CC - T306-2020

Sentencia T-306/20

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESRequisitos generales y especiales de procedibilidad DEFECTO FACTICO-Fundamentos y marco de intervención que compete al juez de tutela DEFECTO SUSTANTIVO-Alcance de la competencia del juez de tutela para analizarlo La competencia del juez de tutela en el análisis del defecto sustantivo es restringida, toda vez que su intervención no debe escrutar las razones por las cuales el operador judicial profirió la decisión, sino centrarse en verificar si con ocasión a la labor de interpretación y adjudicación se apartó de los cauces de la Carta Política y afectó los derechos fundamentales de la parte actora. En realidad, la equivocación debe centrase en la transgresión de las garantías superiores. COMISARIA DE FAMILIA-Naturaleza jurídica/COMISARIA DE FAMILIA-Objetivo

MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR-Alcance/MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Procedimiento para su adopción

PREVALENCIA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES

INTERES SUPERIOR DEL MENOR Y DERECHOS DE LOS

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Jurisprudencia constitucional ANCIANOS, ANCIANIDAD, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD-Sujetos de especial protección constitucional PROTECCION DE ANCIANOS, ANCIANIDAD, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS DE LA TERCERA EDADJurisprudencia constitucional CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADOObligaciones del juez de tutela cuando el daño se produce durante el trámite de la solicitud de amparo constitucional (i) Decidir de fondo y valorar si efectivamente se vulneraron los derechos fundamentales del accionante; (ii) Advertir a la “autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela”, tal como lo señala el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991; (…), si lo estima necesario, la autoridad judicial podrá: (iii) informar al accionante y/o a sus familiares de las acciones jurídicas existentes en el ordenamiento jurídico para obtener la reparación del daño; y, (iv) ordenar la compulsa de copias para que las autoridades competentes investiguen la conducta generadora del daño. MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Deber de las Comisarías de Familia, de analizar las condiciones especiales que tenga un miembro del núcleo familiar, que pueda resultar afectado con medida de protección que se adopte en el proceso La decisión del comisario de familia incurrió en los defectos fáctico y sustantivo. Por una parte, se abstuvo de decretar y practicar las pruebas que resultaban relevantes para identificar la veracidad de los hechos analizados. Y, por otra parte, desconoció la normatividad aplicable al caso, especialmente el marco de protección de los derechos de las personas adultas mayores y los deberes de solidaridad en cabeza del Estado y la

familia. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADOCaso en que comisaría de familia, dentro de un proceso contra la violencia intrafamiliar, profirió medida de desalojo en detrimento de una mujer adulta mayor

Referencia: Expediente T-7.699.921

Asunto: Acción de tutela instaurada por la señora Rosa María Perea Leiva en contra de la Comisaría de Familia de Jamundí,

Valle del Cauca

Magistrado Ponente:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Bogotá DC, once (11) de agosto de dos mil veinte (2020) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, y 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente:

SENTENCIA

2 En el proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos, respectivamente, por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Jamundí y por el Juzgado Once Civil del Circuito de Cali, dentro de la acción de amparo constitucional promovida por la señora Rosa María Perea Leiva contra la Comisaría de Familia de Jamundí1.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos relevantes Los hechos que dieron lugar a la interposición de la acción de tutela son los siguientes: 1.1.1. La señora Rosa María Perea Leiva, de 71 años de edad, manifiesta que

durante 19 años convivió con su hija, la señora Lina Marcela Villamil Perea, en el inmueble ubicado en la Carrera 8 # 15-156 (Barrio Libertadores) de Jamundí2. Aduce que dicho inmueble contaba con dos pisos cuyo acceso y servicios públicos eran independientes. En el primer piso, habitaban su hija y sus nietos, y en el segundo piso, tenía su lugar de habitación3. 1.1.2. Sostiene que a mediados del año 2018 la convivencia con su hija se tornó particularmente tensa, a tal punto que el 30 de agosto de 2018 aconteció un incidente de violencia que agudizó el conflicto intrafamiliar4. En razón a dicho incidente, su hija, Lina Marcela Villamil Perea, interpuso denuncia penal en su contra por el delito de violencia intrafamiliar, en la que manifestó que ese día su mamá y su expareja sentimental la habían agredido física y verbalmente5. No obstante, advierte que ella, al día siguiente, también denunció penalmente a su hija por el delito de violencia intrafamiliar, aduciendo que ésta la había agredido física y verbalmente6. 1 De conformidad con la constancia secretarial emitida el 16 de octubre de 2019 por el Juzgado Once Civil del Circuito de Cali, la Sala de Revisión tuvo conocimiento de que, con ocasión de su envío a Bogotá D.C., el vehículo de la oficina de correos donde se transportaba el expediente de la referencia fue hurtado el 23 de febrero de 2019. Así las cosas, como quiera que el expediente objeto de revisión se entendió reconstruido hasta el 16 de octubre de 2019, solo pudo ser radicado en la Corte Constitucional el 1º de noviembre de 2019.

2 Folio 1 del cuaderno 1. 3 Folio 5 del cuaderno 1. 4 Folios 1 y 68 del cuaderno 1. 5 La señora Villamil Perea narró lo siguiente: “El día de hoy, a la 1:00 p.m. (…) yo quería dialogar con mi mamá para arreglar los problemas que se estaban presentando, abro la puerta y subo hasta donde se encuentra mi mamá, y ella empieza a gritarme y a golpearme, y me dolía mucho ya que hace 4 días me realizaron la liposucción. Mi mamá estaba furiosa conmigo porque yo había terminado con mi expareja. En esos momentos mi mamá aún seguía gritándome y en esas mi expareja llega a la casa, ya que mi mamá le alcahuetea que esté viviendo con ella. Mi expareja se empieza a reír de mí y eso me dio mucha rabia y le pegué una cachetada, [éste] reacciona de manera violenta agrediéndome físicamente y ante esto me desmayé. Después de haber pasado unos minutos ya reaccioné y miro a mis hijos alrededor mío llorándole al papá y a mi mamá para que no me siguieran pegando”. Ver folio 76 del cuaderno 1. 6 Expuso la señora Perea Leiva lo siguiente: “Mi hija entró a mi casa y me dijo que necesitaba hablar conmigo, me reclamó por qué le había dado posada a Alex, su expareja. Le dije que lo hacía por el bien de mis nietos, para que tuvieran a su papá cerca, y él estuviera pendiente de ellos. Ella me dijo que no podía

darle posada porque la casa era de ella, yo le dije que por qué era tan humillatiba (sic) y a cada rato me echaba a la calle, y me dijo que se me había acabado el trono vieja hijueputa. Yo saqué la mano y le pegué, ella se me vino encima y me empezó a dar golpes en los brazos, como pude empecé a gritar y los vecinos llamaron a la Policía. Antes que llegaran llegó el esposo de Marcela y le dijo que no me golpeara más, ella le 3 1.1.3. Con posterioridad, la señora Lina Marcela Villamil Perea acudió ante la Comisaría de Familia de Jamundí, Valle del Cauca, para efectos de solicitar una medida de protección en beneficio de ella y sus tres hijos7. Comentó que por culpa de su mamá había perdido su trabajo como madre comunitaria del ICBF, lo que se sumaba al hecho de que sus tres hijos se sentían amenazados, violentados y vulnerados en sus garantías mínimas. Así mismo, manifestó que la armonía familiar se había resquebrajado como consecuencia de las agresiones provenientes de su madre. 1.1.4. De dichas denuncias conoció el Comisario de Familia de Jamundí, quien, mediante Resolución No. 36 del 26 de septiembre de 2018, y amparado en el artículo 2º de la Ley 575 de 2000, modificado por el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, decidió exhortar a la señora Rosa María Perea Leiva a que, en un término de 23 días, desocupara, de manera voluntaria, el inmueble de propiedad de su hija. Lo anterior, al considerar que es obligación de la

Comisaría de Familia generar las condiciones mínimas de protección en favor la señora Lina Marcela y sus tres hijos8. Igualmente, la autoridad de familia advirtió que si pasado el término citado la accionante no había desalojado el inmueble, se notificaría a la Policía Nacional para lo de su competencia9. 1.1.5. Por último, la accionante afirma que, al pasar los 23 días fijados por la resolución para que ella desalojara el inmueble, su hija acudió al cuadrante de la Policía Nacional con el ánimo de dar cumplimiento a la orden impartida por la Comisaría de Familia de Jamundí. Así las cosas, en compañía de la Policía, buscaron un cerrajero con el ánimo de que cambiara las guardas de la puerta de acceso al segundo piso de la vivienda. Una vez realizado el procedimiento, los agentes le notificaron que no podía ingresar a su lugar de habitación, de conformidad con lo dispuesto por la autoridad de familia. 1.2. Solicitud de amparo constitucional El 28 de noviembre de 2018, la señora Rosa María Perea Leiva instauró la acción de tutela con el propósito de que se protegiera su derecho fundamental al debido proceso, el cual fue presuntamente vulnerado por el Comisario de Familia de Jamundí, al proferir la resolución por la cual, de forma arbitraria, le ordenó el desalojo de su lugar de residencia. Dicha decisión, según la accionante, fue proferida en contravía de su derecho fundamental al debido proceso, pues el comisario de familia: (i) no contó con el material probatorio suficiente para adoptar una decisión de fondo, al tiempo que fue negligente a la hora de realizar el correspondiente proceso

pegó a él delante de los hijos, se vino y me escupió tres veces, me dijo que me iba a mandar a un ancianato y que yo ya me había muerto para ella y salió de la casa. Folio 8 del cuaderno 1. 7 De conformidad con lo señalado en el expediente, la señora Lina Marcela Villamil Perea es madre de tres menores de edad, dos varones de 14 y 10 años, respectivamente, y una niña de 6 años (folio 12 del cuaderno 1). 8 Folios 12 y 13 del cuaderno 1. 9 Folio 30 del cuaderno 1. 4 investigativo; (ii) desconoció que ocupaba la vivienda de la que fue desalojada desde hacía 19 años, y que, aun cuando no es propietaria del inmueble, fue ella quien lo adquirió y lo puso a nombre de su hija; (iii) no tuvo en cuenta que se encuentra en estado de vulnerabilidad, toda vez que es una mujer adulta mayor, que no tiene a donde ir y no cuenta con ingresos fijos, pensión o alimentos de sus hijos; (iv) desconoció el artículo 46 de la Constitución Política10 e ignoró que la Ley 1850 de 201711 establece un conjunto de medidas de protección al adulto mayor, las cuales, por lo demás, vinculan a la autoridad de familia. Conforme con lo anterior, la accionante solicitó al juez de tutela que dejara sin efectos la resolución previamente citada, y que ordenara a la Comisaría de Familia de Jamundí proferir una decisión que se ajuste a las normas legales y constitucionales invocadas. 1.3. Trámite procesal y respuesta de las demandadas

Mediante Auto del 28 de noviembre de 2018, el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Jamundí admitió la acción de tutela. Con el fin de conformar debidamente el contradictorio, ordenó vincular a la Personería Municipal de Jamundí, a la Policía Nacional, a la señora Lina Marcela Villamil Perea y a la Fiscalía 124 Local de Jamundí. Así mismo, accedió a la medida provisional solicitada por la accionante y, por tanto, ordenó la suspensión inmediata de la Resolución No. 36 del 26 de septiembre de 2018, en la que se exhortó a la señora Rosa María Perea Leiva a desalojar su lugar de habitación. 1.3.1. Contestación de la Comisaría de Familia de Jamundí En escrito del 29 de noviembre de 201812, el señor Willington López Caicedo, en calidad de Comisario de Familia de Jamundí, manifestó que la decisión proferida el 26 de septiembre de ese mismo año pretendió exhortar a la accionante para que voluntariamente se ausentara de la vivienda de propiedad de la señora Villamil Perea, a fin de generarle tranquilidad a ella y a sus hijos. Expuso que su decisión estuvo amparada en el principio in dubio pro infans, según el cual, frente a cualquier duda en la aplicación de derechos y medidas, deben prevalecer aquellas que garanticen los derechos de los niños, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de nuestra Carta Política. De igual forma, argumentó que, en virtud de la Ley 294 de 1996, modificada por la Ley 575 de 2000, los comisarios de familia cuentan con la competencia de

imponer medidas de protección en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar, entre las que se encuentra la de ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación. Así pues, sobre la base del marco jurídico para la 10 Artículo 46. – “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria […].” 11 Ley 1850 de 2017. “Por medio de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las Leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009, 599 de 2000 y 1276 de 2009, se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones”. 12 Folios 65 al 67 del cuaderno 1. 5 protección de los niños, niñas y adolescentes13, el Comisario de Familia sustentó que su decisión se ajustó a derecho, e insistió que la medida adoptada tuvo el objetivo de proteger los derechos de los menores de edad que habitan en el inmueble. Finalmente, en cumplimiento de la medida provisional decretada por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Jamundí14, allegó copia de la Resolución No. 437 del 29 de noviembre de 2018, en la cual: “[dejó] sin efectos, de manera provisional, el acto administrativo expedido por la comisaría de familia, por medio del cual se exhorta a la señora Rosa María Perea, para desocupar voluntariamente, un inmueble de propiedad de la señora Lina Marcela Villamil, su hija (sic)”15.

1.3.2. Contestación del Fiscal 07 Local de Jamundí El Fiscal 07 Local de Jamundí señaló que desde el 10 de octubre de 2018 se ordenaron actos de investigación con el objeto de dilucidar los hechos puestos de relieve por la señora Rosa María Perea Leiva, de conformidad con la denuncia penal instaurada el 31 de agosto de la misma anualidad. Así mismo, corroboró que se han realizado labores de campo para individualizar, identificar y hacer arraigo de la indiciada, sin que hasta el momento exista una actuación procesal relevante. En todo caso, manifestó que al Despacho Fiscal 07 Local de Jamundí no le es posible pronunciarse sobre las pretensiones de la accionante, toda vez que no cuenta con los elementos de prueba que permitan dar cuenta de las condiciones en las que la señora Perea Leiva fue desalojada de su lugar de residencia. 1.3.3. Contestación de la señora Lina Marcela Villamil Perea La señora Villamil Perea confirmó que convivió con su mamá por más de 7 años. Resaltó que debido a sus constantes escándalos perdió su trabajo de madre comunitaria del ICBF, razón por la cual se vio en la obligación de arrendar el primer piso de su casa, con miras a garantizar su subsistencia y la de sus hijos16. Expresó que las amenazas y discusiones cotidianas con su madre se volvieron inviables para su núcleo familiar, especialmente porque el conflicto ha tenido repercusiones psicológicas para los menores de edad. Por esta razón, manifestó que tomó la decisión de no vivir más con su madre, aun cuando está

dispuesta a hacerse cargo, en la medida de sus posibilidades y en conjunto con sus hermanos, de los alimentos que como hija le correspondan. 13 En su escrito, el comisario de familia aludió a la Ley 1018 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia); al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1959); y a la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). 14 Folio 46 del cuaderno 1. 15 Folio 67 del cuaderno 1. 16 Como soporte de lo anterior, allegó copia del contrato de arrendamiento. Ver folio 91 del cuaderno 1. 6 Finalmente, señaló que la medida adoptada por el Comisario de Familia de Jamundí se hizo con fundamento en la protección de los derechos de sus hijos. De manera que el desalojo de su madre constituye una solución eficaz al conflicto de convivencia, toda vez que busca poner fin a las circunstancias generadoras de violencia intrafamiliar. 1.3.4. Contestación de la Personería de Jamundí La Personería de Jamundí manifestó que, en efecto, la señora Rosa María Perea Leiva acudió a las instalaciones de la entidad con el ánimo de solicitar la protección de sus derechos fundamentales, en razón a que había sido expulsada de su casa en cumplimiento de la resolución proferida por la Comisaría de Familia de Jamundí. Una vez analizada la situación, el 27 de noviembre de 2018 la Personería remitió un oficio al comisario de familia. En dicho oficio, le solicitó a la autoridad de familia que revisara la constitucionalidad y legalidad de la

decisión proferida en el mes de septiembre, toda vez que las personas adultas mayores “gozan de especial protección por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. De manera que “la persona a medida que envejece debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente, autónoma, con salud, seguridad y otros, prohibiéndose además tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Así las cosas, en consonancia con el oficio precitado, la Personería de Jamundí solicitó al juez de tutela que protegiera de forma inmediata los derechos fundamentales de la señora Perea Leiva. En particular, observó que es evidente la violación al debido proceso, pues la Resolución No. 36 del 26 de septiembre de 2018 desconoció que el adulto mayor goza de protección especial por la Constitución Política de Colombia y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

II. Sentencias objeto de revisión 2.1. Sentencia de primera instancia El conocimiento de la acción de tutela correspondió al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Jamundí, Valle del Cauca, el cual, en sentencia del 11 de diciembre de 2018, resolvió no tutelar el derecho fundamental al debido proceso invocado por la accionante.

En sustento de lo anterior, la autoridad judicial expresó que, de conformidad con las pruebas recaudadas, quedó demostrado que el bien inmueble efectivamente es de propiedad de la señora Lina Marcela Villamil Perea. Por otra parte, también encontró probado que se estaba presentando una vulneración a los derechos de los tres menores de edad que habitan en el inmueble, de manera que la controversia debe resolverse en favor de estos.

7 En ese sentido, dado que no se logró determinar las condiciones en las que aconteció el desalojo de la accionante, al tiempo que la Fiscalía General de la Nación señaló que no se han producido resultados en la investigación adelantada por el delito de violencia intrafamiliar; la juez de tutela determinó que la resolución proferida por el Comisario de Familia de Jamundí se ajusta al mandato de protección de los menores de edad consignado en la Constitución Política. Por lo anterior, resolvió: (i) no tutelar el derecho fundamental al debido proceso invocado por la señora Rosa María Perea Leiva; (ii) exhortar a las señoras Perea Leiva y Villamil Perea a solicitar apoyo psicológico para poder resolver los problemas de convivencia; (iii) ordenar al Comisario de Familia que continúe el restablecimiento de los derechos de los menores de edad y (iv) que revise el procedimiento de desalojo de la señora Rosa María Perea Leiva de su lugar de habitación, de suerte que, de encontrar extralimitación de las autoridades, tome las medidas a que haya lugar. 2.2. Impugnación En desacuerdo con lo anterior, el 13 de diciembre de 2018, la señora Perea Leiva presentó el recurso de impugnación contra el fallo de primera instancia. En términos generales, la accionante aludió nuevamente a los motivos por los cuales interpuso la acción de tutela: insistió en que el Comisario de Familia de Jamundí vulneró su derecho fundamental al debido proceso, pues adoptó una decisión arbitraria, al proferir la Resolución No. 36 del 26 de septiembre de 2018, en la medida en que no fue el resultado de una investigación rigurosa

sobre los hechos, y, además, desconoció que es un sujeto de especial protección constitucional. 2.3. Sentencia de segunda instancia En sentencia del 7 de febrero de 2019, el Juzgado Once Civil del Circuito de Cali resolvió confirmar la decisión proferida por el a quo. Al respecto, resaltó que el juez constitucional únicamente está autorizado para alterar lo decidido por el fallador natural en los casos en que se vulnere abruptamente el derecho fundamental al debido proceso. Frente a las medidas de protección contempladas en la Ley 294 de 1996, modificada por la Ley 575 de 2000, señaló que los comisarios de familia cuentan con la potestad de ordenar el cese de la conducta que motivó la queja de violencia intrafamiliar. Para lo cual ostentan un amplio margen de discrecionalidad, pues la ley consagra la facultad de adoptar cualquier medida necesaria para restablecer la armonía familiar. En ese orden de ideas, el juez de segunda instancia no encontró un proceder irrazonable en las medidas que impuso la Comisaría de Familia de Jamundí, pues, para efectos de proteger los derechos de los menores de edad, era factible que dicha autoridad se pronunciara sobre el uso y disfrute de la 8 residencia que habitaba la accionante, en aplicación de las normas legales citadas anteriormente.

III. PRUEBAS - Copia de la denuncia penal instaurada por la señora Rosa María Perea Leiva en contra de la señora Lina Marcela Villamil Perea por el delito de violencia intrafamiliar17. - Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Rosa María Perea Leiva18.

• Copia de la Resolución No. 36 del 26 de septiembre de 2018, proferida por la Comisaría de Familia de Jamundí, Valle del Cauca19. - Copia de solicitud de “protección urgente e inmediata al adulto mayor” presentada por la accionante a la Alcaldía Municipal de Jamundí, a la Personería Municipal de Jamundí y a la Defensoría del Pueblo de Jamundí20. - Copia de un documento firmado por 40 vecinos de la accionante, en el que hacen constar que la señora Rosa María Perea Leiva reside desde hace 19 años

en el segundo piso del inmueble ubicado en la Carrera 8 No. 15-156, y que “se ha distinguido por ser una persona honesta, cumplidora de sus deberes, de intachable conducta, de excelente integridad y destacado comportamiento y colaboración con el vecindario”21. - Copia de escrito radicado ante la Secretaría de Gobierno de Jamundí, en el que la señora Rosa María Perea Leiva solicita la “restitución de la posesión del segundo piso del inmueble ubicado en la Carrera 8 No. 15-156, Barrio Libertadores”22. - Copia de la denuncia penal instaurada por la señora Lina Marcela Villamil Perea contra la señora Rosa María Perea Leiva por el delito de violencia intrafamiliar23. - Copia parcial del certificado de tradición y libertad del inmueble ubicado en la Carrera 8 No. 15-156 del municipio de Jamundí, Valle del Cauca24. - Copia del registro civil de nacimiento de los tres hijos de la señora Lina Marcela Villamil Perea25. 17 Folio 56 del cuaderno 1.

18 Folio 12 del cuaderno 1. 19 Folio 13 del cuaderno 1. 20 Folio 20 del cuaderno 1. 21 Folios 37 – 42 del cuaderno 1. 22 Folio 43 del cuaderno 1. 23 Folio 73 del cuaderno 1. 24 Folios 76 y 77 del cuaderno 1. (Se allegan las páginas 1 y 3, falta la página 2). 25 Folios 77 y 78 del cuaderno 1. 9 - Copia del contrato de arrendamiento del primer piso del inmueble ubicado en la Carrera 8 No. 15-156 de Jamundí, Valle del Cauca, el cual fue celebrado el 28 de noviembre de 201826.

IV. REVISIÓN DEL PROCESO DE TUTELA POR PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Remitido el expediente de tutela de la referencia a esta Corte para su eventual revisión, la Sala de Selección Número Doce, mediante Auto del 9 de diciembre de 2019, notificado el 19 de diciembre de la misma anualidad, dispuso su revisión a través de la Sala Tercera de Revisión. 4.1. Trámite surtido ante la Corte Constitucional 4.1.1. En Auto del 30 de enero de 2019, el Magistrado Sustanciador consideró pertinente contar con información adicional relacionada con las circunstancias que rodearon el asunto sub judice, concretamente, respecto de las actuaciones adelantadas por la Comisaría de Familia, por la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana de Jamundí, así como de las condiciones económicas

y familiares de las señoras Rosa María Perea Leiva y Lina Marcela Villamil Perea. En ese orden de ideas, se solicitó al Comisario de Familia de Jamundí que informara, entre otras cosas: (1) ¿Qué fórmulas de solución al conflicto intrafamiliar propuso para garantizar la unidad y armonía de la familia? (2) ¿Qué pruebas fueron practicadas para determinar que la señora Perea Leiva constituía una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de su hija y de sus nietos? (3) ¿De qué manera veló por el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1850 de 2017? (4) ¿Qué actuaciones se adelantaron para dar cumplimiento a la orden del juez de primera instancia referida a la revisión del procedimiento de desalojo de la señora Perea Leiva? Por otra parte, se conminó a la señora Rosa María Perea Leiva para que allegara información relacionada con: (i) la composición de su núcleo familiar; (ii) sus condiciones actuales de vida y habitación; (iii) sus condiciones económicas (ingresos y bienes); y (iv) si el vínculo familiar con su hija ha mejorado. Igualmente, se dispuso a la señora Lina Marcela Villamil Perea que hiciera saber: (i) con quien vive; (ii) si el inmueble ubicado en la Carrera 8 # 15-156 de Jamundí es de su propiedad, y si fue adquirido con recursos propios; (iii) sus condiciones económicas (ingresos y bienes); (iv) si, a la fecha, el primer piso del inmueble referenciado se encuentra en arriendo; y (v) si el vínculo familiar con su madre ha mejorado.

Finalmente, se ordenó a la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana de Jamundí que informara las actuaciones que ha adelantado de conformidad con el escrito presentado el 23 de noviembre de 2018 por la señora Rosa 26 Folio 91 del cuaderno 1. 10 María Perea Leiva, y en el cual solicitó la “restitución de la posesión del segundo piso del inmueble ubicado en la Carrera 8 No. 15-156 de Jamundí”. 4.1.2. Mediante constancia secretarial del trece (13) de febrero de 202027, la Secretaría General de esta Corporación informó al Despacho lo siguiente: - Que el Oficio No. OPT-A-546/2020, conforme al cual se remitió el auto en cita a la señora Rosa María Perea Leiva, fue devuelto por la Oficina de Correo 472, en razón a que en la vivienda ubicada en la dirección señalada por la accionante no hubo manera de hacer entrega del documento aludido28. - Que el Oficio No. OPT-A-547/2020, conforme al cual se remitió el auto en cita a la señora Lina Marcela Villamil Perea, fue devuelto por la Oficina de Correo 472, toda vez que en el inmueble ubicado en la Carrera 8 No. 15-156 de Jamundí manifestaron desconocerla. Adicionalmente, la oficina de correos anotó que en el inmueble se pudo observar “una casa-negocio de dos pisos”, y una “bicicletería” en el primer piso29. Ahora bien, en relación con lo anterior, cabe agregar que Secretaría General informó que el auto de la referencia fue

enviado a la accionada mediante correo electrónico, sin que existiese algún tipo de anomalía en la remisión30. 4.1.3. Informe del Comisario de Familia de Jamundí En informe rendido el 13 de febrero de 2020, el señor Willington López Caicedo, Comisario de Familia de Jamundí, señaló que, en virtud del fallo de primera instancia, mantuvo los efectos de la medida provisional decretada por el a quo (ver numeral 1.3. supra). De manera que la Resolución No. 36 del 26 de septiembre de 2018 fue anulada desde el 29 de noviembre de ese mismo año. Así mismo, la autoridad de familia informó que, una vez “mantuvo el statu quo”, instó a las partes, madre e hija, a que generaran condiciones mínimas de convivencia familiar. Al respecto, habida cuenta de que las dos manifestaron que harían el esfuerzo de vivir como madre e hija, pero en lugares diferentes, la señora Lina Marcela Villamil Perea se comprometió a cancelar el valor del canon de arrendamiento del lugar donde su madre decidiera residir de ahí en adelante. En lo que respecta a la medida de protección dictada mediante la Resolución No. 36 del 26 de septiembre de 2018, el Comisario de Familia adujo que dicha decisión fue adoptada teniendo como únicos elementos probatorios la declaración de la señora Lina Marcela Villamil, la denuncia penal interpuesta contra su madre, y los antecedentes que reposaban en el despacho31. 27 Folio 26 del cuaderno de revisión. 28 Folio 27 del cuaderno de revisión. 29 Folio 31 del cuaderno de revisión.

30 Folios 21 y 22 del cuaderno de revisión. 31 El comisario no profundizó sobre los antecedentes aludidos, ni allegó documento anexo. 11 De igual forma, argumentó que aun cuando se contempló la amigable composición, la disputa era de tal magnitud que tuvo que adoptar una decisión en la que se ponderaran los derechos de los niños y de la adulta mayor. Luego de lo cual, se estableció que el derecho de la mujer adulta mayor debía limitarse en garantía de los derechos de lo