CC - T319-2020

Sentencia T-319/20

DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN MEDIO DE CONTROL DE REPARACION DIRECTA-Vulneración por defecto fáctico en la valoración de las pruebas y no tasar perjuicios inmateriales diferentes al daño moral Las fallas advertidas en la tardanza en remitir a la paciente a un centro de salud de mayor nivel y la omisión del deber legal de practicar la necropsia como elemento de veracidad son más que suficientes para establecer que en el presente caso efectivamente se dejaron de valorar elementos probatorios en el proceso de reparación directa iniciado por la accionante. DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Vulneración por exceso ritual manifiesto al excluir de la indemnización a menor de edad (hermana de la fallecida), por omisión en las pretensiones de la demanda ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad

CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO

CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION

DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR

DAÑO ANTIJURIDICO-Jurisprudencia constitucional TASACION DE PERJUICIOS MORALES-Jurisprudencia del Consejo de Estado De acuerdo con la jurisprudencia contencioso administrativa, el juez debe tasar estos perjuicios con base en la facultad discrecional (arbitrium judicis) que le es propia. Dicha competencia se rige por los siguientes parámetros: “a) la indemnización del perjuicio se hace a título de

compensación (…) mas no de restitución ni de reparación; b) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c) la determinación del monto se sustenta en los medios probatorios que obran en el proceso, y relacionados con las características del perjuicio; y d) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad”. Página 2 de 74 Expediente T-7.629.536 _______________________________

RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACION DE DAÑO

INMATERIAL POR AFECTACION DE BIENES

CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS (NO PERJUICIO MORAL)-Jurisprudencia del Consejo de Estado La corporación de lo contencioso administrativo abandonó la denominación de “daño a la vida de relación” y se refirió al perjuicio por alteración grave de las condiciones de existencia al argumentar que cuando se trate de lesiones que producen alteraciones físicas que, a su vez, afecten la calidad de vida de las personas, éstas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a lo causado por el perjuicio moral. En todo caso, se debe entender que el perjuicio por alteración grave de las condiciones de existencia no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, pues se extiende a todas las situaciones que alteren de manera grave las condiciones habituales o de existencia de las personas. RESPONSABILIDAD MEDICA-Régimen de imputación y falla en el servicio de la actividad médica La responsabilidad médica se debe analizarse bajo el tamiz del régimen de

la falla probada, lo que impone no sólo la obligación de probar el daño del demandante, sino, adicional e inexcusablemente, la falla por el acto médico y el nexo causal entre esta y el daño, sin perjuicio de que en los casos concretos el juez pueda, de acuerdo con las circunstancias, optar por el régimen de responsabilidad objetiva. RESPONSABILIDAD MEDICA-Pérdida de oportunidad/RESPONSABILIDAD MEDICA-Error de diagnóstico HISTORIA CLINICA-Naturaleza y características La historia clínica es un documento privado en el que se detalla el proceso gradual o escalonado de la información básica sobre las razones por las cuales se consulta o se acude al servicio médico y se consigan los síntomas que reporta el paciente y que logre apreciar el médico. De la interpretación de ese conjunto de signos y síntomas, el médico tratante debe especificar la metodología empleada para la valoración de esas expresiones y proferir un diagnóstico con fundamento en la lex artis ad hoc. Finalmente, se debe registrar el tratamiento o procedimiento ordenado, la verificación de la evolución del paciente, y las recomendaciones profilácticas. DENEGACION ARBITRARIA DEL SERVICIO DE SALUD O NEGLIGENCIA MEDICA-Daño antijurídico autónomo susceptible de indemnización Página 3 de 74 Expediente T-7.629.536 _______________________________ La negligencia médica puede ser entendida como causa de un daño como la muerte, pero también como un daño autónomo. En efecto, la garantía constitucional de la salud no tiene tanto por objeto el resultado de la preservación del bienestar físico o la evitación de la muerte sino, ante todo,

de la prestación del servicio, según los mejores estándares disponibles, y de acuerdo con la dignidad humana. En este sentido, actos como la negligencia médica o la denegación arbitraria del servicio, constituyen, en sí mismos, daños antijurídicos, susceptibles de indemnización, con independencia de su relación de causalidad con otros daños. INTERES SUPERIOR DEL MENOR Y DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Jurisprudencia constitucional/INTERES SUPERIOR DEL NIÑO-Triple dimensión “(i) derecho sustantivo a que su interés superior sea una consideración primordial a evaluarse e incidir en la decisión a adoptar, de aplicación inmediata e invocación directa ante los tribunales; (ii) principio jurídico interpretativo, en virtud del cual ante la posibilidad de más de una interpretación sobre una disposición debe preferirse la que satisfaga tal exigencia; y, (iii) como norma de procedimiento, en virtud de la cual en todo caso en el que se encuentre de por medio los intereses de un menor deben estimarse las repercusiones de la solución. La justificación de la decisión del funcionario respectivo, finalmente, debe evidenciar que se ha respetado el interés superior del niño”.

Referencia: Expediente T-7.629.536

Acción de tutela instaurada por Mariela Cuellar Carvajal contra el Tribunal Administrativo del Caquetá.

Magistrada Ponente:

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Bogotá D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veinte (2020) La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alberto Rojas Ríos, José Fernando Reyes Cuartas y Cristina

Página 4 de 74 Expediente T-7.629.536 _______________________________ Pardo Schlesinger, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de las decisiones proferidas en primera instancia por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado el once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019) y en segunda instancia por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado el diecisiete (17) de julio de dos mil diecinueve (2019), en el proceso de tutela de la referencia. La acción de amparo fue seleccionada para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Diez de la Corte Constitucional1 mediante Auto proferido el treinta (30) de octubre de dos mil diecinueve (2019), notificado por estado el trece (13) de noviembre de la misma anualidad.

I. ANTECEDENTES El 21 de febrero de 2019 la señora Mariela Cuellar Carvajal en nombre propio formuló acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Caquetá por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

1. La demanda 1.1. El 22 de febrero de 2007 la señora Mariela Cuellar Carvajal y otros, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional para que fuera declarada su responsabilidad

administrativa y patrimonial por el fallecimiento de Diana Andrea Rocha Cuellar, hija de la accionante, como consecuencia de una falla médica por error de diagnóstico, atribuible al Dispensario No. 12 del Ejército Nacional en Florencia, Caquetá. 1 Integrada por los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Cristina Pardo Schlesinger. Página 5 de 74 Expediente T-7.629.536 _______________________________ Al respecto, la demandante refiere que “en la atención médica brindada a la menor, DIANA ANDREA ROCHA CUELLAR, de 15 años de edad, en el DISPENSARIO No. 12 DEL EJÉRCITO NACIONAL EN FLORENCIA, CAQUETÁ, los días 26 y 27 de Septiembre de 2006, se incurrió en falla del servicio médico, que causó la muerte de la menor”2. 1.2. La demanda fue decidida en primera instancia por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión Judicial de Florencia, Caquetá, mediante fallo del 28 de junio de 2013. En la referida providencia se declaró la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por los daños causados con la muerte de Diana Andrea Rocha Cuellar, condenando a los demandados al pago de perjuicios morales a favor de los demandantes legítimos. La accionante afirma que el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión Judicial de Florencia, Caquetá, declaró la responsabilidad “con base en la renuencia a suministrar la Historia Clínica por parte del Dispensario y… en la falta de oportunidad y manejo de la sintomatología, así como la extemporaneidad en la remisión por parte del personal médico

del Dispensario No. 12, en la primera valoración efectuada a la menor, que desencadenó su posterior aumento y compromiso de su estado, contraviniendo el protocolo de manejo y en general los conocimientos que la ciencia médica han determinado”3. 1.3. Contra la decisión del 28 de junio de 2013 ambas partes procesales interpusieron el recurso de apelación. En el caso particular de la accionante, solicitó que se modificara la sentencia apelada con el fin de: i) Se reconozcan los perjuicios por daño a la vida de relación al argumentar que “las condiciones de vida han cambiado al interior del hogar desde el momento en que Diana Cuellar perdió su vida, afectando el mundo exterior de los demandantes en cuanto se deriva una modificación negativa de su entorno”. ii) Se incluya a Virginia de los Ángeles Rocha Cuellar en la condena por daño moral y daño a la vida de relación, por cuanto el Juzgado Segundo 2 Folio 1 del cuaderno principal. (En adelante se entenderá que todos los folios a los que se haga referencia hacen parte del cuaderno principal, a menos que se indique lo contrario). 3 Folio 1. Página 6 de 74 Expediente T-7.629.536 _______________________________ Administrativo de Descongestión Judicial de Florencia, Caquetá, consideró que no existía solicitud de reconocimiento a su favor; sin embargo, la demandante alega que durante el proceso de reparación directa “actuaba en nombre propio y en nombre de la menor Virginia Rocha en su calidad de hermana de la occisa por esta razón se debían reconocer los perjuicios causados”. iii) Se reconozca la legitimación por activa para actuar dentro del proceso de

reparación directa de los señores María Oliva Romero Cuellar, Amelia, Olga, Maida, Jova, Jaime y Nelson Cuellar Carvajal y se acceda a la respectiva indemnización solicitada de acuerdo a las circunstancias especiales que impidieron allegar la prueba documental que acredita el parentesco de los referidos ciudadanos con la menor fallecida. Para argumentar la pretensión anterior, la accionante indicó que “el lugar donde se expiden dichos documentos (Norcasia) es un lugar marcado por la presencia de grupos al margen de la ley quienes autorizan la entrada y salida del corregimiento y debido a que la familia tuvo que salir como consecuencia de las amenazas que se materializaron con la muerte de un familiar, por tal razón afirma que dicho lugar es una “situación riesgosa” para los demandantes”. No obstante, el proceso fue resuelto en segunda instancia por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Caquetá4, autoridad judicial que revocó la decisión de primera instancia con base en el fallo proferido por el Tribunal de Ética Médica y el informe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Ejército Nacional y negó las pretensiones de la demanda. La peticionaria sostiene que de los documentos referidos el juez de segunda instancia “dedujo que la atención que prestó la Doctora INELIA URUETA GONZÁLEZ, médica rural, a la menor en los días 26 y 27 de septiembre de 2006, fue adecuada e idónea, de acuerdo a las patologías que padecía y conforme a la Lex artis médica5”.

Seguidamente, la señora Mariela Cuellar Carvajal informa que para la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Caquetá no existió certeza de la 4 Creada por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo No. PCSJA17-10693 del 30 de junio de 2017, para el periodo del 4 de julio al 19 de septiembre de 2019. 5 Folio 2. Página 7 de 74 Expediente T-7.629.536 _______________________________ causa de la muerte de su hija, pues no se realizó necropsia, ni se solicitó dictamen pericial. En esa medida, el referido Tribunal concluyó que “no existe prueba que determine la relación del nexo causal entre la muerte de la menor y el actuar de la médico rural, teniendo en cuenta que la Historia Clínica, no da certeza de que el 26 de Septiembre de 2006, se hubiera incurrido en una mala praxis al haberse equivocado en el diagnóstico y que al día siguiente, se hubiera presentado demora excesiva e injustificada en la remisión a la Clínica de mayor nivel de atención”6. 1.4. La sentencia proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Caquetá el 20 de noviembre de 2017 fue notificada a la accionante el 14 de marzo de 2018, y el 21 de marzo de esa anualidad la peticionaria presentó recurso de casación el cual fue negado y, posteriormente, formuló recurso de queja; sin embargo, el Tribunal confirmó su decisión. Por lo anterior, el 5 de septiembre de 2018 el expediente se remitió al juzgado de origen, autoridad que, en auto del 30 de octubre de

2018, ordenó obedecer lo resuelto por su superior inmediato. 1.5. En el escrito tutelar se indica que la accionante, madre de la menor fallecida, entró en depresión debido a la decisión proferida en segunda instancia por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Caquetá y no quiso saber nada más del asunto. No obstante, con el fin de presentar la acción de amparo de la referencia, entre noviembre y diciembre de 2018, la actora solicitó copias simples de algunas piezas procesales al juez de primera instancia en el proceso de reparación directa y requirió al Consejo Superior de la Judicatura para que le informara “contra que entidad judicial debía presentar la Acción de Tutela, en vista que la SALA TRANSITORIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, para esa data ya no funcionaba”7, recibiendo respuesta el 21 de enero de 2019. 1.6. El 21 de febrero de 2019 la señora Mariela Cuellar Carvajal, mediante apoderada judicial, formuló la acción de tutela de la referencia en contra de la providencia judicial proferida por la Sala Transitoria (hoy extinta) del Tribunal Administrativo del Caquetá el 20 de noviembre de 2017 al alegar 6 Ibídem. 7 Folio 3. Página 8 de 74 Expediente T-7.629.536 _______________________________ defecto fáctico por “indebida interpretación de los instrumentos de convicción y la omisión de la debida valoración frente a otros medios probatorios, haciendo que el contenido de la prueba se desfigure, provocando las presuntas violaciones de los Derechos Fundamentales que se invocan aquí”8. Para sustentar lo anterior, en la tutela se expone lo

siguiente: “la Historia Clínica del Dispensario No. 12, que obra en las diligencias, no cumple con las exigencias dadas para su elaboración, se encuentra incompleta, a tal punto que no se puede esclarecer el panorama asistencial del día 26 de Septiembre de 2006; no existen órdenes de exámenes, ni los exámenes para conocer su resultado, no se aprecia diagnóstico, la formula médica para el tratamiento de la paciente, ni de los procedimientos realizados en ese día, no se sabe la hora en que se dio su alta y no fue firmada por el médico tratante. (…) “La SALA TRANSITORIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, consolidó sus conclusiones en la decisión del TRIBUNAL DE ÉTICA MÉDICA, pilar que confrontado con la Historia Clínica que obra en las diligencias dan cuenta del error en que se incurrió, como se demostrará a continuación: En las anotaciones que realiza el TRIBUNAL DE ÉTICA MÉDICA, se aprecia una Historia Clínica, que presuntivamente está completa, sin embargo, se halla el siguientes registro: “29-09-06 15:15 la paciente persiste con hipotensión marcada, Ahora P.A. 60/30. Se remite a Clínica Salucoop (sic) para valoración urgente por Medicina interna folio 21 y 22”. La anterior anotación, es desvirtuada, así: 1.- La hoja de remisión a EMCOSALUD, señala que la paciente fue traslada a la CLÍNICA SALUCOOP (sic), el día 27 de Septiembre de 2006. 2.- El fallecimiento de la menor ocurrió el día 28 de Septiembre de 2006 a las

8.15 de la mañana, como se aprecia en el Certificado de Defunción. 8 Ibídem. Página 9 de 74 Expediente T-7.629.536 _______________________________ 3.- Historia Clínica de EMCOSALUD, señala que la menor fue ingresada el día 28 de Septiembre de 2006 a las 4 a.m. y que este mismo día falleció, a las 8.15 a.m. por FALLA ORGANICA MULTIPLE, CHOQUE SÉPTICO DE ORIGEN A DETERMINAR: URINARIO Es evidente que el TRIBUNAL DE ÉTICA MÉDICA, dio por cierto que la Historia Clínica arrimada a ese procedimiento, correspondía a las atenciones médicas efectivamente realizadas a la menor, quedando claro que sus registros señalaban un proceso, acorde con los protocolos médicos para la atención primaria; por ello, las conclusiones a que arribó dicho Tribunal, razonamientos que la OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DEL EJERCITO NACIONAL acogió sin prevenciones. Salta de bulto, que la atención médica del día 29 de septiembre de 2006, anotada en la Historia Clínica, es falsa, y este hecho pasó inadvertido al Juez de Alzada. Bastaba, realizar la confrontación de las anotaciones que se aprecian en el fallo del TRIBUNAL DE ÉTICA MÉDICA, con los registros de la Historia clínica de la menor, que aparecen como pruebas en las diligencias, para que se hubiera adoptado otra posición por parte del Juez Colegiado, acorde con la realidad del proceso”9.

1.7. Finalmente, en el escrito de tutela se afirma que la falla del servicio en la prestación médico asistencial a la menor y su nexo casual, se estableció con: “1.- Historia Clínica incompleta, que no cumple con las exigencias de la Ley 23 de 1981. 2.- Ocultamiento de la Historia Clínica por parte del Dispensario No. 12 del Ejército Nacional. 3.- La existencia de incongruencias entre los datos de la Historia Clínica y del Dispensario No. 12, con la información que arroja la Hoja de Remisión de a (sic) EMCOSALUD, que señala un cuadro clínico crítico, que ameritaba la 9 Folios del 3 al 5. Página 10 de 74 Expediente T-7.629.536 _______________________________ remisión urgente a una entidad de salud, con mejores condiciones técnicas y científicas para el manejo asistencial de la patología. 4.- El Cuadro Clínico de Ingreso, el día 27 de Septiembre de 2006 al Dispensario y el estado crítico presentado por la menor al momento de ingresar a la CLÍNICA SALUCOOP (sic), infirieron la existencia de una demora en la presentación integral del servicio de salud a la menor. 5.- La falta de diagnóstico. 6.- Atención de la menor por medio médico rural”. Por lo anterior, la accionante solicitó (i) “se tutelen los derechos aquí invocados”; (ii) dejar sin efecto la Sentencia proferida el 20 de Noviembre de 2017, por la SALA DE (sic) TRANSITORIA DEL TRIBUNAL ADMNISTRATIVO, Magistrada Ponente, Doctora MARÍA ANTONIETA

REY GUALDRÓN”; y (iii) Ordenar al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA, CAQUETÁ, dictar nueva sentencia (…)”.

2. Contestación de la demanda Mediante Auto del 22 de febrero de 2019 la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó correr traslado a los magistrados del Tribunal Administrativo del Caquetá para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción.

Asimismo, ordenó la vinculación al trámite tutelar de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional como parte demandada en el proceso ordinario y a las señoras Gladys Ríos Osorio y Leader Johanna Sánchez, quienes actuaron como llamadas en garantía en la acción de reparación directa, para que se pronunciaran sobre los hechos que dieron origen a la acción de amparo. Asimismo, se ordenó la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 610 del Código General del Proceso. En cumplimiento de lo ordenado en la citada providencia, se recibió la siguiente respuesta: Página 11 de 74 Expediente T-7.629.536 _______________________________ 2.1. Ministerio de Defensa Nacional La Coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa Nacional, mediante escrito del 1 de marzo de 201910, se refirió a los hechos y pretensiones y solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela. Luego de realizar una breve consideración sobre las causales genéricas y

específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial establecidas en la Sentencia C-590 de 2005, la cartera ministerial interviniente manifestó que en el presente caso no se evidencia el cumplimiento del requisito general de inmediatez. El Ministerio de Defensa Nacional indicó que la accionante excedió el término de seis meses considerado por el Consejo de Estado como el prudente para atacar decisiones judiciales, pues la notificación de la sentencia que se reprocha se efectuó el 14 de marzo de 2017, teniendo así como fecha final el 15 de septiembre de 2018. En ese sentido, afirmó que la radicación de la acción de tutela “no se hizo en esa fecha, sino mucho tiempo después, siendo en términos finales, extemporánea, y por lo tanto causal de improcedencia de la presente acción, por tener una inactividad injustificada de mas (sic) de CUATRO MESES”11. La Coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa argumentó que la presente acción de tutela es improcedente pues las razones que manifestó la accionante para justificar su inactividad hacen referencia a trámites que no se consideran indispensables, por lo que procedía la formulación de la tutela sin el agotamiento de los mismos. Finalmente, el ministerio interviniente concluyó que al no existir nexo causal entre la inactividad y la vulneración alegada, la tutela debe ser declara improcedente.

3. Pruebas obrantes en el expediente i) Copia de la demanda de reparación directa presentada por la apoderada 10 Folios 149 al 151. 11 Folio 150.

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Expediente T-7.629.536 _______________________________ judicial de la accionante y otros en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional12. ii) Copia de la decisión proferida por el Tribunal de Ética Médica de Cundinamarca, dentro del proceso ético disciplinario No. 2190 del 12 de abril de 2011, promovido por el Ministerio de Defensa Nacional en contra de la médica Inelia Urueta González13. iii) Copia de la decisión adoptada en primera instancia por la Oficina de Control Disciplinario Interno No. 1925 de 2007 en contra de la médica rural Inelia Urueta González y la enfermera Sandra Helena Rendón Castañeda14. iv) Copia de la historia clínica de Diana Andrea Rocha Cuellar, aportada por el Dispensario Central de la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional15. v) Copia de la historia clínica de Diana Andrea Rocha Cuellar, aportada por EMCOSALUD16. vi) Copia de la remisión de Diana Andrea Rocha Cuellar, aportada por SALUDCOOP17. vii) Copia de la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión Judicial del Circuito de Florencia, Caquetá, el 28 de junio de 2013, dentro del proceso de reparación directa promovido por Mariela Cuellar y otros en contra de la NaciónMinisterio de Defensa - Ejército Nacional. viii) Copia del fallo proferido en segunda instancia por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Caquetá el 20 de noviembre de 2017, dentro del proceso de reparación directa promovido por Mariela Cuellar y otros en

contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional18. 12 Folios 11 al 23. 13 Folios 24 al 31. 14 Folio 32 al 42. 15 Folios 43 al 51. 16 Folios 52 al 76. 17 Folio 77. 18 Folios 98 al 113. Página 13 de 74 Expediente T-7.629.536 _______________________________ ix) Copia de la formulación de alegatos de conclusión presentada por la Procuraduría 71 Judicial Administrativo, dentro del proceso de reparación directa promovido por Mariela Cuellar y otros en contra de la NaciónMinisterio de Defensa - Ejército Nacional19. x) Copia del registro civil de defunción de Diana Andrea Rocha Cuellar20. xi) Copia de los derechos de petición formulados por la accionante ante la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y las respectivas respuesta proferidas por esa corporación de fechas 20 de diciembre de 2018 y 21 de enero de 201921. xii) Copia de las declaraciones extrajuicio rendidas por Olga Cuellar Carvajal y María Oliva Romero Cuellar22.

4. Sentencias objeto de revisión 4.1. Primera Instancia Mediante providencia del once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019) la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela promovida por

Mariela Cuellar Carvajal en contra del Tribunal Administrativo del Caquetá. El juez de primera indicó que de la tutela formulada y de los documentos que la acompañan se observa que la actora no interpuso en un término

razonable la presente acción de amparo, ni agotó en su momento los medios ordinarios de defensa judicial existentes. El a quo afirmó que en el presente caso el término de seis meses, señalado como plazo razonable por el Consejo de Estado para la presentación de la acción de tutela contra providencia judicial, debe contabilizarse desde el día hábil siguiente a la notificación de la sentencia que puso fin al proceso ordinario, es decir, el 20 de marzo de 2018. En esa medida, concluyó que la 19 Folios 118 al 125. 20 Folio 126. 21 Folios 127 al 130. 22 Folios 131 y 132. Página 14 de 74 Expediente T-7.629.536 _______________________________ accionante tenía hasta el 20 de septiembre de 2018 para presentar la acción de tutela contra la sentencia de segunda instancia, respecto de la cual considera se materializó la vulneración de sus derechos fundamentales. El juez de primera instancia argumentó que el estado de depresión que sufrió la actora luego de conocer la decisión adoptada en segunda instancia23 no acredita una especial condición que permita concluir que acudir a la acción de amparo en el plazo establecido por el Consejo de Estado resulte desproporcionado, y al no evidenciarse un perjuicio irremediable la solicitud de amparo no procede de manera excepcional. Adicionalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado advirtió que tampoco se cumple con el requisito de subsidiaridad al exponer que la accionante contaba con el recurso de queja, que efectivamente interpuso; sin embargo, resaltó que la demandante no realizó las gestiones correspondientes para adelantar dicho

recurso, al no sufragar las expensas de las copias como lo indican los artículos 652 y siguientes del CGP. 4.2. Impugnación En oficio del 4 de junio de 2019 la señora Mariela Cuellar Carvajal, mediante apoderado judicial, presentó escrito de impugnación en el cual solicitó que se revocara la decisión adoptada en primera instancia, se tutelaran sus derechos fundamentales y se ordenara “rehacer la Sentencia, luego de un juicioso examen de la prueba”24. La accionante indicó que contra la sentencia proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Caquetá el 20 de noviembre de 2017, entre los meses de marzo y agosto de 2018, ejerció el “recurso extraordinario y ordinario, trámite que culminó el 28 de Agosto de 2018, fecha que en mi humilde apreciación, debió tenerse en cuenta para comenzar el conteo del término de los seis meses, que ordenan los Altos Tribunales del país, para acceder al medio constitucional”25. Por lo anterior, manifestó que fue 23 Por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Caquetá el 20 de noviembre de 2017. 24 Folios 182 al 185. 25 Folio 182. Página 15 de 74 Expediente T-7.629.536 _______________________________ diligente en la reclamación de sus derechos pues antes de acudir a la tutela agotó los recursos establecidos por la ley. La señora Mariela Cuellar Carvajal argumentó que el término de los seis meses se cumplió el 28 de febrero de 2019. En esa medida, manifestó que en

el presente caso sí se acredita el requisito de inmediatez pues la acción de tutela se formuló el 20 de febrero de la misma anualidad. Seguidamente, la peticionaria reiteró que entre marzo y noviembre de 2018 sufrió un fuerte episodio de depresión por la decisión proferida el 20 de noviembre de 2017 por el tribunal accionado, hecho que fue apoyado con dos declaraciones extrajuicio mediante las cuales se acredita sumariamente la crisis emocional que vivió. La accionante aclaró que posteriormente realizó una serie de actuaciones que el juez de tutela debe tener en cuenta al momento de evaluar la inmediatez de la acción de amparo; entre las cuales, señaló que “solicitó copias del proceso, presentó dos derechos de petición al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA (que obran en las diligencias), para que le informaran ante que Autoridad Judicial se podía presentar una ACCIÓN DE TUTELA, pues la SALA TRANSITORIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ya no estaba funcionando; la respuesta la recibió, el 21 de Enero de 2019 (…)”26. So