CC - T116-2020

Sentencia T-116/20

PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA EN MATERIA DE PENSION DE INVALIDEZ-Reiteración sentencias de unificación SU.442/16 y SU.556/19 ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia excepcional por afectación al mínimo vital y vida digna de sujetos de especial protección

PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE

TUTELA PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PENSION

DE INVALIDEZ, EN APLICACION DEL PRINCIPIO DE LA

CONDICION MAS BENEFICIOSA-Test de procedencia (I) Debe acreditarse que el accionante, además de ser una persona en situación de invalidez, pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en una situación de riesgo derivada de, entre otras, alguna de las siguientes condiciones: (i) analfabetismo, (ii) vejez, (iii) pobreza extrema, (iv) cabeza de familia, (v) desplazamiento o (vi) padecimiento de una enfermedad crónica, catastrófica, congénita o degenerativa; (II) Debe poder inferirse razonablemente que la carencia del reconocimiento de la pensión de invalidez afecta directamente la satisfacción de las necesidades básicas del accionante, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas; (III) Deben valorarse como razonables los argumentos que proponga el accionante para justificar su imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas por las disposiciones vigente al momento de la estructuración de la invalidez; (IV) Debe comprobarse una actuación diligente del accionante para

solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL COMO DERECHO FUNDAMENTAL IRRENUNCIABLE-Reiteración de jurisprudencia PENSION DE INVALIDEZ-Marco normativo PENSION DE INVALIDEZ-Requisitos para obtener reconocimiento y pago Por regla general, las personas que solicitan el reconocimiento y pago del derecho a la pensión de invalidez deben acreditar el cumplimiento de los requisitos en la ley vigente al momento de estructurarse más del 50% de su pérdida de capacidad laboral, dando aplicación a los principios generales y el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, según los cuales, las normas laborales y de seguridad social además de tener efecto inmediato, están destinadas a resolver las situaciones que se suscitan durante su vigencia.

APLICACION DEL PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS

BENEFICIOSA A LA PENSION DE INVALIDEZ-Alcance

APLICACION DEL PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA A LA PENSION DE INVALIDEZ-Jurisprudencia constitucional A pesar de la certeza existente sobre la norma vigente que debe aplicarse en aquellos eventos en los que se solicita el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, una vez se comprueba que tal actuación desencadenaría efectos desproporcionados injustos para un individuo, que ha superado las exigencias de vulnerabilidad del test de procedencia establecido por esta Corporación en Sentencia SU-556 de 2019, el operador jurídico debe acudir a la excepción prevista para estos casos, es decir, debe verificar la concurrencia de los requisitos señalados

en esta consideración para aplicar ultractivamente las disposiciones de un esquema normativo anterior, con el fin de ordenar el pago y el reconocimiento de la referida prestación. PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA A LA PENSION DE INVALIDEZ-Orden a Colpensiones reconocer y pagar pensión de invalidez por cumplir requisitos

Referencia: Expediente T-7.574.909

Acción de tutela instaurada por José Milciades Moreno Gamba mediante apoderado judicial, en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES.

Magistrado Ponente:

ALBERTO ROJAS RÍOS

Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veinte (2020) La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y los Magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos - quien la preside-, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo de tutela de segunda instancia proferido el 30 de julio de 2019 por el Tribunal Administrativo del Tolima que confirmó la providencia proferida el 19 de junio de 2019 por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué dentro de la acción de tutela de la referencia. En virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el Tribunal Administrativo del Tolima, remitió a la Corte Constitucional el Expediente T-7.574.909; posteriormente la Sala de Selección de Tutelas Número Nueve1 de la Corte Constitucional, mediante Auto del 30 de septiembre de 2019, eligió para efectos de su revisión el

asunto de la referencia y por reparto correspondió al Despacho del Magistrado Alberto Rojas Ríos.

I. ANTECEDENTES

Hechos

1. El señor José Milciades Moreno Gamba, de 66 años de edad, realizó aportes al Sistema de Seguridad Social2 como trabajador independiente,3 desde el 13 de abril de 1983 hasta el 2 de noviembre de 1990, por lo que cuenta con un total de 394,43 semanas cotizadas.

2. Afirma el apoderado judicial, que su poderdante padece hace más de 25 años un cuadro crónico de artritis reumatoidea progresiva con osteopenia generalizada, edema de tejidos blandos en codos, condrocalcinosis en rodillas, compromiso de la articulación de la mortaja tibiastragalina en pies, hipertensión esencial primaria, entre otros4. 1 Integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y el Magistrado Alejandro Linares Cantillo. 2 Ante el Instituto de Seguros Sociales (ISS) hoy Colpensiones (COLPENSIONES). 3 Se desempeñó como conductor de transporte público durante más de 40 años. Folio 2 del Cuaderno Principal del Expediente. 4 “disminución de los espacios articulares interfalángicos proximales y distales, asociado a lesiones erosivas asimétricas, disminución de los espacios articulares metacarfalángicos, desviación radial de las falanges distales, nódulos de tejidos blandos, localizados a nivel de las articulaciones en las manos; disminución de los espacios articulares cubitohumerales de predominio izquierdo, con formación de erosiones y pequeño fragmento óseo libre posterior, edema de tejidos blandos en codos, disminución de

espacios articulares femorotibiales y patelofemorales, con erosión de los platillos tibiales mediales, formación de quistes subcondrales y afilamento de las espinas tibiales así como osteofitos marginales, condrocalcinosis en rodillas; tarsometatarsianos e intertarsianos, con formación de erosiones, importante

3. El 11 de julio de 2013, el accionante fue calificado con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 71.67% por enfermedad de origen común y con fecha de estructuración del 18 de enero de 2010.

4. El 24 de febrero de 2014, el señor Moreno Gamba solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de invalidez a la cual considera tener derecho por cumplir los requisitos exigidos en el Decreto 758 de 1990.5 No obstante, mediante Resolución GNR 233813 del 24 de junio de 2014, Colpensiones la negó bajo el argumento de que el accionante no cuenta con los requisitos exigidos en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003.6 Señaló: “el asegurado no acredita el requisito de las 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, razón por la cual no es procedente el reconocimiento de la prestación solicitada.”7

5. El 27 de septiembre de 2016, el actor solicitó nuevamente el reconocimiento de la pensión al invocar la aplicación del principio de condición más beneficiosa en materia pensional8. Sin embargo, mediante Resolución GNR32798 del 31 de octubre de 2016, Colpensiones negó una

vez más la solicitud, al considerar que el tutelante tampoco cumple con el requisito de 26 semanas exigido en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993.

6. El accionante interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución GNR325798 del 31 de octubre de 2016. Fue así como el 27 de diciembre de 2016 Colpensiones confirmó en todas sus partes la resolución recurrida,

mediante Acto Administrativo VPB 45720.

7. Indica el apoderado judicial que el señor Milciades Moreno es una persona vulnerable, en la medida en que se le dificulta desplazarse o realizar sus actividades diarias sin que otra persona lo acompañe; carece de recursos económicos suficientes para costear su propia subsistencia; convive con su compañera permanente hace 42 años quien tampoco cuenta con ingresos económicos para asumir el sostenimiento de ambos9. Cabe recalcar que los dos se encuentran afiliados al SISBÉN con un puntaje de 14,39.10 compromiso de la articulación de la mortaja tibiastragalina en pies; hasta la aparición de tofos gotosos con limitación funcional”. Folios 20 al 23 del Cuaderno Principal del Expediente. 5 Por el cual se aprueba el Acuerdo Nº 049 de 1990. 6 Por la cual se modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993. El articulo 1 Ley 860 de 2003 establece los siguientes requisitos: “Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones: invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años

inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración (…)” 7 Folio 48 del Cuaderno Principal del Expediente. 8 Señala que el mismo ha sido desarrollado por la jurisprudencia Constitucional, y señala la Sentencia SU442 de 2016. 9 A folios 54 y 55 del Expediente se encuentra una Declaración extraproceso rendida por parte del señor José Milciades Moreno, ante la Notaría Sexta del Circulo de Ibagué, en la cual el accionante informa que Solicitud Con fundamento en lo expuesto, el ciudadano José Milciades Moreno Gamba solicita la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la dignidad humana con el fin de que Colpensiones (i) reconozca la pensión de invalidez a la cual considera tener derecho a la luz de los requisitos exigidos por el artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990,11 aprobado mediante Decreto 758 del mismo año, en virtud del principio de condición más beneficiosa en materia pensional y (ii) reconozca y pague la suma correspondiente por concepto de retroactivo pensional, desde el momento a partir del cual le asistió el derecho a la pensión. Pruebas relevantes cuya copia obra en el expediente (i) Poder especial de representación conferido por José Milciades Moreno Gamba a Carlos Andrés Manchola Cárdenas. (Folio 14) (ii) Historia laboral del accionante, en la cual se evidencia que cotizó 394,43 semanas entre los periodos 13 de abril de 1983 y 2 de noviembre de 1990. (Folio 15) (iii) Historia clínica del accionante en la cual se anota que padece

cuadro crónico de artritis reumatoidea progresiva con osteopenia generalizada, edema de tejidos blandos en codos, condrocalcinosis en rodillas, compromiso de la articulación de la mortaja tibiastragalina en pies, hipertensión esencial primaria, entre otros12. (Folios 16 a 46) vive con la señora Ana Beatriz Bocanegra (su compañera permanente) hace 42 años, y que ni él, ni ella, cuentan con ingresos económicos por concepto de rentas, salarios, subsidios ni pensiones. 10 Folios 58 y 59 del Cuaderno Principal del Expediente. 11 Por el cual se expidió el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte. De acuerdo con el artículo 6º de dicho acuerdo, el reconocimiento de la pensión de invalidez está sujeto al cumplimiento de dos (2) condiciones: (i) que la persona haya sido declarada inválida, y (ii) que haya cotizado ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha de estructuración, o trescientas (300) semanas en cualquier época con anterioridad al estado de invalidez. 12 “disminución de los espacios articulares interfalángicos proximales y distales, asociado a lesiones erosivas asimétricas, disminución de los espacios articulares metacarfalángicos, desviación radial de las falanges distales, nódulos de tejidos blandos, localizados a nivel de las articulaciones en las manos; disminución de los espacios articulares cubitohumerales de predominio izquierdo, con formación de erosiones y pequeño fragmento óseo libre posterior, edema de tejidos blandos en codos, disminución de

espacios articulares femorotibiales y patelofemorales, con erosión de los platillos tibiales mediales, formación de quistes subcondrales y afilamento de las espinas tibiales así como osteofitos marginales, condrocalcinosis en rodillas; tarsometatarsianos e intertarsianos, con formación de erosiones, importante compromiso de la articulación de la mortaja tibiastragalina en pies; hasta la aparición de tofos gotosos con limitación funcional”. Folios 20 al 23 del Cuaderno Principal del Expediente. (iv) Dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral del accionante, mediante el cual se arrojó un porcentaje del 71.67%. (Folio 47 ) (v) Resoluciones GNR 233813 del 24 de junio de 2014, GNR32798 del 31 de octubre de 2016 y VPB 45720 del 27 de diciembre de 2016. (Folios 48 a 53) (vi) Declaración extraproceso rendida ante la Notaría Sexta del Círculo de Ibagué, en la cual el accionante informa que vive con la señora Ana Beatriz Bocanegra (su compañera permanente) hace 42 años, y que ni él, ni ella, cuentan con ingresos económicos por concepto de rentas, salarios, subsidios ni pensiones. (Folios 54 y 55) (vii) Certificados de afiliación extraídos de la página web del SISBEN, en los cuales consta que el demandante y su compañera permanente registran un puntaje de 14,39. (Folios 56 y 58 ) (viii) Cédulas de Ciudadanía del señor Milciades Moreno y de su

compañera permanente, en las cuales se lee que él nació el 8 de febrero de 1953 y ella el 8 de noviembre de 1950, es decir, en la actualidad tienen 66 y 69 años respectivamente. (Folios 57 y 59) Actuación Procesal Traslado El 10 de junio de 2019, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué admitió la acción de tutela, comunicó y requirió a la accionada para que ejerciera su derecho a la defensa. No dispuso vinculación alguna. Respuesta de la entidad accionada Colpensiones informó que no es posible reconocer la pensión de invalidez reclamada por el tutelante, dado que “el señor Milciades Moreno cotizó hasta el día 02-11-1990 y el estado de invalidez fue estructurado el 18-012010 fecha en la cual no se encontraba cotizando al sistema, por lo tanto, en el año inmediatamente anterior a la estructuración, que corresponde al periodo 18-01-2009 al 18-01-2010 acredita cero (0) semanas cotizadas” por lo cual consideró que tampoco cumple con el requisito de 26 semanas exigido en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993.”13. 13 Folio 67 del Cuaderno Principal del Expediente. Aunado a lo anterior, solicitó se declarara la improcedencia de la acción de tutela, en la medida en que según lo dispone el artículo 2° del Código Procesal del Trabajo, “toda controversia que se presente en el marco del Sistema de Seguridad Social, entre afiliados, beneficiarios o usuarios,

empleadores y entidades administradoras deberá ser conocida por la Jurisdicción Ordinaria Laboral"14. Decisiones judiciales objeto de revisión Primera instancia El 19 de junio de 2019, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué negó el amparo de los derechos fundamentales invocados. Señaló que el estado de invalidez del accionante se estructuró en 2010, es decir, en una fecha que no se encuentra dentro del periodo comprendido entre el 1 de abril de 199415 al 26 de diciembre de 200316 por lo cual, a su juicio, no es posible analizar ni reconocer la prestación bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 758 de 1990. Fundamentó su decisión en el salvamento de voto manifestado por el Magistrado Alejandro Linares Cantillo frente a la Sentencia SU-442 de 2016, en relación con el concepto de condición más beneficiosa, resaltó que dicha garantía, según lo señaló el magistrado, “en su acepción original buscaba proteger las expectativas legitimas de quien estaba por adquirir un derecho en determinado régimen pensional y que no se vieran afectadas por el cambio o derogatoria de su norma pensional (…)”. Indicó que, en el presente caso, no se acredita una expectativa legítima por parte del accionante, en tanto no se encontraba próximo a adquirir su derecho pensional con la norma inmediatamente anterior, sino que pretende la aplicación de una norma que ha sido objeto de 3 reformas a saber: la Ley 100 de 199, la Ley 797 de 2003 y la Ley 860 del mismo año.

Impugnación Mediante apoderado judicial, el actor impugnó el fallo de primera instancia. Consideró que el ad quo no debió fundamentar su decisión en el salvamento de voto expuesto por uno de los magistrados, sino en la decisión adoptada por la Corte en la sentencia referida. Segunda instancia 14 Folio 67 del Cuaderno Principal del Expediente. 15 Fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. 16 Fecha de entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003. El 30 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó la decisión del juez de primera instancia. Agregó: “en ese sentido, por considerarse que el señor José Milciades Moreno Gamba no acreditó mínimamente los requisitos legalmente establecidos para hacerse acreedor al derecho reclamado bajo la normatividad vigente, para la sala, resulta indispensable que el debate probatorio requerido para determinar la titularidad del derecho reclamado se surta a través del trámite ordinario que corresponde y ante el juez natural de este tipo de causas.17”

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. Competencia La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos proferidos dentro de la presente acción de tutela, de conformidad con los artículos 86, inciso 3 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del Auto del 30 de septiembre de 2019, expedido por la Sala de Selección de Tutelas Número Nueve de esta Corporación.

2. Análisis de procedencia de la acción de tutela

La Sala determinará si concurren los requisitos mínimos de procedencia de la acción de tutela (i) legitimación en la causa por activa, (ii) legitimación en la causa por pasiva, (iii) subsidiariedad, e (iv) inmediatez. Legitimación en la causa por activa En virtud del artículo 86 de la Constitución, esta Corporación en Sentencia SU-337 de 2014, especificó las reglas jurisprudenciales que determinan el requisito de legitimación por activa, a saber: (i) la tutela es un medio de defensa de derechos fundamentales, que toda persona puede instaurar “por sí misma o por quien actúe a su nombre”; (ii) no es necesario que el titular de los derechos interponga directamente el amparo, pues un tercero puede hacerlo a su nombre; y (iii) ese tercero debe, sin embargo, tener una de las siguientes calidades: a) representante del titular de los derechos, b) agente oficioso, o c) Defensor del Pueblo o Personero Municipal.18 Acerca de la legitimidad e interés en la acción de tutela, el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 10 señala que: “la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en 17 Folio 118 del Cuaderno Principal del Expediente. 18 Estas reglas fueron reiteradas en las providencias T-083 de 2016 y T-291 de 2016. uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante (…).” La jurisprudencia de esta Corporación19 también ha desarrollado las hipótesis para instaurar acción de tutela:“(a) ejercicio directo, cuando quien

interpone la acción de tutela es a quien se le está vulnerando el derecho fundamental; (b) por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; (c) por medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo; y finalmente, (d) por medio de agente oficioso”. (Sin negrilla en el texto original) En el presente caso, la tutela fue instaurada a través de apoderado judicial20 quien acreditó su calidad, anexando poder especial21 conferido por el señor José Milciades Moreno Gamba, quien es el titular de los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la dignidad humana, presuntamente vulnerados ante la negativa de Colpensiones en reconocer la pensión de invalidez que reclama el accionante. Así las cosas, la Sala encuentra acreditado el cumplimiento del requisito de legitimación en la causa por activa. Legitimación en la causa por pasiva En virtud de los artículos 122 y 523 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra toda acción u omisión en la que incurran las autoridades. A su vez, el articulo 86 superior prevé que la acción de tutela es procedente frente a particulares cuando a) estos se encuentran encargados de la prestación de un servicio público, b) la conducta del particular afecta grave y directamente el interés colectivo; o c) el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión frente al particular.

En el presente asunto la acción de tutela se instauró en contra de 19 Sentencias T-308 de 2011, T-482 de 2013 y T-841 de 2011. 20 Carlos Andrés Manchola Cárdenas, tarjeta profesional N° 206541. 21 Folio 14 del Cuaderno Principal del Expediente. 22 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela”. 23 “La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Decreto”. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito. Colpensiones, una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden nacional,24 encargada de responder por la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor, ante la negativa de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que reclama el accionante, así las cosas, Colpensiones se encuentra legitimada en la causa por pasiva dentro de la presente acción constitucional.

Reglas sobre el requisito de subsidiariedad para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, en aplicación del principio de condición más beneficiosa. Como ya lo ha señalado esta Corporación en anteriores oportunidades,25 conforme al artículo 86 Superior, la acción de tutela es un medio judicial con carácter residual y subsidiario, que puede utilizarse frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no exista otro medio de defensa de lo invocado, o existiéndolo, no resulte eficaz e idóneo, o se requiera acudir al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable26. Sobre este punto, la Corte ha señalado que “no es suficiente la mera existencia formal de otro procedimiento o trámite de carácter judicial. Es indispensable que ese mecanismo sea idóneo y eficaz, con miras a lograr la finalidad específica de brindar inmediata y plena protección a los derechos fundamentales, de modo que su utilización asegure los efectos que se lograrían con la acción de tutela. No podría oponerse un medio judicial que colocara al afectado en la situación de tener que esperar por varios años mientras sus derechos fundamentales están siendo vulnerados.” 27 (Negrilla fuera del texto original). En cuanto a la posibilidad de instaurar acción de tutela con el fin de solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez en virtud del principio 24 Ley 1151 de 2007, Artículo 155. “(…) Adicionalmente créase una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente,

vinculada al Ministerio de la Protección Social, denominada Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005, de acuerdo con lo que establezca la ley que los desarrolle”. 25 Sentencias T-378 de 2018, T-043 de 2019 entre otras. 26 “la procedencia de la acción de tutela, cuando existen otros medios de defensa judicial, se sujeta a las siguientes reglas: (i) procede como mecanismo transitorio, cuando a pesar de la existencia de un medio ordinario de defensa, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme a la especial situación del peticionario26; (ii) procede la tutela como mecanismo definitivo cuando el medio ordinario dispuesto para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz, conforme a las especiales circunstancias del caso que se estudia26. Además, (iii) cuando la acción de tutela es promovida por personas que requieren especial protección constitucional, como los niños y niñas, mujeres cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, personas de la tercera edad, entre otros. El examen de procedibilidad de la acción de tutela es menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos”. Sentencias T-789 de 2003, T456 de 2004, T-328 de 2011, T-079 de 2016, entre otras. 27 Sentencia T468 de 1999, Sentencia T582 de 2010. de condición más beneficiosa, este Tribunal ha señalado que, es el proceso

ordinario laboral, el mecanismo judicial idóneo y “de manera abstracta” eficaz, para resolver las controversias que sobre este asunto se susciten.28 Sobre su eficacia, la Corte, en Sentencia SU-556 de 2019 estimó29 que, un proceso ordinario laboral que se promueva como en este caso, contra Colpensiones, con el fin de obtener el pago de una pensión, puede tardar aproximadamente 497 días, es decir 1 año y 6 meses. Aunado a lo anterior indicó que, con independencia de dicho término, el juez ordinario laboral está facultado para desplegar las acciones que considere necesarias y razonables para proteger, durante el trámite del proceso, los derechos fundamentales del demandante.30 Ahora bien, de conformidad con el inciso 3 del artículo 86 Superior, el numeral 1 del artículo 6 y el inciso 1 del artículo 8 del Decreto 2591 de 1991, el juez constitucional debe valorar las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentre el solicitante, con el objetivo de verificar la eficacia o ineficacia del mecanismo previsto ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral para resolver la controversia en concreto. Con fundamento en lo anterior, en Sentencia SU-556 de 2019 la Corte estableció la necesidad de analizar las condiciones de vulnerabilidad del tutelante mediante el denominado test de procedencia, para lo cual deben cumplirse los siguientes requisitos: (i) Debe acreditarse que el accionante, además de ser una persona en situación de invalidez31, pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en una situación de riesgo derivada de,

entre otras, alguna de las siguientes condiciones: (i) analfabetismo, (ii) vejez, (iii) pobreza extrema, (iv) cabeza de familia, (v) desplazamiento o (vi) padecimiento de una enfermedad crónica, catastrófica, congénita o degenerativa.32 28 Ver Sentencia SU-556 de 2019. Dicha afirmación encuentra fundamento en el artículo 2.4. del C.P.T. y de la S.S. (modificado por los artículos 2 de la Ley 712 de 2001 y 622 de la Ley 1564 de 2012). 29 Para dicha consideración, se tuvo en cuenta la duración de cada una de las etapas del proceso, las posibles causales de interrupción o suspensión y los resultados del estudio de tiempos procesales elaborado por el Consejo Superior de la Judicatura. 30 “(…) en el marco del proceso ordinario es dable exigir al juez el deber de asumir la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite” (Artículo 48 del C.P.T y de la S.S). “Asimismo, es posible solicitar el decreto de cualquiera otra medida que encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión”. (Artículo 590 del C.G.P, aplicable por vía remisión al proceso laboral, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 del C.P.T y de la S.S). Sentencia SU-556 de 2019. 31 Esta se acredita con una calificación de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%.

32 Sobre este requisito la Corte ha reiterado que: “aún dentro de la categoría de personas de especial protección constitucional existen diferencias materiales relevantes que rompen su horizontalidad y los sitúan en disímiles posiciones de vulnerabilidad que merecen distintos grados de protección.” Sentencias SU556 de 2019, SU-005 de 2018, T-079 de 2016, T-259 de 2012, T-1093 de 2012, entre otras. (ii) Debe poder inferirse razonablemente que la carencia del reconocimiento de la pensión de invalidez afecta directamente la satisfacción de las necesidades básicas del accionante, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas.33 (iii) Deben valorarse como razonables los argumentos que proponga el accionante para justificar su imposibilidad de haber cotizado las sema