CC - T342-2020

Sentencia T-342/20

DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE EN REDES SOCIALES DE BRIGADA MILITAR-Vulneración por publicación de la comunidad de paz en su página web, sobre información relacionada con la violencia armada PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD FRENTE AL BUEN NOMBRE Y HONRA EN INTERNET Y REDES SOCIALESParámetros para determinar relevancia constitucional Para la Corte es evidente que el amparo tiene relevancia constitucional, pues su estudio implica el análisis de bienes de alta significación objetiva contemplados en el ordenamiento superior, como la libertad de expresión de una comunidad en situación de vulnerabilidad, el buen nombre de los miembros de una institución, quienes dependen del mismo para ejercer en debida forma sus funciones, la comunicación vía internet de sucesos de interés para la sociedad, entre otros. LIBERTAD DE EXPRESION Y DE INFORMACION EN ASUNTOS DE INTERES PUBLICO-Importancia de divulgación de información relacionada con la violencia armada y la consecuente responsabilidad de los comunicadores La transmisión de información relacionada con sucesos ocurridos en el marco de la violencia armada es una manifestación de la libertad de expresión especialmente protegida por la Carta Política, que en todo caso debe respetar las exigencias de veracidad e imparcialidad, porque su desconocimiento puede derivar en consecuencias indeseables para el conglomerado social, como escenarios de culpabilización social e imaginarios colectivos de estigmatización, lo cuales afectan bienes fundamentales (buen nombre, honra, presunción de inocencia o imparcialidad judicial) al punto que, en los casos más graves, se torna imperiosa la intervención del juez constitucional para

atender la situación por medio de instrumentos como la rectificación.

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION, INFORMACION

Y OPINION-Protección constitucional DERECHO A LA RECTIFICACION DE INFORMACION-Garantía constitucional

DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE DE LAS

PERSONAS JURIDICAS-Protección DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE EN REDES SOCIALES-Se insta a la accionada para que se abstenga de realizar publicaciones que afecten a Brigada Militar y a sus integrantes La Corte determinó que los derechos al buen nombre y a la honra de la parte accionante fueron vulnerados por las publicaciones realizadas por la accionada en su página web, comoquiera que a partir de la divulgación de información presentada de manera asertiva sobre su supuesta aquiescencia y complicidad actual con grupos paramilitares, se genera en el imaginario colectivo la certeza de que los oficiales, suboficiales y soldados de dicha unidad son culpables de tales actos contrarios al ordenamiento jurídico, cuando ello no ha sido demostrado judicialmente. De manera que este Tribunal encuentra que la rectificación es una medida adecuada para superar dicha vulneración a los derechos al buen nombre y a la honra.

Referencia: Expediente T-7092205

Acción de tutela presentada por el coronel Carlos Alberto Padilla Cepeda, en su calidad de comandante de la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional, en contra de la Comunidad de Paz de San José del Municipio de Apartadó.

Magistrado ponente:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinte (2020).

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo expedido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Apartadó (Antioquia), el 5 de octubre de 2018, dentro del proceso de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES El coronel Carlos Alberto Padilla Cepeda, en su calidad de comandante de la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional, interpuso acción de tutela en contra de la Comunidad de Paz de San José del Municipio de Apartadó, al considerar vulnerados los derechos fundamentales de dicha unidad militar y del personal que la compone con ocasión de las publicaciones realizadas en la página web de la demandada, entre el 28 de febrero y el 29 de agosto de 2018, en las cuales se afirmó que actúan en complicidad con organizaciones al margen de la ley. En este sentido, la parte actora pretende que se le ordene a la 2 accionada que rectifique la información que divulgó con el propósito de que sea veraz e imparcial, ya que la misma afecta su buen hombre y honra.

A continuación, se sintetizará el contexto en el que se desarrolló la situación fáctica planteada en el amparo y que fundamenta la solicitud de protección constitucional, así como el trámite que surtió la acción de tutela de la referencia.

1. Hechos 1.1. La región de Urabá, ubicada en la confluencia de los departamentos de

Antioquia, Córdoba y Chocó1, fue, en la década de los noventa, una de las zonas más afectadas por el fenómeno de violencia armada interna que se ha presentado en Colombia desde mediados del Siglo XX y que ha persistido en la actualidad con diferentes intensidades en las distintas regiones del país. 1.2. En un comienzo la violencia en Urabá fue producto de la disputa territorial entre las estructuras guerrilleras de las FARC-EP y el EPL. Sin embargo, dicha confrontación se extendió a la población civil con la desmovilización de los integrantes de este último grupo y su participación en política, pues ello fue considerado por la primera organización como un alineamiento con el Estado que derivó en una serie de atentados contra la integridad de los reinsertados y sus familias2. 1.3. Algunos civiles afectados por las FARC-EP optaron por acudir a grupos de paramilitares, lo cual originó enfrentamientos entre dichas organizaciones al margen de la ley, así como acciones terroristas que afectaron a la población de Urabá. La intervención de la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional, encargada de mantener el orden público en la zona, en varias oportunidades, fue insuficiente para contrarrestar la violencia desatada y garantizar los derechos los habitantes de la región3. 1.4. En dicho contexto, el 21 de noviembre de 1997, un grupo de habitantes del corregimiento de San José del municipio de Apartadó constituyeron una persona jurídica sin ánimo de lucro denominada “Comunidad de Paz de San José del Municipio de Apartadó”, con el objeto social de promover la protección de los derechos humanos, la participación ciudadana y la

proyección social de sus miembros, así como el rechazo a todo tipo de incursiones bélicas en la zona de Urabá donde residen4. 1.5. Entre los años 1997 y 2010, algunos integrantes de la Comunidad de Paz de San José del Municipio de Apartadó fueron “víctimas de actos sucesivos de 1 Es pertinente mencionar que de la región de Urabá hacen parte, entre otros, los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba, El Carmen del Darién, Riosucio, Turbo, Unguía y Acandí. 2 Cfr. Centro Nacional de Memoria Histórica. Informe: ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, Bogotá: 2013, págs. 162 y ss. Al respecto, cabe resaltar que este texto fue elaborado en cumplimiento del artículo 51 de la Ley 975 de 2005. 3 Ibídem. 4 Cfr. Certificado de existencia y representación legal de la Comunidad de Paz del San José del Municipio de Apartadó expedido por la Cámara de Comercio de Urabá (folios 10 a 12 del cuaderno principal). 3 violencia por parte de grupos paramilitares del Urabá antioqueño”, tales como “homicidios, con rastros de tortura y mutilaciones, amenazas, retenciones ilegales, saqueos, quema de casas y cultivos, etc.”. De acuerdo con denuncias públicas realizadas por los miembros de dicha organización social, las mencionadas acciones fueron perpetradas “con la colaboración activa o la aquiescencia de las fuerza pública” 5. 1.6. Entre los años 2000 y 2010, en atención a las mencionadas afectaciones a

los derechos fundamentales de los integrantes de la Comunidad de Paz de San José del Municipio de Apartadó, la Corte Interamericana de Derechos Humanos6 y la Corte Constitucional7 profirieron un conjunto de providencias en las que ordenaron la adopción de las medidas necesarias para: (i) garantizar la protección de la vida, integridad, seguridad y libertad de los miembros de la organización social, así como (ii) satisfacer las prerrogativas a la verdad, justicia, reparación y no repetición con ocasión de los delitos cometidos en su contra. 1.7. En el marco de la verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas en dichas providencias, en el Auto 164 del 6 de julio de 20128, la Sala Primera de Revisión de este Tribunal puso de presente la existencia de un escenario de confrontación entre los integrantes de la Comunidad de Paz de San José del Municipio de Apartadó y algunos servidores del Estado, en especial, con miembros pertenecientes al estamento militar. 1.8. Específicamente, en dicho proveído, esta Corporación advirtió que: (i) la referida organización social de manera reiterada había manifestado que existe una relación permanente de complicidad entre los grupos paramilitares y la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional, lo cual genera la indisposición del personal militar; y (ii) algunos servidores públicos habían señalado que los integrantes de la Comunidad de Paz de San José del Municipio de Apartadó colaboran con las FARC-EP, propiciando la estigmatización de los miembros de dicho grupo social. 1.9. En consecuencia, con el fin de superar el mencionado escenario de confrontación, en dicha providencia, la Sala Primera de Revisión de esta Corte

dispuso que el Gobierno Nacional estableciera un procedimiento dirigido a permitir la construcción de la confianza mínima requerida entre las instituciones públicas y la Comunidad de Paz de San José del Municipio de Apartadó a fin de facilitar la consolidación del Estado de Derecho, así como de garantizar el goce de las prerrogativas superiores de los habitantes de la zona. 5 Auto 693 de 2017 (M.P. Carlos Bernal Pulido). 6 Cfr. Resoluciones del 9 de octubre y 24 de noviembre de 2000, 18 de junio de 2002, 17 de noviembre de 2004, 15 de marzo de 2005, 2 de febrero de 2006, 17 de diciembre de 2007, 6 de febrero de 2008 y 30 de agosto de 2010. 7 Cfr. Sentencias T-327 de 2004 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) y T-1025 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). 8 M.P. María Victoria Calle Correa. 4 1.10. A través del Auto 693 del 12 de diciembre de 20179, la Sala Primera de Revisión de este Tribunal se pronunció nuevamente sobre el cumplimiento de las órdenes impartidas y, con tal propósito, tomó nota de que a partir del año 2010 se presentó “un descenso notorio de la violencia armada en la zona de Urabá y un desescalamiento evidente del conflicto armado”. En concreto, sin negar que “los miembros de la Comunidad de Paz siguen en riesgo” debido a las actividades de los grupos armados al margen de la ley que continúan operando en la región, esta Corporación dejó constancia de que:

(i) Existía “una clara curva descendente (…) en lo que se refiere a los ataques contra la vida e integridad de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y en general, contra los habitantes de dicho corregimiento”; (ii) “Los homicidios muestran cada vez menos cercanía con los miembros, colaboradores o personas cercanas a la Comunidad de Paz”; y (iii) “El seguimiento de la línea de tiempo evidencia una disminución sensible y considerable de los combates entre la fuerza pública y los grupos armados al margen de la ley”. 1.11. Con todo, en la referida providencia, la Sala Primera de Revisión de este Tribunal llamó la atención sobre el hecho de que “las medidas para propiciar la construcción de la confianza mínima necesaria entre las instituciones y la Comunidad de Paz de San José del Municipio de Apartadó” habían “demostrado su fracaso”, puesto que todavía persistía un escenario de confrontación entre los miembros de dicha organización social y los funcionarios del Estado, en especial, con los servidores pertenecientes al estamento militar. 1.12. Por lo anterior, esta Corporación adoptó medidas destinadas a mejorar la relación del Estado con la Comunidad de Paz de San José del Municipio de Apartadó. Específicamente, la Corte decidió: (i) Exhortar a los funcionarios de las instituciones del Estado, incluidos a los miembros de las fuerzas militares, para que cambiaran su actitud frente a la Comunidad de Paz de San José del Municipio de Apartadó, mediante: (a) el cumplimiento global de las órdenes proferidas por esta Corporación, y (b) el mejoramiento de “la forma en que se relacionan” con sus

integrantes, evitando “los señalamientos, las estigmatizaciones, la falta de atención de las denuncias y/o su negación”. (ii) Instar a los representantes e integrantes de la Comunidad de Paz de San José del Municipio de Apartadó para que “entiendan que la realidad actual, por mucho que su gravedad pretenda ser maximizada, no es la misma, y que, en ese orden de ideas, el comprensible resentimiento que, aún después de tantos años, siguen guardando hacia el Estado 9 M.P. Carlos Bernal Pulido. 5 colombiano, es cada vez más difícil de justificar y un obstáculo importante para el logro de avances sustanciales”10. (iii) Disponer que la Defensoría del Pueblo mediara entre los miembros de la Comunidad de Paz de San José del Municipio de Apartadó y los funcionarios de las instituciones del Estado con el objetivo de reconstruir los canales de comunicación, colaboración y cooperación no sólo a través de reuniones comunitarias esporádicas, sino también mediante la ejecución de iniciativas puntuales y permanentes. (iv) Ordenar que la Defensoría del Pueblo implementara “un procedimiento técnico e independiente, que cuente con el personal capacitado, para la recepción, el monitoreo y la supervisión de las denuncias efectuadas por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, sobre agresiones sufridas por grupos que se dicen de ‘Autodefensa’ y la presunta relación de los miembros de la fuerza pública con ellas”. 1.13. Entre el 28 de febrero y el 29 de agosto de 2018, en su página web y en sus cuentas de twitter11 y blogger12, la Comunidad de Paz de San José del

Municipio de Apartadó divulgó ocho comunicados en los cuales señaló que ciertos funcionarios públicos, en especial, los miembros de la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional desarrollan sus labores en complicidad con organizaciones paramilitares, así como que les prestan su apoyo para la ejecución de actividades ilícitas en la zona de Urabá. Para ilustrar el alcance de dichas publicaciones, enseguida, se trascriben algunas partes de las mismas13. LA ‘PAZ’ PARAMILITAR14 “(…) Desde antes del atentado del 29 de diciembre un vecino de la zona le informó a un miembro de nuestra Comunidad que la Fiscalía estaba recogiendo testimonios encaminados a vincular a GERMÁN GRACIANO POSSO, Representante Legal de nuestra Comunidad, con alias “Tiro”, un guerrillero de las FARC no desmovilizado y quien hoy hace parte de la disidencia de las FARC. Tal información, completamente falsa, fue inventada por el Coronel GERMÁN ROJAS DIAZ, cuando era comandante de la Brigada XVII. Hoy los paramilitares han echado mano de esa falsa información para continuar la persecución a muerte contra Germán Graciano, lo cual a su vez reconfirma la estrecha coordinación entre 10 Al respecto, la Sala Primera de Revisión de la Corte sostuvo que la exhortación implicaba un llamado a “reducir los decibeles de la confrontación y abrirse a la posibilidad de construir puentes. Morigerar el planteamiento de líneas rojas, inamovibles o infranqueables, muchas de ellas inoperantes en la actualidad, como condición férrea para dialogar. No cerrarse en la idea de que la única alternativa viable para la

solución de cada problemática únicamente es la que la misma Comunidad propone. Reconocer que no en todas las ocasiones sus legítimas propuestas y preocupaciones deben convertirse en una orden de amparo constitucional. Esta cesión de posiciones en la práctica no es fácil, en parte porque muchas de las agresiones aún persisten, pero considerar la posibilidad de hacerlo en ciertos espacios institucionales sería un primer paso”. 11 @cdpsanjose. 12 Cdpsanjose.blogspot.com. 13 El texto completo de las publicaciones puede ser consultado en el anexo de esta providencia. 14 Comunicado del 28 de febrero de 2018, disponible en: www.cdpsanjose.org/node/132. 6 militares, paramilitares y miembros de la Fiscalía (…)”. COMPLICIDAD DE BRAZOS CAÍDOS15 “(…) Es claro que en el casco urbano de San José de Apartadó los paramilitares están conviviendo con el ejército y la policía de manera armónica, pues allí hay una fuerte presencia de paramilitares que a diario están extorsionando y sometiendo a las víctimas al silencio (…)”. “(…) Los paramilitares están realizando reuniones en las veredas y están forzando a los campesinos a participar en ellas, y si alguno no asiste, es sometido a pagar unas grandes multas por encima de los 200.000 pesos. Nuestra Comunidad ha dejado constancias de ello con horas y fechas concretas, pero es tan grande la complicidad de la Brigada XVII del ejército con el paramilitarismo en San José, que lo que hace en esos casos es ir al lugar de los hechos muchas horas o días después, cuando ya los paramilitares han terminado las reuniones y se han retirado de esos

espacios, y luego emiten informes en los cuales afirman que fueron al espacio de la denuncia y no encontraron nada y que por lo tanto la Comunidad de Paz se está inventando todos esos hechos (…)”. VANDALISMO PARAMILITAR SIN CONTROL ALGUNO16 “(…) Responsable es el gobierno, en sus niveles nacional, departamental y municipal, que ha permitido que nuestra región sea cada vez más entregada a los paramilitares que hacen lo que quieren y nadie los controla; todo esto está pasando porque son claramente protegidos por la Brigada XVII del ejército y por la policía de Urabá, instituciones que hoy están conviviendo con los paramilitares en el casco urbano de San José de Apartadó. Los informes que da la VII División del Ejército afirman que todo allí está bajo control de seguridad de día y de noche. Entre tanto, los mismos paramilitares que se mantienen allí les manifiestan continuamente a pobladores que: “tenemos todo organizado con el ejército y la policía aquí en San José para que nos dejen trabajar sin ser molestados”. Hay una gran complicidad entre la Brigada XVII y el paramilitarismo, complicidad y unidad de acción que ha sido permanente durante estos 21 años y que está documentada en todas nuestras constancias y en documentos que reposan en altas Cortes nacionales e internacionales. Es de plena evidencia que estos grupos ilegales someten a la zona a sus imposiciones y controles y que ninguna fuerza legal se interpone para evitar su barbarie (…)”. LA ESTABILIDAD PARAMILITAR EN NUESTRA ZONA17 “De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo sobre los últimos

hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte de los paramilitares que cuentan con la tolerancia, el apoyo y la protección de la Brigada XVII de ejército con sede en Carepa, Antioquia (…)”. “(…) El lunes 30 de Abril de 2018, los paramilitares que desde el sábado anterior hacen presencia en la vereda La Resbalosa, hicieron presencia también en nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, de la vereda Mulatos 15 Comunicado del 15 de marzo de 2018, disponible en: www.cdpsanjose.org/node/133. 16 Comunicado del 27 de marzo de 2018, disponible en www.cdpsanjose.org/node/134. 17 Comunicado del 27 de mayo de 2018, disponible en www.cdpsanjose.org/node/137. 7 Medio, del corregimiento de San José de Apartadó. Lo más revelador y preocupante es que Mulatos es una vereda que esta militarizada por la Brigada XVII del ejército y estos paramilitares armados coinciden con la fuerza pública en ese lugar y no pasa nada. Esto evidencia una vez más la alta complicidad y unidad de acción que siempre se ha dado entre los militares y los paramilitares (….)”.

NUESTRO MAPA PARAMILITAR: SOBREVIVIENDO EN MEDIO DE UN ESTADO Y ESTABLECIMIENTOS CRIMINALES18 “(…) La Brigada XVII del Ejército, con sede en el municipio de Carepa, nunca ha tenido el interés de contrarrestar el paramilitarismo en Urabá; por el contrario, es evidente su fuerte complicidad con estos paramilitares en la zona de San José, pues allí conviven militares y paramilitares apoyándose mutuamente, coordinando todas sus acciones y guardándose mutuamente las

espaldas, con la complicidad adicional de las instituciones judiciales y administrativas. Allí los militares y paramilitares permanecen las 24 horas del día armados en medio de la población civil (…)”. “(…) Todos estos mandos paramilitares están ubicados en diferentes puestos de control en los alrededores de San José de Apartadó y a la vez están altamente ligados a la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa, que es la que tiene jurisdicción en estos municipios con sus corregimientos y veredas (…)”. ALBOROZO PARAMILITAR FRENTE AL NUEVO GOBIERNO19 “ (…) El sábado 30 de junio de 2018, a las 21:58 horas, veinte paramilitares uniformados y portando armas largas, llegaron al sitio El Barro, de la vereda Mulatos y se instalaron en la vivienda del Señor ANÍBAL, apodado “El Demonio” y desde entonces han permanecido allí hasta el presente. Muy cerca de allí, en el río Mulatos, había un contingente militar del Batallón Bejarano Muñoz de la Brigada XVII, sin que se presentara ningún enfrentamiento, lo cual confirma la complicidad y unidad de acción entre ejército y paramilitares que hemos denunciado centenares de veces en estos 21 años de existencia de la Comunidad de Paz (…)”. APARTADÓ BAJO EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y POLÍTICO DEL PARAMILITARISMO20 “(…) La complicidad de organismos del Estado, como son la Brigada XVII del ejército, la Policía Urabá, la Alcaldía de Apartadó y las empresas promotoras del paramilitarismo, son las que han conllevado a que la región

de San José de Apartadó esté ya sometida en su totalidad por los paramilitares que viven forzando al campesinado a ajustarse a sus intereses. En los últimos días nuestra Comunidad ha sido informada de que en las veredas Mulatos y La Esperanza se está evidenciando una alta complicidad entre los militares del Batallón Bejarano Muñoz de la Brigada XVII y los grupos paramilitares que controlan las veredas; allí los militares están tomándole fotos a miembros de nuestra Comunidad de Paz que viven en sus tierras y luego se las entregan a los paramilitares; estas informaciones las 18 Comunicado del 8 de junio de 2018, disponible en: www.cdpsanjose.org/node/139. 19 Comunicado del 5 de julio de 2018, disponible en: www.cdpsanjose.org/node/141. 20 Comunicado del 31 de julio de 2018, disponible en: www.cdpsanjose.org/node/143. 8 han suministrado los mismos paramilitares en las casas de los pobladores de las veredas La Esperanza y Mulatos. Culpable es el Gobierno con sus instituciones militares y administrativas, que en vez de desmantelar el paramilitarismo lo están es fortaleciendo, pues ¿cómo es posible que la Brigada 17 del ejército tenga sus batallones al servicio de los paramilitares en las 32 veredas de san José de Apartadó? ¿Cómo es posible que en las últimas semanas los militares de los batallones Voltígeros, Vélez y Bejarano Muñoz estén tomándoles fotos a los campesinos y se las estén entregando a los paramilitares? Es claro que no hay un verdadero interés del gobierno por terminar este fenómeno de muerte (…)”.

“(…) En las veredas se mueven los paramilitares en grandes grupos con uniformes militares y portan armas largas; la fuerza pública lo sabe y lo que ha hecho es ubicar tropas militares en puntos específicos por tiempos prolongados, en lugares donde no molesten el desarrollo paramilitar y donde puedan brindarles informaciones y fotografías a los paramilitares (…)”.

DENUNCIAR: DELITO PREDOMINANTE EN EL CÓDIGO PENAL, DE FACTO SANCIÓN CORRESPONDIENTE: PENA DE MUERTE21 “(…) En días anteriores una tropa militar del Batallón Bejarano Muñoz de la Brigada XVII que patrullaba la zona de Mulatos, tomó fotos a miembros de nuestra Comunidad de Paz y luego se las envió a estos paramilitares

(…)”.

2. Demanda y pretensiones 2.1. El 27 de septiembre de 2018, el coronel Carlos Alberto Padilla Cepeda, en su calidad de comandante de la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional22, presentó acción de tutela en contra de la Comunidad de Paz de San José del Municipio de Apartadó23, al considerar vulnerados los derechos fundamentales de dicha unidad militar y del personal que la compone, con ocasión de las referidas publicaciones realizadas en la página web de la demandada, en las cuales se afirmó que actúan en complicidad con organizaciones paramilitares. 2.2. Al respecto, el accionante explicó que la información publicada por la accionada no tiene “ningún tipo de fundamento”, pues se basa en “hechos falsos, erróneos, tergiversados y tendenciosos”, que desconocen las labores adelantadas por los miembros de la Décima Séptima Brigada del Ejército

Nacional con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes de la zona24, tanto en cumplimiento de los mandatos constitucionales como en acatamiento 21 Comunicado del 29 de agosto de 2018, disponible en: www.cdpsanjose.org/node/144. 22 De la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional hacen parte las unidades tácticas: Batallón de Ingenieros No. 17 “General Carlos Bejarano Muñoz”, Batallón de Infantería No. 46 “Voltígeros” y Batallón de Infantería No. 47 “General Francisco de Paula de Vélez”. 23 Folios 1 a 7 del cuaderno principal. 24 De manera anexa a la acción de tutela, el accionante allegó un informe en el que se sintetizan las acciones adelantadas para garantizar la seguridad del corregimiento de San José del municipio de Apartadó, así como los logros operacionales obtenidos (folios 14 a 43 del cuaderno principal). 9 de las órdenes proferidas en tal sentido por las autoridades judiciales nacionales e internacionales25. 2.3. En este sentido, el actor expresó que las actuaciones de la Comunidad de Paz de San José del Municipio de Apartadó desconocen los principios de veracidad e imparcialidad que deben caracterizar los contenidos informativos dirigidos al conglomerado social y, con ello, generan “zozobra y terror en la población civil”, “un ambiente bélico, de temor e intranquilidad para los habitantes del corregimiento de San José de Apartadó”, el error y la confusión de las organizaciones defensoras de derechos humanos, el desgaste innecesario de las instituciones del Estado, y la estigmatización del personal militar.

2.4. Por lo anterior, la parte accionante solicitó que: (i) se tutelen sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, y, en consecuencia, (ii) se le ordene a la accionada que rectifique la información divulgada en las referidas publicaciones, que comunicó a través de su página web y replicó por medio de diferentes medios virtuales (blog26, twitter27 y correo electrónico28). 2.5. Sobre el particular, el demandante llamó la atención sobre el hecho de que la acción de tutela es procedente, toda vez que: (i) resulta viable en contra de una organización particular en los términos establecidos en la Sentencia C-134 de 199429, y que (ii) si bien las conductas reprochadas podrían derivar en procesos penales por injuria y calumnia, lo cierto es que a pesar de haberse presentado las denuncias correspondientes a la “fecha no se ha obtenido ningún resultado”, persistiendo en la actualidad la afectación de sus derechos fundamentales. 2.6. Por lo demás, el actor pidió que se inste a la demandada para que, en caso de existir, allegue las pruebas que tenga sobre los presuntos ilícitos cometidos por el Ejército Nacional ante las autoridades correspondientes, con el fin de que se adelanten las investigaciones penales y disciplinarias respectivas, así como se adopten las medidas jurídicas a las que haya lugar.

3. Admisión y traslado de la demanda Mediante Auto del 28 de septiembre de 201830, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Apartadó admitió la acción de tutela presentada por el comandante de la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional, así como dispuso su traslado a la Comunidad de Paz de San José del Municipio de

Apartadó. 25 Concretamente, el actor hace referencia a las órdenes impartidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de la Resolución del 18 de junio de 2002 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T327 de 2004 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), así como en los autos del seguimiento del cumplimiento de la misma. 26 Cdpsanjose.blogspot.com. 27 @cdpsanjose. 28 Cdpsansanjose@gmail.com. 29 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 30 Folio 44 del cuaderno principal. 10

4. Contestación de la demanda A pesar de que fue remitida la notificación correspondiente vía correo electrónico31, la Comunidad de Paz de San José del Municipio de Apartadó no se pronunció en torno al amparo de la referencia dentro del término de traslado de la demanda.

5. Decisión de única instancia 5.1. A través de Sentencia del 5 de octubre de 2018, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Apartadó decidió tutelar los derechos a la honra y al buen nombre de la parte accionante y, en consecuencia, le ordenó a la demandada que procediera a rectificar la información contenida en las publicaciones reprochadas en la solicitud de protección constitucional32. La

anterior determinación se fundamentó en que: (i) El recurso de amparo es procedente en contra de la Comunidad de Paz de San José del Municipio de Apartadó, comoquiera que al tratarse de publicaciones en internet sobre las cuales la parte demandante no tiene poder de disposición, esta última se encuentra en un estado de indefensión que torna viable la intervención del juez de tutela.

(ii) La Constitución protege tanto los derechos al buen nombre y a la honra, como la libertad de expresión, cuyas tensiones deben ser superadas med