CC - T345-2020

Sentencia T-345/20

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR ACAECIMIENTO DE UNA SITUACION SOBREVINIENTE-Se asignó cupo en institución educativa a menor con déficit de atención, pero no fue implementado de forma oportuna el PIAR para asegurar el proceso de enseñanzaaprendizaje del menor

DERECHO A LA EDUCACION INCLUSIVA DE JOVENES O

NIÑOS HIPERACTIVOS O CON DEFICIT DE ATENCIONProtección

TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCION E HIPERACTIVIDAD DISLEXIA Y DISGRAFIA-Alteraciones o dificultades del aprendizaje DISCAPACIDAD, TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCION E HIPERACTIVIDAD, DISLEXIA Y DISGRAFIA-Diferencias Los menores que padecen TDHA u otras alteraciones que dificultan su aprendizaje requieren de una atención especial en el proceso educativo, para poder cumplir con los requisitos de cada curso lectivo. Sin embargo, el TDAH, la dislexia y la disgrafia no suponen una condición de discapacidad, en tanto que sus dificultades se dan, principalmente y de manera exclusiva, en el escenario escolar y no en otras esferas de la vida. En esta medida, para establecer si es posible extender los supuestos de la educación inclusiva a circunstancias, es preciso estudiar el alcance de este último concepto, con el fin de establecer si sus fundamentos también son aplicables a otro tipo de población que presenta necesidades especiales, aun cuando no se halle en condición de discapacidad. DISCAPACIDAD-Definición/DISCAPACIDAD-Definición de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad EDUCACION INCLUSIVA-Concepto y alcance por organismos

nacionales e internacionales DERECHO A LA EDUCACION INCLUSIVA-Contenido En primer lugar, reconoce que todos los niños están en capacidad de aprender y necesitan apoyo; en segundo lugar, advierte que todos ellos estudian de distintas formas; en tercer lugar, exige que el proceso educativo se desarrolle en torno a sus fortalezas individuales, con el fin de permitirles participar de forma crítica en el aprendizaje; en cuarto lugar, busca que el sistema educativo y las metodologías de enseñanza y aprendizaje respondan a las necesidades individuales; y, finalmente, demanda de recursos y capacitaciones para que el personal docente respalde la inclusión. DERECHO A LA EDUCACION INCLUSIVA-Implica que el sistema educativo se adapte a las necesidades especiales o dificultades de aprendizaje del estudiante, al igual que responda a las distintas categorías del enfoque diferencial DERECHO A LA EDUCACION INCLUSIVA-Desarrollo legal de los procesos de inclusión escolar EDUCACION INCLUSIVA-Ajustes razonables ACCESO MATERIAL AL SISTEMA GENERAL DE EDUCACION-Gratuidad del servicio de transporte escolar en familias de escasos recursos económicos

CONTRATACION CON ENTIDADES PRIVADAS PARA LA

PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION-Recuento normativo CONTRATACION CON ENTIDADES PRIVADAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION-Parámetros para la contratación del servicio educativo por las entidades territoriales, según Decreto 1075 de 2015 DERECHO A LA EDUCACION INCLUSIVA-Orden a institución educativa, implementar plan individual de apoyo y ajustes razonables (PIAR) a menor con trastorno por déficit de atención e hiperactividad

Referencia: Expediente T-7.225.913

Acción de tutela presentada por la señora LKBA contra la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá D.C.

Magistrado Ponente:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinte (2020). La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, y los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

2 En el proceso de revisión de los fallos de tutela proferidas por el Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá D.C. y el Juzgado Veintitrés Penal del Circuito con Función de Conocimiento de la misma ciudad, en el trámite de la solicitud de amparo de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Cuestión previa La presente acción de tutela tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales de un menor, que involucra el tratamiento de datos sensibles relativos a su salud y a su situación personal y familiar1. Por tal razón, y en aras de proteger su intimidad, privacidad y el ejercicio pleno de sus derechos, se emitirán respecto de este caso dos copias del mismo fallo, diferenciándose en que se sustituirán los nombres reales de los sujetos involucrados, en aquella

que se publique por la Corte Constitucional. Así las cosas, en esta providencia se hará referencia al niño con la sigla JPAB, a su progenitora con la abreviatura LKBA y a las instituciones educativas involucradas como Colegio EJ y Colegio CT. 1.2. Hechos relevantes 1.2.1. En el escrito de tutela, LKBA indicó que su hijo tiene 8 años de edad y ha sido diagnosticado con trastorno de déficit de atención e hiperactividad mixto –en adelante TDAH–, trastorno específico de lectura, disgrafía funcional, dislexia y perfil intelectual promedio bajo2 [CIT 84], lo que ha dado lugar a que el niño asista a terapias a partir de los tres (cuatro) años de edad. 1.2.2. La médica tratante del IR recomendó matricular al niño en una institución educativa con un modelo de enseñanza personalizada3, en aula regular de grupos pequeños, cuya pedagogía fuese especial, en específico, en lo que atañe a la evaluación, acompañamiento psicopedagógico, refuerzo extra escolar, flexibilidad y mecanismos especiales de evaluación4. 1.2.3. En enero de 2018, LKBA formuló una petición a la Secretaría de Educación de Bogotá, requiriendo la asignación de un cupo escolar para su hijo, en una institución educativa cuyas condiciones propicien la superación del trastorno y sus dificultades de aprendizaje. Dicha solicitud se fundamentó en el hecho de que el colegio en el que estudiaba se negó a recibirlo en el año

lectivo 2018, al alegar la falta de herramientas pedagógicas para tratar su TDAH, pretexto que también fue utilizado por otros planteles para no matricularlo. 1 Ley 1581 de 2012, art. 5; y Decreto 1377 de 2013, art. 3. 2 Folio 1, cuaderno principal. 3 Ibídem. 4 Ibídem. 3 Inicialmente, la Secretaría rechazó el pedido de asignar un cupo escolar en un colegio privado, toda vez que el servicio público estatal se presta a través de colegios oficiales, decisión que –según la accionante– se mantuvo a pesar de su insistencia. Además, se manifestó que el diagnóstico del niño no constituía una discapacidad y que carecía de competencia para brindar el apoyo psicológico y terapéutico requerido, asunto que le incumbe al Sistema de Seguridad Social en Salud5. Con posterioridad, y en respuesta a requerimientos posteriores, se le informa a la accionante que la Secretaría le otorgó un cupo escolar en el Colegio EJ, pero no en el grado segundo como fue requerido, sino en primero de primaria6. 1.2.4. Afirma la accionante que no cuenta con capacidad económica para pagar la educación de su hijo, pues no tiene trabajo y no puede emplearse, ya que debe ocupar su tiempo en casa para cuidar de las necesidades especiales que demanda JPAB. Sostiene que carece del apoyo de algún familiar para salir adelante y que, aunque está buscando emprender para conseguir algún ingreso, no ha obtenido los réditos suficientes para asumir las demandas educativas de su hijo. Por último, para minimizar gastos, indicó que vive con el menor en un

apartamento compartido en arriendo, y que debe cubrir el valor de los servicios públicos y el mercado7. 1.2. Solicitud del amparo constitucional De acuerdo con los hechos relatados, a través de la presente acción de tutela, LKBA demanda la protección de los derechos de su hijo a la educación, a la dignidad humana y a la igualdad, presuntamente vulnerados por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, al permitir que su hijo estuviese cerca de seis meses desescolarizado y al no brindar las condiciones necesarias para asegurar un proceso educativo en términos de adaptabilidad. En consecuencia, pide la asignación de un cupo para JPAB en el grado segundo de primaria, en un plantel especializado en el trato del TDAH (preferiblemente de carácter privado), en calendario B8 y con cubrimiento total de los costos que se deriven de la prestación del servicio, tales como matrícula, pensión, asesoría de tareas, uniformes, útiles, apoyo psicológico y terapéutico, alimentación diaria y ruta escolar. Aunque estos conceptos no se incluyeron específicamente en el escrito de tutela, sí se infieren de las solicitudes que fueron realizadas por la demandante a la Secretaría de Educación, los días 17 de enero y 19 de febrero de 20189. 5 Folio 78, cuaderno principal. 6 Folios 2 y 101, cuaderno principal. 7 Folios 33 y 34, cuaderno principal. En el trámite de la tutela no se informó de la situación económica del padre del menor, pero, según la accionante, ella se hace cargo en su integridad de sus necesidades.

8 Sobre el particular, cabe destacar que en el sistema educativo existen los calendarios escolares A y B. Las actividades en el calendario A inician en febrero y culminan en noviembre, y en el B comienzan en septiembre y finalizan en junio. Actualmente, todos los colegios públicos desarrollan su plan de estudios en el calendario A. Por su parte, los colegios privados tienen la libertad de escoger cuál calendario siguen, con la condición de que observen la intensidad horaria establecida en la Resolución 1730 del 18 de junio de 2004, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. A través de esta resolución se reglamentó la jornada única y la intensidad horaria en instituciones educativas no oficiales. 9 Folios 34 y 53, cuaderno principal. 4 1.3. Contestación de la demanda 1.3.1 Frente a los hechos, la rectora del Colegio EJ, a través de oficio del 26 de julio de 201810, manifestó que LKBA acudió a la institución educativa en el mes de abril del año en cita, ocasión en la que le dio a conocer el diagnóstico del menor. Teniendo en cuenta dicha situación, la accionante fue remitida a la docente de apoyo pedagógico, quien le expresó la disposición de la institución de recibir a su hijo y de brindarle el apoyo que éste requiere para su proceso de aprendizaje. Con posterioridad, la secretaria académica del colegio le entregó a LKBA la relación de los documentos requeridos para efectuar la matrícula, pero ella no realizó dicha diligencia. A pesar de lo anterior, la accionante se presentó de

nuevo en la institución educativa el 17 de julio de 2018, con la intención de matricular al niño. Sin embargo, ya no era posible hacerlo, toda vez que el cupo había sido liberado, procedimiento que se realiza cuando concluyen las auditorías de la Secretaría de Educación11, o luego de transcurrir un mes de la asignación del cupo, sin que se haya formalizado la matrícula. La rectora afirmó que tal situación fue puesta en conocimiento de LKBA, señalándole, además, que la matrícula asignada era para el grado primero, a lo que la accionante respondió que su petición versaba sobre un cupo escolar para el curso segundo de primaria. 1.3.2. A juicio del colegio, no se han vulnerado los derechos de JPAB, pues se respetó el cupo escolar asignado hasta el último momento, pero fue la progenitora quien no llevó a cabo el proceso de matrícula. Agregó que, aunque la accionante pretende que el cupo escolar se asigne en el grado segundo, ella no presentó evidencia alguna de que su hijo cursó y aprobó el grado primero de educación básica primaria. Por último, en su intervención, la rectora indicó que en la institución educativa no hay disponibilidad de plazas en el grado segundo, en ninguna de las jornadas. En el ámbito normativo, se citó el artículo 31 de la Resolución 1525 de 201712, en el cual se establece el término de cinco días para que el padre, madre de familia o acudiente formalice la matrícula del estudiante. En caso de que no se observe de dicho plazo, el representante del estudiante deberá programar una cita en la Dirección Local de Educación, para verificar la

disponibilidad de cupos en la institución educativa en la que se asignó el cupo, o en otros establecimientos. De igual modo, puso de presente el trámite a seguir en caso de vinculación al sistema educativo por fuera de las fechas fijadas en el cronograma de matrículas, de acuerdo con el artículo 4 de la Resolución 1740 de 2009, como procedimiento especial y excepcional que no 10 Folios 100-106, cuaderno principal. 11 Folio 101, cuaderno principal. En este folio se encuentra el cronograma del proceso de auditoría interno del año 2018. 12 A través de esta Resolución se estableció el proceso de gestión de la cobertura 2017-2018 en el sistema educativo oficial del Distrito de Bogotá. Esta disposición fue derogada por la Resolución 1629 de 2018, expedida el 3 de septiembre del mencionado año. 5 fue activado por la accionante13. Por lo demás, señaló –sin indicar con fundamento en qué norma– el proceso para la solicitud y asignación de cupos a estudiantes en situación de discapacidad, capacidades o talentos excepcionales. Finalmente, el colegio aportó copias de las capturas de pantalla del Sistema Integrado de Matrículas –SIMAT–14, para evidenciar la asignación del cupo, su liberación por falta de matrícula y la no disponibilidad de plazas escolares en la institución. 1.3.3. Al contestar la acción de tutela, el jefe de la oficina asesora jurídica de la Secretaría de Educación Distrital –en adelante SED– manifestó que remitió la solicitud de amparo a las Direcciones de Cobertura y de Inclusión e

Integración de Poblaciones de dicho organismo. Al respecto, los jefes de estas oficinas manifestaron lo siguiente: Ambas dependencias coincidieron en afirmar que al niño JAPB se le otorgó un cupo escolar en el Colegio CT, jornada de la tarde, para cursar el grado segundo en el nivel básica primaria, el cual forma parte de la red de colegios del Distrito Capital. En concreto, la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones afirmó que el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad genera dificultades de adaptación de los niños, niñas y adolescentes –NNA– en situaciones de la vida diaria15. Sin embargo, estos obstáculos no limitan de manera significativa el funcionamiento de la persona que vive con el trastorno, o su adaptación al entorno, razón por la cual no se considera una discapacidad16. Por lo tanto, el proceso educativo de los estudiantes con trastornos de aprendizaje promueve la vinculación y la permanencia en el aula regular, en lugar de enfocarse en una atención educativa individualizada o exclusiva. 1.3.4. Con el objetivo de garantizar la oferta educativa a los NNA que presenten trastorno específico del aprendizaje o del comportamiento, la 13 El artículo en mención señala que: “Artículo 4°. Procedimiento para vincular al sistema educativo a los niños, niñas y adolescentes que no se hayan matriculados dentro de las fechas fijadas en el cronograma de matrículas. Para los casos relacionados con niños, niñas y adolescentes que se encuentren por fuera del sistema educativo, se procederá así: […] c. Acción de los colegios. Los colegios matricularan a los niños,

niñas y adolescentes y establecerán compromisos con los padres para que cumplan sus obligaciones de acuerdo con la ley y el manual de convivencia del colegio. De igual forma efectuarán a los menores una valoración académica, harán una inducción social y les ofrecerán los apoyos necesarios para que el niño, niña o joven permanezca en el colegio. Si los padres o representantes no acuden a matricular al menor o incumplen con las obligaciones contraídas, el colegio informará a la Comisaría o Defensora de Familia para que dichos organismos de acuerdo a sus competencias prevengan, garanticen y restablezcan el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes. […]” 14 “SIMAT es un sistema de gestión de la matrícula de los estudiantes de instituciones que facilita la inscripción de estudiantes nuevos, el registro y la actualización de los datos existentes de un alumno, la consulta de estudiantes por institución, el traslado del alumno a otra institución, así como la obtención de informes como apoyo para la toma de decisiones” (MEN, s.f.).” Ministerio de Educación Nacional (2017). Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Bogotá: Autores, Marulanda E, Jiménez H, Roa R, Pinilla P, Pinilla J. 15 Folios 110, 115-116, cuaderno principal. 16 Folio 116, cuaderno principal. 6 Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones brinda apoyo y asesoría a los planteles educativos oficiales en el marco de la educación inclusiva. Para el efecto, la Dirección dispone de un equipo profesional idóneo, el cual lleva a

cabo procesos de fortalecimiento de las habilidades docentes y acompañamiento institucional, a través de mesas de trabajo para desarrollar e implementar estrategias para los trastornos de aprendizaje y del comportamiento en el aula de clases. Bajo estos parámetros, a través de su línea de trastornos del aprendizaje, el Colegio CT realizará una mesa de trabajo con los docentes y directivos de la institución, a fin de brindar acompañamiento y definir las estrategias para la atención en materia de educación del niño JPAB. 1.3.5. Por su parte, la Dirección de Cobertura expresó que no era posible satisfacer las pretensiones de la accionante17, toda vez que los colegios que forman parte de la red del Distrito no desarrollan actividades educativas en el calendario B. En relación con los costos del servicio, indicó que en los entes educativos oficiales no se generan cobros por concepto de matrícula o pensión mensual para los estudiantes. En cuanto a la alimentación, informó que en algunos establecimientos se les brinda a los estudiantes comida caliente, y en donde no existe esa opción, se les entrega un refrigerio. En lo concerniente a la garantía del derecho a la educación de JPAB, la dependencia afirmó que ha estado dispuesta a asignarle un cupo escolar, tal y como se evidencia en el oficio S-2018-25215 del 8 de febrero de 201818, en el que se le da a conocer a la accionante la asignación del cupo escolar para su hijo en el Colegio EJ. De acuerdo con la Dirección, una vez verificado el SIMAT, se pudo constatar que el niño está retirado del Colegio, y para el año lectivo de 2018 se le asignó

un cupo escolar para el grado segundo de primaria en el Colegio CT, el cual está en capacidad de atender su proceso de aprendizaje con pertinencia y calidad, teniendo en cuenta las particularidades de su proceso educativo. 1.3.6. El director de cobertura agregó que, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 715 de 2001, los departamentos, municipios y distritos certificados brindan el servicio público de educación a través del sistema educativo oficial. También resaltó que el servicio es prestado por las instituciones del Estado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 3 de la Ley 115 de 199419 y 27 de la Ley 715 de 200120. 17 Ver folios 110 – 114, 117-120, cuaderno principal. 18 No se indica el año en que se envió la comunicación. 19 El precepto en mención consagra que: “Artículo 3o. Prestación del servicio educativo. El servicio educativo será prestado en las instituciones educativas del Estado. Igualmente los particulares podrán fundar establecimientos educativos en las condiciones que para su creación y gestión establezcan las normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno Nacional. De la misma manera el servicio educativo podrá prestarse en instituciones educativas de carácter comunitario, solidarios, cooperativo o sin ánimo de lucro. Se reconoce la naturaleza prevalente del derecho a la educación sobre los derechos económicos de las instituciones educativas.” 20 La citada norma establece lo siguiente: “Artículo 27. Prestación del Servicio Educativo. Los departamentos, distritos y municipios certificados, prestarán el servicio público de la educación a través del

7 Por último, el funcionario concluyó que la solicitud de amparo es improcedente y pidió no acceder a ella, pues a JPAB no se le ha amenazado o vulnerado el derecho a la educación, ya que se le otorgó un cupo escolar en una institución idónea como el Colegio CT, y la Secretaría de Educación no tiene planteles educativos que brinden el servicio en el calendario B. 1.3.7. El 26 de septiembre de 201821, la institución educativa CT remitió al juzgado de instancia –a manera de respuesta a la acción de tutela– un oficio suscrito por la rectora FSGC, acompañado de una copia de la captura de pantalla del SIMAT, en donde consta que JPAB está matriculado en el Colegio CT en el año lectivo 2018. En la misiva se aclara que se le asignó un cupo en las aulas de apoyo pedagógico, las cuales disponen de un equipo interdisciplinario facultado para atender sus necesidades educativas, de acuerdo con el diagnóstico de TDAH. El 1º de octubre de 201822, dando alcance a la respuesta anterior, el colegio hizo llegar a la autoridad judicial una comunicación en la que manifiesta que el equipo interdisciplinario compuesto por psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, trabajo social y docencia pedagógica le está haciendo acompañamiento continuo, permanente y personalizado al menor. Además, indicó que se implementará el Plan Individual de Ajustes Razonables –PIAR–, con un “plan casero” para avanzar en el proceso académico del niño. Por último, cita un listado de tres proyectos institucionales en los cuales se involucran actividades de tiempo libre, talleres

pre vocacionales y proyecto de vida23, sin especificar la forma como ellos se llevarían a cabo. 1.4. Pruebas relevantes que reposan en el expediente 1.4.1. Petición de asignación de cupo escolar para JPAB, del 17 de enero de 201824. 1.4.2. Copia de la historia clínica del 4 de enero de 2018, en la cual el médico tratante de la Clínica de Nuestra Señora de la Paz manifiesta que el menor presenta síntomas de TDAH altamente probables y diagnostica perturbación de la actividad, de la atención e hiperactividad25. sistema educativo oficial. Solamente en donde se demuestre insuficiencia en las instituciones educativas del Sistema Educativo Oficial podrá contratarse la prestación del servicio educativo con entidades estatales o privadas sin ánimo de lucro de reconocida trayectoria e idoneidad, sin detrimento de velar por la cobertura e infraestructura en los servicios educativos estatales. El valor de la prestación del servicio financiado con estos recursos del sistema no puede ser superior a la asignación por alumno definido por la Nación. Cuando el valor sea superior, el excedente se pagará con recursos propios de la entidad territorial, con las restricciones señaladas en la presente ley. Cuando con cargo a recursos propios la prestación del servicio sea contratada con entidades no estatales, la entidad territorial deberá garantizar la atención de al menos el ciclo completo de estudiantes de educación básica. La Educación Misional Contratada y otras modalidades de educación que venían financiándose con recursos del Situado Fiscal, y las participaciones de los municipios en los Ingresos Corrientes de la Nación se podrán continuar financiando con los recursos del

Sistema General de Participaciones.” 21 Folios 212 y 213, cuaderno principal. 22 Folio 161, cuaderno principal. 23 Ibídem. 24 Folio 32, cuaderno principal. 25 Folio 39, cuaderno principal. 8 1.4.3. Copia de la historia clínica electrónica No 1034520560, con diagnóstico de perturbación de la actividad y de la atención, firmada por la neuropediatra tratante26. 1.4.4. Oficio de la Secretaría de Educación del Distrito dirigido a LKBA, del 8 de febrero de 2018, en el que se informa la imposibilidad de otorgar un cupo escolar en un colegio privado, dado que el servicio público educativo debe prestarse a través del sistema educativo oficial27. 1.4.5 Copia de la respuesta suscrita por la accionante con destino a la Secretaría de Educación del Distrito, del 19 de febrero de 2018, en la cual insiste en su solicitud de asignación de un cupo en un colegio especializado en TDAH28. 1.4.6. Oficio del 12 de marzo de 2018, suscrito por el Director de Cobertura de la Secretaría de Educación del Distrito dirigido a LKBA, a través del cual se mantiene la negativa de asignar un cupo escolar en una institución educativa privada y se le informa el proceso a seguir para la asignación de cupo a estudiantes en situación de discapacidad, o con capacidades o talentos excepcionales29. 1.4.7. Copia de constancia de la sesión para valoración pedagógica e integral de JPAB, suscrita por psicólogo, el 22 de marzo de 201830.

1.4.8. Copia de asignación de cupo escolar en el Colegio EJ por parte de la Secretaría de Educación Distrital, del 30 de abril de 201831. 1.4.9. Copia de oficio del 16 de mayo de 2018 de la Dirección de Cobertura de la Secretaría de Educación, en el cual se informa a la accionante las acciones que emprenderá esa entidad una vez el niño se matricule en el Colegio EJ32. 1.4.10. Informe de evaluación neuropsicológica de JPAB realizado por psicóloga del IR, en el que se diagnostica trastorno por déficit de atención e hiperactividad mixto hiperquinético/inatento/impulsivo, trastorno específico de lectura dislexia y disgrafia funcional, y perfil intelectual promedio bajo [CIT 84] con marcadas discrepancias intra-sujeto altamente afectado por inatención33. 1.4.11. Copias de capturas de pantalla del SIMAT para demostrar la asignación de cupo, liberación del mismo por falta de matrícula y no disponibilidad de cupos escolares en el Colegio EJ34. 26 Folios 45-47, cuaderno principal. 27 Folios 48-50, cuaderno principal. 28 Folios 53-58, cuaderno principal. 29 Folios 59 y 60, cuaderno principal. 30 Folio 61, cuaderno principal. 31 Folios 66-68, cuaderno principal. 32 Folios 71-74, cuaderno principal. 33 Folio 92, cuaderno principal. 34 Folios 106-108, cuaderno principal. 9 1.4.12. Copia de comunicación del 26 de julio de 2018 dirigida a la accionante

por la Dirección de Cobertura, en la cual se le informa de la asignación de cupo escolar en el plantel educativo CT para cursar el grado segundo de primaria35. 1.4.13. Oficio del Colegio CT, del 3 de agosto de 2018, dirigido a la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., en el que se informó que (i) la accionante y su hijo se presentaron ese día en el colegio; (ii) que el menor debe recibir educación personalizada, de acuerdo con las indicaciones de la neuropsicóloga, las cuales, en su mayoría, no están disponibles; (iii) la madre de JPAB se niega a aceptar dicha situación, pues no se ajusta a las recomendaciones médicas, y que (iv) el proceso de aprendizaje del niño se llevaría mejor en un aula de apoyo pedagógico36. 1.4.14. Respuesta del Colegio CT a la acción de tutela, por medio de la cual indica que (i) al menor le fue asignado un cupo escolar en ese establecimiento; (ii) que las aulas de apoyo pedagógico disponen de un equipo interdisciplinario con capacidad para atender las necesidades educativas de JPAB, y que (iii) para definir las acciones afirmativas, desde la perspectiva pedagógica, es preciso un compromiso entre la familia y la institución educativa37. 1.4.15. Copia de capturas de pantalla del SIMAT en el que consta que en el año en curso el menor se encuentra matriculado en el Colegio CT en la sede Centro Educativo República de Finlandia38. 1.4.16. Comunicación del 1º de octubre de 2018 suscrita por la rectora del Colegio CT, en la cual informa que JPAB dispone del acompañamiento de un

equipo disciplinario de forma continua y anuncia implementación del PIAR, entre otros39.

II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN 2.1. Primera instancia En sentencia del 3 de octubre de 2018, el Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá negó la solicitud de amparo de LKBA, ante la configuración de una carencia actual de objeto por hecho superado, pues se satisfizo la finalidad de la acción de tutela, al haberse otorgado un cupo escolar al niño en un colegio distrital. De acuerdo con las consideraciones del despacho, en relación con la citada figura, se reúnen los presupuestos señalados por esta Corporación en las sentencias T-308 de 200340, T-722 de 200341, T-168 de 200842, T-512 de 201543 y T-011 de 201644. 35 Folios 121 y 122, cuaderno principal. 36 Folio 134, cuaderno principal. 37 Folio 212, cuaderno principal. 38 Folio 213, cuaderno principal. 39 Folio 161, cuaderno principal.

40 Sentencia T–308 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 41 Sentencia T–722 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 10 Adicionalmente, la autoridad en mención consideró imposible acceder a la solicitud de asignar un cupo en un colegio de calendario B, ya que la red de colegios distritales no presta el servicio en esa anualidad. Por este motivo, la Secretaría de Educación Distrital está en imposibilidad fáctica y jurídica de admitir las pretensiones de la accionante, y recordó la Sentencia C-337 de

1993, en la cual este alto tribunal destacó que “nadie está obligado a lo imposible”. En línea con lo expuesto, resaltó que, si LKBA considera que dicho calendario escolar es más apropiado para su hijo, puede acudir a título personal a instituciones privadas prestadoras del servicio de educación, asumiendo de manera directa las obligaciones respectivas. Teniendo en cuenta que en la red distrital no existen colegios de calendario B, en el fallo se previene a la parte accionada para que le garantice a JPAB un cupo en el grado segundo de primaria para el año 2019, en caso de que el niño no logre los objetivos académicos de ese curso. Por último, el juzgado expuso las obligaciones de los padres de familia frente al derecho a la educación de sus hijos, como quiera que aquellos deben cumplir con las disposiciones establecidas por l