CC - T387-2020

NOTA DE RELATORIA: Mediante auto 344 del 28 de septiembre de 2020, el cual se anexa en la parte final, se corrige de oficio el numeral 7 de la parte resolutiva de la presente providencia, en el sentido de indicar que el juez de primera instancia a quien se devuelve el expediente es la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, y no la autoridad judicial que se indicó en dicho ítem.

Sentencia T-387/20

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN PROCESO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ENTRE JURISDICCIONES INDIGENA Y ORDINARIA-Caso en que autoridades indígenas no ofrecieron garantías reales para resolver el conflicto y proteger a las víctimas ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESRequisitos generales y especiales de procedibilidad PRINCIPIO DE DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURALReconocimiento constitucional/JURISDICCION INDIGENAReconocimiento constitucional/FUERO INDIGENA-Límites ELEMENTOS DE LA JURISDICCION INDIGENA-Territorial, personal, institucional y objetivo

JURISDICCION INDIGENA-Principios

ELEMENTO OBJETIVO Y APLICACION DEL FUERO INDIGENA El elemento objetivo no es decisivo, considerado de forma aislada, para establecer la competencia cuando el bien afectado puede considerarse un interés común tanto para el derecho mayoritario como para el derecho propio, “porque la pretendida exclusión de la jurisdicción indígena del conocimiento de casos que involucren bienes jurídicos “universales” podría acarrear restricciones excesivas a la autonomía indígena”. Por ello, este

Tribunal ha reconocido que las comunidades puedan investigar y resolver graves conductas punibles, por ejemplo, delitos sexuales contra menores de edad u homicidios. DISCRIMINACION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER La Corte Constitucional no ha sido indiferente a esta problemática, y a través de su jurisprudencia ha advertido sobre: (i) los patrones culturales y sociales que afectan especialmente a las mujeres en el marco del conflicto armado interno y que se perpetúan por parte de algunos funcionarios; (ii) la tardanza injustificada del ente acusador para tramitar las denuncias por violencia de género; (iii) la omisión de las autoridades responsables de tomar las medidas urgentes de protección, frente a situaciones graves e inminentes de riesgo para la mujer; (iv) los casos en los que el accionar del funcionario público se convierte en una nueva forma de violencia institucional que re-victimiza a la mujer. JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA-Factores que determinan la competencia “Cuando una conducta supera determinado umbral de gravedad social, lo relevante para determinar si el asunto puede ser conocido por la jurisdicción especial indígena es (i) que pueda establecerse de manera razonable que el ejercicio de la autonomía jurisdiccional no se traducirá en impunidad y (ii), que se verifique si el derecho propio prevé medidas de protección para la víctima.” JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA-Estructura del debido proceso y procedimiento para solución de conflictos El resguardo indígena prevé procedimientos de juzgamiento, sanción al responsable y un ambicioso conjunto de medidas protección a la víctima.

Incluso se contemplan herramientas más comprehensivas de justicia que el derecho mayoritario recién está explorando en términos de justicia restaurativa. JURISDICCION INDIGENA-Factor institucional La Sala no encuentra satisfecho el elemento institucional, que por tratarse de una conducta social sumamente grave suponía una actitud más diligente de la comunidad indígena que ahora reclama su jurisdicción. Aunque el resguardo indígena de Malesw acreditó formalmente las distintas herramientas de derecho propio con que cuenta para tramitar este tipo de denuncias, es innegable que en el caso concreto no se han dado las garantías reales para que la denunciante obtenga un proceso y una decisión justa. Por el contrario, se advierte que, pese a la gravedad de la conducta denunciada, las autoridades tradicionales permanecieron pasivas por un largo tiempo y no adoptaron de manera oportuna las medidas de protección que el derecho propio de la comunidad ha establecido. Según manifestó la víctima, la inacción se explicaría por el poder local que ostenta el presunto agresor. Dicha inacción, además, es determinante para el análisis del componente institucional pues como lo ha señalado esta Corporación, “la justicia eficaz es la justicia pronta.” ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESImprocedencia por cuanto no se desconoció autonomía jurisdiccional en conflicto de competencia entre jurisdicción indígena y jurisdicción ordinaria en proceso penal por violencia intrafamiliar 2 Una autoridad judicial no viola los derechos constitucionales a la autonomía, la supervivencia cultural y los procesos de justicia propia de una comunidad

indígena, al asignar un caso de violencia intrafamiliar a la Justicia Penal Ordinaria, cuando las autoridades tradicionales no han ofrecido garantías reales para resolver el conflicto en justicia (según su derecho propio), de manera oportuna y con la debida protección a las mujeres indígenas víctimas, como ellas mismas lo reclaman. No es razón suficiente para dejar de reconocer la competencia de la Jurisdicción Indígena, el que un delito comprometa un bien jurídico de suma importancia para el derecho nacional.

Referencia: Expediente T-7.488.614

Acción de tutela instaurada por Hemil Ruperto Cuarán contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura

Magistrada ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veinte (2020) La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, el magistrado Alejandro Linares Cantillo y la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados en el asunto de la referencia por la Sala de Casación Civil, el 21 de marzo de 2019 en primera instancia, y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 05 de junio de 2019, en segunda instancia.

I. ANTECEDENTES

Hemil Ruperto Cuarán, Gobernador del resguardo indígena de Males, interpuso acción de tutela contra la providencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que resolvió un conflicto de jurisdicciones en favor de la Justicia Penal Ordinaria, dentro de una investigación por violencia intrafamiliar. Según la providencia cuestionada, este caso supera la órbita de la Jurisdicción Indígena dado que (i) los delitos investigados comprometen un bien jurídico de suma importancia para el 3 derecho nacional y (ii) las autoridades tradicionales no ofrecen garantías reales para la víctima y para obtener una decisión justa.

1. Hechos descritos en la tutela1

1. La acción de tutela es interpuesta por Hemil Ruperto Cuarán, Gobernador del resguardo indígena de Males, en contra de la providencia judicial proferida el 05 de diciembre de 2018, mediante la cual se resolvió el conflicto de jurisdicción, en favor de la Justicia Penal Ordinaria, dentro de un proceso por violencia intrafamiliar.

2. Según relata el Gobernador, el proceso penal se originó por la denuncia presentada por María Tráncito Alpaz en contra de su compañero sentimental, el señor Hilario Cuarán Perenguez, con quien habría convivido en unión libre por aproximadamente 25 años, por el delito de violencia intrafamiliar. Ambos son miembros de la comunidad indígena de Males, ubicada en el municipio de

Córdoba (Nariño).

3. El Juzgado Primero Penal Municipal de Ipiales expidió orden de captura el

29 de agosto de 2018, la cual se hizo efectiva el 19 de septiembre de esa anualidad. Una vez privado de la libertad, se desarrolló la audiencia de legalización de la captura del señor Hilario Cuarán ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba (Nariño), el 20 de septiembre de 2018, por el delito de violencia intrafamiliar. En el trascurso de la formulación de imputación, sin embargo, el defensor del capturado planteó un conflicto de jurisdicciones, teniendo en cuenta la calidad de indígenas del presunto victimario y la denunciante. El Gobernador -ahora accionante de tutelacoadyuvó la solicitud, señalando que la resolución del caso por parte de las autoridades ordinarias “operaría como un proceso de pérdida masiva de cultura”.2

4. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en sentencia del 05 diciembre de 2018, resolvió el conflicto en favor de la Justicia Ordinaria.3 Consideró que si bien se encontraban probados los elementos (i) subjetivo y (ii) territorial que habilitan la Jurisdicción Indígena, no ocurría lo mismo con el (iii) objetivo e (iv) institucional. Respecto al componente objetivo, adujo que el punible de violencia intrafamiliar atenta contra la salud, la vida, la dignidad humana y la institución familiar, “la cual es el eje fundamental de la sociedad, por lo cual degenera en una desafortunada inversión de valores, que rebasa los linderos de los usos, costumbres y de la cosmovisión indígena, trascendiendo en ámbitos que son

de importancia no sólo a nivel local, sino incluso nacional e internacional”.4 Y respecto al elemento institucional concluyó que “no se puede entrar a deducir que la víctima y sus dos hijas tendrían protección seria y racional por 1 Esta descripción se basa, principalmente, en el relato plasmado en el escrito de tutela. Como se verá más adelante en esta providencia, a partir de las pruebas recaudadas en sede de revisión, los episodios de violencia resultaron ser más complejos de aquellos que fueron inicialmente presentados por el accionante. 2 Cuaderno de primera instancia, folio 4. 3 Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Providencia del 05 de diciembre de 2018. Radicación 1100101022000201802833 00. 4 Cuaderno de primera instancia, folio12. 4 parte de la autoridad indígena, que ni siquiera se refirió a la señora Tráncito Alpaz, no señaló un procedimiento para atenderla y brindar protección”.5

2. Acción de tutela

5. El 08 de marzo de 2019, Hemil Ruperto Cuarán, Gobernador del resguardo indígena de Males, presentó tutela en contra de la decisión del Consejo Superior de la Judicatura que resolvió el conflicto de jurisdicciones.

Sostiene que con dicho fallo se ha desconocido el artículo 246 superior y la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha protegido la Jurisdicción Especial Indígena, configurando así un defecto por violación directa de la Constitución y un defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas.

6. Argumenta que en este caso sí se cumplen los criterios para habilitar la Jurisdicción especial. Respecto al elemento institucional, manifiesta que el resguardo de Males cuenta con “(i) autoridades propias de la comunidad, lo cual se corrobora con la presencia del Gobernador indígena y sus corporantes; [y] (ii) la existencia de usos, costumbres, normas y procedimientos que resultan aplicables por estas autoridades”. Y frente al factor objetivo recuerda que “para las comunidades indígenas la familia son los taitas y las mamas que conforman ese núcleo fundamental del resguardo y que desde la cosmovisión indígena son de mayor respeto por cuanto en el respeto de la familia recae la buena marcha del cabildo. Además, si bien es cierto [que] el bien jurídicamente tutelado es la familia y este es de gran envergadura para la sociedad mayoritaria, también lo es para la jurisdicción indígena”.6

7. A partir de lo anterior, solicita se tutelen los derechos fundamentales a la diversidad cultural, la autonomía jurisdiccional, la integridad étnica y cultural del resguardo indígena de Males, así como el derecho fundamental al juez natural. En consecuencia, se deje sin efectos la providencia del 05 de diciembre de 2018 dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se ordene al Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba remitir el expediente del proceso penal a las autoridades tradicionales indígenas.

8. Junto con su escrito de tutela allegó (i) copia del fallo del 05 de

diciembre de 2018, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el cual se resolvió el conflicto de jurisdicciones y (ii) el certificado del Ministerio del Interior que lo reconoce como Gobernador indígena del resguardo de Males.

3. Contestación de la entidad demandada y demás vinculados

9. El magistrado Pedro Alonso Sanabria Buitrago, ponente de la providencia del 05 de diciembre de 2018 que resolvió el conflicto de 5 Cuaderno de primera instancia, folio 17. 6 Cuaderno de primera instancia, folio 2. 5 jurisdicciones, respondió al escrito de tutela oponiéndose a sus pretensiones.

En su entender, lo que pretende el accionante es “someter el trámite ya finiquitado a otra instancia, abusando de este mecanismo excepcional”.7

10. Para fundamentar su posición, reiteró las consideraciones que llevaron al Consejo Superior de la Judicatura a resolver el conflicto de jurisdicciones en favor de la Justicia Penal Ordinaria. Explicó que “el delito de violencia intrafamiliar como es el que se le imputa a Hilario Cuarán Perenguez no es de poca monta, pues el mismo se constituye en un fenómeno social complejo y de difícil erradicación, en la medida que afecta la institución básica de la sociedad que es la familia, y en tal medida, trasciende más allá de la etnia del presunto agresor y de la víctima”.8

11. Consideró, además, que en este caso debe aplicarse una perspectiva de género. Más aún, tratándose de una mujer y sus dos hijas víctimas, “quienes

han de contar con una protección seria y racional por parte de las autoridades, en aras de no revictimizar a las mujeres presuntamente sujetas al maltrato físico y psicológico durante tantos años”.9

12. Por último, propuso hacer una analogía con la Justicia Penal Militar en el sentido de que “si en ese ámbito el fuero debe aplicarse exclusivamente a las conductas que pueden perjudicar la prestación del servicio, en la jurisdicción especial indígena, el fuero debe limitarse a los asuntos que conciernen únicamente a la comunidad”.10

13. La representante de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías Étnicas del Ministerio del Interior, por su parte, solicitó declarar la falta de legitimación por pasiva en lo que respecta a su entidad11. Sin embargo, presentó algunas consideraciones sobre el asunto de fondo. Con respecto a la naturaleza del bien jurídico protegido dentro del proceso penal, sostuvo que éste pertenece tanto a la cultura mayoritaria como a la comunidad indígena, aunque también advirtió que “usualmente el Consejo Superior de la Judicatura procede a excluir de plano la competencia de la jurisdicción especial indígena, cuando el delito representa especial gravedad para el derecho mayoritario”.12

14. Afirmó que cuando la víctima se encuentra en situación de indefensión o especial vulnerabilidad, “la evaluación y verificación del elemento institucional debe ser especialmente riguroso”, sin que ello signifique que el asunto escape automáticamente a la Jurisdicción Indígena. En su parecer, lo importante en estos casos es “determinar con certeza que la aplicación del fuero indígena no genere impunidad, y que el derecho propio tenga la

capacidad tanto de garantizar la protección de la víctima y la efectividad de 7 Cuaderno de primera instancia, folio 36. 8 Cuaderno de primera instancia, folio 12. 9 Cuaderno de primera instancia, folios 39 y 44. 10 Cuaderno de primera instancia, folio 41. 11 Cuaderno de primera instancia, folio 93. 12 Cuaderno de primera instancia, folio 57. 6 sus derechos, como la garantía al debido proceso del acusado”.13 Por lo anterior, sugirió decretar pruebas técnicas acerca de la experiencia de las autoridades del resguardo en casos similares, con el propósito de determinar con certeza si las autoridades tradicionales, sus usos, costumbres y procedimientos internos, tienen la suficiente capacidad para sancionar al infractor y proteger a las víctimas.

4. Decisiones de instancia en el trámite de tutela

15. Actuando como juez de tutela de primera instancia, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 21 de marzo de 2019, negó el amparo.14 Luego de citar in extenso los argumentos que expuso el Consejo Superior de la Judicatura, concluyó que la comunidad “no tenía un marco institucional mínimo para efectuar la investigación del punible endilgado y satisfacer en grado sumo los derechos de las víctimas”. Coincidió en que este tipo de casos requería una perspectiva de género, “pues se trata de un grupo históricamente discriminado catalogado como inferior en relación con los hombres, situación que para los victimarios justifica y apoya sus abusos”.

16. El accionante impugnó el fallo. Reprochó que la Corte Suprema asumiera

“de primera mano una ineficacia del cabildo como institución”.15 Al respecto, informó que el resguardo indígena de Males cuenta con un sistema de justicia propio que se realiza con el Gobernador indígena y su Corporación. Además, ofrece servicios de psicología, medicina general y medicina tradicional.

17. No obstante, en segunda instancia, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo del 05 de junio de 2019 confirmó la decisión.16 Reiteró que la providencia atacada se soportó en argumentos razonables.

5. Actuaciones adelantadas en sede de revisión 5.1. Primer Auto de pruebas

18. Teniendo en cuenta que la Dirección de Asuntos Étnicos, Rom y Minorías Étnicas del Ministerio del Interior sugirió decretar pruebas técnicas, con el propósito de determinar con certeza los usos, costumbres y procedimientos internos del resguardo indígena de Males, y que era necesario verificar el estado del proceso penal en curso, la magistrada sustanciadora, mediante Auto del 1º de octubre de 2019, decretó una serie de pruebas.

Puntualmente, (i) solicitó al Consejo Superior de la Judicatura enviar el expediente mediante el cual se resolvió el conflicto de jurisdicciones; (ii) indagó a las autoridades correspondientes sobre los avances y providencias 13 Cuaderno de primera instancia, folio 55. 14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de marzo de 2019. MP. Luis Armando Tolosa Villabona. 15 Cuaderno de primera instancia, folio 99.

16 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 05 de junio de 2019. MP. Rigoberto Echeverri Bueno. 7 proferidas dentro del proceso penal que cursa en contra de Hilario Cuarán; y (iii) encomendó unos conceptos técnicos para avanzar en la comprensión del derecho propio del resguardo indígena de Males, incluyendo a las autoridades tradicionales, al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y a varias universidades.

19. El Consejo Superior de la Judicatura envió un resumen de las actuaciones surtidas dentro del conflicto de jurisdicciones, pero señaló que no tenía el expediente físico, dado que el mismo había sido remitido al Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba, Nariño, a quien se le asignó la competencia del caso. El ICANH y la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional, por su parte, pidieron una prórroga para rendir el concepto.17 A continuación, se resumen las intervenciones que allegaron las demás entidades convocadas. 5.1.1. Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)

20. El representante legal de la ONIC18 intervino para coadyuvar el escrito de tutela. Luego de citar varias sentencias de la Corte sobre los principios constitucionales que desarrolla la Jurisdicción Especial Indígena, hizo énfasis en la maximización de la autonomía de las comunidades, como un presupuesto esencial para resolver este tipo de casos y al mismo tiempo preservar la supervivencia y diversidad cultural de los pueblos étnicos. También allegó un

concepto rendido por Eudo Cuarán, comunero indígena del resguardo de Males y profesional en sociología,19 quien desarrolló los elementos centrales del derecho propio al interior de esta comunidad.

21. Según este concepto, la justicia propia ancestral se ha hecho en “defensa de la madre tierra, en favor de la ley natural en respeto a la luna, al agua como elemento constitutivo de la complementariedad de lo femenino”. El cabildo es la autoridad que tiene la facultad para llevar el Bastón de Mando, “considerado desde tiempos milenarios como el símbolo de la naturaleza y la cultura, que representa la dualidad femenina y masculina, llevando inmersos los valores y principios de la rectitud, pulcritud, honestidad, reciprocidad, territorio y comunidad”. En Males, como en otras comunidades del pueblo de los Pastos, “la autoridad indígena no es solo una persona, es el hombre y la mujer acompañado de un conjunto de conocimientos, creencias, usos y costumbres, es la autoridad guiadora a cada instante en el caminar, en el tiempo y el espacio, es la que retoma y sigue el camino de los espíritus y los ancestros”.20

22. La autoridad indígena del Cabildo de Males es conocida como “la honorable Corporación del Cabildo” y está compuesta por doce miembros: 17 Pese a la extensión de plazo otorgada, el ICANH no allegó el concepto solicitado. La Escuela de Justicia Comunitaria, por su parte, presentó un concepto dentro del término concedido en el segundo auto de pruebas. 18 Luis Fernando Arias. 19 Egresado de la Universidad del Valle 20 Cuaderno de Revisión, folio 65.

8 tres regidores (primero, segundo y tercero), dos alcaldes ordinarios (primero y segundo) y un gobernador; cada uno con sus respectivos suplentes que son elegidos por la comunidad anualmente de acuerdo con la Ley 89 de 1890. Todos los miembros del Cabildo llevan los bastones de mando o vara de justicia a los actos oficiales o sagrados. La comunidad también cuenta con un “Centro de Resocialización y Armonización del Palacio de la Realeza Indígena” que hace las veces de centro de reclusión. Este espacio fue creado en el año 2015 y en la actualidad alberga nueve comuneros que fueron condenados por la Justicia ordinaria, pero cuyas condiciones de reclusión y resocialización han venido siendo reclamados por el resguardo “debido a que resulta aflictivo para el cuerpo, y a la vez para el espíritu, el encierro violento y soportando de manera adicional el hacinamiento que hace carrera en las cárceles del país”.21 5.1.2. Universidad Nacional – Facultad de Ciencias Humanas

23. La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, a través de su Decana envió el concepto rendido por el profesor Carlos Guillermo Páramo Bonilla, quien ha trabajado con distintos resguardos del Departamento de Nariño22. El concepto es categórico en señalar que los pueblos de los Pastos cuentan con herramientas de coerción suficientes, de las cuales se sirve el Consejo Mayor de Justicia. Estas incluyen trabajo comunitario, fuetazos,23 reclusión en centro de convivencia o, si este no existe, remisión temporal a cárcel administrada por el INPEC, pérdida de los derechos particulares

conforme a la Ley de Origen, llamado de atención, solicitud de arrepentimiento público y el destierro, entre otros.

24. Una vez establecida la naturaleza del delito o “desequilibrio” cometido, corresponde al Consejo Mayor restablecer el “buen vivir” de las víctimas: su bienestar en plenitud y su integridad física y emocional, aislándole de quienes les han agredido, proveyéndoles residencia temporal en casa de alguien de la comunidad, alimentación, salud, etc.24 El profesor Páramo resaltó la importancia de la noción de equilibrio al interior de estas comunidades, y que lleva a una concepción más armónica y de complementariedad entre hombre y mujer. Sin embargo, también advirtió sobre los riesgos que suponen las formas de violencia presentes en la sociedad mayoritaria y que han permeado estos pueblos étnicos.

25. De acuerdo con el concepto, un número significativo de lideresas y

líderes del pueblo de los Pastos, han hecho carrera universitaria, y, en consecuencia, han asumido para su sociedad principios del actual reconocimiento a las particularidades de género y el respecto por la identidad 21 Cuaderno de Revisión, folio 66. 22 Profesor asociado al Departamento de Antropología, quien viene adelantando trabajo etnográfico con distintos resguardos Pastos del Departamento de Nariño desde hace una década y cuenta con suficientes conocimientos de sus instituciones, organización social y política, cosmología y derecho propio. 23 Según el concepto, los “fuetazos nunca exceden un número que resulte intolerable a quien es condenado, o que ponga en riesgo serio su salud o integridad. Antes bien, el sistema cosmológico considera que esta

transmisión de fuerza es curativa y pedagógica”. Cuaderno de Revisión, folio 73. 24 Cuaderno de Revisión, folio 74. 9 sexual y la soberanía por el cuerpo propio. Lo anterior significa que hoy en día no es sostenible argumento cultural alguno que, soportado sobre una “tradición” que no se compadece con la Ley de Origen, arguya algún tipo de legitimidad consuetudinaria con respecto a la violencia de género. 5.1.3. Universidad de Nariño

26. Dos profesores del Departamento de Sociología25 rindieron concepto conjunto en el que concluyeron que era necesario que la Corte avanzara en la protección de grupos especialmente vulnerables, “pues dentro de sus ordenamientos jurídicos indígenas no es posible hablar de la plena garantía de los mismos, ya que su cosmovisión y forma de vivir en sociedad, son patriarcales”.26

27. Explicaron que si bien si bien la mujer cumple un rol fundamental en los pueblos de los Pastos, en tanto parte constitutiva de su cosmovisión y de su sistema de organización social y económica (la Chagra27), sus derechos no se encuentran plenamente protegidos, ya que el sistema predominante actual es patriarcal, “directamente influenciado por el pensamiento occidental conllevando con ello a la subordinación y dominación de la mujer por parte de los hombres”.28

28. El concepto reconoce que existe un aparato institucional de administración de justicia propia, que comienza por pedir que los comuneros comparezcan ante la autoridad. Adicionalmente, se solicita una valoración del médico para determinar los daños físicos y psicológicos causados. Con base

en estas evidencias, el Cabildo evalúa la situación y la gravedad del asunto de acuerdo a sus usos y costumbres. Dentro del derecho propio se contempla una falta como leve, grave o gravísima y en este sentido se aplica el castigo correspondiente, un castigo que puede ser físico, látigo, celda o calabozo. Pero estas instituciones no son suficientes –en opinión de los intervinientespara superar el fuerte sesgo patriarcal que ha hecho curso en estas comunidades y que impide “hablar de protección seria y racional de los derechos fundamentales de las mujeres”.29 5.1.4. Resguardo indígena de Males 25 Carlos Esteban Cajigas, Director Jurídico, y Alba Jakeline Ruano Jiménez. 26 Cuaderno de Revisión, folio 80. 27 “Dentro de la composición Pasto las mujeres son el centro del sistema integral de la Chagra. La Chagra como la fuente de alimento y de vida donde convergen las dimensiones social, política, cultural, económica y espiritual, es un modelo de producción familiar ancestral propio de las comunidades indígenas del sur de Nariño. La siembra de la Chacra es una actividad de la mujer ya que son ellas quienes poseen el conocimiento y la propiedad de las semillas. Desde esta cosmovisión el conocimiento se transmite por línea materna, la mujer es dadora de vida, su vientre es el espacio de la semilla y donde comienza la vida de las comunidades. Además sabe y desde donde se transmiten los conocimientos, asimismo un símbolo representativo de estas comunidades el churo cósmico como símbolo que presenta la dualidad o la paridad andina, no como una división sino como energías que se complementan, que permiten una visión integral del

mundo; el mundo de arriba, el mundo de bajo, en el centro se encuentra la mujer como dadora y protegida de vida”. Cuaderno de Revisión, folio 79. 28 Cuaderno de Revisión, folio 79. 29 Ibidem. 10

29. Hemil Ruperto Cuarán, actuando como Gobernador del resguardo indígena de Males, intervino ante la Corte para profundizar en la explicación de los elementos que conforman el sistema de derecho propio. Aseguró que al interior de la comunidad ya se han resuelto casos de violencia entre integrantes de una familia, originados por múltiples factores, tales como el exceso de alcohol, sustancias estupefacientes, relaciones extramatrimoniales o actos de intolerancia. En principio, las autoridades tradicionales intentan una vía de conciliación entre las partes, a partir de una serie de compromisos que pueden ir desde asumir ciertas reglas de comportamiento o cuando el asunto se torna más complejo, retirar al victimario del núcleo familiar y prohibirle su acercamiento. Pero si la aproximación inicial no logra frenar el conflicto, se pasa al juzgamiento de la conducta, lo cual se hace de la siguiente manera: “La oralidad es la base fundamental para dirimir todo conflicto al interior de nuestra comunidad Indígena, por ello los procesos que hemos dirimido han sido mediante un careo de las partes en una asamblea bien sea interna de los involucrados y el Honorable Cabildo o en presencia de comunidad, donde se escucha a las partes, se anexan pruebas, testimonios o documentos que permitan esclarecer los hechos, es decir son ellos

quienes directamente exponen sus argumentos, pruebas, testimonios y quien toma una determinación es el Honorable Cabildo, conformado por 10 personas representantes de la comunidad de los diferentes sectores que componen el resguardo, además el Gobernador, Regidores, alguaciles y si el asunto es de extrema gravedad se reúne a los mayores, en este caso a los exgobernadores”.30

30. Co