CC - T102-2006

Sentencia T-102/06

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Tesis de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia Uno de los mecanismos para conservar la integridad del principio de autonomía judicial frente a la posibilidad de tutela contra sentencias judiciales es el carácter excepcional de este tipo de amparo, al condicionar su procedibilidad a la configuración de alguno de los defectos genéricos señalados por la jurisprudencia constitucional. Por estas razones, la Corte no comparte la fundamentación de la decisión adoptada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia como juez de tutela. La afirmación universal de que en ningún caso habrá tutela contra sentencias judiciales, en atención los principios de autonomía judicial y cosa juzgada, con base en la cual justifica su postura, hace caso omiso de su obligación como juez constitucional, cual es –entre otrasvelar porque ninguno de los principios en conflicto sea derogado implícitamente en su decisión. La imposibilidad de eliminar el error humano no implica que el sistema jurídico tenga que descargar sobre los ciudadanos los eventuales yerros de quienes administran justicia. Por el contrario, el Estado debe diseñar –y de hecho ha diseñadomecanismos y recursos para subsanar, hasta donde sea posible, tales defectos. Otro de los motivos por los cuales es razonable -y hasta necesariocomprender en el ordenamiento jurídico la posibilidad de interponer tutela contra sentencias judiciales, no es corregir ad infinitum los fallos que comprendan las providencias, sino unificar los parámetros y lineamientos interpretativos de los derechos fundamentales

por parte de un solo ente (la Corte Constitucional) de tal manera que en su respeto y protección queden comprendidos no solamente los jueces de tutela y la Corte Constitucional, sino todos los entes que administran justicia en el Estado. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reemplazo de la expresión "vía de hecho" por la de "causales genéricas de procedibilidad” La expresión vía de hecho, si bien es cierto resulta ilustrativa de algunos de los eventos que pretende describir, tales como errores burdos o arbitrariedades en las decisiones judiciales, no abarca todos los supuestos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por una parte, y adicionalmente supone un juicio de valor sobre la actuación del funcionario judicial que no en todos los casos está justificado pues no siempre que se produce un perjuicio iusfundamental, éste es atribuible a una equivocación producto de la ignorancia o la mala fe del juez. Efectivamente, los jueces pueden elaborar sentencias correctas desde el punto de vista formal, pero basadas en una lógica ajena al ideario de protección de los derechos fundamentales. En definitiva, como quiera que el sentido del término vía de hecho para catalogar la procedencia de la acción de tutela contra sentencias, parece confundirse con la pretensión de deslegitimación o sindicación peyorativa del juez que profiere la sentencia objeto de una tutela, la Corte ha querido aclarar que por el contrario, acoger la procedencia de

tutela contra sentencias se trata de un proceso normal de unificación de criterios mediante la aplicación de postulados constitucionales sobre vigencia plena y sin excepciones de los derechos fundamentales, razón por la cual la reciente jurisprudencia constitucional ha sugerido el abandono de la anterior terminología y su sustitución por la expresión causales genéricas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por otro lado, como consecuencia de lo anterior, el ajuste descrito trasciende de lo terminológico a lo conceptual. En primer lugar, se establece como fundamento esencial de las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias, la violación de la Constitución por parte de la providencial judicial examinada. Y segundo, se abandona la verificación mecánica de la existencia de tipos de defectos o de vías de hecho, por el examen material de las mencionadas causales de procedibilidad referente a la idoneidad para vulnerar la Carta de 1991. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales de procedibilidad VIA DE HECHO POR DEFECTO FACTICO-Procedencia de la acción de tutela VIA DE HECHO POR DEFECTO FACTICO-Opera cuando el apoyo probatorio en que se baso el juez es absolutamente inadecuado DEFECTO FACTICO-Dimensiones La Corte ha identificado dos dimensiones en las que se presentan defectos fácticos: Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta

dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Y una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C. P.) o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material probatorio que respalde su decisión, y de esta manera vulnere la Constitución. DEBIDO PROCESO-Ambitos La jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el

denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso. DEBIDO PROCESO CONSTITUCIONAL-Alcance En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN -, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural; el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos. Se concluye, entonces, que sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegido de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela.

VIA DE HECHO EN TRAMITE DE SUCESION INTESTADA

POR DEFECTO FACTICO-Inexistencia

Referencia: expediente T-1220310

Acción de tutela instaurada por Myriam Rodríguez Jiménez, Maria Elsa Rodríguez de Del Campo, Flor Stella Rodríguez Jiménez, Lucy Margot Rodríguez Jiménez, José Francisco Rodríguez Jiménez, Carlos Alberto Rodríguez Jiménez, Olga del Rosario Rodríguez Jiménez, Martha Lucía Rodríguez Jiménez y Fernando Rodríguez Jiménez contra la Sala de Decisión Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio-Meta.

Magistrado Ponente:

Dr. HUMBERTO ANTONIO

SIERRA PORTO

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de febrero de dos mil seis (2006). La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis y Humberto Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos por la Sala de Casación Civil y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la acción de tutela instaurada por Myriam Rodríguez Jiménez, Maria Elsa Rodríguez de Del Campo, Flor Stella Rodríguez Jiménez, Lucy Margot Rodríguez Jiménez, José Francisco Rodríguez Jiménez, Carlos Alberto Rodríguez Jiménez, Olga del Rosario Rodríguez Jiménez, Martha Lucía Rodríguez Jiménez y Fernando Rodríguez Jiménez contra la Sala de Decisión Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio-Meta.

I. ANTECEDENTES.

Los peticionarios interpusieron acción de tutela contra la Sala de decisión Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio, al considerar vulnerados sus derechos a la igualdad y al debido proceso. Fundamentan la acción impetrada en los siguientes:

1. Hechos 1.1. El trece (13) de abril de 2003 falleció el Sr. José Eugenio Rodríguez

Cantor en la ciudad de Bogotá. 1.2. El causante contrajo matrimonio con la Sra. María del Rosario Jiménez Cabarique, fallecida el treinta y uno (31) de agosto de 1986. Fruto del anterior vínculo matrimonial nacieron y sobrevivieron diez hijos: Myriam Rodríguez Jiménez, Maria Elsa Rodríguez de Del Campo, Flor Stella Rodríguez Jiménez, Lucy Margot Rodríguez Jiménez, José Francisco Rodríguez Jiménez, Carlos Alberto Rodríguez Jiménez, Olga del Rosario Rodríguez Jiménez, Martha Lucía Rodríguez Jiménez, Fernando Rodríguez Jiménez y Hernán Eugenio Rodríguez Jiménez. 1.3. Posteriormente contrajo segundas nupcias con la Sra. Teofilde Duarte Moreno, con quien al momento de su deceso, había procreado dos hijos, Nataly y Diego Rodríguez Duarte. 1.4. El proceso de sucesión intestada del causante cursa actualmente en el Juzgado Civil del Circuito de Acacías. El día (2) de diciembre de 2003 el despacho judicial llevó a cabo la diligencia de inventario y avalúo de los bienes que integraban la masa sucesoria, durante dicha diligencia el apoderado de los Sres. Rodríguez Jiménez presentó un escrito el cual incluía como partida primera del inventario seiscientos setenta y seis (676) bovinos más dieciséis (16) equinos, marcados con la cifra quemadora KX2, avaluados en ochocientos cuatro millones quinientos mil pesos ($804.500.000). 1.5. Puesto a consideración de las partes el mencionado inventario fue objetado por el apoderado de la cónyuge del causante y de sus hijos

menores quien manifestó entre otras razones que la totalidad de los bienes inventariados no pertenecían al causante. 1.6. Mediante auto de siete (7) de febrero de 2005, el Juzgado Civil del Circuito de Acacías negó la objeción formulada a los inventarios y avalúos presentados por el apoderado de los Sres. Rodríguez Jiménez y los aprobó. Esta providencia fue apelada por el apoderado de la cónyuge supérstite y de sus hijos menores. 1.7. El recurso interpuesto fue resuelto mediante auto de diecisiete (17) de mayo de 2005 de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio-Meta. Por medio de dicha providencia se revocó parcialmente el auto recurrido, se declaró fundada la objeción presentada respecto de la primera partida del activo inventariado y se decidió excluirla del inventario y avalúo. A juicio de los peticionarios la anterior providencia vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, razón por la cual constituye una vía de hecho. Consideran que la providencia cuestionada incurre en un defecto fáctico por los motivos que a continuación se exponen: (i) En virtud de lo establecido en los artículos 762 a 792 del Código Civil, la cesión del hierro quemador no es indicativa de la posesión del ganado que se encuentra marcado con él, pues tratándose de semovientes se reputa propietario quien ejerce actos de señor y dueño sobre éstos bienes sin importar quien sea el titular del hierro quemador con el cual están marcados, (ii) La cesión del hierro quemador celebrada

por el causante y el menor Diego Rodríguez Duarte es un negocio jurídico viciado de nulidad absoluta al haberse celebrado entre padre e hijo incapaz absoluto, vicio que debió haber sido declarado oficiosamente por el Tribunal, (iii) el Tribunal infirió que no estaba probada la existencia ni la posesión de los semovientes al momento de la muerte del causante de un testimonio vago e impreciso rendido por la menor Nataly Rodríguez Duarte y del interrogatorio de parte contradictorio y errático de Teofilde Duarte, e ignoró deliberadamente otros testimonios que a juicio de los peticionarios eran más dignos de credibilidad; (iv) el Tribunal se pronunció sobre una objeción inexistente puesto que del contenido de la presentada “no se infiere, en modo alguno, que dicha objeción comprendiere el ganado inventariado y avaluado”.

2. Solicitud de tutela Pretenden los accionantes que se declare nula y sin ningún efecto la providencia de fecha diecisiete (17) de mayo de 2005, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio-Meta, Sala Familia, en virtud de la cual se revocó parcialmente el auto del Juzgado Civil del Circuito de Acacías, de fecha siete (7) de febrero de 2005, y que se ordene a la autoridad judicial proferir una nueva providencia en la cual valore y tome en cuenta para decidir “de forma objetiva y racional, conforme a los principios de la sana crítica, y los criterios orientadores de esa Corporación, las pruebas obrantes en el proceso, en cuanto acreditan la posesión de los semovientes en cabeza del causante José

Eugenio Rodríguez Cantor”.

3. Pruebas relevantes allegadas al expediente.

Por requerimiento de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el Juzgado Civil de Acacías remitió copia de las actuaciones adelantadas en el proceso de sucesión del causante José Eugenio Rodríguez Cantor, obran en consecuencia las siguientes pruebas dentro del expediente de tutela:  Folios 107 a 110, cuaderno No. 3, copia de la diligencia de inventarios y avalúos de los bienes del causante que tuvo lugar el día dos (2) de diciembre de 2003.  Folios 111 a 112, cuaderno No. 3, copia del inventario y avalúo de los bienes del causante presentado por el representante de los herederos Rodríguez Jiménez.  Folios 121 a 122, cuaderno No. 3, copia de las objeciones presentadas por el apoderado de Teolfide Duarte Moreno y sus hijos menores al inventario y avalúo de los bienes del causante elaborado por el apoderado de los herederos Rodríguez Jiménez.  Folios 133 a 140, cuaderno No. 3, copia de la diligencia de audiencia pública de recepción de testimonios de Teofilde Duarte Moreno y Nataly Rodríguez Duarte.  Folios 141 a 163, cuaderno No. 3, copia de la audiencia pública de recepción de testimonios de Darío Rojas Ortiz, Carlos Alberto Gómez Gómez, Manuel Lizarazo Peña, Rafael Emilio Rey Rodríguez y Darío de Jesús Urrego Piedrahita.  Folios 203 A 214, cuaderno No. 3, copia del auto de siete (7) de

febrero de 2005 proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Acacías mediante el cual se deniegan las objeciones formuladas por el apoderado de Teofilde Duarte Moreno y sus hijos menores de edad a la diligencia de inventario y avalúos.  Folio 129 a 137, cuaderno No. 6, copia de auto de diecisiete (17) de mayo de 2005, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio, por medio del cual se revoca parcialmente el auto de siete (7) de febrero de 2005 del Juzgado Civil del Circuito de Acacías.

4. Intervención de los demandados. 4.1. A pesar de haber sido notificado de la tutela impetrada en contra de su providencia de diecisiete (17) de mayo de 2005, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial del Meta no intervino en el trámite de la acción de tutela. 4.2. La Sra. Teolfilde Duarte Moreno, a quien le fue comunicada la presentación de la acción de tutela, presentó escrito mediante el cual solicita se denieguen las solicitudes de los accionantes. Afirma que la providencia atacada no configura una vía de hecho porque en el proceso sucesorio no se consiguió demostrar la existencia de los semovientes incluidos en la partida revocada mediante prueba idónea. Considera, entonces, que la decisión de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio-Meta se ajusta a la realidad fáctica y a los hechos probados dentro del proceso sucesorio de Sr. José Eugenio

Rodríguez.

5. Decisiones judiciales objeto de revisión.

Mediante sentencia de diez (10) de agosto de 2005 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo solicitado debido a que no fue aportada al proceso copia de la providencia expedida por la sala familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio. Consideró el a quo que la providencia atacada en sede de tutela “no podía ser descalificada por este juez constitucional, puesto que carece de elementos de juicio que le permitan determinar la arbitrariedad o la irrazonabilidad de las apreciaciones que sirvieron de fundamento a la sala accionada, ya que los accionantes no adosaron copia del proceso en que se profirió la decisión que se tilda de vía de hecho, no obstante lo ordenado por la Corte en el auto admisorio (fls.26 y 27). Dicho en otras palabras, solamente examinando la decisión en cuestión a la luz de la realidad que muestra el proceso, se podría deducir la existencia de la vía de hecho que se denuncia”. Los demandantes presentaron un escrito por medio del cual solicitaban la adición de la demanda con fundamento en que el expediente del proceso de sucesión del causante José Eugenio Rodríguez Cantor había arribado a la Corte Suprema de Justicia el diez (10) de agosto de 2005, solicitud que fue denegada por la Sala de Casación Civil por medio de providencia de cinco (5) de septiembre de 2005. Impugnada la anterior decisión, conoció la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual por medio de providencia de veintinueve (29) de septiembre de 2005, confirmó el fallo de primera

instancia. A juicio del a quem “…la sola consideración que la acción de tutela que originó esta actuación se intenta contra providencia judicial, es suficiente para que se concluya que ésta es improcedente, porque en forma reiterada ha sostenido esta Sala, aun antes del fallo de constitucionalidad C-543 de la Corte Constitucional que declaró inexequible los artículos 11 y 40 del decreto 2591 de 1991, que no existe en nuestro ordenamiento jurídico ninguna norma que autorice el ejercicio de la acción de tutela para enervar providencias judiciales, que por virtud del artículo 228 de la Constitución Política gozan de total independencia”.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.

1. Competencia.

Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. El asunto objeto de revisión.

Los demandantes –partes en el proceso sucesorio del causante José Eugenio Rodríguez Cantorsostienen que la Sala Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio-Meta, vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, pues dicha autoridad judicial al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la diligencia de inventario y avalúo de los bienes del causante, revocó parcialmente el auto proferido en primera instancia, declaró fundada la objeción presentada por los recurrentes respecto de la primera partida del

activo inventariado y en consecuencia decidió excluirla del inventario y avalúo. Alegan los demandantes que la providencia judicial cuestionada constituye una vía de hecho por defecto fáctico, pues la Sala Familia no valoró algunas de las pruebas aportadas al proceso las cuales demostraban la existencia de los bienes inventariados en la partida revocada, y fundó su decisión en otros elementos probatorios de dudosa veracidad. La autoridad judicial demandada no intervino en el trámite de la acción de tutela, sin embargo la cónyuge supérstite presentó un escrito por medio del cual defiende la decisión adoptada por la Sala de Familia y sostiene que la providencia atacada en sede de tutela no constituye una vía de hecho judicial, justifica tal aserto con el argumento que en el proceso sucesorio nunca se demostró la existencia de los bienes incluidos dentro de la partida finalmente revocada por el Tribunal. En el fallo de primera instancia de la acción de tutela interpuesta la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia denegó el amparo solicitado ante la ausencia de elementos que permitieran corroborar la vía de hecho alegada pues el expediente del proceso sucesorio no fue allegado oportunamente al juez de tutela. En segunda instancia, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que el amparo solicitado era improcedente por tratarse de una tutela impetrada contra una providencia judicial. Corresponde por lo tanto a esta Sala de Revisión decidir si la providencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal de Distrito Superior de Villavicencio adolece de un defecto fáctico y vulneró de este modo los

derechos fundamentales de los demandantes, para lo cual inicialmente hará un recuento de la jurisprudencia constitucional en torno a la tutela contra providencias judiciales, para luego referirse de manera específica a las características de los defectos fácticos en las providencias judiciales y finalmente abordar el estudio del caso concreto.

3. Un problema previo: las tesis de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto de la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y las causales desarrolladas por la jurisprudencia constitucional.

En el fallo de segunda instancia la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia deniega el amparo solicitado con el argumento de la improcedencia general de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por tal motivo, esta Sala hará unas breves consideraciones al respecto. Como ya ha sido reiterado por esta Corte en numerosas oportunidades, la acción de tutela es un mecanismo de origen constitucional, cuya finalidad es proteger los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular (Art. 86 C. P.) Si el artículo 86 dispone que el amparo de los derechos fundamentales tendrá lugar frente a cualquier autoridad pública, este concepto genérico abarca también a los funcionarios judiciales, quienes sin lugar a discusión son una autoridad pública, de manera tal que dentro del universo de actuaciones impugnables mediante el mecanismo de protección de los derechos fundamentales están incluidas las decisiones adoptadas por los miembros del poder judicial. No basta, entonces, mencionar los principios de seguridad jurídica y autonomía judicial, combinados con el

argumento de “la potencialidad de error humano”, para negar al juez de tutela la posibilidad de determinar si en cierta actuación judicial fueron vulnerados de manera grave los derechos fundamentales del demandante. Ahora bien, esto no implica que la acción de tutela se transforme en una tercera instancia, ante la cual se puedan discutir nuevamente todos los asuntos ordinarios. Para salvaguardar los principios arriba mencionados de seguridad jurídica, autonomía judicial y cosa juzgada, la Corte ha especificado cuáles son las causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela frente a decisiones judiciales. La condición necesaria, común a las diversas hipótesis, es la violación o amenaza de derechos fundamentales que hagan precisa la intervención inmediata del juez constitucional para contrarrestar los efectos vulneratorios de la decisión judicial en cuestión. Ha dicho esta Corporación que “la acción de tutela procede contra decisiones judiciales que violen derechos fundamentales, como se desprende de la sentencia C-543 de 1992. Este es el criterio básico que subyace a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.” En este sentido debe ser entendida la relación que guardan los principios de autonomía judicial (Art. 246 C.P.) y primacía de los derechos fundamentales (Art. 2 C.P.). Por regla general las normas constitucionales no tienen la estructura de reglas que se excluyen de manera absoluta y que fungen como premisa mayor autoevidente en la elaboración de silogismos jurídicos. Por el contrario, la estructura abierta de tales preceptos vincula al operador jurídico con la obligación, no de encontrar una única solución al caso concreto como conclusión necesaria

de una deducción, sino de realizar una labor hermenéutica de ponderación entre los contenidos normativos en conflicto y justificar, mediante la fundamentación razonable de la decisión, cómo se concilian aquellos preceptos o cómo con la solución propuesta se menoscaba en menor medida el principio que resulta derrotado. Uno de los mecanismos para conservar la integridad del principio de autonomía judicial frente a la posibilidad de tutela contra sentencias judiciales es el carácter excepcional de este tipo de amparo, al condicionar su procedibilidad a la configuración de alguno de los defectos genéricos señalados por la jurisprudencia constitucional. Por estas razones, la Corte no comparte la fundamentación de la decisión adoptada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia como juez de tutela. La afirmación universal de que en ningún caso habrá tutela contra sentencias judiciales, en atención los principios de autonomía judicial y cosa juzgada, con base en la cual justifica su postura, hace caso omiso de su obligación como juez constitucional, cual es –entre otrasvelar porque ninguno de los principios en conflicto sea derogado implícitamente en su decisión. La imposibilidad de eliminar el error humano no implica que el sistema jurídico tenga que descargar sobre los ciudadanos los eventuales yerros de quienes administran justicia. Por el contrario, el Estado debe diseñar –y de hecho ha diseñadomecanismos y recursos para subsanar, hasta donde sea posible, tales defectos. Otro de los motivos por los cuales es razonable -y hasta necesariocomprender en el ordenamiento jurídico la posibilidad de interponer tutela contra sentencias judiciales, no es corregir ad infinitum

los fallos que comprendan las providencias, sino unificar los parámetros y lineamientos interpretativos de los derechos fundamentales por parte de un solo ente (la Corte Constitucional) de tal manera que en su respeto y protección queden comprendidos no solamente los jueces de tutela y la Corte Constitucional, sino todos los entes que administran justicia en el Estado. La jurisprudencia constitucional que utiliza como precedente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para justificar la improcedencia de la tutela contra sentencias judiciales, debe dar cuenta de la evolución jurisprudencial que sobre el tema ha desarrollado la Corte Constitucional. En este sentido, la aplicación del principio de coherencia, obliga a exigir de la Sala en comento, que al utilizar o aplicar un precedente, lo haga de manera correcta. Esto es, de manera objetiva, con el fin considerar todos los fallos que sobre el mismo asunto haya dictado, en este caso la Corte Constitucional. Sobre el particular se encuentra que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no sólo en este caso, sino en todos los casos en que conoce de la tutela contra una sentencia judicial, utiliza como fundamento la sentencia C-543 de 1992, y desconocen el resto de sentencias que hasta el presente año ha dictado esta Corporación, en las cuales se ha desarrollado la jurisprudencia en materia de procedibilidad de la tutela contra sentencias. Adicionalmente, con este proceder la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia está renunciado a cumplir el papel más importante que le cabe a una autoridad judicial dentro de un Estado Social de Derecho, cual es precisamente la protección de los derechos fundamentales de los asociados en el marco de los procesos judiciales,

misión en la que buena parte de la doctrina contemporánea fundamenta la legitimidad de la judicatura en un sistema democrático. Sin contar que deja a un lado la oportunidad de sentar jurisprudencia sobre la interpretación del derecho vigente, algunas veces incluso en materias sobre las cuales en principio no podría pronunciarse como máximo órgano de la jurisdicción ordinaria por no estar previsto dentro del recurso de casación. Así miso desconoce que fue la propia Corte Suprema de Justicia, quien en su jurisprudencia previó la posibilidad de emplear la acción de tutela como mecanismo transitorio “…para prevenir el perjuicio futuro proveniente de una decisión judicial manifiestamente arbitraria…”. Criterio éste, a partir del cual dicha Corporación acuñó la acepción de vías de hecho, que luego la Corte Constitucional incorporó a su jurisprudencia.

4. El ajuste terminológico y conceptual entre la tesis de la vía de hecho y las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias.

Inicialmente el concepto de vía de hecho –el cual como antes se anotó tuvo origen en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en definitiva, debe su denominación a la figura propia del