CC - T228-2020

Sentencia T-228/20

PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Procedencia dada la menor eficacia del mecanismo judicial ante la Superintendencia Nacional de Salud previsto en la ley 1122 de 2007 DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Reiteración de jurisprudencia DERECHO A LA SALUD-Doble connotación al ser un derecho fundamental y al mismo tiempo un servicio público FUNDAMENTALIDAD DEL DERECHO A LA SALUD-Principios rectores como oportunidad, eficiencia, calidad, integralidad, continuidad

COBERTURA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y

ALOJAMIENTO DE PACIENTES Y ACOMPAÑANTES EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Reiteración de jurisprudencia Esta Corporación ha señalado que las entidades promotoras de salud están llamadas a garantizar el servicio de transporte, cuando los pacientes se encuentren en las siguientes circunstancias: “(i) que el procedimiento o tratamiento se considere indispensable para garantizar los derechos a la salud y a la vida de la persona; (ii) que ni el paciente ni sus familiares cercanos tengan los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado; y (iii) que de no efectuarse la remisión se ponga en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario”. A lo anterior se ha añadido que: (iv) si la atención médica en el lugar de remisión exigiere más de un día de duración, se cubrirán los gastos de alojamiento y manutención.

CUBRIMIENTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA

PACIENTE Y ACOMPAÑANTE POR EPS-Reglas jurisprudenciales Esta Corporación ha dispuesto que la financiación de un acompañante procede cuando: “(i) el paciente es totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento, (ii) requiere atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) ni él ni su núcleo familiar cuentan con los recursos suficientes para financiar el traslado”.

TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO EN EL SISTEMA DE SALUD

Y SU NEXO CON EL PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD-Subreglas jurisprudenciales DERECHO A LA SALUD DE ENFERMO DE CANCER-EPS deberá cubrir gastos de alojamiento y alimentación para accionante y su acompañante 1

Referencia: Expediente T-7.611.630

Asunto: Acción de tutela instaurada por la señora Natalia Palacios en contra de

Emssanar EPS

Magistrado Ponente:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Bogotá DC, siete (7) de julio de dos mil veinte (2020) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, y 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente:

SENTENCIA

En el proceso de revisión del fallo de tutela dictado el 15 de agosto de 2019 por el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Buenaventura, Valle del Cauca, dentro de la acción de amparo constitucional presentada por la señora Natalia Palacios contra la EPS Emssanar.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos relevantes Los hechos que dieron lugar a la interposición de la acción de tutela fueron los siguientes: 1.1.1. La señora Natalia Palacios es una mujer afrocolombiana de 30 años de edad, que hace parte del régimen subsidiado de salud1, trabaja como estilista2, tiene cuatro hijos3 y reside en la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca.

Debido a un sangrado permanente que venía presentando desde el año 2018, se realizó un conjunto de exámenes médicos y acudió a cita ginecológica en el mes de febrero de 20194. Producto de la valoración médica le fue ordenada una biopsia, cuyo informe de patología arrojó el siguiente resultado: “A) 1 Folio 85 del cuaderno principal. 2 Folio 14 del cuaderno principal. 3 Folio 14 del cuaderno principal. 4 Como se puede constatar en la historia clínica del 22 de febrero de 2019 (folio 8 y 14 del cuaderno principal), para dicha fecha, la señora Palacios presentaba el siguiente estado de salud: “sangrado uterino anormal de 7 meses de evolución, tipo spoting, y durante coito, por lo que consulta a ginecología en Buenaventura, donde indican realizar ecografía TV del 08/10/18 que reporta imagen hipodensa de

1.8x1.04cm en canal cervical, propable (sic) pólipo cervical, además reportan a la especuloscopia “cérvix ulcerado, sangrante, se palpa endurecido, parametrios (sic) normales”. Refiere que persiste con sangrado continuo y dolor hipogastrio.” 2

Exocérvix. Colposcopia. Biopsia: Carcinoma escamocelular moderadamente diferenciado de célula grande no queratinizante ulcerado e infiltrante.

Profundidad de invasión no evaluable por fragmentación de la muestra. B) Endocérvix. Legrado. Biopsia: Fragmentos sueltos de carcinoma escamocelular de célula grande moderadamente diferenciado no queratinizante. Fragmentos sueltos del epitelio glandular endocervical normal5.” 1.1.2. En virtud de la patología reseñada, la señora Palacios fue remitida a valoración por ginecología oncológica6. Una vez realizados los estudios pertinentes, la junta médica de ginecología oncológica del Hospital Universitario del Valle consideró que la paciente debía someterse a manejo quirúrgico de tipo: “histerectomía radical modificada más linfadenectomía pélvica más oorforopexia”7. Así las cosas, el 27 de junio de 2019, el médico tratante ordenó la realización de tres procedimientos quirúrgicos, a saber: “histerectomía radical modificada por laparotomía, linfadebectomía radical pélvica vía abierta, y ooforopexia bilateral por laparotomía”8, los cuales,

según se constata en el expediente, fueron autorizados por la EPS Emssanar el 17 de julio de 20199. No obstante, a partir de lo expuesto por la accionante, al momento de la interposición de la acción de tutela, estos no habían sido efectivamente realizados10. 1.2. Solicitud de amparo constitucional 1.2.1. El 6 de agosto de 2019, la señora Natalia Palacios invocó la protección de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana, en razón a que la EPS Emssanar no le había realizado los procedimientos quirúrgicos de “histerectomía radical modificada por laparotomía, linfadebectomía radical pélvica vía abierta, y ooforopexia bilateral por laparotomía”11, a pesar de haber sido autorizados por la referida EPS el 17 de julio del año en cita. En consecuencia, solicitó al juez constitucional que ordenara realizar los procedimientos quirúrgicos señalados y suministrar el tratamiento médico integral pertinente. De manera análoga, la accionante pidió que se ordenara a la EPS Emssanar autorizar y cubrir el transporte, tanto de ella como de un acompañante, desde Buenaventura a la ciudad de Cali, donde debe recibir el tratamiento médico prescrito, así como los gastos correspondientes al alojamiento y alimentación. 1.3. Contestación de la entidad accionada y de las entidades vinculadas 1.3.1. Contestación Emssanar EPS 5 Folio 10 del cuaderno principal. 6 Folio 18 del cuaderno principal. 7 Folio 57 del cuaderno principal. 8 Folio 68 del cuaderno principal.

9 Folios 92 y 93 del cuaderno principal. 10 Folio 37 del cuaderno principal. 11 Folio 68 del cuaderno principal. 3 La EPS Emssanar advirtió que en la Resolución 5857 de 2018, los procedimientos requeridos se encuentran dentro de la cobertura del PBS, motivo por el cual fueron efectivamente autorizados el 17 de julio de 201912. En lo referente al transporte, la alimentación y el alojamiento de la accionante y su acompañante, la accionada sostuvo que la procedencia de dichos servicios está sujeta a que exista un concepto favorable del médico tratante. Ahora bien, en la medida en que no se acreditó dicho registro, la solicitud realizada resultaba improcedente. Por otra parte, expuso que la atención integral tampoco está llamada a prosperar, toda vez que en el caso concreto no reposaba evidencia científica en la que el médico tratante hubiese ordenado tal servicio. De conformidad con lo anterior, Emssanar EPS pidió ser exonerada de responsabilidad al considerar que ha prestado todos los servicios a los que legal y reglamentariamente está obligada. Así mismo, solicitó que en caso de ordenarse la prestación de servicios no incluidos en el PBS, se proceda a disponer su pago oportuno y directo a las instituciones prestadoras de salud, a través de la Secretaría Distrital de Salud de Buenaventura. 1.3.2. Contestación de la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca La Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca solicitó ser desvinculada del presente asunto, para tales efectos adujo que conforme a lo dispuesto en el Decreto 2459 del 17 de diciembre de 2015, las pretensiones

contenidas en la acción de tutela son de competencia exclusiva del Distrito Especial de Buenaventura, entidad encargada de la financiación de los servicios de salud en cabeza del ente territorial. 1.3.3. Contestación de la Secretaría Distrital de Salud de Buenaventura La Secretaría Distrital de Salud de Buenaventura, Valle del Cauca, guardó silencio durante el término concedido por el juez de instancia. 1.3.4. Contestación del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. expuso que tanto las autorizaciones referidas a los procedimientos quirúrgicos, como el tratamiento y la atención integral que necesita el paciente deben ser autorizadas por la EPS Emssanar. Por otra parte, sostuvo que los aseguradores EPS o las Entidades Territoriales respectivas, son las que deben asumir los costos por la atención y los servicios de salud prestados. Por tal motivo, solicitó al juez de instancia ser desvinculado del proceso, toda vez que no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la paciente, por el contrario, ha estado dispuesto a prestar la atención médica correspondiente. 12 Folios 86 y 87 del cuaderno principal. 4

II. SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN 2.1. Primera Instancia El conocimiento de la acción de tutela correspondió al Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Buenaventura, Valle del Cauca, el cual, en sentencia del 15 de agosto de 2019, resolvió tutelar los derechos fundamentales invocados por la señora Natalia Palacios.

Las razones expuestas para sustentar el fallo pueden ser sintetizadas de la

siguiente forma. En primer lugar, el juez encontró que, como quiera que la EPS Emssanar había expedido las correspondientes autorizaciones médicas, se hacía necesario dictar una orden para que los procedimientos quirúrgicos fueran efectivamente practicados13. En segundo lugar, en lo que respecta a la prestación del servicio de transporte, el juez concluyó que, “dado que la actora pertenece al régimen subsidiado de salud y ni ella ni su familia cuentan con recursos económicos para sufragar los costos que le representa trasladarse a la ciudad de Cali, (…) la entidad accionada [debía] cubrir [los mismos] siempre que sea estrictamente necesario”14. Finalmente, bajo el argumento de que la señora Palacios se encuentra en un estado de salud que le impide movilizarse por sí sola, el juez determinó que cabía ordenar a la EPS cubrir el transporte con un acompañante, “pues es claro que depende de un tercero para su movilización”15. En razón a lo anterior, el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple dispuso a la EPS Emssanar que16: (i) adelante todas las gestiones necesarias para que, a través de la IPS Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., o cualquiera de sus prestadores de salud, de manera prioritaria, fije fecha para la práctica de los procedimientos quirúrgicos requeridos por la señora Palacios; (ii) suministre a la accionante y a un acompañante el servicio de transporte, ida y regreso, desde Buenaventura a la ciudad de Cali, con el fin de que pueda atender todas sus citas médicas; y

(iii) garantice la atención integral que le sea requerida por el médico tratante, con el propósito de que logre llevar una vida en condiciones dignas. Por último, el Juzgado resolvió negar las pretensiones referidas al servicio de alimentación y alojamiento, por considerar que la frecuencia con la que la accionante debe asistir a la ciudad de Cali es mínima. 2.2. En este proceso no se surtió segunda instancia, toda vez que la decisión de primera instancia no fue impugnada.

III. PRUEBAS 13 Folio 106 del cuaderno principal. 14 Folio 107 del cuaderno principal.

15 Ibíd. 16 Ibíd. 5 - Copia de la historia clínica de la señora Natalia Palacios17. - Copia del informe de patología del 11 de marzo de 201918. - Copia de la Cédula de Ciudadanía de la accionante19. - Copia del certificado de afiliación de la señora Natalia Palacios a la EPS Emssanar20. - Memorial remitido al juez de primera instancia, en el que se pone en conocimiento el delicado estado de salud de la señora Natalia Palacios y su incapacidad para movilizarse21. - Copia de las notas médicas de la junta de Ginecología Oncológica del Hospital Universitario del Valle, la cual tuvo lugar el 12 de julio de 201922. - Copia de la orden de los procedimientos quirúrgicos: “histerectomía radical modificada por laparotomía, linfadebectomía radical pélvica vía abierta, y ooforopexia bilateral por laparotomía”, dictada por el médico tratante23.

• Copia de la previsualización de la autorización de los procedimientos quirúrgicos “histerectomía radical modificada por laparotomía, linfadebectomía radical pélvica vía abierta, y ooforopexia bilateral por laparotomía”, dictada por Emssanar EPS24.

IV. CONSIDERACIONES 4.1. Competencia Esta Sala es competente para revisar la decisión proferida en la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política. El expediente fue seleccionado mediante Auto del 18 de octubre de 2019 proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Diez. 4.2. Trámite surtido ante la Corte Constitucional e información pública relevante 4.2.1. En Auto del 20 de noviembre de 2019, el Despacho del Magistrado Sustanciador consideró pertinente contar con información adicional relacionada con las circunstancias que rodearon el asunto sub-judice, 17 Folios 8 al 15 del cuaderno principal. 18 Folio 10 del cuaderno principal. 19 Folio 32 del cuaderno principal. 20 Folio 34 del cuaderno principal. 21 Folio 30 del cuaderno principal. 22 Folio 58 del cuaderno principal. 23 Folio 54 del cuaderno principal. 24 Folios 92 (2ª cara) y 93 del cuaderno principal. 6 especialmente, respecto de la efectiva realización de las intervenciones quirúrgicas reclamadas por la accionante.

En consecuencia, a través de la Secretaría General de esta Corporación, requirió a la entidad accionada para que informara: (i) si las intervenciones

quirúrgicas habían sido efectivamente realizadas; y (ii) si se había suministrado el respectivo servicio de transporte a la señora Natalia Palacios y a su acompañante. 4.2.2. En informe rendido el 29 de noviembre de 201925, el abogado de Emssanar EPS dio respuesta a la información solicitada por la Corte, en los siguientes términos: (i) Explicó que la historia clínica de la paciente registra que la junta médica gineco-oncología del 15 de agosto de 2019 revaloró la situación médica de la señora Natalia Palacios, y determinó que debía ser nuevamente valorada por oncología clínica y radioterapia. (ii) Seguidamente, el día 16 de agosto de 2019, el galeno en ginecologíaoncológica ordenó la realización de resonancia de pelvis contrastada, al tiempo que solicitó que la señora Palacios permaneciera en el servicio de alto riesgo séptico, tal y como consta en la bitácora médica de los días 12 a 20 del mes y año en cita. (iii) Luego, entre el 28 y 29 de agosto de 2019, la asegurada fue valorada por los servicios de radiología y oncología respectivamente, quienes dispusieron la práctica de una “teleterapia con acelerador lineal (planeación computarizada tridimensional y simulación virtual) técnica radioterapia de intensidad modulada [IMRT]” y “consulta de control o de seguimiento por especialista en oncología”. (iv) Así las cosas, la junta de gineco-oncología y radioterapia del 29 de agosto de 2019 indicó que se debía iniciar “tratamiento simultáneo de quimioterapia

más radioterapia de manera ambulatoria prioritaria una vez se optimice la hemoglobina a un nivel mayor o igual a 9”. La quimioterapia se formuló de la siguiente forma: “ondasetrón 16mg ev semanal por 6 semanas; dexametasona 8mg ev semanal por 6 semanas; cisplatino 76mg ev semanal por 6 semanas”. (v) En cumplimiento de lo ordenado por los médicos tratantes, a la señora Palacios se le han practicado hasta el momento los servicios de: quimioterapia (politerapia antineoplásica del alta toxicidad); radioterapia (teleterapia con acelerador lineal, planeación computarizada tridimensional y simulación virtual); consulta de control o de seguimiento por especialista de oncología; y exámenes de rutina. (vi) Finalmente, en lo que respecta a los servicios de transporte, la EPS informó que ha autorizado “traslado terrestre básico de pacientes dos 25 El informe se incluye en el CD contenido en el folio 31 del cuaderno segundo. 7 sesiones de quimioterapia”, y que seguirá autorizando el servicio las veces que sea necesario para el manejo de su patología. Por otra parte, aclaró que para tales fines la señora Palacios deberá acudir a las instalaciones de la EPS con un tiempo de antelación de dos (2) días hábiles, tal como lo enuncia la circular 4331 del 2012. De conformidad con la información allegada, se presenta un balance de los servicios brindados a la accionante: Servicio Fecha de la Fecha de la orden médica autorización Teleterapia con acelerador lineal 28 de agosto de 4 de (planeación computarizada tridimensional 2019. septiembre de

y simulación virtual) técnica radioterapia 2019. de intensidad modulada [IMRT]. Politerapia antineoplásica de alta 29 de agosto de 30 de agosto toxicidad. 2019. de 2019. 23 de 9 de septiembre de septiembre de 2019. 2019. 24 de septiembre de 2019. 20 de noviembre de 2019. Consulta de control o de seguimiento por 29 de agosto de 24 de especialista en oncología. 2019. septiembre de 23 de 2019. septiembre de 2019. Hemograma IV (hemoglobina hematocrito 23 de 24 de recuento de eritrocitos índices septiembre de septiembre de eritrocitarios leucograma recuento de 2019. 2019. plaquetas índices plaquetarios y morfología electrónica e histograma) automatizado. Prueba cruzada mayor eritrocitaria en 23 de 24 de tubo; transfusión de la unidad de glóbulos septiembre de septiembre de rojos o eritrocitos; procesamiento de la 2019. 2019. unidad de glóbulos rojos estándar. Hemoclasificación sistema RH [antígeno -- 8 de octubre RH D] en tubo. de 2019. Traslado terrestre básico de pacientes – -- 18 de primario, para atender dos (2) sesiones de noviembre de quimioterapia. Se especifica que la 2019. paciente viaja con acompañante, ida y vuelta, desde su domicilio hasta el Hospital Universitario del Valle. 8 En conclusión, la EPS manifiesta que ha desplegado toda su infraestructura

para el cumplimiento de lo ordenado por los médicos tratantes, motivo por el cual la paciente ha recibido la atención requerida según su diagnóstico. 4.2.3. Con miras a tener mayor conocimiento de las condiciones de afiliación al Sistema de Seguridad Social de la señora Palacios, el Despacho procedió a consultar las bases de datos del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Salud. (i) Conforme a la información arrojada por la “Base de Datos de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud”, se encontró que la señora Natalia Palacios efectivamente se encuentra activa en el régimen subsidiado, y que tiene la calidad de afiliada “cabeza de familia”. Adicionalmente, una vez consultados los datos del Registro Único de Afiliados, se encontró que no existen reportes de afiliación a riesgos laborales ni cesantías. (ii) A partir de la base de datos del Departamento Nacional de Planeación, se pudo constatar que la señora Palacios cuenta con un puntaje Sisben III de 28,69, lo que significa que su condición socioeconómica es apta para ser beneficiaria de todos los programas sociales del Estado para personas que residen en áreas urbanas26. 4.3. Problema jurídico 4.3.1. A partir de las circunstancias que dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela y de la decisión adoptada por el respectivo juez de instancia, esta Corporación debe determinar si, tal como lo reclama la accionante, se configura una violación a sus derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana, como consecuencia de la forma y de los procedimientos adoptados por la EPS Emssanar para otorgar el tratamiento en oncología

ordenado por los médicos tratantes; por el no otorgamiento de la atención integral; y por la falta de reconocimiento permanente de los servicios de transporte, alojamiento y alimentación. 4.3.3. Con el fin de resolver los problemas jurídicos propuestos, la Sala (i) realizará el examen de procedencia de la acción de tutela; (ii) hará una breve síntesis de la jurisprudencia relevante sobre el derecho a la salud; (iii) se pronunciará brevemente sobre la obligación de suministrar los servicios de transporte, alojamiento y alimentación; y (iv) abordará la solución del caso concreto. 4.4. Examen de procedencia de la acción de tutela 4.4.1. En cuanto a la legitimación por activa, el artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que 26 Al respecto, es posible consultar los puntos de corte de los programas sociales definidos por el Departamento Nacional de Planeación. Sobre el particular, remitirse al enlace que se cita a continuación: https://www.sisben.gov.co/Paginas/Noticias/Puntos-de-corte.aspx 9 puede acudir cualquier persona, “por sí misma o por quien actúe en su nombre”, para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En desarrollo del citado mandato, el Decreto 2591 de 1991, en el artículo 10, consagra que la misma podrá ser interpuesta: (i) en forma directa por el interesado; (ii) por intermedio de un representante legal; (iii) mediante apoderado judicial; (iv) o por medio de un agente oficioso. En el caso bajo examen, la señora Natalia Palacios se encuentra legitimada

para interponer la acción de tutela, toda vez que se trata de una persona natural, que actúa a nombre propio y quien afirma estar siendo afectada en sus derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana, como consecuencia de la falta de otorgamiento de los procedimientos médicos ordenados por su médico tratante, así como por el no reconocimiento de los servicios de transporte, alojamiento y alimentación para ella y su acompañante, por parte de la EPS Emssanar. 4.4.2. Respecto de la legitimación por pasiva, el artículo 86 del Texto Superior establece que la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o por el actuar de los particulares, en los casos previstos en la Constitución y en la ley. En este contexto, conforme lo ha reiterado la Corte, esta legitimación exige acreditar dos requisitos. Por una parte, que se trate de uno de los sujetos respecto de los cuales procede el amparo y, por la otra, que la conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho se pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión27. En el asunto sub judice, se encuentra acreditado el requisito de legitimación por pasiva de la EPS Emssanar. En primer lugar, se trata de un particular que presta un servicio público, como lo es el servicio de salud, según se dispone en el artículo 86 de la Constitución y se reafirma en el numeral 2º del artículo 42 del Decreto 2591 de 199128. En segundo lugar, porque la presunta actuación

que se considera lesiva de los derechos fundamentales invocados por la accionante, se relaciona con una supuesta omisión por parte de la entidad accionada en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 4.4.3. Como requisito de procedibilidad de la acción de tutela también se exige que su interposición se haga dentro de un plazo razonable, contabilizado a partir del momento en el que se generó la vulneración o amenaza del derecho fundamental, de manera que el amparo responda a la exigencia 27 Sobre el particular, en la Sentencia T-1001 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería, se expuso que: “la legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante y la acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna improcedente (…)”. 28 El artículo 86 de la Constitución Política señala que: “la ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”. De manera análoga, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: la acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: (…) 2. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud. 10 constitucional de ser un instrumento judicial de aplicación inmediata y urgente (CP art. 86), con miras a asegurar la efectividad concreta y actual del derecho

constitucional que se invoca como comprometido. Este requisito ha sido identificado por la jurisprudencia de la Corte como el principio de inmediatez29. La Sala considera que este requisito se cumple en el asunto bajo examen, toda vez que entre las órdenes médicas en las que se dispuso los procedimientos quirúrgicos reclamados por la accionante30 y la presentación de la acción de tutela31 transcurrió poco más de un mes, plazo que se ajusta perfectamente a las reglas de razonabilidad que explican la procedencia del amparo. 4.4.4. Por último, de conformidad con el artículo 86 de la Carta y el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la procedencia de la acción de tutela también se sujeta al principio de subsidiariedad, el cual, tal y como lo ha expresado la Corte, autoriza su uso en alguna de las siguientes hipótesis: (i) cuando no exista otro medio de defensa judicial que permita resolver el conflicto relacionado con la supuesta vulneración de un derecho fundamental; o cuando, aun existiendo, (ii) dicho mecanismo no resulte eficaz e idóneo para la protección del derecho; o cuando, a pesar de brindar un remedio integral, (iii) resulte necesaria la intervención transitoria del juez de tutela para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. Como supuesto básico en el examen de procedencia, este Tribunal ha objetado la valoración genérica de los medios ordinarios de defensa judicial, pues ha considerado que, en abstracto, cualquier mecanismo puede considerarse eficaz, toda vez que la garantía mínima de todo proceso es el respeto y la protección de los derechos constitucionales. Por esta razón, la

jurisprudencia ha sido clara en afirmar que la eficacia de la acción ordinaria solo puede prodigarse en atención a las características y exigencias propias del caso concreto. En el asunto sub judice, la discusión gira en torno a que, a la fecha de interposición de la acción de tutela, la EPS Emssanar no había dispuesto de las acciones necesarias para la práctica efectiva de los procedimientos quirúrgicos: “histerectomía radical modificada por laparotomía, linfadebectomía radical pélvica vía abierta, y ooforopexia bilateral por laparotomía”. De manera análoga, tampoco había autorizado el suministro de los servicios de transporte, alimentación y alojamiento a la señora Palacios y su acompañante, con miras a que tuviese las garantías necesarias para el pleno desarrollo del tratamiento médico ordenado por el galeno tratante. Finalmente, la actora de igual manera reclama el otorgamiento del tratamiento integral. 29 Sentencias T-1140 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-279 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-832 de 2012, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-719 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-138 de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 30 27 de junio de 2019. 31 06 de agosto de 2019. 11 Al respecto, en materia de salud, la Ley 1949 de 2019, modificatoria de las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, definió que la Superintendencia Nacional de Salud cuenta con facultades jurisdiccionales para conocer y fallar

en derecho sobre asuntos relativos, entre otras cosas, a la cobertura de los servicios, tecnologías en salud o procedimientos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, cuando su negativa por parte de las Entidades Promotoras de Salud o entidades que se les asimilen, ponga en riesgo o amenace la salud del usuario. Ahora bien, como lo ha dispuesto esta Corporación32, a pesar de que el procedimiento judicial ante la Superintendencia Nacional de Salud es el mecanismo principal y prevalente para resolver los asuntos asignados a su competencia, el amparo constitucional procederá cuando, en análisis de la idoneidad y eficacia del mecanismo jurisdiccional, el juez constitucional encuentre que en el caso concreto: “a) existe riesgo para la vida, la salud o la integridad de la persona; b) el afectado se encuentra en condición de vulnerabilidad, debilidad manifiesta o es un sujeto de especial protección constitucional; c) se configura una situación de urgencia que hace indispensable la intervención del juez constitucional; y d) se trata de personas que no pueden acceder a las sedes de la Superintendencia de Salud ni adelantar el procedimiento a través de internet”. Adicionalmente, es preciso advertir que esta Corporación ha tenido noticia de las dificultades administrativas que actualmente