CC - T347-2011

SentenciaT-347/11 DERECHO DE PETICION-Caso en que se presenta dilación en la respuesta y ésta no es congruente/PENSION DE SOBREVIVIENTESReconocimiento a persona declarada interdicta Corte Constitucional encuentra que el ISS vulneró el derecho de petición del accionante, persona declarada interdicta y representada por una curadora. Pero no procederá a ordenarle al ISS, seccional Valle del Cauca, que expida la resolución en virtud de la cual decida si accede o no a la solicitud, ya que se le ordenará directamente que expida la resolución reconociendo la prestación que reclama el peticionario a través de la acción de tutela que ocupa a la Sala. PENSION DE SOBREVIVIENTES-Cuando una persona tiene derecho y depende de ella para garantizar su mínimo vital, el Juez de Tutela puede ordenar su reconocimiento En el presente caso está probado que (i) a su nombre fue instaurada una solicitud para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes; (ii) la entidad encargada no le ha dado respuesta congruente, clara y precisa, teniendo la obligación y el deber de hacerlo; (iii) reúne satisfactoriamente las condiciones legales para adquirir el derecho a la pensión. Pero, además, hay suficientes elementos para concluir que la falta de pago de la misma (iv) pone en peligro la vigencia de su derecho al mínimo vital. Porque los aportes del causante fueron, hasta su muerte, fundamentales para la provisión de los bienes esenciales a la persona del actor. De hecho, su dependencia no desapareció con el fallecimiento de su señor padre, sino que se trasladó hacia su madre, quien fue desde entonces beneficiaria exclusiva de la pensión.

Luego del deceso de su madre, el señor demandante empezó a depender económicamente de su hermana. Lo cual significa que, en suma, nunca ha tenido independencia económica, pues su sostenimiento siempre ha dependido de la ayuda de otras personas. Por ese motivo, la negativa de la pensión supone un riesgo alto y sensible para su derecho al mínimo vital, porque la ayuda que actualmente le brinda su hermana proviene de la buena voluntad que le asiste, pero como ella lo manifiesta en la acción de tutela, sus condiciones económicas son difíciles; por ello, puede ser que en el futuro, su hermana no esté en capacidad de seguirlo ayudando o no pueda hacerlo en el grado en el cual él lo necesita. La pensión de sobrevivientes persigue, entonces, garantizarle al actor una vida en condiciones de dignidad 2

Referencia: expediente T-2890212

Acción de tutela presentada por Gladis Calero, en representación de su hermano Arnoldo Camacho Calero, contra el Instituto de Seguros Sociales, Seccional Valle del Cauca.

Magistrada Ponente:

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil once (2011). La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Juan Carlos Henao Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo de primera y única instancia, expedido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Palmira, Valle, el seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010), con ocasión del proceso de tutela

promovido por Gladis Calero, a nombre de su hermano interdicto Arnoldo Camacho Calero, contra el Instituto de Seguros Sociales Seccional Valle del Cauca. El fallo en referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección Número Doce, mediante auto proferido el diez (10) de diciembre de dos mil diez (2010).

I. ANTECEDENTES Gladis Calero presentó acción de tutela a nombre de su hermano interdicto

(sordomudo) contra el Instituto de Seguros Sociales, Seccional Valle del Cauca, por considerar que la entidad, al dilatar la respuesta a la solicitud de pensión de sobrevivientes que elevó en representación de su hermano, le ha vulnerado a este último sus derechos fundamentales de petición, seguridad social, dignidad y mínimo vital. 3 La accionante expone como sustento de lo pretendido los siguientes

1. Hechos 1.1. El dos (2) de mayo de dos mil tres (2003) falleció la señora Dolores Calero,1 quien fuera beneficiaria de la pensión de sobrevivientes2 derivada del deceso de su compañero Hernando Camacho el veintinueve (29) de abril de mil novecientos setenta y uno (1971).3 Tras la muerte de la primera, Gladis Calero solicitó ante el Instituto de Seguros Sociales que la pensión de sobrevivientes le fuera reconocida a su hermano Arnoldo Camacho Calero,4 hijo del causante de la prestación (Hernando Camacho), con demencia, sordomudez y estrabismo congénitos de carácter permanente.5 No obstante, el ISS se la negó mediante Resolución 06996 de dos mil cinco (2005), porque

no había prueba de la filiación de Arnoldo Camacho Calero con el señor Hernando Camacho.6 1 Registro Civil de Defunción de Dolores Calero. Folio 18, cuaderno principal. (Los datos a los que se haga referencia en esta sentencia, constan en el cuaderno principal a menos que se exprese lo contrario). 2 En el expediente no obra la resolución por medio de la cual se reconoce a la señora Dolores como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes. No obstante, en una resolución emitida por ISS posteriormente, se afirma que fue otorgada por medio de la No 3873 del veintinueve (29) de octubre de mil novecientos setenta y uno (1971). Folio 22. 3 Acta de defunción Hernando Camacho. Folio 17. 4Registro Civil de Nacimiento de Arnoldo Camacho Calero. De éste se desprenden los siguientes datos: (i) la edad del representado; (ii) la calidad de madre de la señora Dolores Calero; (iii) la inscripción de la declaratoria de interdicción indefinida por causa de demencia y sordomudez, además del consecuente nombramiento de Gladis Calero como curadora, ambos, ordenados por la sentencia No. 298 del seis (6) de octubre de dos mil cinco (2005) del Juzgado Tercero de Familia de Palmira, que en su parte resolutiva establece: “1º- DECRETAR la interdicción INDEFINIDA por causa de demencia y sordomudez del señor ARNOLDO CALERO, nacido en Palmira, Valle del Cauca, el día 12 de agosto de 1943 (…)”.

5Respecto su incapacidad, se aporta una evaluación de discapacitados realizada por el ISS el primero (1) de noviembre de (2000), donde el diagnóstico arroja lo siguiente: “[s]ordomudo. Estrabismo ojo[s] derechoizquierdo. Congénitos”. Folio 25. 6Folios 22 y 23. 4 1.2. Con fundamento en ello, la curadora de Arnoldo Camacho inició un proceso de filiación extramatrimonial, en el cual el Juzgado Primero de Familia de Palmira declaró que Arnoldo Camacho Calero era efectivamente el hijo extramatrimonial del señor Hernando Camacho.7 De modo que, con base en esa declaración, la hermana el señor Arnoldo Camacho Calero elevó tres (3) derechos de petición, en los cuales solicitó de nuevo el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes para su hermano. Las peticiones se presentaron en el siguiente orden: primero, el catorce (14) de enero de dos mil diez (2010); luego, el tres (3) de junio de dos mil diez (2010) y, por último, el tres (3) de agosto de dos mil diez (2010).8 Con todo, sólo el diecinueve (19) de agosto de dos mil diez (2010) el ISS respondió, por medio del Oficio DAP-20129, de la siguiente manera: “(…) de acuerdo a lo verificado en el día de hoy y revisado el aplicativo de consulta del estado de la Pensión, le informo que el trámite de su prestación económica se encuentra PARA MAYOR

INFORMACI[Ó]N POR FAVOR DIRÍJASE AL CAP MAS

CERCANO YA QUE NO REGISTRA EN NUESTRO

ARCHIVO”.9 (Mayúsculas en el texto original). 1.3. Posteriormente, en el proceso de tutela, la accionante se quejó de que en la respuesta brindada se tomara en consideración que ella era la solicitante de la prestación, cuando ciertamente el derecho de petición se interponía por ella a nombre de Arnoldo Camacho Calero. 1.4. Por medio de esta acción, pretende la demandante el amparo de los derechos fundamentales de su hermano interdicto y se ordene al ISS reconocerle la pensión de sobrevivientes en cuestión.

2. Respuesta de la entidad demandada 7 El Juzgado Primero de Familia de Palmira, a quien le correspondió conocer el asunto, decidió el cinco (5) de noviembre de dos mil nueve (2009) “DECLARAR que el señor HERNANDO CAMACHO fallecido el día veintinueve (29) de Abril de 1971 (…), ES EL PADRE EXTRAMATRIMONIAL del interdicto señor ARNOLDO CALERO, nacido en Palmira, Valle, el 12 de Agosto de 1943, hijo de la señora DOLORES CALERO (…)”. La sentencia consta en los folios 9 al 11.

8Folios 13 al 16 y 29 al 31. 9 Folio 38. 5 El ISS guardó silencio.

3. Decisión que se revisa El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Palmira, mediante sentencia del seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010), negó la tutela invocada. En su sentir, el señor Arnoldo Camacho Calero no tenía derecho a la pensión, porque su hermana estaba a cargo de él y a las autoridades judiciales, en todo caso, no

les corresponde señalar el contenido de las decisiones que han de tomar las entidades públicas. Sin embargo, decidió amparar el derecho fundamental de petición, razón por la cual ordenó a la accionada que procediera a ofrecer respuesta clara, precisa y efectiva sobre la petición de reconocimiento a favor de Arnoldo Camacho Calero de la pensión de sobrevivientes. Frente a la providencia no se interpuso recurso de apelación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia La Sala es competente para revisar el fallo de tutela, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución, y 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991.

2. Planteamiento del caso y problema jurídico 2.1. La curadora de Arnoldo Camacho Calero pretende que el ISS le reconozca a este último la pensión de sobrevivientes derivada de la muerte de su padre Hernando Camacho, prestación que en un primer momento le fue reconocida y pagada exclusivamente a la señora Dolores Calero, compañera de Hernando Camacho y madre de Arnoldo Camacho Calero. La accionante asegura que Arnoldo Camacho Calero tiene derecho a tal pensión, no sólo porque es hijo del causante, sino especialmente porque desde su nacimiento, a la hora de fallecer su padre y al momento de presentar la acción de tutela, padece sordomudez congénita, y a ella se le dificulta severamente obtener de manera autónoma los bienes indispensables para satisfacer sus necesidades básicas. 2.2. Por su parte, la Sala advierte que el ISS, en un primer instante, le negó la pensión al señor Camacho Calero sólo porque no estaba acreditada su filiación

con el causante de la pensión. Y, en un segundo instante, a pesar de que la accionante ha presentado tres derechos de petición (uno el 14 de enero de 6 2010; otro el 3 de junio de 2010 y otro más el 3 de agosto de 2010), no ha resuelto si el señor Arnoldo Camacho Calero tiene o no derecho al reconocimiento de la pensión. Sólo respondió, y el diecinueve (19) de agosto de dos mil diez (2010), que el trámite de la pensión “está para mayor información”. 2.3. Así las cosas, a juicio de la Sala, el caso no sólo tiene que ver con la garantía del derecho de petición, sino también con el respeto del derecho al mínimo vital, pues en el centro de la acción de tutela la demandante expone que su hermano ha tenido desde la muerte de su madre, quien recibía la pensión que ahora reclama, serias dificultades para satisfacer de manera autónoma sus necesidades básicas. En consecuencia, el problema jurídico puede formularse así: ¿viola una entidad encargada de administrar fondos de pensiones (ISS) los derechos de petición y al mínimo vital de una persona declarada interdicta y discapacitada mental, con disminuciones sensoriales relevantes (sordomudez y estrabismo congénitos), cuando niega el reconocimiento pensional por falta de un requisito, y luego de que se cumple con ese requisito, tarda en responder una nueva solicitud más de lo que está permitido por la Ley, y en la respuesta no decide el fondo del asunto, ni especifica qué le hace falta para resolver el derecho? 2.4. Para resolver el problema jurídico, la Sala Primera de Revisión seguirá la

siguiente metodología: (i) primero verificará si la acción de tutela es procedente en este caso; luego (ii) decidirá si el ISS violó el derecho de petición, y finalmente (iii) examinará si se viola además el derecho al mínimo vital, y si es constitucionalmente posible ordenar, en supuestos como este, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

3. Procedencia de la acción de tutela en este caso 3.1. La acción de tutela procede (i) cuando no existan otros medios de defensa judicial, (ii) cuando existan pero no sean eficaces para salvaguardar los derechos fundamentales, o (iii) cuando lo sean, pero la tutela se instaure para evitar un perjuicio irremediable (art. 86, C.P.).10 Así las cosas, y como pasa a exponerse enseguida, en este caso la acción de tutela es procedente tanto para

10De hecho, el Decreto 2591 de 1991, en su artículo 6.1, de manera expresa dispone que la eficacia de los medios ordinarios de defensa judiciales será apreciada en el caso concreto, atendiendo a las circunstancias en que se encuentre el solicitante. 7 perseguir la protección del derecho de petición, como para obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. 3.2. En primer lugar, la tutela es procedente para proteger el derecho de petición, porque es el medio de defensa eficaz. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido unívoca y enfática en este punto, y para sustentar esa conclusión ha mostrado que ni el silencio administrativo ni las acciones contenciosas son una protección idónea del derecho de petición. El primero,

porque precisamente es indicativo de que se ha violado el derecho.11 Las segundas, porque no están planteadas para obtener una respuesta de la administración pública, sino directamente de la administración de justicia.12 3.3. En segundo lugar, el amparo también es procedente para reclamar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, porque con ello se busca la protección del derecho al mínimo vital, y la acción de tutela persigue evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable (inminente y grave, que amerita actuaciones urgentes e impostergables).13 En efecto, el perjuicio que busca 11Sentencia T-294 de 1997 (MP. José Gregorio Hernández Galindo). En ella, al resolver el caso de una persona que no había obtenido respuesta a una petición presentada ante autoridades administrativas, la Corte Constitucional señaló que el silencio administrativo no era un medio de defensa idóneo porque es una ficción “tiene un objeto distinto y, por otra parte, es precisamente prueba clara e incontrovertible de que el mismo ha sido violado”. Asimismo, en la 12 Sentencia T-304 de 1994 (MP. Jorge Arango Mejía). En esa ocasión, al determinar si la tutela era el medio procedente para proteger el derecho de petición de una persona a la cual la administración no le había resuelto una solicitud, manifestó que sí lo era en tanto las acciones contenciosas no salvaguardan el derecho de la persona a obtener una respuesta de la propia administración pública. Porque, “[s]i bien el administrado puede acudir ante la jurisdicción para que resuelva de fondo sobre sus pretensiones, tal como se explicará más adelante, haciendo uso de las acciones consagradas en el

Código Contencioso, aquél conserva su derecho a que sea la propia administración, y no los jueces, quién resuelva sus inquietudes, pues al fin y al cabo ella es la obligada a dar respuesta”. 13 Sentencia T-225 de 1993 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa). En ella se dijo que el perjuicio irremediable debía tener la siguientes características: “[a]l examinar cada uno de los términos que son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio irremediable, nos encontramos con lo siguiente: A) El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder 8 evitarse es, más que inminente, actual pues a la hora de invocar el amparo el señor Arnoldo Camacho Calero carecía de los recursos indispensables para satisfacer las necesidades más elementales de existencia. El perjuicio es, además, grave, en cuanto la ausencia de la pensión pone en riesgo su capacidad para atender sus necesidades básicas y procurarse una existencia en condiciones de dignidad. En efecto, la Corte advierte que se trata de un hombre con sesenta y ocho (68) años de edad (nació en 1943), interdicto con discapacidad mental, que además tiene una disminución sensorial congénita (sordomudez), y por tanto no puede procurarse autónomamente su sustento; siendo su ingreso proveniente de la buena voluntad de su hermana y el esposo de ésta que, igualmente, tienen dificultades económicas para sufragar sus gastos. Por último, y en consideración a lo anterior, (iii) la actuación del juez es urgente, y las órdenes encaminadas a proteger el derecho impostergables,

toda vez que ya ha pasado mucho tiempo desde murió su señora madre, quien recibía la pensión de sobrevivientes que hoy reclama, y quien velaba por su subsistencia. Así las cosas, la Sala procederá a resolver el problema jurídico. prontamente". Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética. Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no necesariamente consumada. (…) B) Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. (…) C) No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. (…) D) La urgencia y la

gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos. (…)” 9

4. La dilación en la respuesta y la falta de una respuesta congruente con la solicitud violan el derecho de petición. Resolución del caso concreto 4.1. La Constitución Política establece el derecho de toda persona a “presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución” (art. 23, C.P.). Así, la Carta estatuye que el derecho fundamental de petición no sólo consiste en la facultad de la persona de formular una petición respetuosa ante las autoridades, sino también en el derecho a recibir de ellas una respuesta rápida y de fondo. De ese modo, la respuesta a la petición “debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.”14 4.2. La oportunidad en que debe ser resuelta una petición, depende específicamente del tipo de respuesta que vaya a darse.15 (i) Si se busca comunicar al peticionario el estado del trámite y el tiempo que tardará en

resolverse la solicitud, el término es de quince días (art. 6°, C.C.A.).16 Si se pretende tener acceso a información sobre la acción de autoridades, el término es de diez días (arts. 17 y 22, C.C.A.). (ii) Si se busca resolver o decidir de fondo la petición encaminada a obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, el término es de dos meses (art. 1°, Ley 717 de 2001).17 (iii) Si 14 Sentencia T-377 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero). 15 Sentencias T-588 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) y T-350 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). 16 El artículo 6° del Código Contencioso Administrativo establece: “[l]as peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”. Véase. Sentencia T-1160A de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). El Código Contencioso Administrativo fue derogado por la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, que de conformidad con su artículo 308, empezará a regir el dos (2) de julio del año 2012. 17 La Ley 717 de 2001 -por la cual se establecen términos para el reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes y se dictan otras disposicionesprescribe en el artículo 1° que “[e]l reconocimiento del

derecho a la pensión de sobrevivientes por parte de la entidad de Previsión 10 se busca realizar el pago de las mesadas pensionales, el término es de seis meses (art. 4°, Ley 700 de 2001).18 4.3. Asimismo, para determinar si existe una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente, es necesario ante todo cotejar la clase de petición formulada con la respuesta. En lo que resulta relevante para este caso, si la petición se interpone con el objetivo de que se le reconozca a una persona la pensión de sobrevivientes, la respuesta sólo puede considerarse de fondo, clara, precisa y congruente, cuando al peticionario se le especifica si tiene o no derecho a ella, con los respectivos fundamentos.19 Con todo, si la entidad no cuenta con suficiente información para decidir de fondo, deberá precisarle al peticionario los datos que requiere o la relación de documentos necesarios para acreditar su derecho, y así proceder a resolver (arts. 11, 12 y 13, C.C.A.).20 Social correspondiente, deberá efectuarse a más tardar dos (2) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho”. 18 La Ley 700 de 2001 –por medio de la cual se dictan medidas tendientes a mejorar las condiciones de vida de los pensionados y se dictan otras disposiciones-, en su artículo 4° dispone que “[a] partir de la vigencia de la presente ley, los operadores públicos y privados del sistema general de pensiones y cesantías, que tengan a su cargo el reconocimiento del derecho pensional, tendrán un plazo no mayor de seis (6) meses a partir del momento

en que se eleve la solicitud de reconocimiento por parte del interesado para adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas correspondientes”. Véase. Sentencia T-350 de 2006, (M.P. Jaime Córdoba Triviño). 19 Véase la sentencia T-358 de 2000 (MP. José Gregorio Hernández Galindo), donde la Corte amparó el derecho fundamental de petición a 52 solicitantes que se les había respondido de manera general sin tener en cuenta la situación de cada uno. Sostuvo la Sala que siempre ha de hacerse “(…) un juicio lógico comparativo entre lo pedido y lo resuelto, para establecer claramente si se trata o no de una verdadera contestación (…) la respuesta aparente pero que en realidad no niega ni concede lo pedido, desorienta al peticionario y le impide una mínima certidumbre acerca de la conducta que debe observar frente a la administración y respecto de sus propias necesidades o inquietudes: no puede hacer efectiva su pretensión, pero tampoco tiene la seguridad de que ella sea fallida (…).” 20 Código Contencioso Administrativo. Artículo 11: “Cuando una petición no se acompaña de los documentos o informaciones necesarias, en el acto de recibo se le indicarán al peticionario los que falten; si insiste en que se radique, se le recibirá la petición dejando constancia expresa de las 11 4.4. En el caso objeto de análisis, la Sala entiende que el ISS le violó al señor Arnoldo Camacho calero su derecho fundamental de petición, por las siguientes dos razones. Primero, porque Gladis Calero le solicitó al ISS –a nombre de su hermanoel

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes desde el catorce (14) de enero de dos mil diez (2010) y, luego de varias insistencias, el ISS respondió apenas el diecinueve (19) de agosto de dos mil diez (2010); es decir, siete (7) meses después de la reclamación. Segundo, porque el contenido de la respuesta se limitó a señalar que el trámite de la pensión requerida se encontraba “para mayor información”, sin precisarse qué tipo de datos o documentos adicionales se requerían. De esta forma, la respuesta no es constitucionalmente aceptable, pues fue tardía, imprecisa, poco clara y, sobre todo, no guía al peticionario para facilitar el resultado pretendido; por ello no puede entenderse que en esta ocasión se haya respetado el derecho de petición. Por el contrario, la respuesta creó una barrera de acceso a otros derechos, como lo son, por ejemplo, la seguridad social y el mínimo vital, derechos que la administración tiene el deber de proteger, máxime cuando la garantía de los mismos depende directamente de sus actuaciones. 4.5. En consecuencia, la Corte Constitucional encuentra que el ISS vulneró el derecho de petición de Arnoldo Camacho Calero, persona declarada interdicta y representada por Gladis Calero como curadora. Pero no procederá a ordenarle al ISS, seccional Valle del Cauca, que expida la resolución en virtud de la cual decida si accede o no a la solicitud, ya que se le ordenará advertencias que le fueron hechas.” || Artículo 12: “Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado al iniciar una actuación administrativa no son suficientes para decidir, se le requerirá, por una sola vez,

con toda precisión y en la misma forma verbal o escrita en que haya actuado, el aporte de lo que haga falta. Este requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que las autoridades decidan. Desde el momento en que el interesado aporte nuevos documentos o informaciones con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán otra vez a correr los términos pero, en adelante, las autoridades no podrán pedir más complementos, y decidirán con base en aquellos de que dispongan”. Artículo 13: “Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud si hecho el requerimiento de completar los requisitos, los documentos o las informaciones de que tratan los dos artículos anteriores, no da respuesta en el término de dos (2) meses. Acto seguido se archivará el expediente, sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una nueva solicitud.” El Código Contencioso Administrativo fue derogado por la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, que de conformidad con su artículo 308, empezará a regir el dos (2) de julio del año 2012. 12 directamente que expida la resolución reconociendo la prestación que reclama el peticionario a través de la acción de tutela que ocupa a la Sala.

5. Cuando una persona tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, y depende de ella para gozar efectivamente su derecho al mínimo vital, el juez de tutela puede ordenar el reconocimiento de la prestación 5.1. En ciertos casos, incluso si la entidad no ha respondido la solicitud de una persona para que le reconozca su pensión, el juez de tutela está habilitado para reconocerla y ordenar que se le pague oportunamente al peticionario. Pero,

para ello, debe haber verificado: (i) si la persona instauró una petición para el reconocimiento de su pensión; (ii) si la entidad encargada no le ha dado respuesta, debiendo haberlo hecho, o le ha respondido pero no de fondo, clara, precisa y congruentemente; (iii) si claramente tiene derecho a la pensión reclamada, en los términos de la ley; (iv) si esté en peligro el goce efectivo de un derecho fundamental y, finalmente, (v) si se cumplen los demás requisitos de procedencia de la tutela. 5.2. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional, por ejemplo, en la sentencia T-129 de 2007.21 En esa ocasión, debía establecer si podía ordenar el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a favor de una mujer con ochenta y cinco (85) años de edad, a pesar de que la entidad encargada de decidir sobre su derecho pensional, en sentido estricto, no se lo había negado. Para ello, la Corporación verificó previamente que la demandante (i) había instaurado una petición para el reconocimiento de la pensión; (ii) la entidad encargada no le había dado una respuesta constitucionalmente aceptable, en los términos del artículo 23 Superior; (iii) tenía derecho probado a la pensión reclamada, en los términos de la ley; (iv) el no habérsela reconocida ponía en riesgo sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital y, finalmente, (v) cumplía con los demás requisitos de procedencia de la acción de tutela. Luego de apreciar el cumplimiento de todas estas condiciones de orden constitucional y legal, la Corte concluyó que en observancia de los

principios que guían la administración pública, lo óptimo era ordenarle a la entidad que reconociera a nombre de la peticionaria su derecho a la pensión de sobrevivientes.22 Para fundamentarlo sostuvo: 21 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto). 22 En específico, la orden fue la siguiente: “[s]egundo.- ORDENAR al Gobernador de CórdobaSecretaría de Gestión Administrativao a quien corresponda, reconocer en cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia, si a la fecha aún no se ha hecho, la pensión de 13 “[n]o sólo se vulnera el derecho de petición, sino que además, se dificulta el ejercicio de los derechos prestacionales poniendo en