CC - T315-2020

NOTA DE RELATORIA: Mediante auto 408 del 28 de octubre de 2020, el cual se anexa en la parte final, se CORRIGEN de oficio los numerales primero, segundo y tercero de la parte resolutiva de la presente sentencia, en el sentido de aclarar que el nombre correcto de la accionante es Ángela María y no Angélica María, como erradamente se registró en dichos artículos.

Sentencia T-315/20

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS DE HABEAS CORPUS-Procedibilidad excepcionalísima ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESRequisitos generales y especiales de procedibilidad

CARACTERIZACION DEL DEFECTO MATERIAL O

SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESReiteración de jurisprudencia

CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO

CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION

DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES

CARACTERIZACION DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL HABEAS CORPUS-Derecho fundamental y acción constitucional HABEAS CORPUS-Casos en que procede/HABEAS CORPUSNaturaleza/HABEAS CORPUS-Finalidad/HABEAS CORPUSAlcance JUEZ DE TUTELA-Facultad de fallar extra y ultra petita

INAPLICACION DEL INCIDENTE DE DESACATO EN LOS

CASOS INDIVIDUALES CUANDO EXISTE UN PROBLEMA

ESTRUCTURAL EN COOMEVA

Referencia: Expediente T-7.802.739

Asunto: Acción de tutela formulada por Ángela María Cruz Libreros contra el Tribunal Superior de Cali -Sala Primera de Decisión Laboraly el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de la misma ciudad.

Magistrado Ponente:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veinte (2020). La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 33 y subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos de tutela proferidos por las Salas de Casación Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia frente a la solicitud de amparo constitucional promovida por la gerente y representante legal de Coomeva E.P.S. contra el Tribunal Superior de Cali -Sala Primera de Decisión Laboraly el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de la misma ciudad.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud El 20 de septiembre de 2019, la señora Ángela María Cruz Libreros, actuando en calidad de Gerente General y Representante Legal de Coomeva E.P.S. y por conducto de apoderado judicial, promovió acción de tutela en el interés de proteger sus derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad, a la

igualdad, al buen nombre, a la honra y a la dignidad humana, aparentemente quebrantados por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Cali y el Tribunal Superior de la misma ciudad -Sala Primera de Decisión Laboral-, al haberse negado a disponer su libertad inmediata y suspender la ejecución de las sanciones de arresto impuestas en su contra por el desacato de órdenes contenidas en fallos de tutela que no fueron oportunamente atendidas por la entidad, en el marco de un recurso de habeas corpus.

2. Hechos sustantivos relevantes1 2.1. La señora Ángela María Cruz Libreros, en calidad de Gerente General y Representante Legal de Coomeva E.P.S., fue capturada por la Policía Metropolitana de Cali el 26 de febrero de 2019, en cumplimiento de una sanción de arresto fijada por el término de cinco días ante el desacato a las órdenes contenidas en un fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Apartadó, Antioquia. Al momento de su detención, 1 Los hechos relevantes del presente caso se describen a partir del contenido expuesto en el escrito de tutela y sus anexos, en las pruebas allegadas durante el trámite de primera y segunda instancia, y en el escrito de solicitud de selección dirigido a esta Corporación por parte del apoderado judicial de la accionante. 2 también se le notificó que se haría efectiva la acumulación de sanciones de arresto decretadas por el citado despacho judicial que correspondía a 42 días. 2.2. Inclusive, con posterioridad, la Policía Metropolitana de Cali procedió a

informarle que debía mantenerla privada de la libertad, en la medida en que se encontraban pendientes de ejecutar otras sanciones de arresto, domiciliarias e intramurales, impuestas en su contra por distintas autoridades jurisdiccionales, debido al incumplimiento generalizado de órdenes dictadas dentro de acciones de tutela tramitadas en contra de la E.P.S. que representa. De acuerdo con el sistema de información de la Policía Nacional, la acumulación aritmética inicial daba cuenta de 532 registros por concepto de sanciones de arresto pendientes y en turno por ejecutar, equivalentes a 2.724 días, esto es, siete años y cuatro meses. 2.3. Sin embargo, según manifiesta la propia accionante, de los 532 registros existentes: i) Coomeva E.P.S. ya había dado cabal cumplimiento a las órdenes contenidas en 149 de ellos, habiéndose revocado por parte de los despachos judiciales las sanciones respectivas; ii) en otros 275 estaba pendiente de adelantarse el trámite de revocatoria a favor de la entidad por haber cumplido el requerimiento correspondiente; y, finalmente, iii) respecto de los 99 casos restantes, se advertía que se hallaban en etapa previa de cumplimiento2. Con todo, argumenta que, por virtud de la crisis que atraviesa el sector salud, del cual hace parte la E.P.S. que representa, a partir del momento de su detención, es decir, del 26 de febrero de 2019, han seguido decretándose nuevas órdenes de arresto dentro de trámites incidentales que agravan su registro y dilatan de manera indefinida su privación de la libertad, “transformándose de una

medida disciplinaria a una pena, pero sin que haya cometido un hecho punible ni se le hayan brindado las garantías propias del procedimiento penal para ejercer su defensa”.

3. Trámite y resolución de recursos de habeas corpus ejercidos en el caso bajo estudio 3.1. A principios del mes de marzo de 2019, encontrándose en cumplimiento de las recién descritas sanciones, la señora Cruz Libreros, actuando por intermedio de apoderado judicial, ejerció la acción constitucional de habeas corpus con el fin de exigir su libertad inmediata y la suspensión de la ejecución de las órdenes de arresto existentes, así como de las demás que llegaran a proferirse en su contra, por parte de la Policía Metropolitana de Cali3. Dicha acción fue despachada de forma desfavorable por el Tribunal Superior de la citada ciudad mediante providencia del 5 de marzo de 2019 y 2 A juicio de la actora, esta situación evidencia que el número de órdenes de arresto en su contra que aparecen registradas en el sistema de información de la Policía Nacional no corresponde con la información que figura sobre cada uno de los trámites de desacato en los despachos judiciales que profieren las sanciones porque, al parecer, existe morosidad tanto del aparato judicial en suministrar la información como de las autoridades de Policía en depurar y actualizar dicha base de datos. 3 La acción de habeas corpus se justificó en la privación de la libertad que soportaba la accionante en virtud de los incidentes de desacato tramitados por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Apartadó,

Antioquia, en el marco de las acciones de tutela radicadas con los Números 2018-00637, 2018-00482, 201800568, 2018-00600, 2018-00520, 2018-00498, 2018-00425, 2018-00726 y 2018-00488. 3 luego confirmada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través de Auto del 14 de marzo del año en cita4. En primera instancia, el referido Tribunal descartó la procedencia del recurso interpuesto, al advertir que la privación de la libertad de la actora se derivaba de trámites de desacato que no constituían privación ilegal ni mucho menos una prolongación indebida de la libertad. Así, si bien reconocía casos en los que se había llegado a aplicar la noción de “vía de hecho” por causas estructurales o por consecuencia, afirmó que estos supuestos no eran concurrentes en el asunto bajo examen, toda vez que “nada limitaba a COOMEVA E.P.S. para cumplir con la prestación de servicios de salud requeridos por sus afiliados a través de otros representantes, mientras la gerente general cumplía con las sanciones derivadas de los incidentes de desacato”. Por último, aclaró que la falta de corrección de las sanciones reportadas en el sistema de información de la Policía Nacional no era un asunto propio de la competencia del juez de habeas corpus5. Impugnada esta decisión por el apoderado judicial de la accionante, en sede de segunda instancia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión en precedencia, al rechazar el argumento que pretendía

efectuar una aplicación analógica del principio de acumulación jurídica de penas, propio del derecho penal, en el ámbito de la acción de tutela, en donde no está previsto. Esto por cuanto aceptar dicho argumento supondría una modificación al reglamento del trámite de tutela para establecer un término máximo de seis meses de arresto por desacato, independiente del número de trámites de incidentes que individualmente den lugar a tal sanción. Igualmente, consideró que la solicitud a la Policía Nacional para que depure y actualice la información sobre las sanciones de arresto vigentes por órdenes de tutela pendientes por cumplir, debe propiciarse de oficio por las autoridades judiciales o a instancia de la parte accionada, sin que tal asunto, en todo caso, le concierna al juez de habeas corpus. 3.2. El cuatro de abril de 2019, el abogado de la señora Cruz Libreros formuló un segundo recurso de habeas corpus contra la Policía Metropolitana de Cali, en procura de que se ordenara su libertad inmediata y se suspendiera, por el término de un año, la ejecución tanto de las órdenes de arresto vigentes como de aquellas que llegaran a generarse eventualmente en su contra. En esta ocasión, la defensa de la accionante planteó la tesis según la cual su captura y su privación de la libertad obedecía a la configuración de una “vía de hecho por consecuencia”, pues a pesar de la legalidad de las sanciones establecidas por los jueces de tutela y la validez de su ejecución por parte del ente policial,

este último, al aplicar la acumulación aritmética de los arrestos, no solo “había convertido la detención en ilegal, prologándola indefinidamente”6, 4 Auto AHP938-2019. Radicación No. 54887. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Salazar Otero. Ver folios 27 a 33 del cuaderno de segunda instancia. 5 Ibídem. Vale señalar que este resumen se extrae de la providencia de segunda instancia dictada el 14 de marzo de 2019, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, pues nada más obra en el proceso con respecto a este primer habeas corpus. 6 La accionante afirma que, al momento de interposición de este recurso, figuraban en la base de datos de la Policía 640 registros de sanciones de arresto por ejecutar en su contra, equivalentes a nueve años y siete 4 sino que “desnaturalizaba la finalidad disciplinaria de la sanción por desacato”. Para sustentar su solicitud, resaltó además la necesidad de trascender el análisis del caso particular, tal y como ocurrió en la Sentencia T1234 de 20087, a efectos de que se valorara la detención cuestionada a la luz de la crisis estructural del sector salud y, en particular, de la situación que enfrenta Coomeva E.P.S. respecto del elevado número de acciones de tutela que se tramitan en su contra y de las sanciones de arresto por desacato que reciben sus representantes legales. Este recurso, en primera instancia, fue resuelto en forma negativa por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Cali, en providencia del cinco de abril de 20198. Al respecto, el juzgado concluyó que “la finalidad del habeas

corpus no está dada para invalidar las actuaciones surtidas en los diferentes trámites [de tutela] que cumplieron a cabalidad con el procedimiento establecido en la ley para la imposición de las sanciones de arresto, como consecuencia de la omisión de la aquí accionante en acatar las órdenes proferidas, en donde para evitar la ejecución de la sanción de arresto basta [con] que se cumpla a cabalidad lo ordenado por los diferentes jueces constitucionales”. Así mismo, sostuvo que la interesada contaba con el mecanismo de “solicitud de inaplicación de las sanciones e incluso, si es del caso, acreditar que se encuentra en imposibilidad material de dar cumplimiento a las mismas”9. Contra esta decisión, el apoderado judicial de la actora presentó impugnación, sobre la base de considerar que en aquella no se había resuelto de fondo la solicitud atinente a la protección de la libertad, en tanto allí simplemente se había reflexionado sobre la legalidad de las decisiones jurisdiccionales derivadas de sanciones por desacato, dejándose de lado el análisis fáctico de las consecuencias prácticas de la medida de acumulación de arrestos en contra de la accionante, lo cual, a la postre, supone una detención arbitraria prolongada que termina por desnaturalizar la figura del desacato para convertir la sanción disciplinaria en una de tipo penal10. meses; no obstante, señala que i) en 242 de los trámites se espera la revocatoria de las sanciones por el cumplimiento sobreviniente de las tutelas, ii) 227 más figuran como revocadas por los despachos judiciales

que las profirieron, por lo que iii) 171 sanciones se encontrarían en firme y pendientes por materializar que suman un total de 1.051 días equivalentes a dos años y nueve meses de arresto. Ver folio 3 del escrito tutela. 7 M.P. Rodrigo Escobar Gil. En el escrito de solicitud de selección para la revisión, el apoderado judicial de la parte actora argumenta ampliamente que la Sentencia T-1234 de 2008 en el caso Cajanal constituye un precedente plenamente aplicable al presente asunto, ya que estableció reglas para el manejo de una situación análoga que resultan de obligatorio cumplimiento. Para el efecto, compara la problemática estructural de Cajanal en materia de pensiones con la de Coomeva E.P.S. en materia de salud, así como la situación personal de privación de libertad de los representantes legales de dichas entidades, con el propósito de mostrar el patrón de igualdad existente en ambos casos. Ver folios 1 a 45 del cuaderno de revisión. 8 Para adoptar su decisión, el fallador de primera instancia comunicó la apertura del trámite constitucional a los diferentes despachos judiciales del país recibiendo respuesta oportuna de 14 diferentes juzgados de los distritos de Antioquia y del Valle del Cauca, en las que se ratificaba la existencia de órdenes de arresto en contra de la accionante proferidas en trámites de desacato a fallos de tutela, algunas de las cuales se encontraban vigentes por incumplimiento y otras inaplicadas por cumplimiento sobreviniente. No se hizo referencia a todas las respuestas que fueron enviadas al buzón de correo electrónico del despacho judicial implicado, toda vez que se allegaron con posterioridad a la emisión del auto que resolvió el habeas corpus. El

juzgado también, notificó del trámite a la institución policial que le informó del registro de 64 requerimientos de arresto vigentes contra el gerente general de Coomeva E.P.S., en el sistema operativo de la Policía Nacional. Ver folio 61 del cuaderno escrito tutela. 9 Ver folio 65 del cuaderno de tutela. 10 Ver folio 74 del cuaderno de tutela. 5 En segunda instancia, el Tribunal Superior de Cali -Sala Primera de Decisión Laboral-, confirmó la determinación inicialmente pronunciada por medio de auto del diez de abril de 201911. En ese proveído, la referida colegiatura afirmó que “el estudio de las pretensiones de suspensión de ejecución de las órdenes de arresto impartidas y su acumulación, se torna improcedente a través del mecanismo del habeas corpus, por cuanto este medio fue establecido para la protección de la libertad de las personas que se encuentren privadas de este derecho fundamental de manera ilegal; situación que para el caso de la actora no sucede, ya que su privación al momento de la radicación del habeas corpus se debía a una decisión judicial adoptada por un juez constitucional”12. Del mismo modo, aseveró que las 532 órdenes de arresto anunciadas en el escrito de tutela aún no se habían materializado y, por lo mismo, constituían un hecho futuro e incierto frente al cual no se había consumado la privación de libertad. Concretamente, indicó que “se hace imposible, en cumplimiento de los términos de la presente acción requerir a todos y cada uno de estos juzgados con el fin de verificar el cumplimiento y/o emisión de auto de

inaplicación de sanción, razón por la que se estima que los trámites que corresponde adelantar ante cada juez son del resorte de la parte actora, pues de lo contrario se perdería el carácter residual y subsidiario del habeas corpus (…) Aunado a lo anterior, se tiene que la materialización de todas estas órdenes constituye un hecho futuro e incierto, es decir, a la fecha no se están ejecutando todas ellas y la legalidad de la detención de la actora habrá de revisarse en cada caso y al momento de su ejecución por parte de la Policía Metropolitana, por lo que se reitera que esta situación escapa de la órbita de facultades que se pueden ejercer por el juez constitucional en la presente acción”13. 3.3. Habiéndose cumplido efectivamente más de 100 días de arresto consecutivos y encontrándose privada de la libertad por orden del Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes de Montería, Córdoba14, a comienzos del mes de junio de 2019, la señora Cruz Libreros, mediante apoderado judicial, presentó un tercer recurso de habeas corpus, en el que insistió nuevamente en que se dispusiera su libertad inmediata y se suspendiera, al menos por seis meses, la ejecución de las órdenes de arresto vigentes y las que llegaran a expedirse en su contra dentro de tal término. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a la solicitud de habeas corpus mediante providencia del 12 de junio de 201915. 11 Auto interlocutorio No. 045. Radicado No. 76001-31-05-018-2019-00177-01. Magistrado Ponente: Germán

Darío Góez Vinasco. Folios 72 a 75, cuaderno primera instancia. 12 Ver folio 75 del cuaderno de primera instancia. 13 Ver folio 74 del cuaderno de primera instancia. 14 Esta acción de habeas corpus se promueve durante el término de cumplimiento de la privación de la libertad que soportaba la accionante por orden del Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes de Montería, Córdoba, en virtud del incidente de desacato promovido dentro de la tutela con radicado No. 201900033. La medida restrictiva había tenido su inicio el 9 de junio de 2019 por una vigencia de 30 días. 15 Auto interlocutorio No. 204. Radicado No. 76-001-23-33-000-2019-00492-00. Magistrado Ponente: Óscar Alonso Valero Nisimblat. Folios 60 a 68, cuaderno primera instancia. 6 En concepto del Tribunal, la procedencia del recurso era evidente, comoquiera que la señora Cruz Libreros estaba indebidamente privada de la libertad por cuenta de la imposición sucesiva de arrestos en su contra, sustentados en el trámite de varios incidentes de desacato a fallos de tutela, originados en el incumplimiento de las órdenes impuestas a Coomeva E.P.S., entidad de la que funge como representante legal. Ello, por la evidencia de las pruebas aportadas al expediente, “al menos en lo que respecta al presente año [2019] y hasta el 4 de junio de 2019, [en las] que distintos juzgados del país han impuesto contra la actora un total de 209 órdenes de arresto por desacato a

sentencias de tutela. Estas órdenes de arresto, aunque no fueron necesariamente consecutivas en su expedición, sí fueron muy cercanas y en muchos casos coincidentes, lo cual indica que, dada su masividad, es razonablemente plausible que su ejecución pueda tener visos de consecutividad, con mayor razón si las mismas tienden a acumularse en la base de datos de la Policía Nacional y necesariamente se materializan tiempo después de cuando fueron ordenadas por los juzgados de conocimiento”16. Por otra parte, afirmó que las dificultades operativas que aquejan a Coomeva E.P.S. para cumplir con las obligaciones misionales frente a sus afiliados son patentes y conllevan a la configuración de una “vía de hecho por consecuencia” en el caso concreto, entre otras razones, porque “al determinarse que la reclusión de la señora Cruz Libreros, producto de las sucesivas sanciones de arresto impuestas en sede incidental de desacato en la acción de tutela, si bien son legales en cuanto al comportamiento procesal de los despachos que las impusieron, no dejan de revestirse de ilegalidad en la medida en que no se tomaron en cuenta -pues no había forma de hacerlo en todos los casoslas condiciones estructurales que aquejan a la entidad para la que aquella trabaja y rebasan su capacidad de respuesta, amén de que en virtud de su situación de reclusión, se le hace sumamente difícil acudir en su defensa y aportar, desde el ejercicio de su cargo, un mejoramiento real de las condiciones de servicio de su entidad empleadora”17. Aun así, pese a que el Tribunal accedió a la solicitud de habeas corpus de la

accionante, no dispuso en la parte resolutiva del pronunciamiento su libertad inmediata, tomando en consideración que la legalidad de las actuaciones judiciales que habían dispuesto las medidas de arresto no fue debatida. De esta suerte, ordenó suspender la ejecución de las sanciones de arresto impuestas en contra de la actora durante un periodo de seis meses, contados a partir de las notificaciones respectivas, interregno que juzgó suficiente para que la accionante, “en ejercicio de las competencias propias de su cargo como gerente general de COOMEVA E.P.S., propenda por el efectivo cumplimiento de las órdenes de tutela libradas para la satisfacción del derecho a la salud de los afiliados a la E.P.S.”18. Asimismo, dispuso que “contra esta 16 Ver folio 67 del cuaderno de primera instancia. 17 Ver folio 68 del cuaderno de primera instancia. 18 Adicionalmente, el Tribunal dispuso “Cuarto. Póngase en conocimiento del presente proveído al Superintendente Nacional de Salud, para que, si no lo ha hecho, desde el ámbito de sus competencias adopte las medidas conducentes a solucionar la grave situación que se presenta al interior de la EPS COOMEVA S.A que le impide a ésta última el cumplimiento de las órdenes originadas en sentencias proferidas en sede de tutela”. Ver folios 60 a 68 del cuaderno de primera instancia. 7 providencia procede la impugnación ante el inmediato Superior, vale decir, el

H. Consejo de Estado, en los términos del artículo 7 de la Ley 1095 de 2006”; no obstante, la parte actora no promovió la impugnación19.

4. Fundamentos de la acción de tutela y solicitud de amparo constitucional 4.1. Con base en los hechos descritos, el 20 de septiembre de 2019, la señora Ángela María Cruz Libreros, obrando por intermedio de apoderado judicial, formuló acción de tutela para obtener el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad, a la igualdad, al buen nombre, a la honra y a la dignidad humana, los cuales considera vulnerados por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Cali y el Tribunal Superior de la misma ciudad -Sala Primera de Decisión Laboral-, al resolver en forma negativa el segundo recurso de habeas corpus que interpuso para lograr su libertad, mediante providencias del cinco y del diez de abril de 2019, respectivamente. 4.2. Ello, como consecuencia de que incurrió en los defectos: (i) sustantivo por indebida aplicación y errónea interpretación de la Ley 1095 de 2006; (ii) fáctico por no valorar las pruebas referidas a la situación crítica por la que atraviesa Coomeva E.P.S.; y (iii) desconocimiento del precedente constitucional fijado en las siguientes providencias: (a) en la Sentencia T-491 de 201420, en virtud de la cual el juez de habeas corpus debe verificar el respeto de las garantías y derechos que pueden verse afectados por la privación de la libertad, tanto desde el punto de vista formal como material;

(b) en la Sentencia C-187 de 200621, en cuanto a que las causales para la protección del habeas corpus dispuestas por el legislador son amplias y genéricas, y (c) en la Sentencia SU-034 de 201822, frente a la naturaleza

disciplinaria del incidente de desacato. Las irregularidades alegadas se sintetizan de la siguiente forma: 4.2.1. Defecto sustantivo. Este defecto se sustenta en la demanda por dos vías: 4.2.1.1. Defecto sustantivo por inaplicación de norma adecuada, en concreto del artículo 1° de la Ley 1095 de 2006, que establece la procedencia del recurso de habeas corpus cuando la privación de la libertad se prolongue ilegalmente, y del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 y de los parámetros que la jurisprudencia constitucional ha establecido sobre la procedencia del 19 Ley 1095 de 2006. Artículo 7º. Impugnación. La providencia que niegue el Hábeas Corpus podrá ser impugnada, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la notificación. La impugnación se someterá a las siguientes reglas: // 1. Presentada la impugnación, el juez remitirá las diligencias dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas al superior jerárquico correspondiente. El expediente será repartido de manera inmediata y habrá de ser fallado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. // 2. Cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será sustanciado y fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de la Corporación, sin requerir de la aprobación de la sala o sección respectiva. Cada uno de los integrantes de la Corporación se tendrá como juez individual para resolver las impugnaciones del Hábeas Corpus. 20 M.P. Mauricio Gonzáles Cuervo.

21 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 22 M.P. Alberto Rojas Ríos. 8 incidente de desacato. El yerro se deriva de la contradicción entre la motivación y las decisiones negativas adoptadas, ya que desconocen que la acumulación de órdenes de arresto en contra de la accionante es consecuencia de factores ajenos a su órbita de control y configura una prolongación ilegal de su detención, al tiempo que contradice la naturaleza persuasiva del incidente de desacato, en aras de obtener el cumplimiento de fallos de tutela 23. 4.2.1.2. Defecto sustantivo por error en la interpretación24, al no escoger la ponderación como el método interpretativo aplicable en casos de limitación de derechos fundamentales, como es la situación particular de arresto y detención, prolongada e indefinida, de la Gerente General de una EPS, generada por la crisis estructural del sistema de salud. Contrario a esto, las decisiones judiciales cuestionadas señalan que el recurso de habeas corpus es improcedente porque, de un lado, busca sustituir las garantías del proceso penal ordinario y, de otro, se plantea frente a hechos futuros e inciertos que deben ser analizados caso a caso, en cada despacho judicial. 4.2.2. Defecto fáctico25. Este yerro se evidencia al omitirse la valoración de la realidad probatoria determinante, lo cual derivó en una decisión contentiva de una indebida interpretación de las pruebas. Esto, en la medida en que tanto el a quo como el ad-quem dejaron de valorar la situación crítica del sistema de salud, hecho notorio ampliamente conocido y que se expuso en el escrito de

habeas corpus, que ha llevado a desdibujar la finalidad del trámite de los desacatos a fallos de tutela proferidos contra la E.P.S., cuando se presenta la acumulación de una cantidad desproporcionada de arrestos en contra de sus representantes, y cuya responsabilidad no puede ser atribuida de modo exclusivo a las entidades prestadoras del servicio y mucho menos a quienjustamenteostenta la calidad de representante legal. 4.2.3. Defecto por desconocimiento del precedente constitucional26 en concreto de las reglas jurisprudenciales contenidas en la Sentencia T-491 de 201427, en virtud de la cual el juez de habeas corpus debe verificar el respeto de las garantías y derechos que pueden verse afectados por la privación de la libertad, tanto desde el punto de vista formal como sustantivo, sin desestimar la procedencia del recurso “porque la persona se encuentra privada de la libertad por cuenta de una actuación procesal o que dentro del proceso existen recursos para debatir la situación tildada de lesiva del derecho a la libertad”28. En el caso concreto, la decisión de primera instancia, confirmada por la segunda instancia, incurrió en este error al disponer que, “[c]orolario de todo lo dicho, es claro que[,] en el presente caso, la finalidad del habeas corpus no está dada para invalidar las actuaciones surtidas en los diferentes trámites que cumplieron a cabalidad con el procedimiento establecido en la ley para la imposición de las sanciones de arresto” (negrilla fuera del texto original). 23 Folios 17 a 23, cuaderno escrito tutela. 24 Folios 23 a 25, cuaderno escrito tutela.

25 Folios 25 y 26, cuaderno escrito tutela. 26 Folios 26 a 28, cuaderno escrito tutela. 27 M.P. Mauricio González Cuervo. 28 Sentencia T-491 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo. 9 Además, los jueces constitucionales de instancia consideraron suficiente verificar si la medida de privación de libertad de la actora cumplía con las formalidades de ley, sin entrar en el análisis de la crisis institucional que desencadena la acumulación incesante de órdenes de arresto, desatendiendo lo dispuesto en la Sentencia C-187 de 200629, en cuanto a que las causales para la protección del habeas corpus dispuestas por el legislador son “hipótesis amplias y genéricas que hacen posible la protección del derecho a la libertad personal frente a una variedad impredecible de hechos”. Por último, a pesar de que la decisión de primera instancia citó la Sent