CC - T253-2020

Sentencia T-253/20

ACCION DE TUTELA PARA RESOLVER CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NOTIFICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS-Improcedencia por incumplir requisito de subsidiariedad CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que se configura en los siguientes eventos: hecho superado, daño consumado o situación sobreviniente CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Configuración con ocasión de decisiones de instancia La jurisprudencia constitucional ha admitido que resulta posible que se presente el fenómeno de la carencia actual de objeto con ocasión de las decisiones de tutela proferidas en sede de instancia cuando: (i) la sentencia de instancia concede las pretensiones del actor; (ii) la parte accionada cumple con lo dispuesto por el juez de tutela antes de que se profiera el fallo de revisión; y (iii) se trata de órdenes que no pueden retrotraerse, de modo que lo solicitado por el actor ya fue otorgado y eso hace inocua cualquier decisión que adopte la Corte Constitucional. ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOSReiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS DE TRAMITE O PREPARATORIOS-Improcedencia general Recuerda la Sala que la distinción entre actos definitivos y de trámite obedece a la forma que adoptan las actuaciones de la administración, en las que se adelantan actos previos para la determinación o alteración de una situación jurídica –preparatorios–, o se emiten decisiones que crean, modifican o extinguen la situación jurídica concreta –definitivos– y se realizan diversos

actos dirigidos a ejecutar u obtener la realización efectiva de la decisión de la administración –de ejecución–. Así las cosas, los mecanismos judiciales previstos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo resultan aptos para obtener la protección de los derechos fundamentales que el actor espera lograr a través del amparo constitucional, pues una decisión favorable al actor en sede de nulidad y restablecimiento del derecho dejaría sin efectos la actuación administrativa y conllevaría el correspondiente deber de notificar debidamente el reinicio de la misma. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Procedencia para controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto 27

Referencia: Expediente T-7.622.400.

Acción de tutela interpuesta por Rodolfo contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales –UGPP–.

Procedencia: Sala de Familia del Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Asunto: Improcedencia de la acción de tutela para resolver controversias derivadas de la notificación de actos administrativos dictados en el procedimiento de determinación oficial de las contribuciones parafiscales de la protección social.

Magistrada Ponente:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Bogotá D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinte (2020) La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo y las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo de segunda instancia, dictado por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 23 de agosto de 2019, que revocó la decisión adoptada por el Juzgado Primero de Familia de Ejecución de Sentencias de la misma ciudad el 16 de julio de 2019, en el proceso de tutela promovido por Rodolfo contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales –UGPP–. Conforme a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución y 33 del Decreto 2591 de 1991, el expediente fue escogido por la Sala de Selección Número Diez de la Corte Constitucional y repartido al Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, quien preside la Sala Quinta de Revisión, en sesión del 30 de octubre de 2019. Posteriormente, el 31 de enero de 2020, el Magistrado Lizarazo Ocampo manifestó su impedimento para continuar como sustanciador y decidir el caso, por estimar que se encuentra en un proceso administrativo de cobro similar al que se promueve en contra del accionante. Mediante auto del 27 de febrero de 27 2020, las Magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado y Cristina Pardo Schlesinger aceptaron el impedimento formulado1.

ACLARACIÓN PRELIMINAR: Dado que el presente proceso involucra datos sensibles y semi privados relacionados con el accionante y su núcleo familiar, la Sala modificará el nombre del tutelante en la versión pública de esta providencia como medida de protección de sus derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data2.

I. ANTECEDENTES Rodolfo, por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales –en adelante UGPP–, por considerar que esa entidad vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, contradicción y defensa, como resultado de la indebida notificación de los actos administrativos expedidos durante el trámite del procedimiento de determinación oficial de las contribuciones parafiscales de la protección social, previsto en el artículo 180 de la Ley 1607 de 20123.

A. Hechos y pretensiones

1. El 7 de julio de 2017, la UGPP expidió el requerimiento de información No. RQI-2017-011134, en el cual solicitó al señor Rodolfo suministrar los datos respectivos a las contribuciones parafiscales de la protección social correspondientes al año gravable 2015, por “haber evidenciado en la información tributaria que reposa en la base de datos de La Unidad que para dichos períodos registró ingresos brutos superiores a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, por lo que se presume que contaba con capacidad de pago que le imponía el deber de afiliarse, declarar y pagar aportes al

Sistema”5.

2. El requerimiento anterior fue remitido por correspondencia6 a una dirección ubicada en el municipio de Ubaté (Cundinamarca)7 y devuelto bajo la causal 1 En razón de lo expuesto, se dispuso la remisión del expediente al despacho de la Magistrada sustanciadora, por tratarse de quien le sigue en turno en orden alfabético al Magistrado cuyo impedimento fue aceptado.

2 El nombre del accionante será sustituido por el de Rodolfo. 3 “Artículo 180. Procedimiento aplicable a la determinación oficial de las contribuciones parafiscales de la protección social y a la imposición de sanciones por la UGPP. Previo a la expedición de la Liquidación Oficial o la Resolución Sanción, la UGPP enviará un Requerimiento para Declarar o Corregir o un Pliego de Cargos, los cuales deberán ser respondidos por el aportante dentro de los tres (3) meses siguientes a su notificación. Si el aportante no admite la propuesta efectuada en el Requerimiento para Declarar o Corregir o en el Pliego de Cargos, la UGPP procederá a proferir la respectiva Liquidación Oficial o la Resolución Sanción, dentro de los seis (6) meses siguientes, si hay mérito para ello. Contra la Liquidación Oficial o la Resolución Sanción procederá el Recurso de Reconsideración, el cual deberá interponerse dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de la Liquidación Oficial o la Resolución Sanción. La resolución que lo decida se deberá proferir y notificar dentro del año siguiente a la interposición del recurso (…)” 4 Expediente 201715200058001194. 5 Folios 108 a 110, Cuaderno de Primera Instancia (en adelante, Cuaderno No. 1). 6 Folio 207, Cuaderno No. 1. 7 Guía de correo RN792919207CO (folio 212, Cuaderno No. 1). 27 “no existe”. Por tal motivo, se notificó el acto administrativo mediante aviso8 fijado el 10 de octubre de 2017, de conformidad con los artículos 563 a 568 del

Estatuto Tributario9.

3. El 28 de marzo de 2018, el Subdirector de Determinación de Obligaciones de la UGPP profirió el requerimiento para declarar o corregir No. RCD-201800370, “por cuanto se evidenció que conforme con su declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 2015, contó con capacidad de pago que lo obligaba a afiliarse y cotizar a los subsistemas de salud y pensiones”10.

4. El referido acto administrativo fue enviado por correo físico a una dirección situada en el municipio de Girardot (Cundinamarca)11 y devuelto en razón de la causal “no reside”. Por esta razón, el citado requerimiento se notificó por aviso12 fijado el 20 de abril de 201813. También, la constancia de dicha notificación fue remitida al correo electrónico que el accionante había informado en el Registro Único Tributario –RUT–14, con acuse de recibo de notificación No. 201850051212572.

5. El 20 de noviembre de 2018, la UGPP expidió la Resolución No. RDO-2018043215, por medio de la cual: (i) profirió la liquidación oficial por un total de $58.472.200 en relación con los valores que el contribuyente omitió declarar, “sin perjuicio de los intereses de mora que se generen desde la fecha de vencimiento del plazo para presentar la autoliquidación de aportes (…)”16; (ii) impuso una sanción por “no declarar, por la conducta de omisión”17, correspondiente a $117.484.400; (iii) dispuso la notificación a la dirección

reportada en el RUT; e (iv) informó que contra el acto administrativo enunciado procedía el recurso de reconsideración.

6. La mencionada liquidación oficial fue enviada a la dirección del municipio de Girardot a la cual se remitió, en su momento, el requerimiento para declarar o corregir18. Esta correspondencia fue devuelta con base en la causal “no reside”. Debido a lo anterior, el acto administrativo fue notificado mediante aviso fijado el 27 de diciembre de 201819, el cual fue publicado en el portal web y en la cartelera de la entidad20. 8 Dicho aviso se publicó en el portal web y en la cartelera de la entidad, de acuerdo con lo manifestado en la

constancia de publicación que obra a folio 190 del Cuaderno No. 1. 9 Folios 185 a 190, Cuaderno No. 1. 10 Folios 191 a 200, Cuaderno No. 1. 11 Guía de correo RN929105259CO (folio 165, Cuaderno No. 1). 12 Dicho aviso se publicó en el portal web y en la cartelera de la entidad, de acuerdo con lo manifestado en la constancia de publicación que obra a folio 206 del Cuaderno No. 1. 13 Folios 203 a 206, Cuaderno No. 1. 14 Folio 201, Cuaderno No. 1. 15 “Por medio de la cual se profiere liquidación oficial por omisión en la vinculación al Sistema de Seguridad Social Integral -SSSIy se sanciona por no declarar por conducta de omisión”. 16 Folio 176, Cuaderno No. 1. 17 Folio 176, Cuaderno No. 1. 18 Folio 164, Cuaderno No. 1.

19 Folios 180 a 184, Cuaderno No. 1. 20 La constancia de publicación figura a folio 184 del Cuaderno No. 1. 27

7. En el escrito de tutela, el accionante afirma que el 7 de mayo de 2019, la UGPP estableció comunicación telefónica para informarle acerca de la existencia de la Resolución No. RDO-2018-0432 del 20 de noviembre de

201821. Así mismo, la entidad solicitó la confirmación de su correo electrónico para remitirle, a través de ese medio, el primer oficio de cobro persuasivo y una copia del acto administrativo de liquidación oficial referido anteriormente22. El actor señala que, para el momento en que se le envió esta comunicación, había vencido ya el término para interponer los recursos correspondientes contra esa resolución, lo cual afectó sus derechos de defensa y contradicción.

8. El 15 de mayo de 2019, el demandante, a través de su apoderado judicial, presentó una petición ante la UGPP23, en la cual solicitó que informara (i) las razones por las cuales no se efectuó la notificación personal del requerimiento para declarar y/o corregir del 28 de marzo de 2018 a las direcciones reportadas en el RUT24; (ii) por qué la UGPP “procedió a enviar correo electrónico a mi representado solo hasta el 30 de abril de 2018, únicamente en calidad de informativo de la existencia del requerimiento para declarar y/o corregir (…) del 28 de marzo de 2018 solamente después de efectuada la notificación por aviso”25; (iii) los motivos por los que la UGPP “no agotó otras posibilidades de

notificación personal”26, entre las cuales enuncia, específicamente, una dirección ubicada en La Mesa (Cundinamarca); y (iv) qué gestiones realizó para notificar personalmente al actor antes de recurrir a la notificación por aviso. Por último, solicitó que se invalidara la actuación y se restituyeran los términos para presentar los recursos correspondientes.

9. El 5 de junio de 2019, la UGPP respondió a la petición formulada. Indicó que el acto administrativo de liquidación oficial no puede ser objeto de revisión en la etapa de cobro, pues la entidad carece de competencia para tal efecto. Adujo que “a través del uso de un derecho de petición no es posible pronunciar[se] de fondo o analizar los hechos que fueron objeto del acto administrativo que usted refiere, toda vez que el mismo se encuentra ejecutoriado y en firme”27. De ese modo, sostuvo que este tipo de situaciones debieron cuestionarse mediante el recurso de reconsideración.

B. Escrito de tutela Debido a lo anterior, el señor Rodolfo, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la UGPP por estimar que las actuaciones y omisiones de dicha entidad desconocen sus derechos fundamentales al debido proceso, contradicción y defensa.

21 Folios 105 y 106, Cuaderno No. 1. 22 Folio 91, Cuaderno No. 1. 23 Folios 96 al 100, Cuaderno No. 1. 24 Sobre el particular, advirtió que la dirección ubicada en el municipio de Girardot (a la que fue dirigido el mencionado acto administrativo) “se encuentra vigente y activa para la recepción de correo físico” (folio 98,

Cuaderno No. 1). 25 Folio 98, Cuaderno No. 1. 26 Folio 98, Cuaderno No. 1. 27 Folio 101, Cuaderno No. 1. 27 Particularmente, alegó que: (i) la accionada no agotó otras alternativas de notificación, como era la posibilidad de comunicar los actos administrativos a la dirección ubicada en La Mesa (Cundinamarca); (ii) las notificaciones por aviso desconocieron los artículos 563 y 568 del Estatuto Tributario, por cuanto no se llevaron a cabo a través de un diario de circulación nacional o regional y únicamente se efectuaron a través de la página web de la UGPP; (iii) que el actor solo se enteró de la existencia del requerimiento para declarar y corregir28 a partir de “la alerta que generó” la llamada telefónica que hizo la UGPP, “lo que motivó la búsqueda, encontrando un correo del 30 de abril de 2018, recibido en la bandeja de spam (correo no deseado)”29, en el cual se envió la constancia de notificación por aviso del citado acto administrativo30. Según el promotor del amparo, el contenido de este correo electrónico solo fue conocido por el accionante únicamente el 9 de mayo de 201931; y (iv) que el accionante efectuó las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social correspondientes al año 2015. En consecuencia, pretende que se declare “la nulidad del acto de notificación por aviso del requerimiento para declarar y/o corregir Nro. 2018-00370 del 28 de marzo de 2018, y consecuencialmente declarar sin valor y efecto [la]

Resolución Nro. RDO-2018-04327 del 20 de noviembre de 2018 (…)”32. Así mismo, que se proceda a notificar en debida forma el citado acto administrativo.

C. Actuación procesal Mediante auto del 3 de julio de 2019, el Juzgado Primero de Familia de

Ejecución de Sentencias de Bogotá D.C. admitió la acción de tutela y solicitó a la parte demandada que se pronunciara respecto de los hechos y pretensiones formuladas por el accionante. También, vinculó a varios funcionarios de la UGPP al proceso de tutela33. Respuesta de la UGPP La entidad demandada solicitó declarar improcedente la acción de tutela, por estimar que el actor puede acudir a otros mecanismos judiciales como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Subsidiariamente, pidió que se denegara el amparo invocado, por cuanto no se ha vulnerado ningún derecho fundamental34. En primer lugar, la UGPP advirtió que ha respetado el debido proceso del accionante, toda vez que “los actos administrativos objeto de esta acción fueron notificados en debida forma (…) a la dirección RUT registrada por el 28 Requerimiento para declarar o corregir No. RCD-2018-00370 del 28 de marzo de 2018. 29 Folio 42, Cuaderno No. 1. 30 El accionante advierte que, en cualquier caso “dicho correo cumplía únicamente, el carácter de informativo exclusivamente” (Folio 42, Cuaderno No. 1). 31 Folio 42, Cuaderno No. 1.

32 Folio 125, Cuaderno No. 1. 33Folio 131, Cuaderno No. 1. Puntualmente, vinculó al Director de Parafiscales, al Subdirector de Determinación de Obligaciones y al Subdirector de Cobranzas de la UGPP. 34 La contestación de la parte accionada obra a folios 224 a 232 del Cuaderno No. 1. 27 accionante”35, lo cual se ajusta al artículo 563 del Estatuto Tributario36, aplicable al trámite de determinación de las contribuciones parafiscales por remisión expresa de la Ley 1151 de 200737. Añadió que los actos administrativos remitidos por la autoridad tributaria mediante correo y que, por cualquier razón sean devueltos, deben ser notificados mediante aviso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 568 del Estatuto Tributario y la Sentencia C-012 de 201338. En segundo lugar, destacó que el amparo solicitado es improcedente, en la medida en que existen mecanismos idóneos para impugnar los actos administrativos que el actor cuestiona. De una parte, el contribuyente puede solicitar la revocatoria directa contemplada en los artículos 736 y 737 del Estatuto Tributario, que puede formularse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo. De otra, insistió en que el accionante tampoco ha acudido a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual resulta procedente en este caso dado que las pretensiones de la acción de tutela recaen sobre actos administrativos de carácter particular y concreto. Así, de acuerdo con los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011,

este medio de control procede para debatir si el acto administrativo fue proferido de forma irregular o con desconocimiento de los derechos de audiencia y defensa. Finalmente, la UGPP destacó que sus competencias en esta materia se derivan de los artículos 178 a 180 de la Ley 1607 de 2012. Así mismo, aportó copia de los antecedentes del procedimiento administrativo de cobro adelantado en contra del tutelante, entre los cuales figuran las constancias de devolución de correspondencia originadas en el trámite de notificación que se cuestiona.

D. Decisiones objeto de revisión Sentencia de primera instancia El 16 de julio de 2019, el Juzgado Primero de Familia de Ejecución de

Sentencias de Bogotá D.C. CONCEDIÓ el amparo del derecho fundamental al debido proceso administrativo, por considerar que la entidad accionada (i) omitió su deber de comunicar de manera electrónica los actos administrativos cuestionados por el accionante y (ii) desconoció las formalidades propias de la notificación por aviso39. En criterio del fallador, de acuerdo con lo previsto en los artículos 565 y 566 del Estatuto Tributario, “debe intentarse inicialmente la notificación 35 Folio 226, Cuaderno No. 1. 36“Artículo 563. Dirección para notificaciones. La notificación de las actuaciones de la Administración Tributaria deberá efectuarse a la dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, según el caso, o mediante formato oficial de cambio de dirección (…)”. 37 Artículo 156 de la Ley 1151 de 2017.

38 M.P. Mauricio González Cuervo. 39 La sentencia de primera instancia obra a folios 267 a 273 del Cuaderno No. 1. 27 electrónica y solo ante el fracaso de la misma”40 es posible acudir a la notificación por aviso. Al respecto, puso de presente que el actor había reportado dos direcciones de correo electrónico ante la administración tributaria y que, pese a ello, ninguno de los actos administrativos cuestionados se notificó por este medio. Con todo, en relación con el mensaje de correo electrónico remitido el 30 de abril de 2018, el juzgador precisó que “no existe constancia en las diligencias que [la comunicación] haya sido remitida finalmente, cuando ha debido enviarla, no solo con el propósito de asegurar la comparecencia del hoy accionante a la actuación administrativa adelantada en su contra para que pudiera ejercer su derecho a la defensa (…)”41. Ahora bien, en relación con la notificación por aviso, estimó que no se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 568 del Estatuto Tributario, en la medida en que no se demostró que la respectiva publicación hubiera sido divulgada en un periódico de amplia circulación nacional o regional, como lo dispone la ley. Por consiguiente, declaró la nulidad de toda la actuación surtida a partir del requerimiento de información del 7 de julio de 2017, por estimar que “la vulneración del derecho a la defensa se produjo desde la notificación del primer acto administrativo expedido”42. Por ende, ordenó a la UGPP que notificara en debida forma dicho acto administrativo, para que el contribuyente

pudiera ejercer sus derechos de defensa y contradicción. Impugnación En desacuerdo con la decisión de primera instancia, la UGPP impugnó la providencia, con fundamento en argumentos idénticos a los expuestos en su respuesta a la acción de tutela43. Sentencia de segunda instancia Mediante sentencia del 23 de agosto de 2019, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. REVOCÓ la decisión de primer grado y, en su lugar, “negó por improcedente” la acción de tutela44. Concluyó que el amparo solicitado no cumple con el requisito de subsidiariedad, por cuanto: (i) el demandante puede acudir a la revocatoria directa o a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual, además, tiene la posibilidad de solicitar como medida cautelar la suspensión del acto administrativo que considera lesivo de sus derechos; y (ii) no se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable, pues no hay prueba alguna de que se afecte la dignidad, la salud o el mínimo vital del tutelante o de su familia. 40 Folio 272, Cuaderno No. 1. 41 Ibídem. 42 Folio 273, Cuaderno No. 1. 43 El escrito de impugnación figura a folios 286 a 293 del Cuaderno No. 1. 44 La sentencia de segunda instancia obra a folios 3 a 18 del Cuaderno de Segunda Instancia (en adelante, Cuaderno No. 2). 27

E. Actuaciones llevadas a cabo por la Corte Constitucional en sede de revisión A través de Auto de 27 de enero de 202045, el entonces Magistrado

sustanciador46 decretó pruebas con el fin de establecer (i) el estado del procedimiento sancionatorio de cobro seguido contra el actor47 y (ii) su situación socioeconómica48. Respuesta del accionante Rodolfo En relación con el estado actual del proceso administrativo de cobro iniciado por la UGPP, el actor señaló que: (i) el 19 de julio de 2019, la entidad accionada notificó a través de correo electrónico el requerimiento de información No. RQI 2017-01113 del 7 de julio de 2017, en cumplimiento del fallo de tutela de primera instancia que concedió la protección de sus derechos fundamentales; (ii) el 16 de agosto de 2019, remitió la información requerida por la autoridad tributaria y que, en su criterio, permite demostrar el cumplimiento de sus obligaciones en dicha materia; y (iii) al momento de la respuesta emitida en sede de revisión49, la UGPP no se había pronunciado respecto de los documentos aportados por el tutelante. Adicionalmente, el accionante indicó que el 8 de noviembre de 2019 fue informado mediante correo electrónico acerca “de un nuevo aviso sobre proceso administrativo de cobro Nro. 102073, el que se señala encontrarse en etapa de cobro persuasivo”50. De igual modo, precisó que no ha acudido a ningún mecanismo judicial distinto a la acción de tutela, “por considerar que 45 Folios 26 y 27 del Primer Cuaderno de Revisión ante la Corte Constitucional, Cuaderno No. 3. 46 La Sala considera pertinente aclarar, que las pruebas decretadas inicialmente en el proceso por el Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, dada su normalidad, generalidad y pertinencia para actualizar de

manera objetiva los hechos del proceso, conservan su entera validez, no obstante la manifestación de impedimento del Magistrado y su aceptación por parte de la Sala. 47 En la citada providencia, se solicitó al accionante que informara acerca del “estado actual del proceso de declaración y corrección de aportes al Sistema General de Seguridad Social que la UGPP adelanta en su contra por la omisión en la vinculación y si ha iniciado alguna acción judicial distinta a la tutela bajo estudio tendiente a obtener lo que se reclama por este mecanismo o atacar la sanción impuesta. En caso afirmativo, indique el día en que se surtió dicho trámite y el estado actual del proceso; en caso negativo indique las razones correspondientes” (Folio 26, Cuaderno No. 3). A su turno, se pidió a la UGPP que remitiera copia integral del expediente correspondiente al procedimiento administrativo adelantado en contra del tutelante. 48 En el auto mencionado, se requirió al actor que “informe lo siguiente y adjunte los respectivos soportes: - Personas a cargo, identificándolas. - Personas que integran actualmente su núcleo familiar, de dónde derivan sus ingresos económicos y qué tipo de profesión, arte u oficio practican. - Relación de los bienes muebles o inmuebles de los que es propietario, indicando su valor y la renta que deriva de ellos. - Descripción de su situación económica actual. Al efecto, por favor aportar la relación de gastos mensuales por todo concepto (alimentación, vestuario, salud, recreación, vivienda, deudas, etc.) y adjuntar los soportes que así lo acrediten. - Información sobre su afiliación a alguna entidad de salud y la calidad de la misma (cotizante o

beneficiario). - Indicación sobre el conocimiento que tiene de las actuaciones adelantadas por la UGPP para obtener el pago de la sanción impuesta en la Resolución No. 2018-04327 de 20 de noviembre de 2018 (…)” (Folio 26, Cuaderno No. 3). 49 Radicada el 3 de febrero de 2020. Folio 32, Cuaderno No. 3. 50 Folio 35, Cuaderno No. 3. En dicha comunicación, el Subdirector de Cobranzas de la UGPP señaló que dicha entidad requiere al tutelante “para que realice el pago de la obligación determinada a través de la Resolución No. RDO 2018-04327 de 2018-11-20” (Folio 43, Cuaderno No. 3). 27 de[be] esperar el pronunciamiento de la UGPP sobre los aportes de documentos y de soportes solicitados en el requerimiento de información Nro. 2017-01113 del 7 de julio de 2017, que me fue notificado en debida forma el 19 de julio de 2019”51. En cuanto a su situación socioeconómica, el actor manifestó que su núcleo familiar está conformado por su esposa, quien es comerciante independiente y recibe ingresos derivados de la renta correspondientes a $4.200.000, y su hijo menor de edad. Añadió que es propietario de seis tractocamiones, que generan ingresos por $22.923.093 y egresos por $16.850.943. En cuanto a los gastos de su hogar, destacó que estos ascienden a $2.784.20052. Adicionalmente, indicó que es dueño de tres bienes inmuebles (una casa y dos

lotes) que no se encuentran habitados, los cuales tienen un valor aproximado de $330.000.000. Por último, de conformidad con la declaración de renta correspondiente al año gravable 2018, el actor tiene un patrimonio bruto – sin descontar sus obligaciones– que supera los $800 millones de pesos53. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales –UGPP La entidad accionada remitió copia íntegra del expediente administrativo de la referencia y del procedimiento de cobro 102073 que inició la UGPP54. Entre los documentos aportados que resultan especialmente relevantes, se encuentran los siguientes: (i) Oficio de 19 de julio de 2019, con radicado No. 201918001084370155. En esta misiva se indica al accionante que, “[e]n cumplimiento del fallo de tutela en primera instancia el Juzgado Primero de Familia de Ejecución de Sentencias de Bogotá”, se remite la notificación del requerimiento de información No. RQI-2017-01113. Además, en dicha comunicación “se informa que con la presente notificación se deja sin efectos jurídicos la constancia de ejecutoria del acto administrativo, así como las demás actuaciones adelantadas por la entidad en el proceso del asunto, de conformidad con lo ordenado en la Resolución No. 278 del 17/07/2019 expedida por la Subdirección Determinación de Obligaciones”. (ii) Copia de la Resolución No. RDO-M-278 del 18 de julio de 2019 “Por medio de la cual se da cumplimiento a una orden judicial”. Mediante dicho acto administrativo, la UGPP dispuso:

“PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS en todas sus partes el Requerimiento para Declarar y/o Corregir RCD-2018-00370 del 51 Folio 35, Cuaderno No. 3. 52 Folios 1 a 5 del Segundo Cuaderno de Revisión ante la Corte Constitucional (en adelante, Cuaderno No. 4). 53 Folio 21, Cuaderno No. 4. 54 Folios 51 y 52, Cuaderno No. 3. Los expedientes se aportan mediante un CD. 55 El asunto de esta comunicación es “Cumplimiento del Fallo de Tutela radicado No. 2019-037 del 16/07/2019. Notificación del Requerimiento de información RQI-2017-01113”. 27 28/03/2018 y la Liquidación Oficial No. RDO-2018-04327 del 20/11/2018, conforme a las consideraciones de la presente Resolución.

SEGUNDO: ORDENAR la notificación (sic) Requerimiento de Información No. RQI-2017-01113 del 07/07/2017 proferido a RODOLFO (…) a la dirección RUT actualizada el 19/03/2019 (…) cumpliendo así con el reinicio del proceso.

TERCERO: NOTIFICAR al aportante el contenido de la presente resolución, de conformidad con los artículos 563, 565 y/o 566-1 del Estatuto Tributario, informándole que contra la misma no procede recurso alguno y rige a partir de su expedición.”

(iii) Constancia de notificación electrónica de los documentos relacionados anteriormente, los cuales fueron recibidos en la dirección electrónica registrada por el actor el