CC - T087-2020

Sentencia T-087/20

DERECHO A LA EDUCACION-Naturaleza y contenido DERECHO A LA EDUCACION Y PRINCIPIO DE AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Reiteración de jurisprudencia sobre los límites AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Facultad para expedir reglamentos con amplio margen de autodeterminación, limitada por el respeto de los derechos fundamentales y la garantía al debido proceso DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES DISCIPLINARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-Reiteración de jurisprudencia Con el fin de proteger el derecho a la educación y evitar que la autonomía universitaria derive en arbitrariedad, la imposición de una sanción de carácter disciplinario debe estar precedida de unas etapas procesales que garanticen los elementos mínimos del derecho al debido proceso, los cuales, cabe aclarar, no se aplican en los mismos términos ni con el mismo rigor que se exige para el trámite de los procesos judiciales DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES DISCIPLINARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-Protección derechos al debido proceso administrativo, a la educación, a ejercer una profesión y al trabajo

Referencia: Expediente T-7.523.410

Acción de tutela interpuesta por Cristian Alberto Sánchez Tusarma contra Fundación Universitaria San Martín

Magistrado Ponente:

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veinte (2020) La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado, Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias

constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

A. LA DEMANDA DE TUTELA

1. El señor Cristian Alberto Sánchez Tusarma (en adelante, “el accionante o el actor”) interpuso acción de tutela contra la Fundación Universitaria San Martín (en adelante, “FUSM”), solicitando la protección de sus derechos fundamentales a la educación, al libre desarrollo de la personalidad, a la asociación, al ejercicio de una profesión, al trabajo digno y al mínimo vital, los cuales considera que fueron vulnerados con ocasión de la expedición de la Resolución Rectoral N° 01 de 24 de julio de 2018, confirmada por la Resolución Rectoral N° 04 del 28 de agosto de 2018 y el Acuerdo N° 09 del 24 de septiembre de 2018, por medio de la que resolvió sancionarlo con la “cancelación de la matrícula”. Como resultado de lo anterior, le negaron la expedición de los recibos de pago requeridos para cancelar los derechos de grado.

2. Por lo anterior, solicitó al juez de tutela: (i) conceder el amparo de los derechos fundamentales invocados; y (ii) ordenar a la entidad accionada que expida los recibos y/o documentos para cancelar los servicios académicos relacionados con los derechos de grado, a fin de que pueda acceder al título profesional de Médico Veterinario y Zootecnista.

B. HECHOS RELEVANTES

3. El accionante cursó y aprobó el total de materias de primero a décimo semestre del programa académico de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la

FUSM. Realizó la pasantía y, como opción de grado, trabajó en una ponencia que fue presentada en un encuentro nacional e internacional de investigadores de las Ciencias Pecuarias. Sin embargo, no ha pagado el valor correspondiente a la opción de grado elegida1.

4. El 16 de enero de 2018, entre las 7 p.m. y las 10 p.m., el actor, en calidad de presidente de la Asociación Nacional Académica Sanmartiniana (en adelante, “ASONAS”)2, y otras personas, bloquearon con cadenas una de las

puertas de acceso a la sede de la FUSM, ubicada en el norte de Bogotá D.C., como manifestación de protesta contra la gestión adelantada por altos directivos de la institución. Por solicitud de la rectora de la fundación universitaria, intervino la Policía Nacional a fin de mediar en la solución del problema3.

5. Con base en los anteriores hechos, el 30 de enero de 2018, el representante legal de la FUSM solicitó al Decano de la Facultad de Medicina 1 Según consta en la copia de la constancia suscrita por el Secretario Académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la FUSM, expedida el 23 de agosto de 2018. Folio 13 del cuaderno principal. 2 Según consta en la copia del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, el 10 de mayo de 2019, el actor es el presidente y representante legal de ASONAS, organización sin ánimo de lucro que fue constituida en junio de 2017 y tiene por objeto el desarrollo de actividades académicas, de asesoría y consultoría, así como de carácter investigativo en materia de educación

superior a nivel nacional, entre otras. Folios 56 a 58 del cuaderno principal. 3 Según se observa en la constancia expedida por miembros del Comando Operativo de Seguridad Ciudadana N° Uno de la Policía Nacional, el 17 de enero de 2018, el actor, en compañía de otras cuatro personas, comparecieron a este comando para dejar constancia de los hechos ocurridos el 16 de enero de 2018. En particular, manifestaron que la protesta se realizó porque los directivos de la FUSM, entre otras cosas, “1.No han rendido cuentas del periodo de su intervención de febrero de 2015 a febrero del 2017.// 2. La comunidad Academia [sic] no conoce los informes de auditoría, donde se evidencia los malos manejos administrativos y financieros. […]”. Folios 60 y 61 del cuaderno principal. 2 Veterinaria y Zootecnia que iniciara proceso disciplinario en contra del accionante4. En consecuencia, el 5 de abril de 2018, en sesión extraordinaria, el Consejo Académico de la Facultad, con base en lo establecido en el Reglamento Estudiantil, calificó la conducta del actor como falta gravísima y, por factor de competencia, dio traslado del asunto a la Rectora de la institución a fin de que impusiera la “sanción de Cancelación de Matrícula”5.

6. Por lo anterior, el señor Sánchez Tusarma interpuso una primera acción de tutela contra la FUSM, al considerar que su derecho al debido proceso fue vulnerado en el trámite del procedimiento disciplinario seguido en su contra.

Este asunto correspondió por reparto al Juzgado Cuarenta y Seis Penal

Municipal Con Función de Control de Garantías que, mediante sentencia del 8 de mayo de 2018, resolvió negar el amparo solicitado6. Contra el fallo de primera instancia se interpuso recurso de apelación, sin embargo, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, en sentencia de segunda instancia, del 19 de junio de 2018, resolvió confirmar la decisión adoptada por el juez de primera instancia7.

7. Concluido este proceso judicial, mediante la Resolución No. 01 del 24 de julio de 2018, la Rectora de la FUSM resolvió sancionar “al estudiante” con la cancelación de la matrícula. En consecuencia, dispuso que este “no podrá renovar su matrícula estudiantil para ninguno de los programas académicos ofrecidos por la [FUSM], en cualquiera de sus Sedes Presenciales y Centros de Atención Tutorial, perdiendo su calidad de estudiante de esta institución, de conformidad con lo dispuesto en el literal c) del artículo 5 del Reglamento Estudiantil, y por lo tanto, no podrá acceder a ningún servicio prestado por la

Fundación”8.

8. El accionante interpuso contra esta decisión recurso de reposición y en subsidio de apelación. Sin embargo, mediante la Resolución No. 04 de 28 de agosto de 2018, la Rectora de la institución resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la sanción recurrida. Luego, mediante Acuerdo N° 09 4 Según consta en el memorando de fecha 30 de enero de 2018, el representante legal de la FUSM presentó

dicha solicitud al considerar que el accionante (i) atentó contra el prestigio y el buen nombre de la institución, ya que el día de los hechos esta se encontraba desarrollando el proceso de admisión y matrícula; (ii) insultó e injurió a los directivos y personal administrativo de la FUSM; y (iii) obstaculizó el libre tránsito o acceso de los miembros de la comunidad académica a las instalaciones e impidió el normal desarrollo de las actividades. Folios 14 y 15 del cuaderno principal. Adjuntó como material probatorio tres declaraciones rendidas por funcionarios de la institución sobre los hechos ocurridos el 16 de enero de 2018. Folios 16 a 26 del cuaderno principal. 5 Según consta en la copia del Acta No.162 del 5 de abril de 2018, el Consejo Académico Extraordinario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la FUSM, integrado por el Decano, la Secretaria Académica, el Coordinador de la Clínica e Investigación y la Coordinadora de Clínicas, se reunió con el fin de resolver sobre la queja disciplinaria presentada contra el accionante, para lo cual tuvo en cuenta como agravante “la queja presentada por miembros de la comunidad académica el día 28 de Febrero (sic) de 2017, en la cual evidencian que el [actor] fue irrespetuoso con (…) la Rectora de la Fundación en la reunión pública realizada en el auditorio de la institución frente a la comunidad académica.” En esta sesión, la Rectora de la institución se declaró impedida para participar en razón a que podría ser la siguiente instancia en el proceso disciplinario.

Folios 27 a 29 del cuaderno principal. 6 Folios 107 a 112 del cuaderno principal. 7 Folios 113 y 114 del cuaderno principal. 8 Folios 30 a 38 del cuaderno principal. 3 de 24 de diciembre de 2018, el Consejo Superior de la FUSM desató el recurso de apelación y confirmó en su integridad la decisión de la Rectoría9.

9. El 22 de febrero de 2019, el señor Sánchez presentó escrito de petición ante la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la FUSM, con el fin de que, en primer lugar, le expidiera “los recibos para pagar opción de grado y derechos de grado” y, en segundo lugar, le asignara fecha, lugar y hora de graduación, por haber cumplido con todos los requisitos exigidos por la Facultad10. Frente a esto, el apoderado general de la institución, mediante comunicación del 1° de marzo de 2019, respondió de manera negativa a dichas pretensiones, bajo el argumento de que, con la cancelación de la matrícula, el actor perdió la calidad de “estudiante” y, en efecto, “no es procedente expedir ningún recibo de pago por concepto de matrícula académica, derechos de grados, realización de recursos y, en general, la prestación de servicios de educación o expedición de títulos profesionales”11.

10. Por lo demás, el 13 de mayo de 2019, el señor Sánchez Tusarma, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la FUSM, con base en las siguientes razones: (i) la sanción de cancelación de la matrícula era

improcedente porque el actor no tenía la calidad de “estudiante” cuando ocurrieron los hechos objeto del proceso disciplinario12. Esto, en razón a que, para este momento, ya había finalizado el programa académico de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Art. 5° del Reglamento Estudiantil); (ii) afirmó que existe una “persecución” en su contra por su condición de representante legal y presidente de ASONAS, y como consecuencia de la “protesta pacífica” que realizó el 16 de enero de 2018; y (iii) la indebida integración del Consejo Académico cuando se reunió para imponer la sanción, comoquiera que, por un lado, participó la Secretaria Académica, pese a que los estatutos de la mencionada institución educativa establecen que no hace parte de dicho órgano, y por otro, no estuvo presente el representante de los profesores y de los estudiantes, en los términos que establece el artículo 68 de la Ley 30 de 1992.

C. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA: FUSM

11. El apoderado general de la FUSM solicitó al juez de tutela que declare improcedente la solicitud de amparo, al considerar que fue interpuesta por fuera de un término razonable, dado que transcurrieron más de siete meses entre la expedición del último acto administrativo cuestionado y la interposición de la acción de tutela. Además, en razón a que el accionante incurrió en una actuación temeraria y de mala fe. 9 Folios 40 a 53 del cuaderno principal. 10 Folios 63 y 64 del cuaderno principal.

11 Folios 71 y 72 del cuaderno principal. 12 En ese sentido, manifestó en el escrito de tutela que “[l]a Autonomía Universitaria no puede transgredir el ordenamiento legal y constitucional hasta el punto de imponerme una SANCIÓN PERPETUA, que implica no acceder, de por VIDA, a ningún servicio prestado por la universidad y, en consecuencia, impedir mi graduación y obtener mi título profesional.” (Negrillas y mayúsculas en el texto original). Folio 8 del cuaderno principal. Además, como fundamento del derecho a la educación, citó apartes de las consideraciones realizadas por la Corte en las sentencias T-339 de 2008 y T-089 de 2019. 4

12. Aunado a lo anterior, manifestó que la institución educativa, en ejercicio del principio de la autonomía universitaria, adelantó proceso disciplinario contra el accionante con base en el Reglamento Estudiantil y agotando cada una de las etapas que este consagra (comunicación de la apertura del proceso, formulación de cargos, traslado de las pruebas, oportunidad para rendir descargos, motivación de la decisión). Así mismo, alegó que el actor no ha sido congruente en cuanto a la calidad de “estudiante”, dado que niega ostentar tal condición, pese a que en un principio la había invocado y reconocido. Por último, precisó que los procesos disciplinario y policivo iniciados contra el actor persiguen finalidades diferentes13.

D. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN Primera instancia: Sentencia proferida por el Juzgado Veintiocho Penal

Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá D.C., el 24 de mayo de 2019

13. El Juzgado Veintiocho Penal Municipal con Función de Conocimiento

de Bogotá D.C., resolvió negar el amparo solicitado. Para tal efecto, en primer lugar, desestimó la existencia de temeridad en las acciones de tutela presentadas contra la medida de cancelación de matrícula. En segundo lugar, determinó que el accionante estaba en la situación de egresado no graduado, la cual se encuentra cobijada por el régimen de faltas y sanciones del Reglamento Estudiantil (parágrafo, art. 71). En tercer lugar, concluyó que el proceso disciplinario cuestionado, además de obedecer al principio de autonomía e independencia de la institución universitaria, respetó las garantías del derecho al debido proceso del actor. Impugnación

14. El accionante impugnó la decisión de primera instancia, fundado en que dicho juez no tuvo en cuenta que, en otro proceso de tutela iniciado en su contra por el represente de la FUSM, se protegió su derecho a la libertad de expresión por considerar que sus opiniones frente a la gestión de la universidad eran “actos veedores del control estatal”14. A su juicio, esto demuestra que ha sido perseguido y sancionado de manera ilegal. Agregó que la máxima sanción fue impuesta a “perpetuidad”, en tanto no le permitirá graduarse en ningún momento, y “sin tener en cuenta la gradualidad que establece el reglamento estudiantil” (Arts. 77 y 78). Finalmente, manifestó que, de las personas que participaron en la protesta fue el único sancionado de forma grave.

13 Según consta en la copia del Acta de Audiencia Pública expedida por la Inspección 2 “D” Distrital de Policía de Bogotá D.C., el 29 de abril de 2019, el accionante, junto con las otras personas que participaron en la protesta, y el apoderado judicial de la FUSM decidieron conciliar sobre los hechos objeto de la querella, razón por la que la inspectora resolvió decretar la terminación de la acción de policía y archivar el proceso. Folios 54 y 55 del cuaderno principal. 14 El accionante se refiere a la sentencia proferida por el Juzgado Cincuenta y Cinco Penal Municipal con Función de Garantías de Bogotá D.C., el 2 de abril de 2018, mediante la que resolvió la acción de tutela presentada por Ricardo Bolaños, en su condición de representante legal de la FUSM, contra el señor Sánchez Tusarma (accionante en el presente proceso de tutela), con el fin de que este rectificara las manifestaciones realizadas contra la FUSM. El juez de la causa negó el amparo solicitado al considerar que el accionado actuó en ejercicio de su derecho de participación ciudadana y dentro del ámbito de protección de la libertad de expresión. Folios 73 a 81 del cuaderno principal. 5

Segunda instancia: Sentencia proferida por el Juzgado Cincuenta y Tres Penal

del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C., el 25 de junio de 2019

15. El Juzgado Cincuenta y Tres del Circuito con Funciones de Conocimiento

de Bogotá D.C., confirmó el fallo de primera instancia, al considerar que la

sanción impuesta al actor estuvo precedida de un proceso disciplinario que se surtió acorde con el reglamento estudiantil, la ley y la Constitución. Por lo tanto, no existió violación del derecho a la educación por parte de la accionada.

E. ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

16. Mediante auto del 21 de octubre de 2019, el Magistrado sustanciador, a fin de recaudar pruebas para mejor proveer, requirió al accionante y a la institución educativa accionada, para que suministraran información relacionada con los hechos objeto del proceso. En respuesta a lo anterior, las partes allegaron los documentos que se relacionan a continuación15.

Información allegada por el señor Cristian Alberto Sánchez Tusarma

17. Mediante correo electrónico del 29 de octubre de 2019, el actor dio respuesta a la solicitud de la Corte, en los siguientes términos:

a. Frente a los hechos ocurridos el 28 de febrero de 2017, que fueron invocados como agravante en el proceso disciplinario, el actor manifestó que, en calidad de representante estudiantil16, le hizo un “llamado de atención a la señora rectora […] sobre la forma como se estaba llevando la intervención efectuada por el Ministerio de Educación Nacional […] en lo referente a los aspectos administrativos, financieros y reserva de la información de dicha intervención.” Además, alegó que no fue notificado de la queja que se presentó por estos hechos. b. Informó que no ha activado ningún mecanismo de defensa judicial o administrativo, a fin de controvertir las resoluciones expedidas por la fundación universitaria.

c. Agregó que la accionada violó su derecho a la igualdad. Manifestó que, aunque en los hechos ocurridos el 16 de enero de 2018 participaron varios ex trabajadores, estudiantes y egresados de la FUSM, fue el único que resultó sancionado con la cancelación de la matrícula. Para demostrar lo anterior, aportó copia del título de Médica Veterinaria y Zootecnista obtenido por la estudiante Diana Jaramillo, que también fue notificada de la querella 15 Mediante oficio del 5 de noviembre de 2019, la Secretaría General de esta Corte remitió al despacho del magistrado sustanciador los informes que allegaron las partes en respuesta al auto de pruebas. 16 El accionante aportó copia de la citación al Consejo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que le remitió esa misma dependencia, el 27 de abril de 2017. 6 presentada por el representante legal de la universidad, por los hechos ocurridos el 16 de enero de 2018.

18. Por medio de oficio del 29 de octubre de 2019, el representante legal de la FUSM atendió al requerimiento de la Corte17. Para tal efecto, aportó copia del expediente del proceso administrativo disciplinario y del Acuerdo No. 09 del 31 de marzo de 2016, “Por el cual se actualiza y aprueba el Reglamento de

Estudiantes de la FUSM”, e informó lo siguiente: a. Señaló que el accionante ya había interpuesto una acción de tutela en términos semejantes y entre las mismas partes, pero las pretensiones fueron negadas por los jueces de primera y segunda instancia (Rad. 20180058)18. b. Reiteró que el trámite para la imposición de la sanción en virtud de la que el actor perdió su calidad de “egresado no graduado” de la FUSM, respetó las garantías del debido proceso y defensa. c. Con relación a los hechos ocurridos el 28 de febrero de 2017, que fueron calificados como agravante por la institución accionada, manifestó que “el solo hecho que generó la compulsa de copias por el Representante Legal de la época, es causal para tipificar la falta y su consecuente sanción y esas otras actividades configuradas en el año 2017 contra el reglamento, solo contribuyeron a hacer más probable el modelo de conducta del disciplinado y que pudieron ser objeto de otro proceso disciplinario.”19 d. Informó que, mediante “acción de policía”, se resolvió la querella presentada contra el accionante y otros por la infracción a las normas del Código de Policía y Convivencia, que tuvo lugar el 16 de enero de 2018. Esta actuación terminó con conciliación por aceptación de los infractores en los hechos y con el compromiso de abstenerse de ingresar a las instalaciones, salvo para solicitar la expedición de determinados documentos20. e. Finalmente, remitió copia del requerimiento efectuado por el Ministerio de Educación Nacional a la FUSM, el 2 de abril de 2019, con relación a la petición presentada por el accionante ante la Defensoría del Pueblo, por la negativa en la expedición de los recibos de pago para “opción de grado y derechos de grado”. Además, adjuntó copia de oficio del 5 de

17 El señor Ricardo Bolaños Peñaloza allegó la Escritura Pública No.1323 de la Notaria 20 de Bogotá D.C., mediante la que le fue conferido poder general, amplio y suficiente para representar legal y judicialmente a la FUSM. Folio 305 del cuaderno del proceso administrativo de carácter sancionatorio, 18 Folios 199 a 277 del cuaderno del proceso administrativo de carácter disciplinario. 19 La accionada adjuntó copia de la queja presentada contra el accionante por miembros de la comunidad académica, el 28 de febrero de 2017, advirtiendo que respecto de esta “no se surtió ningún trámite adicional a ser considerada como una reiteración de la conducta del disciplinado.” Frente a esta conducta, la institución educativa sancionó al actor con una amonestación privada, de acuerdo a lo registrado en el oficio del 16 de abril de 2018, mediante el que el Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia le dio traslado a la Rectora de la FUSM del proceso disciplinario en contra del accionante. Folios 44 y 62 del cuaderno del proceso administrativo de carácter sancionatorio. 20 Folios 279 a 296 del cuaderno del proceso administrativo de carácter sancionatorio. 7 abril de 2019, por medio del cual la FUSM respondió al requerimiento realizado por el Ministerio21, advirtiendo que, a la fecha, no ha recibido ninguna comunicación de su parte.

19. Frente a la información remitida por la FUSM, se recibieron los

siguientes informes: a. Mediante correo electrónico del 1 de noviembre de 2019, el actor

manifestó que (i) el proceso de tutela primigenio se ocupó de estudiar el derecho al debido proceso (Rad. 2018-0058), mientras que la presente acción persigue la protección del derecho a la educación, al trabajo, al mínimo vital y a la libertad de escoger profesión; (ii) en la sesión que se impuso la sanción en su contra no asistieron los representantes de los estudiantes, docentes y egresados, como lo dicta la Ley 30 de 1992; (iii) las pruebas aportadas al proceso desvirtúan las acusaciones realizadas por la entidad accionada; (iv) el Ministerio de Educación no ha prestado atención a su situación; y (v) reiteró que no fue notificado de la queja presentada el 28 de febrero de 2017. b. El 5 de noviembre de 2019, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la FUSM, invocando la presunta condición de tercero con interés, manifestó su apoyo a la solicitud de amparo del accionante y solicitó que, de advertirse conductas irregulares por parte de los directivos de la institución en el caso del actor, se denuncien ante instancias administrativas y penales.

20. En respuesta a lo anterior, mediante oficio del 5 de noviembre de 2019, el representante legal de la FUSM manifestó que (i) por los hechos ocurridos en el año 2017 no se inició proceso disciplinario, por lo tanto, no debían notificarlo de ninguna actuación; (ii) la sanción solo fue impuesta al tutelante por el grado de responsabilidad en los hechos ocurridos en enero de 2018; y (iii) la intervención del presidente del Sindicato desborda su objeto y el de la presente

acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES 21 Folios 297 a 304 del cuaderno del proceso administrativo de carácter sancionatorio.

8

A. COMPETENCIA

21. Esta Corte es competente para conocer de esta acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así como en virtud del Auto del 29 de agosto de 2019, notificado el 12 de septiembre del mismo año, proferido por la Sala de Selección de Tutela Número Ocho de esta Corte, que decidió seleccionar para revisión el proceso de la referencia22.

B. PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA

22. En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la reiterada jurisprudencia constitucional dictada en la materia23 y los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario, razón por la cual solo procede excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo (i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o (ii) cuando, existiendo ese medio este carece de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, en las circunstancias del caso concreto.

Así mismo, procederá como mecanismo transitorio cuando la acción se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental. En el evento de proceder como mecanismo transitorio, el accionante deberá ejercer la acción principal en un término máximo de cuatro

(4) meses a partir del fallo de tutela, y la protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario24.

23. Antes de realizar el estudio de fondo de la acción de tutela seleccionada, la Sala procederá, primero, a verificar si la presentación de esta configura una actuación temeraria y, segundo, si se cumplen los requisitos formales de procedibilidad.

Análisis de la presunta temeridad por la presentación de la acción de tutela

24. El representante legal de la FUSM alegó que el accionante ha actuado con temeridad, dado que, previo a la interposición de esta acción de tutela, ya había presentado otra solicitud de amparo en términos similares y entre las mismas partes, en abril de 2018. A continuación, la Sala expone las razones por las que no se configuran los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional para calificar como temeraria la actuación del tutelante. 22 La Sala de Selección Número Ocho de la Corte resolvió seleccionar para revisión el proceso de la referencia, con fundamento en el criterio objetivo de la exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental y, el criterio subjetivo de selección de urgencia de proteger un derecho fundamental. 23 Corte Constitucional, sentencias T-119 de 2015, T-250 de 2015, T-446 de 2015, T-548 de 2015, y T-317 de 2015. 24 Decreto 2591 de 1991, artículo 8. La tutela como mecanismo transitorio. “Aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio

para evitar un perjuicio irremediable. En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado. En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela. (…)”. 9

25. El Decreto 2591 de 1991, en el artículo 38, establece que existe una actuación temeraria “[c]uando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.”25 La Corte ha interpretado esta norma para señalar que, en sentido estricto, la temeridad se configura cuando se presentan los siguientes elementos: “(i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista.” 26

26. En el caso concreto, se tiene que, el 20 de abril de 2018, el actor interpuso una primera acción de tutela contra la FUSM, por considerar que el proceso disciplinario no garantizó su derecho al debido proceso. En consecuencia, solicitó que se ordenara a la accionada declarar la nulidad y finalizar dicho procedimiento y, además, que se abstuviera de iniciar otras actuaciones disciplinarias. Los jueces de tutela de primera y segunda instancia, en sentencias

de mayo y junio de ese mismo año, resolvieron negar el amparo invocado27, bajo el argumento que no existía evidencia de la violación al debido proceso del actor.

27. Observa la Sala que, si bien entre ambos procesos de tutela existe identidad de partes y las pretensiones son similares, lo cierto es que, los hechos no son idénticos, ni tampoco los motivos por los que se interpusieron las solicitudes de amparo (ver supra, numeral 25). Lo anterior, por cuanto, al momento de la interposición de la primera acción de tutela, en abril de 2018, no había concluido el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio. En cambio, en mayo de 2019, cuando fue presentada la segunda solicitud de amparo, la institución educativa ya había concluido su actuación con la expedición de la Resolución Rectoral y las resoluciones que resolvieron los recursos de reposición y apelación; decisiones que, precisamente, cuestiona el actor en esta ocasión, porque, con base en estas, le fueron negados los recibos de pago necesarios para obtener su título profesional. Por estas razones, la Sala considera que, contrario a lo so