CC - T100-2020

Sentencia T-100/20

DERECHO A LA EDUCACION Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE NOTAS, DIPLOMA Y ACTA DE GRADO DERECHO A LA EDUCACION-Prohibición retención de notas o certificados por no pago de pensión ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ESTUDIO POR NO PAGO DE PENSION-Imposibilidad de pago y voluntad de cumplimiento de las obligaciones por parte del interesado, como requisitos, según la Ley 1650 de 2013 La Corte Constitucional ha reiterado que el incumplimiento de las obligaciones económicas en favor del colegio no puede dar lugar a la retención de los títulos y demás documentos académicos, si el accionante demuestra (i) la imposibilidad real de pago y (ii) su intención de honrar y cumplir con las obligaciones económicas. IMPOSIBILIDAD DE PAGO GASTOS EDUCATIVOSConfiguración Se configura la imposibilidad de pago con hechos que: (i) afectan económicamente a los proveedores de la familia, como la pérdida del empleo, una enfermedad grave, la quiebra de la empresa, entre otras; (ii) constituyan circunstancias adversas que impida el pago; (iii) impliquen ausencia de recursos económicos; y (iv) tengan fundamento en una justa causa. VOLUNTAD DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EDUCATIVAS-Acuerdo de pago La Corte ha reiterado que existe voluntad real de pagar cuando se acredita que: (i) se realizaron los pasos necesarios para cancelar lo debido, como la solicitud de un crédito; (ii) no se trata de una situación de renuencia del pago o mala fe, enderezada a obtener un aprovechamiento de la jurisprudencia; y

(iii) se suscribió algún título valor a favor de la institución educativa o se buscó algún acuerdo de pago. EDUCACION PRIVADA-Entrega de certificados académicos debe estar precedida por un acuerdo de pago para la cancelación de la deuda y así no fomentar la cultura del no pago HIJO MAYOR DE EDAD ESTUDIANTE-Deberá garantizar el pago de obligación adeudada al colegio Cuando el accionante hubiere alcanzado la mayoría de edad, deberá concurrir a “garantizar el pago de la obligación adeudada al colegio”, mediante la suscripción del acuerdo de pago. ACCION DE TUTELA CONTRA INSTITUCION EDUCATIVAOrden a Colegio realizar un acuerdo de pago con el accionante con el fin de acceder a los certificados de estudios solicitados

Referencia: Expediente T-7.573.693

Acción de tutela interpuesta por Javier Andrés Zorro González en contra del Colegio Liceo de Cervantes “El Retiro”

Magistrado ponente:

CARLOS BERNAL PULIDO

Bogotá, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veinte (2020) La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

1. Hechos probados. El 30 de noviembre de 2018, Javier Andrés Zorro González (en adelante, el accionante) terminó sus estudios de bachillerato en el Colegio Liceo de Cervantes “El Retiro” (en adelante, el accionado o el Colegio)1. Ese mismo día, el Colegio le entregó el diploma de bachiller

académico al accionante, pero no el acta de grado, habida cuenta del impago de las pensiones correspondientes a los meses junio a noviembre de 2017 y abril a noviembre de 2018. Por lo anterior, el 14 de mayo de 2019, el señor Javier Alfredo Zorro Cordero, padre del accionante, suscribió un acuerdo de pago con el Colegio en relación con las pensiones adeudadas. En dicho acuerdo, las partes estipularon que, desde el 30 de mayo de 2019 hasta el 30 de octubre de 2021, el señor Zorro Cordero debía pagar a favor de dicha institución la suma de $12.558.041.oo, en 31 cuotas mensuales de $400.000.oo cada una (excepto la última, que se estipuló por el valor de $558.041.oo)2. El accionante aportó los 1 El accionante alcanzó su mayoría de edad el 1 de abril de 2018. Cfr. Cdno. de revisión, fl. 43. 2 Cdno. 2, fls. 1-2. comprobantes de pago de tres de las cuotas pactadas3. Tras solicitar el acta de grado, el accionante señaló que, el 17 de mayo del mismo año, el abogado del Colegio les informó que “no harían entrega de la copia del acta de grado solicitada ni ninguna otra clase de documentos”4. Desde el primer semestre de 2019, el accionante está matriculado en el programa de comunicación social y periodismo de la Universidad Externado de Colombia5, a pesar de que, según informó esta institución, presenta “bloqueo administrativo por entrega de acta

de grado”6.

2. Solicitud de tutela. El 21 de mayo de 2019, el accionante presentó acción de tutela en contra del Colegio. Esto, porque consideró que sus derechos fundamentales a la educación y a “la formación integral”7 habían sido “amenazados”8 por dicha institución, debido a que no le ha entregado el acta de grado de bachiller. En su solicitud de amparo, afirmó que necesita dicho documento para “legalizar [su] matrícula ante la Universidad Externado de Colombia”9 y “definir [su] situación militar ante el Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional de Colombia”10. Así mismo, señaló que el incumplimiento de las obligaciones económicas con el Colegio se debió a la “difícil situación económica por la que han venido atravesando en los últimos años”11. No obstante, destacó que sus padres “han actuado de buena fe en cumplimiento de las obligaciones con el Colegio”12 y han tenido una “clara voluntad de pago”13, la cual se evidencia con los pagos llevados a cabo durante los últimos cuatro años y la suscripción del acuerdo de pago. Por último, resaltó que la decisión del Colegio de retener el acta de grado representa “riesgo flagrante [a su] derecho fundamental a la educación”14.

3. Admisión de la acción de tutela y vinculaciones al proceso. Mediante el auto de 22 de mayo de 2019, el Juez 16 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá admitió la acción de tutela en contra del Colegio15. A su vez, por medio del auto de 30 de mayo de 2019, el referido juez ordenó la

vinculación de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, de la firma “Abogados Asociados RAPL” y de la señora Nubia Rojas, secretaria del rector del Colegio16, quien no contestó el auto de vinculación. 3 En el expediente están los soportes de tres consignaciones, a saber: de 31 de mayo de 2019 (Cdno. 2, fl. 73), de 2 de julio de 2019 (Cdno. 1, fl. 5) y de 1 de agosto de 2019 (Cdno. de revisión fl. 58), cada una por valor de $400.000.oo. 4 Cdno. 2, fls. 17-18. 5 Cdno. de revisión, fl. 25. 6 Cdno. de revisión, fl. 241. 7 Cdno. 2, fl. 15. 8 Cdno. 2, fl. 22. 9 Id. 10 Cdno. 2, fl. 22. 11 Cdno. 2, fl. 16. 12 Cdno. 2, fl. 19. 13 Id. 14 Cdno. 2, fl. 22. 15 Cdno. 2, fl. 27. 16 Cdno. 2, fl. 51.

4. Contestación del Colegio Liceo de Cervantes “El Retiro”. El 27 de mayo de 2019, el accionado solicitó (i) “no cultivar la cultura de no pago”17, la cual entiende que sería promovida si se concede el amparo, porque los padres del accionante “actualmente se encuentran en mora sin ninguna intención de pagar”18; (ii) aplicar lo previsto por la Ley 1650 de 2013, que exige al deudor

“aportar los documentos que demuestren una calamidad que justifique el no pago”19, y (iii) “suscribir un acuerdo de pago avalado por el accionante y sus padres”20. Además, señaló que “la institución educativa nunca vulneró el derecho fundamental a la educación, dejando cursar todos los estudios y entregando el diploma respectivo”21, pese a que “los padres del accionante presentan un histórico de pagos atrasados desde el 2013”22. Por último, advirtió que el acuerdo de pago de 14 de mayo de 2019 “no se cumplió”23 y que “la institución educativa accede a entregar los documentos solicitados siempre y cuando se suscriba un acuerdo de pago en el cual se comprometa a pagar la mitad de la obligación y el saldo se difier[a] a cuotas”24.

5. Contestación de la Secretaría de Educación Distrital. El 31 de mayo de 2019, la Secretaría de Educación solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque el presente caso está por fuera de su competencia, “teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 3 del Decreto 330 de 2008”25.

Esta solicitud se fundamentó en las siguientes dos razones: (i) el accionante no ha presentado una queja que active las funciones de control y vigilancia a cargo de esta Secretaría y (ii) el accionado “no hace parte de la red de colegios del Distrito Capital”26, por tanto, esta Secretaría “no es [su] superior jerárquico”27. Respecto de sus funciones de “control, inspección y vigilancia de todos los planteles educativos privados”28, la Secretaría en mención indicó que los hechos de la acción de tutela “no fueron puestos en su conocimiento (…) ni se

está adelantando un proceso administrativo sancionatorio en contra del establecimiento educativo”29 accionado.

6. Sentencia de primera instancia. Mediante la sentencia de 4 de junio de 2019, el Juez 16 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá negó el amparo solicitado por el accionante y desvinculó a la Secretaría de Educación, a la firma “Abogados Asociados RAPL” y a la secretaria del Colegio accionado, señora Nubia Rojas. La decisión de negar el amparo se fundó en que (i) el acuerdo de pago fue celebrado entre el señor Javier Alfredo Zorro Cordero (padre del accionante) y la firma “Abogados Asociados RAPL”, 17 Cdno. 2, fl. 49. 18 Cdno. 2, fl. 50. 19 Cdno. 2, fl. 48. 20 Cdno. 2, fl. 50. 21 Cdno. 2, fl. 47.

22 Id. 23 Id. 24 Id. 25 Cdno. 2, fl. 60. 26 Cdno. 2, fl. 59 (reverso). 27 Id. 28 Id. 29 Cdno. 2, fl. 65 (reverso). que no entre el accionante y el accionado30, y (ii) el Colegio “no tiene ninguna obligación de expedir documentación, certificación o realizar la entrega del acta de grado del joven Javier Andrés Zorro González, mientras no cumpla con el acuerdo celebrado”31.

7. Impugnación. El 10 de junio de 2019, el accionante impugnó la decisión de primera instancia. Esto, porque, a su juicio, el juez no valoró en debida forma

las pruebas que dan cuenta de la incapacidad económica de su familia y de la voluntad de sus padres de cumplir con sus obligaciones dinerarias. En cuanto a lo primero, el accionante consideró que no fueron valoradas (i) la solicitud de desafiliación a Compensar EPS que presentó su padre el 3 de junio de 201632 y su mora en el pago de los aportes a salud desde diciembre de 2018, así como (ii) la aprobación de un crédito por parte del ICETEX para pagar la matrícula en la universidad33 en la modalidad “Fondo de garantías: Padres insolventes”. Respecto a lo segundo, el accionante sostuvo que está demostrada la voluntad de pago, porque, para ese momento, su padre había pagado dos cuotas de las pactadas en el acuerdo de pago34 y, además, pagó, entre 2014 y 2018, la suma de $26.202.813.oo al Colegio. Por tanto, concluyó que el amparo solicitado no busca fomentar la “cultura de no pago” y, por el contrario, está dentro de los supuestos de hecho en los que la Corte Constitucional ha ordenado la entrega del título académico retenido en casos similares.

8. Sentencia de segunda instancia. Mediante la sentencia de 15 de julio de 2019, el Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá confirmó la sentencia de primera instancia, por cuanto “no se demuestra por el actor su intención de pago, toda vez que, (…) no obstante allegar junto con el escrito de tutela propuesta de acuerdo de pago realizada con la firma de abogados que representa al colegio (…) no se vislumbra ni siquiera el pago de la primera cuota”35. Tampoco

encontró demostrado por el accionante “la causa sobreviniente”36 que afectó la economía familiar y que le impidió el pago oportuno de las obligaciones pecuniarias en favor del Colegio. En consecuencia, concluyó que no se demostró “la vulneración del derecho fundamental de (sic) educación, (…) y sí el incumplimiento por parte del joven (…) respecto de la responsabilidad establecida (…) en cuanto a las acreencias académicas”37.

9. Actuaciones en sede de revisión. El magistrado sustanciador, por medio del auto de 29 de octubre de 2019, ordenó que, por medio de la Secretaría General, se recaudaran pruebas tendientes a determinar: (i) la capacidad de pago 30 Cdno. 2, fl. 69. “[D]ebe tenerse en cuenta que la firma [Abogados Asociados RAPL] no menciona que sea la representante del plantel, ni la tutelada se pronuncia al respecto; además, el acuerdo lo firma el señor Zorro Cordero y quien interpone la acción de tutela es el joven Zorro González, lo que efectivamente no mantiene hilaridad en los hechos y deja muchos vacíos”. 31 Cdno. 2, fl. 69. 32 Cdno. 2, fl. 14. 33 Cdno. 2, fl. 74. 34 Cdno. 2, fls. 77-78. 35 Cdno. 1, fl. 9.

36 Id. 37 Id. del accionante y su núcleo familiar38, (ii) las razones por las cuales se generó el incumplimiento en el pago de las mensualidades escolares39, (iii) los motivos

por los que el Colegio no ha entregado el acta de grado al accionante40, (iv) la situación académica del accionante a día de hoy41, (v) el estado actual de cumplimiento del acuerdo de pago suscrito el 14 de mayo de 201942 y (vi) la relación jurídica entre el Colegio y la firma “Abogados Asociados RAPL”43.

10. Respuestas al auto de pruebas. El 18 de noviembre de 2019, la Secretaría General de esta Corte informó que el citado auto había sido comunicado por medio de oficios de 30 de octubre del presente año y que se recibieron las siguientes respuestas: 10.1. Cámara de Comercio de Bogotá. Por medio del oficio de 31 de octubre de 2019, la Cámara de Comercio de Bogotá aportó “el certificado de existencia y representación legal y/o inscripción de documentos de la sociedad: ‘Grupo Consultor de Cobranzas y Servicios Legales e Inmobiliarios S.A.S’, donde figura la persona natural Zorro Cordero Javier Alfredo”44 y el “certificado de matrícula mercantil de la persona natural González León Sandra Mireya”45. Así mismo, informó que Javier Andrés Zorro González no está registrado “como comerciante ni como propietario de establecimiento de comercio”46. 38 El magistrado sustanciador, por medio de la Secretaría General, preguntó (i) al accionante, (a) quiénes conforman su núcleo familiar y qué actividades desarrollan y (b) si en la actualidad tiene algún vínculo laboral o desarrolla alguna actividad productiva; (ii) a los padres del accionante, cuáles han sido sus ingresos y

actividades laborales en los últimos tres años. El magistrado sustanciador también preguntó, por medio de la Secretaría General, (iii) a la Dirección de Aduanas Nacionales, si el accionante o sus padres declaran renta y, en caso afirmativo, le solicitó remitir las declaraciones de renta de los últimos tres años; (iv) a la Secretaría de Movilidad de Bogotá y a la Secretaría de Transporte de Cundinamarca, si el accionante o sus padres tienen algún vehículo automotor a su nombre y, de ser así, les solicitó remitir la información relacionada con el vehículo; (v) a la Cámara de Comercio de Bogotá, si el accionante o sus padres están registrados como comerciantes (persona natural) y/o si son socios o representantes legales de alguna persona jurídica; (vi) a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, si el accionante o sus padres tienen bienes inmuebles a su nombre y, de ser así, le solicitó remitir la información relevante de cada bien (ubicación, valor, etc.). 39 Por medio de la Secretaría General, el magistrado sustanciador preguntó al accionante las razones por las cuales sus padres no pagaron a tiempo las sumas adeudadas al Colegio y le solicitó aportar los soportes que estime pertinentes para acreditarlas; a los padres del accionante, si ha existido una situación sobreviniente que haya afectado la economía familiar y, en caso afirmativo, les solicitó allegar los soportes que estimen pertinentes para acreditarla. 40 Por medio de la Secretaría General, el magistrado sustanciador preguntó al Colegio (i) cuál es la deuda actual de los padres del accionante (con indicación de montos, meses y años en que se causaron, etc.) y (ii) los motivos

por los cuales se ha negado a entregar el acta de grado. 41 Por medio de la Secretaría General, el magistrado sustanciador preguntó al accionante (i) si en la actualidad está adelantando estudios universitarios y (ii) si ha recibido respuesta por parte del Colegio a la solicitud de entrega del acta de grado. 42 Por medio de la Secretaría General, el magistrado sustanciador preguntó a los padres del accionante y al Colegio cuál es el estado actual del cumplimiento del acuerdo de pago suscrito el 14 de mayo de 2019 y, a este último, le solicitó informar, además, si, directamente o por medio de la firma “Abogados Asociados RAPL”, ha ejercido actuaciones tendientes a obtener el pago de lo adeudado por los padres del accionante. 43 Por medio de la Secretaría General, el magistrado sustanciador preguntó al Colegio cuál es su relación jurídica con la firma “Abogados Asociados RAPL”. 44 Cdno. de revisión, fl. 135. 45 Id. 46 Id. 10.2. Secretaría de Movilidad de Bogotá. Mediante el oficio de 31 de octubre de 2019, la Secretaría de Movilidad de Bogotá señaló que Javier Alfredo Zorro Cordero y Javier Andrés Zorro González “no figuran como propietarios de rodante alguno en el país”47, mientras que Sandra Mireya González León “figura como propietaria”48 de dos vehículos49. 10.3. Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca. Mediante oficio de 6 de noviembre de 2019, la referida Secretaría50 dio respuesta al auto de

pruebas e informó que ni el accionante ni sus padres “figuran como propietarios activos de vehículos registrados en la jurisdicción de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca”51. 10.4. Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Mediante el oficio de 2 de noviembre de 2019, la DIAN indicó que “únicamente la ciudadana González León Sandra Mireya (…) cuenta con historial de presentación de declaración de renta”52 y aportó las últimas declaraciones presentadas por ella, las cuales corresponden a los años 2015 y 201653. 10.5. Superintendencia de Notariado y Registro. Por medio del oficio de 6 de noviembre de 2019, la Jefe de la Oficina Jurídica de la entidad informó que, “de acuerdo con la información reportada por parte de la Dirección Técnica de Registro (…) [y] consultada la Ventanilla Única de Registro”54, ni el accionante ni sus padres “registran bienes inmuebles a nivel Nacional”55. 10.6. Colegio accionado. Mediante comunicación de 5 de noviembre de 2019, el Colegio señaló que la firma Abogados Asociados RAPL S.A.S. “presta los servicios de cobro de cartera a la institución aquí accionada; por intermedio de un contrato de prestación de servicios, (…) para hacer gestiones de cobro prejurídico debido a los numerosos incumplimientos por el no pago de los periodos mensuales del contrato de prestación de servicios educativos”56. Así mismo, aportó el estado de cuenta del acuerdo

de pago suscrito con Javier Alfredo Zorro Cordero, según el cual, al 31 de octubre de 2019, sólo había efectuado dos abonos, cada uno de ellos por $360.000,oo57. A su vez, el rector del Colegio, mediante comunicación de 47 Cdno. de revisión, fl. 128. 48 Id. 49 Cdno. de revisión, fls. 129 y 130. La camioneta Chevrolet modelo 2016 y el automóvil Mazda coupé modelo 1996. 50 Cdno. de revisión, fl. 132. Esta respuesta fue allegada por medio de la Unión Temporal SIETT Cundinamarca. Esta unión temporal informó que “presta, a título de concesión, algunos servicios en lo relacionado al Registro Nacional Automotor”. 51 Cdno. de revisión, fl. 132. 52 Cdno. de revisión, fl. 104. 53 Cdno. de revisión, fls. 108-109. 54 Cdno. de revisión, fl. 162. 55 Id. 56 Cdno. de revisión, fl. 95. 57 Cdno. de revisión, fl. 102. 15 de noviembre del mismo año, remitió el informe del estado del acuerdo de pago y aportó “foto de entrega [al accionante] del diploma de bachiller en ceremonia de graduación”58. 10.7. Central de Información Financiera (en adelante CIFIN). Mediante comunicación de 5 de noviembre de 2019, esta entidad informó que Javier Alfredo Zorro Cordero y Sandra Mireya González León tienen datos negativos “frente a [varias] fuentes de información”59. En particular, la referida central indicó que esta última fue reportada por dos entidades en 2018, reportes que, para el 30 de junio de 2019, aún estaban vigentes60. Por

el contrario, Javier Andrés Zorro González no tiene “datos negativos frente a ninguna fuente de información”61. 10.8. Universidad Externado de Colombia. Por medio del oficio de 20 de noviembre de 2019, la “secretaria general de la Universidad Externado de Colombia”62, indicó que “el estudiante JAVIER ANDRÉS ZORRO GONZÁLEZ (…) tiene bloqueo administrativo”63, medida que “impide al alumno continuar con el desarrollo normal de su programa académico, hasta tanto no dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Universidad”64. Así mismo, la secretaria general aportó el concepto proferido el 13 de noviembre de 2019 por la oficina jurídica de la Universidad, en el cual señala que “a pesar del bloqueo administrativo realizado el pasado 18 de junio el alumno cursa actualmente el segundo semestre del programa de pregrado, es decir, que se matriculó e inscribió materias con posterioridad al bloqueo, [por tanto] los efectos de la medida se difier[en] al treinta (30) de octubre de 2021, fecha de finalización del acuerdo de pago suscrito por el señor Javier Alfredo Zorro Cordero y Abogados Asociados RAPL”65. 10.9. Accionante y su grupo familiar. Mediante tres escritos de 7 de noviembre de 2019, el accionante y sus padres respondieron el auto de pruebas en los siguientes términos: (i) El accionante señaló que su “padre no cuenta con un empleo estable que le permita unos ingresos fijos y constantes y de otro lado, [su] madre, por situaciones ajenas a su voluntad tuvo que renunciar a

su empleo”66. Así mismo, aportó el formulario de inscripción67, la constancia de aceptación68 y las condiciones de adjudicación69 del 58 Cdno. de revisión, fls. 221-231. 59 Cdno. de revisión, fl. 168 (reverso). 60 Cdno. de revisión, fl. 183. 61 Id. 62 Cdno. de revisión, fl. 239. 63 Cdno. de revisión, fl. 240A. 64 Cdno. de revisión, fl. 241 (reverso). 65 Id. 66 Cdno. de revisión, fls. 39-40. 67 Cdno. de revisión, fl. 49. 68 Cdno. de revisión, fl. 50. 69 Cdno. de revisión, fl. 51. “crédito ICETEX, en la modalidad Tú Eliges 25% con fondo de garantías padres con insolvencia”70. También, allegó tres constancias de consignación a la cuenta bancaria del abogado del Colegio, cada una por $400.000.oo71, en relación con “el acuerdo de pago suscrito con los abogados del Colegio el día 14 de mayo de 2019”72. Por último, afirmó que sus padres han “cancelado sendas sumas de dinero al Colegio durante los años 2017, 2018 y 2019”73 por un valor total de $26.202.813.oo, hecho que acredita con los correspondientes soportes de pago74. (ii) El padre del accionante sostuvo que, en su condición de abogado litigante, “[sus] ingresos han sido variables”, por lo cual “en los últimos años, h[a] pasado por una situación económica muy difícil, debido a la falta de trabajo, a la demora en el pago de [sus]

honorarios profesionales de los procesos, (…) lo que ha llevado a que [se] retarde en el pago de [sus] obligaciones como padre frente a los colegios”75. Además, aportó el certificado “maestro de afiliados compensados del Ministerio de Salud, en donde se aprecia que hay periodos que no [ha] podido contar con seguridad social, en forma estable, en los últimos tres años”76. De acuerdo con el “estado de cuenta con mora a octubre 7 de 2019, enviado por la EPS COMPENSAR”77, debe las mensualidades de “diciembre de 2018 [y] enero, febrero y marzo de 2019”78. Por otra parte, allegó el “estado de cuenta”79 del crédito asumido con la Universidad Juan

N. Corpas para pagar la matrícula del décimo semestre de su hija mayor, Laura Vanessa, en la facultad de medicina, según el cual “a la fecha [se] encuentra en mora, y con el riesgo de perder la posibilidad de crédito para el próximo semestre”80. También informó que se encuentra en mora con el ICETEX, en relación con el crédito asumido en favor del accionante, lo cual evidenció con el recibo de pago y un “pantallazo de la página web de dicha entidad donde consta que (…) no [ha] podido cancelar el 5% del Fondo de Garantías, requisito de este crédito por la condición PADRES CON INSOLVENCIA, y que se encuentra en cobro administrativo”81. Así mismo, afirmó que “tuv[o] que retirar a [su] hija PAULA SOFÍA ZORRO GONZÁLEZ del Colegio San José (…) y la matricul[ó] en el Colegio Liceo Moderno en la modalidad virtual (…), en el cual

70 Cdno. de revisión, fl. 40. 71 Cdno. de revisión, fls. 57-58. 72 Cdno. de revisión, fl. 40. 73 Id. 74 Cdno. de revisión, fls. 54-56. En el 2014, consignó $4.731.563.oo; en el 2015, $1.900.000.oo; en el 2016, $2.071.250.oo y $6.500.000.oo; en el 2017, $5.000.000.oo; en el 2018, $6.000.000.oo 75 Cdno. de revisión, fl. 59. 76 Cdno. de revisión, fl. 66. 77 Cdno. de revisión, fl. 67. 78 Id. 79 Cdno. de revisión, fl. 68. 80 Cdno. de revisión, fl. 60. 81 Cdno. de revisión, fls. 61-73. también [se] encuentra en mora de cancelar la pensión de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre”82, lo que acreditó con el acuerdo de pago suscrito con el Colegio San José y el estado de cuenta expedido por el Liceo Moderno83. Finalmente, allegó el escrito presentado el 30 de octubre de 2019 ante la firma de abogados del Colegio, en el que solicitó “conceder[le] una modificación al acuerdo de pago suscrito el día 14 de mayo de 2019 (…) por cuanto es [su] deseo cumplir en su totalidad con las obligaciones para con [el Colegio], en forma consecuente a [sus] ingresos”84. (iii) La madre del accionante resaltó que “tuv[o] que renunciar a [su]

empleo en la firma MAC ESMERALDAS COLOMBIANAS SAS”85 por malos tratos, lo que evidenció con la copia de la carta de renuncia de 15 de diciembre de 201686. Afirmó que esta fue “la situación sobreviniente que [los] ha afectado (…) ostensiblemente”87. De igual forma, indicó que “el arrendador del bien inmueble donde habita[n] con [sus] hijos (…), [les] solicitó la entrega del bien (…) por mora en el pago de los cánones de arrendamiento”88, lo cual acreditó con la comunicación de “no renovación del contrato de arrendamiento” enviada el 31 de julio de 2019 por el apoderado del arrendador89. Por otra parte, informó que “(…) por cuenta de la obligación respecto del vehículo automotor (…) de [su] propiedad, entró en mora por no poder cancelar las cuotas desde el mes de abril de 2018, lo que dio origen al proceso No. 2018-0796 (…) con la correspondiente medida cautelar de embargo y secuestro”. Esto se sustentó con el certificado de tradición del vehículo90 y el auto de 9 de octubre de 2018, por medio del cual se libró el mandamiento de pago correspondiente91. De igual forma, señaló que “adeud[a] a la Secretaría de Hacienda de Bogotá D.C., los impuestos del vehículo, correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019”92, lo cual se evidenció con las constancias de declaración de los impuestos en los que el valor pagado es $093. 10.10. Memorial allegado por el accionante. Por medio escrito presentado el

13 de enero de 2020, el accionante informó que el Colegio “está iniciando acciones judiciales en contra de [sus] padres (…) tendientes a hacer efectiva la obligación pendiente (…) tal y como lo acredit[a] con el 82 Cdno. de revisión, fl. 61. 83 Cdno. de revisión, fls. 76 y 79. 84 Cdno. de revisión, fl. 65. 85 Cdno. de revisión, fl. 80. 86 Cdno. de revisión, fls. 45-46. 87 Cdno. de revisión, fl. 80. 88 Cdno. de revisión, fl. 81. 89 Cdno. de revisión, fl. 85. 90 Cdno. de revisión, fl. 87. 91 Cdno. de revisión, fls. 92-93. 92 Cdno. de revisión, fl. 81. 93 Cdno. de revisión, fls. 89-91. pantallazo de la página web de la Rama Judicial”94. En dicho documento, consta que, el 19 de diciembre de 2019, el Juez 78 Municipal Civil de Bogotá profirió auto por medio del cual negó librar el mandamiento ejecutivo solicitado, con la anotación “archivo definitivo”95.

II. CONSIDERACIONES

1. Objeto de la decisión y problema jurídico

11. Objeto de la decisión. La Sala advierte que el caso sub examine versa sobre la presunta vulneración o amenaza del derecho a la educación del accionante debido a la decisión del Colegio de no entregarle el acta de grado de bachiller. Esta decisión se funda en que los padres del accionante no han pagado las pensiones correspondientes a los meses junio a noviembre de 2017 y abril a

noviembre de 2018 y, pese a que suscribieron un acuerdo de pago, han incumplido con las cuotas mensuales acordadas.

12. Problema jurídico. Corresponde a la Sala Primera de Revisión resolver el siguiente problema jurídico: ¿el Colegio vulnera o amenaza el derecho fundamental a la educación del accionante, al negarse a entregarle su acta de grado de bachiller académico en razón del incumplimiento en el pago de la referida acreencia?

2. Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela

13. Legitimación en la causa. La legitimación en la causa por activa y por pasiva está satisfecha en el presente caso. De una parte, el accionante es el titular del derecho fundamental respecto del cual solicita el amparo judicial. De otra parte, el accionado es el plantel educativo que decidió retener el acta de grado del accionante, cuya entrega es reclamada mediante la acción de tutela.

14. Inmediatez. La Sala considera satisfecho el requisito de inmediatez en el presente caso, por cuanto la acción de tutela se interpuso dentro de un término razonable. En efecto, tras solicitar el acta de grado, el 17 de mayo de 2019, el abogado del Colegio les informó que “no harían entrega de la copia del acta de grado solicitada ni ninguna otra clase de documentos”96. Por su parte, el accionante presentó la acción de tutela sub judice el día 21 del mismo mes. En estos términos, entre la decisión del Colegio relativa a no entregar el documento solicitado y la interposición de la acción de tutela transcurrió un solo día hábil,

por lo que resulta evidente que en el presente caso se satisface el requisito de inmediatez.

15. Subsidiariedad. Esta Sala de Revisión también encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad, por cuanto el afectado no dispone de otro medio de 94 Cdno. de revisión, fl. 264. 95 Cdno. de revisió