CC - T277-2020

Sentencia T-277/20

ACCION DE TUTELA PARA OBTENER REINTEGRO

LABORAL DE TRABAJADOR EN CONDICION DE

DISCAPACIDAD QUE GOCE DE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Procedencia excepcional

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE

PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD-Reglas jurisprudenciales Quien está en situación de debilidad manifiesta por cuestiones de salud es el individuo que: “i) pueda catalogarse como persona con discapacidad, ii) con disminución física, síquica o sensorial en un grado relevante, y (iii) en general todas aquellos que (a) tengan una afectación grave en su salud; (b) esa circunstancia les ‘impida[a] o dificult[e] sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares’, y (c) se tema que, en esas condiciones particulares, pueden ser discriminados por ese solo hecho, está en circunstancias de debilidad manifiesta y, por tanto, tiene derecho a la estabilidad laboral reforzada”.

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE

PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD-Requisitos Para que un empleado tenga estabilidad laboral reforzada debe acreditar los siguientes requisitos: (i) que se establezca que el trabajador se encuentra en una condición de salud que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en circunstancias regulares, pues no cualquier afectación de la salud resulta suficiente para sostener que hay lugar a

considerar al trabajador como un sujeto de especial protección constitucional; (ii) que la condición de debilidad manifiesta sea conocida por el empleador en un momento previo al despido, y, finalmente, (iii) que no exista una justificación suficiente para la desvinculación, de manera que sea claro que el mismo tiene origen en una discriminación. ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE TRABAJADOR EN PERIODO DE INCAPACIDAD-Protección El subordinado que se encuentra dentro de un tiempo de incapacidad médica goza igualmente de una protección en su relación laboral, pues como ha explicado la jurisprudencia de esta Corporación, una vez finalice dicho término deberá reincorporarse a sus labores, donde tendrán que reinstalarlo, de ser posible, o reubicarlo según las condiciones especiales que dicte su patología. Por consiguiente, si el deseo del empleador es prescindir de sus servicios, tendrá que cumplir el requisito establecido para ello, en este caso, la autorización de la oficina del trabajo. DERECHO A LA REUBICACION LABORAL-Deber del empleador de reubicar al trabajador que en el transcurso de su vida laboral ha sufrido accidentes o enfermedades que disminuyen su capacidad laboral ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE TRABAJADOR EN CONDICION DE DISCAPACIDAD-Carece de todo efecto despido o terminación de contrato sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo Si se pretende desvincular a una persona en las condiciones descritas, es necesario contar con la autorización de la Oficina del Trabajo pues, de no ser así, dicho acto jurídico es ineficaz. Con ello, se prohíbe el despido

discriminatorio de sujetos en situación de debilidad, por ejemplo en razón a su discapacidad, creándose así una restricción constitucionalmente legítima a la libertad contractual del empleador, quien sólo está facultado para terminar el vínculo después de solicitar una autorización ante el funcionario competente que certifique la concurrencia de una causa justificable para proceder de esta manera.” SUSTITUCION PATRONAL-Marco normativo SUSTITUCION PATRONAL-Concepto y requisitos/SUSTITUCION PATRONAL-Protección del trabajador Con el concepto de sustitución patronal se busca proteger a los trabajadores, para que, en caso de un cambio en su dirección, dicha modificación no acarree cambios en el contrato de trabajo o la terminación del mismo de manera imprevista, situación que vulnera los derechos de los empleados. Por consiguiente, esta figura deberá aplicarse cuando reúnan los tres requisitos desarrollados jurisprudencialmente. DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD-Orden de reintegrar, reconocer y pagar salarios y prestaciones dejadas de percibir, al igual que pagar indemnización, según ley 361/97

Referencia: Expediente T-7.722.775

Acción de tutela formulada por Martha Lilian Londoño Correa, contra José Humberto Pérez Carmona y “Cafetería y Restaurante Humbert”.

Magistrado Ponente:

ALBERTO ROJAS RÍOS

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinte (2020). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la

Magistrada Diana Fajardo Rivera y los Magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, así como en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 02 de 2015 -Reglamento de la Corte Constitucional-, profieren la siguiente: SENTENCIA En el proceso de revisión del trámite de la sentencia de tutela proferida en primera instancia por el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Oralidad de Medellín, el 07 de septiembre de 2019, y que concluyó el 09 de octubre de dicho año a través de la providencia de segunda instancia emitida por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de la misma municipalidad. Lo anterior, dentro del proceso de amparo formulado por Martha Lilian Londoño Correa, a través de apoderado, contra José Humberto Pérez Carmona y “Cafetería y Restaurante Humbert”, en cabeza de su representante legal, Milton Marín Martínez.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos 1.1. La señora Londoño Correa se vinculó laboralmente, en el año 2009, al establecimiento comercial “Cafetería y Restaurante Humbert”, siendo contratada por el señor José Humberto Pérez Carmona para desempeñarse como parrillera. 1.2. En el año 2015, mientras aún ocupaba el cargo anteriormente indicado, la accionante comenzó a padecer una merma considerable en su estado de

salud y le fue diagnosticado esclerosis acetabular, dolor pélvico crónico e incontinencia urinaria; asimismo, señaló sufrir de pérdida de audición. Por lo tanto, durante la vigencia del contrato laboral le fueron otorgadas incapacidades médicas a partir del 31 de agosto de 2015 hasta el 14 de junio de 20191, siendo esta última proferida por un término de quince (15) días. 1.3. El 28 de junio de 2017, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, emitió su dictamen No.43433855-965 respecto de la situación de la señora Londoño Correa, calificándola con una pérdida de capacidad laboral (PCL) de 35.34%. Decisión que fue recurrida por la accionante. 1.4. La Junta Nacional de Calificación de Invalidez confirmó, el 26 de junio de 2018, lo establecido anteriormente, razón por la cual no aumentó el porcentaje de PCL. 1.5. El 29 de mayo de 2019, el empleador le notificó, mediante escrito, que “el establecimiento de comercio en el cual usted prestó el servicio ya fue vendido”2, e informó que la respectiva matrícula había sido cancelada el 14 de marzo anterior. Manifestó a la accionante que la relación laboral entre ellos culminaba definitivamente el 31 siguiente, pues adujo que pese a esperar un tiempo que consideró prudente, la señora Londoño Correa no le hizo llegar una nueva constancia de incapacidad. 1.6. El 31 de mayo de 2019, fecha en la que se dio por terminada

unilateralmente la relación laboral, la señora Londoño Correa se encontraba incapacitada3, tal como lo evidencia la historia clínica. 1.7. Asimismo, la accionante pudo constatar que, a pesar de que se le informó sobre la cancelación de la matrícula comercial, el establecimiento sigue en pleno funcionamiento, ejerce la misma actividad económica, conserva al personal que laboró con ella y utiliza el mismo nombre y logo. 1.8. A la notificación de terminación de vínculo laboral, el señor Pérez Carmona anexó la liquidación de las prestaciones sociales de la accionada en la cual incluyó el pago de la indemnización establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 19974. Dando como resultado la suma de siete millones noventa mil setecientos cuarenta y ocho (7’090.748) pesos, los cuales fueron consignados a nombre del Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín5. 1 Dentro del expediente esta es la última fecha de la que se tiene constancia, esto mediante la historia clínica de la señora Londoño Correa. Cuaderno principal, folios 23 al 26. 2 Cuaderno principal, folio 21. 3 Cuaderno principal, folio 24. 4 En el mencionado artículo se estipuló como indemnización por el despido lo equivalente a 180 días de salario. 5 Cuaderno principal, folio 58. 1.9. Afirmó la accionante que al perder su empleo y no contar con ningún otro ingreso, la calidad de vida de su núcleo familiar6 se ha visto severamente afectada. En igual sentido, su tratamiento médico se ha entorpecido pues éste

conlleva gastos en suministros y exámenes, en adición a que tenía programada una cirugía en su rodilla izquierda. 1.10. Por lo expuesto, la señora Londoño Correa otorgó poder al señor Olver David Pulgarín Rojas, quien instauró acción de tutela en contra del señor José Humberto Pérez Carmona, como su empleador, y del establecimiento de comercio “Cafetería y Restaurante Humbert”7, cuyo representante legal, según informa la actora, es Milton Marín Martínez; para que, en primer lugar, se declare la ineficacia de la terminación contractual y se ordene su reintegro laboral sin solución de continuidad toda vez que el despido se dio sin mediar la autorización de la Oficina del Trabajo, en segundo lugar, que le sean resarcidos sus derechos laborales y de seguridad social vulnerados durante la desvinculación y, finalmente, que se le otorguen 180 días de salario como sanción al ser despedida sin la beneplácito de la autoridad competente.

2. Trámite impartido a la acción de tutela La ciudadana Martha Lilian Londoño Correa, mediante apoderado, presentó acción de tutela el 28 de agosto de 2019, en contra del señor José Humberto Pérez Carmona y el establecimiento de comercio “Cafetería y Restaurante Humbert”, representado legalmente por el señor Milton Marín Martínez, en búsqueda de que fueran amparados sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, mínimo vital, salud y seguridad social.

La accionante sustentó su reclamo constitucional en que, si bien el empleador conocía plenamente de su situación de salud, éste, sin mediar autorización

alguna por parte de la oficina del trabajo, dio por finalizada su vinculación laboral de forma unilateral, entorpeciendo, de esta manera, el tratamiento de las patologías que padece al no contar con recursos para llevarlo a cabo. Aunado a lo anterior, y aunque consta en los certificados de la Cámara de Comercio de Medellín la cancelación de la matrícula comercial del establecimiento, manifiesta que en ese lugar sigue funcionando el restaurante, con igual nombre, razón social, adecuación y empleados.

3. Traslado y contestación de la acción de tutela Inicialmente, el Juzgado Diecisiete Civil Municipal en Oralidad de Medellín inadmitió8 la solicitud de tutela por presentar contradicciones en la parte accionada, esto con fundamento en que la acción iba dirigida en contra de una 6 En su escrito de tutela, la señora Londoño Correa indicó que convive con su hija, su nieta menor de edad y su madre, quien cuenta con 75 años de edad.

7 Calle 16 No.59-76 Barrio San Pablo-Guayabal (Medellín, Antioquia). 8 Cuaderno principal, folio 39. persona natural, José Humberto Pérez Carmona, y una persona jurídica, “Cafetería y Restaurante Humbert”. Sin embargo, en el acápite de pretensiones, la accionante dirigió las mismas contra dos personas naturales, Pérez Carmona y Milton Marín Martínez. Corregida la acción de amparo, el 02 de septiembre de 20199, el despacho judicial admitió la solicitud, por lo que ordenó a la parte accionada que se pronunciara sobre los hechos expuestos por la accionante. Igualmente ordenó vincular a la señora Andy Julieth Monsalve Giraldo, quien

para la fecha de la expedición del auto de admisión, fungía como propietaria del establecimiento comercial, al considerar que la decisiones allí adoptadas podrían tener efectos a su persona. 3.1. José Humberto Pérez Carmona, empleador. Mediante escrito del 03 de septiembre de 201910, se pronunció respecto de los hechos enunciados por la accionante en el escrito de tutela. Indicó las condiciones de la vinculación laboral que tenía la señora Londoño Correa, por lo que señaló que en principio su contrato era a término fijo por tres (3) meses, el cual se prorrogó, para luego, concretamente el 2 de febrero de 2016, variar el período de contratación a un (1) año, siendo el final de la última prórroga el 1 de febrero de 2019. Adujo que se desprendió del restaurante en cuestión el 14 de febrero de 2019. Sin embargo, al conocer las condiciones de salud de la accionante, continuó haciéndose cargo del pago de su seguridad social hasta el 29 de mayo siguiente. Indicó que debido a la imposibilidad de mantener la relación laboral y, entendiendo que la última incapacidad médica de la cual tenía conocimiento databa del 9 de mayo de 2019, esperó 20 días con la finalidad de saber si le era otorgada una nueva incapacidad. Como la accionante jamás allegó el mencionado certificado, procedió a realizar la liquidación de los créditos laborales de la señora Londoño Correa11, arrojando un monto total a cancelar de siete millones noventa mil setecientos cuarenta y ocho (7’090.748) pesos.

Depositó la totalidad del dinero a órdenes del Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín. 9 Ibídem, folio 51. 10 Ibídem, folio 54 al 62. 11 Indicó el señor Pérez Carmona que a dicha liquidación incluyó la indemnización establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por despido sin autorización de la oficina del trabajo, que corresponde a 180 salarios diarios, lo que corresponde a cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil seiscientos noventa y seis (4’968.696) para el caso de la señora Martha Lilian Londoño Corrrea. Finalmente, señaló que perfeccionó la venta del establecimiento con la señora Andy Julieth Monsalve Giraldo en el mes de febrero de 2019 y procedió a cancelar la matrícula comercial el 14 de marzo siguiente. Siendo ella quien remodeló y adquirió nuevo personal, indicando que entre ellos nunca versó relación comercial alguna. 3.2. Milton Marín Martínez, arrendatario del local comercial e intermediario entre José Humberto Pérez Carmona y Andy Julieth Monsalve Giraldo. Mediante escrito del 04 de septiembre de 201912, explicó que dentro de la estudiada controversia es simplemente “un arrendador (sic) e intermediario de buena fe”13, pues se reunió a nombre de la señora Monsalve Giraldo14 con el señor José Humberto Pérez Carmona. Dicho encuentro tuvo lugar el 03 de abril de 2019, y en este se fijó el monto correspondiente al canon de arrendamiento del local. En dicho encuentro el señor Pérez Carmona informó

no tener conflictos jurídicos de ninguna índole con ningún empleado o exempleado. Señala al señor Pérez Carmona como el único que ha vulnerado derechos en materia laboral, no obstante, establece que éste ha tenido el ánimo de resarcirlos. En igual sentido solicitó ser desvinculado del presente trámite de tutela, en el entendido que no tiene “ninguna relación jurídico laboral con la accionante”15. 3.3. Andy Julieth Monsalve Giraldo. A pesar de que el despacho de primera instancia la vinculó al presente proceso, la señora Monsalve Giraldo guardó silencio.

4. Decisiones adoptadas por las autoridades judiciales 4.1 Primera instancia Mediante proveído del 07 de septiembre de 2019, el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Oralidad de Medellín decidió TUTELAR los derechos de la señora Londoño Correa de manera transitoria, al considerar que en el caso 12 Cuaderno principal, folios 63 al 80. 13 Ibídem, folio 63. 14 Si bien el señor Marín Martínez adujo que asistió a dicha reunión a nombre de Andy Julieth Monsalve Giraldo con el fin de establecer las condiciones del arrendamiento del local comercial, para la misma no obra ningún poder dentro del expediente. Asimismo, en el contrato de dicho negocio jurídico, es él quien figura como el arrendatario. 15 Cuaderno principal, folio 63. concreto era procedente la acción de tutela presentada, teniendo en cuenta la urgencia de amparar sus derechos16, adicionalmente, indicó que se configuró una sustitución patronal, al determinar que cumple cabalmente con los tres

requisitos jurisprudencialmente desarrollados para la aplicación de ésta17. Por consiguiente, dio a la accionante un término de cuatro (04) meses, contados a partir de la promulgación del fallo, para interponer ante la autoridad judicial competente la respectiva demanda. Por lo estudiado, ordenó a la señora Andy Julieth Monsalve Giraldo, como propietaria del establecimiento de comercio “Cafetería y Restaurante Humbert”, reintegrar a la accionante a su anterior puesto o a uno mejor y a pagar los salarios causados desde el momento en que fue retirada de su cargo hasta que fuera restituida. 4.2 Impugnación. A través de escrito fechado del 11 de septiembre de 201918, la señora Andy Julieth Monsalve Giraldo, quien a partir de abril de 2019 figura en los certificados de Cámara y Comercio como la propietaria del establecimiento de comercio “Cafetería y Restaurante Humbert”, precisó que el restaurante del señor Pérez Carmona cerró a partir de febrero de ese año, por lo que éste canceló su matrícula mercantil. Efectuado lo anterior, el 1 de marzo siguiente procedió a celebrar contrato de arrendamiento de local comercial con su dueño, es decir, José Humberto Pérez Carmona. Indicó que si bien el restaurante lleva igual nombre que el anterior, éste es totalmente nuevo, por lo que no es existe en el caso en revisión la configuración de la sustitución patronal. Lo anterior, se extrae puntualmente de su escrito, en el que manifiesta “Así las cosas, cuando procedí a abrir mi restaurante, lo hice con personal que yo contraté, máxime que cuando alquilé

el local, en el mismo no estaba funcionando ya el anterior restaurante, de donde, no era dable tener por sentado que hubo una sustitución de empleadores (…)”19. 4.3 Segunda Instancia. 16 Ibídem, folio 82. “1. Que el peticionario pueda considerarse una persona discapacitada, o en estado de debilidad manifiesta. 2. Que el empleador tenga conocimiento de tal situación. 3. Que el despido se lleve a cabo sin permiso del Ministerio de la Protección Social. 4. Que se irrogue un perjuicio irremediable de tal magnitud, que los medios ordinarios de defensa no resulten idóneos”. 17 Ibídem, folios 85 y 86. (i) Cambio de empleador, “obsérvese que la nueva empleadora de la tutelante es la señora ANDY JULIETH MONSALVE GIRALDO, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado Restaurante y Cafetería Humbert” ; (ii) continuidad de la empresa “no solo continua funcionando, sino que también ejerce la misma actividad comercial y como se indicó en la narración de los hechos, funciona en el mismo sitio, incluso conformado por personal que laboró con la accionante.” ; y (iii) continuidad del trabajador, se acredita en virtud del “fuero circunstancial del que goza la tutelante”. 18 Cuaderno principal, folios 89 y 90. 19 Ibídem, folio 89. En sentencia del 09 de octubre de 201920, el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medellín, revocó el fallo de primera instancia. Respecto a la materialización del elemento referente a la Continuidad de la

empresa, como requisito de configuración de la sustitución patronal, consideró que “si bien la señora Monsalve Giraldo adujo que celebró una negociación con el señor Pérez Carmona sobre el precitado establecimiento de comercio, también lo es que ella fue conteste al indicar que el establecimiento de comercio que abrió al público después de tal negociación obedeció a un establecimiento totalmente diferente al que anteriormente tenía el aludido señor”21, para seguidamente aseverar que, “pese a poseer el mismo nombre, fue registrado bajo un número de matrícula totalmente distinta y contó con elementos y demás indumentaria diversa a la empleada por el precitado señor en su anterior negocio”22. 5 Actuaciones en sede revisión En auto del 09 de diciembre de 2019, la Sala de Selección de Tutelas Número Doce, integrada por los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alberto Rojas Ríos, seleccionó el expediente de la referencia y lo asignó, previo reparto, al Magistrado Alberto Rojas Ríos, para proyectar la decisión de su revisión, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 241 de la Constitución Política y en los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, indicando como criterio de selección objetivo: Exigencia de aclarar el contenido y el alcance de un derecho fundamental23. 6 Material probatorio relevante que obra en el expediente 6.1 Poder para presentar acción de tutela, otorgado el 15 de agosto de 2019 por la accionante al señor Olver David Pulgarín Rojas. Cuaderno principal, folios 11 y 12. 6.2 Dictamen No.43433855-9985 del 26 de junio de 2018, expedido por la

Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Cuaderno Principal, folios 14 al 20. 6.3 Notificación de terminación de vínculo laboral del 29 de mayo de

2019. Cuaderno principal, folios 21 y 22. 6.4 Historia Médica de la señora Martha Lilian Londoño Correa e historial de incapacidades. Cuaderno Principal, folios 23 al 26. 20 Ibídem, folios 94 al 97. 21 Cuaderno principal, folio 96. 22 Ibídem, folio 96. 23 Cuaderno Corte Constitucional, folio 7. 6.5 Certificado de cancelación de matrícula, expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el 18 de marzo de 2019. Cuaderno Principal, folios 29 y 30. 6.6 Certificado de registro mercantil, expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cuaderno Principal, folio 38. 6.7 Historia Laboral de la señora Martha Lilian Londoño Correa, generado el 14 de junio de 2019. Cuaderno Principal, folios 33 al 37. 6.8 Contrato de arrendamiento para local comercial, suscrito el 03 de abril de 2019 ante la Notaria Octava del Círculo de Medellín. Cuaderno Principal, folios 68 al 77.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto

2591 de 1991.

2. Planteamiento del caso, problema jurídico y estructura de la decisión.

La ciudadana Martha Lilian Londoño Correa, formuló acción de tutela contra el señor José Humberto Pérez Carmona y al establecimiento de comercio “Cafetería y Restaurante Humbert”. Toda vez que consideró vulnerados sus derechos fundamentales a estabilidad laboral reforzada, mínimo vital, salud y seguridad social; al ser desvinculada laboralmente de manera injusta y sin seguir el debido proceso, a pesar de encontrarse incapacitada y cuenta con una especial protección al tratarse de una persona en condición de discapacidad. Con base a los antecedentes del caso, corresponde a la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional resolver el siguiente problema jurídico: ¿Los accionados, José Humberto Pérez Carmona y el establecimiento de comercio “Cafetería y Restaurante Humbert”, representado legalmente por la señora Andy Julieth Monsalve Giraldo, vulneraron los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, mínimo vital, salud y seguridad social de la ciudadana Martha Lilian Londoño Correa, al terminar su relación laboral mientras estaba incapacitada y sin intermediación de la Oficina del Trabajo, desconociendo la configuración de la sustitución patronal? Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, se estudiarán los siguientes temas: (i) Procedencia excepcional de la acción de tutela en materia de reintegro laboral de personas amparadas por estabilidad laboral reforzada en virtud a su condición de discapacidad; (ii) Despido de personas sobre las que versa incapacidad médica; (iii) Desvinculación de empleados con

problemas de salud o en condición de discapacidad; (iv) Requisitos jurisprudenciales y legislativos para la configuración de la sustitución patronal; (v) para finalmente entrar a la solución del caso concreto. 2.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela en materia de reintegro laboral de personas amparadas por estabilidad laboral reforzada en virtud a su condición de discapacidad. Reiteración de jurisprudencia24. 2.1.1. Inicialmente, se hace menester establecer la viabilidad de la acción de tutela en esta materia, pues es claro que dentro del ordenamiento jurídico colombiano existen herramientas judiciales específicas destinadas a la protección de los derechos de los trabajadores. No obstante, en algunos casos es posible acudir a dicho mecanismo de amparo cuando se reúnen ciertas especificidades, toda vez que deben tenerse en cuenta las condiciones especiales del accionante y las posibles implicaciones derivadas de la presunta afectación de sus derechos fundamentales, por tal motivo, se hace viable un trato excepcional en pro de salvaguardar, de manera expedita, los intereses de las personas que gozan de una calidad especial, como lo es la estabilidad laboral reforzada. El artículo 25 de la Constitución Política instauró el derecho al trabajo, y del mismo, se adujo que éste gozaría “de la especial protección del Estado”25. Por tal razón, estableció que los trabajadores, tienen derecho a la “estabilidad del empleo”26. De estos lineamientos, es dado concluir que el Estado tendrá la obligación de impulsar medidas que restrinjan las potestades del empleador

respecto de sus subordinados cuando estos últimos reúnan ciertas condiciones como, por ejemplo, la mujer en estado de gestación o la persona con afectación en su salud. Por su parte, el artículo 13 superior señala al Estado como el llamado a promover las condiciones para hacer efectivo dicho precepto. Para ello, deberá adoptar medidas tendientes a proteger a aquellas personas que están 24 El presente acápite se elaborará tomando como referencia las sentencias T-041 de 2019, en lo referente a la viabilidad de la acción de tutela en búsqueda del reintegro laboral de personas en condición de discapacidad, y C-200 de 2019 respecto del desarrollo jurisprudencial de la estabilidad laboral reforzada. 25 Constitución Política, artículo 25. 26 Ibídem, artículo 53. potencialmente amenazados, toda vez que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta27. Por lo tanto, esta Corporación ha desarrollado lo anteriormente expuesto, siempre en la búsqueda de salvaguardar los derechos con los que cuenta este grupo poblacional. Como ejemplo de dicho planteamiento, la Corte, en sentencias recientes referentes al estudio del artículo 5 del Decreto Estatutario 2591 de 199128, indicó que “la tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas que amenacen o vulneren derechos fundamentales. Excepcionalmente es posible ejercerla frente a particulares si: (i) están encargados de la prestación de un servicio público; (ii) su conducta afecta grave y directamente el interés colectivo; o, (iii) el accionante se encuentra en una situación de indefensión o de subordinación”29. Respecto de la tercera excepción, explicó esta Corporación que la situación de

subordinación se fundamenta en un nexo jurídico existente entre personas en las que existe una dependencia30, en específico a la facultad de dar órdenes del empleador y la obligación que tiene el empleado de llevarlas a cabo, así como la relación económica que se genera entre ambos. Para refuerzo de lo indicado, la jurisprudencia constitucional ha precisado que, aunque existan herramientas judiciales para resolver las controversias surgidas de una relación de trabajo, la acción de tutela puede ser procedente excepcionalmente en casos en que se solicite el reintegro si sobre el afectado reposa condición de estabilidad laboral reforzada, en tanto se explicó que: “(…) de manera excepcional, la jurisprudencia de este Tribunal ha contemplado la viabilidad del amparo constitucional para obtener el reintegro de un trabajador, en aquellos casos en que se encuentra inmerso en una situación de debilidad manifiesta, con la capacidad necesaria de impactar en la realización de sus derechos al mínimo vital o a la vida digna. En este escenario, la situación particular que rodea al peticionario impide que la controversia sea resuelta por las vías ordinaras, requiriendo de la procedencia de la acción de tutela, ya sea para brindar un amparo integral o para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable en su contra. 27 Debe indicarse que el artículo referido cuenta también con refuerzo a través de Tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia, como los son la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU y los Convenios C-111 y C-159 de la OIT. 28 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

29 T-041 de 2019. 30 Ver T-030 de 2018 y T-041 de 2019. En efecto, ciertos factores pueden llegar a ser particularmente representativos en la determinación de un estado de debilidad manifiesta, tales como: (i) la edad del sujeto, (ii) su desocupación laboral, (iii) la circunstancia de no percibir ingreso alguno que permita su subsistencia, la de su familia e impida las cotizaciones al régimen de seguridad social y (iv) la condición médica sufrida por el actor”31 (Negrilla por fuera del texto). De allí quedan claros tres lineamientos sobre la materia de estudio. Estos son: (i) la acción de tutela cumple con una función subsidiaria, es decir, que la misma solo debe ser interpuesta cuando no existan medios idóneos y eficaces para reclamar los derechos vulnerados; (ii) no obstante, si versa sobre el reintegro de personas sobre las que funja estabilida