CC - T336-2020

Sentencia T-336/20

INDEMNIZACION DERIVADA DE INCAPACIDAD

PERMANENTE CAUSADA POR ACCIDENTE DE TRANSITO

COMO COMPONENTE DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Una compañía de Seguros vulnera el derecho a la seguridad social al omitir su deber de realizar, en primer lugar, el examen de pérdida de capacidad laboral a sus asegurados, cuando asume el riesgo de invalidez y muerte por accidente de tránsito, en virtud de un contrato de SOAT, tal como lo dispone el artículo 41 de la Ley 100, modificado por el artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012. Asimismo, dicha entidad debe sufragar los costos de los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez en caso de que dicha decisión sea impugnada; así como los de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez si hubiere lugar a la apelación del dictamen; cuando esté demostrado que el asegurado carece de recursos económicos para asumirlos directamente.

DEBIDO PROCESO EN SOLICITUD DE INDEMNIZACION

DERIVADA DE INCAPACIDAD PERMANENTE CAUSADA POR ACCIDENTE DE TRANSITO Corresponde a las administradoras de fondos de pensiones, a las administradoras de riesgos laborales, a las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las entidades promotoras de salud realizar, en una primera oportunidad, el dictamen de pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez. En caso de existir inconformidad del interesado, la Entidad deberá solicitar a la Junta Regional de Calificación de Invalidez la revisión del caso, decisión que será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Esto

significa que, antes que nada, es competencia del primer conjunto de instituciones mencionadas la práctica del dictamen de pérdida de capacidad laboral y la calificación del grado de invalidez. En términos generales, solamente luego, si el interesado se halla en desacuerdo con la decisión, el expediente debe ser remitido a la Junta Regional de Calificación de Invalidez para que se pronuncie y, de ser impugnado el correspondiente concepto técnico, corresponderá resolver a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. INDEMNIZACION DERIVADA DE INCAPACIDAD PERMANENTE CAUSADA POR ACCIDENTE DE TRANSITO-Normativa aplicable para su reconocimiento

REGULACION DE LA INDEMNIZACION POR

INCAPACIDAD PERMANENTE EMANADA DE

ACCIDENTE DE TRANSITO-Reglas

(i)Para acceder a la indemnización por incapacidad permanente amparada por el SOAT, es indispensable allegar el dictamen médico proferido por la autoridad competente. (ii) Dentro de las autoridades competentes para determinar, en primera oportunidad, la pérdida de capacidad laboral, enunciadas en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 100, modificado por el artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012, se encuentran las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte. (iii) Dado que las empresas responsables del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito asumen, entre otros riesgos, el de incapacidad permanente, tienen también la carga legal de practicar, en primera oportunidad, el examen de pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez del asegurado, orientado a acceder a

la indemnización por incapacidad permanente amparada por el SOAT. HONORARIOS DE LAS JUNTAS DE CALIFICACION DE INVALIDEZ Y SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO-Estos deben ser asumidos por la entidad de previsión, seguridad social o la sociedad administradora en la que se encuentra afiliado el solicitante INDEMNIZACION DERIVADA DE INCAPACIDAD PERMANENTE CAUSADA POR ACCIDENTE DE TRANSITO-Orden a Aseguradora sufragar los honorarios fijados por la Junta Regional de Calificación de Invalidez competente DERECHO A LA CALIFICACION DE LA PERDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL-Orden a Aseguradora realizar examen de pérdida de capacidad laboral para reconocimiento de indemnización por incapacidad permanente por accidente de tránsito

Referencia: Expediente T7.785.591

Acción de tutela instaurada por Edson Jhoaho González Tilaguy contra Seguros Mundial S.A.

Magistrada ponente: 2

DIANA FAJARDO RIVERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinte (2020) La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente: SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados en el asunto de la referencia por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Villavicencio, el 25 de octubre de 2019 en primera instancia; y el Juzgado Tercero Civil del

Circuito de Villavicencio, el 5 de diciembre de 2019, en segunda instancia.

I. ANTECEDENTES

1. El 18 de octubre de 2019, Edson Jhoaho González Tilaguy interpuso acción de tutela invocando la protección de sus derechos a la seguridad social y al mínimo vital que considera vulnerados por la aseguradora Seguros Mundial S.A. (en adelante Seguros Mundial). A continuación la Sala resumirá los hechos narrados por el accionante en su escrito de tutela:

1. Hechos:

2. El 13 de agosto de 2018, Edson Jhoaho González Tilaguy, quien actualmente tiene 23 años de edad,1 sufrió un accidente de tránsito. Narró que se encontraba conduciendo una motocicleta y su camino fue obstruido por un animal, razón por la cual perdió el control del vehículo cayendo en la vía pública y chocando contra un sardinel.2 Por lo tanto, fue trasladado a la clínica del Meta, en donde recibió atención médica de urgencia.3 Como consecuencia del mencionado accidente, fue diagnosticado con “otros traumatismos de la cabeza especificados, otros traumatismos superficiales de la pared anterior del tórax y fractura de la epífisis superior del cubito”.4 El 14 de agosto de 2018 el médico especializado en ortopedia y 1 El folio 4 del cuaderno 1 corresponde a un copia cédula de ciudadanía del accionante en la que consta que nació el 14 de marzo de 1997. 2 Así consta en el Certificado de Ocurrencias que obra a folio 4, reverso, del cuaderno 1. 3 Historia clínica folios 4, reverso, a 8. La historia clínica evidencia que fue ingresado a la clínica el 13 de

agosto de 2018. 4 Folio 5, cuaderno. 3 traumatología le ordenó una consulta de seguimiento por especialidades médicas de ortopedia y traumatología.5 Posteriormente, el 2 de octubre, el mismo especialista ordenó dar inicio a terapia física integral con el fin de recuperar la movilidad y fortalecer el codo izquierdo.6 La motocicleta que estaba conduciendo el accionante estaba amparada con la póliza de seguro de número SOAT 182565692 de la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL S.A.,7 por lo que dichos servicios médicos fueron cargados a la cuenta SOAT de la accionada.8

3. El 22 de agosto de 2019, Edson Jhoaho González Tilaguy radicó una petición ante Seguros Mundial solicitando que se cubriera el costo de los honorarios de la Junta Regional de Calificación del Meta para que esta valore su pérdida de capacidad laboral.9 Lo anterior, con el propósito de reclamar, posteriormente, la indemnización por incapacidad permanente por accidente de tránsito previsto en el SOAT.

4. El 2 de octubre de 2019 recibió respuesta a su petición en la que Seguros Mundial le informó que no accedería a cubrir los costos de los honorarios de la Junta de Calificación Regional Meta. Fundamentó su decisión en un concepto de la Superintendencia Financiera que asegura que los honorarios de las juntas de calificación deben ser cancelados por quien solicita la evaluación. Concluyó que la compañía no estaba obligada a sufragar dichos gastos. 10

5. El accionante considera que la respuesta de Seguros Mundial vulnera

sus derechos a la seguridad social e igualdad, pues contradice la reiterada jurisprudencia constitucional que ha advertido que resulta inadmisible que los asegurados asuman el costo del dictamen de la calificación de su invalidez.11 Asimismo, puso de presente diversas normas jurídicas que, en su opinión, justifican el deber de las compañías de seguros de costear los honorarios aludidos.12 Finalmente, sostuvo que es una persona de escasos recursos y que se encuentra desempleado como consecuencia del accidente de tránsito que sufrió. Con base en lo anterior, solicitó al juez constitucional tutelar sus derechos a la seguridad social y al mínimo vital. 5 Folio 7, cuaderno 1. 6 Folio 8, cuaderno 1. 7 Copia póliza SOAT. (Folio 4, cuaderno 1) 8 Folio 6, cuaderno 1. 9 El accionante aportó copia de la petición radicada ante Seguros Mundial. (Folio 9, cuaderno 1). 10 Respuesta a la petición. (Folio 10, cuaderno 1). 11 Citó las sentencias T033 de 2004, T-431 de 2009, T-208 de 2010, T-322 de 2011, T-056 de 2014, T349 de 2015, y T-400 de 2017. En particular, señaló: 12 Artículo 48 de la Constitución Política; Ley 1562 del 2012 artículo 18; artículos 42 y 43 de la ley 100 de 1993. También mencionó la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales.

4 Su pretensión busca que se ordene a Seguros Mundial asumir el costo de los honorarios de la Junta de Calificación Regional del Meta, para que califique su pérdida de capacidad laboral y así poder reclamar la indemnización correspondiente.

2. Trámite de primera instancia y respuesta de la accionada.

6. El 22 de octubre de 2019 el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Villavicencio admitió la acción de tutela y vinculó, de oficio, a la Junta de

Calificación de Invalidez del Meta.13

• Seguros Mundial S.A

7. El 24 de octubre de 2019, Ariel Cárdenas Fuentes, Asesor jurídico de Seguros Mundial S.A, dio respuesta a la acción de tutela.14 Señaló que la Superintendencia Financiera15 estableció que no corresponde a las aseguradoras pagar los honorarios de las juntas de calificación de invalidez, pues de conformidad con el artículo 2.2.5.1.16 del Decreto 1072 de 2015 estos deben ser cancelados por quien solicita la calificación, en este caso, por el accionante. El inciso segundo del artículo en mención, dispone un solo evento en el que le correspondería asumir a la aseguradora el pago de los honorarios y es cuando la Junta Regional de Invalidez actúa como perito por solicitud de las mismas compañías de seguros, evento que no se cumple en la presente acción de tutela. Agregó que según la Superintendencia Financiera, la obligación del asegurador del SOAT se limita al pago indemnizatorio a quienes acrediten ser beneficiarios, por ende, la obligación del interesado es la demostración de la ocurrencia del

siniestro.16 Además, el dictamen de pérdida de capacidad laboral podía ser expedido por cualquiera de las entidades establecidas en el artículo 142 del Decreto-ley 019 de 2012.17 Concluyó señalando que la acción de tutela debe declararse improcedente al no satisfacer el requisito de subsidiariedad, como quiera que se trata de una pretensión estrictamente económica, que 13 Auto de admisión de tutela de fecha 22 de octubre de 2019. (Folio 12, cuaderno 1). Oficios de fecha 23 de octubre de 2019: a) Oficio N° 3879 por el cual se notifica a la Junta de Calificación de Invalidez del Meta de su vinculación a la acción de tutela (folio 13, cuaderno 1) y b) oficio N° 3881 por el cual se notifica a la aseguradora Seguros mundial S.A la admisión de tutela. (Folio 15, cuaderno 1) Oficios de fecha 23 de octubre de 2019 14 (Folio 21 a 28, cuaderno 1). 15 Concepto N° 2019009983-004 del 2019 Superintendencia Financiera. El texto del mismo fue aportado al proceso y consta en los folios 24 a 28 del cuaderno 1. 16 Artículo 1077, Carga de la prueba: Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida si fuere el caso. El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. 17 Artículo 142 del Decreto-ley 019 de 2012: Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana

de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, a las Compañías de Seguros y a las Entidades Promotoras de Salud EPS). 5 debe ser resuelta por la jurisdicción ordinaria.18 - Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta

8. El 24 de octubre de 2020, Yolima Zapata Vasco, Directora Administrativa y Financiera de la Junta de Calificación de Invalidez del Meta, 19 dio respuesta a la acción de tutela20. En su escrito afirmó que no le constan los hechos narrados por el actor y que no existe en la Junta Regional documento alguno relacionado con los mismos. Por otro lado, solicitó ser desvinculada del trámite de tutela.

3. Los fallos objeto de revisión - Sentencia de primera instancia

9. Mediante fallo del 25 de octubre de 2019, el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Villavicencio, Meta resolvió conceder el amparo de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de Edson Jhoaho González Tilaguy. Argumentó que el caso cumple con el presupuesto de subsidiariedad, pues las acciones procedentes ante la jurisdicción civil no son idóneas y eficaces de cara a la especial condición del accionante, el cual afirmó no contar con los recursos económicos para asumir el costo de los honorarios de la Junta de Calificación de Invalidez, como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente de tránsito que afectaron su salud.

En segundo lugar, señaló que la Corte Constitucional ha establecido, en reiterada jurisprudencia, “que exigir los honorarios de las J.C.I a los

usuarios vulnera su derecho a la seguridad social, pues son las entidades del sistema, como las aseguradoras, las que deben asumir el costo que genere ese trámite ya que de lo contrario se denegaría el acceso a la seguridad social de aquellas personas que no cuentas con recursos económicos”.21 Adicionalmente, sostuvo que le correspondía a Seguros Mundial probar que el accionante contara con recursos suficientes para asumir el pago de los honorarios, lo cual no ocurrió. Por lo tanto, le ordenó a la entidad accionada asumir el pago de los honorarios ante la Junta de Calificación de Invalidez Regional del Meta para que valore la pérdida de capacidad laboral al accionante por el accidente de tránsito ocurrido el 13 de agosto de 2018. Asimismo, determinó que la Junta de Calificación de Invalidez Regional del Meta no vulneró los derechos del accionante.22 18 Respuesta acción de tutela. (Folio 23, cuaderno 1). 19 Acta de posesión del cargo como miembro oficial. (Folio 31, cuaderno 1). 20 Respuesta acción de tutela. (Folio 30, cuaderno 1). 21 Sentencia T-045 de 2013. 22 Fallo de tutela. (Folio 46 a 51, cuaderno 1). 6

• Impugnación

10. El 30 de octubre de 2019, Seguros Mundial impugnó el fallo de primera instancia. En su escrito reiteró los argumentos expuestos en la contestación a la acción de tutela. Sostuvo que el juez de primera instancia dejó de aplicar las normas que regulan el caso (artículos 29 y 30 del

Decreto 1352 de 2013). En particular, aseguró que el accionante no acreditó haber culminado sus procesos de rehabilitación integral y agotado el trámite ante la Entidad Promotora de Salud, Fondo de Pensiones o ARL a la cual se encuentre afiliado, lo cual, de acuerdo con las normas citadas, impide acudir directamente a la Junta de Calificación. En su parecer, la sentencia de primera instancia modificó los términos de operación del seguro obligatorio y el trámite de calificación de la pérdida de capacidad laboral de quienes sufren accidentes de tránsito. Por lo tanto, solicitó revocar el amparo concedido.23 - Sentencia de segunda instancia

11. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio, mediante sentencia del 5 de diciembre de 2019, resolvió revocar la decisión de primera instancia y en su lugar denegar el amparo solicitado. Señaló que “si bien Edson Jhoaho González Tilaguy sufrió accidente de tránsito y la aseguradora es la que debe sufragar los gastos de los honorarios ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, también es cierto que el accionante no cumplió con el requisito de inmediatez, pues el accionante dejó transcurrir un año para radicar la solicitud de pago de honorarios a la Junta Regional de Calificación de Invalidez ante Seguros Mundial S.A, sin que justificara el motivo de su inactividad para iniciar los trámites pertinentes ante la compañía de seguros” 24

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

12. La Sala Segunda de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional

es competente para conocer los fallos materia de revisión, de conformidad con la Constitución y las normas reglamentarias;25 y, en virtud del Auto del 14 de febrero de 2020, proferido por la Sala de Selección Número dos de 23 Impugnación. (Folio 58 a 61, cuaderno 1). 24 Sentencia de segunda instancia. (Folio 3 a 5, cuaderno 2). 25 En particular los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 7 2020,26 que escogió el expediente de la referencia para efectuar su revisión.

2. La acción de tutela es procedente

13. Antes de formular el problema jurídico, la Sala debe analizar la procedencia de la acción de tutela interpuesta por Edson Jhoaho González Tilaguy contra Seguros Mundial S.A. De manera preliminar, advierte que en esta oportunidad se cumplen todos los requisitos de procedencia, esto es, la legitimación por activa y pasiva, inmediatez y subsidiariedad. A continuación se exponen los argumentos que sustentan dicha conclusión.

14. Edson Jhoaho González Tilaguy puede presentar la acción de tutela, al ser una persona que actúa en nombre propio, buscando la protección de sus derechos fundamentales (legitimación por activa).27 Así mismo, la tutela puede dirigirse contra Seguros Mundial, entidad que amparaba mediante el contrato de SOAT con la póliza No. 18256569228 la motocicleta en la que el actor sufrió el accidente y, a quien éste atribuye la presunta vulneración de sus derechos fundamentales. La accionada es una entidad que, aunque es

privada,29 desempeña un servicio de interés público en los términos del artículo 335 de la Constitución,30 el cual se materializa mediante una relación contractual asimétrica en donde los usuarios se encuentran en una condición de indefensión31 (legitimación por pasiva). De otra parte, la acción de tutela 26 Conformada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo. 27 Según lo dispuesto por el artículo 86 constitucional, todas las personas pueden interponer acción de tutela ante los jueces para la protección de sus derechos fundamentales, bien sea directamente o por medio de otra persona que actúe a su nombre. Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que dicha acción constitucional “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos”. 28 Folio 4, cuaderno 1. 29 El artículo 86 de la Constitución establece que la acción de tutela puede promoverse por la vulneración o amenaza de derechos fundamentales por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública y particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. 30 El artículo 335 de la Constitución Política determina que “[l]as actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo

pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito”. 31 La jurisprudencia constitucional ha establecido en diferentes ocasiones que la acción de tutela procede contra las entidades del sistema financiero y las aseguradoras, debido a que estas desempeñan actividades de interés público que se materializan a partir de relaciones contractuales en donde tienen posiciones dominantes. Lo anterior implica que los usuarios de estas entidades se encuentran en un estado de indefensión, en razón de la asimetría de la relación contractual que se origina, derivada de la imposibilidad de los mismos a negociar y actuar en condiciones de igualdad. Es por ello, que contra estas entidades procede la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. Ver sentencias T003 de 2020. M.P. Diana Fajardo Rivera; T-400 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-501 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-370 de 2015. M.P. Jorge Ignacio 8 fue puesta oportunamente porque entre el hecho presuntamente vulnerador, esto es, la comunicación en la cual la accionada le informó al accionante que no asumiría los costos de los honorarios de la Junta de Calificación de Invalidez,32 y la interposición de la misma el 18 de octubre de 2019, trascurrieron 16 días, término que se estima más que oportuno para acudir al amparo constitucional (inmediatez).33

15. Finalmente, sobre el requisito se subsidiariedad, la Sala advierte que

al tratarse de una controversia relacionada con un contrato de seguros, en principio, esta debería ser resuelta por la jurisdicción ordinaria civil, en tanto el Legislador previó la posibilidad de acudir a varias clases de procesos para el efecto, los cuales se encuentran previstos en el Código General del Proceso y dependen del tipo de controversia originada en la relación de aseguramiento.34 No obstante, esta Corporación ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela para pronunciarse sobre controversias surgidas con ocasión del contrato de seguro, cuando, por ejemplo, (i) se verifica una grave afectación de los derechos fundamentales de un sujeto de especial protección constitucional, como ocurre en el caso de las personas con una considerable pérdida de su capacidad laboral y que, además, no tienen ningún tipo de ingreso; o (ii) en el supuesto en que, a pesar de la clara e inequívoca demostración del derecho reclamado para hacer efectiva la póliza, el incumplimiento de las obligaciones contractuales de la aseguradora, ocasiona que se inicie proceso ejecutivo en contra del reclamante.35

16. Teniendo en cuenta que la acción de tutela busca que Seguros Mundial garantice la realización del dictamen de pérdida de capacidad laboral al actor para poder acceder a la indemnización por incapacidad permanente, en el marco de la póliza de un contrato de seguro; y que las normas aplicables al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) están consagradas en el Decreto 056 de 2015, el Decreto Ley 633 de 1993 y

Pretelt Chaljub y T-813 de 2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

32 La respuesta a la petición del actor tiene fecha del 2 de octubre de 2019. (Folio 10, cuaderno 1). 33 La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela debe interponerse en un término oportuno, justo y razonable, esto es, cumplir con el requisito de inmediatez. Este requisito responde a la pretensión de “protección inmediata” de los derechos fundamentales de este medio judicial, que implica que, pese a no existir un término específico para acudir al juez constitucional, las personas deben actuar diligentemente y presentar la acción en un tiempo razonable. 34 Sobre las vías adecuadas para dirimir las controversias surgidas con ocasión del contrato de seguro, en la Sentencia T-442 de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, se determinó que: “los medios judiciales adecuados para tramitar las controversias que puedan originarse con ocasión de un contrato de seguros, son esencialmente los procesos declarativos que, en el contexto del Código General del Proceso, incluirían el verbal o el verbal sumario, según la cuantía (artículos 368 a 385, así como 390 a 394, y 398 del Código General del Proceso) o el proceso ejecutivo (artículo 422 ibídem) en los casos descritos en el artículo 1053 del Código de Comercio”. 35 Sentencia T-501 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 9 en las disposiciones que regulan el contrato de seguro terrestre en el Código de Comercio36, el conflicto, en principio, debería ser resuelto ante la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, en el presente asunto, dicho

mecanismo no es eficaz, en los términos del numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, dadas las condiciones particulares del peticionario quien: (i) debió someterse a un largo proceso de recuperación a raíz de las secuelas que se originaron con el accidente de tránsito, las cuales han afectado su actividad física, de salud y económica; (ii) no tiene la capacidad de generar ingresos, pues declara estar imposibilitado para desempeñar actividades productivas; y (iii) indica no contar con recursos económicos que le permitan cubrir con los honorarios de la autoridad competente para emitir el dictamen de pérdida de capacidad laboral requerido en la reclamación de la indemnización pretendida, de hecho, actualmente no reporta estar afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud.37

17. Valoradas en conjunto las circunstancias particulares del peticionario, la Sala concluye que no se encuentra en la capacidad de sobrellevar un proceso ante un juez ordinario para resolver su controversia, por lo cual se justifica la intervención de fondo del juez constitucional. El requisito de subsidiariedad se halla entonces satisfecho.

3. Problemas jurídicos y estructura de la decisión

18. Jhoaho González Tilaguy pretende iniciar el trámite de reclamación de indemnización por incapacidad permanente cubierto por la póliza del SOAT, para lo cual requiere un dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por una autoridad competente, sin que a la fecha dicha calificación le haya sido garantizada. Bajo este contexto, le corresponde a la Sala Segunda de Revisión determinar si una empresa aseguradora vulnera el derecho fundamental a la seguridad social de una persona que pretende

acceder a la indemnización por incapacidad permanente amparada por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), al no garantizar la emisión del dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral, bajo el argumento que de acuerdo con la normatividad vigente no le corresponde asumir dicha obligación, por un lado; y por el otro, al no asumir el pago de los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez competente para la práctica de dicho dictamen. Para el efecto, la Sala se referirá a: (i) la seguridad social como derecho fundamental, (ii) la 36 Según lo establece el numeral 4º del artículo 192 del Decreto Ley 633 de 1993, por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración. 37 La afirmación de la falta de capacidad económica del accionante se puede inferir como cierta, pues obra consultada la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, el actor no cuenta con ninguna afiliación activa en el sistema. 10 regulación sobre el reconocimiento de la indemnización por incapacidad permanente como resultado de accidente de tránsito38 y (iii) los honorarios de las juntas de calificación de invalidez. Por último, (iv) analizará el caso concreto.

4. La seguridad social como derecho fundamental

19. Una lectura armónica de la Constitución Política permite afirmar que la seguridad social tiene una doble connotación, por un lado, según lo establece el inciso 1º del artículo 48 Superior, constituye un “servicio público de carácter obligatorio”, cuya dirección, coordinación y control

está a cargo del Estado, actividades que se encuentran sujetas a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. El inciso 2º de ese mismo artículo, por su parte, dispone que se “garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”. Este derecho ha sido reconocido por instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (Art.22), la Declaración Americana de los Derechos de la Persona (Art.16) y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art.9).

20. La jurisprudencia constitucional ha dispuesto que el derecho a la seguridad social “surge como un instrumento a través del cual se le garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos subjetivos fundamentales cuando se encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a través del trabajo”39.

Particularmente, ha señalado que esta garantía hace referencia a los medios de protección que brinda el Estado con la finalidad de salvaguardar a las personas y sus familias de las contingencias que afectan la capacidad de generar ingresos suficientes para vivir en condiciones dignas y enfrentar circunstancias como la enfermedad, la invalidez o la vejez.40 Así pues, la importancia de este derecho se desprende de su íntima relación con el principio de dignidad humana, puesto que permite a las personas asumir las

situaciones difíciles que obstaculizan el desarrollo de actividades laborales 38 En esta oportunidad la Sala se remite a las consideraciones expuestas en la Sentencia T-003 de 2020. M.P. Diana Fajardo Rivera. En esa oportunidad, se estudió un caso idéntico al que ahora ocupa su atención. El accionante había sufrido un accidente de tránsito y Seguros Generales Suramericana S.A. no había garantizado la realización del dictamen de pérdida de capacidad laboral que requería para poder iniciar el trámite de reconocimiento de indemnización por incapacidad permanente, cubierto por el SOAT. 39 Sentencia T-690 de 2014. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. 40 Ver, entre otras, las sentencias C-674 de 2014. M.P. Martha Victoria Sáchica M