CC - T328-2020

Sentencia T-328/20

ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTE-Procedencia excepcional El procedimiento de reconstrucción de expedientes, reglado en el artículo 126 del Código General del Proceso, constituye el mecanismo judicial idóneo frente a la pérdida total o parcial de un expediente. Este trámite puede adelantarse de oficio o a petición de la parte interesada, y es indispensable para determinar lo necesario a efectos de proferir una decisión que resuelva el fondo de la controversia de manera efectiva. Sin embargo, (i) la naturaleza del delito objeto de la denuncia penal –acceso carnal abusivo con menor de catorce años–; (ii) las condiciones particulares de la víctima al momento de la ocurrencia de los hechos –menor de 7 años de edad de escasos recursos económicos–; (iii) el tiempo trascurrido sin que se haya adelantado la respectiva indagación penal –más de 14 años–; y (iv) la situación actual de indefensión en la que aquella se encuentra a causa de los problemas de salud mental que padece son razones suficientes para concluir que, bajo tal contexto, someterla a que promueva un nuevo trámite judicial para obtener la reconstrucción del expediente resulta desproporcionado, más aún si se tiene en cuenta que las reglas que regulan dicho procedimiento no fijan un término para su resolución, de ahí que la acción de tutela se convierta en el único medio judicial eficaz para asegurar que este se realice de manera célere y efectiva, a través de una orden perentoria del juez constitucional que evite que se prolongue indefinidamente. TRAMITE PARA LA RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTEProcedimiento y necesidad de reconstruir un expediente cuando ha sido extraviado o destruido/RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTESCeleridad El trámite de reconstrucción debe realizarse a la mayor brevedad, ya que, si bien es cierto que la pérdida de un expediente justifica la inactividad procesal, a esta circunstancia no puede sumarse la demora en su reconstrucción, sin que terminen por afectarse aún más los derechos fundamentales de quien se ha visto perjudicado con la falta de diligencia de los servidores judiciales. DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Garantía en la reconstrucción de expediente judicial, en caso de pérdida total o parcial RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOSVulneración al debido proceso de no hacerse de manera célere y sin dilaciones injustificadas Con el fin de proteger el derecho a la intimidad de la parte accionante, la Sala de Revisión mantendrá la reserva de su identidad, omitiendo en esta versión pública de la sentencia su verdadero nombre, así como el de los sujetos involucrados en la actuación penal, al igual que cualquier otro dato que permita su identificación. DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Orden a la autoridad competente iniciar trámite de reconstrucción de expediente

Referencia: Expediente T-7.022.148

Acción de tutela presentada por NMP, obrando como agente oficiosa de su hija YMP, en contra de la Fiscalía Primera Seccional de la URI de Barrancabermeja y

del Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja.

Magistrado Ponente:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veinte (2020) La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a dictar la siguiente SENTENCIA En la revisión del fallo de tutela proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 14 de agosto de 2018, en el trámite del amparo constitucional promovido por NMP, actuando en calidad de agente oficiosa de su hija YMP, en contra de la Fiscalía Primera Seccional de la URI de Barrancabermeja y del Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja (Santander).

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud El 26 de julio de 2018, NMP, obrando como agente oficiosa de su hija YMP, formuló acción de tutela en procura de obtener la protección de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso de esta última, presuntamente vulnerados como consecuencia de la mora judicial injustificada en la que, al parecer, han incurrido la Fiscalía Primera Seccional de la URI de Barrancabermeja y el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, al no haber adelantado ninguna diligencia en relación con la

denuncia presentada el 27 de abril de 2006 por el delito de acceso carnal 2 abusivo con menor de catorce años del que resultó víctima la agenciada, siendo menor de edad para ese entonces. Los presupuestos fácticos que respaldan la protección iusfundamental invocada son los siguientes:

2. Reseña fáctica y pretensiones 2.1. Manifiesta la actora que, el 27 de abril de 2006, su hija YMP fue víctima del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años1 cuando tenía 7 años de edad. 2.2. Expresa que, al día siguiente de los hechos, formuló denuncia penal en contra de un sujeto que identificó como RAPL, cuyo conocimiento asumió la Fiscalía Primera Seccional de la URI de Barrancabermeja, asignándole el número de radicado 680816000135200600403. Ello se advierte de la información que reposa en el Formato Único de Noticia Criminal del 28 de abril 20062. Sin embargo, hace notar la Sala que en tal radicado aparece como indiciado un hombre identificado como AP y que, interrogada la accionante sobre el particular por el juez de instancia, confirmó que la acusación se hizo en contra de AP3. 2.3. El 11 de mayo de 2006, la Fiscalía Primera Seccional de la URI de Barrancabermeja remitió por competencia funcional las diligencias a los juzgados de menores, luego de que, al perecer, constatara que el indiciado era menor de edad al momento de la ocurrencia del hecho delictivo (Decreto

2737/89)4. En la misma fecha, la Oficina de Apoyo Judicial de Barrancabermeja efectuó la radicación del expediente asignándole el número 20060018400 y, enseguida, lo repartió al Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja para que asumiera la respectiva indagación5. 2.4. Once años después, con el apoyo de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), planteó el desarchivo del proceso ante el juez de control de garantías, mediante petición del 19 de mayo de 20176. En atención a este requerimiento, se programó audiencia de reapertura de investigación para el 2 de junio de 20177, pero esta diligencia no pudo realizarse debido a que el despacho fue enterado de que la causa penal había sido remitida, por razón de competencia funcional, a los juzgados de menores. 2.5. En consecuencia, el 2 de junio de 2017, reiteró la solicitud de desarchivo ante Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja. Sin 1 Así se menciona en la demanda de tutela. 2 Documento aportado por la Fiscalía General de la Nación, visible a folio 50 del acuerdo principal. 3 Esta imprecisión pudo deberse a que la actora no redactó la demanda de tutela, sino que para ello contó con la ayuda de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), entidad que aparece mencionada allí como como lugar donde recibe notificaciones. 4 Ver folio 27 del cuaderno principal. 5 Ver folio 75 del cuaderno principal. 6 Escrito de petición visible a folios 20 y 21 del expediente principal.

7 Respuesta visible a folio 22 del cuaderno principal. 3 embargo, en comunicación del 10 de junio de 2017 le informaron que no era posible acceder a tal pretensión, habida cuenta que el expediente no aparecía relacionado en los archivos de ese despacho8. 2.6. Finalmente, el 23 de noviembre de 2017, elevó petición ante la Fiscalía General de la Nación-Dirección Seccional Magdalena Medio, solicitando información sobre el estado actual del proceso9. En respuesta a su solicitud, el 20 de febrero de 2018 dicha autoridad le comunicó que la indagación se encontraba inactiva, toda vez que el 11 de mayo de 2006 el expediente había sido remitido a los juzgados de menores, siendo finalmente asignado su conocimiento al Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja10. 2.7. A través de la acción de tutela, la actora cuestiona la mora injustificada de la administración de justicia en la investigación y sanción del responsable de la agresión sexual de la que fue objeto su hija, ya que doce años después de la ocurrencia de los hechos, el caso sigue en la impunidad y, además, advierte que aquella fue diagnosticada con “discapacidad intelectual”11, padecimiento posiblemente asociado al hecho traumático del que resultó víctima. 2.8. En consecuencia, solicita que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de suerte que se ordene a las autoridades judiciales accionadas expedir copia del expediente relacionado con la noticia criminal número 680816000135200600403 y proceder al desarchivo e impulso de la actuación penal.

3. Admisión de la demanda de tutela y notificación Por Auto del 1º de agosto de 2018, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga admitió la acción de tutela y, con el fin de conformar el contradictorio, ordenó correr traslado de la demanda a las autoridades accionadas, para que se pronunciaran acerca de los hechos que motivaron el amparo solicitado.

En la misma providencia, dispuso, además, vincular al presente trámite a varias entidades del orden nacional, a fin de que también se manifestaran en relación con los planteamientos expuestos en el libelo introductorio; así como el emplazamiento de RAPL con el propósito de garantizarle su derecho de defensa y contradicción. Agotado el anterior procedimiento, el 9 de agosto de 2018 el abogado Pedro Orlando Correa Pacheco asumió, como curador ad litem, la representación de RAPL.

4. Respuesta a la acción de tutela 8 Respuesta visible a folio 23 del cuaderno principal. 9 Escrito de petición visible a folios 24 y 25 del cuaderno principal. 10 Respuesta visible a folios 27 y 28 del cuaderno principal. 11 Ver historia clínica visible a folios 7 a 18 del cuaderno principal. 4 4.1. Dirección Seccional de Fiscalías de Santander La Dirección Seccional de Fiscalías de Santander atendió el requerimiento judicial, solicitando su desvinculación del trámite de la acción de tutela. Puso de presente que el asunto objeto de controversia fue tramitado por una agencia fiscal adscrita a la Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio y no

a la Dirección Seccional de Fiscalías de Santander, de modo que, al no estar bajo su coordinación, le resulta imposible emitir pronunciamiento alguno sobre el particular. 4.2. Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio En la oportunidad procesal señalada para el efecto, la Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio dio respuesta a la acción de tutela, mediante escrito en el que informó que, según la consulta realizada en el sistema de información misional de la Fiscalía General de la Nación, Sistema Penal Acusatorio (ESPOA), la noticia criminal con número de radicado 680816000135200600403 se encuentra inactiva. Ello, en razón a que, el 11 de mayo de 2006, la Fiscalía Primera Seccional de la URI de Barrancabermeja remitió por competencia la indagación a los juzgados de menores de esa ciudad. Por este motivo, advirtió que dicha agencia fiscal no podía reactivar la actuación, toda vez que el despacho judicial al que le fueron asignadas las diligencias no ha devuelto el expediente, por lo que infiere que avocó el conocimiento del asunto y realizó la investigación del hecho punible. Con todo, subrayó que, a fin de establecer la trazabilidad del expediente, solicitó información a los juzgados de familia de Barrancabermeja, obteniendo como respuesta que ningún despacho lo tenía en su poder. Sin embargo, resaltó que la Oficina de Apoyo Judicial le indicó que, una vez recibidas las diligencias, estas habían sido repartidas al Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja el 11 de mayo de 2006. En concreto, la Fiscalía

manifestó lo siguiente: “En procura de establecer la trazabilidad del expediente que el entonces Fiscal Primero Seccional de la URI de Barrancabermeja remitió por competencia al Juzgado de menores, el Fiscal 3 Local del CAPIV de esta Seccional solicitó información a tres juzgados Primero, Segundo y Tercero Promiscuos de Familia y todos respondieron no tener el caso, pero se obtuvo información en la oficina de apoyo judicial de Barrancabermeja que a nombre de AP (demandado), NMP (demandante) y con número de radicado 20060018400 fue asignado al Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja el día 11 de mayo de 2006, por la presunta conducta punible de acceso carnal abusivo”12. [Negrita incluida en el texto original] 12 Ver folio 48 del cuaderno principal. 5 4.3. Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja El Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja intervino en el presente juicio por intermedio de la juez titular de ese despacho judicial. Dicha servidora manifestó que, una vez enterada del trámite de la presente acción, procedió a coordinar las labores de búsqueda del expediente relacionado con la actuación penal motivo de amparo. Tras un relato pormenorizado de las acciones desplegadas con ese propósito que consistieron en: (i) recabar información de la Oficina de Apoyo Judicial del Palacio de Justicia, del Juzgado Segundo Penal Municipal, de la Fiscalía de Infancia y Adolescencia, y de la Defensoría de Familia adscrita al Centro

Zonal La Floresta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, todos de la ciudad de Barrancabermeja; (ii) realizar la revisión física de los procesos archivados a partir del año 2006; y (iii) consultar los libros radicadores y copiadores de providencias, informó que no fue posible hallar las respectivas diligencias, no obstante que fueron recibidas en ese juzgado el 11 de mayo de 200613, y que, aun cuando no existe claridad “si el denunciado AP al momento de los hechos narrados por la denunciante era menor de 14 años”, tampoco hay constancia de que se hayan remitido a otro despacho judicial o al ICBF. Sobre esa base, aclaró que, si bien es cierto que, para ese entonces, no ejercía funciones en el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, pues su posesión en ese despacho data del 14 de marzo de 2017, también lo es que desplegó sin éxito todo el recurso humano necesario a efectos de localizar el expediente que, al parecer, “constaba de aproximadamente 7 hojas” correspondientes al formato único de noticia criminal. Finalmente, a pesar de que adujo no tener explicación acerca de por qué desde el año 2006 no se ha surtido ninguna actuación dentro del referido proceso, sostuvo que la accionante “[ha debido]estar pendiente del curso de la denuncia, preguntando en el Juzgado que (sic) había pasado con ella o en la misma Fiscalía, indagando oportunamente por el trámite de la actuación penal en garantía de la menor víctima, sin embargo no lo hizo dejando trascurrir aproximadamente 12 años después de los hechos para venir ahora

a pregonar la vulneración inminente o actual de los derechos constitucionales presuntamente por mora judicial injustificada”14. Bajo ese entendido, concluyó que, al no existir justificación alguna para tal proceder, la acción de 13 A folio 122 del cuaderno principal se indica textualmente lo siguiente: “[…] Se libró oficio No. 1521 de fecha 2 de agosto de 2018, solicitando a la Jefe de la Oficina de Apoyo Judicial del Palacio de Justicia de esta ciudad, información que conduzca a establecer si la denuncia penal instaurada por la señora NMP en contra del señor AP fue repartida a ese estrado judicial, toda vez que no se registra en los libros radicadores la entrada de dicha actuación. Al oficio se obtuvo respuesta mediante oficio No. O.S.B-132-2018, en la que la asistente administrativa señora SAIRA MILENA MARTÍNEZ ESLAVA manifiesta que el día 11 de mayo de 2006 fueron repartidas las diligencias a este Juzgado como se demuestra con el listado que procedió a anexar. Se revisa la carpeta de archivo del Juzgado del año 2006 donde constan las diligencias repartidas a este Juzgado, constatándose que en efecto se recibió la actuación procedente de la Fiscalía relativa a la denuncia […] radicada por parte de la Oficina de Apoyo Judicial al número 20060018400”. [Negrita fuera de texto] 14 Ver folio 69 del cuaderno principal. 6 tutela se torna improcedente por ausencia del requisito de inmediatez, a pesar de las circunstancias que subyacen tras la pérdida del expediente. 4.4. Procuraduría General de la Nación

En atención a su vinculación oficiosa al proceso de tutela, la procuradora 161 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia de Bucaramanga emitió el concepto a su cargo. De manera preliminar, llamó la atención sobre la necesidad de que la actora ampliara los hechos de la acción de tutela para aclarar la identidad del sujeto que denunció como presunto autor de la conducta punible, pues los datos aportados por la Fiscalía General de la Nación difieren de la información suministrada por ella, ya que en la noticia criminal se menciona a un hombre llamado AP y, en la demanda de amparo, a otro de nombre RAPL. Asimismo, advirtió que no se tiene claridad respecto de la edad del presunto infractor al momento de la comisión de hecho delictivo, elemento que, a su juicio, resulta indispensable para valorar la competencia de la justicia ordinaria penal o de la especializada para adolescentes, de cara al conocimiento del asunto. No obstante lo anterior, y ante el extravío de las diligencias pertinentes, sostuvo que le asiste razón a la parte actora cuando señala que, a causa de la inoperancia de la administración de justicia, se vulneraron los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso de su hija, circunstancia que se mantiene vigente y, por tanto, la acción de tutela resulta procedente para la protección de dichas garantías, pese al tiempo considerable trascurrido entre la ocurrencia de los hechos y el amparo deprecado. 4.5. Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF)

Al emitir oportuna respuesta al requerimiento judicial, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a través del defensor de familia adscrito al Centro Zonal La Floresta de Barrancabermeja, se limitó a proponer la improcedencia del amparo constitucional como resultado de la prescripción de la sanción correctiva establecida en el antiguo Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor) –vigente al momento de la ocurrencia de los hechos– con la reforma introducida por la Ley 1098 de 2006 (Ley de Infancia y Adolescencia). 4.6. Pedro Orlando Correa Pacheco, en representación de RAPL El abogado Pedro Orlando Correa Pacheco, obrando en calidad de curador ad litem de RAPL, presunto implicado en el proceso penal en cuestión, dio contestación a la acción de tutela, manifestando que no se opone a las pretensiones formuladas en el escrito introductorio y que se atiene a lo que 7 resulte probado dentro del trámite tutelar, siempre que en este se protejan los derechos fundamentales de las partes e intervinientes.

II. DECISIÓN JUDICIAL QUE SE REVISA

1. Primera instancia La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en sentencia del 14 de agosto de 2018, declaró la improcedencia de la acción de tutela, con fundamento en la carencia actual de objeto por daño consumado.

En criterio de ese operador jurídico, no obstante la indiscutible y grosera negligencia judicial que imperó en el trámite de la denuncia presentada con motivo de la agresión sexual padecida por la joven YMP cuando era menor de

edad, lamentablemente no puede emitirse una orden que garantice su acceso material a la administración de justicia, comoquiera que ningún efecto útil tendría tal medida, si se tiene en cuenta que en vigencia del Código del Menor la acción penal solo podía adelantarse hasta que el procesado cumpliera la edad de 21 años. En ese entendido, advirtió que “de haber tenido el joven RAPL el mínimo de 12 años para ser sujeto de la acción penal, a hoy tendría por lo menos 24 años, por lo que, con base en los escasos datos suministrados en esta causa constitucional, puede concluirse que, aunque pudiere haber responsabilidad penal, el autor no podría ser condenado a la fecha”. En consecuencia, sostuvo que “ningún propósito tendría ordenar la reconstrucción del expediente, menos aún impartirle celeridad al trámite, pues el resultado sería igual o más frustrante al sufrir todo el [proceso] penal, el cual no podría llegar a una conclusión menos desafortunada que la [aquí plasmada]”. Así las cosas, determinó que no le quedaba más remedio a la víctima que acudir la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que, por vía del medio de control de reparación directa, obtuviera el reconocimiento de perjuicios derivados de la inoperancia del sistema de administración de justicia; así como promover la respectiva acción disciplinaria, a fin de que se investiguen las posibles faltas cometidas por los servidores judiciales que conocieron de la actuación penal. La anterior decisión no fue impugnada y, por lo tanto, no se surtió la segunda instancia.

III. ACTUACIONES ADELANTADAS EN SEDE DE REVISIÓN

1. Selección, reparto y reasignación de la ponencia Remitido el expediente de tutela de la referencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, la Sala de Selección Número Diez, por Auto del 29 de 8 octubre de 2018, notificado el 14 de noviembre siguiente, decidió seleccionarlo y asignar su conocimiento a la Sala Segunda de Revisión.

El 19 de febrero de 2019, la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien preside dicha Sala, registró proyecto de fallo, cuya ponencia no fue acogida por los restantes magistrados, básicamente, porque no se integró en debida forma el contradictorio, vinculándose al proceso a todos aquellos sujetos que tenían un interés legítimo en este y que podían resultar afectados con la decisión que se adoptara en el trámite de revisión. En consecuencia, dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 34 del Reglamento Interno15, el 13 de marzo de 2019 la Secretaría General de la corporación remitió el expediente T-7.022.148 al magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien seguía en turno por orden alfabético de apellido, a fin de que elaborara la ponencia definitiva.

2. Nulidad por falta de vinculación de sujetos con interés legítimo Una vez recibido el expediente y hecha una revisión preliminar de su contenido, el magistrado sustanciador confirmó la discrepancia en relación con los datos de identificación del presunto autor de la conducta punible, ya que en la demanda de tutela se menciona como responsable de los hechos a un sujeto llamado RAPL, mientras que en la información que reposa en los

archivos de la Fiscalía General de la Nación, el indiciado responde al nombre de AP. Evidenciada la falta de vinculación de AP al trámite de la presente acción de tutela, tanto por los jueces de instancia como en sede de revisión, por Auto 285 del 30 de mayo de 201916, la Sala Segunda de Revisión resolvió: (i) decretar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda de tutela; (ii) ordenar a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga reiniciar el proceso previa notificación y vinculación del ciudadano AP, para lo cual debía establecer plenamente su identidad; (iii) devolver el expediente al despacho de origen; y (iv) advertir que, una vez surtido el proceso de tutela, quien tuviera a cargo el expediente debía remitirlo inmediatamente a la Corte Constitucional a fin de que la Sala Segunda de Revisión reasumiera su competencia.

3. Actuaciones posteriores al Auto 285 de 2019

El 25 de julio de 2019, la Secretaría General de esta corporación remitió al despacho del magistrado sustanciador el expediente de tutela de la referencia, luego de que la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial 15 “8. […] Si el proyecto principal no obtiene en la Sala ese mínimo de votos, el proceso pasará al magistrado que corresponda en orden alfabético de apellido entre el grupo de los magistrados mayoritario, para que redacte el nuevo proyecto o el fallo definitivo, en el que se exponga la tesis de la mayoría. El magistrado ponente original podrá́ conservar la ponencia cuando concurra con la mayoría en las decisiones

principales del fallo”. 16 Esta providencia cuenta con salvamento de voto de la magistrada Diana Fajardo Rivera. 9 de Bucaramanga avocara nuevamente el conocimiento del asunto conforme a lo ordenado por esta Sala de Revisión. Revisadas cada una de las actuaciones surtidas dentro del nuevo proceso se tiene que, por Auto del 12 de junio de 2019, el tribunal (i) admitió la demanda; (ii) ordenó correr traslado de esta a las autoridades accionadas; (iii) vinculó al proceso a varias entidades del orden nacional; y (iv) dispuso el emplazamiento de AP y de RAPL17. En la misma providencia, decidió, además, oficiar a la Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio para que estableciera la identidad del sujeto que fue denunciado por la actora el 28 de abril de 2006 e informara si se trataba de la misma persona identificada en la noticia criminal como AP. En cumplimiento de lo anterior, obran dentro del expediente las siguientes respuestas: Autoridades demandadas y Respuesta vinculadas La denuncia fue tramitada por una agencia fiscal adscrita a la Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena Dirección Seccional de Medio y no por la Dirección Seccional de Fiscalías de Santander18 Fiscalías de Santander, razón por la cual no tiene competencia para pronunciarse sobre el particular. Refiere no haber conocido de la respectiva indagación. No obstante, informa que, realizadas las Fiscalía Primera Seccional de averiguaciones pertinentes, se pudo Barrancabermeja19 establecer que la causa penal fue remitida

al Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja. El despacho no tuvo conocimiento de la denuncia formulada por la actora. Sin embargo, se logró establecer que la Fiscalía Tercera Local indagación fue asignada por competencia CAPIV20 al Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja el 11 de mayo de 2006. En la Fiscalía Primera Seccional de la Fiscalía URI Unidad Local de URI de Barrancabermeja se adelantó la Fiscalías de indagación penal por el delito de acceso Barrancabermeja21 carnal abusivo con menor de catorce años, siendo denunciante la señora NMP. 17 El 14 de junio de 2019, la abogada Amparo Moros Carvajal asumió, como curadora ad litem, la representación de AP y RAPL. 18 Ver folio 130 del cuaderno principal. 19 Ver folios 176 a 179 del cuaderno principal. 20 Ver folios 158 a 168 del cuaderno principal. 21 Ver folios 150 a 154 del cuaderno principal. 10 El 11 de mayo de 2006, el proceso fue remitido por competencia a los juzgados de menores. En cuanto a la identidad del indiciado, solo se tiene la información que reposa en el sistema SPOA y los datos suministrados por la denunciante. No existe carpeta de archivo en la unidad porque la actuación fue trasladada a los juzgados de menores. Reitera la respuesta inicial y, en síntesis, afirma que, a pesar de que la indagación fue recibida en ese despacho el 11 de

Juzgado Tercero Promiscuo mayo de 2006, en los libros radicadores y de Familia de copiadores no reposa anotación alguna Barrancabermeja22 sobre la existencia del expediente ni, menos aún, de alguna diligencia que se haya adelantado dentro de la causa penal. Defensoría de Familia El amparo resulta procedente y debe adscrita a los Juzgados ordenarse al Juzgado Tercero Promiscuo Promiscuos de Familia de de Familia de Barrancabermeja la Barrancabermeja23 reconstrucción del expediente. La vulneración de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso de la agenciada es continua y actual. Por esta razón, atendiendo al Procuraduría 161 Judicial II tiempo trascurrido desde la fecha en la para la defensa de los que la actora denunció los hechos, las derechos de la infancia, la respuestas emitidas por las autoridades adolescencia y la familia24 judiciales, la naturaleza del delito investigado y la edad de la víctima al momento de la ocurrencia de los hechos, solicita que se estudie la viabilidad de compulsar copias para la investigación disciplinaria a que haya lugar. Ante el despacho se solicitó el desarchivo del proceso, pero se le informó a la interesada que no podía darse trámite a lo Juzgado Segundo Penal requerido, ya que los hechos ocurrieron Municipal de en vigencia del Decreto 2737 de 1989, Barrancabermeja25 por lo que el conocimiento del asunto no estaba atribuido al juez de control de garantías, sino al juez de menores o

promiscuo de familia. Curador Ad litem de AP y No se opone a las pretensiones de la 22 Ver folios 122 a 129 del cuaderno principal. 23 Ver folios 144 y 145 del cuaderno principal. 24 Ver folios 172 a 175 del cuaderno principal. 25 Ver folios 139 a 142 del cuaderno principal. 11 RAPL26 acción de tutela y se atiene a lo que resulte probado dentro del proceso. Adicionalmente, a folio 155 del expediente, obra constancia emitida el 18 de junio de 2019 por la auxiliar judicial de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la que dicha servidora señala que se comunicó con la accionante para que aclarara el nombre de la persona a la que denunció en el año 2006 por los hechos que motivaron el amparo constitucional, recibiendo como respuesta que dicho sujeto responde al nombre de APL, quien era vecino suyo, y que, aunque desconoce la edad que tenía al momento de la ocurrencia de los hechos, recientemente se enteró de que se encuentra recluido en un establecimiento carcelario, al