CC - T347-2020

Sentencia T-347/20

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESRequisitos generales y especiales de procedibilidad

CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO

CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION

DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES

ACCION DE REPARACION DIRECTA-Término de caducidad TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA-Contabilización de la caducidad en la jurisprudencia del Consejo de Estado La Sala Plena de la Sección Tercera reseñó algunas posturas a partir de las cuales, hasta ese momento, diferentes Subsecciones habían calculado la caducidad en casos de lesiones personales. Así pues, el conteo podía iniciar: (i) un día después de que el afectado tuviera conocimiento de la magnitud del daño mediante la notificación del dictamen de PCL; o (ii) cuando advirtiera la existencia de la lesión, por cuanto, a partir de ese momento, tiene un interés legítimo para acudir a la jurisdicción. Señaló que la segunda interpretación ha sido acogida por la mayoría de Subsecciones, en virtud de los principios pro actione y pro damato. TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA-Jurisprudencia constitucional TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA EN CASO DE LESIONES PERSONALES-Flexibilización en el término de caducidad La Sección Tercera del Consejo de Estado ha entendido que, por lo general, el hecho dañoso y el daño coinciden temporalmente. No obstante, cuando ello

no ocurre, el operador judicial debe computar la caducidad desde que el demandante advirtió el daño, toda vez que, en ese momento, tiene un interés para acudir a la jurisdicción. Esta Corte ha adoptado la postura referida y ha considerado que, en caso de duda sobre el cálculo de la caducidad, esta debe resolverse en atención a los derechos de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral. De igual manera, ha destacado que supone una carga procesal muy alta exigir que el afectado identifique el daño en el momento de acaecimiento del hecho, bajo la premisa de que el daño es cierto porque la lesión es evidente. Y, también, que las autoridades judiciales deben determinar el inicio del conteo examinando, en detalle, el material probatorio. DEFECTO FACTICO POR INDEBIDA VALORACION PROBATORIA-Configuración ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESProcedencia por defecto fáctico por falta e indebida valoración probatoria en proceso de reparación directa

Referencia: Expediente T-7733430

Asunto: Acción de tutela presentada por Jean Carlos Díaz Bertel y otros contra el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá y el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Magistrado ponente:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinte (2020). La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y Antonio José Lizarazo Ocampo, en ejercicio de sus competencias

constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente: SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos dictados por la Subsección B y la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso de tutela promovido por Jean Carlos Díaz Bertel y otros contra el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos relevantes 1.1. Jean Carlos Díaz Bertel prestó servicio militar obligatorio entre el 27 de febrero de 2014 y el 27 de agosto de 2015, en calidad de infante de marina regular. El 22 de julio de 2015, sufrió un accidente ocasionado por la manipulación del armamento de dotación, ya que la bala disparada involuntariamente por un compañero causó la explosión de uno de los tomacorrientes cercanos. En consecuencia, algunas esquirlas se incrustaron en su antebrazo derecho1. 1 Folio 1. En adelante, siempre que se haga mención de un folio del expediente, se entenderá que hace parte del cuaderno principal, a menos que se diga expresamente lo contrario. 2 1.2. En efecto, el 5 de agosto siguiente, un médico adscrito a la Dirección General de Sanidad Militar diagnosticó la presencia de un cuerpo extraño, lo cual fue reiterado por otros profesionales de la salud, un mes después2. 1.3. El 24 de noviembre de 2016, en cumplimiento de un fallo de tutela, la Junta Médico Laboral determinó que, dada la imposibilidad de extraer el

fragmento residual, se presentaban disestesias, parestesias, dolor continuo y una pérdida de capacidad laboral (PCL) del 20.34%3. 1.4. El 12 de enero de 2018, Jean Carlos Díaz Bertel y sus familiares4 presentaron demanda de reparación directa contra la Nación –Ministerio de Defensa y Armada Nacional– con el propósito de reclamar la indemnización de perjuicios causados por la disminución en su capacidad laboral5. 1.5. En auto del 28 de agosto de 2018, el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá rechazó la demanda al advertir que había sido presentada en enero de dicho año, cuando el término para ello venció el 25 de octubre de 20176. En concreto, argumentó que: “no se puede supeditar la configuración del momento a partir del cual se contabiliza el término de caducidad, a aquél en que los miembros de la Junta Medica Laboral realizaron el acta sobre la valoración del soldado, ya que ello es indicativo de los perjuicios causados con el daño (…) que según se afirma en la demanda, ocurrió durante la prestación del servicio militar obligatorio; luego, es a partir de la terminación de dicha prestación que debe contarse el término. Remitirnos a la valoración por junta médica significaría desnaturalizar la figura de la caducidad permitiendo que el momento del conteo se prolongue en el tiempo”7. 1.6. Jean Carlos Díaz y sus familiares formularon recurso de apelación contra la anterior decisión, en el que argumentaron que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, tratándose

de lesiones sufridas por soldados conscriptos, el conteo del término de caducidad inicia con la notificación del acta de la Junta Médico Laboral –para 2 CD que obra a folio 28. 3 Ibídem. 4 Hanuar de Jesús Díaz Monterroza y Carmen Alicia Bertel Martínez, actuando en nombre propio y en representación de la menor Patricia Isabel Díaz Bertel. 5 Folio 2. 6 Sobre el particular, la autoridad judicial resaltó lo siguiente: “los demandantes contaban hasta el 28 de agosto de 2017 para presentar la demanda. No obstante, teniendo en cuenta que operaba la suspensión del término de caducidad en razón a la solicitud de conciliación prejudicial radicada el 11 de julio de 2017 por JEAN CARLOS DÍAZ BERTEL cuando faltaba 1 mes y 17 días para que venciera el término de caducidad y fue declarada fallida mediante auto del 8 de septiembre de 2017, la fecha límite para presentar la demanda era hasta el 25 de octubre de 2017. La misma situación ocurre con los otros demandantes; radicaron solicitud de conciliación prejudicial el 27 de julio de 2017 cuando faltaba 1 mes y 1 día para que venciera el término de caducidad y fue declarada fallida el 21 de septiembre de 2017, siendo la fecha límite para presentar la demanda hasta el 22 de octubre de 2017 y como quiera que la demanda fue presentada el 12 de enero de 2018, encuentra el despacho que en los dos casos está caducada”. 7 Información obtenida del CD que obra a folio 28. 3 el caso, 24 de noviembre de 2016–, toda vez que la magnitud del daño se

conoce en ese momento8. 1.7. En auto del 13 de marzo de 2019, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión del a quo. Explicó que, según el literal i) del numeral 2 del artículo 1649 del CPACA10, la caducidad puede contarse desde la ocurrencia del daño o desde el momento en el que el demandante tuvo conocimiento del mismo. Atendiendo a lo anterior, se apartó del criterio del juez de primera instancia y explicó que “el hecho ocurrió el 22 de julio de 2015, pero debido a la dificultad para percibir el daño por las afecciones que presentó el accionante con posterioridad a la ocurrencia del hecho (…) se puede observar que hasta el 5 de agosto tuvo certeza del daño producido, según el diagnóstico dado por el especialista en ortopedia”11. Sin embargo, resaltó que, dada la suspensión de términos por virtud de la solicitud de conciliación, el plazo para presentar la demanda venció el 9 de octubre de 201712. En consecuencia, al haber sido radicada el 12 de enero de 2018, podía concluirse que fue extemporánea.

2. Solicitud de tutela El 4 de junio de 2019, Jean Carlos Díaz Bertel, Hanuar de Jesús Díaz Monterroza y Carmen Alicia Bertel Martínez –obrando en nombre propio y en representación de la menor Patricia Isabel Díaz Bertel–, promovieron recurso de amparo constitucional invocando la protección de sus derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia13. En consecuencia, solicitan que se dejen sin efectos los autos del 28 de agosto de 2018 y del 13

de marzo de 2019 –dictados por el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente– y que se ordene a las autoridades judiciales accionadas admitir la demanda de reparación directa. Para los actores, las decisiones aludidas incurrieron en defecto sustantivo al interpretar de manera errada el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del 8 Folio 2. En concreto, se refirieron a las Sentencias del 14 de agosto de 2014, 5 de marzo de 2015 y 21 de enero de 2016 dictadas por el Consejo de Estado, C.P. María Elizabeth García González. Asimismo, a la Sentencia SU-659 de 2015. 9 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (…) 2. en los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…) i) cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”. 10 Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 11 Información obtenida del CD que obra a folio 28. 12 Al respecto, puntualizó que: “la caducidad del medio de control se suspendió por el término legal establecido en el artículo 21 de la ley 640 de 2001, esto es, desde que se presentó la solicitud de conciliación

el 11 de julio de 2017 hasta la fecha en la que se expidió la constancia de la misma por parte de la Procuraduría el 11 de septiembre de 2017, en consecuencia el término de caducidad se reanudó el 12 de septiembre de 2017 por los 28 días restantes en que se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial, con lo cual el demandante tenía oportunidad para presentar la demanda hasta el 9 de octubre de 2017”. 13 Artículos 29 y 228 de la Constitución. 4 CPACA, el cual consagra dos maneras de contabilizar la caducidad: a partir del día siguiente a la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño o desde que el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo. Así, en su criterio, la caducidad debió contarse desde la expedición del dictamen de pérdida de capacidad laboral –24 de noviembre de 2016–, momento en el que tuvieron certeza del daño y sus implicaciones14. Además, las autoridades inaplicaron el artículo 162 del CPACA15, el cual establece que toda demanda debe contener una relación precisa y clara de las pretensiones y la estimación razonada de la cuantía. Sobre el particular, señalan que, según el Consejo de Estado, la indemnización de perjuicios, por concepto de lucro cesante, daño moral y daño a la salud, se calcula en función de la PCL y que, por esta razón, no era posible promover el proceso antes de que se notificara el dictamen de la Junta Médico Laboral. Igualmente, para los tutelantes, los despachos incurrieron en defecto fáctico al omitir que el daño

fue desconocido para ellos hasta que la Junta determinó la PCL16. Por otro lado, desconocieron el precedente del Consejo de Estado según el cual, tratándose de lesiones ocasionadas durante la prestación del servicio militar obligatorio, los afectados tienen conocimiento del daño mediante el acta de la Junta Médico Laboral. Por ello, el conteo del término de caducidad inicia cuando esta se notifica al interesado y no cuando ocurre el hecho17. De manera similar, los peticionarios sostienen que las autoridades judiciales contrariaron el precedente constitucional según el cual “en el caso de lesiones cuya magnitud se viene a establecer con posterioridad al hecho que ocasiona el daño, y cuya incidencia y concreción se viene a establecer con posterioridad mediante el dictamen sobre pérdida de capacidad laboral proferido por la Junta Médico Laboral, el conteo del término de caducidad de la acción de reparación directa debe hacerse a partir del día siguiente al de la notificación del acta de la Junta Médico Laboral, pues esta interpretación resulta más armónica con los principios constitucionales y más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales de los conscriptos, de 14 Folio 4. 15 “Artículo 162. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá: // 1. La designación de las partes y de sus representantes. // 2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones. // 3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados. // 4. Los fundamentos

de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación. // 5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder. // 6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia. //7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica”. 16 Folio 6. 17 Folios 7 a 15. Los demandantes se refieren a las siguientes providencias: sentencia del 7 de julio de 2011, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 23 de mayo de 2012, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 12 de febrero de 2014, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia del 5 de marzo de 2015, C.P. María Elizabeth García González, entre otras. 5 acuerdo con los principios pro-actione y pro-damnato”18. En concreto, se refieren a las Sentencias SU-659 de 2015 y T-334 de 2018. Por lo demás, los actores argumentan que los despachos demandados incurrieron en violación directa de la Constitución al omitir que, según el artículo 53 Superior, los conflictos y dudas que se susciten en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho laboral deben resolverse atendiendo al principio de favorabilidad. En consecuencia, existiendo dos posturas en el Consejo de Estado sobre el alcance del literal i) del numeral 2

del artículo 164 del CPACA, debió primar aquella que resultaba más favorable para decidir sobre la admisiblidad del medio de control de reparación directa19. Asimismo, señalan que, al desconocer las subreglas fijadas por la jurisprudencia constitucional, se quebrantó el principio de equidad (artículo 230 C.P), el de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal (artículo 228 C.P.) y los principios pro homine, pro actione y pro damnato, contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos y prevalentes en el ordenamiento jurídico nacional, según los artículos 5, 9 y 93 de la Constitución. Finalmente, sostienen que se vulneró su derecho fundamental a la igualdad (artículo 13 Superior), toda vez que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han decidido casos similares interpretando el artículo 164 del CPACA de conformidad con el derecho de acceso a la administración de justicia y, por ende, estos fallos han sido favorables a los intereses de los peticionarios20.

3. Trámite surtido en primera instancia En auto del 7 de junio de 201921, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ofició al Juzgado 34

Administrativo de Bogotá y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que ejercieran su derecho a la defensa. En la misma providencia, vinculó como tercero con interés al Ministerio de Defensa –Armada Nacional.

4. Contestación de las autoridades judiciales demandadas y de la entidad vinculada al proceso 4.1. En escrito del 13 de junio de 201922, el Ministerio de Defensa solicitó que

se declarara la improcedencia dado que el asunto carecía de relevancia constitucional, pues los argumentos de la parte accionante evidenciaban su inconformidad en torno a la aplicación de las normas procesales sobre caducidad. En este sentido, indicó que, contrario a lo sostenido por los 18 Folio 18. 19 Folio 23. 20 Folios 24 a 26. 21 Folios 31 y 32. 22 Folios 39 a 42. 6 tutelantes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuvo en cuenta el precedente del Consejo de Estado23 y las pruebas allegadas. 4.2. En oficio del 12 de junio de 201924, el Juez 34 Administrativo de Bogotá pidió que se negaran las pretensiones, pues, en su criterio, no vulneró los derechos al debido proceso, a la igualdad ni de acceso de la administración de justicia de los peticionarios. Al respecto, sostuvo que calculó la caducidad aplicando las normas pertinentes y que dicha decisión fue confirmada en segunda instancia. 4.3. No se advierte en el expediente que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se hubiese pronunciado sobre los hechos que motivaron la solicitud de amparo.

5. Sentencias objeto de revisión 5.1. Primera instancia En fallo del 24 de julio de 201925, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado negó el amparo solicitado al estimar que la decisión del Tribunal se ajustó a los parámetros fijados en la sentencia del 29 de noviembre de 201826, dictada por el Pleno de la citada Sección. En dicha providencia, se

precisó que cuando la “existencia del daño sólo se conoce de forma certera y concreta con el discurrir del tiempo y con posterioridad al hecho generador, será el juez quien defina si contabiliza la caducidad desde el momento de su ocurrencia o desde cuando el interesado tuvo conocimiento del mismo, constituyéndose, de esta manera, en una carga de la parte demandante demostrar cuándo conoció el daño y, si es pertinente, la imposibilidad de haberlo conocido en el momento de su causación”27. En este sentido, el a quo se refirió a algunos apartes de la citada sentencia en los cuales se explica que, si el cómputo de la caducidad dependiera enteramente de la calificación de invalidez, la víctima estaría facultada para decidir cuándo inicia el conteo. También, precisó que dicha calificación no es un requisito de procedibilidad y, por ello, el afectado puede aportar o solicitar las pruebas periciales que considere. Incluso, si el juez encuentra probado el daño, puede condenar en abstracto. Con base en lo anterior y en el formato de atención médica diligenciado el 5 de agosto de 2015, estimó que el señor Jean Carlos Díaz Bertel conoció el daño –presencia de fragmentos residuales– en dicha fecha. De igual manera, destacó que no se consignaron hallazgos nuevos o diferentes en el acta de la Junta Médico Laboral. 23 Se refirió a la Sentencia del 14 de abril de 2010, C.P. Enrique Gil Botero. 24 Folios 43 a 45. 25 Folios 57 a 68. 26 C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

27 Folio 64. 7 5.2. Impugnación Los accionantes presentaron recurso de apelación28 en el cual señalaron que, contrario a lo expuesto por el a quo, el acta de la Junta Médico Laboral es indispensable para presentar la demanda de reparación directa, toda vez que la PCL permite cumplir la carga procesal prevista en el numeral 2 del artículo 162 del CPACA, en concreto, liquidar el lucro cesante, el daño moral y el daño a la salud. Por esta razón, la caducidad debe calcularse a partir de la notificación del acta –24 de noviembre de 2016– y no desde el 5 de agosto de

2015. Por otro lado, reiteraron que se desconoció la jurisprudencia desarrollada por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, sobre el cómputo de la caducidad. 5.3. Segunda instancia En sentencia del 25 de octubre de 201929, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo, al estimar que los tutelantes prendían reabrir una discusión zanjada en el trámite ordinario.

En este sentido, señaló que el hecho de que “la parte actora no esté de acuerdo con la forma como se aplicaron el artículo 164 del C.P.A.C.A. y la jurisprudencia vigente en materia de lesiones causadas a los soldados conscriptos, ni con el valor probatorio que se le dio al dictamen expedido por la Junta Médico Laboral, no significa, per se, que ello sea violatorio de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la

administración de justicia”30.

6. Pruebas relevantes que obran en el expediente31 - Auto del 28 de agosto de 2018 dictado por el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá, dentro del proceso de reparación directa promovido por Jean Carlos Díaz Bertel y otros contra la Nación –Ministerio de Defensa y Armada Nacional. - Auto del 13 de marzo de 2019 proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que se confirma la anterior decisión. - Tarjeta de conducta de Jean Carlos Díaz Bertel, donde consta que prestó sus servicios a las Fuerzas Militares de Colombia entre el 27 de febrero de 2014 y el 27 de agosto de 2015. - Formato único de reporte de accidente de trabajo en el que se describe lo sucedido el 22 de julio de 2015: “se encontraban el IMAR en la cocina y otro IMAR carg[ó] el fusil sin darse cuenta y se le dispar[ó] el proyectil, impact[ó] 28 Folios 80 a 87. 29 Folios 99 a 103. 30 Folio 103. 31 Los archivos se encuentran en el CD que obra a folio 28. 8 en un toma corriente y uno de los pedazos del toma le produjo la lesión en el antebrazo derecho (…) se le realiza curación sin encontrar ninguna esquirla y se tapa la herida para no infectar”. - Formato diligenciado el 5 de agosto de 2015 por médico adscrito a la Dirección General de Sanidad Militar, en el que se lee como diagnóstico “cuerpo extraño en antebrazo” y, como tratamiento instaurado, “RX de

antebrazo”. - Historia clínica del 18 de septiembre de 2015 donde se lee: “Enfermedad actual: hace un mes y medio sufri[ó] trauma con esquirla en antebrazo derecho (…) actualmente presenta dolor y parestesias en dedos (…) Tratamiento paciente con cuerpo extraño (esquirla) en antebrazo derecho // pendiente extracción del mismo (…) se prescribe analgesia (…)”. - Concepto emitido el 22 de septiembre de 2015 por médico ortopedista en el cual se diagnostica: “paciente con cuerpo extraño en tej blandos de antebrazo derecho. El paciente refiere dol en antebrazo derecho y parestesias ocasionales. Se explica al paciente la posibilidad de tratamiento quirúrgico para extracción del cuerpo extraño (esquirla metálica)”. - Copia de la sentencia de tutela proferida el 18 de noviembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la cual se ordena a la Armada Nacional realizar el examen de retiro al señor Díaz Bertel y autorizar la valoración por parte de la Junta Médico Laboral. - Acta de la Junta Médico Laboral del 24 de noviembre de 2016, donde se concluye que (i) el accidente deja como secuela “fragmento metálico residual en tejidos blandos, disestesias y dolor en antebrazo derecho”; y que (ii) las lesiones generan una incapacidad permanente parcial y una PCL del 20,34%. En el mismo documento, se observa que el tutelante fue valorado por un ortopedista, nuevamente, el 22 de septiembre del mismo año. Asimismo, se lee “terapia física”, en la sección de tratamientos.

• Constancia de notificación personal de la referida acta al señor Jean Carlos Díaz Bertel, del 25 de noviembre de 2016. - Constancias del trámite conciliatorio extrajudicial, adelantado por Jean Carlos Díaz Bertel, Hanuar de Jesús Díaz Monterroza y Carmen Alicia Bertel

Martínez.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. Competencia La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 86 y el numeral 9º del 9 artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico 2.1. De manera preliminar, conviene aclarar que, a pesar de que en la presente causa fueron demandados el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Sala circunscribirá su pronunciamiento al auto dictado por la segunda de las autoridades, en el cual se confirmó la decisión de rechazo de la demanda emitida en primera instancia. Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de la última providencia dictada en el asunto objeto de revisión vía constitucional y, en consecuencia, bajo los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad que subyacen a la acción de tutela, podría lesionar, en la actualidad, los derechos fundamentales de los peticionarios. 2.2. Aclarado lo anterior, la Corte debe determinar si se acreditan las causales

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En caso favorable, le compete definir si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoció el alcance del literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA y los parámetros fijados por el Consejo de Estado y por la jurisprudencia constitucional, frente al cómputo de la caducidad del medio de control de reparación directa, y si, por tanto, se configura alguno de los defectos alegados por los actores. 2.3. Con el fin de resolver la problemática planteada, esta Sala de Revisión reiterará la jurisprudencia en torno a (i) las causales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En caso de encontrarlas acreditadas, abordará aquella relacionada con (ii) el defecto fáctico, (iii) el defecto sustantivo, (iv) el desconocimiento del precedente y (v) la violación directa de la Carta Política. En seguida, revisará la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre (vi) la caducidad del medio de control de reparación directa para, finalmente, (vii) decidir el caso concreto.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Reiteración de jurisprudencia 3.1.1. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario de defensa judicial, cuya finalidad es la protección de los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular, en los casos previstos en

la Constitución y en la ley. Tal como se estableció en la Sentencia C-543 de 199232, por regla general, la acción de tutela es improcedente cuando se pretende cuestionar providencias 32 M.P. José Gregorio Hernández Galindo 10 judiciales, en respeto de los principios constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial y de la garantía procesal de la cosa juzgada33. 3.1.2. Sin embargo, en dicha oportunidad, también se estableció que, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, “no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales”34. En este sentido, si bien se entendió que en principio la acción de amparo no procede contra providencias judiciales, excepcionalmente es viable su uso como mecanismo subsidiario de defensa judicial, cuando de la actuación judicial se produzca la violación o amenaza de un derecho fundamental. Se trata entonces de un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre en graves falencias de relevancia constitucional, que la tornan incompatible con los mandatos del Texto Superior. Por esta razón, la acción de tutela contra providencias judiciales es concebida como un “juicio de validez”35, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho que dieron origen

a un litigio, más aún cuando las partes cuentan con los recursos judiciales, tanto ordinarios como extraordinarios, para controvertir las decisiones que estimen arbitrarias o que sean incompatibles con la Carta. No obstante, pueden subsistir casos en que agotados dichos recursos, persiste la arbitrariedad judicial, hipótesis en la cual, como ya se dijo, se habilita el uso del amparo tutelar. 3.1.3. En desarrollo de lo expuesto, la Sala Plena de esta Corporación en la Sentencia C-590 de 200536 estableció un conjunto sistematizado de requisitos de naturaleza sustancial y procedimental, que deben ser acreditados en cada caso concreto, como presupuestos ineludibles para la protección de los derechos afectados por una providencia judicial. Dichos requisitos fueron 33 En aquella oportunidad, se advirtió que: “[l]a acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitució