CC - T099-2020

Sentencia T-099/20

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE

PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR

RAZONES DE SALUD-Desvinculación de supernumerarias

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE

PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR

RAZONES DE SALUD-Aplicación Ley 361/97 DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADAContenido y alcance DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADAProtección constitucional EMPLEADOS SUPERNUMERARIOS-Vinculación con la Administración Pública

CONTRATO REALIDAD Y PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA

REALIDAD SOBRE LAS FORMAS EN MATERIA LABORALReiteración de jurisprudencia PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS EN VINCULACION DE EMPLEADOS SUPERNUMERARIOS-Cuando una entidad acude a esta modalidad con la finalidad de desarrollar funciones permanentes del servicio desconoce los principios constitucionales La vinculación de empleados supernumerarios constituye un modo excepcional de contratación laboral con la Administración Pública, toda vez que reviste un carácter eminentemente temporal, por lo que esta Sala estima oportuno subrayar que cuando la entidad acude a esta modalidad con la finalidad de desarrollar funciones permanentes del servicio, como ocurrió en el presente caso, se desfigura; y en consecuencia, se desconocen los principios constitucionales que erigen la carrera administrativa, dejando abierta la posibilidad de acudir ante el juez para que de aplicación al principio de rango constitucional de prevalencia de realidad sobre las

formalidades estipuladas DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD-Orden de reintegrar, reconocer y pagar salarios y prestaciones dejadas de percibir, al igual que pagar indemnización, según ley 361/97

Referencia: expedientes acumulados T7.381.710, T-7.381.713, T-7.392.437, T7.392.494, T-7.396.197, T-7.405.344, T7.408.960, T-7.414.212, T-7.418.567, T7.433.690 y T-7.601.200

Acciones de tutela interpuestas por: Lidia Edith Parra, Yenny Lisbeth Nivia Duque, Alicia Uribe Bermúdez, Gloria Janeth Flórez Sánchez, Ana Rosa Salamanca Castillo, Elizabeth Molina Castellanos, Heydy Gutiérrez Solano, Elizabeth Mikulic Rincón, María Consuelo Moncada Guzmán, Luz Mary Díaz Benítez y Rosalía Villamil Alvarado contra el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa Nacional

Magistrada Ponente:

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veinte (2020) La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional conformada por los magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Alberto Rojas Ríos y Cristina Pardo Schlesinger -quien la preside-, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y

241 numeral 9° de la Constitución Política, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de las providencias de tutela emitidas por los despachos judiciales que a continuación se mencionan:

1. Fallo de segunda instancia del 11 de abril de 2019, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la decisión del 27 de febrero de 2019, expedida por el Juzgado Veintiséis de Familia de Bogotá, que concedía transitoriamente el amparo constitucional de los derechos fundamentales invocados por Lidia Edith Parra (T-7.381.710).

2. Sentencia de segunda instancia del 9 de abril de 2019, expedida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la providencia del 26 de febrero de 2019, proferida por el Juzgado Veintidós de Familia de Bogotá, que negaba la acción de tutela instaurada por Yenny Lisbeth Nivia

Duque (T-7.381.713). 2

3. Sentencia de segunda instancia del 28 de marzo de 2019, emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó parcialmente el fallo del 27 de febrero de 2019, dictado por el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá, que concedió el amparo constitucional deprecado por la accionante Alicia Uribe Bermúdez (T-7.392.437).

4. Sentencia de segunda instancia del 4 de abril de 2019, expedida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la sentencia del 26 de febrero de 2019, emitida por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá, la cual

negó la acción de tutela invocada por Gloria Janeth Flórez Sánchez (T-7.392.494).

5. Sentencia de segunda instancia del 15 de marzo de 2019 dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la sentencia de tutela de 26 de febrero de 2019, expedida por el Juzgado Treinta y Cuatro Laboral de Oralidad del Circuito de Bogotá, la cual amparaba los derechos fundamentales

de Ana Rosa Salamanca Castillo (T-7.396.197).

6. Sentencia de segunda instancia del 26 de abril de 2019, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó el fallo del 11 de marzo de 2019, emitido por el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, el cual negó la acción de tutela instaurada por Elizabeth Molina Castellanos

(T-7.405.344).

7. Sentencia de primera y única instancia del 2 de abril de 2019, dictado por el Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de Bogotá, que negó la protección de los derechos fundamentales invocados por Heydy Gutiérrez Solano (T-7.408.960).

8. Sentencia de segunda instancia del 8 de abril de 2019, emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, la cual confirmó el fallo del 4 de marzo de 2019, proferido por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá, que declaró improcedente la tutela que solicitaba el amparo de los derechos fundamentales de Elizabeth Mikulic Rincón (T-7.414.212).

9. Sentencia de segunda instancia del 8 de mayo de 2019, proferida por la Sala

Civil del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó el fallo del 9 de abril de 2019, dictado por el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá, que negó el amparo a los derechos fundamentales invocados por María Consuelo Moncada Guzmán (T-7.418.567).

10. Sentencia de segunda instancia del 9 de abril de 2019, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó el fallo del 4 de marzo de 2019, emitido por el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, que había declarado improcedente la acción de tutela que solicitaba el amparo de los derechos fundamentales de Luz Mary Díaz Benítez (T-7.433.690).

11. Sentencia de segunda instancia del 13 de agosto de 2019 dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la sentencia del 5 de julio de 2019, proferida por el Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá, 3 que declaró improcedente el amparo de los derechos fundamentales de Rosalía

Villamil Alvarado (T-7.601.200). Conforme a lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 55 del Acuerdo 02 de 2015 (Reglamento Interno), mediante autos del 14 y 28 de junio de 2019, la Sala de Selección de Tutelas No. 06, conformada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alberto Rojas Ríos, seleccionó y acumuló entre sí,

para efectos de revisión, los expedientes: T-7.381.710, T-7.381.713, T-7.392.437, T-7.392.494, T-7.396.197, T-7.405.344, T-7.408.960, T-7.414.212, T-7.418.567 y T-7.433.690, por presentar unidad de materia para fallarlos en una sola providencia. En la Sala de Selección No. 10, conformada por los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Cristina Pardo Schlesinger se escogió el expediente T-7.601.200, que bajo los mismos criterios, se integró a los anteriores. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la Sentencia correspondiente.

I. ANTECEDENTES

A. Hechos, pretensiones, pruebas y decisiones de instancias

1. La Sala Séptima de la Corte Constitucional examina once (11) acciones de tutela, cuyos hechos, peticiones, respuestas, material probatorio más relevante y decisiones de instancia se desarrollan detalladamente en el anexo único que hace parte integral de la presente providencia. En consideración a que, en todos los expedientes hay situaciones personales, fácticas, administrativas y procesales similares, se presentará un resumen de los elementos comunes a los casos con las respectivas decisiones de instancia. 1.1. En los meses de febrero1 y abril2 de 2019, de manera independiente, cada una de las once accionantes acudieron a la jurisdicción constitucional solicitando la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, salud,

seguridad social y estabilidad laboral reforzada, entre otros, los cuales fueron presuntamente conculcados por el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, al finalizárseles el vínculo laboral, en la modalidad de supernumerarias, a través de la Resolución No. 00508 del 1º de octubre de 2018. Las demandantes basan su solicitud en los siguientes hechos comunes: 1.2. Las accionantes, que oscilan entre los 34 y 56 años de edad3, estuvieron vinculadas por diferentes periodos de tiempo hasta el 31 de diciembre de 1 Expedientes T-7.381.710, T-7.381.713, T-7.392.437, T-7.392.494, T-7.396.197, T-7.405.344, T-7.408.960, T7.414.212, T-7.418.567 y T-7.433.690. 2 Expediente T-7.601.200. 3 Conforme a la Información tomada de los documentos de identidad que obran en cada uno de los 11 expedientes; expediente T-7.381.710 AC. 4 20184, en los cargos de personal supernumerario al servicio de los procesos productivos del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, ente que desempeña el rol de administrador de la Fábrica de Confecciones de propiedad de la Policía Nacional. Durante su permanencia estuvieron afiliadas a salud, a pensiones, y en riesgos laborales a la ARL AXA Colpatria5. 1.3. Manifestaron que, por ser trabajadoras dedicadas al corte y confección de ropa, comenzaron a presentar dolencias osteo-musculares en miembros superiores (dedos, manos, muñecas, codos y hombro), tales como: Abducción

dolorosa de hombro6, Bursitis de hombro7, Epicondilitis lateral bilateral8, Epicondilitis medial bilateral9, Síndrome del manguito rotador10, Síndrome del túnel carpiano bilateral11, Tendinitis de flexoextensores bilateral, Tenosinovitis de flexoextensores de carpo bilateral12 y Tenosinovitis de estiloides radial de Quervain13, situaciones por las que han estado incapacitadas, asistiendo a exámenes, terapias físicas y controles médicos con especialista, algunas sometidas a procedimientos quirúrgicos, otras con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral o en proceso de calificación del mismo. 1.4. Afirmaron que, mediante dictámenes emitidos por sus aseguradores en salud, en unos casos por AXA Colpatria y en algunos otros por las juntas de calificación de invalidez (regional y nacional), sus enfermedades fueron calificadas como laborales; en consecuencia de lo anterior, reconocieron que la ARL y el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional adoptaron las medidas necesarias para acatar las recomendaciones laborales, reubicando a la mayoría de sus trabajadoras en otros cargos. 1.5. Indicaron que, durante los meses de enero y febrero de 2019, dentro del proceso de incorporación del nuevo personal, entregaron documentos, 4 Algunas acumulando más de 10 años al servicio de la entidad demandada como en los expedientes T-7.392.494, T-396.197, T-7.414.212, T-7.418.567 y T-7.601.200. 5 En cada uno de los expedientes reposan las pruebas que acreditan lo enunciado.

6 En otras palabras, se define como aquel dolor que se sitúa en la región del hombro y aparece con algunos movimientos del brazo. Dicho dolor puede ser debido a lesiones propias de la articulación, de los músculos o de los tendones y de los ligamentos que la componen. 7 Una definición que trae la página web de uno de los centros médicos más prestigiosos a nivel mundial, la Clínica de Mayo, define esta enfermedad como un trastorno doloroso que afecta las pequeñas bolsas rellenas de líquido (bolsas sinoviales) que proporcionan amortiguación a los huesos, tendones y músculos alrededor de las articulaciones. La bursitis ocurre cuando estas bolsas se inflaman. 8 También conocida como codo de tenista. Es una enfermedad del codo provocada por el exceso de uso, se presenta como una inflamación de los tendones que unen los músculos del antebrazo con la parte exterior del codo. 9 La Guía medica –onlineMedlineplus, la define como una molestia o dolor en la parte interna del antebrazo cerca del codo. Se le conoce comúnmente como codo de golfista. 10 De la misma fuente anterior, ésta enfermedad se refiere a la irritación de los tendones que van adheridos a los huesos de la articulación del hombro e inflamación de la bursa (una capa normalmente lisa) que recubre dichos tendones. 11 Es una afección consistente en una presión excesiva en el nervio mediano. Este nervio en la muñeca, permite la sensibilidad y el movimiento a partes de la mano. Entre los síntomas sobresale entumecimiento, hormigueo, debilidad, o daño muscular en la mano y dedos.

12 Tanto en la tendinitis como en la tenosinovitis de los flexores de los dedos, hay una inflamación de los tendones y las vainas tendinosas de los dedos. 13 Una de las fuentes ya nombradas, la define como una inflamación dolorosa que afecta los tendones de la muñeca del lado del pulgar. Si tienes tenosinovitis de Quervain, probablemente sientas dolor al girar la muñeca, agarrar cualquier cosa o cerrar el puño. 5 certificaciones y se practicaron exámenes médicos, los cuales eran requeridos por la entidad accionada para el inicio de un nuevo ciclo; sin embargo, fueron informadas que por falta de presupuesto y por la falta de suscripción de convenios interadministrativos no se les vincularía, pese a que ellas notificaron sobre sus estados y condiciones de salud. Situación que se materializó también para otras trabajadoras, pues no aparecieron en el listado de personas vinculadas para febrero de 2019, truncando sus expectativas de ser nuevamente contratadas. 1.6. Sostuvieron que son personas enfermas, desempleadas, con gastos, compromisos, deudas financieras, necesidades básicas insatisfechas, que tienen a su cargo a su grupo familiar; y que temen, en razón a sus cuadros de salud por las patologías que padecen, que los tratamientos médicos se vean interrumpidos al ser desafiliadas del Sistema de Seguridad Social. Asimismo, afirmaron que, debido a su edad y a sus capacidades laborales disminuidas, les sería imposible acceder a otro empleo y desempeñarse en cualquier otro puesto. 1.7. Debido a lo anotado, las accionantes solicitaron la protección de sus

derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social y estabilidad laboral reforzada por el estado de indefensión y la urgencia manifiesta en la que se encuentran, pidiendo además que se les reintegre a sus cargos o a uno de mayor jerarquía con el pago de las prestaciones dejadas de percibir. 1.8. Las decisiones de los jueces civiles, laborales y de familia de primera instancia fueron disímiles, en razón a los análisis particulares y la valoración de las pruebas que las accionantes aportaron a los procesos, quienes, por su cuenta solicitaron la protección de sus derechos fundamentales. Dentro de las diferentes providencias, la mayoría de falladores negaron el amparo14, algunos jueces declararon improcedente la acción15, otro concedió el amparo transitorio mientras se acudía a la jurisdicción contenciosa administrativa16, y en dos expedientes se concedieron un amparo definitivo17. 1.9. Las sentencias de segunda instancia también fueron heterogéneas, en la medida que las Salas de los Tribunales confirmaron los fallos que negaron y declararon improcedente la tutela18, otros revocaron para negar el amparo, o para declarar la improcedencia por no cumplir con el requisito de subsidiariedad de la acción19, salvo en el expediente T-7.392.437, en el que la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá confirmó el amparo definitivo de una tutela.

II. ACTUACIONES SURTIDAS EN SEDE DE REVISIÓN 14 En los expedientes T-7.381.713, T-7.392.494, T-7.405.344, T-7.408.960 y T-7.418.567.

15 En los expedientes T-7.414.212, T-7.433.690 y T-7.601.200. 16 En el expediente T-7.381.710. 17 En los expedientes T-7.392.437 y T-7.396.197. 18 En los expedientes T-7.381.713, T-7.392.494, T-7.405.344, T-7.408.960 y T-7.418.567; y T-7.414.212, T7.433.690 y T-7.601.200. 19 En los expedientes T-7.381.710 y T-7.396.197. 6

1. Mediante auto del 12 de septiembre de 201920, la magistrada sustanciadora consideró necesario recaudar mayores elementos de pruebas para mejor proveer en los expedientes seleccionados, por lo que ordenó: “-Vincular al proceso al Ministerio de Defensa Nacional, como quiera que dicha parte puede llegar a tener interés en las decisiones que se puedan llegar a adoptar. - Requerir al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, para que se sirva allegar las últimas resoluciones (actos administrativos) que vinculan o prorrogan la vinculación de un personal al servicio de los procesos productivos del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, en especial todas las correspondientes a la vigencia

2019”.

2. A través del Informe de cumplimiento del 20 de septiembre de 2019, la Secretaría General de esta Corporación comunicó que, pese a haberse notificado el referido auto mediante estado 590/19 y librado los oficios OPTB2283 y OPTB-2284 del 16 de septiembre de 2019, no se recibió documentación alguna dentro del término establecido21.

3. No obstante lo anterior, se advirtió en los anexos del citado Informe, que la dirección de correspondencia en el oficio OPTB-2284/19 dirigido al Fondo

Rotatorio de la Policía Nacional22 era errónea, ya que fue enviada a la Calle 66A No. 43-18 en Bogotá y al revisar en los diferentes expedientes, la dirección correcta es Carrera 66A No. 43-18 de la Ciudad; por lo que fue necesario proferir un nuevo auto de requerimiento de fecha 2 de octubre de 2019.

4. En el término de traslado del auto en comento, se allegó escrito de ocho de las accionantes23 poniendo en conocimiento que la entidad accionada continúa haciendo procesos de selección de personal supernumerario, desvirtuándose lo anotado por el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, cuando se les había manifestado que por falta de presupuesto y debido a la baja demanda de convenios interadministrativos no podían contratarlas, denotando, según las demandantes, la intención de quererlas desvincular definitivamente a pesar de sus enfermedades de origen laboral24.

5. En comunicación recibida el 9 de octubre de 2019, el Representante Legal de la entidad allegó las resoluciones 0068, 0090 y 0102, todas del mes de marzo de 2019, en las que se vinculaban desde el 04, 15 y 19 de marzo, respectivamente, hasta el 30 de junio de 2019, como personal supernumerario 20 Folio 64, cuaderno constitucional, Expediente T-7.381.710 AC. 21 Folios 56 a 61 del cuaderno constitucional del expediente T-7.381.710 AC.

22 Dirección de la sede administrativa: Carrera 66 A No. 43-18 Conmutador: 2200460. Bogotá. 23 Se tratan de Lidia Edith Parra, Yenny Lisbeth Nivia, Elizabeth Mikulic Rincón, María Consuelo Moncada, Luz Mary Díaz Benítez, Gloria Janeth Flórez, Heydy Gutiérrez Solano y Elizabeth Molina Castellanos. 24 Folios 71 a 73 del cuaderno constitucional del expediente T-7.381.710 (AC). 7 al servicio de los procesos productivos del Fondo Rotatorio de la Policía a las accionantes: Lidia Edith Parra, Ana Rosa Salamanca y Alicia Uribe Bermúdez, desconociéndose por parte de este Despacho, si estas personas continuaban vinculadas a la entidad con posterioridad a esa fecha25.

6. Así pues, mediante auto del 17 de octubre de 2019, en cumplimiento del artículo 64 del Reglamento Interno (Acuerdo 002 de 2015) se puso a disposición de todas las partes, la comunicación allegada por la entidad accionada, sin que en el término dispuesto para ello se hubiera recibido comunicación alguna26.

III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Competencia La Sala Séptima de Revisión es competente para revisar las sentencias de tutela dictadas en los procesos de la referencia, según lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 y subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, y en virtud de la selección y del reparto verificado en la forma que establece el Reglamento

Interno de la Corporación (Acuerdo 02 de 2015).

2. Procedencia de la acción de tutela 2.1. Legitimidad de la acción 2.1.1. Es el artículo 86 de la Constitución Política junto con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 los que le permiten a cualquier persona, sin limitación alguna, invocar la acción de tutela para que, mediante un trámite ágil y expedito, soliciten la protección inmediata a sus derechos fundamentales, cuando puedan verse vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de particulares.

El mismo artículo 10 del mentado decreto señala que en todo momento y lugar, el mecanismo de amparo podrá ser ejercido por el titular de un derecho fundamental amenazado o vulnerado e incluso a nombre de otro, cuando el individuo no esté en la capacidad de acudir por sí mismo27. 2.1.2. Para la presente ocasión, las señoras Lilia Edith Parra (T-7.381.710); Yenny Lisbeth Nivia Duque (T-7.381.713), Alicia Uribe Bermúdez (T-7.392.437), Gloria Janeth Flórez Sánchez (T-7.392.494), Ana Rosa Salamanca Castillo (T-7.396.197), Elizabeth Molina Castellanos (T-7.405.344), 25 Folios 75 a 81 del cuaderno constitucional del expediente T-7.381.710 (AC). 26 Folio 82 del cuaderno constitucional del expediente T-7.381.710 (AC). 27 El artículo 86 de la Constitución Política de Colombia señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y en todo lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o

por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales (...). Así mismo, de conformidad con el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 le brinda la posibilidad de que una persona agencie derechos ajenos cuando el titular de los mismos no está en posibilidad de ejercer su propia defensa. 8 Heydy Gutiérrez Solano (T-7.408.960), Elizabeth Mikulic Rincón (T7.414.212), María Consuelo Moncada Guzmán (T-7.418.567), Luz Mary Díaz Benítez (T-7.433.690) y Rosalia Villamil Alvarado (T-7.601.200) imploraron la defensa de sus derechos fundamentales, acudiendo por sí mismas a la jurisdicción constitucional, razón por la cual son sujetos legitimados para actuar como accionantes al interior de cada uno de los procesos. 2.1.3. La legitimidad en la causa por pasiva es definida como la condición del sujeto contra quien se encamina la acción, de ser esa persona llamada a responder por la posible amenaza o vulneración del derecho fundamental. La jurisprudencia constitucional28 en referencia al tema ha mencionado que: “La legitimación por pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental. Es un presupuesto procesal que exige que la persona contra quien se incoa la tutela sea la autoridad o el particular que efectivamente vulneró o amenaza vulnerar el derecho fundamental”. De igual manera, del cumplimiento del requisito procesal en mención, esta

Corporación ha referido que:

“Se busca entre otras cosas, evitar que se profieran sentencias desestimatorias con base en argumentos formales o de ritualidad exclusiva, que como es obvio resultan perjudiciales para el demandante, e igualmente, que se adopten decisiones inhibitorias las cuales se encuentran proscritas en sede de amparo constitucional por expreso mandato del parágrafo único del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991”29. 2.1.4. En este contexto, la Sala de Revisión al validar los casos objeto de estudio, encuentra que los expedientes T-7.381.710, T-7.381.713, T-7.392.437, T-7.392.494, T-7.396.197, T-7.405.344, T-7.408.960, T-7.414.212, T-7.418.567, T-7.433.690 y T-7.601.200 cumplen con el aludido requisito de procedibilidad, ya que en todos, el demandado es el mismo sujeto, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, quien es el llamado a responder por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al fungir como empleador de las accionantes. 2.2. Inmediatez 2.2.1. Frente al principio de inmediatez, la Constitución Política no establece propiamente un término perentorio para interponer la acción de tutela; es un 28 Corte Constitucional, sentencia T-626 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa). 29 Corte Constitucional, sentencia T-560 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).

9 concepto de origen y desarrollo jurisprudencial, que debe ser examinado en cada caso concreto, pues se ha determinado que es el período de tiempo prudencial desde que se presenta la conducta que presuntamente vulnera los derechos del accionante y la fecha de interposición de la acción. Periodo cuya razonabilidad es relativa a las circunstancias particulares de cada caso30. 2.2.2. En relación con lo anotado, la sentencia T-332 de 201531 se pronunció sobre el particular, así: “El principio de inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la acción de tutela, por lo que su interposición debe ser oportuna y razonable con relación a la ocurrencia de los hechos que originaron la afectación o amenaza de los derechos fundamentales invocados”. 2.2.3. Asimismo, reviste gran importancia lo expresado en la sentencia T-022 de 201732, que dice: “La eficacia de la acción de tutela frente a la protección de los derechos fundamentales se encuentra relacionada directamente con la aplicación del principio de la inmediatez, presupuesto sine qua non de procedencia de dicha acción, dado que su objetivo primordial se encuentra orientado hacia la protección actual, inmediata y efectiva de derechos fundamentales”. 2.2.4. En la reciente sentencia T-091 de 201833, se recordaron unos criterios orientadores que permiten al juez saber, en conjunto, si se cumple con el requisito señalado, a saber: “(i) la situación personal del accionante, que puede hacer exagerada la exigencia de presentar la acción de tutela en un periodo corto; (ii) el instante en que ocurre la transgresión, ya que pueden haber casos

de violación continua de derechos fundamentales; (iii) la naturaleza de la vulneración, pues la tardanza en presentar la tutela puede ser parte del hecho que, a juicio del accionante, vulnera sus derechos fundamentales; (iv) si se trata de tutela contra providencia judicial, el análisis debe ser más estricto, y (v) los efectos de la tutela en los derechos de terceros, quienes tienen la expectativa legítima de que se proteja su seguridad jurídica”34. 2.2.5. Así, la Sala encuentra demostrado el requisito de la inmediatez, habida cuenta de que en el primer grupo de tutelas seleccionadas por la Sala Sexta de 30 Corte Constitucional, sentencias SU-961 de 1999 (MP Vladimiro Naranjo Mesa); T-245 de 2015 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez); T-036 de 2017 (MP Alejandro Linares Cantillo). 31 MP Alberto Rojas Ríos. 32 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez. 33 MP Carlos Libardo Bernal Pulido. 34 Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo). 10 Selección de 2019, transcurrieron menos de seis meses, entre el 31 de diciembre de 2018, fecha en que finalizó la relación laboral de las accionantes con el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y las fechas de interposición de las tutelas, que se dieron entre el 14 y 27 de febrero de 2019. En igual sentido, el último caso seleccionado por la Sala Décima de Selección de 2019 se dio en un plazo razonable, pues pasaron casi 4 meses, entre el 31 de diciembre de 2018, fecha de finalización de la relación laboral con el Fondo

Rotatorio de la Policía Nacional y el 24 de abril de 2019, fecha en que fue incoada la acción de tutela 2.3. Subsidiariedad 2.3.1. En virtud a lo consagrado en el artículo 86 superior y el Decreto 2591 de 1991, una de las características propias de la acción de tutela es su carácter residual y subsidiario. De otro lado, la acción puede proceder de forma excepcional como mecanismo definitivo o transitorio, en función de las circunstancias especialísimas del caso. 2.3.2. La acción de tutela debe utilizarse únicamente (i) cuando no haya un mecanismo judicial ordinario que proteja adecuada y oportunamente los derechos fundamentales del interesado, o (ii) cuando éste no cuenta con ninguna otra forma de defensa para la protección de los derechos fundamentales invocados. En estos casos, la acción de tutela procederá de forma definitiva35. 2.3.3. Puede ocurrir también, que a pesar de existir otro medio de defensa judicial, lo que se persigue con el mecanismo de amparo, es evitar que se consume un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales del accionante; allí, es cuando la protección se otorga transitoriamente entre la sentencia de tutela y la sentencia que profiera el juez ordinario o contencioso administrativo, así se da una protección temporal. Para que la tutela sea viable en la situación planteada, esta debe cumplir con los siguientes aspectos: “(i) que se trate de un hecho cierto e inminente; (ii) que las medidas a tomar deben ser urgentes; (iii) que la situación a la que se enfrenta la persona es grave; y (iv) que las actuaciones de protección han de ser impostergables”36.

2.3.4. Por lo tanto, es indispensable verificar la procedencia del requisito en mención desde dos variables, la primera de ellas, relacionada con la existencia o no de un medio de defensa judicial y si éste es idóneo y eficaz; y una segunda, alusivo al carácter residual y subsidiario del mecanismo de protección creado por la Carta Política37. 35 Corte Constitucional, sentencias T-201 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado); y T-286 de 2019 (MP Cristina Pardo Schlesinger).