CC - T233-2020

Sentencia T-233/20

ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR CANCELACION DE REGISTRO CIVIL-Improcedencia por existir otro medio de defensa judicial y no acreditar perjuicio irremediable No se cumple con el requisito de subsidiariedad, por los siguientes motivos: (a) existen medios judiciales que permiten obtener lo ahora pretendido; (b); la complejidad probatoria del caso sobrepasa las facultades propias de un juez constitucional, teniendo en cuenta el carácter sumario de la acción de amparo y (c) no se acredita la urgencia o la amenaza de un perjuicio irremediable, ni la falta de idoneidad del mecanismo existente.

Referencia: Expedientes T-7.555.509 y T7.488.508

Asunto: Acciones de tutela presentadas por

Robinson Neira Escobar –Personero Municipal– en representación de Ana María Manugama Baniama y Andrés Felipe Leal Sánchez, en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Magistrado Ponente:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Bogotá D.C., ocho de julio de dos mil veinte (2020). La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA

En el proceso de revisión de los fallos de tutela adoptados por el Juzgado Promiscuo de Familia de Anserma –Caldas– y la Sala de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, correspondiente al trámite de la acción de amparo constitucional presentada por la Personería Municipal de San José –Caldas– en representación de la señora Ana María Manugama Baniama en contra de Registraduría Nacional del Estado Civil (expediente T-7.488.508) y los fallos adoptados por el Juzgado Tercero Laboral del Distrito Judicial de Cartagena de Indias y la Sala Laboral de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena correspondiente al trámite de la acción de amparo constitucional presentada por el señor Andrés Felipe Leal Sánchez en contra de Registraduría Nacional del Estado Civil (expediente T-7.555.509).

I. ANTECEDENTES

1. Hechos relevantes

1.1.1 Expediente T-7.488.508 (i) El señor Robinson Neira Escobar, actuando en su calidad de Personero Municipal de San José –Caldas–, interpone la acción de amparo en representación de Ana María Manugama Baniama, al considerar que la Registraduría Nacional del Estado Civil lesionó los derechos fundamentales al nombre, a la personalidad jurídica y al debido proceso de la accionante; lo anterior con fundamento en la negativa de la entidad de cancelar uno de los registros civiles con los que cuenta, impidiendo con ello la obtención de la cédula de ciudadanía correspondiente. (ii) La señora Ana María Manugama Baniama, quien manifiesta pertenecer a la comunidad indígena de Cebedé del municipio de Bagadó –Chocó–, cuenta con dos

registros civiles de nacimiento, los cuales presentan la siguiente información: Registro ante la Registraduría de Registro ante la Registraduría de Bagadó –Chocó– Pueblo Rico –Risaralda– Serial: 36.740.215 Serial: 53.510.049

NUIP: 1.078.178.180 NUIP: 1.093.538.687

Nombre y apellidos: Ana María Nombre y apellidos: Adriana Manugama Baniama Baniama Queragama Fecha de nacimiento: 4 de enero de Fecha de nacimiento: 5 de agosto de

1997 1995

Nombres de los padres: Mariana Nombres de los padre: Marina Baniama Queragama y Alfonso Baniama Queragama y sin registro Manugama Cheche del padre.

Fecha de Inscripción: 3 de junio de Fecha de inscripción: 3 de octubre de

2003 2014 (iii) La accionante fue objeto de medida de protección por parte de del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el año 2012, ubicándola en un medio institucional del 18 de julio hasta el 17 de agosto de dicho año, siendo posteriormente reintegrada al núcleo familiar1. (iv) Expone el Personero Municipal que el desconocimiento de las normas que regulan el estado civil por parte de la comunidad indígena y el cambio presentado en la custodia fueron los factores que llevaron a que la accionante fuera registrada en más de una ocasión. 1 Como consta en el folio 13 del cuaderno principal del expediente T-7.488.508. 2 (iv) El 20 de febrero de 2011 se expidió una tarjeta de identidad a nombre de Ana

María Manugama Baniama, con el NUIP 1.078.178.180, esta actuación se adelantó ante la Registraduría Municipal de Bagadó2. (v) El 7 de octubre de 2014 la accionante inició los trámites tendientes a obtener la cédula de ciudadanía, ante la Registraduría de Pueblo Rico –Risaralda–; en el curso de este procedimiento la entidad accionada encontró que “las impresiones dactilares contenidas en la renovación de tarjeta de identidad 1.078.178.180, solicitada el 20 de febrero de 2011, en Bagadó –Chocó–, a nombre de Ana María Manugama Baniama, información biográfica vinculada con registro civil de nacimiento serial 36.740.215, corresponden por morfología y puntos característicos a las impresiones dactilares contenidas en la solicitud de expedición de cédula de ciudadanía 1.093.538.687, a nombre de Adriana Baniama Queregama”. Por lo anterior, el trámite fue rechazado por la existencia de duplicidad en el NUIP3, ya que el 3 de octubre de 2014 se inscribió el registro civil de nacimiento con número NUIP 1.093.538.687 y cuatro días después se solicitó con dicho registro la expedición de la cédula de ciudadanía, pero con tres años de anterioridad se le había expedido a la accionante la tarjeta de identidad con base en el registro con NUIP 1.078.178.180. (vi) Posteriormente, el 1º de marzo de 2019, la señora Ana María Manugama Baniama solicitó a la entidad accionada que se cancelara el registro civil de

nacimiento con NUIP 1.093.538.687, es decir aquel con el que se había solicitado en 2014 la expedición de la cédula, recibiendo como respuesta que, como quiera que los datos de nombres, apellidos y fecha de nacimiento no coinciden entre los registros civiles, era necesario iniciar un proceso ante los jueces de familia a quienes la Ley 1564 de 2012, en su artículo 22, les asigna competencia para estos asuntos4. (vii) El Personero Municipal de San José –Caldas– consideró que la negativa por parte de la entidad accionada desconocen los precedentes jurisprudenciales fijados en las sentencias T-232 de 20185 y T-023 de 20166 1.1.2. Solicitud de amparo constitucional Con fundamento en los hechos descritos, el Personero Municipal de San José interpuso la acción de amparo buscando la protección de los derechos al nombre, a la personalidad jurídica y al debido proceso de Ana María Manugama Baniama y que, en consecuencia, se ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil que proceda a: (a) realizar la cancelación del segundo registro civil correspondiente al NUIP 1.093.538.687; y (b) expedir la cédula de ciudadanía con fundamento en el registro civil con NUIP 1.078.178.1807. 2 Folios 6 a 8 del cuaderno principal del expediente T-7.488.508. 3 Folio 25 del cuaderno principal del expediente T-7.488.508. 4 Folios 15 a 17 del cuaderno principal del expediente T-7.488.508. 5 M.P. Diana Fajardo Rivera.

6 M.P. María Victoria Calle Correa. 7 Folio 4 del cuaderno principal del expediente T-7.488.508 3 1.1.3. Respuesta de la entidad accionada Mediante escrito, del 30 de abril de 2019, la apoderada de la Registraduría Nacional del Estado Civil dio respuesta a la acción de amparo señalando que, según el numeral sexto del artículo 18 del Código General del Proceso8, es necesario acudir ante el juez ordinario y adelantar un proceso para establecer la verdadera identidad y fecha de nacimiento de la accionante. Esto, en la medida en que los dos registros no presentan datos idénticos y, por consiguiente, la Registraduría Nacional del Estado Civil no puede anular alguno de ellos sin una orden judicial. 1.2.1. Expediente T-7.555.509 (i) El señor Andrés Felipe Leal Sánchez interpone la acción de amparo, al considerar que la Registraduría Nacional del Estado Civil lesiona sus derechos fundamentales al nombre, a la personalidad jurídica, al debido proceso, a la igualdad y al trabajo; lo anterior, con fundamento en la negativa de la entidad demandada de cancelar dos de los tres registros civiles con los que cuenta, impidiendo con ello la obtención de la cédula de ciudadanía correspondiente. (ii) El nacimiento del actor fue registrado ante la Notaría Primera del Círculo de Cartagena por el señor Camilo Leal Mejía, quien aparece como el padre del accionante. (iii) Afirma el actor que años después, sin especificar la fecha, acudió ante la Notaría Primera del Círculo de Cartagena a solicitar copia de su registro de nacimiento y que fue en ese momento que se enteró que existía una triple

inscripción de su nacimiento. (iv) Así pues, se encuentra que el actor cuenta con los siguientes registros civiles de nacimiento: Registro ante la Notaría Registro ante la Notaría Registro ante la Notaría Primera de Cartagena Quinta de Cartagena Sexta de Cartagena Serial: 20.311.223 Serial: 52.930.6219 Serial: 28.746.091

NUIP: 1.143.369.589 NUIP: 1.201.233.008 NUIP: No obra Nombres y apellidos: Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:

Andrés Felipe Leal Andrés Felipe Andrés José González Sánchez. Anderson Sánchez. Sánchez.

Fecha de nacimiento: 7 Fecha de nacimiento: 7 Fecha de nacimiento: 7 de agosto de 1993. de agosto de 1994. de agosto de 1993.

Nombres de los padres: Nombres de los padres: Nombres de los padres: 8 Al definir la competencia de los jueces civiles municipales, el artículo señala que, entre otros, los mismos conocerán en primera instancia de “la corrección, sustitución o adición de partidas de estado civil o de nombre o anotación del seudónimo en actas o folios del registro de aquel, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios”. 9 Es importante señalar que en este registro civil de nacimiento se encuentra una anotación, la cual dice: “15.ENE.2013 – Serial reemplaza a – 0052930303 – 3.ENE.2013. por reconocimiento de paternidad, mediante acta ante la Comisaria de Familia de Cartagena. 28 de septiembre de 2009. Folio 6 del cuaderno principal del expediente

T-7.555.509. 4 Saida Sánchez Saida Sánchez Saida Sánchez

Cárdenas y Camilo Leal Cárdenas y Steven Cárdenas y José Luis Mejía. Patrick Anderson Ford González Cárdenas. 10

Fecha de registro: 14 de Fecha de registro: 15 de Fecha de registro: 19 de septiembre de 1993 enero de 2013. febrero de 1999.

(v) Ante la existencia de tres registros civiles de nacimiento, el actor presentó una petición ante la Registraduría Nacional del Estado Civil11, en la cual solicitó la anulación de los registros civiles de nacimiento con seriales 52.930.621 y 28.746.091 y, en consecuencia, la expedición de la cédula de ciudadanía con base en el registro civil de nacimiento con serial 20.311.223. Posteriormente, el 17 de abril de 2019, la Registraduría respondió a la petición señalando que al existir datos diferentes entre los registros se debe adelantar un proceso de jurisdicción voluntaria para que la autoridad competente determine le veracidad de los mismos y proceda a cancelar los otros dos. (vi) Así mismo, a través de apoderado judicial, el actor acudió ante el Juzgado Primero de Familia de Cartagena para adelantar el proceso para cancelar los registros civiles de nacimiento correspondientes. Dicha demanda fue inadmitida el 14 de marzo de 2019, señalando que la narración de los hechos y pretensiones de la demanda no eran claros, concediendose cinco días para subsanar los defectos de los que adolecía la demanda. En el expediente no se evidencia la subsanación de la demanda12. 1.2.2. Solicitud de amparo constitucional Con fundamento en los hechos descritos, el señor Andrés Felipe Leal Mejía

interpuso la acción de amparo buscando la protección de sus derechos al nombre, a la personalidad jurídica y al debido proceso y que, en consecuencia, se ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil: (a) realizar la cancelación de los registros con seriales 52.930.621 y 28.746.091; y (b) expedir la cédula de ciudadanía con fundamento en el registro con serial 20.311.223. 1.2.3. Respuesta de las entidades accionadas El Juzgado Tercero Laboral del Distrito Judicial de Cartagena vinculó a la presente acción de amparo a las Notarías Primera, Quinta y Sexta de Cartagena, y concedió un plazo de tres días hábiles para que rindieran informe sobre los hechos13. 10 Quien, acorde al registro civil de nacimiento, cuenta con nacionalidad de Panamá. Folio 6 del cuaderno principal del expediente T-7.555.509. 11 El 15 de abril de 2019. 12 Al respecto, el Juzgado Primero de Familia de Cartagena señaló que: “se observa que fue presentada demanda de CANCELACIÓN DE REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO, instaurada por el joven ANDRÉS FELIPE LEAL SÁNCHEZ, la cual revisada, se constata que en la narración de los hechos y pretensiones de la demanda no existe plena claridad, toda vez que de acuerdo con estas últimas, se estaría entrando a modificar el estado civil del demandante al cambiar completamente sus apellidos paternos, lo que podría desembocar en una acción de impugnación e investigación de la paternidad. Aunado a lo anterior y no menos importante, de los tres registros, existe el reconocimiento de paternidad en dos de ellos, por lo que en dado caso, no sería este proceso pertinente

para resolver dicha problemática”. Folio 11 del cuaderno principal del expediente T-7.555.509. 13 Folio 26 del cuaderno principal del expediente T-7.555.509. 5 - El 25 de mayo de 2019, la Notaría Quinta de Cartagena allegó escrito en el que: (a) confirmó que ante dicha notaría se encuentra inscrito el accionante, que en un principio fue distinguido con el serial 52.930.303, registrado el 3 de enero de 2013; y (b) en virtud de una orden impartida por la Comisaría de Familia de la localidad Histórica y Caribe Norte –Casa de Justicia Country–, y ante el reconocimiento de paternidad por parte de Steven Patrick Anderson Ford, se sustituyó el registro el 15 de enero de 2013, siendo asignado como nuevo serial el 52.530.62114. - La Notaría Sexta de Cartagena allegó un escrito en el que expone que: (a) efectivamente existe un registro ante dicha notaría que data del 19 de febrero de 1999 en la que aparece como padre del ahora accionante el señor José Luis González Cárdenas, registro que se adelantó con un certificado de nacido vivo donde se evidencia que su nacimiento ocurrió en el E.SE. Clínica de Maternidad Rafael Calvo; (b) aparentemente existen varios reconocimientos paternos de diferentes padres; (c) la Registraduría Nacional del Estado Civil no puede anular los registros con base únicamente en la petición presentada por el actor, por lo cual se debe adelantar un proceso ante el juez competente; y (d) la madre del accionante brindó información falsa a las diferentes notarías, por lo cual no puede atribuirse

un actuar indebido a las autoridades involucradas15.

II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN 1.1.1. Primera instancia en el expediente T-7.488.508

En sentencia del 8 de mayo de 2019, el Juzgado Promiscuo de Familia de Anserma –Caldas– declaró improcedente la acción de amparo, al no encontrar acreditado el requisito de subsidiariedad, como quiera que puede acudir ante los jueces civiles para promover la corrección, sustitución o adición de las partidas del estado civil, en concordancia con el artículo 18 del Código General del Proceso. Así mismo, señala que la jurisprudencia traída a colación por la parte activa, es decir las sentencias T-232 de 201816 y T-023 de 201617, contaban con elementos facticos diferentes a los del caso bajo estudio, pues en el primer caso se hacía referencia a una falla en el trámite adelantado que no podía ser imputable a la parte activa y, en la segunda sentencia, el caso versaba sobre una persona que fue reclutada por un grupo insurgente y no contaba con documento de identificación. Por lo cual, el a-quo concluyó que no se tratan de precedentes aplicables al caso objeto de revisión18. 1.1.2. Impugnación El Personero Municipal del Anserma –Caldas– impugnó la sentencia de primera instancia al considerar que: (a) las amenazas o lesiones de los derechos fundamentales de la señora Ana María Manugama Baniama se encuentran 14 Folios 40 y 41 del cuaderno principal del expediente T-7.555.509.

15 Folios 42 a 45 del cuaderno principal del expediente T-7.555.509. 16 M.P. Diana Fajardo Rivera. 17 M.P. María Victoria Calle Correa. 18 Folios 38 a 45 del cuaderno principal del expediente T-7.488.508. 6 plenamente acreditados; y (b) los precedentes jurisprudenciales referenciados en la acción de amparo son aplicables, pues aunque las situaciones fácticas son diferentes, si hay una equivalencia entre los hechos jurídicamente relevantes para la resolución del caso19. 1.1.3. Segunda Instancia En sentencia del 17 de junio de 2019, la Sala de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales confirmó la decisión de primera instancia, adicionando un exhorto al Personero Municipal de San José para que acompañe a la señora Manugama Baniama en el proceso de cancelación del registro civil. Para arribar a esta decisión, el tribunal consideró que para la cancelación de los registros civiles de nacimiento, el ordenamiento jurídico contempla dos trámites, uno de carácter administrativo y otro de orden judicial. El primero se surte cuando existen, sobre una misma persona, registros homólogos cuyos datos son idénticos, pudiendo la administración cancelar o anular uno de los registros sin que esto suponga una alteración o modificación del estado civil. Por otra parte, cuando la cancelación de un registro conlleve una diferencia en el estado civil, se debe acudir ante los jueces, en un proceso de jurisdicción voluntaria, cuyo conocimiento está asignado a los jueces municipales. Así mismo, afirmó que en el presente caso no se evidencia la existencia de un

perjuicio irremediable, pues no obran elementos que permitan concluir que haya una situación inminente, urgente y grave que de no ser atendida devenga en la lesión de un derecho. Pues incluso, de acuerdo con la parte activa, el derecho a la salud solo se referenció “de manera enunciativa”. Finalmente, coincidió con el juez de primera instancia respecto a que los precedentes jurisprudenciales no eran aplicables al caso objeto de conocimiento20. 1.2.1. Primera instancia en el expediente T-7.555.509 En sentencia del 6 de junio de 2019, el Juzgado Tercero Laboral del Distrito Judicial de Cartagena de Indias declaró improcedente la acción de amparo al considerar que no se satisface el requisito de subsidiariedad, debiendo el accionante acudir al proceso de jurisdicción voluntaria ante el juez competente, esto en aras de obtener la cancelación o anulación de dos de los tres registros civiles con los que cuenta. Para arribar a esta conclusión, el juez de amparo expuso que, aparte de la existencia de un mecanismo judicial, lo cierto es que en el caso particular es requerido un despliegue probatorio amplio, pues no es claro cuál de los registros cuenta con la información veraz. Así pues, lo pretendido rebosa la esfera propia del juez constitucional. Finalmente, afirmó que en el presente caso no se demostró un 19 Folios 51 a 54 del cuaderno principal del expediente T-7.488.508. 20 Folios 4 al 6 del segundo cuaderno del expediente T-7.488.508. 7 perjuicio irremediable que permita acudir a esta acción constitucional como

mecanismo transitorio21. 1.2.2. Impugnación El señor Leal Sánchez, mediante escrito del 11 de junio de 2019, impugnó la sentencia proferida en primera instancia manifestando que, en aplicación del precedente fijado en la sentencia T-308 de 201222, la acción de amparo es procedente cuando la administración realiza una determinada actividad sin verificarla en debida forma y su ejecución origina la vulneración de los derechos fundamentales. En este mismo sentido, el actor trajo a colación la sentencia T-232 de 2018, la cual expone la importancia de la cédula de ciudadanía y el registro civil de nacimiento en el ejercicio de los derechos fundamentales de cualquier persona. 1.2.3. Segunda Instancia En sentencia del 16 de julio de 2019, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena confirmó la decisión del a-quo, al considerar que no se cumple el requisito de inmediatez, como quiera que el actor cumplió los 18 años de edad el 7 de agosto de 2011, transcurriendo más de ocho años desde el momento en que se pudo solicitar la expedición de la cédula de ciudadanía y el momento en que se interpone la acción de amparo. Igualmente, afirmó el ad-quem que, como bien lo expuso el juez constitucional de primera instancia, tampoco se cumple el requisito de subsidiariedad, como quiera que el accionante puede acudir al proceso de jurisdicción voluntaria conforme al numeral 11 del artículo 57723 de la Ley 1564 de 201224.

III. REVISIÓN POR PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

1. Competencia

Esta Sala de Revisión es competente para revisar la decisión proferida en la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política. Mediante auto del 30 de septiembre de 2019, la Sala de Selección Número Nueve acumuló el expediente T-7.488.508 al expediente T-7.555.50925, previamente seleccionado para su revisión, por presentar unidad de materia, esto con el fin de que sean fallados en una sola sentencia.

2. Actuaciones en sede de revisión 21 Folios 62 a 65 del cuaderno principal del expediente T-7.555.509. 22 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 23 El cual estipula que la corrección sustitución o adición de partidas de estado civil o del nombre, o anotación del seudónimo en actas o folios de registro de aquel estará sujeto al procedimiento de jurisdicción voluntaria. 24 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso”. 25 Seleccionado por la Sala de Selección Número Nueve, mediante auto del 12 de septiembre de 2019.

8 (i) Mediante auto del 15 de enero de 2020, el despacho sustanciador solicitó tanto al señor Leal Sánchez como al Personero Municipal de San José, quien actuó en representación de la señora Manugama Baniama, que ampliaran el escrito de tutela, que allegaran toda la información que considerara pertinente, y que indicaran: (a) el estado actual de sus registros civiles; (b) las actuaciones surtidas ante la jurisdicción ordinaria; y (c) la afiliación a seguridad social y amenazas al derecho a la salud. Así mismo, se ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil que

informara si: (a) los registros de nacimiento con seriales 20.311.223, 52.930.621 y 28.746.091 versan sobre la misma persona; (b) si los registros de nacimiento con indicativo serial 53.510.049 y 36.740.215 versan sobre la misma persona; y (c) qué elementos de juicio permiten arribar a esta conclusión. (ii) Mediante correo electrónico del 22 de enero de 2020, el Personero Municipal de San José allegó respuesta al auto referenciado, informando que: (a) se trató de contactar con la señora Ana María Manugama Baniama, pero no fue posible ubicarla; (b) no hay actualmente cédulas identificadas con los números de NUIP 1.078.178.180 o 1.093.538.687; (c) la Personería Municipal de San José orientó a la actora para que formulara un amparo de pobreza ante el Juez de Familia de Anserma y, de esta manera, poder adelantar el proceso ordinario. Sin embargo, a pesar de que el juez ya nombró al abogado del amparo y requirió a la accionante, ella no se ha acercado a presentarse para poder dar inicio al proceso; (d) por lo mismo, no se encuentra en curso ningún trámite ante la jurisdicción ordinaria; (e) ninguno de los registros civiles de la accionante aparece afiliado a una EPS; y (f) las problemáticas ocasionadas por la falta de una cédula de ciudadanía “no cuentan con documentación soporte, pero lo que ha manifestado la señora ANA MARÍA es que por falta de su cédula no ha sido posible afiliarse al sistema de salud y no ha

podido conseguir trabajo, pues no puede realizar las cotizaciones necesarias a seguridad social”26. (iii) Mediante correo electrónico del 21 de enero de 2020, el señor Leal Sánchez amplió su escrito de tutela dando a conocer que: (a) no posee cédula actualmente; (b) no subsanó la demanda presentada y, así mismo, no cursa actualmente ningún proceso ante la jurisdicción ordinaria con el fin de obtener la anulación o cancelación de los registros civiles de nacimiento; y (c) actualmente no cuenta con seguridad social27. (iv) Luis Francisco Gaitán, actuando como jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil, allegó la información solicitada, mediante un escrito que data del 23 de enero de 202028. En el mismo, expone lo siguiente: - La señora Saida Sánchez Cárdenas (identificada con la cédula de ciudadanía 45.493.139) inscribió el nacimiento del señor Leal Sánchez en tres oportunidades, tanto en el registro con serial 20.311.223 como en el que cuenta con serial 28.746.091 siendo la fecha de nacimiento coincidente, por lo cual “resultaría imposible que la señora SAIDA SÁNCHEZ CÁRDENAS, 26 Folios 34 y 35 del cuaderno de revisión del expediente T-7.555.509. 27 Folios 36 a 39 del cuaderno de revisión del expediente T-7.555.509. 28 Folios 41 a 58 del cuaderno de revisión del expediente T-7.555.509. 9 procreara a dos personas el mismo día, por lo que se podría decir que se trata de la misma persona que fue inscrita con datos de filiación paterna

diferente en ambos registros”29. - Al momento de solicitar la expedición de la cédula de ciudadanía se toman las impresiones de las huellas dactilares, las cuales se cotejan en las bases de datos de la Registraduría, en aras de verificar que la información corresponda con los datos biométricos de cada persona y así individualizarla. En el caso del señor Leal Sánchez se pudo verificar que las solicitudes de las cédulas de NUIP 1.201.233.008 y 1.143.369.589 pertenecen al mismo individuo. - Confirmó que los tres registros con los que cuenta el señor Leal Sánchez se encuentran válidos en el sistema de información del registro civil. - Respecto a la señora Manugama Baniama se expone que la actora solicitó la cédula con los dos NUIPS con los que cuenta y que al cotejar las huellas dactilares se estableció que se trata del mismo individuo. - Igualmente, confirmó que ambos registros se encuentran como válidos en el sistema de información del registro civil.

3. Examen de procedencia de la acción de tutela Previo al estudio de fondo es necesario verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo contemplados en el artículo 86 de la Carta Política y en el Decreto 2591 de 1991. Es decir, se procederá con el análisis de la legitimación, la subsidiariedad y la inmediatez y, de encontrar satisfechos estos requisitos, se procederá con el estudio de fondo.

(i) El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que “la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o

amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”. El requisito de legitimación por activa en el caso de la señora Ana María Manugama Baniama –expediente T-7.488.508– se encuentra acreditado, pues es el Personero Municipal de Anserma quien representa a la accionante y, a su vez, la representada es la titular de los derechos presuntamente conculcados. Al respecto, el artículo 10º del Decreto-Ley 2591 de 1991 faculta a los personeros municipales 29 Folio 42 del cuaderno de revisión del expediente T-7.555.509. 10 para acudir a la acción de amparo30, siempre y cuando la persona representada cuente con legitimación para actuar. Igualmente, se encuentra que este requisito se cumple en el caso del señor Andrés Felipe Leal Sánchez –expediente T-7.555.509–, pues es el titular de los derechos presuntamente lesionados quien acude directamente a la acción de amparo. Por otra parte, la legitimación por pasiva se encuentra satisfecha en ambos expedientes, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 2591 de 199131, esto, al ser la Registraduría Nacional del Estado Civil una entidad pública que hace parte de la organización electoral según el artículo 120 de la Constitución Política y que entre sus funciones se encuentra la de adoptar las políticas del

registro civil en Colombia y garantizar en el país y el exterior, “la inscripción confiable y efectiva de los hechos, actos y providencias sujetos a registro”32. (ii) En lo relativo al requisito de subsidiariedad, es pertinente reiterar que, acorde con el artículo 86 de la Carta Política, la tutela es una acción de naturaleza excepcional y subsidiaria, lo que conlleva que solo procede cuando: (a) el titular de los derechos no cuente con otro medio de defensa judicial; o (b) existiendo dicho medio no resulte eficaz ni idóneo para la protección invocada o sea necesario adoptar una medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable. Por consiguiente, a continuación se pasa a estudiar la existencia de mecanismos judiciales existentes que permiten proteger los derechos que se invocan en este proceso. (a) El Decreto 1260 de 197033 regula el registro civil y, entre otros, fija las condiciones para su modificación. Así pues, en su artículo 65 establece que una vez “hecha la inscripción de un nacimiento, la oficina central indicará el código o complejo numeral que corresponde al folio dentro del orden de sucesión nacional, con el que marcará el ejemplar de su archivo y del que dará noticia a la oficina local para que lo estampe en el suyo. La oficina central dispondrá la cancelación de la i