de la OIT

10. Para el demandante, el precepto en mención reconoce una competencia propia de los sindicatos para “(...) organizarse libremente al interior de los mismos respecto de la redacción [de] sus estatutos, reglamentos, elección de sus representantes, además de establecer su administración y desarrollar sus actividades y programas de acción, sin intervención de las autoridades públicas que tiendan a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.”5

11. De esta manera, en su criterio, la potestad de configuración normativa del Legislador en materia sindical no puede llegar al extremo de fijar el esquema de organización interna de los sindicatos, en lo que compete a su junta directiva, ya que dicha atribución es una competencia exclusiva de sus miembros. Por ello, considera que, en este caso, la norma legal demandada es un precepto que lesiona la libertad de asociación sindical.

C. INTERVENCIONES

12. Durante el trámite del presente asunto no se recibió ningún escrito de intervención. 3 Folio 5 del expediente. 4 Ibíd. 5 Folio 6 del expediente.

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D. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA

NACIÓN

13. En concepto No. 6710 rendido el 20 de febrero de 2020, el Procurador

General de la Nación solicita a la Corte declarar exequible el aparte legal demandado previsto en el numeral 2 del artículo 391 del C.S.T., por las razones que a continuación se exponen:

14. En primer lugar, señala que el principio de autonomía sindical encuentra sus límites en los demás preceptos constitucionales, en la ley y en los principios democráticos de participación y pluralismo, de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución. Por ello, con fundamento en esta disposición, la jurisprudencia constitucional ha admitido un margen de configuración del Legislador en esta materia, dirigido a regular dos aspectos que se relacionan con el derecho de asociación, por una parte, la estructura interna de los sindicatos, y por la otra, su funcionamiento6. Por tal razón, no cabe considerar que el aparte demandado del artículo 391 del C.S.T vulnera los artículos 38 y 39 del Texto Superior.

15. En segundo lugar, sostiene que el artículo 3 del Convenio 87 de la OIT les otorga cuatro garantías diferentes a los sindicatos, a saber: (i) redactar sus estatutos y reglamentos administrativos; (ii) organizar su administración interna; (iii) elegir libremente a sus representantes; y (iv) formular su programa de acción sin injerencias de las autoridades públicas7. No obstante, tal precepto debe ser objeto de interpretación sistemática con lo señalado en el artículo 8 del mismo Convenio, en el que se dispone que los derechos allí reconocidos deben ser ejercidos con respeto a la legalidad8, lo que permite sostener que son válidas las intervenciones del Legislador, siempre que ellas no afecten el núcleo esencial de la libertad sindical, condicionamiento que no

se desconoce en el asunto sub-judice.

16. En tercer lugar, manifiesta que, para analizar la proporcionalidad de la norma, se debe aplicar un test leve de razonabilidad9, pues, como ya se dijo, no se advierte una intervención en el núcleo esencial de la libertad sindical, entre otras razones, porque la norma acusada se adoptó en ejercicio legítimo de la facultad de configuración del Legislador que prevé el artículo 39 6 Se destaca particularmente el inciso 2 del artículo 39 de la Constitución, en el que se dispone que: “La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos”. 7 Folio 35 del expediente. 8 El precepto en mención establece lo siguiente: “Artículo 8. 1. Al ejercer los derechos que se le reconocen en el presente Convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligadas, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad. // 2. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicaba de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente Convenio”. 9 En este punto cabe mencionar que el test leve, como lo ha reseñado la jurisprudencia de la Corte, se orienta a establecer la legitimidad del fin y de la medida adoptada, debiendo ser esta última, además, adecuada o idónea para alcanzar el propósito buscado.

6 Superior10. Bajo esta consideración, concluye que la disposición acusada supera el examen de legitimidad, ya que la medida pretende proteger la

participación de las minorías en la administración de la organización sindical; y, además, es adecuada, en el entendido que, al provenir el cargo de fiscal de la fracción mayoritaria de las minoritarias, sea cual sea el sistema de votación elegido –cifra repartidora o cuociente electoral–, se asegura la concurrencia efectiva de estas últimas.

17. Finalmente, previa referencia a la sentencia C-466 de 2008, reafirma la Vista Fiscal que el funcionamiento del sindicato “propiamente dicho” debe diferenciarse del proceso de elección de sus representantes y directivas, materia esta última que puede ser objeto de configuración legal, de conformidad con lo previsto en el citado artículo 39 del Texto Superior.

II. CONSIDERACIONES

A. COMPETENCIA

18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la disposición impugnada hace parte de una ley, en este caso, del artículo 54 de la Ley 50 de 1990, por medio de la cual se modificó el inciso 2 del artículo 391 del C.S.T.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO,

MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN

19. De acuerdo con los términos de la demanda expuestos anteriormente, la Corte deberá resolver los siguientes problemas jurídicos: ¿vulnera el Legislador el derecho de asociación (CP art. 38) al establecer que la elección del fiscal del sindicato corresponde a la fracción mayoritaria de las

minoritarias?; ¿tal decisión comporta una intervención del Legislador que transgrede el derecho de asociación sindical (CP art. 39)?; y ¿desconoce la norma en cuestión el citado artículo 39 Superior y el artículo 3° del Convenio 87 de la OIT, que consagran el principio de autonomía sindical en la elección libre de sus representantes11? 10 Ibid. 11 Es preciso mencionar que en las sentencias T-568 de 1999, C-567 de 2000, C-401 de 2005, C-617 de 2008 y C-018 de 2015, la Corte estableció que el Convenio 87 de la OIT forma parte del bloque de constitucionalidad strictu sensu, en la medida en que reconoce derechos laborales no susceptibles de limitación en los estados de excepción, lo que significa que “hacen parte del parámetro de control constitucional de las normas legales que regulan la materia” (sentencia C-018 de 2015). Esto mismo fue señalado explícitamente en la citada sentencia C-617 de 2008, al manifestar que: “Respecto del Convenio 87 de la OIT, la Corte expresamente ha señalado que hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto y, por hallarse integrado a la Constitución, es parámetro para adelantar el juicio de constitucionalidad de preceptos legales. El Convenio 87 de la OIT, en cuanto parámetro de constitucionalidad, es complementario del artículo 39 de la Carta. Este Convenio establece en su artículo 2° que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de

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20. Para resolver los problemas jurídicos que se plantean en el presente caso, este Tribunal deberá referirse a (i) la naturaleza del derecho de asociación; (ii) al alcance del derecho de asociación sindical; (iii) a la potestad de los sindicatos de designar sus directivas y de organizar su estructura orgánica y

(iv) a la razón de ser del cargo de fiscal. Con sujeción a estos elementos, se procederá con el examen del caso concreto.

C. DE LA NATURALEZA DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN

21. A partir de su consagración en el artículo 38 de la Constitución Política, el derecho de asociación ha sido objeto de amplio desarrollo por parte de la jurisprudencia constitucional. En esta medida, esta Corporación ha resaltado su importancia en una sociedad democrática12 y ha sostenido que “tiene su raíz en la libre voluntad de las personas que deciden perseguir fines lícitos a través de una organización” en la que convergen “los esfuerzos, recursos y demás elementos provenientes de sus miembros” y que sirve de medio para la realización de un “designio colectivo”13.

22. La finalidad del derecho de asociación radica entonces en permitir la integración de individuos para la creación de formas asociativas autónomas, libres, con personalidad jurídica –y no estrictamente diseñadas para la obtención de lucro– que permitan desarrollar actividades y perseguir objetivos comunes. Así, este Tribunal ha sostenido que la creación de un ente jurídico es el factor diferenciador que permite distinguir el derecho de asociación de otros similares, como lo es el derecho de reunión, que reconoce la facultad de los ciudadanos, que comparten un mismo propósito, de concurrir

momentáneamente y de forma pacífica en un determinado lugar14.

23. Algunos de los tipos de personas jurídicas creadas en ejercicio del derecho de asociación que consagra la Constitución Política, son los sindicatos y asociaciones empresariales (CP art. 39), los partidos políticos (CP art. 40), las cooperativas (CP art. 60) y las sociedades mercantiles (CP art. 189). El carácter amplio de los fines que se buscan obtener a través del ejercicio de este derecho, se encuentra previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos15, en la que se admite que todas las personas podrán asociarse para lograr propósitos comunes de contenido ideológico, político, económico, laboral, social, cultural, deportivo o de cualquiera otra índole16.

24. De esta manera, el citado derecho debe garantizarse en todos los ámbitos de la sociedad, sin ser sometido a limitaciones distintas de aquellas previstas constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la condición de observar los estatutos de la misma”. 12 Corte Constitucional, sentencia C-1491de 2000. 13 Corte Constitucional, sentencia C-041 de 1994. 14 Sobre el derecho de reunión véase las sentencias T-219 de 1993 y C-008 de 2018. 15 Incorporada al ordenamiento jurídico interno a través de la Ley 16 de 1972. 16 Véase art. 16.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH). 8 en la Constitución, en la ley y en los instrumentos internacionales suscritos por Colombia. En el caso puntual de la labor que se cumple por el Legislador,

a través de la cual fija y delimita el alcance de los derechos, se dispone que toda restricción que se establezca frente a la libertad de asociación debe estar dirigida y ser necesaria para la protección de la sociedad democrática17, lo que exige, además, que su interpretación se haga de forma restrictiva. De ahí que, como límites, por ejemplo, se admiten aquellos dirigidos a proscribir el ejercicio de este derecho de forma abusiva (CP art. 95.1) o, tal y como lo dispone la CADH, aquellos que estén encaminados a salvaguardar la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral pública, o las libertades de los demás18. Dentro de este marco, el Legislador es titular de un principio básico de autonomía que le permite definir el alcance del derecho de asociación y diseñar aspectos afines con su organización, como el reconocimiento de la personalidad jurídica, la delimitación o alcance de la capacidad de los entes jurídicos, la forma como expresan su voluntad, su esquema de responsabilidad y los órganos a través de los cuales se manifiesta.

25. Cabe mencionar que la pluralidad de escenarios en los que se exterioriza el derecho de asociación, también permite distinguir entre los entes jurídicos que se rigen por pilares democráticos (como ocurre, entre otros, con los partidos políticos19 y las organizaciones deportivas20), respecto de aquellos que pueden funcionar y operar de forma distinta (tal y como sucede con las sociedades mercantiles de capital21). Ello, como lo ha admitido la Corte22, 17 Así lo advierte el numeral 2 del artículo 16 de la CADH cuando dispone: “[Que] [e]l ejercicio de [este]

derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática” y lo ratificó esta Corporación en la sentencia C-865 de 2004. 18 CADH, art. 16. 1. En el mismo sentido puede consultarse el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual se dispone lo siguiente: “(…) 2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y de la policía”. 19 CP art. 107. Expresamente, la norma en cita dispone que: “(…) Los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos. (…)”. Cabe mencionar que, respecto de los partidos políticos, la sujeción a los principios democráticos se dispuso a través del Acto Legislativo 01 de 2003. Con anterioridad a tal reforma constitucional, la jurisprudencia de la Corte había señalado, en algunos casos, la posibilidad de apartarse totalmente de ellos (por ejemplo, en la sentencia C-265 de 1994 se dijo que: “(…) sería inconstitucional una regulación de la estructura y funcionamiento de los colegios profesionales que no fuese democrática, mientras que es legítimo constitucionalmente que existan

otras formas asociativas que no se rijan por los principios democráticos, como los partidos políticos, de acuerdo al artículo 108 Superior.”), mientras que, en otros casos, la línea adoptada era de la reconocer su valor para el desarrollo de la democracia. Precisamente, en la sentencia C-089 de 1994, la Corte señaló que (i) los partidos políticos canalizan gran parte de las demandas sociales, a través de una función mediadora, con la que contribuyen a la consolidación y actualización de la democracia; (ii) las dinámicas de poder en las que se introducen estos entes jurídicos estimulan el desarrollo de un proceso político abierto y pluralista; y (iii) los partidos se integran a un sistema jurídico político en el que se respeta el “principio democrático, el mantenimiento de la independencia e integridad nacionales y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales” . 20 CP art. 52. En el aparte pertinente, el precepto constitucional en cita señala que: “(…) El Estado fomentará estas actividades [las deportivas] e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.” 21 CP art. 189.24. 22 Corte Constitucional, sentencia C-265 de 1994. 9 tiene efectos tanto sobre las posibilidades de regulación legal como sobre los alcances del control de constitucionalidad. En el primer caso, porque el esquema de organización previamente dispuesto por la Constitución excluye la adopción de técnicas de ordenación que sean distintas, por lo que solo en aquellas formas asociativas que no tengan una estructura definida, se admite una mayor libertad de acción por parte del Legislador. Y, en el segundo caso,

porque dependiendo del grado de configuración que se le otorga al Congreso, el nivel de examen por parte de esta Corporación podrá ser rígido o flexible.

26. Finalmente, este Tribunal ha señalado que el derecho de asociación incorpora una doble dimensión, positiva y negativa, pues no se limita a garantizar los derechos únicamente en la esfera social, sino que su alcance incluye la protección de los individuos que participan dentro del ente jurídico creado. Así las cosas, se ha afirmado que: “(…) a nadie se le puede impedir ni prohibir que se asocie, mientras sea para fines lícitos, y ninguna persona puede ser forzada u obligada a asociarse, ya que el Constituyente ha garantizado la plena libertad de optar entre lo uno y lo otro”23.

D. EL ALCANCE DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN

SINDICAL

27. El derecho de asociación sindical está previsto en el artículo 39 del Texto Superior y ha sido considerado como una derivación del derecho general de asociación, con características particulares y específicas, por el tipo de intereses comunes que son objeto de protección y que se vinculan con la obtención del mejoramiento de las condiciones de prestación del servicio subordinado y con el acceso progresivo a los derechos sociales24.

28. La jurisprudencia constitucional ha identificado al derecho de asociación sindical como una garantía fundamental de carácter voluntaria, relacional e instrumental, puesto que no se agota con la posibilidad de ejercer el principio de libertad para crear organizaciones de trabajadores, “(…) sino que comporta igualmente el derecho de vincularse a aquella organización que represente e interprete más fielmente los derechos y los intereses de cada individuo”25. A

ello se debe agregar que, a través del ejercicio de la negociación colectiva, se logra la materialización de sus fines y pretensiones, pues se trata de un derecho correlacionado que le brinda su carácter instrumental. 23 Sentencia C-110 de 1994. 24 Tal particularidad se destaca en la sentencia C-272 de 1994, en la que se dijo que: “El derecho de asociación sindical difiere entonces del de libre asociación por la finalidad que cada uno persigue y las actividades que desarrollan. La asociación que podemos llamar genérica, corresponde a la facultad libre y voluntaria que tienen todas las personas de organizarse con un fin común, el cual debe ser lícito. El derecho de asociación sindical es la facultad (…) que tienen solamente los trabajadores y empleadores para crear organizaciones destinadas a promover y defender los intereses comunes que surgen de las relaciones laborales (…)”. 25 Sentencia T-248 de 2014. 10

29. Al definir su contenido, esta Corporación ha indicado que el derecho de asociación sindical se fundamenta en el ejercicio de los principios de libertad y autonomía, en los siguientes términos: “ a) [En la] [l]ibertad individual de organizar sindicatos, cuyo pluralismo sindical está consagrado en el artículo 2 del Convenio No. 87 de la Organización Internacional del Trabajo; b) [En la] [l]ibertad de sindicalización (…), ya que nadie puede ser obligado a afiliarse o a desafiliarse a un sindicato; (…) y c) [En la] [a]utonomía sindical, que es la facultad que tiene la organización sindical para crear su propio derecho interno, para organizarse, tal como lo dispone el

artículo 3º del Convenio No. 87 de la OIT”26.

30. En línea con lo expuesto, al estudiar varias demandas formuladas en contra de disposiciones del C.S.T., relacionadas con la garantía de la asociación sindical, la Corte procedió a definir los elementos que integran el contenido esencial de este derecho, el cual se compone de los atributos que a continuación se exponen: “i) El derecho de todos los trabajadores, sin discriminación ni distinción alguna, para agruparse a través de la constitución de organizaciones permanentes que los identifican como grupos con intereses comunes, y cuya defensa propugnan; ii) La facultad de constituir y organizar estructural y funcionalmente las referidas organizaciones y conformarlas automáticamente como personas jurídicas, sin la injerencia, intervención o restricción del Estado; iii) El poder de las organizaciones de trabajadores de determinar: el objeto de la organización, condiciones de admisión, permanencia, retiro o exclusión de sus miembros, régimen disciplinario interno, órganos de gobierno y representación, constitución y manejo del patrimonio, causales de disolución y liquidación, procedimiento liquidatorio, y otros aspectos que atañen con su estructura, organización y funcionamiento, que deben ser, en principio, librem