CC - T-135-2024

T-135-24TEMAS-SUBTEMAS

Sentencia T-135/24

DERECHO A LA PENSIÓN DE INVALIDEZ-Vulneración por Colpensiones al exigir requisitos adicionales a los establecidos en la ley 860 de 2003

(La administradora de pensiones accionada) vulneró los derechos fundamentales del accionante a la seguridad social, vida digna y mínimo vital al negarse a tener en cuenta las semanas pagadas en virtud del cálculo actuarial con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez... la Sala prevendrá a (la administradora de pensiones accionada) para que, en adelante, evite imponer requisitos adicionales a los previstos en la ley para el reconocimiento de las prestaciones del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. En concreto, se advertirá a la entidad que (i) no puede continuar aplicando el concepto No. 2015_4957195 del 2 de junio de 2015 al resolver las solicitudes de reconocimiento de la pensión de invalidez y (ii) debe abstenerse de negar dicha prestación pensional a quien cumple los requisitos para ello, bajo el argumento de que, en casos de omisión en la afiliación del trabajador, el pago del cálculo actuarial se efectuó con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez.

PENSION DE INVALIDEZ-Marco normativo

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL-Deber de afiliación por el empleador y consecuencias por el incumplimiento/EMPLEADORResponsabilidad por omisión en el pago de aportes patronales y traslado de cotizaciones al sistema general de pensiones

PENSION DE INVALIDEZ Y MORA EN EL PAGO DE LOS APORTES POR PARTE DEL EMPLEADOR-Afiliado o beneficiario no debe soportar la mora en el traslado de los aportes al sistema ni la inacción

cotizaciones al sistema general de pensiones

PENSION DE INVALIDEZ Y MORA EN EL PAGO DE LOS APORTES POR PARTE DEL EMPLEADOR-Afiliado o beneficiario no debe soportar la mora en el traslado de los aportes al sistema ni la inacción de Colpensiones o las administradoras de fondos de pensiones en el cobro

CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS ENTRE EMPLEADOR Y FONDO DE PENSIONES-No deben poner en riesgo derechos deltrabajador y el afiliado

PAGO DEL CALCULO ACTUARIAL-Finalidad

ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia excepcional por afectación al mínimo vital y vida digna de sujetos de especial protección

DERECHO A LA PENSIÓN DE INVALIDEZ-Orden a Colpensiones reconocer pensión de invalidez de manera transitoria hasta que justicia ordinaria resuelva de manera definitiva

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SENTENCIA T-135 DE 2024

José Fernando Reyes Cuartas.

Bogotá, DC, veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

Referencia: expediente T-9.628.529.

Acción de tutela instaurada por Eli Fabio Quintero en contra de la Administradora de Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

Magistrado ponente: La Sala Novena de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Natalia Ángel Cabo y los magistrados Juan Carlos Cortés González y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente

SENTENCIA

Síntesis de la decisión

González y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente

SENTENCIA

Síntesis de la decisión

A la Sala Novena de Revisión le correspondió revisar la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito de Medellín en el marco de la acción constitucional promovida por el señor Eli Fabio Quintero contra Colpensiones. El accionante narró que fue calificado con una pérdida de capacidad laboral (PCL) del 67,99%. Además, indicó que en el año 2022 su empleador pagó a Colpensiones el cálculo actuarialexpedido por dicha entidad, debido a que había omitido afiliarlo al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. A pesar de ello, la administradora del fondo de pensiones (AFP) negó el reconocimiento de la pensión de invalidez que el actor solicitó, bajo el argumento de que no se podían tener en cuenta los periodos pagados en virtud de un cálculo actuarial con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez.

Así pues, correspondió a la Corte definir si Colpensiones vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, vida digna y mínimo vital del accionante, al negarse a reconocer la pensión de invalidez que este reclama bajo el argumento de que los aportes que darían lugar al reconocimiento de la prestación fueron pagados con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez.

En primer lugar, la Sala concluyó que la acción de tutela cumplió con todos

los requisitos de procedibilidad. En concreto, se acreditó el requisito de subsidiariedad porque, a pesar de la existencia de un proceso judicial en curso, se consideró necesario evitar la configuración de un perjuicio irremediable.En segundo lugar, a partir de un análisis preliminar, la Sala expuso que el accionante cumple con los requisitos exigidos por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, para acceder a la pensión de invalidez. A continuación, se indicó que Colpensiones debió tener en cuenta los periodos pagados por el empleador del accionante en virtud del cálculo actuarial expedido por la misma entidad, a pesar de que dicho pago se hubiera efectuado con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez. Por último, la Corte argumentó que el concepto No. 2015_4957195 emitido por Colpensiones el 2 de junio de 2015, y en el cual se basó la entidad para negar la pensión de invalidez del accionante, desconoce la jurisprudencia constitucional.

I. ANTECEDENTES

Hechos[1]

1. El señor Eli Fabio Quintero presentó acción de tutela contra Colpensiones por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, dignidad humana, mínimo vital y “principio de legalidad en materia administrativa” .[2]

2. En el año 2018, el actor sufrió un accidente cerebrovascular, producto del cual fue calificado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez con una PCL del 67,99% y fecha de estructuración del 12 de febrero de

2018 .[3]

3. Posteriormente, en el año 2019, el accionante promovió un proceso

con una PCL del 67,99% y fecha de estructuración del 12 de febrero de 2018 .[3]

3. Posteriormente, en el año 2019, el accionante promovió un proceso ordinario laboral en contra de su empleador, el señor José Sady Pérez Vélez, pues este decidió dar por terminado su contrato de trabajo pese a que aquel se encontraba en situación de debilidad manifiesta .[4]

4. En el marco del proceso judicial, el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Yarumal, Antioquia constató que el empleador del accionante había omitido afiliarlo al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Por tanto, en sentencia del 18 de julio de 2019, ordenó al demandado, entre otras cosas,“pagar los aportes a seguridad social en pensiones, conforme al cálculo actuarial que realice el fondo de pensiones al que esté afiliado el señor ELI FABIO QUINTERO (…) por todo el tiempo laborado por éste, comprendido entre el 01 de marzo de 2013 hasta la fecha en que fue afiliado, con base en el salario mínimo legal mensual vigente para cada uno de los años en los cuales no se pagaron” . Esa decisión fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia mediante sentencia del 20 de septiembre de 2019 .

[5] [6]

5. El 11 de mayo de 2022, el actor pidió a Colpensiones el reconocimiento de su pensión de invalidez . Sin embargo, la AFP negó la solicitud a través

de la Resolución SUB 256741 del 16 de septiembre de 2022 , debido a que el accionante no acreditó haber cotizado 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. En concreto, la entidad expuso que entre el 12 de febrero de 2015 y el 12 de febrero de 2018 el actor no había cotizado ninguna semana. El accionante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra este acto administrativo . [7] [8] [9]

6. El 11 de octubre de 2022, Colpensiones expidió el cálculo actuarial solicitado por el empleador del accionante . Luego, el 10 de noviembre de 2022, el empleador pagó a la AFP la totalidad del cálculo actuarial .

[10] [11]

7. Mediante las Resoluciones SUB 165264 del 27 de junio de 2023 y DPE 8886 del 30 de junio de 2023 , Colpensiones resolvió, respectivamente, los recursos de reposición y apelación presentados por el actor contra la Resolución SUB 256741 del 16 de septiembre de 2022. La AFP confirmó el acto administrativo recurrido y basó su decisión en el concepto No. 2015_4957195 emitido el 2 de junio de 2015 por la Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General de Colpensiones. Según dicho concepto, en el estudio del reconocimiento de una pensión de invalidez no es posible tener en cuenta los periodos pagados por el empleador en virtud de un cálculo actuarial si ese pago se efectuó con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez.

[12] [13]Respuesta de la entidad accionada

es posible tener en cuenta los periodos pagados por el empleador en virtud de un cálculo actuarial si ese pago se efectuó con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez. [12] [13]Respuesta de la entidad accionada

8. En la acción de tutela, el actor manifestó que tiene 52 años y carece de los recursos económicos necesarios para vivir en condiciones dignas.

Además, indicó que está “reintegrado laboralmente pero debido a [sus] condiciones de salud no [puede] laborar en la finca de [sus] empleadores pues [presenta] acalambramiento en [su] hemisferio derecho, no [cuenta] con fuerza física, y por tanto no [recibe] remuneración alguna” . También explicó que su núcleo familiar está compuesto por su esposa, quien no tiene empleo estable, y sus dos hijos . [14] [15] [16]

9. Con fundamento en el escenario fáctico expuesto, el señor Eli Fabio Quintero presentó acción de tutela contra Colpensiones y solicitó ordenar a la accionada (i) dejar sin efecto las resoluciones por medio de las cuales negó su pensión de invalidez; (ii) tener como efectivas las semanas liquidadas y canceladas con su anuencia en el cálculo actuarial y (iii) reconocer su pensión de invalidez. De igual modo, solicitó (iv) prevenir a la entidad accionada sobre las consecuencias de incumplir las órdenes de tutela.

10. Colpensiones solicitó declarar improcedente la acción constitucional,

debido al incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Argumentó que el señor Eli Fabio Quintero “desnaturaliza este mecanismo de protección de carácter subsidiario y residual frente a los derechos invocados cuando no han sido sometidos a los procedimientos pertinentes e idóneos para su solución” . De otro lado, en lo relacionado con el reconocimiento pensional, la entidad accionada sostuvo que no se cumplían los presupuestos establecidos por esta corporación y por la Corte Suprema de Justicia para la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de invalidez . [17] [18] [19] [20]

Sentencia objeto de revisión – Decisión de única instancia

11. Mediante sentencia del 18 de julio de 2023, el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito de Medellín declaró improcedente laacción de tutela, pues no encontró satisfecho el requisito de subsidiariedad.

Sostuvo que el actor contaba con otros medios ordinarios de defensa judicial y que no se encontraba ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Esto, dado que no se demostró que la decisión de Colpensiones de negar la pensión de invalidez del accionante hubiese afectado su derecho fundamental al mínimo vital, “máxime cuando [él] ha afirmado que su vinculación laboral sigue vigente, y se constata que su afiliación al sistema salud está activa en el régimen contributivo” .[21]

Actuaciones en sede de revisión

12. La Sala de Selección de Tutelas Número Doce[22], mediante auto del 18 de diciembre de 2023, seleccionó el expediente T-9.628.529 para su revisión. Según el sorteo realizado, el asunto se repartió al despacho del magistrado José Fernando Reyes Cuartas para su trámite y fallo.

18 de diciembre de 2023, seleccionó el expediente T-9.628.529 para su revisión. Según el sorteo realizado, el asunto se repartió al despacho del magistrado José Fernando Reyes Cuartas para su trámite y fallo. [23]

13. Mediante auto del 19 de febrero de 2024, el magistrado ponente consideró necesario decretar pruebas para disponer de mayores elementos de juicio que le permitieran adoptar una decisión definitiva. En concreto, se solicitó acceso al expediente administrativo completo del proceso de reconocimiento de pensión de invalidez del accionante y se indagó sobre su estado de salud y su situación socioeconómica actual.

14. En respuesta al decreto probatorio, el señor Eli Fabio Quintero afirmó que presenta importantes secuelas del accidente cerebrovascular que sufrió en el año 2018, entre las que se encuentran pérdida de fuerza, dificultad para caminar, desgaste de cadera, dolores de cabeza constantes, depresión, pérdida de memoria y agresividad. Por otro lado, el actor sostuvo que depende económicamente de su núcleo familiar, conformado por su cónyuge y dos hijos mayores de edad, y que no es beneficiario de ningún subsidio otorgado por el Gobierno Nacional ni recibe ayuda económica de terceros. Por último, señaló que formalmente mantiene una relación laboral con los sucesores de

[24] su empleador, el señor José Sady Pérez Vélez, pero que “no recib[e] ninguna remuneración porque no [tiene] la capacidad para ir a trabajar” .[25]Competencia Delimitación del problema jurídico y metodología de la decisión

17. De conformidad con los antecedentes descritos, corresponderá a esta Sala de Revisión responder el siguiente problema jurídico: ¿Colpensiones

la capacidad para ir a trabajar” .[25]Competencia Delimitación del problema jurídico y metodología de la decisión

17. De conformidad con los antecedentes descritos, corresponderá a esta Sala de Revisión responder el siguiente problema jurídico: ¿Colpensiones vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, vida digna y mínimo vital del accionante, al negarse a reconocer la pensión de invalidez que este reclama bajo el argumento de que los aportes que darían lugar al reconocimiento de la prestación, determinados mediante un cálculo actuarial realizado por la AFP, fueron pagados con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez?

15. Por su parte, Colpensiones aportó copia del expediente administrativo relativo al proceso de reconocimiento de la pensión de invalidez del accionante. A partir del estudio de dicho expediente, el magistrado ponente advirtió que se encuentra en curso un proceso ordinario laboral promovido por el señor Eli Fabio Quintero contra Colpensiones, mediante el cual se pretende ordenar a la entidad a reconocer y pagar la pensión de invalidez del actor, junto con su retroactivo y los intereses de mora a que haya lugar . Dicha demanda fue admitida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 20 de septiembre de 2023 .

[26] [27]

II. CONSIDERACIONES

16. Esta Sala es competente para analizar el fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

18. Para responder al problema jurídico planteado, en la presente decisión se hará referencia a (i) el régimen de la pensión de invalidez y (ii)

Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

18. Para responder al problema jurídico planteado, en la presente decisión se hará referencia a (i) el régimen de la pensión de invalidez y (ii) las consecuencias de la falta de afiliación del trabajador al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Finalmente, (iii) se resolverá el caso concreto.

Régimen de la pensión de invalidez. Reiteración de jurisprudencia19. La pensión de invalidez es una expresión de la seguridad social que tiene como objetivo proteger, mediante una compensación económica, a las personas a quienes su estado de salud les dificulta o impide obtener los recursos necesarios para solventar sus necesidades básicas y disfrutar de una vida digna . De esa manera, la Corte ha destacado la estrecha relación que existe entre la pensión de invalidez y el derecho al mínimo vital, en especial cuando están de por medio sujetos de especial protección constitucional como lo son las personas en situación de discapacidad. [28] [29] [30]

20. El artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, establece tres requisitos para acceder a la pensión de invalidez de origen común: (i) que la persona tenga una PCL igual o superior al 50%; (ii) que hubiera aportado por lo menos cincuenta semanas al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones; y (iii) que dichos aportes se hubieran efectuado dentro de los tres años anteriores a la fecha de

estructuración de la invalidez. Si se cumplen estos requisitos, la AFP deberá reconocer la pensión con base en los montos señalados en el artículo 40 de la Ley 10 de 1993, y a partir de la fecha en que produjo el estado de invalidez.

21. Una vez expuesto el régimen de la pensión de invalidez, la Sala se referirá a las consecuencias de la falta de afiliación del trabajador al Sistema

General de Seguridad Social en Pensiones.

Consecuencias de la falta de afiliación del trabajador al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Reiteración de jurisprudencia

22. El Sistema General de Seguridad Social en Pensiones tiene como objetivo proteger a los trabajadores ante la ocurrencia de los riesgos derivadas de la vejez, la invalidez o la muerte mediante el reconocimiento y pago de una compensación económica . Para asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema, es necesario que todas las partes del vínculo pensional tripartita (empleador, trabajador y AFP) cumplan sus obligaciones legales.

[31]23. En particular, los artículos 13, 15, 17 y 22 de la Ley 100 de 1993 establecen que el empleador está obligado a afiliar a sus trabajadores al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y a efectuar oportunamente el pago de los aportes. Hay que tener en cuenta que la afiliación formaliza el aseguramiento del trabajador ante las contingencias que cubre el Sistema. Por tanto, la falta de afiliación del trabajador implica que el empleador debe afrontar la ocurrencia de los riesgos de la vejez,

invalidez o muerte y cubrir con su propio patrimonio el pago de las prestaciones económicas derivadas de la seguridad social . Sin embargo, si se efectúa adecuadamente la afiliación, surge para la AFP la obligación de llevar a cabo todas las acciones que garanticen la seguridad social del trabajador, entre las que se encuentran el cobro de los aportes y el eventual reconocimiento de la prestación pensional a la que el trabajador tenga derecho . [32] [33] [34]

24. Ahora bien, la Corte ha sostenido de manera pacífica que el incumplimiento de las obligaciones por parte del empleador y/o de la AFP no puede ser imputable al trabajador ni generarle consecuencias negativas de cara al reconocimiento de sus derechos pensionales. Así pues, la omisión en la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones nunca será razón suficiente para negar a un trabajador el acceso a una prestación pensional.

[35]

25. En ese sentido, el parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 establece pautas para el cómputo de las semanas de cotización exigidas para acceder a la pensión de vejez. La norma indica que deben tenerse en cuenta los periodos efectivamente laborados cuando el empleador hubiera omitido afiliar al trabajador, siempre y cuando aquel traslade a la AFP el valor de los aportes no pagados con base en el cálculo actuarial elaborado por la misma entidad. Aunque el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 se refiere a la pensión de vejez, la Corte ha reconocido que la regla mencionada también es aplicable a las pensiones de invalidez y sobrevivientes .

[36] [37]28. Para finalizar, se sintetizarán tres pronunciamientos que constituyen precedentes relevantes en relación con el asunto objeto de estudio.

mencionada también es aplicable a las pensiones de invalidez y sobrevivientes . [36] [37]28. Para finalizar, se sintetizarán tres pronunciamientos que constituyen precedentes relevantes en relación con el asunto objeto de estudio.

Tabla 1. Síntesis de los precedentes relevantes Sentencia Síntesis T-234 de 2018 La Sala Séptima de Revisión amparó los derechos a la vida digna, mínimo vital y seguridad social de una persona con una PCL del 54.06% a quien Colpensiones negó el reconocimiento de la pensión de invalidez por incumplir el requisito de la densidad de semanas. Esto, bajo el argumento de que no era posible tener en cuenta los periodos en que el accionante no estuvo afiliado, pese que los mismos fueron pagados por su empleador en virtud del cálculo actuarial expedido por la AFP. La Corte sostuvo que el objetivo del cálculo actuarial era contabilizar para todos los efectos pensionales los periodos efectivamente laborados pero en los que el trabajador no estuvo afiliado debido a la omisión de su empleador. Además, indicó que esos periodos deben ser tenidos en cuenta incluso si el pago del cálculo actuarial se

26. De esa manera, el empleador que no afilió debidamente a su trabajador al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones debe solicitar a la AFP la expedición de un cálculo actuarial. Esta entidad, a su vez, tiene las obligaciones de (i) definir el valor total adeudado; (ii) recibir el pago o perseguir el cobro de la reserva actuarial y (iii) reconocer y pagar las

prestaciones pensionales a las que tenga derecho el trabajador, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales para ello y teniendo en cuenta los periodos laborados mientras duró la falta de afiliación .[38]

27. La Sala destaca que, en el caso concreto de la pensión de invalidez, la jurisprudencia constitucional ha establecido que “el hecho de que el pago de la reserva actuarial se dé con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez constitucionalmente no impide que los tiempos de servicio, afectados con la omisión de afiliación y prestados con anterioridad a la referida fecha de estructuración, sean tenidos en cuenta al momento de verificar el cumplimiento de la densidad de cotizaciones legalmente exigido” .[39]efectuó con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez.

SU-226 de 2019 La Sala Plena estudió una acción de tutela contra una providencia judicial que negó la pensión de invalidez a una persona con una PCL del 71.34%. Esto, al estimar que el Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) no debía tener en cuenta los periodos en que el accionante no estuvo afiliado, a pesar de que su empleador “en virtud de una transacción de litigio (…) reconoció y se comprometió a subsanar el incumplimiento de sus obligaciones pensionares derivadas del vínculo que existió con el actor”[40]. La Corte amparó los derechos al debido proceso y seguridad social del accionante y afirmó que el incumplimiento de los deberes del empleador y/o de la AFP no pueden ser imputables ni

oponibles al trabajador. En ese sentido, se reconoció que los aportes pagados en virtud de un cálculo actuarial deben ser tenidos en cuenta por la AFP para el reconocimiento de la pensión de invalidez.

Posteriormente, en el Auto 547 de 2019, la Corte estudió una solicitud de nulidad presentada contra la Sentencia SU-226 de

2019. Afirmó que “la garantía de la pensión de invalidez, reconocida en favor del [accionante], estuvo basada en la verificación de la densidad de semanas exigidas por la Ley para autorizar el acceso a la misma, así como de las demás condiciones legales. Son únicamente los requisitos contenidos en el régimen normativo correspondiente los que pueden dar lugar o no a la titularidad de la misma”. En consecuencia, este tribunal indicó que las AFP no pueden exigir el cumplimiento de criterios adicionales a los previstos en la ley para acceder al reconocimiento de prestaciones pensionales en favor de quienes tienen derecho a ellas.

T-156 de 2023 La Sala Novena de Revisión amparó los derechos fundamentales a la seguridad social, vida digna y mínimo vital de una persona con una PCL del 76.75% que solicitó el reconocimiento de su pensión de invalidez. La ex empleadora del accionante, ante su omisión en la afiliación del actor, solicitó a la AFP Protección[41] la expedición del cálculoactuarial y pagó los aportes adeudados. A pesar de ello, la AFP negó el reconocimiento de la pensión de invalidez del accionante bajo el argumento de que los periodos cotizados y

pagados de manera extemporánea no podían ser tenidos en cuenta para contabilizar la densidad de semanas para acceder a la prestación pensional. La Corte reiteró que las AFP no pueden imponer requisitos adicionales a los previstos en la ley para el reconocimiento de las pensiones, sino que, por el contrario, deben aplicar el principio de favorabilidad para el trabajador. Además, concluyó que “la omisión en el deber de afiliación al Sistema General de Pensiones conlleva a que, quien haya incumplido dicha obligación, deba responder de forma directa por las prestaciones sociales. No obstante, cuando la entidad de seguridad social recibe a su satisfacción las semanas dejadas de cotizar mediante el pago del cálculo actuarial correspondiente, asume la responsabilidad del reconocimiento de la prestación económica que se haya causado durante los períodos respectivos”[42]. Lo anterior, siempre y cuando se compruebe que no existe la intención de defraudar el Sistema General de Seguridad Social.

29. En conclusión, las AFP tienen el deber de reconocer y pagar la pensión de invalidez de quien cumpla los requisitos legales para ello cuando, ante la omisión de afiliación por parte del empleador, este pagó el cálculo actuarial expedido por la AFP correspondiente. Lo anterior, con independencia de que dicho pago se hubiera efectuado con posterioridad a la fecha de estructuración de invalidez del afiliado.

Caso concreto

30. A continuación, la Corte realizará el análisis de los requisitos de procedencia de la acción de tutela y finalmente, de ser procedente este mecanismo, solucionará el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela

31. En el caso concreto, la Sala encuentra acreditados todos los

procedencia de la acción de tutela y finalmente, de ser procedente este mecanismo, solucionará el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela

31. En el caso concreto, la Sala encuentra acreditados todos los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, como se expondrá acontinuación.

Legitimación en la causa por activa[43]

32. Se cumple, pues el señor Eli Fabio Quintero es el titular de los derechos fundamentales que estima vulnerados y presentó la acción de tutela a nombre propio, modalidad avalada por el Decreto 2591 de 1991.

Legitimación en la causa por pasiva[44]

33. Se cumple porque la acción de tutela se presentó contra Colpensiones, que es la AFP a la cual está afiliado el accionante y que negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que él solicitó.

Inmediatez[45]

34. Se cumple. La acción de tutela se presentó el 6 de julio de 2023 , de manera que transcurrió menos de una semana desde que Colpensiones expidió la Resolución DPE 8886 del 30 de junio de 2023, mediante la cual la entidad resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación presentado contra la Resolución SUB 256741 del 16 de septiembre de 2022, que negó el reconocimiento de la pensión de invalidez del accionante. El término se estima razonable y proporcional.

[46] [47]

Subsidiariedad[48]

35. Se cumple. En principio, la acción de tutela es improcedente cuando tiene por objeto reclamar o controvertir derechos laborales o de la seguridad social, pues el afectado puede acudir ante la jurisdicción ordinaria o de

Subsidiariedad[48]

35. Se cumple. En principio, la acción de tutela es improcedente cuando tiene por objeto reclamar o controvertir derechos laborales o de la seguridad social, pues el afectado puede acudir ante la jurisdicción ordinaria o de lo contencioso administrativo . No obstante ello, el juez constitucional debe analizar las circunstancias específicas del asunto sometido a su consideración para definir si el accionante se encuentra ante la configuración de un perjuicio irremediable , caso en el cual el amparo procedería de manera transitoria; o si los medios ordinarios de defensa judicial no resultan

[49] [50] [51] [52]idóneos y eficaces en el caso concreto, de manera que la acción de tutela procedería como mecanismo definitivo. [52]

36. Ahora bien, es posible que para el momento en que la Corte conozca un asunto en sede de revisión el accionante ya haya acudido al medio ordinario de defensa judicial ante la jurisdicción competente. Ello implicaría, en principio, el incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

Sin embargo, esta corporación ha admitido la procedencia de la acción de tutela incluso en esos casos al constatar “que el proceso judicial en curso no logra la protección inmediata de los derechos fundamentales del accionante, en la medida en que la posible afectación de esos derechos se extenderá durante la duración del mencionado proceso” . [53] [54]

37. En este asunto, el accionante promovió el 23 de agosto de 2023 una

demanda ordinaria laboral contra Colpensiones con el objetivo de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, junto con su retroactivo y los intereses de mora a que haya lugar. Aun así, se considera que la acción de tutela resulta procedente como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable debido a los motivos que se expondrán a continuación .[55]

38. El accionante es sujeto de especial protección constitucional. El señor Eli Fabio Quintero fue calificado con una PCL del 6