CC - T363-2019

Sentencia T-363/19

VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Procedencia de tutela por ser sujetos de especial protección constitucional INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Límite temporal para realizar la declaración como víctima La existencia de un plazo para realizar la declaración como víctima ante el Ministerio Público cumple una importante función para la materialización de los derechos a la ayuda humanitaria y a la reparación de las víctimas, pues permite al Estado prever un número total de beneficiarios de las medidas contempladas por la Ley 1448 de 2011 y determinar el presupuesto necesario para garantizar su efectivo cumplimiento. APLICACION DEL CONCEPTO DE VICTIMA DEL CONFLICTO ESTABLECIDO EN LA LEY 1448 DE 2011-Reglas jurisprudenciales CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADOAccionante fue inscrita en el RUV

Referencia: Expediente T-7.192.978

Acción de tutela presentada por Leidy Carolina Daza Rivera contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas -UARIV-.

Procedencia: Tribunal Administrativo del Cauca Asunto: Carencia actual de objeto por hecho superado, debido a la revocatoria directa del acto administrativo que negó inclusión en el Registro Único de Víctimas

-RUV-.

Magistrada sustanciadora:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil diecinueve (2019). La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y las Magistradas Cristina Pardo

Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales profiere la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo de segunda instancia dictado el 27 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Cauca, que revocó la sentencia de primera instancia que profirió el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán el 22 de octubre de 2018, mediante la cual se declaró improcedente el amparo; dentro de la acción de tutela promovida por Leidy Carolina Daza Rivera contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas - en adelante UARIV-. El asunto llegó a esta Corporación por remisión que hizo el Tribunal Administrativo del Cauca, en virtud de lo ordenado por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. El 10 de abril de 2019, la Sala número cuatro de Selección de Tutelas de esta Corporación lo escogió para revisión.

I. ANTECEDENTES El 8 de octubre de 2018, la señora Leidy Carolina Daza Rivera, obrando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la UARIV, por considerar que la entidad accionada vulneró sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso y a la igualdad. Lo anterior, con fundamento en los

siguientes:

A. Hechos

1. Relata la accionante, de 37 años de edad, que su padre trabajaba con medicina natural en la vereda Los Árboles, del municipio de La Sierra, Departamento del

Cauca.

2. Afirma que su progenitor recibió amenazas contra su vida y que, en 2002

“fue encontrado un cuerpo a orillas del río San Pedro en la Sierra y como no sabían de quién se trataba por el estado de descomposición, lo sepultaron como NN. Sin embargo, se empezó con la averiguación para poder esclarecer si se trataba de mi señor padre Jairo Daza, y se pidió la exhumación del cuerpo, quedando a cargo de la Fiscalía General de la Nación Cuerpo Técnico de Investigación Unidad de Timbío.”1 Asimismo, indicó que “luego de una espera de 16 años insistiendo repetidamente mediante derecho de petición a la Fiscalía, esta informó que el 1 Folio 2 del Cuaderno Nº 1 2 cuerpo del occiso que fue encontrado en el año 2002 sí correspondía al señor JAIRO DAZA”2. En consecuencia, afirmó que sólo hasta 2015 la Fiscalía General de la Nación envió a la Registraduría Municipal del Estado Civil de La Sierra (Cauca) un oficio para que se inscribiera el fallecimiento de Jairo Orlando Daza Caicedo3.

3. En razón de lo anterior, la peticionaria acudió ante la Procuraduría Provincial de Popayán y el 31 de marzo de 2016 rindió declaración, con el fin de obtener su inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV), por el hecho victimizante del homicidio de su padre. Dicha solicitud fue remitida a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas.

4. Mediante Resolución Nº 2016-115804 del 27 de junio de 2016, la UARIV

negó la inclusión de la accionante en el RUV. Dicha decisión se fundamentó en que la solicitud de registro se presentó por fuera de los términos establecidos en los artículos 61 y 155 de la Ley 1448 de 2011 y, a su vez, no se advirtieron causas exógenas que constituyeran fuerza mayor e impidieran llevar a cabo la solicitud en tiempo.

5. Inconforme con la anterior determinación, la accionante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación. El 9 de noviembre de 2016, la UARIV resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 27 de junio de 2016 y decidió confirmar el aludido acto administrativo. En criterio de la entidad, no se presentó ninguna causal para indicar que la declaración extemporánea ocurriera por circunstancias externas, como la del caso fortuito o la fuerza mayor. La UARIV desató el recurso de apelación el 9 de febrero de 2018 y confirmó el acto administrativo recurrido.

6. Con fundamento en los hechos anteriormente expuestos, la señora Leidy Carolina Daza Rivera interpuso acción de tutela en contra de la UARIV por considerar que la negativa de esta entidad a inscribirla en el RUV vulnera sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso y a la igualdad.

Por lo tanto, solicita que (i) se deje sin efectos la Resolución del 27 junio de 2016, mediante la cual la UARIV le negó la inclusión en el RUV, (ii) se le incluya junto con su grupo familiar en el RUV, (iii) se reconozca el hecho

victimizante del homicidio de su padre, y (iv) se realice la respectiva reparación individual administrativa.

II. ACTUACIÓN PROCESAL 2 Ibídem. 3 A folio 25 del Cuaderno Nº 1, se observa una comunicación de 1º de octubre de 2015, mediante la cual la Fiscalía de Popayán le informa a la señora Leidy Carolina Daza Rivera que “envió a la Registraduría de la Sierra Cauca oficio para que se inscribiera la muerte del señor Jairo Orlando Daza Caicedo.”

3 Mediante auto del 9 de octubre de 2018, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán admitió la acción de tutela y corrió traslado a la UARIV para que se pronunciara sobre los hechos objeto de controversia4.

A. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas -UARIVLa UARIV señaló que la tutela resultaba improcedente para controvertir el acto administrativo que negó la inscripción de la peticionaria en el RUV. Al respecto, precisó que la solicitante puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para debatir las violaciones de derechos fundamentales que alega, habida cuenta del carácter subsidiario del amparo5.

B. Sentencia de primera instancia6

Mediante sentencia del 22 de octubre de 2018, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán declaró improcedente la acción de tutela formulada por la accionante. Consideró que la UARIV actuó con base en el marco normativo que se le confiere, particularmente de conformidad con lo

dispuesto en la Ley 1448 de 2011. Por ende, estimó que la accionante debe acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que, por medio de las vías ordinarias, logre dirimir la controversia suscitada en torno a su inclusión en el RUV. La accionante impugnó el fallo, sin exponer argumento alguno.

C. Sentencia de segunda instancia7

El Tribunal Administrativo del Cauca, a través de fallo del 27 de noviembre de 2018, revocó el fallo de primera instancia y negó las pretensiones. Para fundamentar su decisión, precisó que no se logró determinar circunstancia alguna que permitiera establecer la configuración de un hecho constitutivo de fuerza mayor que le impidiera a la accionante realizar el trámite correspondiente. El ad quem indicó que de los documentos aportados al trámite constitucional no se observó “ningún medio de prueba que diera cuenta, de manera verídica, de la fecha en que la autoridad investigativa hubiere podido llevar a cabo la identificación de la víctima, ni tampoco que este hecho se hubiere constituido en un caso de fuerza mayor para no haber acudido ante la autoridad, dentro del término legal, a rendir su declaración” 8.

D. Actuaciones en sede de revisión 4 Folio 31 ibídem. 5 La contestación de la UARIV, fechada el 12 de octubre de 2018, figura a folios 35-37 del Cuaderno Nº 1. 6 Folios 50-53 ibídem. 7 Folios 68-72 ibídem. 8 Folio 71 del Cuaderno Nº 1

4 Mediante Auto proferido el 17 de junio de 2019, la suscrita Magistrada

sustanciadora consideró necesario decretar pruebas con el fin de contar con mayores elementos de juicio para definir diferentes aspectos del caso bajo examen, en particular las circunstancias fácticas relacionadas con la vulneración de los derechos fundamentales denunciada9. Entre las pruebas aportadas al trámite de revisión10, la Sala destaca el oficio del 27 de junio de 2019 enviado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la UARIV. En dicho documento, la entidad informó que, tras haber efectuado, de oficio, una revisión de los actos administrativos cuestionados por la actora, encontró errores en su fundamentación, por lo que a través de la Resolución Nº 201903996 del 27 de junio de 201911 se procedió a su revocatoria y, en consecuencia, luego del estudio de rigor, se decidió remitir el caso de la accionante a la Dirección de Registro y Gestión de la Información, para que llevara a cabo la valoración del hecho victimizante por el homicidio de su padre. Lo anterior, con el fin de determinar si los hechos que ella narró tienen una relación cercana y suficiente con el hecho concreto de violencia. En particular, la UARIV indicó lo siguiente: “El concepto de fuerza mayor debe aplicarse desde una perspectiva integral, estructural y contextual con los hechos que rodearon la declaración, se encuentra que al realizar una revisión del certificado de defunción que aportó la accionante, se evidencia que la muerte del señor Daza se certificó el 22 de septiembre de 2015, por lo cual desde esa fecha debe aplicarse el término para rendir la declaración, por tanto sí existen elementos para concluir que se presentó un caso de fuerza mayor.

En el marco de la Ley de Víctimas, las causales de fuerza mayor en el proceso de valoración deben ser interpretadas a la luz de los principios constitucionales de dignidad, buena fe, confianza legítima, prevalencia del derecho sustancial y pro homine, así como también deben ser extensivas a todas las víctimas del conflicto armado interno sin distinción del hecho victimizante declarado. En desarrollo de lo anterior, además de analizar las circunstancias de fuerza mayor que imposibilitaron a la víctima rendir su declaración en el término establecido por la ley, es imprescindible apreciar todas las circunstancias que rodearon la ocurrencia de los hechos narrados, así como los motivos 9 Consultar folios 28-30, Cuaderno Corte. En el referido Auto se ofició a la señora Leidy Carolina Daza Rivera, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas, a la Procuraduría Provincial de Popayán y a la Fiscalía General de la Nación -Seccional Popayán-, con el fin de contar con mayores elementos de juicio para resolver el asunto de la referencia. 10 La Fiscalía General de la Nación -Seccional Popayány la Procuraduría Provincial de Popayán no se pronunciaron respecto del requerimiento realizado por esta Corporación. Por su parte, mediante oficio de 2 de julio de 2018, la Secretaría General de esta Corporación remitió al Despacho la respuesta brindada por la señora Leidy Carolina Daza Rivera. 11 Folios 45-48, Cuaderno Corte. 5 que exponen las víctimas para justificar su retraso en la presentación de la

declaración.” 12

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Competencia

1. La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

Asunto objeto de análisis

2. De acuerdo con los hechos expuestos, la Sala Sexta de Revisión debe determinar si la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas -UARIVvulneró los derechos fundamentales a la la dignidad humana, al debido proceso y a la igualdad invocados por la señora Leidy Carolina Daza Rivera al negarse a incluirla en el Registro Único de Víctimas, bajo el argumento de extemporaneidad en la presentación de la solicitud.

De manera previa a resolver el interrogante planteado, en el caso bajo estudio es necesario verificar si se presenta la carencia actual de objeto, por hecho superado, con ocasión a la información allegada a esta Corporación donde consta que la UARIV accedió a reconocer que existió un asunto de fuerza mayor que le impidió a la solicitante declarar en el tiempo establecido y procedió a estudiar de fondo la solicitud de inclusión en el RUV.

3. Entonces, para resolver el problema jurídico planteado resulta necesario abordar los siguientes temas: (i) la procedencia de la acción de tutela; (ii) el estudio de la carencia actual de objeto por hecho superado; y finalmente, (iii) el análisis del caso concreto.

Examen de procedencia general de la tutela - Legitimación activa

4. Conforme al artículo 86 de la Carta Política, toda persona podrá presentar acción de tutela ante los jueces para procurar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular.

12 Folios 49-52, Cuaderno Corte. 6 Por su parte, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, regula la legitimación para el ejercicio de la acción de tutela. La norma en cita establece que la solicitud de amparo puede ser presentada: (i) a nombre propio; (ii) a través de representante legal; (iii) por medio de apoderado judicial; o (iv) mediante agente oficioso. En el caso objeto de estudio, se encuentra acreditado que la señora Leidy Carolina Daza Rivera tiene legitimación por activa para formular la acción de tutela de la referencia, en la medida en que es titular de los derechos constitucionales fundamentales cuya defensa inmediata invoca. -Legitimación pasiva

5. La legitimación en la causa por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal de quien es el destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en el evento en que se acredite la misma en el proceso13. Según el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública y, excepcionalmente, contra particulares.

En el expediente de la referencia, la acción de tutela se dirige en contra de la

Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las VíctimasUARIV-. Se trata de una entidad pública de origen legal14 que tiene capacidad para ser parte, por lo que se encuentra legitimada en la causa por pasiva para actuar en este proceso según los artículos 86 Superior y el 5º del Decreto 2591 de 199115. -Inmediatez

6. La procedibilidad de la tutela está, igualmente, supeditada al cumplimiento del requisito de inmediatez. Éste exige que la acción sea interpuesta de manera oportuna en relación con el acto que generó la presunta vulneración de los derechos fundamentales. La inmediatez encuentra su razón de ser en la tensión existente entre el derecho constitucional a ejercer este mecanismo “en todo momento” y el deber de respetar la configuración de la acción como un medio de protección “inmediata” de las garantías fundamentales. Es decir, debe existir necesariamente una correspondencia entre la naturaleza expedita de la tutela y su interposición oportuna. 13 Sentencia. T-373 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 14 Ley 1448 de 2011. Artículo 166. De la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas. Créase la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas como una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica y autonomía administrativa y patrimonial, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 15 Decreto 2591 de 1991. Artículo 5. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los

derechos de que trata el artículo 2º de esta ley. 7 En el asunto de la referencia, el requisito de inmediatez se encuentra verificado toda vez que entre la fecha en que la UARIV notificó lo resuelto a través del recurso de apelación (17 de septiembre de 2018) y el momento en el cual se interpuso la acción de tutela (8 de octubre de 2018), transcurrió menos de un mes. -Subsidiariedad

7. El principio de subsidiariedad, conforme al artículo 86 de la Constitución, implica que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de protección.

Esta Corporación ha señalado que el ordenamiento jurídico dispone de una serie de recursos y procesos que tienen como propósito la protección de los derechos de las personas. En este orden de ideas, desconocer el carácter subsidiario de la acción de tutela vaciaría de contenido los otros mecanismos de defensa judicial que han sido previstos en las normas constitucionales y legales para proteger los derechos invocados. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones

paralelas a las del funcionario que debe conocer dentro del marco estructural de la administración de justicia, de un determinado asunto radicado bajo su competencia16. De acuerdo con la norma constitucional citada, es procedente el amparo cuando el actor no cuenta con un mecanismo ordinario de protección No obstante, como ha sido reiterado por la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de subsidiariedad que rige la acción de tutela debe analizarse en cada caso concreto. Por ende, en aquellos eventos en que existan otros medios de defensa judicial, este Tribunal Constitucional ha determinado que existen dos excepciones que justifican su procedibilidad17: (i) Cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no es idóneo ni eficaz conforme a las especiales 16 Sentencia T-373 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 17 Sentencia T-662 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 8 circunstancias del caso que se estudia, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) Cuando, a pesar de existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio. Adicionalmente, cuando la acción de tutela es promovida por personas que requieren especial protección constitucional, como niños, niñas y adolescentes, personas cabeza de familia, en situación de discapacidad, de la tercera edad o víctimas del conflicto, entre otros, el examen de procedencia de la acción de tutela se hace menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero

no menos rigurosos. Las anteriores reglas implican que, de verificarse la existencia de otros medios judiciales, siempre se debe realizar una evaluación de la idoneidad del mecanismo en el caso concreto, para determinar si dicho medio tiene la capacidad de restablecer de forma efectiva e integral los derechos invocados. Este análisis debe ser sustancial y no simplemente formal y debe tener en cuenta que el juez de tutela no puede suplantar al juez ordinario. Por tanto, en caso de evidenciar la falta de idoneidad del otro mecanismo, la acción puede proceder de forma definitiva. La Sala estima que, en el caso analizado, se cumple con el requisito de subsidiariedad. En primer lugar, a pesar de que es cierto que la accionante, en principio, dispone del mecanismo previsto por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, esto es, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, también es cierto que dicho medio judicial carece de la suficiente idoneidad para la protección de los derechos fundamentales reclamados por la actora. Al respecto, es pertinente señalar que en consideración a la vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado18, esta Corporación ha advertido, en numerosas ocasiones, que la acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo para garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales. Este razonamiento se justifica en que, por una parte, pese a la existencia de otros medios de defensa judicial, los mismos carecen de la entidad suficiente para dar una respuesta completa, integral y oportuna respecto de las víctimas; por la otra, debido a su condición

de sujetos de especial protección, resultaría desproporcionado imponerles la carga de agotar los recursos ordinarios para garantizar la procedencia del medio 18 “Desde la sentencia T-025 de 2004, la Corte ha sostenido reiteradamente que las personas en situación de desplazamiento, y en general todas las víctimas del conflicto armado, son sujetos de especial protección constitucional. La violación constante de sus derechos lleva a que estas personas se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, por lo que requieren de la asistencia del Estado en su conjunto. Esa ayuda debe estar encaminada no sólo al apoyo necesario para garantizar la subsistencia de las víctimas, sino también a la estructuración de proyectos que promuevan el desarrollo de esas personas en la sociedad, del mismo modo se debe buscar garantizar el derecho de retorno de la población en situación de desplazamiento en un ambiente de paz y seguridad” (Sentencia T-293 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado). 9 de defensa constitucional, no sólo por la urgencia con que se requiere la protección sino por la complejidad técnico jurídica que implica el acceso a la justicia contencioso administrativa. En el presente caso, la accionante cuestiona una actuación administrativa de la UARIV, la cual negó su inscripción en el RUV, y que luego de agotar los recursos de reposición y apelación conforme a lo previstos en la Ley 1448 de 2011, fue confirmada. Si bien existen recursos judiciales disponibles para cuestionar esta actuación, como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, a la que Leidy Carolina Daza Rivera no acudió, considera la Sala que

este recurso, a la luz de las circunstancias del caso estudiado, no resultaba eficaz. En este sentido, recuerda la Sala que en ocasiones anteriores, la Corte ha destacado que los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben presentarse mediante abogado, mientras que la acción de tutela no requiere apoderado judicial, lo cual a su vez marca una diferencia entre la idoneidad de las medidas cautelares en la jurisdicción contenciosa y la acción de tutela19. Así, resalta la Sala que la accionante actúa a nombre propio, sin asesoría legal, de lo cual es razonable asumir que la exigencia de contar con un abogado puede ser una exigencia desproporcionada. Además, debe tenerse en cuenta que, aunque la accionante no fue inscrita en el RUV, alega que ha sido víctima del conflicto armado interno, debido al homicidio de su padre. Al respecto, es preciso destacar que el carácter de sujetos de especial protección constitucional justifica que respecto de las víctimas del conflicto armado interno se adopten medidas que atiendan a sus condiciones de especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión y propendan, a través de un trato preferente, por materializar el goce efectivo de sus derechos fundamentales. En consecuencia, de conformidad con el análisis flexible del requisito de subsidiariedad que debe hacerse en estos casos, considera la Corte que en el presente caso dicho requisito se encuentra cumplido.

8. Verificado el cumplimiento de los requisitos para la procedencia de la tutela, la Sala debe analizar si en el presente caso se configura o no carencia actual de objeto por hecho superado.

Análisis de la carencia actual de objeto por hecho superado

9. La acción de tutela tiene como finalidad lograr la protección de los derechos fundamentales que están siendo amenazados o vulnerados por entes públicos o privados. No obstante, el juez constitucional ha reconocido que mientras se da trámite al amparo pueden surgir algunas circunstancias que lleven al juzgador a concluir que la amenaza o vulneración que motivó la presentación de la acción de tutela ha desaparecido20. 19 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-376 de 2016.

20 Sentencia T-290 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo. 10 En este supuesto, cualquier orden que el juez de tutela pueda dar respecto del caso se vuelve inocua y no surtirá ningún efecto debido a que no existe ninguna amenaza o perjuicio a evitar, situación que desvirtúa el objeto esencial para el que la acción de tutela fue creada21. Por ello, en esos casos, “el amparo constitucional pierde toda razón de ser como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, pues la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua, y por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción”22. Este fenómeno ha sido denominado carencia actual de objeto y se puede originar por diferentes motivos, a saber: (i) el hecho superado; (ii) el daño consumado y (iii) cualquier otra circunstancia que permita concluir que la orden del juez de tutela sobre la solicitud de amparo sería inútil23. Cuando se presenta alguna de estas hipótesis, el juez debe abstenerse de impartir

orden alguna y declarar la “carencia actual de objeto”. No obstante, de conformidad con el artículo 24 del Decreto 2591 de 199124, el juez de tutela podrá prevenir a la entidad accionada sobre la obligación de proteger el derecho en próximas ocasiones, pues el hecho superado implica aceptar que si bien dicha vulneración cesó durante el trámite de la acción de tutela, se transgredieron los derechos fundamentales del accionante.

10. De una parte, esta Corporación ha señalado que la carencia actual de objeto por hecho superado se presenta cuando desaparecen los actos que amenazan la vulneración de un derecho fundamental. En este sentido, la Sentencia T-096 de 2006 estableció: “Cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, el amparo constitucional pierde toda razón de ser como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, pues la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua, y por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción.”25

11. A su vez, la carencia actual de objeto también se puede presentar como daño consumado, el cual “supone que no se reparó la vulneración del derecho, sino por el contrario, a raíz de su falta de garantía se ha ocasionado el daño que se buscaba evitar con la orden del juez de tutela”26. En estos eventos, la Corte ha

21 Sentencia T-323 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 22 Sentencia T-096 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 23 Sentencia T-703 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

24 Artículo 24. Prevención a la autoridad. “Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto impugnado, o éste se hubiera consumado en forma que no sea posible restablecer al solicitante en el goce de su derecho conculcado, en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido”. 25 Sentencia T-096 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 26 Sentencia T-170 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 11 afirmado que es perentorio que el juez de tutela se pronuncie sobre la vulneración de los derechos invocados en el recurso de amparo pues, a diferencia del hecho superado, en estos casos la vulneración nunca cesó y ello llevó a la ocurrencia del daño27.

12. En adición a lo anterior, también existen casos en los que opera la carencia actual de objeto porque la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales cesó por cualquier otra causa, la cual no necesariamente debe estar enmarcada dentro de los dos supuestos antes mencionados anteriormente28. Así, cuando esto ocurre, la Corte ha dicho que“(…) no tendría sentido cualquier orden que pudiera proferir [la] Corte con el fin de amparar los derechos del accionante, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por sustracción de materia”29.

13. En particular, sobre la hipótesis de carencia actual de objeto por hecho superado, la Sentencia T-238 de 201730 determinó que