CC - T276-2020

Sentencia T-276/20

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESRequisitos generales y especiales de procedibilidad DEBERES, OBLIGACIONES Y CARGAS PROCESALES-Su observancia contribuye con la realización de los principios de economía, oportunidad, lealtad, imparcialidad y celeridad procesales DEBERES DE LAS PARTES E INTERVINIENTES EN PROCESO PENAL INDEBIDA NOTIFICACION JUDICIAL-Configura un defecto procedimental absoluto que lleva a la nulidad del proceso/PROCESOS JUDICIALES-Necesidad de notificación efectiva La indebida notificación viola el debido proceso y, cuando es consecuencia de la conducta omisiva de la autoridad, es un defecto procedimental absoluto porque: (i) concurre cuando el juez actúa inobservando el procedimiento establecido en la ley; (ii) se entiende como un defecto de naturaleza calificada que requiere para su configuración que el operador jurídico haya desatendido el procedimiento establecido por la norma; y, además, (iii) implica una evidente vulneración al debido proceso del accionante. DEBIDO PROCESO PENAL-Vulneración por falta de notificación En los eventos en que el procesado no se ha ocultado (a través de maniobras como la evasión o aportar direcciones falsas) resulta violatorio del debido proceso, a la luz del ordenamiento constitucional, el que el aparato judicial decida tramitar en su ausencia un proceso penal, esto, a menos de que haya utilizado previamente las herramientas que tiene a mano para notificar del proceso al sindicado (máxime si dentro del expediente obra la información

completa para llevar a cabo dichas notificaciones). Por el contrario, no se puede alegar una trasgresión de estos derechos cuando es el implicado quien suministra información falsa o realiza maniobras tendientes a no comparecer al proceso, faltando a lo indicado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Penal. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESImprocedencia por cuanto no se vulneró debido proceso de accionante, quien incumplió deber de suministrar la dirección correcta para notificación en proceso penal

Referencia: Expediente T-7.613.979

Acción de tutela formulada por Camilo Esteban González Cadena, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el Juzgado 52 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y la Fiscalía 364 Seccional de Bogotá.

Magistrado Ponente:

ALBERTO ROJAS RÍOS

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinte (2020). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y los Magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, así como en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 02 de 2015 -Reglamento de la Corte Constitucional-, profieren la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión del trámite de la sentencia de tutela proferida en

primera instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 2 de julio de 2019, la cual concluyó en segunda instancia mediante decisión adoptada por la Sala de Casación Civil de la misma Corporación el 9 de agosto de 2019, dentro del proceso de amparo formulado por Camilo Esteban González Cadena, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el Juzgado 52 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y la Fiscalía 364 Seccional de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos 1.1. El 19 de julio de 2015, el ciudadano Camilo Esteban González Cadena se vio involucrado en una riña con el señor Geoffroy Sánchez, quien recibió una incapacidad médico legal definitiva de 15 días1. 1 Cuaderno de primera instancia, folio 01. 1.2. Como consecuencia del mencionado inconveniente, el accionante fue capturado y presentado ante el Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y, el 20 de julio de 2015, se legalizó la captura y se formuló la imputación de cargos. En las mencionadas diligencias judiciales el tutelante fue asistido por un defensor público, asignado por la Defensoría del Pueblo. 1.3. En desarrollo del proceso penal, el tutelante fue citado a las diferentes diligencias que se programaron y, ante la no comparecencia de éste a las audiencias, el procedimiento continuó, con la presencia del defensor asignado para garantizar los derechos del aquí tutelante. 1.4. El proceso terminó con la condena del imputado a pena privativa de la

libertad, por el punible de tentativa de homicidio. 1.5. El 17 de mayo de 2019, mientras paseaba con su mascota, el señor González Cadena fue requerido por agentes de policía, quienes, después de verificar en el sistema, le informaron que debería ser conducido ante las autoridades correspondientes, comoquiera que existía una orden de captura en su contra pues había sido condenado por el punible de tentativa de homicidio por parte del Juzgado 52 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá. 1.6. Una vez capturado, el accionante fue puesto a disposición del Juzgado 12 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, quien ordenó su reclusión en el Centro Penitenciario La Picota. 1.7. Afirma el actor que durante el desarrollo del proceso no fue citado a ningún tipo de diligencia judicial, motivo por el cual procedió a revisar el expediente con número de radicación 11001600002320151026300 y, en específico, los audios de las audiencias adelantadas dentro del proceso en el cual fue condenado. 1.8. De lo anterior encontró que la dirección a la cual enviaron las comunicaciones no fue la aportada por él durante las audiencias concentradas celebradas el 20 de julio de 2015, esto es, la calle 142 No 100B-09, apartamento 213, bloque A, conjunto “La Milagrosa”, sino a la calle 142 No 100-09. 1.9. Teniendo en cuenta que la dirección en la cual la Fiscalía 365 Seccional de Bogotá y el centro de servicios judiciales procedieron a notificar al accionante no fue la aportada por el tutelante, éste asegura que no se le

permitió ejercer su derecho de defensa, vulnerando así sus derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

2. Trámite impartido a la acción de tutela 2.1. El ciudadano Camilo Esteban González Cadena formuló acción de tutela contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el Juzgado 52 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y la Fiscalía 364 Seccional de Bogotá. Argumentó que dichas entidades vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, ya que en caso de haber sido notificado en debida forma, hubiese podido “comparecer a las audiencias programadas y ejercer el derecho de defensa y contradicción en cada un[a] de las actuaciones procesales o hacer uso de los derechos o mecanismos legales a que tengo derecho como es acceder a beneficios procesales para evitar el desgaste a la administración de justicia, incluyendo la censura de las sentencias de primera y segunda instancia, incluso presentar el recurso extraordinario de casación”2.

3. Traslado y contestación de la acción de tutela El 20 de junio de 2019, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de tutela interpuesta por el señor González Cadena contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el Juzgado 52

Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y la Fiscalía 364 Seccional de Bogotá; y ordenó vincular al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, al Director del Establecimiento

Penitenciario y Carcelario La Picota, al Juzgado 62 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá, al Juzgado 12 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y a la Fiscalía 303 Local URI Usaquén para que se pronunciaran sobre los hechos y allegaran las pruebas que consideraran necesarias dentro del proceso de amparo3. 3.1. Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías En escrito del 27 de junio de 20194, el Juez, Gustavo Alfonso Cabarcas Gómez, dio contestación a la acción de tutela y solicitó que se desvinculara a su despacho judicial, comoquiera que, una vez revisado el sistema “Justicia XXI” y el archivo del Juzgado se evidenció que el 20 de julio de 2015 se llevaron a cabo las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos en contra de Camilo Esteban González Cadena, y que la solicitud audiencia de medida de aseguramiento fue retirada por la Fiscalía, motivo por el cual ordenó la libertad del entonces capturado. 2 Ibídem, folio 4. 3 Auto del 20 de junio de 2019, cuaderno principal de la acción de tutela, folios 24-26. 4 Cuaderno principal, folio 39. Manifestó que con posterioridad el expediente fue devuelto al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, desconociendo lo ocurrido con posterioridad dentro del proceso5. 3.2. Juzgado 52 Penal del Circuito con Función de Conocimiento En escrito del 27 de junio de 2019, Carlos Enrique Torres Meléndez, en su

calidad de Juez, afirmó no haber trasgredido derecho alguno del actor, comoquiera que, dentro del proceso adelantado en contra del accionante, se le garantizaron los mismos, a tal punto que la sentencia condenatoria proferida el 23 de abril de 2018 fue apelada por el apoderado ad litem del tutelante y confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 7 de septiembre de ese mismo año. Aclaró que las citaciones se hicieron a la dirección suministrada por la Fiscalía6. 3.3. Juzgado 12 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad El 28 de junio de 20197, Diego Camilo Veloza García, Asistente Jurídico, dio respuesta a la acción de tutela y manifestó que el ciudadano Camilo Esteban González Cadena fue hallado responsable del delito de tentativa de homicidio y condenado a la pena principal de 104 meses de prisión, mediante sentencia del 23 de abril de 2018, proferida por el Juzgado 52 Penal del Circuito de Conocimiento, y confirmada, en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Aseguró que el proceso fue asignado a ese estrado judicial el 20 de enero de 2019 y que el 20 de mayo de esa misma anualidad, fue puesto a su disposición el señor González Cadena, por lo que ordenó su reclusión en el centro penitenciario La Picota. 3.4. Centro de Servicios Judiciales Sistema Penal Acusatorio de Bogotá El Juez Coordinador, Gabriel Lara Garzón, expresó que el Centro de Servicios Judiciales Sistema Penal Acusatorio de Bogotá citó al señor

González Cadena a la dirección aportada por el Juzgado 52 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, cumpliendo con sus obligaciones legales, motivo por el cual no vulneró los derechos del actor en ningún momento. 3.5. Fiscalía 364 Seccional de Bogotá 5 Ibídem. 6 Ibídem, folios 48-49. 7 Cuaderno principal, folios 43-44. En comunicación del 27 de junio de 2019, Cesar Poveda Jaramillo, en su calidad de Fiscal 364 Seccional de Bogotá, señaló que no hubo vulneración de derecho alguno, toda vez que durante el proceso penal adelantado en contra del señor Camilo Esteban González Cadena, éste estuvo representado por el abogado público Luis Eduardo Carreño Herrera. Indicó que en la audiencia de imputación de cargos se le informó al actor que en caso de no aceptar los cargos por los que se encontraba detenido se continuaría con el proceso en su contra y que, a pesar de tener conocimiento de la situación en la que se encontraba, González Cadena decidió ausentarse de la actividad judicial. Concluye afirmando que si bien el tutelante informó que su dirección de notificación era la calle 142 No 100B-09, ésta no corresponde al conjunto residencial “La Milagrosa” (donde afirmó residir), ya que esta unidad de apartamentos se encuentra ubicada en la calle 141 No 110B-09 (sic)8, y que la dirección calle 142 No 100B-09 (suministrada por el actor) no existe, motivo por el cual, en caso de haberse enviado las comunicaciones a ésta última nomenclatura, tampoco hubiese sido posible notificar al encartado9.

3.6. Luis Eduardo Carreño Herrera, abogado del accionante El abogado Luis Eduardo Carreño Herrera expresó que, en su calidad de defensor público, representó los intereses del accionante y que intentó establecer comunicación con este último, sin obtener resultados favorables.

4. Decisiones adoptadas por las autoridades judiciales 4.1. Primera instancia El 2 de julio de 2019, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, negó por improcedente la acción de amparo, al considerar que si bien

la dirección de notificación aportada por el actor (calle 142 No 100B-09), no fue la misma a la que se enviaron las citaciones por parte del Centro de Servicios Judiciales (calle 142 No 100-09), “esta situación no tiene la entidad suficiente para pregonar que al actor se le cercenó la posibilidad de comparecer a las audiencias programadas y ejercer el derecho de defensa y contradicción frente a las postulaciones jurídicas adelantadas en cada uno de los estadios procesales o hacer uso de los derechos o mecanismos que por ley le permiten acceder a beneficios procesales por evitar el desgaste de la administración de justicia, incluyendo claro está, la censura de la sentencia de segunda instancia”10. 8 Revisado el expediente se encuentra un error de digitación puesto que, según el informe de investigador de campo –FPJ 11-, presentado por Edwin Prieto Buenaventura, Técnico Investigador I del CTI, se informa que el conjunto la milagrosa se encuentra ubicado en la calle 141 No 100B-09. 9 Ibídem, folios 90-91.

10 Ibídem, folios 96-117. 4.2. Impugnación Inconforme con la decisión adoptada por el juez de tutela, el ciudadano Camilo Esteban González Cadena impugnó el fallo el 12 de julio de 2019, encontrándose dentro del término legal establecido11, reiterando los argumentos de la acción de tutela. 4.3. Segunda instancia En sentencia del 9 de agosto de 2019, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó, en su integridad, el fallo de primera instancia. Consideró que no se presentó una vulneración de los derechos del accionante, toda vez que el error cometido por el delegado fiscal no tiene la entidad suficiente para trasgredir las garantías procesales del tutelante.

5. Actuaciones en sede revisión Mediante auto del 18 de octubre de 2019, la Sala de Selección de Tutelas Número Diez, integrada por la Magistrada Cristina Pardo Schlesinger y el Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, seleccionó el expediente de la referencia y lo asignó, previo reparto, al Magistrado Alberto Rojas Ríos para proyectar la decisión de su revisión, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 241 de la Constitución Política y en los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, indicando como criterio de selección el subjetivo urgencia de proteger un derecho fundamental12. 5.1. El 25 de noviembre de 2019, el Magistrado Sustanciador decretó pruebas, y, requirió a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

para que informara si la dirección calle 142 No 100B-09 existe en la ciudad de Bogotá. Igualmente solicitó que le informara si la dirección calle 141 No 100B-09 de Bogotá siempre ha tenido la misma nomenclatura, o si ésta ha sido modificada; y en caso de haber sido cambiada, en qué fecha se llevó a cabo la mencionada variación, y con qué nomenclatura se podía ubicar la calle 141 No 100B-09. Igualmente, requirió al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, para que allegara copia de las comunicaciones enviadas al ciudadano Camilo Esteban González Cadena, para verificar la dirección de notificación relacionada en las citaciones. Finalmente, requirió al abogado Luis Eduardo Carreño Herrera para que informara las labores que adelantó con la finalidad de contactar a su 11 Cuaderno principal, folios 130-141. En esta oportunidad el tutelante manifestó que el informe de investigador de campo presentado por la fiscalía no se ajustaba a la realidad de los hechos. 12 Cuaderno Corte Constitucional. Folio 16. representado, Camilo Esteban González Cadena y garantizar la defensa técnica de este último. 5.2. Mediante escrito del 5 de diciembre de 2019, radicado en la Secretaría General de la Corte Constitucional, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital manifestó que “la dirección calle 142 No 100B-09 existe en la actualidad, y corresponde a propiedad horizontal con 60 unidades y tiene como nombre la Milagrosa etapa III”13. Igualmente expresó que, “la nomenclatura calle 141 No 100B-09 figuró con la

nomenclatura calle 142 No 100B-09 y el cambio fue realizado el 8 de marzo de 2000”14. Lo anterior demuestra que, para la fecha de la captura del señor González Cadena, la dirección calle 142 No 100B-09, había sido reemplazada por la nomenclatura calle 141 No 100B-09. 5.3. El Centro de Servicios Judiciales Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, en escrito adiado 23 de diciembre de 2019, allegó copia de las citaciones enviadas al tutelante, en las que se evidencia que la dirección registrada fue la calle 142 No 100-09. 5.4. El abogado Luis Eduardo Carreño Herrera guardó silencio.

6. Material probatorio relevante que obra en el expediente 6.1. Escrito de tutela presentado por el accionante en el que manifiesta que, como consecuencia de la indebida notificación, se le vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Cuaderno principal folios 1-10. 6.2. Escrito de solicitud de audiencias preliminares, control de legalidad de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, radicada por la Fiscal URI 303, encontrándose detenido el señor Camilo Esteban González Cadena. En dicho documento se afirma que la dirección del capturado es la calle 142 No 100B-09. Cuaderno principal, folios 11-12. 6.3. Escrito de acusación radicado por el Fiscal Seccional 364, Cesar Fabrizzio Poveda Jaramillo, en el que se afirma que la dirección de

notificación del imputado es la calle 142 No 100-09. Cuaderno principal, folios 13-16. 13 Ibídem, folio 49. 14 Ibídem. 6.4. Informe de investigador de campo –FPJ 11de fecha 2 de julio de 2019, presentado por el Técnico Investigador I, en el que expresa que la calle 142 No 100B-09, no existe y que el conjunto “La Milagrosa” se encuentra ubicado en la calle 141 No 100B-09. Cuaderno Principal, folios 92-94. 6.5. Oficio de fecha 5 de diciembre de 2019, en el cual la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital da respuesta a los requerimientos hechos por esta Corte. Cuaderno de tutela folios 46-50. 6.6. Copia de las citaciones enviadas por parte del Centro de Servicios Judiciales Sistema Penal de Bogotá, en el que se evidencia que las comunicaciones fueron remitidas a la calle 142 No 100-09. Cuaderno de tutela folios 58-64.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Planteamiento del caso, problema jurídico y estructura de la decisión El ciudadano Camilo Esteban González Cadena, formuló acción de tutela en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

el Juzgado 52 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y la Fiscalía 364 Seccional de Bogotá, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por no haber sido notificado de las actuaciones adelantadas dentro del proceso penal adelantado en su contra por el punible de tentativa de homicidio, en el cual fue encontrado responsable y condenado a ciento cuatro (104) meses de prisión, sin que, en su criterio, haya podido defenderse de los hechos por los cuales le acusaban. A juicio del accionante, los demandados vulneraron los derechos fundamentales mencionados, al continuar el proceso sin notificarle sobre las actuaciones desarrolladas dentro del mismo, impidiéndole controvertir las pruebas y hacer uso de los recursos de ley, incluyendo el extraordinario de casación. Lo anterior, por no haber enviado las notificaciones a la dirección por él aportada en la audiencia de legalización de captura y de imputación de cargos. Con base en los antecedentes del caso, corresponde a la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional resolver el siguiente problema jurídico: ¿La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el Juzgado 52 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y la Fiscalía 364 Seccional de Bogotá vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del ciudadano Camilo Esteban González Cadena, por abstenerse de notificarlo en la dirección que suministró y, en consecuencia, no permitirle asistir a las

audiencias programadas dentro del curso del proceso penal que se adelantaba en su contra, limitando su participación en el mismo? Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, se estudiarán los siguientes ejes temáticos: (i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) los deberes de las partes dentro del proceso penal; finalmente (iii) se estudiará la solución del caso concreto. 2.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial. Reiteración de jurisprudencia15 La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales ha sido abordada por esta Corporación en múltiples ocasiones, por lo que la Sala Novena repasará las premisas en que se fundamenta esta posibilidad y las reglas establecidas para el examen en un caso concreto. La Corte manifestó que, de manera excepcional, se puede controvertir una providencia judicial, dando paso al concepto de vía de hecho. Con todo, la jurisprudencia constitucional concluyó que las sentencias judiciales pueden ser cuestionadas a través de la acción de amparo por causa de otros defectos adicionales, por lo que desarrolló el concepto de causales genéricas de procedibilidad de la acción, para orientar a los jueces constitucionales en sus decisiones, estableciendo unos parámetros uniformes que permiten esclarecer en qué eventos es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales. La Sala Plena de la Corte Constitucional, en las sentencias C-590 de 2005 y SU-913 de 2009, sistematizó y unificó los requisitos generales de procedencia y las razones o motivos de procedibilidad de la tutela contra sentencia y

expresó que “no solo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente 15 Este capítulo tendrá como base la sentencia T-389 de 2019. (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad)”16. Esta situación se viabiliza en los casos en los que un operador judicial decide un conflicto desconociendo el ordenamiento vigente, lo que conlleva a una vulneración de los derechos fundamentales de una de las partes. Al respecto ha expresado esta Corporación: “Tal comportamiento puede traducirse en (1.) la utilización de un poder concedido al juez por el derecho para un fin manifiestamente no previsto en las disposiciones legales (defecto sustantivo), (2.) en el ejercicio de una atribución por un órgano que claramente no es su titular (defecto orgánico), (3.) en la aplicación del derecho sin contar, de manera protuberante, con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal a partir de pruebas válidas (defecto fáctico), o (4.) en la actuación manifiestamente por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental). Esta carencia sustancial de poder o de desviación del otorgado por la ley, revelan (i.) una manifiesta desconexión entre lo establecido en el ordenamiento y la voluntad del funcionario judicial (que aparejará su descalificación como acto judicial) y (ii.) una clara violación de los derechos fundamentales de quien sufre las consecuencias del acto arbitrario”17.

El fundamento jurisprudencial de esta decisión se encuentra, como ya se indicó, en la sentencia C-590 de 2005 la cual estableció que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se cumplan una serie de requisitos generales y específicos. Los requisitos generales son los siguientes: “a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona 16 Sentencia C-590 de 2005. 17 Sentencia T-808 de 2006. afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el

cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en

cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”18. En lo que tiene que ver con los requisitos específicos, la sentencia C-590 de 2005 enunció que los mismos se circunscribían a los siguientes presupuestos: “a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución”. 18 Sentencia C-590 de 2005.

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