CC - T423-2020

Sentencia T-423/20

DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO ANTE LA UNIDAD DE VICTIMAS-Inclusión en el Registro Único de Víctimas de adulto mayor, sujeto de especial protección constitucional La UARIV vulneró el derecho fundamental al debido procedimiento administrativo del accionante, ya que en los diferentes actos administrativos: (i) desconoció la vigencia de la definición de víctima del desplazamiento que prevé la Ley 387 de 1997 –reconocida por la Sala Plena de este tribunal en la sentencia C-280 de 2013 y por la Sala de Seguimiento de la sentencia T-025 de 2004, en el Auto 119 de 2013– al fundamentar la negativa del registro en la ausencia de una relación con el conflicto armado, sin analizar las demás hipótesis previstas en la referida ley y (ii) realizó un análisis genérico de la situación y no incorporó un análisis detenido y cuidadoso de los diversos elementos técnicos y de contexto pertinentes, a partir de las reglas y principios aplicables, que permitiera identificar las circunstancias en las que ocurrió el hecho victimizante (…). VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Procedencia de tutela por ser sujetos de especial protección constitucional

REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Importancia

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y LA

MOTIVACION DE LOS ACTOS QUE RESUELVEN

SOLICITUDES DE INCLUSION EN EL RUV REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Reglas jurisprudenciales para inscripción

APLICACION DEL CONCEPTO DE VICTIMA DEL

CONFLICTO ESTABLECIDO EN LA LEY 1448 DE 2011-Reglas jurisprudenciales Para la aplicación del concepto de víctima del conflicto armado, instituído por el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas jurisprudenciales: i) Esta norma contiene una definición operativa del término víctima, en la medida en que no define la condición fáctica de víctima, sino que determina un ámbito de destinatarios para las medidas especiales de protección contempladas en dicho estatuto legal. || ii) La expresión conflicto armado interno debe entenderse a partir de una concepción amplia, es decir, en contraposición a una noción estrecha o restrictiva de dicho fenómeno, pues esta última vulnera los derechos de las víctimas. || iii) La expresión con ocasión del conflicto armado cobija diversas situaciones ocurridas en el contexto del conflicto armado. Por ende, se debe atender a criterios objetivos para establecer si un hecho victimizante tuvo lugar con ocasión del conflicto armado interno o si, por el contrario, se halla excluido del ámbito de aplicación de la norma por haber sido perpetrado por delincuencia común. || iv) En caso de duda respecto de si un hecho determinado ocurrió con ocasión del conflicto armado, debe aplicarse la definición de conflicto armado interno que resulte más favorable a los derechos de las víctimas.

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y LA

MOTIVACION DE LOS ACTOS QUE RESUELVEN SOLICITUDES DE INCLUSION EN EL RUV-Orden a la UARIV de expedir un acto administrativo debidamente motivado que resuelva la

inclusión en el RUV

Expediente: T-7.785.577

Acción de tutela interpuesta por X.Y.Z en contra de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas —UARIV —. Magistrado ponente (e):

RICHARD S. RAMÍREZ GRISALES

Bogotá D. C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinte (2020). La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados Luis Javier Moreno Ortíz (e) y Richard S. Ramírez Grisales (e), quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241.9 de la Constitución Política y los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente, SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos proferidos dentro del proceso de tutela de la referencia1. Aclaración previa Con fundamento en el artículo 62 del Acuerdo 02 de 2015 (Reglamento de la Corte Constitucional), dado que el asunto de la referencia involucra temas sensibles relacionados con la intimidad y la seguridad del accionante, esta Sala 1 La Sala de Selección de Tutelas Número Dos, mediante auto del 14 de febrero de 2020, seleccionó para revisión la Sentencia del 31 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que modificó lo resuelto en la Sentencia del 19 de septiembre de 2019, dictada por el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Medellín. Por reparto, el estudio del caso correspondió al despacho del

entonces magistrado Carlos Bernal Pulido. de Revisión emitirá dos copias de la sentencia, con la diferencia de que en aquella que publique la Corte Constitucional se utilizará una sigla en reemplazo de su nombre y algunas modificaciones relacionadas con su lugar de residencia.

I. ANTECEDENTES

1. Síntesis del caso. El 9 de septiembre de 2019, X.Y.Z interpuso acción de tutela en contra de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante UARIV). En su escrito de tutela, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, derecho de petición, dignidad humana y “la buena fe, el reconocimiento como persona víctima del conflicto armado y al mínimo vital”. Adujo que la entidad accionada vulneró los derechos antes señalados al negar su inclusión en el Registro Único de Víctimas (en adelante, RUV) y al “no reconocer el hecho victimizante de desplazamiento forzado intraurbano”2.

Hechos

2. X.Y.Z, de 83 años3, manifestó que es “víctima del conflicto armado colombiano”4 debido a que fue amenazado de muerte por parte de un grupo de hombres armados para que abandonara su propiedad, ubicada en Medellín,

Antioquia.

3. Solicitud ante la UARIV. El 2 de noviembre de 2017, X.Y.Z rindió declaración ante la Personería de Medellín, Antioquia, por los “hechos victimizantes de Desplazamiento Forzado, Despojo – Amenaza, ocurridos el 30 de octubre de 2017 en el municipio de Medellín”5. En su escrito de tutela,

el accionante señaló que el 28 de octubre de 2017 fue amenazado de muerte por “varios hombres pertenecientes a un grupo armado denominado Odín San Pablo”, quienes lo obligaron a abandonar su vivienda6.

4. Ese mismo día, la UARIV recibió la anterior declaración para que, “de acuerdo a los artículos 3 y 156 de la Ley 1448 de 2011, y al procedimiento de registro contenido en el Libro II Título II Capítulo III del Decreto 1084 de 2015, se le [inscribiera] en el Registro Único de Víctimas - RUV”7.

5. Mediante Resolución No. 2017-140760 del 7 de noviembre de 2017, la UARIV resolvió “NO INCLUIR a [X.Y.Z] […] en el Registro Único de Víctimas (RUV) y NO RECONOCER los hechos victimizantes [de] amenaza y desplazamiento forzado”. A juicio de la UARIV, “no exist[ían] elementos suficientes para determinar que [X.Y.Z] ni los miembros de su hogar hayan sido víctimas de amenaza, desplazamiento forzado y abandono de bienes 2 Cdno. 1, fl. 1. 3 Cdno. 1, fl. 25. 4 Cdno. 1, fl. 2. 5 Cdno. 1, fl. 23. 6 Cdno. 1, fl. 2. 7 Cdno. 1, fl. 33.

[inmuebles] en el marco del conflicto armado interno colombiano, por lo cual resulta[ba] imposible enmarcar dicha victimización en lo que el Artículo 3 de

la Ley 1448 de 2011 define como ‘Víctima’”8.

6. El 26 de diciembre de 2017, una vez fue notificado del contenido de dicho acto administrativo, dentro del término legal, X.Y.Z interpuso “recurso de reposición y en subsidio de apelación [en contra de] la Resolución No. 2017-140760 del 7 de noviembre de 2017 expedida por la UARIV”9. A juicio del accionante, la UARIV no analizó las circunstancias de tiempo, modo y lugar “para ser incluido en el registro de víctimas por los hechos victimizantes de amenaza y desplazamiento”10.

7. Mediante la Resolución No. 2017-140760R del 1 de febrero de 2018, la UARIV resolvió el recurso de reposición, en el sentido de “CONFIRMAR la decisión proferida mediante la Resolución No. 2017-140760 del 7 de noviembre de 2017”. Para la entidad accionada, en el caso concreto, “no fue posible determinar que el hecho victimizante sufrido por el recurrente,

[guardara] relación con violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias ocurridas dentro del marco del conflicto armado”11. Por lo tanto, concluyó que “no es viable jurídicamente efectuar la inscripción de la (sic) solicitante en el Registro Único de Víctimas ni de su grupo familiar, ni del reconocimiento del hecho victimizante de Amenaza y Desplazamiento Forzado y despojo forzado de bienes muebles”, porque el peticionario no cumplía “con los parámetros establecidos dentro del marco legal del artículo 3 de la Ley

1448 de 2011”12.

8. Mediante Resolución No. 20189196 del 15 de marzo de 2018, notificada el 3 de septiembre de 2018, la UARIV resolvió el recurso de apelación. Por medio de este acto administrativo confirmó la decisión adoptada en la Resolución No. 2017-140760 del 7 de noviembre de 2017, por lo que negó la inclusión de X.Y.Z en el RUV “por los hechos victimizantes de desplazamiento forzado/amenaza”. La entidad concluyó que “los documentos aportadas (sic) por la peticionaria (sic) no permiten dar cuenta que el hecho ocurrió con ocasión al conflicto armado, por la (sic) cual no se cumple con lo preceptuado en la Ley 1448 de 2011”13.

9. Denuncia penal. El 1 de noviembre de 2017, de forma alterna al trámite adelantado ante la UARIV, el accionante formuló denuncia penal por los hechos victimizantes señalados. En su relato, afirmó que había sido amenzado por parte “del señor Robinson Blandón, alias ‘El Calvo’ y cinco sujetos más”, quienes lo obligaron a abandonar su vivienda. Dicha denuncia fue asignada a la Fiscalía 53 de la Unidad de Delitos contra la Libertad y la Dignidad 8 Cdno. 1, fls. 32 – 33. 9 Cdno. 1, fl. 3. 10 Recurso de reposición y en subsidio de apelación, suscrito por el accionante el 26 de diciembre de 2017. 11 Cdno. 1, fl. 36. 12 Ibídem. 13 Cdno. 1, fls. 37 – 38.

Humana por el delito de constreñimiento ilegal y, de forma posterior, a la Fiscalía 47 Especializada – Gaula Urbano Medellín.

10. El 6 de abril de 2018, el accionante formuló una nueva denuncia penal por los mismos hechos. No obstante, agregó que “Robinson Blandón hurtó todas [sus] pertenencias (…) y está viviendo en uno de [sus] ranchos desde el mes de diciembre”. La Fiscal 022 de Medellín consideró procedente adelantar la investigación de los hechos relatados por el denunciante en un mismo proceso. Por tal motivo, ordenó “remitir la carpeta a la Fiscalía 47

Especializada del Gaula Urbano Medellín, para sea (sic) anexada a la indagación 050016000206201754145, puesto que esta se inició primero por DENUNCIA instaurada el 1 de noviembre de 2017”14.

11. Situación socioeconómica del accionante. X.Y.Z es adulto mayor.

Registra un puntaje de 28,83 en la base de datos del Sisbén15. Según afirmó en su escrito de tutela, padece “afecciones de salud que requieren cuidados especiales”. Asimismo, señaló que “no [tiene] ningún medio económico que [le] permita vivir con dignidad, ni pensión, ni otros bienes, ni [tampoco] ningún familiar [que] se pueda hacer cargo de [él] de manera permanente”16. Por último, aseveró que “no tiene un lugar estable donde estar” y que a pesar de la imposibilidad para habitar su vivienda debido al desplazamiento forzado del que fue víctima, “el impuesto predial sigue llegando a [su] nombre”. Por

tal razón, acudió a la Unidad Administrativa Especial para la Gestión y Restitución de Tierras Despojadas o Abandonadas con el propósito de “solicitar el registro de [su] predio en el Registro Nacional de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente”17.

12. Solicitud de tutela. El 9 de septiembre de 2019, X.Y.Z solicitó que se ordenara a la UARIV: (i) que lo reconociera como víctima y que, en consecuencia, lo incluyera en el Registro Único de Víctimas “por el hecho victimizante de despojo o desplazamiento forzado intraurbano”; (ii) que una vez inscrito, la UARIV “[hiciera] efectivas todas las medidas de reparación y demás prestaciones asistenciales y económicas [para las] víctima[s] del conflicto armado”; (iii) que remitiera la resolución de inclusión por desplazamiento a la Unidad de Restitución de Tierras “para lo de su competencia”18.

13. Respuesta de la entidad accionada. En escrito de 16 de septiembre de 2019, el Representante Judicial de la UARIV solicitó que se negaran las pretensiones de X.Y.Z porque, a su juicio, se han realizado “todas las gestiones necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales”.

Asimismo, afirmó que en el presente caso se había presentado el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, por cuanto “los elementos y 14 Cdno. 1, fl. 22. 15 Consulta plataforma https://wssisbenconsulta.sisben.gov.co/dnp_sisbenconsulta/dnp_sisben_consulta.aspx. 16 Cdno. 1, fl. 3.

17 Ibídem. 18 Cdno. 1, fl. 1. Además, solicitó (i) prevenir a la UARIV “para que em ningún caso vuelva a incurrir em las acciones u omisiones que dieron mérito a la interposición y posterior concesión de esta tutela”. las pruebas aportadas (…) ponen en evidencia la debida diligencia de la Unidad para las Víctimas en aras de proteger los derechos fundamentales de los asociados”19. Como pruebas, la UARIV anexó las resoluciones del 7 de noviembre de 2017 y del 1 de febrero y 15 de marzo de 201820.

14. Sentencia de tutela de primera instancia. El 19 de septiembre de 2019, el Juez Treinta Administrativo Oral del Circuito de Medellín declaró improcedente la acción de tutela. Concluyó que el accionante no satisfizo el requisito de subsiedariedad por cuanto disponía del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, consideró que a partir de las pruebas aportadas en el expediente no era posible acreditar “la existencia de un perjuicio irremediable para el actor” que hiciera necesario un pronunciamiento de fondo por parte del juez constitucional21.

15. Impugnación. El 26 de septiembre de 2019, X.Y.Z impugnó la sentencia de primera instancia. En su escrito, el accionante indicó que dicha decisión no tuvo en cuenta que, para su caso, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ya caducó, debido a que “la última resolución emitida por la UARIV se notificó el 15 de marzo de 2018, es decir, hace 18

meses” y, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 2, literal d) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la oportunidad para interponer dicho mecanismo judicial “es de 4 meses contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que se pretenda controvertir”22. Asimismo, argumentó que por medio de la sentencia T-333 de 2019, “la Corte prohibió a la UARIV negarse a registrar a una persona desplazada en el RUV cuando se advierta que su desplazamiento no se ocasionó con ocasión (sic) del conflicto armado”23.

16. Por último, señaló que debido a su condición económica precaria, estaba viviendo “en un hogar de paso, sin percibir algún recurso que [le] permitiera vivir con dignidad y sin poder volver a [su] vivienda por amenazas contra [su] vida e integridad”. Por tal motivo, solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y que, en su lugar, se tutelaran sus derechos fundamentales “al reconocimiento como víctima de desplazamiento forzado, los principios de buena fe y de favorabilidad, el derecho fundamental de petición, la dignidad humana y el mínimo vital”24.

17. Sentencia de tutela de segunda instancia. El 31 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió “modificar la Sentencia del 19 de septiembre de 2019”, proferida por el juez de primera instancia. En su lugar, negó la acción de tutela interpuesta por X.Y.Z. A juicio del Tribunal, la entidad accionada no vulneró los derechos fundamentales del accionante, 19 Cdno. 1, fl. 30.

20 Cdno. 1, fls. 31 – 38. 21 Cdno. 1, fl. 44. 22 Cdno. 1, fl 52. 23 Cdno. 1, fl. 55. 24 Cdno. 1, fl. 59. porque “no [existían] pruebas que [permitieran] determinar que el desplazamiento del que fue víctima el accionante haya sido generado con motivo del conflicto armado”25. En consecuencia, concluyó que la UARIV tuvo en cuenta en los actos administrativos cuestionados “el escaso material probatorio que se aportó al expediente administrativo” y, por lo tanto, sus desicisones “no fueron arbitrarias o sin fundamento”26.

18. Actuaciones en sede de revisión. Mediante el auto de 3 de agosto de 2020, el magistrado sustanciador decretó la práctica de pruebas, con el fin de aclarar: (i) la situación socieconómica actual del accionante27; (ii) las razones por las cuales tardó en interponer la acción de tutela28; (iii) su calidad de propietario del bien inmueble del que alega haber sido desplazado29; (iv) los diferentes trámites que realizó para proteger su bien inmueble30; (v) el estado actual de las denuncias penales presentadas por el accionante31 y, por último,

(vi) los detalles del trámite administrativo ante la UARIV32.

19. Respuestas al auto de pruebas. Vencido el término probatorio, por medio del correo electrónico de la Secretaría General, se recibieron los siguientes informes de: (i) X.Y.Z; (ii) Oficina de Registro de Instrumentos

Públicos de Medellín; (iii) Defensoría del Pueblo – Regional Antioquia; (iv) 25 Cdno. 1, fl. 71. 26 Ibídem. 27 El magistrado sustanciador, por medio de la Secretaría General, solicitó al accionante que remitiera un informe en el que describiera de forma precisa “(i) su lugar actual de residencia, (ii) cuál es su fuente de ingresos, si realiza alguna actividad económica o si alguien se encarga de proveerle los medios para su subsistencia, (iii) quiénes conforman su núcleo familiar y qué actividades desarrollan y (iv) las razones por las cuales tardó en radicar la acción de tutela aproximadamente un año y cinco meses después de que la UARIV le notificó la Resolución No. 20189196 del 15 de marzo de 2018. Asimismo, deberá remitir, dentro del mismo término, (i) los documentos pertinentes que acrediten su calidad de propietario del bien inmueble y (ii) copia de la petición que presentó ante la Unidad Administrativa Especial para la Gestión y Restitución de Tierras Despojadas o Abandonadas para solicitar el registro de su predio en el Registro Nacional de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, con su respectiva respuesta y (iii) copia de la petición que presentó ante la Alcaldía de Medellín con el fin de solicitar la aplicación de los mecanismos de alivio para el pago del impuesto predial unificado, con su respectiva respuesta”. 28 El magistrado sustanciador, por medio de la Secretaría General, solicitó al Consultorio Jurídico de la Universidad de Antioquia que informara si el accionante “presentó alguna petición con el fin de solicitar el

registro de su predio en el Registro Nacional de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. En caso afirmativo, deberá remitir copia de la solicitud y de la respuesta correspondiente”. 29 El magistrado sustanciador, por medio de la Secretaría General, solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín que informara si el accionante “tiene bienes inmuebles a su nombre, y de ser así, remita la información relevante de cada bien (ubicación, valor, etc.), y los documentos de soporte correspondientes”. 30 El magistrado sustanciador, por medio de la Secretaría General, solicitó a la Alcaldía de Medellín que informara “si el accionante presentó alguna petición con el fin de solicitar que se le concedieran los mecanismos de alivio para el pago del impuesto predial unificado del predio ubicado en la Carrera 24F No. 92D – 91, o de cualquier otro bien del que sea propietario. En caso afirmativo, deberá remitir copia de la solicitud y de la respuesta correspondiente”. Asimismo, solicitó a la Unidad Administrativa Especial para la Gestión y Restitución de Tierras Despojadas o Abandonadas que informara si el accionante “presentó alguna petición con el fin de solicitar el registro de su predio en el Registro Nacional de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. En caso afirmativo, deberá remitir copia de la solicitud y de la respuesta correspondiente”. 31 El magistrado sustanciador, por medio de la Secretaría General, solicitó a la Fiscalía Seccional de Medellín – Antioquia, que informara “(i) sobre los avances y actuaciones desarrolladas dentro de la indagación con

número de radicado 050016000206201754145, en la que el denunciante es el ciudadano [X.Y.Z], y (ii) si los hechos por él denunciados están relacionados con las actuaciones del “grupo armado” denominado “Odín San Pablo”. 32 El magistrado sustanciador, por medio de la Secretaría General, solicitó a UARIV que remitiera “copia del expediente administrativo de [X.Y.Z]”. Consultorio Jurídico “Guillermo Peña Alzate” de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia; (v) Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y (vi) Alcaldía de Medellín. En la siguiente tabla se resumen los aspectos principales de los escritos remitidos al despacho del magistrado sustanciador: Intervinientes Respuestas en sede de revisión Afirmó que en la actualidad está alojado “en un hogar de paso”, ya que “no pued[e] regresar a [su] vivienda ni al barrio del que fue desplazado por las amenazas que [ha] recibido por haber denunciado”34. Indicó que en la actualidad no cuenta con ninguna fuente de ingresos porque “no desarroll[a] actividad económica alguna” y, aunque mantiene contacto con tres de sus nueve hijos, “ninguno de ellos [le] proporciona ayuda económica”. Informó que ha recibido el acompañamiento de la Personería de Medellín y de la Universidad de Antioquia en “todas las actuaciones que [ha] realizado para acceder a los mecanismos de justicia dispuestos para las víctimas”. Esto, por cuanto “no [cuenta] con los

conocimientos [ni] recursos económicos” para ello35. Aclaró que antes del desplazamiento vivía en una casa Respuesta de de su propiedad y, al mismo tiempo, mantenía la X.Y.Z33. posesión de una vivienda ubicada en el mismo sector. Agregó que el grupo que lo desplazó “se apropió de [su] vivienda (…) hasta que fue capturado alias Tigre”. Desde entonces, otra persona reside en esa vivienda cuidando que no vayan a apoderarse de ella nuevamente. Asimismo, indicó que le transfirió el otro bien de su propiedad a un tercero, ya que “debido a las amenazas en [su] contra no [pudo] volver al sector”. Aportó (i) certificado de tradición y libertad y escritura pública de compraventa del bien inmueble de su propiedad; (ii) contrato privado de transferencia de posesión de dicho predio; (iii) copia digital de la solicitud presentada ante la Unidad de Restitución de Tierras en la que solicitó el registro de los dos bienes de su propiedad en el Registro Nacional de Tierras Despojadas y Abandonadas, y la respectiva respuesta; y (iv) la solicitud que presentó ante la Alcaldía de Medellín para ser beneficiario de los mecanismos de alivio para el pago del impuesto predial de los dos 33 Escrito del 7 de octubre de 2019. Cdno. de revisión, fls. 35 a 60. 34 Escrito del 18 de agosto, pág. 1. 35 Ibídem. bienes de su propiedad. Informó que a nombre de X.Y.Z “figura el inmueble con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° [A.B.C]”.

Superintendencia Advirtió que “no se pudo verificar el número de cédula, de Notariado y ya que cuando se registró no se llevó la identificación. RegistroAdemás la O.R.I.P. actualmente se encuentra cerrada, Oficina de mediante Resolución 06370 del 10 de agosto de 2020 Registro de emanada de la Superintendencia de Notariado y Instrumentos Registro, por lo que nos es posible imprimir el Públicos de certificado de libertad del inmueble, ni revisar la Medellín36. escritura en mención que se encuentra en nuestro archivo, para verificar el número de cédula de [X.Y.Z]”. Informó que “no se encontró registro de asesorías, solicitudes o quejas de hechos concerniente a [X.Y.Z] (…)”. Asimismo, señaló que “no se encontró Defensoría del información específica a grupos armados denominado Pueblo Regional (sic) ‘Odin San Pablo’”38. Antioquia37. Anexó cinco informes del Sistema de Alertas Tempranas en los que se advierte sobre riesgos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH en diferentes comunas de la ciudad de Medellín39. Indicó que X.Y.Z “asistió por primera vez a las instalaciones del Consultorio el 9 de noviembre de Consultorio 2018” para solicitar “asesoría jurídica respecto de la Jurídico negativa de la [UARIV] para incluirlo en el Registro “Guillermo Peña Único de Víctimas”. Agregó que desde el 13 de Alzate” de la noviembre de 2018, “[X.Y.Z]0 es usuario del Facultad de Consultorio en el caso Nro. [123]” 41.

Derecho y Ciencias Políticas Enumeró las actuaciones que el Consultorio Jurídico ha de la Universidad adelantado en nombre de X.Y.Z, de forma previa a la de Antioquia40. acción de tutela, así: (i) derecho de petición dirigido a la Fiscalía General de la Nación, Seccional Medellín, en el 36 Correo electrónico remitido a la Secretaría General de la Corte Constitucional el 14 de agosto de 2020. 37 Escrito del 19 de agosto de 2020. 38 Escrito del 19 de agosto de 2019, pág. 1. 39 Anexo 1: Informe de riesgos Nº 0.80 15/011/20002, Comuna 3 nororiental Barrio La Cruz, asentamiento la Honda y Bello Oriente; Anexo 2: Informe de riesgo Nro.086, 26/11/2002, Comuna 2 nororiental, Barrio Villa del Socorro, Santa Cruz y la Rosa; Anexo 3: Informe de Riesgo 051-04, 18/06/2004, Comuna 3 nororiental la cruz, asentamiento la Honda y Bello Oriente; anexo 4: Informe de riego nro. 016-10, 29-09-2010, Barrio Popular Santa Cruz; anexo 5: Alerta Temprana Nro.032-2020, 17/07/2020, comunas 7,10,12,13,15 y 16 de Medellin. 40 Escrito del 18 de agosto de 2020, suscrito por Águeda Torres Marín, Jefe del Departamento de Prácticas y Consultorio Jurídico “Guillermo Peña Alzate” de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la

Universidad de Antioquia. 41 Ibídem, pág. 2. que se solicitó “información respecto de la denuncia instaurada por [X.Y.Z] (…)”42; (ii) derecho de petición dirigido a la Alcaldía de Medellín, en el que se solicitó su inclusión “en el Programa Colombia Mayor o en alguno de los programas ofrecidos por parte de la Alcaldía Municipal como los Centros de Bienestar del Adulto Mayor”; (iii) solicitud ante la Alcaldía de Medellín de que fuera inscrito en el “Programa de Víctimas del Conflicto Armado como desplazado intraurbano”. Se indicó que, de forma posterior, “procedió a presentar la acción de tutela pretendiendo la protección del derecho fundamental jurisprudencial constitucional de la inclusión en el registro único de víctimas por el hecho victimizante de desplazamiento forzado”43. Informó que [X.Y.Z] “no ha presentado petición o solicitud directamente ante esta Unidad, en relación con la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente”. Sin embargo, precisó que, de acuerdo con los procedimientos internos, la Unidad de Restitución de Tierras ha estudiado con detenimiento el caso de Unidad [X.Y.Z] y logró establecer que “la zona geográfica en la Administrativa cual se ubican los inmuebles presuntamente Especial de abandonados (…) no ha sido intervenida por la Unidad Gestión de (…) a través del proceso de microfocalización Restitución de establecido por el Decreto 1071 de 2015, modificado Tierras por el Decreto 440 de 2016”45, porque “actualmente

Despojadas44 existe un nivel de riesgo en materia de orden público, que dificulta la intervención de la Unidad de Restitución de Tierras en ese territorio, cuya validación es de resorte de la Policía Nacional y que se basa en la evaluación de 17 variables”46. Indicó que la Unidad “ha venido gestionando ante la instancia del Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras los conceptos de seguridad 42 Ídem. El derecho de petición fue radicado el 23 de mayo de 2019. 43 Ibídem, pág. 3. 44 Escrito del 18 de agosto de 2020, suscrito por Mónica Rodríguez Benavides, Directora Jurídica de Restitución de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. 45 Ibídem, pág. 4. Indicó que como consecuencia de la solicitud de inscripción en el RUV, presentada por [X.Y.Z], la UARIV “remitió el formulario que había suscrito el usuario para verificar si hay lugar o no a iniciar la etapa administrativa del proceso de restitución de tierras a cargo de la Unidad de Restitución”. 46 1) Homicidios contra personas vinculadas al proceso de restitución de tierras. 2) Secuestros y atentados contra personas vinculadas al proceso de restitución de tierras. 3) Amenazas contra personas vinculadas y autoridades delegadas en atención al proceso. 4) Hechos de violencia contra funcionarios de la Fuerza Pública y autoridades delegadas en atención al proceso. 5) Alertas tempranas sobre el proceso de restitución de tierras.

1. Desplazamiento Forzado. 7) Accidentes con Minas Antipersonal. 8) Zonas con Minas Antipersonal. 9) Acciones de GAO-r. 10) Acciones del ELN. 11) Acciones de GAO. 12) Zonas con cultivos ilícitos. 13) Presencia de GAO-r. 14) Presencia del ELN. 15) Presencia de GAO. 16) Presencia de GDO – GDCO. 17) Explotación ilícita de yacimientos mineros. requeridas para llevar a cabo una intervención en la zona urbana donde se ubican los predios pretendidos por el señor [X.Y.Z], así por su parte no se haya presentado solicitud formal de restitución de tierras”.

Anexó (i) traslado del formulario de la UARIV; (ii) búsqueda en bases de datos respecto a peticiones que hubiera realizado [X.Y.Z] ante la UAEGRTD; (iii) respuesta de diagnóstico de seguridad solicitada por la UAEGRTD; (iv) acta de contacto telefónico con [X.Y.Z]; (v) oficio informativo enviado al accionante; (vi) Circular SDG 00001 de 2017 y (vii) procedimiento

RT-RG-PR-9.

Informó que el 9 de agosto de 2018, el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Hu