CC - T259-2020
Detalles
- Título
- CC - T259-2020
- Autor
- Corte Constitucional
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Constitucional
- Año
- 2020
Sentencia T-259/20
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Vulneración por requisas indignas y degradantes a familiares y amigos visitantes de los internos DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Clasificación en tres grupos: derechos suspendidos, derechos intocables y derechos restringidos o limitados DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Condiciones carcelarias y deber de prevención del Estado para garantizar derechos del interno, según CIDH RELACIONES DE ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Respeto por la dignidad humana de personas privadas de la libertad La Sala resalta el deber del Estado de respetar la dignidad y proteger los derechos de las personas privadas de la libertad establecida en la Constitución, la ley y la jurisprudencia constitucional, así como en los sistemas de protección de derechos humanos internacional e interamericano. En virtud de la relación especial de sujeción, las autoridades carcelarias deben garantizar a los reclusos unas condiciones de vida digas y tratarlos de la misma manera que a los demás miembros de la sociedad, con las excepciones lógicas y necesarias de la reclusión. Esta última obligación está íntimamente conectada con la prohibición consagrada en el artículo 12 superior: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, la cual constituye un contenido concreto del derecho a la dignidad humana –en el sentido de vivir sin humillaciones– de aplicación directa y susceptible de ser protegido mediante
acción de tutela. DIGNIDAD HUMANA DEL INTERNO-Protección nacional e internacional REQUISA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes en requisas a internos y visitantes PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA-Contenido y alcance PRESUNCION DE INOCENCIA Y EL DERECHO DE PERSONAS DETENIDAS A VESTIR DE CIVIL DURANTE EL JUICIO-Carga simbólica del uniforme de prisión se hace especialmente lesiva en el escenario judicial cuando la persona no ha sido condenada Como el sindicado se presume inocente durante el juicio es lógico que tenga derecho a ser llevado ante el juez con la apariencia y la dignidad una persona inocente. Es impropio de un Estado Social de Derecho obligar a la persona a acudir al juicio donde se discute su inocencia vestido con el uniforme reglamentario de prisión. Este detalle tiene verdadera importancia simbólica y constituye una condición necesaria para garantizar un juicio justo e imparcial. Así las cosas, en desarrollo del principio de inocencia, las personas detenidas tienen derecho a vestir de civiles en todos los escenarios judiciales externos al establecimiento penitenciario.
Referencia: Expediente T-7.575.016
Asunto: Acción de tutela interpuesta por Dayro Camilo Barrera Arias y otros contra la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de
Mujeres de Bogotá.
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veinte (2020) La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional conformada
por los magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Alberto Rojas Ríos y la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, profiere la siguiente: SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo proferido el 17 de junio de 2019 por el Juzgado Veintitrés Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá, en única instancia, dentro del trámite de tutela promovido por el señor Dayro Camilo Barrera Arias y otros contra la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá. El expediente fue seleccionado para su revisión mediante auto del 19 de noviembre de 2019 por la Sala de Selección Número Once, conformada por los magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado y Alejandro Linares Cantillo.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos 1.1. El señor Dayro Camilo Barrera Arias y otros 107 internos, actuando en nombre propio y en representación de sus familiares y amigas visitantes, 2 interpusieron acción de tutela contra la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá. En el escrito señalan, por un lado, que el personal de custodia y vigilancia vulneró sus derechos fundamentales y los de las mujeres visitantes a la dignidad, intimidad, libre desarrollo de la personalidad y familia debido a los abusos cometidos durante las requisas. Por otro lado, manifiestan que el establecimiento carcelario vulneró sus derechos fundamentales a la dignidad, presunción de inocencia y resocialización al imponer el uso
obligatorio de uniforme a todos los internos sin considerar las diferentes situaciones jurídicas en que se encuentran. 1.2. Denuncian que el domingo 26 de mayo de 2019 sus familiares y amigas fueron víctimas de graves abusos y atropellos por parte de las vigilantes de la Cárcel Distrital. Ese día varias visitantes fueron tocadas en sus partes íntimas y forzadas a desnudarse y hacer flexiones con las piernas (sentadillas). Indican, además, que el personal de seguridad impidió que dos mujeres ingresaran con prendas de vestir oscuras por considerar que éstas no eran adecuadas según el artículo 73 del Reglamento Interno de la Cárcel Distrital.1 En el caso de la primera mujer, “la ingresaron en sólo ropa interior, casi al desnudo” y a la segunda “le tocó dejar su ropa interior e ingresar en pantalón”2. Afirman que las requisas abusivas han provocado que sus familiares y amigas se abstengan de volver a visitarlos, lo cual afecta directamente sus derechos fundamentales. 1.3. Aunado a lo anterior, los accionantes sostienen que en el mes de abril de 2019 ellos fueron obligados a desnudarse, ubicarse de espaldas a los guardias y hacer de 3 a 5 sentadillas con las manos en la cabeza. En desarrollo de las requisas los guardias les ordenaron darse vuelta y exhibir sus partes íntimas (en sus palabras, fueron obligados a: “levantarnos los testículos y correr el prepucio del pene hacia atrás”3) para verificar visualmente que no estaban ocultando elementos o sustancias prohibidas. Todo esto pese a que la Cárcel
Distrital cuenta con diferentes herramientas tecnológicas no invasivas como arcos y sillas detectores de metales, perros entrenados para detectar narcóticos, entre otros. 1.4. En relación con los uniformes, los accionantes manifiestan su inconformidad con el uso obligatorio para todos los internos de overoles con el distintivo de la Alcaldía de Bogotá. Aducen que el pabellón Autonomía de la Cárcel Distrital –en el que se encuentran recluidos los 108 firmantes de la acción de tutela– está conformado por internos con situaciones jurídicas diferentes, sin embargo, la Cárcel Distrital impone a todos (detenidos y condenados) el uso homogéneo del uniforme dentro y fuera de prisión.4 Advierten que los internos que tienen medida de aseguramiento deben asistir a 1 Resolución 1806 del 25 de julio de 2011 “Por medio del cual se adopta el nuevo Reglamento de Régimen Interno de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá D.C.”. 2 Cuaderno de primera instancia del expediente folios 1 (reverso) y 2. 3 Cuaderno de primera instancia del expediente, folio 5 (reverso). 4 Cuaderno de primera instancia del expediente, folio 3. 3 las audiencias judiciales y a las citas médicas con el mismo uniforme que usan los internos que han sido condenados 1.5. Con base en lo expuesto, solicitan al juez de tutela prohibir al personal de vigilancia de la Cárcel Distrital desnudar y tocar las partes íntimas de las personas privadas de la libertad y de las visitantes durante las requisas. A sí
mismo, piden que se implemente la grabación en audio y video de los procedimientos de seguridad con el fin de salvaguardar sus derechos fundamentales. Por último, demandan que se prohíba el uso obligatorio de uniformes en las audiencias judiciales y citas médicas para los internos que no han sido condenados.
2. Traslado y contestación de la acción de tutela El Juzgado Veintitrés Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá, mediante auto del 04 de junio de 2019, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte accionada para que ejerciera su derecho a la defensa. De igual forma, vinculó al proceso a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía de Bogotá (en adelante SSCJ o Secretaría de Seguridad), al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante INPEC) y al Ministerio de Justicia y del Derecho. 2.1. Respuesta de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía de Bogotá 2.1.1. La directora jurídica de la SSCJ aclaró que la Cárcel Distrital se encuentra adscrita a la referida entidad distrital y no al INPEC. Indicó que el Decreto 413 de 2016 estableció la estructura de la referida secretaría, encontrándose dentro de ella la Cárcel Distrital. De igual forma, precisó que el funcionamiento interno de esta entidad se encuentra regulado por la Resolución 1806 de 2011 (Reglamento Interno de la Cárcel Distrital de Bogotá) y los procedimientos de seguridad se ajustan al cumplimiento de
dicha resolución. 2.1.2. En relación con los hechos descritos por los accionantes, aseguró que solo se trataban de inconformidades con el cumplimiento de los procedimientos de seguridad y vigilancia del establecimiento carcelario. Refirió que a la fecha se habían realizado varias capturas de personal femenino visitante por intentar ingresar escondidas en su ropa y su cuerpo sustancias estupefacientes, siendo “este el motivo principal por el cual se encuentran molestos e insatisfechos los privados de la libertad y proceden a instaurar este tipo de tutelas”5. Agregó que, si bien el 26 de mayo de 2019 algunas mujeres habían intentado ingresar con un vestuario inadecuado y con sustancias prohibidas, en ningún momento se habían vulnerado sus derechos fundamentales. 5 Cuaderno de primera instancia del expediente, folio 32 (reverso). 4 2.1.3. Como prueba de lo anterior, la directora jurídica de la SSCJ adjuntó el informe presentado por el comandante de guardia que prestó sus servicios en la fecha de los hechos. En el informe se lee que el ingreso de visitantes al pabellón Autonomía de la Cárcel Distrital inició a las 13:30 y terminó a las 14:15 del 26 de mayo de 2019, con el ingreso de 140 personas de un total de
153. Las personas que no ingresaron fueron devueltas por dar “señal activa de los caninos para olor a narcóticos” o por no estar registradas en el sistema de visitas. Ese día, el único caso de una mujer que intentó ingresar estupefacientes (131 gramos de marihuana) fue registrado para otro pabellón.6
2.1.4. La directora jurídica concluye su respuesta afirmando que no son ciertos los hechos mencionados por los accionantes sobre el ingreso de mujeres en ropa interior o desnudas. No obstante, precisó que el artículo 73 del Reglamento Interno de la Cárcel Distrital establece en su literal d) la prohibición de ingresar “prendas de vestir de color azul oscuro o negro”. Finalmente, en cuanto a los uniformes, recordó que éstos hacen parte de las dotaciones entregadas a los internos y su uso es obligatorio de conformidad con los artículos 12 y 40 del reglamento interno. 3.2. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 3.2.1. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del INPEC señaló que los accionantes no se encuentran a cargo de la entidad que representa, la cual no tiene competencia sobre la custodia y protección de sus derechos fundamentales. Precisó que en virtud del Decreto 368 de 2001 la Cárcel Distrital depende de la SSCJ de la Alcaldía de Bogotá, condición que la hace diferente del resto de cárceles del país. En consecuencia, solicitó al juez de tutela desvincular del proceso al INPEC. 3.3. Ministerio de Justicia y del Derecho 3.3.1. El director (e) de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho, Nicolás Murgeito Sicard, solicitó desvincular del proceso de tutela a la entidad por falta de legitimación en la causa por pasiva. Señaló que el Ministerio no tiene injerencia alguna en el manejo del régimen disciplinario interno de los establecimientos carcelarios, por lo que la solicitud
de amparo de los accionantes no se encuadra dentro de las competencias constitucionales y legales de la entidad.
3. Decisión judicial de única instancia objeto de revisión El Juzgado 23 Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá, mediante sentencia del 17 de junio de 2019, negó el amparo solicitado por los accionantes. A su juicio, las mujeres afectadas por las requisas son ciudadanas que pueden solicitar directamente la protección de sus derechos fundamentales, por lo que en el presente caso no era aplicable la figura de la 6 Cuaderno de primera instancia del expediente, folios 32 y 33. 5 agencia oficiosa. Igualmente, precisó que en el informe de las visitas del 26 de mayo de 2019 enviado por la SSCJ no evidenció ningún abuso por parte del personal de seguridad, y agregó que, en todo caso, las requisas son necesarias para mantener el orden interno y la seguridad de los establecimientos carcelarios. Por último, frente al uso obligatorio de los uniformes, expuso que es normal que los derechos de los internos se vean limitados en virtud de la relación especial de sujeción que tienen con el Estado. La sentencia no fue impugnada por los accionantes.
4. Actuaciones en sede de revisión 4.1. Insistencia para la selección del expediente 4.1.1. El magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, en aplicación del artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, insistió la selección del expediente de la referencia para su revisión por parte de la Corte Constitucional. En su escrito, llamó la atención sobre la posible existencia de tratos arbitrarios por parte del personal de seguridad de la Cárcel Distrital que desconocieron el derecho
fundamental a la dignidad humana de los accionantes y las mujeres visitantes. Expuso que, si bien el registro de personas es una medida que contribuye a garantizar la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana, ella se encuentra limitada por derechos y principios constitucionales, así como por obligaciones internacionales relacionadas con la protección de las personas privadas de la libertad. Por consiguiente, las requisas intrusivas denunciadas en la acción de tutela debían ser analizadas por la Corte para determinar si se sobrepasaron los límites mínimos establecidos por la jurisprudencia constitucional. 4.2. Autos del 17 de febrero y del 23 de marzo de 2020 4.2.1. La magistrada ponente, mediante auto del 17 de febrero de 20207, solicitó al director(a) de la Cárcel Distrital que respondiera varios 7 En el referido auto se resolvió lo siguiente: “PRIMERO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, ORDENAR al director(a) de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá que, en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación del presente auto, responda lo siguiente: [1] ¿Cómo es el procedimiento de requisa a las mujeres que acuden a visitar a las personas privadas de la libertad? [2] ¿Cómo es el procedimiento de requisa a las personas privadas de la libertad luego de que son visitadas por sus familiares y amigos? [3] ¿Cómo detectan el ingreso de elementos y sustancias prohibidas? ¿Con qué tipo de herramientas tecnológicas cuentan actualmente para detectar el ingreso de elementos y sustancias prohibidas? [4]
¿A la fecha se ha gestionado la adquisición de nuevos equipos de seguridad que permitan llevar a cabo un adecuado procedimiento de requisa, sin vulnerar la dignidad de las personas y disminuyendo tiempos de ingreso y egreso? [5] ¿Existe registro audiovisual de los procedimientos de requisa de las personas privadas de la libertad y de los visitantes? ¿Cómo se documentan estas requisas? [6] Detalle los últimos 10 casos en los que se identificó el ingreso de elementos sustancias prohibidas a visitantes y a reclusos. Explique cómo fueron detectados estos elementos y sustancias. [7] Explique los motivos por los cuales en el pabellón Autonomía de la Cárcel Distrital las personas con detención preventiva no se encuentran separadas físicamente de las personas condenadas penalmente. ¿Cuáles son las razones que justifican la prohibición estipulada en el literal d) del artículo 73 del Reglamento Interno de la Cárcel Distrital, según el cual se no se permite el ingreso de “Cualquier tipo de prendas de vestir de color azul oscuro o negro (…)”? ¿Esta prohibición incluye la ropa interior? // SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, ORDENAR a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía de 6 interrogantes relacionados con: (i) los mecanismos y métodos utilizados por el establecimiento carcelario para requisar a los internos y a las personas que acuden a visitarlos; (ii) la separación física de los internos entre detenidos y condenados; y (iii) las razones que sustentan la prohibición del literal d) del
artículo 73 del Reglamento Interno de la Cárcel Distrital. De igual forma, solicitó a la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Bogotá que enviara el Informe final de auditoría realizada por la Oficina de Control Interno a la Cárcel Distrital en el año 2019 y que complementara, si así lo deseaba, las respuestas a las preguntas formuladas al director(a) de la Cárcel Distrital. 4.2.2. Mediante informe del 26 de febrero de 2020, la Secretaría General de la Corte Constitucional comunicó al despacho de la magistrada ponente que durante el término indicado en el auto del 17 de febrero de 2020 no se había recibido comunicación alguna.8 En atención a lo anterior, la Sala Séptima de Revisión profirió el auto del 23 de marzo de 2020 en el que requirió a las autoridades accionadas que enviaran la información solicitada y suspendió por un (1) mes los términos del proceso de revisión. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional. 4.3. Respuesta de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía de Bogotá 4.3.1. La directora jurídica y contractual de la SSCJ, Sonia Stella Romero, envió a la Corte Constitucional el pronunciamiento de la directora de la Cárcel Distrital a los interrogantes planteados. De igual forma, remitió el informe final de auditoría realizado a la Cárcel Distrital en el año 2018 por la Oficina de Control Interno de la entidad. Este informe es el trabajo más reciente de
evaluación que tiene la SSCJ sobre los procesos de seguridad del establecimiento penitenciario. 4.4. Respuesta de la Cárcel Distrital de Bogotá 4.4.1. La directora de la Cárcel Distrital, Sonia Patricia Peñón Niño, señala que el procedimiento de requisa de los visitantes y las personas privadas de la libertad se efectúa conforme a los estándares de seguridad, custodia y vigilancia señalados en la Resolución 6349 de 2016 del INPEC, el Reglamento Interno de la Cárcel Distrital y el protocolo interno de seguridad I-CVS-6.9 Sobre el proceso de requisa de los visitantes, señaló que éste se desarrolla en tres etapas: Bogotá que, en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación del presente auto, remita a esta Corporación: (i) los Informes finales de auditoría de los años 2018 y 2019 realizados por la Oficina de Control Interno sobre la Cárcel Distrital y (ii) complemente, si así lo desea, las respuestas a las preguntas formuladas al director(a) de la Cárcel Distrital en el numeral anterior”. 8 Cuaderno de revisión del expediente, folio 19. 9 La directora adjunta a su respuesta un documento en el que se describe el proceso estándar que debe ser obedecido por el personal de custodia y vigilancia durante las requisas en el establecimiento penitenciario. Este documento, denominado I-CVS-6, fue elaborado por la Alcaldía 7
- Los visitantes deben pasar primero por la inspección de un ejemplar canino entrenado para detectar cualquier tipo de sustancia con olor a
narcótico. Si el canino da positivo, la persona es devuelta y no se le permite el ingreso por ese día al establecimiento penitenciario. En estos casos, según la directora de la Cárcel Distrital, no se somete al visitante a ningún otro procedimiento. ii. Luego de superar la inspección canina, los visitantes deben removerse el calzado y pasar por un arco detector de metales. En caso de que lleven paquetes para las personas privadas de la libertad (alimentos, elementos de aseo personal, entre otros), estos deben ser puestos en la banda de la máquina de rayos x. Los guardias revisan visual y manualmente el contenido de los paquetes que portan las visitantes. iii. Finalmente, los visitantes son conducidos a cubículos individuales donde un miembro del personal de seguridad –guardia hombre o mujer de acuerdo con el sexo de la persona– realiza “un cacheo o registro superficial sobre las prendas de vestir”10. Si se detecta una sustancia psicoactiva que supera la dosis mínima, la persona es puesta a disposiciones de las autoridades competentes para su respectiva judicialización. Como consecuencia de esta conducta se levanta el respectivo informe y se inicia un proceso para suspender la visita de esta persona hasta por un año. 4.4.2. La directora aclara que la requisa “no prevé inspecciones sin ropa ni la orden a los visitantes para que realicen cuclillas o sentadillas”11. Agrega, así mismo, que el personal de custodia y vigilancia está capacitado para realizar sus funciones respetando en todo momento los derechos fundamentales de la población carcelaria y de las personas que acuden a visitarlos. Por último,
afirma que no ha tenido conocimiento de denuncias o quejas sobre tratos inhumanos o degradantes ocurridos durante las requisas. 4.4.3. Por otra parte, refiere que el procedimiento de requisa al personal privado de la libertad después de las visitas consiste en reunir a todos los internos en el centro del pabellón, donde se les solicita que se remuevan el uniforme (quedando en medias y ropa interior) y lo ubiquen frente a ellos. Con el apoyo de un ejemplar canino los guardias inspeccionan las prendas y elementos de cada interno. Si adelantado “el procedimiento de registro existen indicios de que un privado de la libertad oculta algún elemento o sustancia prohibida, es conducido por un guardia hacia la consola del pabellón donde se le persuade para que haga entrega de dicho elemento” 12. Este procedimiento se realiza de forma individual y separada. En caso de hallarse de Bogotá y entró en vigor el 11 de noviembre de 2019. Cuaderno de revisión del expediente, folios 72 a 77. 10 Cuaderno de revisión del expediente, folio 28 (reverso). 11 Ibidem. 12 Ibidem. 8 elementos que justifiquen el inicio de una acción penal, el personal de la guardia deberá realizar el informe correspondiente, anexando la evidencia física, y comunicar el caso a las autoridades competentes para su respectiva judicialización. 4.4.4. En relación con las herramientas tecnológicas con que cuenta la Cárcel Distrital para detectar la tenencia de elementos o sustancias prohibidas, la directora señala que en la mayoría de los casos la identificación la hacen los ejemplares caninos. Sin embargo, la cárcel también cuenta una máquina de
rayos x para revisar los paquetes, así como detectores de metales. En todo caso, aclara que “las requisas no pueden eliminarse cuando hay indicios de porte de elementos o sustancias prohibidas que requieren de una inspección complementaria”13. Sobre la adquisición de nuevas herramientas tecnológicas, se limita a contestar que la SSCJ es la que se ha encargado de realizar las gestiones necesarias para comprar de nuevos equipos tecnológicos que optimicen la labor de la requisa garantizando el respeto por la dignidad humana. 4.4.5. Frente al registro de los procesos de seguridad, la directora sostiene que todas las actividades quedan anotadas en los libros de minuta que hay en cada pabellón.14 En estos libros se consignan los procesos de seguridad y las novedades o los casos particulares que requieren una mención detallada. Destaca que la Cárcel Distrital cuenta con cámaras de vigilancia ubicadas en puntos estratégicos que permiten controlar la relación entre los guardianes, las personas privadas de la libertad y los visitantes, y de esta manera salvaguardar la sana convivencia, respetar los derechos y garantizar la seguridad del establecimiento penitenciario. Agrega que la Secretaría de Seguridad tiene acceso directo desde el nivel central a los registros audiovisuales, los cuales son conservados por un periodo no mayor a un mes. 4.4.6. En relación con el pabellón Autonomía –donde se encuentran recluidos los 108 accionantes–, la directora precisa que no es cierto que se encuentren mezcladas personas con detención preventiva y personas condenadas. En este pabellón únicamente están recluidas personas sindicadas.15 Expone que “una
vez la Cárcel Distrital es informada de la firmeza de la sentencia condenatoria por parte de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, se procede a realizar el traslado de la persona al pabellón Opción 13 Cuaderno de revisión del expediente, folio 29. 14 Estos libros se denominan “Minuta de radicación de actividades que se llevan a cabo en cumplimiento del plan de gestión en cuanto a seguridad y control”. Cuaderno de revisión del expediente, folio 29 (reverso). 15 Entre el material probatorio remitido a la Corte Constitucional, se encuentra una tabla denominada “Organización en pabellones - Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres” en la que se especifica la distribución interna de las personas privadas de la libertad en cada pabellón y su respectiva situación jurídica. Esta tabla, con corte al 08 de mayo de 2019, señala que en el pabellón Autonomía de la Cárcel Distrital se encuentran recluidos 144 hombres, todos en calidad de sindicados por la presunta comisión de delitos sexuales. Cuaderno de revisión del expediente, folio
88. 9 en el que se encuentran los condenados” 16. Este traslado implica, además, el cambio en el color del uniforme, pasando de naranja a café como forma de diferenciación entre detenidos y condenados. 4.4.7. En cuanto a la prohibición de ingresar prendas de vestir azul oscuro o negro, la directora aclara que esta medida obedece a la necesidad de diferenciar a los visitantes del cuerpo de custodia y vigilancia. Los uniformes de los guardias son de color oscuro, por lo que evitar cualquier confusión al
interior del establecimiento es un motivo central de seguridad; no obstante, aclara que esta prohibición se refiere única y exclusivamente a al vestuario exterior y no incluye la ropa interior. Agrega que la información sobre el color de las prendas de vestir que se encuentran prohibidas para el ingreso está expuesta a la entrada del establecimiento para el conocimiento de todos los visitantes. 4.4.8. La directora adjunta una copia del protocolo interno de seguridad ICVS-6 –mencionado anteriormente– y un memorando elaborado por el teniente José Joaquín Bernal González, comandante del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia de la Cárcel Distrital. El protocolo I-CVS-6 establece unos lineamientos precisos de actuación que deben seguir los guardias durante el proceso de requisa. De este protocolo es importante citar los siguientes apartes: “El registro de personas y sus bienes podrá incluir el contacto físico de acuerdo con la normatividad vigente. (…) El personal de guardia podrá utilizar medios técnicos o tecnológicos para el registro de personas y bienes tales como detector de metales, escáner de rayos x, sensores especiales y caninos entrenados para tal fin.”17 Sobre el empleo de la unidad canina, el protocolo indica: “En el momento que el canino de una alerta o señal positiva a esta persona se le realiza una nueva requisa más rigurosa. Si la señal persiste, se diligencia el formato de prohibición de ingreso de la persona al establecimiento carcelario.” En relación con el uso de las herramientas tecnológicas para el procedimiento de requisa establece lo siguiente: “El personal de custodia y vigilancia, previo a la utilización de la Silla II BOSS, Arcos detectores de metales y Garret, debe verificar
el funcionamiento de los mismos e informar si se presentan novedades al profesional asignado para su respectiva calibración.” 16 La directora señala que la Cárcel Distrital envía periódicamente listados al INPEC con las personas privadas de la libertad cuya condena se encuentra en firme y ejecutoriada con el fin de que les sea fijado el establecimiento carcelario donde deberán cumplir su condena. Cuaderno de revisión del expediente, folio 30. 17 Cuaderno de revisión del expediente, folio 74. 10 El protocolo enfatiza que “[e]n el momento de la requisa no se podrá atentar contra la dignidad humana y la integridad física de las personas privadas de la libertad, por ello están prohibidas las inspecciones intrusivas.” 18 (Subrayado fuera del texto original) 4.4.9. Por otra parte, el teniente José Joaquín Bernal González afirma en su memorando que antes de la implementación de la unidad canina y la compra de los equipos tecnológicos se incautaban a las personas privadas de la libertad más de 500 gramos de sustancias prohibidas (marihuana, bazuco, cocaína y pastillas) en cada operativo de requisa. Actualmente se encuentran durante los registros cantidades mucho menores de sustancias que seguramente son ingresadas a través de las visitas. Sostiene que con la adquisición de las herramientas y ayudas tecnológicas “se ha logrado que cada vez el personal de guardia tenga menos contacto físico al realizar los controles; no obstante, siempre se hará necesaria la requisa cuando existan serias sospechas del porte o tenencia de elementos prohibidos por parte las personas privadas de la libertad y/o los visitantes”19.
4.4.10. El teniente adjunta copia de los informes correspondientes a las actividades de seguridad realizadas en el mes abril del año 2019, así como el informe
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