CC - T148-2020

Sentencia T-148/20

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Se incluyó a comunidad en el registro de comunidades indígenas Se corroboró que durante el transcurso de la acción de tutela desaparecieron los motivos que dieron origen a la solicitud de amparo, siendo innecesario que se formulen observaciones especiales sobre la materia o que se profiera una orden de protección.

Referencia: Expediente T-7.601.190

Asunto: Acción de tutela instaurada por el señor Ariel Daniels de Andreis, en representación del Pueblo Indígena de Taganga en contra del Ministerio de Interior y otros

Magistrado Ponente:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Bogotá DC, veintiséis (26) de mayo de dos mil veinte (2020). La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 y subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente: SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, correspondientes al trámite de la acción de amparo constitucional promovida por señor Ariel Daniels de Andreis, en representación del Pueblo Indígena de Taganga en contra del Ministerio de

Interior y otros.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos relevantes 1.1.1. El señor Ariel Daniels de Andreis, quien actúa como Gobernador del Cabildo Indígena de Taganga, relata que el 26 de abril de 2012, el Cabildo Mayor Daniel Quintín Maningua y el Alcabalero Oswaldo Manigua solicitaron a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior la realización de un estudio parcial étnico del pueblo de Taganga, con el propósito de que se inscribiera a este colectivo en el Registro de Comunidades Indígenas que lleva el Ministerio. Lo anterior, con fundamento en que el pueblo “se autorreconocía como descendientes de un grupo de familias amerindias con consciencia de identidad [que comparten] rasgos, usos y costumbres de su cultura, una forma de gobierno e instituciones sociales que devienen de su tradición y rasgos normativos propios que la hacían diferente de otros grupos”1. 1.1.2. En escrito del 11 de mayo de 2012, el Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior informó a los representantes del pueblo de Taganga que el registro de nuevos pueblos indígenas por parte del Ministerio no podía ser llevado a cabo, por cuanto para esa fecha no existía un protocolo o trámite para dicho efecto. 1.1.3. En razón de lo anterior, solo hasta el año 2016, el Ministerio del Interior autorizó la realización del Estudio Parcial Étnico del Pueblo Indígena de Taganga. Posteriormente, el 8 de agosto de 2018, el accionante, actuando

como Cabildo Gobernador, solicitó la entrega del referido estudio. 1.1.4. Sin embargo, el 9 de agosto de 2018, el Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior dio respuesta a la anterior solicitud, informando que no era posible entregar dicho estudio porque se encontraba en fase de revisión por parte de esa dependencia. 1.1.5. El 12 de octubre del mismo año, el accionante nuevamente solicitó al Ministerio del Interior que entregara el Estudio Parcial Étnico del pueblo indígena de Taganga y que realizara un pronunciamiento de fondo, positivo o negativo, en relación con su solicitud de inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas que llevaba esa entidad. 1.1.6. El 15 de noviembre de 2018, debido a la falta de respuesta a la anterior solicitud, el señor Ariel Daniels de Andreis presentó acción de tutela con el objeto de obtener la protección del derecho de petición del pueblo indígena de Taganga, el cual estaba siendo desconocido por el Ministerio del Interior. 1.1.7. El 27 de noviembre del año en cita, el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Santa Marta, decidió declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, comoquiera que el 9 de agosto de 2018 el Ministerio accionado dio respuesta a la solicitud del accionante, en el sentido de informarle que el Estudio Parcial Étnico reclamado se encontraba en fase de revisión. 1.1.8. Impugnada la anterior decisión, la Sala Séptima de Decisión para Asuntos Penales de Adolescentes del Tribunal Superior de Santa Marta, en

sentencia del 18 de enero de 2019, resolvió revocar la decisión del a-quo y, en 1 Folio 3 del cuaderno principal. 2 su lugar, amparar el derecho de petición de la parte accionante. En consecuencia, ordenó al Ministerio del Interior que, en las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, procediera a dar un plazo razonable para decidir de fondo la petición que formuló el actor el 8 de agosto de 2018 y que fue reiterada el 12 de octubre siguiente. 1.1.9. Manifiesta el accionante que, con posterioridad a esa sentencia, la Directora de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías le informó que no era posible dar un plazo exacto de entrega del documento solicitado, razón por la cual, inició un incidente de desacato que terminó con la entrega parcial del estudio solicitado. 1.1.10. Advierte que acudió nuevamente al Ministerio del Interior solicitando copia íntegra del documento y que el 1º de marzo de 2019, la Directora de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías le entregó el estudio en cita, con la advertencia de que “dicho documento como concepto que es y en virtud de la norma, no obliga a la institucionalidad a acogerlo”2. 1.1.11. Señala que el referido documento, denominado “Aproximación Interdisciplinaria al proceso organizativo de la comunidad Indígena Taganga del Pueblo Indígena de Taganga”, suscrito por un abogado, una antropóloga historiadora y un antropólogo del Grupo de Investigación y Registro de la

Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, contiene una serie de estudios etnohistóricos, etnográficos y jurídicos, cuyos resultados le permitieron concluir a los citados profesionales que el colectivo de Taganga corresponde a una parcialidad o comunidad indígena, en los términos del Decreto 1071 de 20153. En lo referente al componente etnohistórico, el estudio concluyó que existe una continuidad histórica entre los habitantes actuales de la comunidad y los habitantes originales de ese poblado y que las formas organizativas del colectivo en los siglos XVIII y XIX inspiraron la forma actual de constitución del Cabildo Indígena del pueblo. Sobre el componente etnográfico se constató, entre otros, (i) los vínculos de parentesco entre los integrantes de la comunidad; (ii) que cuentan con instancias propias de gobernabilidad; (iii) que tienen un profundo sentido de identidad colectiva y (iv) que existe reconocimiento por parte de las comunidades vecinas indígenas, no indígenas y por parte de las instituciones estatales. Por último, en el componente jurídico se constató la existencia del acta de posesión del Cabildo de la comunidad y se llegó a la conclusión de que, de conformidad con la Constitución Política, los instrumentos internacionales y la jurisprudencia de la Corte, hay lugar a reconocer su autonomía como pueblo 2 Folio 16 del cuaderno principal. 3 “Artículo 2.14.7.1.2. Definiciones. Para los fines exclusivos del presente título, establézcanse las siguientes definiciones: (…) 2. Comunidad o parcialidad indígena. Es el grupo o conjunto de familias de ascendencia

amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados vacantes.” Subrayado fuera del texto original. 3 indígena, ya que una decisión contraría requeriría una exigente carga de justificación que no está presente en este caso. Concretamente, en este apartado se explicó que las personas que se adscriben a la comunidad indígena de Taganga se auto reconocen como indígenas y tienen razones que justifican esa auto identificación, como se explicó en los demás componentes que hacen parte del estudio. 1.1.12. El accionante sostiene que, como consecuencia del actuar omisivo del Ministerio del Interior, otras entidades estatales han vulnerado los derechos del pueblo indígena, ya que la falta de reconocimiento de su personalidad jurídica ha implicado que no puedan participar activamente en las decisiones que, a su juicio, los afectan. Por ejemplo, alegan que la Unidad Administrativa Especial de Parques Naturales Nacionales no los ha tenido en cuenta al momento de ajustar los planes de manejo integral del Parque Natural Nacional Tayrona, cuyo territorio, aseveran, han ocupado ancestralmente; tampoco se les ha consultado previamente los planes de ordenamiento territorial que realiza el distrito de Santa Marta, entre otros. 1.2. Solicitud de amparo constitucional Con fundamento en los hechos descritos, el accionante instauró la presente

acción de tutela el 2 de julio de 2019, con el propósito de obtener el amparo de los derechos del pueblo indígena de Taganga a la existencia y personalidad jurídica, a la identidad e integridad cultural, a la autonomía de las comunidades, a la consulta previa y al derecho de petición, los cuales estima vulnerados por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, como consecuencia de la omisión de respuesta a la solicitud presentada el 26 de abril de 2012 en la que se solicitaba la inscripción de ese colectivo en el Registro de Comunidades Indígenas que lleva el Ministerio. Así, exige que se ordene al Ministerio del Interior que, en el término de 48 horas, “se pronuncie sobre la solicitud de reconocimiento de la personalidad colectiva del Cabildo Indígena de Taganga”4. Específicamente, sostiene que la demora desproporcionada e injustificada en decidir su solicitud, además de desconocer su derecho de petición, vulnera su derecho a la personalidad jurídica, pues el Estado no ha reconocido como tal a la comunidad indígena de Taganga. Asimismo, desconoce su derecho a la identidad e integridad cultural, por cuanto a pesar de haber luchado por mantener sus esquemas culturales, organizativos y de relación con el territorio, esos rasgos distintivos están en riesgo debido a la ausencia de reconocimiento formal por parte del Estado. Además, su derecho a la autonomía se ve afectado, ya que no se les ha protegido como pueblo étnica y culturalmente diferenciado, por ejemplo con una jurisdicción propia, etnoeducación, entre

otros. Por último, alega que, por la falta de reconocimiento estatal, también se está desconociendo su derecho a la consulta previa, ya que afirma, de forma genérica, que no se ha consultado con el Cabildo Indígena de Taganga ninguna de las decisiones que se han adoptado respecto del territorio que 4 Folio 12 del cuaderno principal. 4 ancestralmente ocupan, ya que el Ministerio del Interior ha conceptuado varias veces indicando la ausencia de presencia de grupos étnicos en esos espacios. Por vía de ejemplo destaca la constitución del Parque Nacional Natural Tayrona y sus planes de manejo, la instalación de “el emisario submarino en inmediaciones de la bahía de Taganga”, entre otros. 1.3. Contestación de la demanda 1.3.1. Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior El 10 de julio de 2019, el director encargado dio respuesta a la acción de tutela, en el sentido de solicitar que la misma sea negada, por cuanto esa entidad no ha vulnerado los derechos invocados por la parte actora. En concreto, explica que no ha podido expedir un acto administrativo definitivo, por cuanto la comunidad accionante se reivindica como una población que está asentada en un resguardo liquidado por la extinta INCODER, ahora Agencia Nacional de Tierras, quien sería la competente para definir la situación de esos predios. Así, sostiene que hasta tanto no se resuelvan los asuntos territoriales que subyacen a la solicitud de la parte actora, el Ministerio no puede expedir la resolución de fondo correspondiente. 1.3.2. Agencia Nacional de Tierras5

El 17 de julio de 2019, el abogado de la Oficina Jurídica dio respuesta a la acción de tutela y afirmó que no ha vulnerado los derechos de la parte accionante, por cuanto no está dentro de sus competencias satisfacer las pretensiones que se reclaman. En consecuencia, solicitó que sea declare la ausencia de legitimación en la causa por pasiva de la Agencia a la que representa. 1.4. Pruebas relevantes aportadas al proceso 1.4.1. Escrito dirigido al Ministerio del Interior suscrito por dos integrantes del Cabildo de Mayores de Taganga, con fecha 26 de abril de 2012, en la que se solicita la realización de un Estudio Parcial Étnico del pueblo de Taganga y que, como consecuencia de ello, se le reconozca como comunidad indígena. 1.4.2. Oficio suscrito por el Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior el 11 de mayo de 2012, en el que se da respuesta a la solicitud enunciada en el numeral anterior, en el sentido de indicar que no existe un protocolo o trámite para decidir sobre el registro de un nuevo pueblo indígena. 1.4.3. Escrito dirigido al Ministerio del Interior suscrito por el accionante, con fecha del 8 de agosto de 2018, en el que solicita una copia del Estudio Parcial Étnico del pueblo indígena de Taganga. 5 La Agencia fue vinculada el 12 de julio de 2018 por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá. 5 1.4.4. Oficio suscrito por el Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior el 9 de agosto de 2018, dirigido al accionante, a

través del cual le informa que el documento requerido en el escrito enunciado en el numeral anterior, se encuentra en fase de revisión. 1.4.5. Escrito dirigido al Ministerio del Interior suscrito por el accionante, con fecha del 16 de octubre de 2018, en el que reitera la solicitud presentada mediante escrito del 8 de agosto del mismo año. 1.4.6. Sentencia del 27 de noviembre de 2018 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Santa Marta dentro de la acción de tutela promovida por el accionante contra el Ministerio del Interior, en la que se declara la carencia actual de objeto por hecho superado, en relación con la protección del derecho de petición. 1.4.7. Sentencia del 18 de enero de 2019 proferida por la Sala Séptima de Decisión Para Asuntos Penales de Adolescentes del Tribunal Superior de Santa Marta en la cual revocó la decisión enunciada en el numeral anterior y en la que se ordenó al Ministerio del Interior que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, le indicara al actor un plazo razonable en el que daría respuesta a la petición presentada el 8 de agosto de 2018. 1.4.8. Oficio suscrito por la Directora de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior el 1º de marzo de 2019, dirigido al accionante, a través del cual le remite el estudio parcial étnico del Pueblo Indígena de Taganga, con la advertencia de que es un concepto que no tiene fuerza vinculante. 1.4.9. Documento denominado “Aproximación Interdisciplinaria al proceso

organizativo de la comunidad Indígena Taganga del Pueblo Indígena de Taganga” de agosto de 2018, elaborado por tres profesionales del Grupo de Investigación y Registro de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, en el que se concluye que el colectivo de Taganga es una comunidad indígena, de conformidad con lo establecido por el Decreto 1071 de 2015.

II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN 2.1. Primera instancia En sentencia del 16 de julio de 2019, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá negó el amparo solicitado, al considerar que no existió vulneración del derecho de petición de la comunidad accionante, por cuanto el Ministerio del Interior dio respuesta a la solicitud, en el sentido de indicarle que, debido a los conflictos territoriales, no era posible emitir una respuesta de fondo y, en todo caso, le remitió el estudio parcial étnico que solicitaba. Adicionalmente, respecto de los demás derechos invocados, sostuvo que no se explicaron las 6 razones por las cuales estos se consideran desconocidos, lo que impide contar con los elementos de juicio para realizar un pronunciamiento sobre ellos. 2.2. Impugnación En escrito del 19 de julio de 2019, el accionante impugnó la decisión del juez de primera instancia. Para el efecto, argumentó que no considera acertado que el derecho de petición se entienda satisfecho con la respuesta del Ministerio del Interior, en la que se informa la imposibilidad de proferir un acto administrativo de fondo debido a los conflictos territoriales que se presentan

en la tierra donde se asienta el pueblo Indígena de Taganga. Ello por cuanto lo que se solicita es la “afirmación o infirmación de una reivindicación identitaria de la cual es competente en forma exclusiva el Ministerio del Interior” y no una reivindicación sobre derechos territoriales. Adicionalmente, aclaró que la entrega del estudio parcial étnico tampoco superó la vulneración al derecho de petición, ya que la solicitud que data del año 2012 versa sobre la inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas del Ministerio accionado. Por último, reiteró que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la omisión de reconocimiento estatal de la existencia de una comunidad indígena, trae consigo el desconocimiento de otros derechos como la identidad cultural y social, así como el derecho a la consulta previa. 2.3. Segunda instancia En sentencia del 13 de agosto de 2019, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, decidió confirmar la decisión del a-quo. Sin embargo, su argumentación se dirigió a la declaratoria de improcedencia de la acción, por tratarse de derechos colectivos que deben ser reclamados mediante el ejercicio de una acción popular. En todo caso, reiteró que el accionante ha obtenido respuesta a todas las peticiones que ha presentado ante el Ministerio del Interior.

III. REVISIÓN POR PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3.1. Competencia Esta Sala es competente para revisar las decisiones proferidas en la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política. El expediente fue seleccionado por medio de

Auto del 18 de octubre de 2019, proferido por la Sala de Selección Número Diez. 3.2. Actuaciones en sede de revisión 3.2.1. El 21 de enero de 2020, el accionante allegó un concepto emitido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia del 14 de enero del mismo año. En el referido concepto, desde una perspectiva antropológica, se observan 7 los elementos sobre los cuales se funda la reivindicación del pueblo indígena de Taganga, por ejemplo la pesca, práctica en la que, como características diferenciales de otros pueblos de la región, se destaca el uso del chinchorro y la forma de distribución del producto pesquero. Adicionalmente, se sostiene que las formas organizativas de la comunidad “son la manifestación de la continuidad de un legado socio-político particular que viene desde épocas pre-hispánicas.”6 3.2.2. En Auto del 28 de enero de 2020, se ofició al Ministerio del Interior para que (i) informara si existe un acto administrativo que haya decidido la solicitud de inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas presentada el 26 de abril de 2012; (ii) detallara el trámite administrativo, vinculado a dicha solicitud, que se ha surtido desde el año 2012 e (iii) indicara si en el trámite llevado a cabo para decidir sobre la inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas han participado las autoridades y terceros que puedan verse afectados con la decisión que se adopte, por ejemplo, pueblos indígenas,

la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, entre otros. El 6 de febrero de 2020, la Coordinadora del Grupo de Apoyo Jurídico de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio remitió a este Despacho un CD con todas las actuaciones administrativas vinculadas a la solicitud del accionante. Entre los documentos se aportó copia de la Resolución No. 010 del 5 de febrero de 2020, por medio de la cual se resolvió incluir en el Registro de Comunidades Indígenas a la Comunidad Indígena de Taganga compuesta por 321 personas y 81 familias7. En los fundamentos del acto administrativo se reseña la solicitud radicada el 26 de abril de 2012 por los representantes de la comunidad como antecedente formal de mayor antigüedad y como fundamento de la decisión se exponen las conclusiones del estudio etnológico realizado por los profesionales de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías. 3.2.3. En Auto del 28 de enero de 2020 se vinculó a la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia y fue oficiada para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de la solicitud de amparo. En escrito del 7 de febrero de 2020, el apoderado de la Unidad dio respuesta a la acción de tutela, en el sentido de solicitar su desvinculación del trámite, por cuanto dentro de sus competencias no se encuentra la de pronunciarse frente al reconocimiento étnico y territorial de la comunidad accionante. En todo caso, advirtió que la comunidad accionante ha participado en la discusión y

socialización del plan de manejo del Parque Nacional Natural Tayrona. 6 Folio 59 del cuaderno de revisión. 7 Folios 109 a 112 del cuaderno de revisión. 8 3.2.4. En Auto del 13 de febrero de 2020 se ofició a la Alcaldía Distrital de Santa Marta para que aportara la constancia de notificación de la Resolución No. 010 del 5 de febrero de 2020 al accionante. El 24 de febrero de 2020 la Directora Jurídica Distrital allegó copia de la referida resolución y constancia de la notificación personal al señor Ariel Daniels de Andreis el 7 de febrero de 20208. 3.3. Problema jurídico y esquema de resolución A partir de las circunstancias que dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela, de las pruebas recaudadas y de las decisiones adoptadas por los respectivos jueces de instancia, la Corte debe determinar si se configura una vulneración de los derechos del pueblo Indígena de Taganga a la existencia y personalidad jurídica, a la identidad e integridad cultural, a la autonomía de las comunidades, a la consulta previa y al derecho de petición, como consecuencia de la falta de respuesta por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, respecto de la solicitud presentada el 26 de abril de 2012 dirigida a su inclusión en el Registro de Comunidades Indígenas que lleva esa entidad, omisión que, a su juicio, afecta el ejercicio de otros derechos fundamentales que como colectivo les asisten. Antes de resolver el interrogante planteado, se adelantará el examen de

procedencia de la acción de amparo y luego se verificará si se presenta una carencia actual de objeto por hecho superado, con ocasión de la información allegada a la Corte, en la que consta que se profirió por parte del Ministerio del Interior la Resolución No. 010 del 5 de febrero de 2020, por medio de la cual se resolvió incluir en el Registro de Comunidades Indígenas a la comunidad indígena de Taganga. 3.4. Examen de procedencia 3.4.1. En cuanto a la legitimación por activa, el artículo 86 de la Constitución Política reconoce el derecho de toda persona de reclamar mediante acción de tutela la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Este precepto se desarrolla en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, en el que se consagra que: “la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”. Esta Corporación ha reiterado que cuando se pretende la protección de los derechos de comunidades indígenas, existen reglas especiales de legitimación9, por cuanto se trata de sujetos colectivos titulares de derechos 8 Folio 131 del cuaderno de revisión. 9 Sentencia T-112 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo. 9 fundamentales10. Así las cosas, sus dirigentes, directamente o a través de

apoderado, se encuentran legitimados para interponer acciones de tutela con el fin de garantizar la protección de sus prerrogativas superiores según lo establecen los artículos 86 de la Carta Política y 10 del Decreto 2591 de 199111, que consagran que el recurso de amparo podrá interponerse “a través de representante”12. En la acción de tutela que se revisa se considera que el señor Ariel Daniels de Andreis se encuentra legitimado en la causa por activa para promover la acción de amparo en representación del pueblo Indígena de Taganga, ya que, como obra en el expediente, en el acta de Asamblea General del Cabildo Indígena de Taganga celebrada el 2 de diciembre de 2017, consta que el señor de Andreis fue elegido como Cabildo Gobernador del pueblo indígena cuyos derechos fundamentales se reclaman por esta vía. 3.4.2. Respecto de la legitimación por pasiva, el artículo 86 del Texto Superior establece que la tutela tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o por el actuar de los particulares, en los casos previstos en la Constitución y en la ley13. En este contexto, según lo señalado de manera reiterada por la Corte, en lo que respecta a esta modalidad de legitimación, es necesario acreditar dos requisitos, por una parte, que se trate de uno de los sujetos respecto de los cuales procede el amparo; y por la otra, que la conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho se pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión14.

En el asunto objeto de estudio no cabe duda de que la acción de tutela es procedente contra el Ministerio del Interior, pues es una autoridad pública. Por lo demás, la omisión de respuesta a la solicitud de inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas está vinculada con sus funciones, tal como lo establece el artículo 13 del Decreto 2893 de 201115, “Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior” y la Resolución No. 2434 del 10 Cfr. Sentencias T-379 de 2011, M.P. Huberto Antonio Sierra Porto y T-049 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 11 “Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos (…)”. (Subrayado fuera del texto original). 12 Cfr. Sentencias T-652 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-955 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-880 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-154 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-049 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 13 El artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 consagra las hipótesis de procedencia de la acción de tutela contra particulares. 14 Sobre el particular, en la Sentencia T-1001 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería, se expuso que: “la

legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante y la acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna improcedente (…)”. 15 "Articulo 13. Funciones de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías. Son funciones de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, las siguientes: (…) Llevar el registro de los censos de población de comunidades indígenas y de los resguardos indígenas y las comunidades reconocidas, de las autoridades tradicionales indígenas reconocidas por la respectiva comunidad y de las asociaciones de autoridades tradicionales o cabildos indígenas y su actualización." 10 5 de diciembre de 2011, “Por la cual se crean los grupos de trabajo en la estructura funcional interna del Ministerio del Interior”16. Ahora bien, respecto de la Agencia Nacional de Tierras y de la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, vinculadas una por el juez de primera instancia y otra por la Sala Tercera de Revisión de este Tribunal, se observa que, aunque se trata de autoridades públicas, dentro de sus funciones no se encuentra la de inscribir a comunidades indígenas en el Registro de Comunidades Indígenas que lleva el Ministerio del Interior. Con fundamento en lo anterior, se ordenará su desvinculación en la parte resolutiva de esta providencia. 3.4.3. Como requisito de procedibilidad, la acción de tutela también exige que su interposición se lleve a cabo dentro de un plazo razonable, contabilizado a

partir del momento en el que se generó la vulneración o amenaza del derecho fundamental, de manera que el amparo responda a la exigencia constitucional de ser un instrumento judicial de aplicación inmediata y urgente (CP art. 86), con miras a asegurar la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza. Este requisito ha sido identificado por la jurisprudencia de la Corte como el principio de inmediatez. En relación con el caso objeto de estudio, la Corte observa que se cumple con el citado requisito, en tanto la última respuesta del Minis