CC - T232-2020

Sentencia T-232/20

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Caso en que se niega entrega de insumos y tecnologías en salud, a adulto en condición de discapacidad y en situación de abandono PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD DEL SERVICIO DE SALUDCubrimiento universal y los deberes de las entidades territoriales FUNDAMENTALIDAD DEL DERECHO A LA SALUD-Principios rectores como oportunidad, eficiencia, calidad, integralidad, continuidad AUSENCIA DE PRESCRIPCION MEDICA Y DERECHO AL DIAGNOSTICO La Corte ha señalado que en los casos en que no existan órdenes o autorizaciones médicas que den cuenta de la necesidad de un determinado servicio o tratamiento médico, pero del análisis de los hechos y de las pruebas recaudadas en el proceso, exista un indicio razonable de afectación a la salud, el juez de tutela podrá disponer a la empresa promotora de salud para que, una vez valorada la situación del paciente, “emita un diagnóstico en el que se determine si un medicamento, servicio o procedimiento es requerido con necesidad, a fin de que sea eventualmente provisto”. DERECHO A LA IGUALDAD Y PROTECCION CONSTITUCIONAL DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Reiteración de jurisprudencia MODELO SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD-El Estado tiene la obligación de remover barreras que impidan la plena inclusión social de las personas en situación de discapacidad DERECHO A LA PERSONALIDAD JURIDICA DE PERSONA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD MENTAL-Persona en estado de abandono, a quien no se le ha expedido cédula de ciudadanía y no puede

acceder a servicios de salud DERECHO A LA PERSONALIDAD JURIDICA DE PERSONA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD-Estado debe garantizar el derecho y derribar las barreras que entorpecen el acceso Este Tribunal ha expuesto que el derecho a la personalidad jurídica, íntimamente ligado con la nacionalidad, “se debe entender como el vínculo legal que une al Estado con un individuo y que significa su existencia jurídica y el disfrute de sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, así como la delimitación de las responsabilidades políticas, sociales y económicas, tanto del Estado, como de la persona”. De ahí que el documento de identidad tenga la virtualidad de permitir el acceso a determinados servicios, como la afiliación de un usuario al sistema de salud.

DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD FRENTE A SUJETOS

DE ESPECIAL PROTECCION-Reiteración de jurisprudencia DERECHO A LA PERSONALIDAD JURIDICA DE PERSONA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD-Orden a Registraduría Nacional asignar número único de identificación personal a la accionante, seguidamente, tramitar la expedición y entrega de cédula correspondiente DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD FRENTE A SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION-Obligación del Estado de garantizar la prestación del servicio de salud a personas en situación de discapacidad DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD DE PERSONA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD-Orden a la Alcaldía Municipal, gestionar afiliación de la accionante a una EPS del régimen subsidiado

DERECHO A LA PERSONALIDAD JURIDICA, A LA SALUD Y A

LA DIGNIDAD HUMANA DE ADULTO EN CONDICION DE

DISCAPACIDAD Y EN SITUACION DE ABANDONO-Orden a la Defensoría realizar acompañamiento para que agenciada pueda acceder a servicios y tratamientos en salud que requiera

Referencia: Expediente T-7.671.770

Asunto: Acción de tutela instaurada por la señora Valentina Durán Montealegre, en calidad de agente oficiosa de la señora

Mariluz Bonilla, contra Saludvida EPS.

Magistrado ponente:

LUIS GUILLERMO GUERRERO

PÉREZ Bogotá DC, ocho (8) de julio de dos mil veinte (2020) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, y 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente:

SENTENCIA

2 En el proceso de revisión del fallo de tutela proferido el 29 de julio de 2019 por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Ibagué, Tolima, dentro de la acción de amparo constitucional presentada por la señora Valentina Durán Montealegre, en calidad de agente oficiosa de la señora Mariluz Bonilla, contra Saludvida EPS.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos relevantes Los hechos que dieron lugar a la interposición de la acción de tutela fueron los siguientes: 1.1.1. La señora Mariluz Bonilla es una mujer de aproximadamente 48 años de

edad, que padece de síndrome de Down, no cuenta con documento de identidad y carece de recursos económicos1. Desde el 8 de noviembre de 1992 se encuentra albergada en la Fundación Ciudadela Divino Niño2 de la ciudad de Ibagué, Tolima, pues, a partir de esa fecha, fue abandonada por sus familiares. 1.1.2. El 10 de junio de 2019 la señora Valentina Durán Montealegre, estudiante de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos e Interés Público de la Universidad de Ibagué, y en calidad de agente oficiosa, elevó una petición a Saludvida EPS con el ánimo de que dicha entidad protegiera los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de la señora Mariluz Bonilla3. Al respecto, expuso que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio; que el Estado está en la obligación de adelantar políticas para los disminuidos físicos, sensoriales y físicos; y que, como lo ha reiterado la Corte Constitucional, los servicios de salud deben prestarse sin ningún tipo de obstáculo burocrático o administrativo4. Conforme a lo anterior, y habida cuenta de que el personal de la Fundación juzgó conveniente que a la agenciada se le otorgaran servicios y elementos médicos acordes con su condición de discapacidad, la señora Valentina Durán Montealegre solicitó a Saludvida EPS lo siguiente: i) un mínimo de 84 pañales, pañitos húmedos y crema antipañalitis al mes; ii) terapia física y ocupacional, con el fin de evitar el detrimento de la reducida movilidad de la

paciente; iii) asistencia médica domiciliaria, por lo menos una vez al mes, para poder llevar control del estado de salud de la señora Bonilla; y, iv) servicio de transporte en ambulancia hasta las instalaciones de Saludvida EPS o al lugar donde deban llevarse a cabo las terapias5. 1.1.3. Sin embargo, al momento de la presentación de la acción de tutela su solicitud no había sido resuelta. 1 Folio 10 del cuaderno principal. 2 Folio 18 del cuaderno principal. 3 Folios 10 al 16 del cuaderno principal. 4 Folios 12 al 15 del cuaderno principal. 5 Folios 10 y 11 del cuaderno principal. 3 1.2. Petición de amparo constitucional En razón a que para el día 17 de julio de 2019 la EPS no había brindado oportuna respuesta a la petición, la señora Valentina Durán Montealegre, en calidad de agente oficiosa de la señora Mariluz Bonilla, interpuso acción de tutela contra Saludvida EPS6 con el ánimo de solicitar al juez constitucional: (1) que tutelara los derechos fundamentales de petición, debido proceso, salud y dignidad humana de la señora Mariluz Bonilla; y (2) que, como consecuencia de lo anterior, se ordenara a Saludvida EPS contestar la petición formulada y acceder a los servicios y suministros solicitados. 1.3. Contestación de las entidades accionadas y vinculadas. 1.3.1. Contestación de Saludvida EPS. La EPS Saludvida expresó que, de acuerdo a los datos de afiliación al Sistema de Seguridad Social, se identificó que la usuaria Mariluz Bonilla

efectivamente estuvo afiliada a la EPS en el régimen subsidiado. Sin embargo, para la fecha en que se contesta la acción7, la señora figura como “retirada” desde el 30 de diciembre de 2012. Por estos motivos, argumentó la entidad que es imposible dar cumplimiento a las pretensiones de la agente oficiosa, ya que la paciente no tiene ningún vínculo con la EPS, por lo que se configura falta de legitimidad por pasiva. En razón de lo anterior, la entidad accionada alegó que la acción de tutela debe ser declarada improcedente, toda vez que en el presente asunto no existe una orden médica que indique la pertinencia de manejo intrahospitalario, así como tampoco se observa que Saludvida EPS haya podido poner en peligro los derechos fundamentales a la salud, dignidad humana y seguridad social de la accionante. 1.3.2. Contestación Secretaría de Salud Departamental del Tolima La Secretaría de Salud Departamental del Tolima contestó la acción de tutela en los siguientes términos: Manifestó que en el presente asunto debe integrarse el litisconsorcio necesario, a saber, i) al ente municipal: por cuanto es el competente para realizar los respectivos listados censales; ii) a planeación municipal: quienes deberán aplicar la respectiva encuesta SISBEN; iii) al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, regional Tolima: con el fin de que cobije con medida de protección a la señora con discapacidad mental a la luz de la Ley 1306 de 2009; y iv) a la Registraduría Nacional del Estado Civil: con el objeto de que se adelante el procedimiento necesario para que Mariluz Bonilla pueda 6 Folios 1 al 9 del cuaderno principal.

7 La contestación de la acción de tutela fue allegada el 22 de julio de 2019 (folio 28 del cuaderno principal). 4 acceder a su derecho fundamental a una identidad, en razón a que no cuenta con cédula de ciudadanía. Por lo anterior, solicitó a la autoridad judicial que decretara la nulidad de todo lo actuado por falta de conformación del litisconsorcio necesario, o en su defecto, que no se imputara responsabilidad a la Secretaría de Salud del Tolima, pues no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante.

II. SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN 2.1. Primera Instancia En providencia del 29 de Julio de 2019, el Juzgado Décimo Civil Municipal de Ibagué, Tolima, resolvió conceder el amparo constitucional al derecho fundamental de petición de Valentina Durán Montealegre, en calidad de agente oficiosa de la señora Mariluz Bonilla, y, en consecuencia, ordenó a Saludvida EPS que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de la providencia, emitiera respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a cada una de las solicitudes realizadas por la accionante.

Sustentó la anterior decisión en el hecho de que en el proceso no se acreditó por ningún medio que la entidad accionada hubiese dado respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a lo solicitado por la accionante, vulnerando así el artículo 23 de la Carta Política y la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia. 2.2. En este proceso no se surtió segunda instancia.

III. PRUEBAS

3.1. En el expediente obran las siguientes pruebas relevantes: - Copia de la petición radicada, el 10 de junio de 2019, en Saludvida EPS por la señora Valentina Durán Montealegre, en calidad de agente oficiosa de la señora Mariluz Bonilla8. - Copia del carné de afiliación de la señora Mariluz Bonilla a Saludvida EPS – régimen subsidiado–9. - Certificado suscrito por la señora Gloria Herrán Herrera, Directora de la Fundación Ciudadela Divino Niño, en la que se acredita que la señora Mariluz Bonilla se encuentra albergada en dicha institución desde el 8 de noviembre de 1992, y que carece de recursos económicos propios10. 8 Folio 10 del cuaderno principal. 9 Folio 17 del cuaderno principal. 10 Folio 18 del cuaderno principal. 5 - Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Valentina Durán Montealegre11. - Copia de la huella dactilar de la señora Mariluz Bonilla12.

IV. CONSIDERACIONES 4.1. Competencia Esta Sala es competente para revisar la decisión proferida en la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política. El expediente fue seleccionado mediante Auto del 19 de noviembre de 2019 proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Once. 4.2. Trámite surtido en sede de revisión 4.2.1. Mediante Auto 002 del 15 de enero de 2020, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional consideró pertinente integrar la causa

pasiva con todas aquellas entidades cuyo concurso era necesario para establecer la presunta amenaza o violación de los derechos fundamentales. De igual forma, encontró oportuno contar con información adicional relacionada con las circunstancias fácticas que rodearon el asunto sub judice, especialmente, respecto de las condiciones de salud y representación de la señora Mariluz Bonilla. Así las cosas, la Sala ordenó vincular a la Alcaldía Municipal de Ibagué, con el ánimo de que informara si, a la fecha, había adelantado algún tipo de actuación encaminada a la inscripción de la señora Bonilla en una de las EPS del municipio. Igualmente, dispuso vincular a la Registraduría Nacional del Estado Civil a fin de que informara si la señora en cita contaba con cédula de ciudadanía o con algún otro documento de identificación. Por otra parte, solicitó a Saludvida EPS que: (i) se pronunciara sobre las actuaciones realizadas para dar cumplimiento al fallo de tutela de primera instancia; (ii) informara las razones por las cuales la señora Bonilla había sido desafiliada de la entidad; y (iii) allegara la documentación pertinente referida a la historia clínica, diagnóstico y servicios otorgados a la tutelante. De manera análoga, pidió a la señora Valentina Durán Montealegre que remitiera copia de las autorizaciones u órdenes médicas que soportan las solicitudes consignadas en el escrito de tutela. Por último, instó a la Fundación Ciudadela Divino Niño a que confirmara: (i) si la accionante había sido abandonada en dicha institución desde el año de 1992; (ii) si ha recibido

tratamientos médicos por parte de la entidad accionada; y (iii) si actualmente cuenta con una persona de apoyo o un defensor personal que la represente. 11 Folio 19 del cuaderno principal. 12 Folio 21 del cuaderno principal. 6 4.2.2. Informe de Valentina Durán Montealegre En informe rendido el 23 de enero de 202013, la señora Valentina Duran Montealegre puso de manifiesto que, una vez entablada comunicación con la Fundación Ciudadela Divino Niño, se logró determinar que no existen ordenes o autorizaciones que soporten los servicios médicos solicitados en el escrito de tutela. En realidad, dichas solicitudes emanaron de las necesidades expresamente formuladas por el personal de la fundación, así como de las recomendaciones hechas por un médico internista que, según se enuncia en el informe, atiende por caridad a las personas albergadas en el hogar. En todo caso, la agente oficiosa insistió en que la señora Mariluz Bonilla requiere de atención médica especializada, toda vez que las personas con síndrome de Down cuentan con una alteración genética que afecta el desarrollo de su cerebro y de su organismo, de suerte que sin el respectivo control médico o sin las terapias apropiadas su movilidad puede verse reducida, al punto de no poderse valer por sí misma. 4.2.3. Informe de la Fundación Ciudadela Divino Niño En informe rendido el 24 de enero de 202014, la Directora de la Fundación Ciudadela Divino Niño confirmó que la señora Mariluz Bonilla fue abandonada el 7 de noviembre de 1992 en el atrio de la Iglesia San Martin de

Porres, y dado que la iglesia no podía hacerse cargo de su cuidado, la entregó a la Fundación el 8 de noviembre de ese mismo año, fecha desde la cual se encuentra albergada en dicha institución. De otra parte, la Directora sostuvo que la señora Mariluz Bonilla fue afiliada a Saludvida EPS desde el 14 de julio de 2006, y que, hasta el día de hoy, no tenían conocimiento de que se encontraba desafiliada desde el 30 de diciembre de 2012. Igualmente, señaló que la atención médica de la señora ha estado en cabeza de los galenos que gratuitamente visitan la Fundación, de manera que la señora Bonilla no ha recibido ningún tratamiento de parte de la precitada EPS. Finalmente, manifestó que la Fundación inició el trámite ante la Registraduría Nacional del Estado Civil con el ánimo de que la señora Bonilla pudiese contar con su respectivo documento de identidad. En todo caso, hasta el momento solo se cuenta con la valoración médica proferida por el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la cual se determinó que la edad de la señora oscila entre los 40 y 50 años15. 4.2.4. Informe de la Alcaldía Municipal de Ibagué, Tolima 13 Folio 32 del cuaderno de revisión. 14 Folio 34 del cuaderno de revisión. 15 Mediante comunicación telefónica con la Fundación Ciudadela Divino Niño, el Despacho tuvo conocimiento de que el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses no logró determinar con exactitud la edad de la señora Bonilla. No obstante, el dictamen médico arrojó que, conforme al análisis

morfológico (y de acuerdo a sus rasgos faciales y físicos) su edad tendría que oscilar entre los 40 y 50 años. 7 En informe rendido el 27 de enero de 202016, la Alcaldía Municipal de Ibagué estableció que, una vez revisado el sistema de control de procesos judiciales, disciplinarios y contratos de la entidad (SOFTCON), no se encontró solicitud alguna de parte de la señora Mariluz Bonilla, o de su agente oficiosa, en la que se solicitara algún tipo de servicio a la administración municipal. Por esta razón, la representante de la Alcaldía concluyó que no hay manera de determinar la responsabilidad del municipio en el quebrantamiento de los derechos de la actora, pues no existe nexo de causalidad entre la acción de tutela y la omisión, acción o amenaza de los derechos fundamentales. En ese orden de ideas, como quiera que la entidad territorial no ha vulnerado derecho fundamental alguno, solicitó exonerar de cualquier responsabilidad al señor alcalde de Ibagué, por configurarse el fenómeno de la falta de legitimación por pasiva. 4.2.5. Informe de la Registraduría Nacional del Estado Civil En informe rendido el 27 de enero de 202017, la Registraduría Nacional del Estado Civil expuso que mediante el Decreto 1010 de 2000 se estableció que la preparación, validación, producción y envío de las cédulas de ciudadanía corresponde al Delegado para el Registro Civil y la Identificación y al Director Nacional de Identificación. Por otra parte, señaló que una vez consultado el Archivo Nacional de Identificación (ANI), el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos (GED) y el Archivo Temporal (MTR) se encontraron cinco registros ligados al

nombre “Mariluz Bonilla”, los cuales fueron anexados al respectivo informe18. En todo caso, la entidad no logró determinar con precisión si efectivamente la señora Bonilla cuenta con un documento que la identifique. 4.2.6. Saludvida EPS no allegó informe en el término prescrito. 4.2.7. Intervención de la Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo En escrito allegado el 6 de febrero de 202019, la Defensora Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo presentó concepto técnico amicus curiae sobre el proceso de tutela de la referencia. Al respecto, una vez realizado una síntesis de los hechos relevantes, presentado el problema jurídico a resolver, y planteado algunas reglas constitucionales, legales y jurisprudenciales sobre el derecho a la salud y a la personalidad jurídica de las personas con discapacidad, procedió a referirse al caso concreto. 16 Folio 46 del cuaderno de revisión. 17 Folio 105 del cuaderno de revisión. 18 Folio 106 del cuaderno de revisión. 19 Folio 120 del cuaderno de revisión. 8 Frente a esto último, la Delegada sugirió que era necesario ordenar a la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES), en conjunto con Saludvida EPS, la actualización del estado de afiliación de la señora Bonilla. De igual forma, manifestó que si bien la agente oficiosa no allegó prescripción médica de los servicios solicitados, la situación de discapacidad de la agenciada es un elemento que le permite al juez constitucional prescindir de esta exigencia para ordenar elementos que están expresamente excluidos

del PBS, máxime cuando existen médicos externos que conocen el estado de salud de la paciente y determinaron la necesidad de los mismos. En ese sentido, la Delegada considera pertinente que la Sala de Revisión ordene a Saludvida EPS: (i) suministrar los insumos y servicios contenidos en el escrito de tutela, y (ii) realizar un examen médico dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la sentencia, con el fin de garantizar el derecho al diagnóstico. Por otra parte, resaltó la importancia de ordenar a la Registraduría Nacional del Estado Civil que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, se asigne número único de identificación personal a la agenciada y, seguidamente, se realice el proceso de identificación correspondiente. Finalmente, solicitó que se exhortara a las organizaciones sin ánimo de lucro de personas con discapacidad a que, en virtud de los deberes de la sociedad establecidos en la Ley Estatutaria 1618 de 2013, (1) gestionen la atención en salud de las personas con discapacidad a su cuidado, de modo que las EPS a las cuales se encuentran afiliados presten y suministren los elementos y servicios requeridos; y (2) gestionen la expedición del documento de identidad de las personas con discapacidad a su cargo cuando no porten uno, a través de la Oficina de Atención Preferencial para personas con discapacidad (OPADI) de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 4.3. Delimitación del caso y planteamiento del problema jurídico Con base en la situación fáctica planteada, se tiene que la señora Valentina Durán Montealegre, en calidad de agente oficiosa de la señora Mariluz

Bonilla, interpuso acción de tutela contra Saludvida EPS, como quiera que dicha entidad: (1) no brindó oportuna respuesta a la petición elevada el 10 de junio de 2019; y (2) tampoco accedió a los servicios y suministros médicos solicitados. Así las cosas, de conformidad con la solicitud de amparo constitucional, el juez de primera instancia resolvió tutelar el derecho fundamental de petición de la señora Bonilla y ordenó a la EPS accionada que brindara oportuna respuesta al requerimiento elevado por la agente oficiosa. Ahora bien, aun cuando el juez de primera instancia amparó el derecho fundamental referido, la Sala encuentra que, en sede de revisión, se debe ampliar la delimitación del caso y los problemas jurídicos a resolver, pues la situación fáctica en la que se encuentra la señora Mariluz Bonilla amerita un pronunciamiento integral sobre la posible afectación de sus derechos fundamentales, como quiera que, a lo largo del proceso, quedó demostrado que la agenciada: (1) es un sujeto de especial protección constitucional en razón a su condición de discapacidad; (2) no cuenta con documento de 9 identidad; (3) fue desvinculada de la Saludvida EPS desde el año 2012; y, (4) a la fecha, no ha tenido la posibilidad de acceder a servicios y atención médica especializada. En ese sentido, a partir de las circunstancias aludidas, esta Corporación está llamada a determinar si se configura una violación de los derechos fundamentales a la personalidad jurídica, a la salud y a la dignidad humana de

la señora Mariluz Bonilla, en razón a que: (i) no cuenta con cédula de ciudadanía ni con un documento que la identifique; (ii) se encuentra desafiliada del Sistema General de Seguridad Social en Salud; y, (iii) como consecuencia de lo anterior, está en la imposibilidad de acceder a tratamientos y servicios médicos especializados, de conformidad con su condición de discapacidad. Con el fin de resolver los problemas jurídicos propuestos, la Sala (i) realizará el examen de procedencia de la acción de tutela; (ii) se referirá sucintamente a los principios de universalidad, continuidad, oportunidad e integralidad en materia del derecho fundamental a la salud; (iii) se pronunciará brevemente sobre los derechos de las personas con discapacidad como sujetos de especial protección constitucional del Estado y la sociedad; y (iv) abordará la solución del caso concreto. 4.4. Examen de procedencia de la acción de tutela En cuanto a la legitimación por activa, el artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona, “por sí misma o por quien actúe en su nombre”, para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En desarrollo del citado mandato, el Decreto 2591 de 1991, en el artículo 10, define a los titulares de esta acción20, al consagrar que la misma podrá ser interpuesta, entre otros, por medio de un agente oficioso. En relación con este escenario, la jurisprudencia ha indicado que deben verificarse los siguientes presupuestos: (i) la manifestación del agente oficioso en el sentido de actuar como tal; y (ii) la circunstancia real de que el titular del

derecho fundamental no esté en condiciones físicas o mentales para promover su propia defensa, sea que figure expresamente en el escrito de tutela o pueda inferirse de él21. En el caso concreto, la Sala observa que se cumplen los requisitos mencionados, pues la señora Valentina Durán Montealegre, estudiante de la 20 Cabe poner de presente que la jurisprudencia constitucional se ha encargado de puntualizar, en relación con la figura de la acción de tutela, que si bien es cierto que la informalidad es una de sus notas características, cuyo fundamento justamente reside en la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, ello no es óbice para que la misma se someta a unos requisitos mínimos de procedibilidad, dentro de los cuales se encuentra el concerniente a la debida acreditación de la legitimación por activa –o la titularidad– para promover el recurso de amparo constitucional. Sobre el particular, entre otras, se puede consultar la Sentencia T-493 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 21 Sentencias T-667 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-1075 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-922A de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos; y T-144 de 2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 10 Clínica Jurídica de Derechos Humanos e Interés Público de la Universidad de Ibagué, indica claramente en el escrito de tutela que actúa “en calidad de agente oficiosa”22 y, además, pone de presente la situación de la señora Mariluz Bonilla, quien no puede solicitar directamente la protección de sus derechos en razón a que es una mujer con síndrome de Down.

Respecto de la legitimación por pasiva, el artículo 86 del Texto Superior establece que la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o por el actuar de los particulares, en los casos previstos en la Constitución y en la ley. En este contexto, conforme lo ha reiterado la Corte, esta legitimación exige acreditar dos requisitos. Por una parte, que se trate de uno de los sujetos respecto de los cuales procede el amparo y, por la otra, que la conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho se pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión23. En el asunto sub judice, se encuentra acreditado el requisito de legitimación por pasiva de Saludvida EPS. En primer lugar, se trata de un particular que presta un servicio público, como lo es el servicio de salud, según se dispone en el artículo 86 de la Constitución y se reafirma en el numeral segundo del artículo 42 del decreto 2591 de 199124. En segundo lugar, porque la presunta actuación que se considera lesiva de los derechos fundamentales invocados por la accionante se relaciona con una supuesta omisión por parte de la entidad accionada y se vincula con el cumplimiento del objeto social a su cargo. Ahora bien, a pesar de que Saludvida EPS fue la entidad destinataria de la solicitud de amparo impetrada por la agente oficiosa, en razón a las circunstancias fácticas que rodean el caso, la Sala consideró necesario integrar la causa pasiva con aquellas entidades cuyo concurso era indispensable para indagar en la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la

accionante, habida cuenta de que dichas afectaciones, en principio, no se reducen a la acción u omisión de la entidad accionada25. 22 Folio 1 del cuaderno principal. 23 Sobre el particular, en la Sentencia T-1001 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería, se expuso que: “la legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante y la acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna improcedente (…)”. 24 El artículo 86 de la Constitución Política señala que: “la ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”. De manera análoga, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: la acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: (…) 2. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud. 25 La Corte Constitucional ha reiterado que el principio de informalidad adquiere marcada relevancia a la hora de integrar el legítimo contradictorio, toda vez que, en ciertos eventos, el demandante no integra la causa pasiva con todas aquellas entidades cuyo concurso es necesario para establecer la presunta amenaza o violación de los derechos alegados. En estos casos, es deber del juez constitucional proceder a su vinculación oficiosa a fin de garantizarles su derecho a la defensa y, en ese contexto, permitirle a la autoridad establecer el

grado de responsabilidad que le pueda asistir en los hechos que son materia de controversia. Al respecto, remitirse al Auto 245 de 2007, M.P. Jaime Araujo Rente