CC - T367-2020

Sentencia T-367/20

DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Caso en que se afecta en su componente de habitabilidad, al carecer la vivienda de la accionante del servicio público de energía eléctrica ACCION DE TUTELA Y ACCION POPULAR-Cuando se trata de proteger derechos fundamentales la acción de tutela desplaza la acción popular como medio eficaz de protección

ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DEL DERECHO

A LA VIVIENDA DIGNA-Procedencia

DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Alcance

ACCESO A LA ELECTRICIDAD-Dimensión social SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COMO CONDICION DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Condición de habitabilidad incluye disponibilidad de servicios e infraestructura adecuada (i) el derecho a la vivienda digna es un derecho fundamental que puede ser protegido mediante la acción de tutela. (ii) El acceso al servicio de energía eléctrica, en condiciones de seguridad, incide en el goce efectivo del derecho fundamental a la vivienda digna. (iii) La ausencia del servicio de energía eléctrica afecta, con mayor intensidad, a las poblaciones más vulnerables y agrava su situación. (iv) La garantía del servicio de energía eléctrica forma parte de la faceta prestacional del derecho a la vivienda digna, por lo tanto, su garantía es progresiva y está en cabeza de los entes administrativos definir las políticas públicas para garantizar su goce efectivo. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de atender prioritariamente a estas poblaciones y de procurar el disfrute pleno de su derecho a la vivienda digna, dirigiendo

esfuerzos para procurar el acceso a la energía eléctrica, en condiciones de seguridad. PRESTACION ADECUADA Y EFICIENTE DE SERVICIOS PUBLICOS-Fin social del Estado DERECHOS FUNDAMENTALES-Facetas prestacionales La jurisprudencia constitucional ha señalado que las facetas prestacionales de los derechos fundamentales suponen “el derecho constitucional a que exista un plan escrito, público, orientado a garantizar progresiva y sosteniblemente el goce efectivo del derecho, sin discriminación y con espacios de participación en sus diferentes etapas que, en efecto, se estén implementando”. SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA-Faceta prestacional del derecho fundamental a la vivienda digna a cargo del Estado en coordinación con las autoridades municipales La garantía del acceso al servicio de energía eléctrica forma parte de la faceta prestacional del derecho a la vivienda digna, lo que se traduce en la obligación, por parte del municipio, de contar con un plan escrito y público para garantizar, de manera progresiva y sin discriminación, el acceso a dicho servicio a todos los habitantes de su jurisdicción, en condiciones de seguridad. IMPUGNACION FALLO DE TUTELA-Legitimación IMPUGNACION POR PERSONERO MUNICIPAL-Procedencia Desde una perspectiva constitucional, los personeros municipales se encuentran facultados para impugnar fallos de tutela, en representación del accionante, aun cuando esta acción constitucional haya sido ejercida de manera directa por este último. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COMO CONDICION DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Orden a autoridades garantizar el suministro de energía eléctrica en condiciones de seguridad

en la casa de la accionante

Referencia: expediente T-7.119.719

Acción de tutela instaurada por Olga Lucía Fajardo López, en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad, contra el Municipio de Gámbita (Santander) y la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.

Magistrada ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020) La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares Cantillo, y la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente 2 SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo de primera instancia adoptado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Gámbita (Santander) el 10 de julio de 2018 y de la decisión del 2 de agosto de 2018 del Juzgado Primero Penal del Circuito de Socorro (Santander) de rechazar la impugnación presentada por el Personero Municipal de Gámbita, dentro del proceso de tutela promovido por Olga Lucía Fajardo López contra el Municipio de Gámbita (Santander) y la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.

I. ANTECEDENTES

1. El 22 de junio de 2018, la señora Olga Lucía Fajardo López, actuando en

nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad JSAF y DCAF, instauró acción de tutela contra el Municipio de Gámbita (Santander) y la empresa Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., para solicitar la protección de sus derechos fundamentales y los de sus hijos a la vida en condiciones dignas, a la vivienda digna, a la salud, a la igualdad, a la integridad física y al acceso a la energía eléctrica, por considerar que estas entidades vulneraban sus derechos al no garantizar el servicio de energía eléctrica en su vivienda.1

1. Hechos relevantes y fundamentos de la solicitud de amparo

2. La señora Olga Lucía Fajardo López reside, junto con su esposo y sus dos hijos de 7 y 8 años, en el predio San Isidro en la vereda El Tablón, ubicada en el área rural del municipio de Gámbita (Santander). En la actualidad, su vivienda carece del servicio de energía eléctrica y, según afirma, esto afecta gravemente sus condiciones de vida y las de sus hijos. Además, señala que su familia no tiene suficientes recursos económicos para mudarse a una vivienda que sí cuente con todos los servicios públicos domiciliarios.2

3. Respecto de sus hijos, menciona que “al versen (SIC) obligados a cumplir con sus actividades escolares, deben realizar tareas a la luz de una vela, actividad que debido a las condiciones en que se desarrollan (SIC), conlleva a la pérdida de la vista; y por otra parte versen (SIC) expuestos a intoxicaciones o adquirir enfermedades debido al consumo de alimentos sin su debido manejo de conservación y refrigeración. Situación que silenciosamente está atentando

contra la salud de toda la familia.”3 1 Acción de tutela. Cuaderno principal. Folios 1 al 9. 2 De acuerdo con la accionante, ella se dedica a las labores de su hogar y su esposo “desempeña actividades de construcción o jornal, lo cual le genera unos ingresos por valor aproximado de $32.000 MCTE; remuneración diaria y a todo costo” (Acción de tutela. Cuaderno principal. Folio 1). Adicionalmente, la Magistrada sustanciadora consultó la Base Certificada Nacional del Sisbén y encontró que, de acuerdo con la última actualización de la información registrada en esta base de datos el 24 de enero de 2018, la accionante tiene un puntaje Sisbén de 17.45 y su vivienda se encuentra ubicada en el área rural dispersa del Municipio de Gámbita (consulta efectuada el 19 de febrero de 2019). 3 Acción de tutela. Cuaderno principal. Folio 1. 3

4. Por lo anterior, desde el 2017, ha elevado distintas peticiones orales y escritas a la Alcaldía Municipal de Gámbita,4 con el fin de “ser tenidos en cuenta en la inclusión de los programas de mejoramiento de vivienda y electrificación rural”.5 En concreto, obra en el expediente copia de la petición presentada el 6 de octubre del mismo año, en la que el señor William Agudelo Molina, cónyuge de la accionante, pidió al ente municipal, la realización de “todas las gestiones locales pertinente[s] para que me sea otorgado los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, agua potable y saneamiento

básico que tenemos derecho como ciudadanos, tal como lo indica la Constitución y la Ley.”6

5. En respuesta a dicha petición, la Alcaldía le advirtió que: “[…] el deber ser de usted antes de construir dicha vivienda, era acercarse a la Secretaría de Planeación Municipal a solicitar la respectiva Licencia de Construcción – Obra nueva. Situación que no se ha realizado por parte de usted a la fecha. En dicha Licencia de Construcción, uno de los requisitos es la obtención previa de la ‘disponibilidad de servicios públicos domiciliarios.’ Se le recuerda una vez más, el principio de la autoprotección y de la autoconservación según los cuales ‘toda persona natural o jurídica, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para una adecuada gestión del riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras a salvaguardarse, que es condición necesaria para el ejercicio de la solidaridad social.”7

6. En todo caso, le indicó que “el Municipio de Gámbita está dispuesto a brindarle la asesoría y orientación necesaria para guiarlo en las diferentes Entidades donde puede solicitar los servicios de Energía (Electrificadora de Santander o Boyacá), Agua (Junta de Acueducto veredal) y saneamiento básico (sistema de tratamiento de aguas residuales “pozo séptico”)”.8 Por último, le informó que su vivienda fue incluida en el listado de posibles beneficiarios del proyecto denominado “puntas y colas”, que ejecutaría la 4 Ver la petición elevada el 6 de octubre de 2017 por el señor William Agudelo Molina, esposo de la accionante, ante el Alcalde Municipal de Gámbita, Edilson Salamanca Callejas. En este escrito, el

señor Agudelo solicita a la administración municipal que realice las gestiones pertinentes para que su vivienda cuente con servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, agua potable y saneamiento básico. Además, expresa “[l]amentablemente no [he] encontrado ninguna ayuda por parte de la Alcaldía Municipal de Gámbita a sabiencias (SIC) de las necesidades que paso, es de resaltar que en múltiples oportunidades he venido solicitando que me incluyan en los programas de mejoramiento de vivienda y electrificación, pero hasta el momento no he tenido una respuesta positiva” (Cuaderno principal. Folios 19 al 22). 5 Acción de tutela. Cuaderno principal. Folio 1. 6 Petición del 6 de octubre de 2017 del señor William Agudelo Molina dirigida a la Alcaldía Municipal de Gambita. Cuaderno principal. Folio 22. 7 Respuesta del 27 de octubre de 2017 de la Alcaldía Municipal de Gámbita a la petición presentada el 6 de octubre de 2017 por el señor William Agudelo Molina, esposo de la señora Olga Lucía Fajardo López. Cuaderno principal. Folio 23. 8 Respuesta del 27 de octubre de 2017 de la Alcaldía Municipal de Gámbita a la petición presentada el 6 de octubre de 2017 por el señor William Agudelo Molina, esposo de la señora Olga Lucía Fajardo López. Cuaderno principal. Folio 23. 4 Electrificadora de Santander en cofinanciación con la Gobernación de ese Departamento.

7. En consecuencia, la accionante solicitó al juez constitucional ordenar a la

administración municipal de Gámbita que realice todos los trámites administrativos que sean necesarios para garantizar su derecho y el de sus hijos a vivir en condiciones dignas, en una vivienda que cuente con el servicio de energía eléctrica. En este sentido, también le requirió: (i) ordenar a la Alcaldía Municipal de Gámbita que en un término razonable gestione ante la Empresa de Energía de Santander o de Boyacá la prestación de dicho servicio en su hogar. (ii) Ordenar a la referida Alcaldía que en un término razonable realice las actuaciones jurídicas, administrativas y presupuestales pertinentes para la ejecución de un proyecto de electrificación rural que garantice el servicio de energía eléctrica en su vivienda. Y (iii) conminar al Municipio de Gámbita y a la Empresa de Energía para que tramiten e inicien la ejecución de proyectos de electrificación rural que incluyan el predio en el que se encuentra su casa.

2. Trámite de primera instancia y respuesta de los accionados

8. El 25 de junio de 2018, el Juzgado Promiscuo Municipal de Gámbita admitió la acción de tutela y ordenó vincular al proceso a la Personería Municipal de Gámbita y al Departamento de Santander para que, en el ámbito de sus competencias, se pronunciaran sobre los hechos objeto de tutela.9

9. Alcaldía Municipal de Gámbita. El 28 de junio de 2018, el señor Edilson Salamanca Callejas, Alcalde Municipal de Gámbita, dio respuesta a la acción de tutela de la referencia.10 En primer lugar, señaló que, dado que el esposo de la accionante tiene trabajo, no es posible concluir que la familia se encuentra

en un estado de indefensión. Para el Alcalde, “ser labriego o agricultor en este país es un trabajo humilde y digno, pero para nada supone un estado de indefensión sino todo lo contrario, una capacidad de valerse por sus propios medios”. Afirmó que la vivienda de la señora Olga Lucía Fajardo López es “pirata” y no cuenta con las licencias y permisos de construcción requeridos para cumplir con la normativa ambiental, sanitaria, de seguridad y de desarrollo territorial. Al respecto, mencionó que no es posible llevar los servicios públicos a cualquier lugar del territorio “donde caprichosamente se desee construir una vivienda” y que era responsabilidad de la señora Fajardo y de su esposo adelantar las gestiones para construir su casa de manera legal y comprar un punto de energía eléctrica. Y agregó: “Quien puede lo más, puede lo menos. ¿Si tuvo para la casa, como es que no tiene para los servicios?”.

10. Además, expresó que la Alcaldía Municipal de Gámbita le ha informado a la accionante que está incluida en “un programa de puntas y colas de electrificación” y aclaró que esto no corresponde a una obligación del Municipio sino a un beneficio que canaliza con los demás entes del Estado. 9 Cuaderno principal. Folio 24. 10 Cuaderno principal. Folios 36 al 39.

5 Por último, solicitó al juez constitucional declarar la improcedencia de la acción de tutela. Consideró que la accionante debía gestionar con la Empresa Electrificadora la compra de un punto de energía y pagar por el servicio y que, solo si dicho servicio le es negado, procedería la acción de tutela y únicamente

ante dicha Entidad prestadora del servicio.

11. Personería Municipal de Gámbita. El 28 de junio de 2018, Juan Camilo Hernández Sánchez, Personero Municipal de Gámbita, explicó que la Personería Municipal asesoró a la accionante y, a partir de la información que suministrada, la Entidad redactó la acción de tutela para que ella la presentara.

Por consiguiente, consideró que no sería objetivo ni ético pronunciarse sobre la acción de tutela instaurada por la señora Olga Lucía Fajardo López.11

12. Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. En escrito del 3 de julio de 2018, Claudia Johanna Olarte Zambrano, apoderada judicial de la empresa Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la señora Olga Lucía Fajardo López.12

Señaló que la Empresa no ha negado el acceso a la conexión de la accionante, pues ella no ha presentado ninguna solicitud de servicio. Indicó que, en caso de solicitar dicho servicio, a ella le correspondería asumir el costo de las obras de infraestructura eléctrica, como la instalación de los medidores de energía y la adecuación de acometidas. Por último, expresó que, como la señora Fajardo manifiesta que no cuenta con los recursos económicos para realizar dichos trámites, le corresponde al Estado asegurar la prestación del servicio de energía para la accionante y su núcleo familiar, de conformidad con el artículo 365 de la Constitución Política y los artículos 3º, 4º y 6º de la Ley 143 de

1994. En este sentido, resaltó que la Gobernación de Santander cuenta con un

impuesto cuyo fin exclusivo es invertir en la definición de proyectos de electrificación (“estampilla pro-electrificación rural”) y que el Ministerio de Minas y Energía tiene el Fondo de Apoyo para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER.

13. La Gobernación del Departamento de Santander guardó silencio sobre los hechos y pretensiones objeto de la acción de tutela presentada por la señora

Olga Lucía Fajardo López.

3. Decisiones objeto de revisión

14. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo Municipal de Gámbita.13 El 10 de julio de 2018, el Juzgado Promiscuo Municipal de Gámbita declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Fajardo López. Este Juzgado hizo referencia a la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la vivienda digna y, en particular, sobre la procedencia de 11 Cuaderno principal. Folios 40 y 41. 12 Cuaderno principal. Folios 42 al 46. 13 Cuaderno principal. Folios 49 al 56. 6 las acciones de tutela que pretenden el acceso al servicio de energía eléctrica.14

Con fundamento en ello, mencionó que el acceso a la electricidad no es un derecho fundamental autónomo y que la acción de tutela procede para proteger el derecho fundamental a la vivienda digna, cuando con la ausencia del servicio de energía eléctrica este derecho fundamental u otros se ven amenazados.

15. Advirtió en su respuesta, que para el Municipio de Gámbita la familia de la accionante ya hace parte del listado de posibles beneficiarios del proyecto de electrificación “puntas y colas”. En criterio de esta autoridad judicial, esto

“representa que el municipio ha reconocido su necesidad [la de la señora Fajardo López y de su familia] de electrificación rural”.15 Asimismo, resaltó que la accionante no ha presentado solicitud alguna a la empresa Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. y que, en todo caso, ella puede recurrir, con la intermediación del Municipio de Gámbita y de esta Empresa, a los fondos creados por el Estado para subsidiar las obras de electrificación rural de su vivienda.

16. En consecuencia, consideró que ni la señora Olga Lucía Fajardo López ni sus hijos menores de edad se encontraban en una situación de inminente riesgo que amenazara sus derechos fundamentales. Finalmente, explicó que la carencia de electricidad en su vivienda no los afecta gravemente, pues no son personas que se encuentren en una condición de vulnerabilidad manifiesta, ni están inmersas en una grave enfermedad que amerite el servicio de energía eléctrica para mantener condiciones dignas de salud y vida.

17. Impugnación de la sentencia de primera instancia.16 El 16 de julio de 2018, Juan Camilo Hernández Sánchez, Personero Municipal de Gámbita, presentó escrito de impugnación contra el fallo de Juzgado Promiscuo Municipal de Gámbita, “bajo el amparo que otorga el artículo 118 de la C.P.; como agente del Ministerio Público, en cumplimiento de la guarda y promoción de los derechos humanos [y] la protección del interés público.”17

18. En primer lugar, sostuvo que en las sentencias T-270 de 2007,18 T-761 de 2015,19 y T-189 de 2016,20 citadas en la parte considerativa del fallo del

Juzgado Promiscuo Municipal de Gámbita, la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de los accionantes y dictó una serie de órdenes encaminadas a que se garantizara el acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. Por tanto, afirmó que la decisión del referido juzgado no era coherente con los precedentes citados. A continuación, señaló que de las pruebas que obran en el expediente no es posible concluir que la vivienda de 14 El Juzgado Promiscuo Municipal de Gámbita hizo referencia a las sentencias T-270 de 2007 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-761 de 2015 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-189 de 2016 (M.P. María Victoria Calle Correa, AV. Alejandro Linares Cantillo). 15 Cuaderno principal. Folio 55. 16 Cuaderno principal. Folios 65 al 76. 17 Cuaderno principal. Folio 64. 18 M.P. Jaime Araujo Rentería 19 M.P. Alberto Rojas Ríos. 20 M.P. María Victoria Calle Correa. 7 la señora Olga Lucía Fajardo López puede ser objeto del proyecto de electrificación de “puntas y colas”. De acuerdo con el Personero Municipal, la vivienda de la accionante se encuentra a una distancia aproximada de 400 metros del transformador más cercano. Ahora bien, advirtió que, según la respuesta dada el 15 de diciembre de 2017 por la Secretaría de Planeación y Desarrollo de Gámbita a la petición presentada por el esposo de la accionante, el proyecto de “puntas y colas” está diseñado para suministrar un punto de energía a las viviendas que estén a menos de 150 metros del transformador

más cercano. En consecuencia, afirmó que una adecuada valoración probatoria conduciría a concluir que la familia de la accionante nunca podrá ser beneficiaria de estos proyectos de electrificación rural.

19. Adicionalmente, agregó que la accionante ha intentado por distintas vías acceder al servicio de energía eléctrica y no ha sido negligente en este esfuerzo. En este sentido, señaló que “al acudir a la empresa de energía de manera telefónica le han dado su viabilidad, no obstante al acudir a las oficinas locales de la empresa, ha obtenido respuestas en el sentido que esto es “imposible”, debido a la ubicación en la que se encuentra su vivienda”.21

Por lo anterior, concluyó que a la accionante y a sus hijos se les está negando el acceso real al servicio de energía eléctrica y que, con ello, el goce efectivo de sus derechos fundamentales se está viendo amenazado. En consecuencia, solicitó revocar la decisión del Juzgado Promiscuo Municipal de Gámbita y, en su lugar, ordenar al Municipio de Gámbita y la Electrificadora de Santander ESSA adoptar “las medidas adecuadas y necesarias para diseñar un plan específico que asegure el suministro de energía eléctrica en las condiciones de eficiencia, eficacia y seguridad que debe mantener este servicio.”22

20. Rechazo de la impugnación.23 El 2 de agosto de 2018, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Socorro decidió rechazar la impugnación presentada por el Personero Municipal de Gámbita, bajo el argumento de que este no tenía legitimación para actuar. Esta autoridad judicial anotó que la acción de tutela

fue interpuesta directamente por la señora Olga Lucía Fajardo López y que, por tanto, el Personero Municipal no se encontraba representando los intereses de la accionante. Adicionalmente, señaló que, de acuerdo con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, los fallos de tutela solo pueden ser impugnados por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente. En consecuencia, expresó que el Personero Municipal de Gámbita únicamente podría impugnar un fallo de tutela en los siguientes cuatro casos: “[…] si es él mismo la autoridad contra la cual se produjo; si se trata de un caso en que actúe como parte por haber ejercido la acción en desarrollo de la delegación del Defensor del Pueblo en nombre de una persona indefensa o por solicitud expresa; si el Defensor del Pueblo ha 21 Cuaderno principal. Folio 72. 22 Cuaderno principal. Folio 76. 23 Cuaderno principal. Folios 86 al 88. 8 delegado en su cabeza la facultad de intervenir en un proceso provocado por solicitud directa de aquél; o en caso de haber recibido delegación del Defensor para actuar en un proceso específico iniciado por el ejercicio que de la acción hubiese hecho quien se considere afectado o amenazado en sus derechos fundamentales.”24

21. Con fundamento en lo anterior y teniendo en cuenta que la acción de tutela fue presentada directamente por la señora Fajardo López y que no hay prueba de delegación alguna por parte del Defensor del Pueblo al Personero Municipal de Gámbita, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Socorro concluyó que el referido personero no tenía la categoría de sujeto procesal y que carecía de

legitimidad para impugnar la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Gámbita.

4. Selección del expediente para revisión de la Corte Constitucional

22. El 10 de octubre de 2018, el señor Juan Camilo Hernández Sánchez, Personero Municipal de Gámbita, solicitó a la Corte Constitucional seleccionar el presente caso para revisión.25 Sostuvo que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Socorro desconoció el artículo 118 de la Constitución Política, en la medida en que consideró que únicamente los defensores del pueblo pueden impugnar fallos de tutela, “olvidando que el ministerio público lo ejercen, además del Defensor del Pueblo, el Procurador General de la Nación y los Personeros Municipales.”.26 Adicionalmente, resaltó que, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, los personeros municipales pueden interponer acciones de tutela para lograr la protección de derechos fundamentales de otras personas y que, en consecuencia, en este caso, estaba legitimado para impugnar el fallo de tutela “ya que un ciudadano del sector rural no posee los conocimientos técnicos para ejercer su propia defensa.”27

23. Mediante Auto del 14 de diciembre de 2018, la Sala de Selección Número Doce, integrada por los Magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado y Luis Guillermo Guerrero Pérez, seleccionó el expediente para revisión de la Corte

Constitucional.28

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

1. Competencia

24. Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión, de

conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Además, procede la revisión en virtud de la selección realizada por las salas de 24 Cuaderno principal. Folio 87. 25 Cuaderno de revisión. Folios 3 al 5. 26 Cuaderno de revisión. Folio 4. 27 Ibídem. 28 Cuaderno de revisión. Folios 10 y siguientes. 9 selección de tutelas y del reparto verificado en la forma que el reglamento de esta Corporación establece.

2. La acción de tutela analizada procede

25. Adicionalmente, la acción de tutela presentada por la señora Olga Lucía Fajardo López, en nombre propio y en representación de sus dos hijos menores de edad, contra la Alcaldía Municipal de Gámbita y la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. es procedente para amparar su derecho fundamental a una vivienda digna, en la medida en que satisface los requisitos de legitimación, inmediatez y subsidiariedad.

26. Así, entonces, resulta relevante señalar como primera medida que la jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que el derecho a la vivienda digna es un derecho fundamental en sí mismo.29 En este sentido, ha establecido que el juez constitucional no puede desconocer la procedibilidad de la acción de tutela bajo el argumento de un supuesto carácter no fundamental de este derecho o recurriendo al criterio de conexidad con otros derechos fundamentales para negar su admisibilidad.30 En consecuencia, la acción de tutela procede para garantizar la protección de los derechos

fundamentales y, entre ellos, del derecho fundamental a la vivienda digna, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades o de particulares y no existan otros mecanismos judiciales de defensa, salvo la inminencia de un perjuicio irremediable. Con relación a este perjuicio, el mismo debe ser: (i) inminente o próximo a suceder; (ii) grave; (iii) requerir medidas urgentes para superar el daño o la inminencia del perjuicio; y finalmente, (iv) estas medidas de protección deben ser impostergables para evitar la consumación del daño.

27. En el caso objeto de estudio, la Sala verifica que la señora Olga Lucía Fajardo López podía instaurar la acción de tutela contra el Municipio de Gámbita y la empresa Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (legitimación). En efecto, en

29 Como se detalló en la Sentencia T-189 de 2016 (M.P. María Victoria Calle Correa, A.V. Alejandro Linares Cantillo), en un principio, la Corte Constitucional consideró que la protección del derecho a la vivienda por la vía de la acción de tutela era improcedente, pues estimó que, al igual que otros derechos sociales, económicos o culturales, este derecho no otorgaba a la persona un derecho subjetivo para exigir al Estado su satisfacción directa o inmediata. En ese entonces, la jurisprudencia constitucional lo calificaba como un derecho de carácter asistencial que, en consecuencia, debía ser desarrollado por el legislador. Esta primera posición fue sostenida, por ejemplo, en la Sentencia T-251 de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). Posteriormente, la Corte

moderó su posición y sostuvo que la acción de tutela podía ser procedente para proteger el derecho a la vivienda digna, pese a su carácter no fundamental, siempre y cuando existiera una relación de conexidad con otros derechos fundamentales (sentencias T-617 de 1995. M.P Alejandro Martínez Caballero; T-190 de 1999. M.P Fabio Morón Díaz; T-626 de 2000. M.P Álvaro Tafur Galvis; T1073 de 2001. M.P Clara Inés Vargas Hernández; T-756 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-363 de 2004. Clara Inés Vargas Hernández; T-544 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa; T-791 de

2004. M.P Jaime Araujo Rentería; T-894 de 2005. M.P Jaime Araujo Rentería). Actualmente, la Corte considera que el derecho a la vivienda digna es un derecho fundamental que puede ser amparado mediante acción de tutela. Esta postura ha sido acogida, entre otras, en las sentencias T530 de 2011. M.P. Humberto Sierra Porto; T-132 de 2015. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; y

T-186 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa. 30 Sentencia T-189 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa, A.V. Alejandro Linares Cantillo. 10 consonancia con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la accionante, como titular del derecho a la vivienda digna que considera vulnerado y como representante legal de sus hijos, presentó en nombre propio y de sus hijos la acción constitucional. Adicionalmente, la acción podía dirigirse contra el

Municipio de Gámbita y contra la empresa Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., porque el primero es una autoridad pública (artículo 13 del Decreto 2591 de 1991) y la segunda es un particular que presta el servicio público pretendido con el ejercicio de esta acción constitucional, se trata de una sociedad cuyo objeto social principal es la prestación de los servicios públicos de generación, distribución, transmisión y comercialización de energía eléctrica (numeral 3º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

28. Igualmente, se encuentra que la acción se presentó en un término razonable

(inmediatez). De acuerdo con la accionante, desde e