CC - T1183-2005

Sentencia T-1183/05

MADRE CABEZA DE FAMILIA-Significado y alcance de la protección constitucional en procesos de reforma institucional MADRE CABEZA DE FAMILIA-Protección involucra a toda la familia especialmente a menores y discapacitados MADRE CABEZA DE FAMILIA-No existe limitación en el tiempo para interponer la acción de amparo y solicitar el reintegro No existe ninguna razón para que se reduzca el lapso de tiempo en el cual es posible que una madre cabeza de familia pueda interponer la acción de tutela y pretender el reintegro respectivo. Actuar de esta manera constituye una vulneración del derecho a la igualdad pues se estaría implantando una forma de protección y trato diferente de parte de las autoridades a las trabajadoras y, en todo caso, representa una interpretación restrictiva de los derechos fundamentales de esas mujeres. MADRE CABEZA DE FAMILIA-Debe analizarse si las reglas establecidas en la sentencia SU.388/05 de TELECOM se aplican al caso concreto MADRE CABEZA DE FAMILIA Y PERSONAS DISCAPACITADAS-Limitación a la protección reforzada fijada en la ley 813 de 2003 declarada inconstitucional por la sentencia C-991 de 2004/PROTECCION CONSTITUCIONAL DE LA MADRE CABEZA DE FAMILIA Y PERSONAS DISCAPACITADASVulneración por establecerle límite temporal ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Indemnización constituye la última opción Los procedimientos de reestructuración que perjudiquen grupos históricamente discriminados, como las mujeres cabeza de familia, exigen

mayor delicadeza y rigor de parte de las autoridades que realicen el ajuste, respetando la estabilidad laboral reforzada y brindando alternativas diferentes al retiro del servicio. Respecto de tales sujetos – señala la jurisprudencia – la indemnización constituye la última o más lejana de las alternativas y, por tanto, se debe velar hasta cuando sea posible por su permanencia en la entidad debido a que su condición disminuye las posibilidades materiales de conseguir un nuevo empleo y su salario constituye el presupuesto básico del sostenimiento familiar. ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Tiene fundamento constitucional en consecuencia aplica a cualquier institución estatal La naturaleza de la protección laboral reforzada atribuida a las madres cabeza de familia descansa en la Constitución Política y no se reduce a, por ejemplo, las reformas que se produzcan en una sola institución estatal. Al contrario, las acciones afirmativas adelantadas a su favor tienen como primer fundamento la fuerza normativa de la Carta (artículo 4, C.P.) y suponen la protección de la mujer, los niños o discapacitados que se encuentren a su cargo y la familia. Estos fundamentos permiten deducir, a su vez, la importancia que frente a sus obligaciones habituales constituye la recepción estable de un salario pasando a un segundo plano, como opción excepcional, la posibilidad de ser retirada del servicio y recibir la correspondiente indemnización. ACCION DE TUTELA PARA ASEGURAR MEDIDAS DE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Procedente por existir vulneración a mandatos constitucionales

ACCION DE TUTELA PARA ASEGURAR MEDIDAS DE

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Procedencia aún cuando se ha pagado la respectiva indemnización ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Accionada fue retirada del servicio sin atender su condición de madre cabeza de familia Reiteración de Jurisprudencia

Referencia: expediente T-1160581

Acción de tutela instaurada por Clara Cecilia Avendaño Castro contra el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, en liquidación.

Magistrada ponente:

Dra. CLARA INÉS VARGAS

HERNÁNDEZ

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil cinco (2005). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados, CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, JAIME ARAUJO RENTERIA y ALFREDO BELTRÁN SIERRA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos adoptados por el Juzgado Veintiséis Civil del Circuito y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro de la acción de tutela instaurada por Clara Cecilia Avendaño Castro contra el Ministerio de Transporte y el Fondo Nacional de Caminos Vecinales.

I. ANTECEDENTES La ciudadana Clara Cecilia Avendaño Castro en nombre propio y en representación de su hijo menor Jaime Andrés Cabrera Avendaño, interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Transporte y el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad y los derechos de los niños.

Para fundamentar su demanda la peticionaria señala los siguientes:

1. Hechos Indica que el 26 de junio de 2003, mediante Decreto 1790, fue suprimido y liquidado el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, entidad en la cual trabajaba.

Señala que su retiro del servicio no se llevó a cabo en la fecha anterior pues hizo parte del Retén Social bajo la figura de “MADRE CABEZA DE FAMILIA”, ya que es la única que vela por el sostenimiento de su hijo menor Jaime Andrés Cabrera Avendaño. Resalta que, el 10 de septiembre de 2004, fue destituida pese a la estabilidad laboral que se consigna a las madres cabeza de familia en varias sentencias de la Corte Constitucional. Solicita se ordene su reintegro laboral al Fondo de Caminos Vecinales con el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones correspondientes.

2. Respuesta de las entidades demandadas.

El Fondo Nacional de Caminos Vecinales, en Liquidación, se opuso a las pretensiones de la tutela para lo cual puso de presente que la entidad cumplió con las normas legales que liquidaron la entidad y modificaron su planta de personal. Además argumenta que la accionante ha dejado pasar un lapso de tiempo “muy amplio” para interponer el amparo de sus derechos fundamentales.

3. Pruebas En el expediente de la acción de tutela en comento obran las siguientes pruebas: - Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora Clara Cecilia Avendaño Castro (folio 6). - Fotocopia del Memorando expedido por el Coordinador del Grupo de

Recursos Humanos del Fondo de Caminos Vecinales, en Liquidación, sobre:

“novedades reten social octubre 21 de 2003” (folios 7 a 9). - Fotocopia del registro civil de nacimiento de Jaime Andrés Cabrera Avendaño (folio 10). - Certificado expedido por el Secretario General del Ministerio de Transporte (folio 118). - Fotocopia del Memorando 1096 del 09 de diciembre de 2004, expedido por la Directora del programa de Renovación de la Administración Pública del Departamento Nacional de Planeación (folios 124 a 126).

II. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISION:

1. Primera instancia Del presente asunto conoce el Juzgado Veintiséis Civil del Circuito de

Bogotá D.C. quien concede el amparo al verificar que el caso se ajusta a la doctrina de la Corte Constitucional, en especial, la establecida en la sentencia SU-388 de 2005.

2. Impugnación En el escrito de impugnación Caminos Vecinales advierte que en este caso no se cumple con uno de los presupuestos para conceder el amparo, previstos en la sentencia SU-388 de 2005, a saber, haber presentado la tutela oportunamente conforme al argumento jurídico número 8.2. de la mencionada decisión. Además, advierte que el hecho de haber aceptado la indemnización respectiva torna improcedente la acción.

3. Segunda instancia En segunda instancia, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial

de Bogotá D.C. revocó la decisión del a quo y negó el amparo, para lo cual consideró que los hechos no cumplen con los requisitos previstos en la sentencia SU-388 de 2005, pues – comprobó – la actora estuvo vinculada

hasta el 10 de septiembre de 2004 y sólo presentó la tutela el 13 de mayo de 2005, es decir, con posterioridad a que se profiriera tal sentencia de unificación, lo cual no cumple con uno de los presupuestos señalados en esa decisión, específicamente que “(iii) a la fecha de esta sentencia hubieran presentado acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales”.

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. Competencia Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para revisar los fallos mencionados, de conformidad con lo establecido en los artículos 86, inciso tercero, y 241 numeral noveno de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico.

La demandante, quien trabajó al servicio del Fondo de Caminos Vecinales (en liquidación) hasta el 10 de septiembre de 2004, considera que éste le vulneró sus derechos fundamentales y los de su hijo ante la decisión de retirarla de la entidad a pesar de encontrarse amparada por una especial protección como madre cabeza de familia. Por su parte, la representante del Fondo advierte que en el caso se obró conforme las normas legales vigentes, que en el caso fue reconocida la indemnización correspondiente y que la solicitud de amparo presentada por la actora no cumple con los requisitos establecidos por esta Corporación para acceder a la protección laboral reforzada. Conforme a lo señalado, con el objetivo de establecer si efectivamente se vulneraron los derechos invocados y si la solicitud de amparo resulta viable,

la Sala reiterará la jurisprudencia de la Corte acerca de la protección de las madres cabeza de familia en las reformas institucionales de carácter estatal.

3. Protección constitucional de las Madres Cabeza de Familia en procesos de reforma institucional. Estabilidad laboral reforzada.

Reiteración de jurisprudencia. Tal y como fue interpretado por los jueces de instancia, el problema jurídico inmerso en este caso, a saber, si una madre cabeza de familia puede ser retirada del servicio como consecuencia del trámite de la liquidación de la entidad estatal para la que trabaja y si a través de la tutela puede obtener el reintegro respectivo, demanda que se reitere la doctrina de esta Corporación acerca de la protección constitucional de tales sujetos en los procesos de reestructuración o reforma institucional en el Estado. Para ello hay que tener en cuenta que el pleno de la Corte, en la sentencia SU-388 de 2005, consolidó los parámetros y condiciones de tal salvaguardia conforme a los artículos 13 y 43 de la Constitución, los cuales a su vez, han sido aplicados por las diferentes Salas de Revisión a casos similares. 3.1. Pues bien, la Corte ha establecido que la protección especial que ostentan las madres cabeza de familia proviene tanto del articulado de la Carta como de su condición especial, concretada en su responsabilidad individual y solitaria en frente del hogar y como única fuente capaz de derivar el sustento diario de todos sus miembros. Conforme a este marco y teniendo en cuenta su definición legal la jurisprudencia estableció los ingredientes que permiten acreditar tal calidad de la siguiente manera:

“Al respecto la Corte advierte que no toda mujer puede ser considerada como madre cabeza de familia por el sólo hecho de que esté a su cargo la dirección del hogar. En efecto, para tener dicha condición es presupuesto indispensable (i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no sólo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental ó, como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar”. Aunado a la especial protección que se predica de este concepto – ha precisado la Corporación – hay que tener en cuenta que éste involucra los derechos de toda la familia y, por tanto, el respaldo supone un vínculo de conexidad directa con la salvaguarda primordial que se debe prestar a los hijos menores de edad y los discapacitados (artículo 44 C.P.). 3.2. Conforme a lo anterior y frente a la posibilidad legítima que tiene el Estado para que dentro del cumplimiento de sus fines se reforme o reestructure, la Corte ha sido enfática en señalar, que como regla general, se debe procurar al máximo la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras que se vean afectados con el ajuste institucional. Sumado a lo

anterior, los procedimientos de reestructuración que perjudiquen grupos históricamente discriminados, como las mujeres cabeza de familia, exigen mayor delicadeza y rigor de parte de las autoridades que realicen el ajuste, respetando la estabilidad laboral reforzada y brindando alternativas diferentes al retiro del servicio. Respecto de tales sujetos – señala la jurisprudencia – la indemnización constituye la última o más lejana de las alternativas y, por tanto, se debe velar hasta cuando sea posible por su permanencia en la entidad debido a que su condición disminuye las posibilidades materiales de conseguir un nuevo empleo y su salario constituye el presupuesto básico del sostenimiento familiar. De hecho, dentro del Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP, Ley 790 de 2002, artículo 12) se previó tal protección reforzada como parte de un Plan de Protección Social (Reten Social), que cuando fue reglamentado, fue sujeto a un límite temporal el cual fue declarado inexequible por la Corte en la sentencia C-991 de 2004 en aplicación del ‘test estricto de razonabilidad, en los siguientes términos: “La Sala observa que con la modificación del artículo 12 de la Ley 790 de 2003 introducida por el legislador se presentó un retroceso en la protección del derecho al trabajo de los empleados de las entidades reestructuradas que presentaban alguna discapacidad o eran padres o madres cabeza de familia. Tal retroceso en la protección de los derechos sociales se suma al desconocimiento del mandato dirigido al Estado de “prote[er] especialmente a las personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad

manifiesta.”(art. 13 C.P.). Si en términos generales los retrocesos en materia de protección de los derechos sociales están prohibidos, tal prohibición prima facie se presenta con mayor intensidad cuando se desarrollan derechos sociales de los cuales son titulares personas con especial protección constitucional. (...) “Pasa por último la Corporación a analizar si la medida es proporcionada en estricto sentido. Es decir, si el beneficio logrado con la medida es tanto mayor cuanto mayor sea la afectación de los intereses de los sujetos afectados con ésta. Es en este último paso del test donde, en criterio de la Sala se evidencia la inexequibilidad de la medida tomada por el legislador. “En efecto, la afectación del derecho a la igualdad de las madres y padres cabeza de familia y los disminuidos físicos, mentales y psíquicos es grave, como se entrará a demostrar. “Es un hecho notorio que hoy en día los discapacitados y los padres y madres cabeza de familia no son objeto de preferencia a la hora de contratación laboral. Ciertamente, en procura de un eficientismo se busca contratar a personas con capacidades físicas plenas que pueda producir en mayor cantidad y calidad en el menor tiempo posible, característica que no reúnen, en términos generales, los limitados físicos, mentales, visuales o auditivos; además, se busca que la disposición de tiempo mental y físico sea plena, e incluso mayor a la del tiempo reglado de trabajo, cuando las necesidades de la empresa así lo impliquen, rasgo que, en términos generales, madres y padres cabeza de familia, que deben velar por la seria responsabilidad del manejo

del núcleo familiar, no tienen. Así las cosas, es casi nula la posibilidad de que las personas con estas características que fueron desvinculadas en el proceso de Reestructuración de la Administración consigan trabajo. Esto, en primera medida, afecta sus ingresos monetarios. La disminución de ingresos es aún más grave para este tipo de personas por los altos costos médicos que, en la mayoría de ocasiones, implica el manejo de la limitación, o las erogaciones que conlleva el manejo de una familia –las cuales, para quienes son cabeza de esta institución, están exclusivamente a su cargo-. “Además, así estas personas hayan recibido una indemnización en el momento de su desvinculación, el dinero de ésta no equivale al salario que, de manera indefinida, ellos seguirían recibiendo de continuar vinculados laboralmente. Lo anteriormente señalado permite afirmar que se deriva una consecuencia grave del trato diferenciado radicada en la afectación del mínimo vital de los desvinculados en estado de debilidad manifiesta. “Por otro lado, se generaría una consecuencia desventajosa en el derecho a la seguridad social en salud y en pensiones, puesto que ya no tendrían soporte del empleador en la cotización de los aportes a la segunda y perderían la continuidad y seguridad de la cancelación de los aportes de la primera que se ve plenamente garantizada con el pago de un salario. “A las consecuencias desventajosas en materia de seguridad social y mínimo vital se añaden los perjuicios al libre desarrollo de la personalidad derivados del trato diferencial. En efecto, como se señaló en la Sentencia C-023/94, arriba citada, el

trabajo no tiene como única recompensa la monetaria, sino la proyección social del individuo y la búsqueda diaria de un móvil, parte integrante de un plan de vida. En el caso de las personas con limitaciones, es verdaderamente relevante la posibilidad de desarrollo social a través de una ocupación laboral, puesto que, de otra manera, generalmente, son objeto de ciertas discriminaciones o subestimaciones por parte de la comunidad que los rodea. Ahora bien, el hecho de que sea más relevante para las personas con limitaciones no implica que deje de ser altamente importante para una persona con salud plena, como lo puede ser una madre o un padre cabeza de familia. “A la grave afectación de los sujetos objeto de discriminación se contrapone un beneficio medio en la eficiencia en el gasto público. En efecto, la reestructuración de la administración implicó el despido de un número de personas que, en términos generales, es considerablemente mayor al porcentaje de individuos que se vio beneficiado con el denominado “retén social”. En esta medida, el fin buscado, a saber la eficiencia en el manejo de los fondos públicos, comparativamente hablando sólo obtendría un beneficio medio de mantenerse vigente el límite. Este beneficio medio, y no grave, se confirmaría si se tiene en cuenta que, en mayor o menor medida, la desvinculación de los funcionarios también representaba productividad para la entidad a la cual estaban vinculados lo cual implica que para determinar el efectivo aumento en la eficiencia de la Administración se debe realizar una sumatoria entre la productividad que pierde con la desvinculación y la erogación que deja de realizarse en virtud de la desvinculación

del funcionario. Al realizar ésta se disminuiría el beneficio conseguido para la eficiencia. “Aplicando la regla de la ponderación según la cual para que una limitación sea exequible el grado del beneficio del fin buscado por el legislador debe ser tanto mayor cuanto mayor sea la afectación del principio constitucional en colisión, se tiene que el límite del 31 de enero de 2004 establecido en el último inciso del artículo 8, literal D, de la Ley 812 de 2003 es inexequible. “Al juicio anteriormente adelantado, vale la pena agregar que la norma que ahora se declara inexquible ya había sido inaplicada por inconstitucional, a través de la excepción de inconstitucionalidad. La Sentencia T-792/04, Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentería, estudió un caso de una Mecanógrafa de Telecom. con 47% de incapacidad laboral, quien a su vez era madre cabeza de familia, la cual fue desvinculada después del 31 de enero de 2004, en aplicación del límite de la protección laboral especial fijado en el Decreto 190 de 2003, reiterado en la Ley 812. La accionante solicitaba se mantuviera la especial protección laboral fijada, sin límite de tiempo, en la Ley 790. Esta sentencia, en conclusión, rechazó e inaplicó el límite temporal de salvaguardia laboral consignada por el legislador como acción afirmativa para los sujetos de especial protección y se debe entender que el mismo se extiende al término que dure el PRAP en cada entidad conforme al artículo 12 de la Ley 790 de 2002. Lo anterior no obsta para que se efectúen

desvinculaciones cuando quiera que se compruebe la existencia de una justa causa y el despido se dé bajo los parámetros del debido proceso. Por supuesto, la protección en comento también esta limitada por la permanencia de las características que definen cada sujeto y, en el caso de las madres cabeza de familia, a que ellas mantengan las cinco cualidades definidas en la sentencia SU-388 de 2005 ya que, por ejemplo, si el padre llegara a cumplir con sus obligaciones, o cesara la obligación de responder por el menor de edad (por cumplir la mayoría de edad) o el discapacitado, los supuestos de la protección reforzada dejarían de existir y se haría viable y procedente la desvinculación con la respectiva indemnización. 3.3. Por último, la Sala debe recordar que frente a los procesos de reestructuración en los que se encuentren involucradas madres cabeza de familia, la tutela representa el mecanismo idóneo para amparar la protección laboral reforzada y, por tanto, los derechos de las trabajadoras y sus hijos. Al respecto, en la sentencia SU-388 de 2005 se sostuvo: “En primer lugar, la Corte considera que por tratarse de un proceso de liquidación cuya fecha límite es relativamente próxima (a más tardar el 12 de junio de 2007), la acción de tutela se proyecta como el mecanismo apropiado para asegurar un verdadero respeto de los derechos fundamentales. Al respecto conviene recordar que en algunos casos el factor temporal cobra especial relevancia para determinar la procedencia de la tutela, como ocurre precisamente en los procesos liquidatorios de cercana culminación (...).

“En segundo lugar, la Corte considera que en tratándose de sujetos de especial protección, como las madres cabeza de familia, el derecho a la estabilidad reforzada es susceptible de protección mediante tutela en procesos de reestructuración del Estado, precisamente por la necesidad de garantizar la plena eficacia de sus derechos fundamentales”. Ahora, en lo que respecta a la improcedencia de la tutela cuando quiera que se hubiere efectuado la respectiva indemnización, el pleno de la Corte en la sentencia citada precisó: “No obstante, teniendo en cuenta que desde la Sentencia C-991 del 12 de octubre de 2004 es absolutamente claro que el límite temporal previsto en el literal D del artículo 8 de la Ley 812 de 2003 y en el artículo 16 del Decreto 190 de 2003 vulnera mandatos constitucionales de superior jerarquía, la Corte considera que la mejor forma de garantizar los derechos fundamentales de las madres cabeza de familia consiste en ordenar su reintegro y dejar sin efecto las indemnizaciones reconocidas. De hecho, el pago de la indemnización debe ser concebida como la última alternativa para reparar el daño derivado de la liquidación de la empresa, por cuanto corresponde al derecho en cabeza de todos los servidores públicos y no sólo de los sujetos de especial protección. “Y si a lo anterior se suma que las mujeres han sido excluidas a lo largo de la historia del escenario laboral, es claro que las acciones afirmativas diseñadas en su favor revisten un componente que va más allá de la simple presencia de un ingreso fijo para asegurar la manutención de su núcleo familiar, puesto que en estos casos también se protege la idea de

reconocer especial valor al trabajo como expresión de una opción personal o profesional negada por muchos años y, en esa medida, es legítimo reclamar su amparo por vía de tutela. Finalmente, en dicha sentencia se establecieron una serie de condiciones para extender la tutela a todas las madres cabeza de familia que vinculadas a TELECOM, fueron retiradas del servicio a partir de la aplicación del límite temporal declarado inconstitucional, que reducía la protección del reten social; con este objetivo se precisó: “8.2.- Pues bien, en el asunto objeto de estudio la Sala considera que la medida de protección debe hacerse extensiva a todas aquellas madres cabeza de familia que, en aplicación del límite temporal indebidamente creado (artículo 16 del Decreto 190 de 2003 y Ley 812 de 2003), fueron desvinculadas de TELECOM a partir del 1 de febrero de 2004. En efecto, a juicio de la Corte no existe ninguna justificación para no amparar a quienes presentaron la acción de tutela y sus asuntos no fueron seleccionados para revisión o en todo caso fueron decididos en forma adversa a sus pretensiones. “Lo anterior siempre y cuando las ex trabajadoras (i) reunieren los requisitos para permanecer en la entidad, (ii) hayan acreditado su condición de madres cabeza de familia y Telecom hubiere reconocido dicha calidad mediante las certificaciones correspondientes, (iii) a la fecha de esta sentencia hubieran presentado acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales y, (iv) sus procesos no se hayan seleccionado para revisión en la Corte Constitucional o en todo caso hubieren sido resueltos desfavorablemente. De esta

manera, aquellas madres cabeza de familia que así lo deseen, si se encuentren en las condiciones descritas, deben acudir directamente ante el Liquidador de TELECOM para solicitar su reintegro y el pago de acreencias laborales. “Ahora bien, la decisión de exigir que la acción de tutela se hubiere presentado antes de la fecha de esta sentencia se explica porque algunas madres cabeza de familia pudieron considerar que la indemnización satisfacía sus expectativas y por lo mismo decidieron no hacer reclamo judicial alguno; y si ello fue así ningún sentido tendría obligarlas a retornar a la entidad cuando no lo solicitaron con antelación. En consecuencia, la decisión producirá efectos a todas las madres cabeza de familia de Telecom que se encontraren en las circunstancias descritas anteriormente y así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia”. Conforme a la jurisprudencia señalada, la Corte decidió conceder el amparo a las madres cabeza de familia de TELECOM y, en aplicación de los artículos 13 y 43 de la Carta, protegió su estabilidad laboral hasta el momento en que la entidad fuera liquidada definitivamente. Tal subvención – se aclara – hace parte de la aplicación directa de la Constitución y no constituye la aplicación retroactiva de la sentencia C-991 de 2004 y tampoco significa que su ámbito de acción se limite o reduzca a los sujetos de especial protección separados de tal entidad; al respecto, vale la pena tener en cuenta la sentencia T-641 de 2005 en la cual se estableció lo siguiente: “Con todo, podría argumentarse que las situaciones de hecho del presente caso difieren de las estudiadas en la Corte en la sentencia SU-388/05 y, por tanto, no sería posible aplicar las

reglas contenidas en esa decisión para el asunto bajo examen. En efecto, Caprecom no se encontraba en el plan de renovación de la administración pública, por lo que no era responsable de las medidas de estabilidad laboral de las madres cabeza de familia allí contempladas y, en cualquier caso, al momento en que desvinculó a su actora de su cargo, tales medidas tenían un límite temporal que en ese momento no había sido declarado inexequible. “Esta argumentación parte de suponer que existe una relación inescindible entre la pertenencia al plan de renovación de la administración pública previsto en la Ley 790 de 2002 y el carácter vinculante de las medidas de estabilidad laboral reforzada a favor de las madres cabeza de familia. No obstante, la Sala estima que es precisamente la sentencia SU-388/05 la que desvirtúa esta relación, en tanto sustenta la exigencia de acciones afirmativas a favor de ese grupo no en las disposiciones de origen legislativo sobre reforma estatal, sino en expresos mandatos constitucionales que obligan a otorgar una discriminación positiva que garantice la estabilidad laboral de las madres cabeza de familia con una intensidad mayor que los demás servidores públicos. “Por tanto, no puede predicarse válidamente que la protección laboral de tales sujetos dependa de la pertenencia al plan de renovación de la administración pública o de la declaratoria de inexequibilidad del límite temporal de la estabilidad en el empleo previsto en la Ley 812 de 2003. En esa medida, el amparo de los derechos constitucionales de la actora no significa una aplicación retroactiva de lo dispuesto por esta Corporación en la sentencia C-991/04, pues la vigencia de la

estabilidad laboral reforzada de la que es titular es una garantía constitucional autónoma que impone, en virtud de la eficacia normativa del Texto Superior, deberes ciertos para la entidad demandada, consistentes en la adopción de medidas que armonicen sus planes de reforma institucional con las acciones afirmativas de las que son titulares las madres cabeza de familia”. Los anteriores supuestos permiten concluir a la Sala que la naturaleza de la protección laboral reforzada atribuida a las madres cabeza de familia descansa en la Constitución Política y no se reduce a, por ejemplo, las reformas que se produzcan en una sola institución estatal. Al contrario, las acciones afirmativas adelantadas a su favor tienen como primer fundamento la fuerza normativa de la Carta (artículo 4, C.P.) y suponen la protección de la mujer, los niños o discapacitados que se encuentren a su cargo y la familia. Estos fundamentos permiten deducir, a su vez, la importancia que frente a sus obligaciones habituales constituye la recepción estable de un salario p