CC - T457-2010

Sentencia T-457/10

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE

PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR

RAZONES DE SALUD-Reglas jurisprudenciales

ACCION DE TUTELA PARA OBTENER REINTEGRO

LABORAL CUANDO SE TRATA DE PREVENIR LA VULNERACION DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL-Se debe probar que la terminación del contrato de trabajo se produjo a consecuencia del estado de salud La Corte también ha establecido que en los casos donde se pretende el reintegro laboral a través de la acción de tutela, cuando se alega la titularidad del derecho a la estabilidad laboral reforzada, no basta con que la persona demuestre encontrarse en situación de debilidad manifiesta como consecuencia de su estado de salud o de las limitaciones físicas que padece, sino que también debe comprobar que a causa de dicho estado se produjo la terminación del contrato de trabajo. En este sentido, para efectos de tomar una decisión en sede constitucional que ampare la estabilidad laboral reforzada, debe acreditarse plenamente que el despido o el vínculo laboral terminó por causa directa de la discapacidad o enfermedad que presenta el trabajador, lo que trae consecuentemente, la ineficacia de la terminación del contrato de trabajo.

ACCION DE TUTELA PARA OBTENER REINTEGRO

LABORAL CUANDO SE TRATA DE PREVENIR LA VULNERACION DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL-Presupuestos por medio de los cuales se puede legitimar su procedencia El reintegro como forma de proteger el derecho a la estabilidad laboral

reforzada es viable mediante la acción de tutela si se acreditan los siguientes aspectos: (i) que “sin la intervención del juez constitucional podría causarse [un] perjuicio irremediable”1, (ii) que existe una relación de causalidad entre el hecho o acto que produjo la terminación del contrato de trabajo, la enfermedad o discapacidad que aqueja al trabajador; (iii) que el rompimiento del vínculo laboral no fue justificado por una causa objetiva y relevante; y (vi) que la forma en que terminó la relación laboral le es imputable al empleador. DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Se debe probar que la renuncia fue presionada por el empleador y produce un perjuicio irremediable ACCION DE TUTELA-No es procedente el reintegro laboral por medio de ésta por cuanto el modo de terminación del contrato de trabajo no le es imputable al empleador 1 Sentencia T – 703 de 2009. Expediente T2538693. 2 MP. Luis Ernesto Vargas Silva

Referencia: expediente T-2538693

Acción de tutela instaurada por Lukein Zwinye Rodríguez Castro contra Manufaturas Patel Ltda.

Magistrado Ponente:

Dr. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Bogotá, D.C., quince (15) de junio de dos mil diez (2010). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle Correa y Mauricio González Cuervo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados en el asunto de la referencia por el Juzgado Cincuenta y Ocho Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, el veintidós (22) de octubre de dos mil nueve (2009) en primera instancia, y el Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito de Bogotá, el primero (1°) de diciembre de dos mil nueve (2009), en segunda instancia.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos y acción de tutela interpuesta: El señor Lukein Zwinye Rodríguez Castro, instauró acción de tutela contra la empresa Manufacturas Patel S.A., por considerar lesionados sus derechos a la vida, a la salud, al mínimo vital, al debido proceso, a la igualdad, y a la seguridad social. La acción interpuesta se fundamentó en los siguientes hechos: 1.1. Señala el accionante que ingresó a laborar a la empresa accionada el 22 de noviembre de 2007, en el cargo de patinador y posteriormente, el 20 de enero de 2008, cambiaron sus “funciones” a “PLANCHADO”. Desde noviembre de ese año, presentó “problemas de salud” relacionadas con un dolor lumbar, por lo que desde el 5 de febrero de 2009 empezó a tener incapacidades laborales. 1.2. El 4 de septiembre de 2009, aduce, fue citado a la oficina de la señora Nhora Castañeda, Jefe de Recursos Humanos de la empresa Manufacturas Patel S.A., quien lo requirió para que presentara su carta de renuncia, porque “de lo contrario” ella y su secretaria, la señora Dora, darían malas referencias laborales suyas.

Expediente T2538693. 3 MP. Luis Ernesto Vargas Silva 1.3. Menciona que en dicho encuentro informó que estaba “enfermo”, pero debido a la insistencia de la señora Nhora Castañeda, y bajo las “consecuencias” que podría sufrir su esposa quien “trabaja en un brazo de la empresa PALASO”, procedió en una hoja en blanco, con su puño y letra, a elaborar y firmar la carta de renuncia donde indicó como fecha para su efectividad “noviembre 4 de 2009”. 1.4. Pese a lo anterior, aduce que el 8 de septiembre de ese año se presentó ante la señora Nhora Castañeda para manifestarle de manera verbal que se retractaba de la renuncia “porque estaba enfermo y además había sido presionado para renunciar”. Frente a ello, la mencionada funcionaria, le informó que la empresa ya “había desistido” de su vinculación laboral y que se había equivocado en la fecha de presentación de la carta de renuncia y debía corregirla. Acto seguido, informa, la funcionaria le aplicó corrector a la palabra “NOVI” para que el accionante la modificara con el fin de completar el mes de “SEPTIEMBRE”, pero él se negó a realizar la “corrección”. 1.5. Indica que el 14 de septiembre de ese año dirigió una comunicación por escrito a la empresa accionada para que procediera a su reintegro ya que desistía de la renuncia, comunicación frente a la cual no ha tenido respuesta satisfactoria. Además, aduce que desde el 5 de septiembre al 28 de octubre de 2009 ha estado incapacitado, y con la terminación del contrato de trabajo

quedó “desprotegido económicamente y en su seguridad social”. Finalmente expone, que existe una violación a su debido proceso toda vez que fue presionado para renunciar. 1.6. Con fundamento en los hechos narrados, y para evitar un perjuicio irremediable, el accionante solicita se conceda el amparo constitucional de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene a la empresa Manufacturas Patel S.A. reintegrarlo al cargo que venía desempeñando o a otro igual o en mejores condiciones “según prescripción médica”. Así también, se ordene a la entidad accionada el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de cancelar desde el 4 de septiembre de 2009 hasta que se produzca su reintegro; asimismo, el pago de las incapacidades médicas que haya generado el médico tratante, y la afiliación inmediata al Sistema General de Seguridad Social.

2. Respuesta de la entidad accionada 2.1. El apoderado de la empresa accionada aduce que es cierto que el accionante se encontraba vinculado laboralmente con la empresa que representa, mediante un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, no obstante frente a los demás hechos de la acción de tutela, en términos generales, alega que no son ciertos. 2.2. Manifiesta que no es cierto que la señora Nhora Castañeda haya citado al accionante a su oficina, y tampoco realizó los comentarios que éste menciona.

Para respaldar esta afirmación, informa que la señora Castañeda hizo una Expediente T2538693. 4 MP. Luis Ernesto Vargas Silva

declaración juramentada ante notario2 donde indicó que el señor Lukein Zwinye Rodríguez Castro se presentó en su oficina el 4 de septiembre de 2009 “a entregarle la carta de renuncia voluntaria elaborada por el referido señor, de su puño y letra de forma manuscrita (sic), sin que hubiese referido que se encontraba enfermo, ya que estaba laborando su turno ordinario de trabajo asignado”3. 2.3. Añade que la señora Castañeda jamás presionó al accionante para que presentara su carta de renuncia, así tampoco conoció a la esposa del señor ni sabe dónde labora, y contrario a lo que él afirma, cuando se presentó la renuncia no le corrigió ni le aplicó “corrector” a la fecha, pues ella en calidad de jefe de recursos humanos de la empresa accionada se limitó a aceptársela “inmediatamente”. Indica que si bien el accionante se presentó en las instalaciones de la compañía el 8 de septiembre de 2009, en ese encuentro -según relato de la mencionada funcionaria-, éste se mostró “alterado y nervioso”, por ello procedió a solicitarle al vigilante y a su secretaria que estuvieran presentes; por lo demás, la comunicación con el ex-trabajador se ciñó a informarle que en atención a que su carta de renuncia ya había sido aceptada, sus peticiones sobre pago de incapacidades y atención en salud debía dirigirlas a la EPS en la cual se encontraba afiliado. 2.4. Expone que la E.P.S. Famisanar debe responder por el pago de las incapacidades laborales que los médicos han generado en favor del accionante. También informa que durante la vigencia de la relación laboral la

empresa cumplió con todas las normas laborales que rigen este tipo de vínculos, ya que en su momento afilió al señor Rodríguez Castro en el Sistema General de Seguridad Social, tal como consta en los documentos que acompaña en la respuesta4. Además, teniendo en cuenta que el accionante no reclamó la liquidación de sus prestaciones sociales, la empresa canceló esta acreencia mediante depósito judicial, que se encuentra a órdenes del Juzgado 12 Laboral del Circuito de Bogotá5; y finalmente expone que el presente mecanismo resulta improcedente, toda vez que la terminación del vínculo laboral fue producto de la manifestación libre y voluntaria del accionante de renunciar a su empleo.

3. Decisiones objeto de revisión. 3.1. Del fallo de primera instancia.

El Juzgado Cincuenta y Ocho Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, mediante sentencia del 22 de octubre de 2009, declaró improcedente la presente acción de tutela, pues consideró que no era el “escenario natural” para resolver “diferendos de carácter contractual2 Visible a folios 41 a 42 del cuaderno principal. 3 Cfr. página 27 hecho 9° ibídem. 4 Folios 37 a 39 y 45 ibídem. 5 Ver folios 46 y 47 ibídem. Expediente T2538693. 5 MP. Luis Ernesto Vargas Silva laboral”; sumado a que en el presente caso, el peticionario contaba con mecanismos ordinarios para la defensa de sus intereses. El juzgador indicó que no existe demostración sobre la existencia de un perjuicio irremediable, ni la vulneración al derecho al mínimo vital, y en

cuanto al derecho a la salud, señaló que teniendo en cuenta que “actualmente” el accionante no se encontraba vinculado laboralmente ni afiliado al régimen contributivo, podía acceder al “régimen subsidiado del sistema de seguridad social (sisben) (sic)6”. 3.2. La impugnación. El peticionario impugnó el fallo señalando, en resumen, que el juez de primera instancia no valoró adecuadamente las pruebas que aportó, especialmente “el CD donde se encuentra la grabacion (sic) de voz de la señora NOHORA CASTAÑEDA, señalando que tenia que corregir la palabra noviembre por septiembre.”. Igualmente, cuestionó que el juez constitucional no hubiera considerado que dicha funcionaria lo presionó para firmar su carta de renuncia, tampoco valoró que se hiciera alusión a su esposa en el sentido de que “iba a estar despedida si él no firmaba la carta de renuncia” -tal como quedó “acreditado” en la grabación-, y que la renuncia que presentó estaba prevista para el 4 de noviembre y no en la fecha en que fue aceptada por la entidad accionada. Además, afirmó que el mecanismo ordinario al cual lo remite el a-quo, no es eficaz frente a los derechos que busca proteger mediante la acción de tutela, especialmente el derecho a la seguridad social, ya que “se encuentra en tratamientos médicos”. 3.3. Del fallo de segunda instancia. El Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 1° de diciembre de 2009, confirmó la decisión objeto de impugnación, bajo los

mismos argumentos señalados por el a-quo, y agregó que frente a las afirmaciones del accionante respecto a la falsedad que contiene el escrito de renuncia -pese a que no contaban con el respaldo probatorio en el expediente y por eso no se ordenaba compulsar copias-, debía acudirse ante la Fiscalía General de la Nación, autoridad competente para adelantar la investigación para esclarecer si se estaba frente a la comisión de un delito. Esta última circunstancia, agregó, debía resolverse en primera medida toda vez que en caso de verificarse las afirmaciones del accionante, el resultado influiría directamente en la “acción laboral”. Por ello, el ad-quem confirmó la desestimación del amparo pretendido, advirtiendo respecto a las pretensiones del actor que resultarían imposibles de “tramitar en la acción breve y sumaria que aquí se sigue, [debido a] tod[a] la 6 Cfr. Folio 80 ibídem. Expediente T2538693. 6 MP. Luis Ernesto Vargas Silva práctica probatoria que se requiere para llegar a establecer lo afirmado por el actor.”.

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

a. Competencia Esta Corte es competente para conocer los fallos materia de revisión, de conformidad con lo estipulado en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, además, en cumplimiento del auto de diecinueve (19) de febrero de dos mil diez (2010), proferido por la Sala de Selección Número Dos (2) de esta Corporación, que seleccionó este asunto para revisión.

b. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela es procedente para proteger los derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, seguridad social y estabilidad laboral reforzada de un trabajador que se “encuentra enfermo” y presenta renuncia al cargo que desempeña, aduciendo ser presionado por su empleador. Para resolver el problema jurídico planteado, la Corte reiterará su jurisprudencia sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada de quienes se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta o indefensión como resultado del deterioro de su estado de salud; la renuncia como forma de terminación del contrato de trabajo, y por último abordará el caso en concreto. c. Solución del problema jurídico

1. Derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta o indefensión como consecuencia de limitaciones físicas, sensoriales o psicológicas. Reiteración de jurisprudencia. 1.1 Esta Corporación en varios pronunciamientos, ha señalado la especial protección, conforme a la garantía que consagran los artículos 13, 47, 53 y 54 de la norma superior7, de que son sujetos las personas que sufren algún tipo de discapacidad o que tienen limitaciones en su estado de salud. 7 El artículo 13 de la Constitución, señala que el Estado tiene la obligación de proteger de manera especial el ejercicio del derecho a la igualdad de “aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.”; a su vez, lo obliga a sancionar “los abusos y

maltratos que contra ellas se cometan.”. Así también, el artículo 47 en cita establece que “[e]l Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la atención especial que requieran.”. Del mismo modo, el artículo 53 superior al consagrar el derecho al trabajo, establece que el estatuto laboral debe fundarse bajo los principios de “estabilidad en el empleo”; mientras que el artículo 54 finalmente, indica que “[e]s obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. ”. Expediente T2538693. 7 MP. Luis Ernesto Vargas Silva De lectura sistemática y finalista de dicho articulado, este Tribunal Constitucional estableció que quienes se encuentran circunstancias de debilidad manifiesta o en estado de indefensión -por su condición económica, física o mental-, son titulares del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada8, que se traduce en garantizar “la permanencia en el empleo (…) luego de haber adquirido la respectiva limitación física, sensorial o sicológica, como medida de protección especial y en conformidad con su capacidad laboral”9. De allí que en favor de este grupo de personas, exista la obligación por parte de sus empleadores de ubicarlos en cargos en los cuales puedan desarrollar labores que no atenten contra su integridad, además, con la prohibición de desvincularlos de sus puestos de trabajo, salvo los casos en que medien causas

objetivas previamente evaluadas por la Oficina de Trabajo. Al respecto, en la sentencia T – 554 de 2009, se indicó: “(…) [E]n aplicación del derecho a la estabilidad laboral reforzada, todo trabajador que se encuentre en una situación de debilidad manifiesta como resultado de la grave afectación de su estado de salud, tiene derecho a permanecer en su lugar de trabajo hasta que se configure una causal objetiva que amerite la desvinculación laboral, causal que, en todo caso, deber ser previamente verificada por el inspector de trabajo o la autoridad que haga sus veces. En este sentido, se reitera que el derecho a la estabilidad laboral reforzada es una consecuencia de la grave afectación del estado de salud del trabajador, afectación que no necesariamente se deriva del estado de invalidez o discapacidad declarado así por la autoridad competente. 3.4 En virtud de lo anterior, la Corte ha dicho que si el juez constitucional comprueba que el despido o la no renovación del contrato de trabajo de una persona cuya salud se encuentra afectada seriamente, se produjo sin la autorización de la autoridad del trabajo, deberá presumir que la desvinculación laboral es una consecuencia de los padecimientos de salud del trabajador10. De ser así, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, el juez deberá concluir que se causó una grave afectación de los derechos fundamentales del accionante, conceder el amparo invocado, declarar la ineficacia del despido y ordenar su reintegro a un cargo acorde con su situación especial11”. 8 Véanse las sentencias T-992 de 2008, T-976 de 2008, T-953 de 2008, T-1083 de 2007, T-661 de 2006, T530 de 2005, T-309 de 2005 y T-689 de 2004. 9 Sentencia C-531 de 2000. 10 “Véanse las sentencias T-518 de 2008, T-521 de 2008, T-1219 de 2005 y T-1040 de 2001”. 11 Una orden en igual sentido fue dada por esta Corporación en la sentencia T-962 de 2008. En esta oportunidad, la Corte tuteló los derechos fundamentales a la vida digna, la salud, el trabajo y el mínimo vital de una mujer que había sido despedida de su trabajo, a pesar de que padecía serios problemas de salud. La cooperativa de trabajo asociado para la cual trabajaba justificó el despido en que, dada la imposibilidad de dar cumplimiento a la recomendación de reubicación efectuada por su médico tratante, la actora debía renunciar. Así, al estimar que la accionante tenía derecho a la estabilidad laboral reforzada, la Corte resolvió: “ORDENAR a la Cooperativa de Trabajo Asociado de Maquila y Logística, Maquilcoop, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta Sentencia, efectúe la reubicación laboral de Maribel Bermúdez Mosquera en un trabajo acorde con su estado de salud, de acuerdo con lo prescrito por su médico tratante y de conformidad con la parte motiva de esta sentencia. En cumplimiento de esta decisión judicial, el reintegro se deberá hacer a un cargo de igual o mayor jerarquía al que la accionante venía desempeñando. Para ello, Maquilcoop debe darle la primera opción laboral que surja como resultado de la ejecución de cualquier contrato de prestación de servicio de trabajo asociado celebrado entre

la cooperativa y otra persona natural o jurídica, y en caso de no existir dichos contratos, deberá contratarla dentro de la misma cooperativa, de tal manera que sus labores no interfieran con la recuperación de su estado de salud.” (El texto en cursiva corresponde a citas originales). Expediente T2538693. 8 MP. Luis Ernesto Vargas Silva Es por ello que la garantía real y efectiva del derecho a la estabilidad laboral reforzada, se encuentra en armonía con: (i) el derecho a conservar el empleo, (ii) a no ser despedido por el estado de vulnerabilidad o por presentar una grave afectación en la salud, y (iii) a permanecer en el cargo hasta tanto no se configure una causa objetiva que amerite la terminación del vínculo laboral, que en todo caso, debe ser previamente evaluada por el inspector de trabajo. 1.2. Sin embargo, la Corte también ha establecido que en los casos donde se pretende el reintegro laboral a través de la acción de tutela, cuando se alega la titularidad del derecho a la estabilidad laboral reforzada, no basta con que la persona demuestre encontrarse en situación de debilidad manifiesta como consecuencia de su estado de salud o de las limitaciones físicas que padece, sino que también debe comprobar que a causa de dicho estado se produjo la terminación del contrato de trabajo. Sobre este aspecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que: “(i) en principio no existe un derecho fundamental a la estabilidad laboral; sin embargo, (ii) frente a ciertas personas se presenta una estabilidad laboral reforzada en virtud de su especial condición física o laboral. No obstante, (iii) si se ha

presentado una desvinculación laboral de una persona que reúna las calidades de especial protección la tutela no prosperará por la simple presencia de esta característica, sino que (iv) será necesario probar la conexidad entre la condición de debilidad manifiesta y la desvinculación laboral, constitutiva de un acto discriminatorio y un abuso del derecho. Por último, (v) la tutela sí puede ser mecanismo para el reintegro laboral de las personas que por su estado de salud ameriten la protección laboral reforzada, no olvidando que de presentarse una justa causa podrán desvincularse, con el respeto del debido proceso correspondiente.”12 Así mismo, este Tribunal en reciente jurisprudencia, al realizar un análisis sobre la procedibilidad de la acción de tutela para lograr el reintegro de los sujetos que tienen el derecho a la estabilidad laboral reforzada, precisó que: “(…) procede el reintegro mediante la acción de tutela, cuando queda demostrado que la desvinculación se produjo con violación de la garantía del fuero sindical o como consecuencia de un acto de discriminación contra una mujer embarazada o una madre cabeza de familia o contra una persona enferma o discapacitada. En este sentido, si el despido se produjo sin que mediara una justa causa demostrada se presume la discriminación y procede el reintegro. Ahora bien, para que proceda la acción de tutela, es absolutamente indispensable – además de otros requisitos de procedibilidad – que pueda razonablemente presumirse la discriminación, que no existan pruebas que la desvirtúen o que, por el contrario, quede demostrado claramente que esta fue la causa del despido. En particular, cuando se trata de

personas que afirman haber sido desvinculadas en razón de su enfermedad o discapacidad, la Corte ha exigido, cuando menos, elementos que permitan razonablemente establecer una relación de conexidad entre la discapacidad o enfermedad y la decisión laboral impugnada.”13 (Subrayado fuera de texto). En este sentido, para efectos de tomar una decisión en sede constitucional que ampare la estabilidad laboral reforzada, debe acreditarse plenamente que el despido o el vínculo laboral terminó por causa directa de la discapacidad o 12 Sentencia T-519 de 2003. 13 Sentencia T-518 de 2008. Expediente T2538693. 9 MP. Luis Ernesto Vargas Silva enfermedad que presenta el trabajador, lo que trae consecuentemente, la ineficacia de la terminación del contrato de trabajo. 1.3. Sumado a lo anterior, esta Corte ha establecido la necesidad de precisar “el modo de terminación de la relación laboral como elemento de procedencia de la acción de tutela”14 toda vez que existen varias formas de terminación del contrato de trabajo15, que dependen de la unilateralidad o de la consensualidad de las partes que han concurrido en la creación del vínculo laboral. Frente a este punto, es necesario precisar que la causa de terminación de la relación laboral que se alegue para proteger el derecho a la estabilidad laboral reforzada, debe ser imputable exclusivamente al empleador -bien sea por efecto del despido o del despido indirecto16-, ya que es el sujeto a quien la ley y la jurisprudencia constitucional le han impuesto la carga de la estabilidad laboral. Por consiguiente, el reintegro como forma de proteger el derecho a la

estabilidad laboral reforzada es viable mediante la acción de tutela si se acreditan los siguientes aspectos: (i) que “sin la intervención del juez constitucional podría causarse [un] perjuicio irremediable”17, (ii) que existe una relación de causalidad entre el hecho o acto que produjo la terminación del contrato de trabajo, la enfermedad o discapacidad que aqueja al trabajador; (iii) que el rompimiento del vínculo laboral no fue justificado por una causa objetiva y relevante; y (vi) que la forma en que terminó la relación laboral le es imputable al empleador. Solamente la comprobación de los anteriores presupuestos, legitima la reclamación por vía de acción de tutela, ya que de no establecerse, se puede concluir que se está frente a de una controversia ordinaria, la cual escapa de la esfera de conocimiento del juez constitucional, en aplicación del principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo (art. 86 C.P.). Lo anterior, en atención a los reiterados pronunciamientos de esta Corte, que han señalado que en principio, el mecanismo constitucional es improcedente para ordenar el 14 Ver sentencia T381 de 2006. 15 Señala el Código Sustantivo de Trabajo, que existen, además de las justas causas, otros motivos para dar por terminado el contrato de trabajo (art. 61), los cuales son: “a) Por muerte del trabajador; b) Por mutuo consentimiento; c) Por expiración del plazo fijo pactado; d) Por terminación de la obra o labor contratada; e) Por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento; f) Por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de ciento veinte

(120) días; g) Por sentencia ejecutoriada; (h) Por decisión unilateral en los casos de los artículos 7º del Decreto Ley 2351 de 1965, y 6º de esta ley) [apartes declarados exequibles condicionalmente]; i) Por no regresar el trabajador a su empleo, al desaparecer las causas de la suspensión del contrato.

2. En los casos contemplados en los literales e) y f) de este artículo, el empleador deberá solicitar el correspondiente permiso al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e informar por escrito a sus trabajadores de este hecho. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resolverá lo relacionado con el permiso en un plazo de dos (2) meses. El incumplimiento injustificado de este término hará incurrir al funcionario responsable en causal de mala conducta sancionable con arreglo al régimen disciplinario vigente.” 16 La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral ha señalado que el “despido indirecto” o “la renuncia provocada” se presenta cuando “no existe una decisión libre del empleado tendiente a finalizar la relación laboral sino, una presión por parte del empleador que obliga a aquél a tomar dicha determinación (…)”. (Sentencia de 30 de julio de 2003, Referencia No. 20517). 17 Sentencia T – 703 de 2009.

Expediente T2538693. 10 MP. Luis Ernesto Vargas Silva reintegro laboral en la medida en que el ordenamiento jurídico prevé para el efecto, determinadas acciones judiciales cuya competencia ha sido atribuida a la jurisdicción ordinaria laboral y a la de lo contencioso administrativo, según

sea el caso. Es por lo anterior que esta Corporación ha considerado que la titularidad del derecho a la estabilidad laboral reforzada no implica la inamovilidad del trabajador18, pues en ciertas circunstancias es viable terminar la relación laboral, a pesar de que en uno de sus extremos se encuentre un sujeto de especial protección constitucional; ya que la ruptura del vínculo laboral no implica per se un perjuicio irremediable19, que deba ser considerado como relevante para que el caso sea sometido a un estudio constitucional. 1.4. Ahora bien, la Corte ha tenido contadas oportunidades para pronunciarse sobre la estabilidad laboral reforzada de los sujetos constitucionalmente protegidos que presentan renuncia al empleo, no obstante, ha especificado con respecto a este modo de terminación del contrato lo siguiente20: (…) la renuncia del trabajador es otro modo previsto por la ley para que el contrato de trabajo termine, siempre y cuando cuente con la característica de ser un acto espontáneo de su voluntad para terminar el contrato; es decir, debe estar libre de toda coacción o inducción por parte del patrono porque ello conllevaría a su ineficacia jurídica. Al ser un acto unilateral de voluntad, del mismo puede retractarse el autor con consecuencias de validez jurídica, pero sólo si esto se le comunica al empleador que no ha manifestado la aceptación de la dimisión; pues, lo que era inicialmente un acto unilateral, cuando se acepta por el empleador, se convierte en un mutuo consentimiento sobre la cesación del vínculo contractual como forma de extinguir la relación laboral y por consiguiente, en caso de retractación del trabajador en estas nuevas circunstancias, deberá también contarse con la anuencia

del patrono para que haya reactivación de la relación contractual21 Por consiguiente, en el anterior contexto, cuando el modo de terminación del contrato laboral invocado sea la renuncia del trabajador, debe entonces evaluarse por el juez la es