CC - T497-2020

Sentencia T-497/20

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL EN TUTELA-Reiteración de jurisprudencia TEMERIDAD EN LA ACCION DE TUTELA-Reiteración de jurisprudencia COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL Y TEMERIDAD-Diferencias En un caso puede existir cosa juzgada pero no necesariamente temeridad del accionante, pues la cosa juzgada es un juicio objetivo, mientras que la temeridad, como reproche, es subjetivo. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESRequisitos generales y especiales de procedibilidad COSA JUZGADA EN MATERIA DE TUTELA-De manera excepcional, la emisión de una sentencia judicial puede constituirse como hecho nuevo para justificar la interposición de una segunda acción Solo las sentencias de las Altas Cortes que reúnen dos características, pueden ser consideradas como justificantes para excepcionar la cosa juzgada de una providencia atacada: (i) primero, que sean “pronunciamientos con efectos erga omnes o inter pares, toda vez que tienen una vocación de universalidad, es decir que no simplemente solucionan un caso concreto o están atados a él” (subrayas fuera del texto original); y, segundo (ii) que se trate de un pronunciamiento novedoso que hubiere modificado drásticamente la jurisprudencia y presente una nueva posición sobre el asunto objeto de debate que, en últimas, cambie las circunstancias fácticas del caso. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESImprocedencia por cuanto no se vulneró debido proceso e igualdad en

proceso de reparación directa La sentencia que utiliza la accionante para fundamentar la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso y a la igualdad no encuadra en aquellos casos extraordinarios en los que la Corte Constitucional ha reconocido que una sentencia posterior permita la intervención de la acción de tutela para la modificación de una providencia judicial que ya hizo tránsito a cosa juzgada. A pesar de que la providencia que contenía el precedente que la accionante quería hacer valer había sido dictado por una alta corte, el Consejo de Estado, carecía de efectos erga omnes o inter pares, no resultaba novedosa, ni explícita ni implícitamente cambiaba drásticamente la jurisprudencia.

Referencia: Expediente T-7.211.667

Acción de tutela interpuesta por Nancy Omaira Rivera en contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

Magistrado Ponente:

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veinte (2020) La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente: SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos proferidos por las Secciones Cuarta y Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en primera y segunda instancia respectivamente, dentro de la acción de tutela instaurada por Nancy Omaira Rivera en contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

I. ANTECEDENTES

A. LA DEMANDA DE TUTELA

1. Nancy Omaira Rivera presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Según indicó, dicho estrado judicial le vulneró, entre otros, sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad al proferir sentencia dentro del proceso de reparación directa que la accionante adelantó en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. En consecuencia, le pidió al juez constitucional que revoque “la Sentencia de Segunda Instancia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, reconsiderando la valoración en conjunto de las pruebas y demás elementos que reposan dentro del expediente, con lo cual se podrá reconocer y reparar el daño antijurídico que constituye la base de la responsabilidad administrativa y patrimonial por la falla en el servicio correspondiente al régimen objetivo de responsabilidad del Estado”1.

B. HECHOS RELEVANTES 1 Cuaderno principal, fl. 3.

2

2. El cinco (5) de marzo de dos mil tres (2003), Marco Antonio Ibarra Ibarra murió en un atentado en el Centro Comercial Alejandría de la ciudad de San

José de Cúcuta2.

3. El ocho (8) de octubre de dos mil cuatro (2004), Nancy Omaira Rivera y otros familiares de la víctima interpusieron demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

Fundamentaron su acción en “la falla en el servicio, el riesgo excepcional y el daño especial (…) al presentarse una verdadera ausencia de los mecanismos de inteligencia y protección de las entidades Estatales (Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional), las cuales son encargadas de la

protección de los ciudadanos”3.

4. El treinta (30) de septiembre de dos mil once (2011), el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cúcuta negó las pretensiones de la demanda4.

Por una parte, reconoció que el cinco (5) de marzo de dos mil tres (2003) murió el señor Ibarra Ibarra en una explosión en el Centro Comercial Alejandría, como consecuencia de “un acto terrorista, (…) cometido por personas desconocidas”5. Sin embargo, concluyó que “se hace imposible atribuir[le] el daño [al Estado]”. Esto, por cuanto (i) “los hechos fueron a causa de la acción directa de un tercero, ocurrieron por el actuar indiscriminado de un grupo terrorista”6; (ii) no encontró indicios de que hubiera existido un conocimiento previo de amenazas; y (iii) los demandantes no aportaron evidencias de que el atentado hubiera resultado previsible para las autoridades. En esos términos, desestimó la responsabilidad del Estado. De la decisión judicial atacada se destaca: a. Los demandantes fundamentaron la responsabilidad del Estado en “que hubo falla en el servicio7”. b. La demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones argumentando que “se hace imposible atribuir[le] el daño […] ya que los hechos fueron a causa de la acción directa de un tercero, ocurrieron por el actuar indiscriminado de un grupo terrorista”8, destacando que las obligaciones a cargo del Estado no pueden ser ilimitadas. c. En las consideraciones del despacho se reconoció la ocurrencia de la

explosión en el Centro Comercial Alejandría, que tuvo lugar el cinco (5) de marzo de dos mil tres (2003), y que tuvo como consecuencia la muerte del señor Ibarra Ibarra. Ahora bien, este evento fue calificado como “un acto terrorista, […] cometido por personas desconocidas, de manera indiscriminada, con población inerme, usando un medio capaz de causar un gran impacto”9. 2 Cuaderno principal, fl. 1. 3 Cuaderno principal, fl. 1. 4 Radicada bajo el número 54001-23-31-002-2004-01256-00. 5 Ibíd. 6 Cuaderno principal, fl.15. 7 Cuaderno principal, fl. 14. 8 Cuaderno principal, fl.15. 9 Ibíd. 3 d. Se aclaró que el Consejo de Estado, respecto de los daños por actos terroristas, determinó que “solo en aquellos casos en los cuales el acto se dirija contra establecimiento público o contra un alto funcionario del Estado o de otro Estado acreditado en el nuestro, o contra un cuartel o destacamento de la fuerza pública, en fin, una institución, una persona o un elemento que represente de cualquier manera al Estado Colombiano, podrá imputarse responsabilidad y deber de responder por el detrimento de terceros”10, exponiendo elementos asociados al régimen objetivo de responsabilidad por riesgo excepcional. Se señaló también, que el Estado se encontraría obligado a reparar de acreditarse una falla del servicio. e. Destacó que el atentado se había ejecutado de manera velada, utilizando medios difícilmente perceptibles por la autoridad. El hecho, además, se

dirigió, no contra un generador de riesgo asociado al Estado, sino que el objetivo del atentado fue el centro comercial, demostrando su carácter indiscriminado y general. f. Además, que no se encontraron indicios de un conocimiento previo de amenazas, o actuar negligente de las autoridades, en especial porque no existieron evidencias de que el atentado hubiese resultado predecible. Al respecto, destacó la falta de prueba de la responsabilidad estatal por falla en el servicio. g. Se hizo alusión a la sentencia del tres (3) de marzo de dos mil once (2011) del Tribunal Administrativo de Norte de Santander11, en la que se descartó la responsabilidad el Estado, por vía de la demostración de la falla en el servicio, o por la acreditación de una responsabilidad objetiva por daño especial o riesgo excepcional. Los demandantes apelaron la decisión.

5. El veintisiete (27) de febrero de dos mil quince (2015), el Tribunal Administrativo de Norte de Santander confirmó la sentencia de primera instancia12. Sostuvo que “la parte apelante no logró acreditar la presunta falla del servicio en que incurrió la demandada y por ende, resulta improcedente endilgar la responsabilidad del Estado por la muerte del Señor Ibarra Ibarra, con ocasión del atentado terrorista”13. En concreto, indicó que “ningún medio de convicción demuestra que la Policía Nacional conocía con anterioridad de la comisión de dicho acto terrorista y menos, que hubiese omitido tomar medidas para evitar su realización”14. A su juicio, de las pruebas obrantes en el expediente se tiene que (i) el supervisor

de vigilancia del centro comercial señaló que las presuntas amenazas eran “rumores de pasillo”15 y nunca informó sobre sus eventuales autores, o que tal circunstancia hubiese sido comunicada a las autoridades; (ii) los otros elementos de convicción analizados “son posteriores al día del lamentable 10 Cuaderno principal, fl. 18 11 M.P. Dr.Jaime Alberto Galeano Garzón, Rad. No. 54001-33-31-002-2005-00305-01. 12 Cuaderno principal, fls. 31-39. Sentencia notificada por edicto del diecisiete (17) de julio de dos mil quince (2015). 13 Cuaderno principal, fl. 34. 14 Cuaderno principal, fl. 38. 15 Ibíd. 4 hecho terrorista, por lo que de ningún modo puede inferirse de ellas, que la demandada tuviera conocimiento previo de la realización del atentado y por ende, de la falla del servicio endilgada por la parte actora”16; y (iii) a pesar de estar acreditado el daño sufrido, no hubo falla del servicio, en tanto no se demostró la previsibilidad del hecho dañino. Por lo anterior, concluyó que “no se configura la actuación u omisión del Estado por alguno de sus agentes, siendo este un elemento indispensable para declarar este tipo de responsabilidad subjetiva”17. Así mismo, descartó la ocurrencia de escenarios de daño especial o riesgo excepcional.

6. El veintitrés (23) de septiembre de dos mil quince (2015), la señora Rivera interpuso una primera acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander18. La accionante solicitó el amparo de, entre otros, su

derecho fundamental al debido proceso. En concreto, sostuvo que la sentencia que profirió dicho Tribunal el veintisiete (27) de febrero de dos mil quince (2015) adolece de un defecto fáctico, porque el Tribunal valoró de manera indebida las pruebas aportadas al proceso.

7. El diez (10) de noviembre de dos mil quince (2015), el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, negó el amparo solicitado19. Consideró que el Tribunal no incurrió en el defecto fáctico alegado por la señora Rivera, porque analizó todas las pruebas de manera adecuada y razonable. En concreto, sostuvo que “el Tribunal desató cada uno de los argumentos planteados en el libelo, para lo cual efectuó el análisis correspondiente de los medios probatorios allegados, por lo que fluye con nitidez para la Sala que lo pretendido por la actora en esta sede de tutela es plantear una tercera instancia en la que se evalúe nuevamente la totalidad del caudal probatorio allegado al expediente, con el fin de obtener una decisión favorable a sus pretensiones”. La accionante no impugnó la decisión.

8. El veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciocho (2018), el Consejo de Estado – Sección Tercera, Subsección B, profirió sentencia de segunda instancia frente al proceso radicado Nº. 54-001-23-31-000-2004-01127-01, en la que se declaró responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por la muerte de la señora Mónica Yajaira Leal Moreno, que tuvo lugar el seis (6) de marzo de dos mil tres (2003). En esta sentencia

se condenó a la Nación al pago de los perjuicios morales y materiales causados al señor Freddy Eduardo Leal Moreno. Respecto de esta circunstancia, la señora Rivera manifestó que la condena se dio por una muerte “consecuencia del atentado terrorista realizado contra el Centro Comercial Alejandría de la ciudad de Cúcuta, el día 05 de marzo de 2003, por miembros del ELN, como represalia de las fumigaciones con Glifosato en el Catatumbo”20, lo que “evidencia una flagrante violación de los derechos fundamentales por parte de la entidad Accionada, toda vez que 16 Ibíd. 17 Ibíd. 18 Cuaderno principal, fls. 60-61. 19 Cuaderno principal, fl. 60. 20 Cuaderno principal, fl. 2. 5 ante la presencia de hechos iguales o idénticos que originaron el proceso de reparación directa anteriormente mencionado, se tomen decisiones judiciales disímiles”21.

9. El diez (10) de julio de dos mil dieciocho (2018), la señora Rivera presentó la acción de tutela bajo revisión en contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Indicó que dicho Tribunal le vulneró, entre otros, sus derechos al debido proceso y a la igualdad al proferir sentencia de segunda instancia en el marco del proceso de reparación directa que la accionante adelantó en contra de la Nación (ver supra, num. 3).

Primero, alegó que las sentencias judiciales que definieron su proceso de reparación directa debían tener el mismo sentido que la sentencia proferida en 2018 por el Consejo de Estado (ver supra, num. 8). Afirmó que, a pesar

de encontrarse en una idéntica situación, en esta última decisión sí se reconoció la responsabilidad del Estado. Segundo, sostuvo que las sentencias incurrieron en defectos sustanciales y procesales “puesto que las pruebas recaudadas ha sido en debida forma allegadas al proceso (sic), con la mayor diligencia posible y se evidencia la falta de aplicación en el criterio de valoración de la prueba conocido como la Sana Crítica y de unidad probatoria para motivar de forma justa y garantista la sentencia”22. En consecuencia, la accionante le solicitó al juez constitucional revocar “la Sentencia de Segunda Instancia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander”23.

C. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS O

VINCULADAS AL TRÁMITE24

Tribunal Administrativo de Norte de Santander25

10. Una de las magistradas del Tribunal solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela porque “no cumple con el requisito de inmediatez”. De manera subsidiaria, solicitó que “se niegue el amparo de los derechos invocados”. A su juicio, la providencia cuestionada “fue proferida conforme a las normas constitucionales, legales y a los lineamientos jurisprudenciales, siguiendo los parámetros de las reglas de la sana crítica, realizándose una valoración fundada en lo debidamente acreditado dentro del plenario”. 21 Cuaderno principal, fl. 3. 22 Cuaderno principal, fl. 6. 23 Cuaderno principal, fl. 3. 24 En el auto de admisión de la demanda de tutela, del veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018), la

Consejera ponente, Stella Jeannette Carvajal, ordenó notificar al Despacho de Descongestión Nº. 002 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander –demandado en el proceso–, al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cúcuta, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, y a los señores Marco Eliécer Ibarra Rivera, Glenis Eliana Ibarra Rivera, Dariana María Aguirre Ibarra, Luis Antonio Ibarra Buendía, Basilia Ibarra de Ibarra, María del Carmen Ibarra Bautista, Alix Ibarra Ibarra, Noralba Ibarra Ibarra, Jorge Luis Ibarra Ibarra, Jesús María Ibarra y Luis Eduardo Ibarra, como terceros interesados en el resultado del proceso. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso. También se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 25 Cuaderno principal, fls.51-52 y 72-73. 6 Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad del Circuito de Cúcuta26

11. La Secretaria del despacho judicial se limitó a confirmar la remisión del expediente correspondiente al radicado 54001-23-31-002-2004-01256-01, solicitado por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, como tribunal de tutela de primera instancia.

Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional27

12. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional solicitó “denegar las súplicas de la accionante ante la improcedencia de la acción de tutela”, por

las siguientes razones:

13. Primero, argumentó que la tutela sub examine es temeraria. Al respecto,

sostuvo que “existe identidad de hechos, partes, pretensiones y derechos invocados, sin que medie justificación válida para concluir que la pluralidad de acciones de tutela que se encuentre razonablemente sustentada, máxime cuando la autora nunca da (sic) conocer en el escrito tutelar la interposición de una acción constitucional (…) la cual fue denegada mediante fallo de primera instancia de fecha diez (10) de noviembre de 2015, por lo tanto se demuestra la mala fe de la libelista con respecto al presente mecanismo constitucional”.

14. Segundo, afirmó que la sentencia cuestionada se ajustó a derecho, porque

(i) la obligación de velar por la seguridad de las personas a cargo de la Policía no puede entenderse en términos absolutos; (ii) la muerte del señor Ibarra Ibarra, ocurrió por hecho de un tercero; (iii) el atentado contra el Centro Comercial era imprevisible; (iv) ningún medio de convicción obrante en el proceso demostró que la Policía Nacional conociera con anterioridad el plan terrorista, o hubiera omitido tomar medidas para evitar su realización; y (v) nunca se demostró la falla en el servicio.

15. Tercero, en relación con la violación del derecho a la igualdad, la entidad señaló que la accionante “hace una interpretación errónea del principio de igualdad y de la aplicación de los efectos de las sentencias judiciales, ya que pretende que se cobije su situación particular con las resultas de un fallo contencioso administrativo adelantado (…) por el señor Freddy Eduardo Leal Moreno y otros, frente a las situaciones de hecho y de derecho concretas y diferentes; medio de control en el que se reitera, la señora

Nancy Omaira Rivera no tuvo participación directa, ni de ninguna otra índole, por lo que no es viable jurídicamente que se le apliquen los efectos inter-partes de una sentencia derivada de una litis en la que se careció de vinculación procesal”.

16. Por último, alegó que el presente caso no cumple el requisito de inmediatez, porque transcurrieron aproximadamente treinta y seis (36) meses 26 Cuaderno principal, fl. 76. 27 Cuaderno principal, fls. 54-59. 7 entre la notificación de la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander –realizada mediante publicación de edicto del diecisiete (17) de julio de dos mil quince (2015) y la presentación de la acción de tutela objeto de esta decisión. A su juicio, ese término es irrazonable.

D. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN Sentencia de primera instancia: Sentencia proferida por el Consejo de Estado,

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta28

17. El diez (10) de octubre de dos mil dieciocho (2018), la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado porque, a su juicio, se configuró una actuación temeraria. En concreto, sostuvo que en presente caso hay identidad de (i) partes, (ii) causa petendi y (iii) objeto con la tutela adelantada ante el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el marco del proceso identificado con el radicado número 11001-0315-000-2015-02605-0029. Al respecto precisó que “no existe razón alguna que justifique la interposición de una nueva acción de tutela y se evidencia

una actuación desleal por parte de la demandante en la presentación de acciones de tutela idénticas, en tanto que en el escrito de la solicitud objeto de estudio se observa que juramentó no haber presentado una solicitud de amparo constitucional por los mismos hechos, lo que refuerza la tesis de la temeridad”30. Impugnación31

18. El veinticuatro (24) de octubre de dos mil dieciocho (2018), la accionante impugnó dicha sentencia con base en las siguientes razones. Por una parte, descartó que hubiese actuado de mala fe. Manifestó que “por la falta de conocimiento en la materia al momento de formular la presente acción de tutela (…) olvid[ó] precisar que con anterioridad había formulado acción de tutela por hechos similares”32. Adicionalmente, argumentó que la presunción de buena fe, consagrada en el artículo 83 de la Constitución, cobija la interposición de esta acción. Así mismo, sostuvo que el fallo del veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciocho (2018), en el que el Consejo de Estado profirió sentencia de segunda instancia frente al radicado Nº. 54-00123-31-000-2004-01127-01, justifica la presentación de una segunda tutela. A su juicio, “en esta ocasión se invoca la necesidad de dar aplicación al derecho de igualdad, en virtud de la providencia [antes mencionada], por tratarse de un caso de idénticas características en relación con la acción de reparación directa formulada por la suscrita”33. 28 Cuaderno principal, fls. 80-85. 29 Cuaderno principal, fl. 84.

30 Cuaderno principal, fl. 85. 31 Cuaderno principal, fls. 98-99. Esta fue concedida mediante auto del seis (6) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), Cuaderno principal, fl. 101. 32 Cuaderno principal, fl. 98. 33 Cuaderno principal, fl. 99. 8

Sentencia de segunda instancia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Quinta34

19. El veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), el juez de segunda instancia modificó la decisión impugnada y declaró la improcedencia de la tutela por la existencia de cosa juzgada constitucional.

Fundamentó su fallo en las siguientes dos razones: Primero, no consideró que hubiere habido una acción temeraria por parte de la señora Rivera. En efecto, no encontró acreditada la mala fe de la accionante porque ella (i) aceptó en la impugnación la presentación previa de una acción de tutela similar; y (ii) justificó su conducta en la existencia de una sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que debería ser tenida en cuenta para proferir una decisión nueva a su favor. Segundo, sostuvo que se presentó el fenómeno de la cosa juzgada porque hay identidad de causa, objeto y partes entre las dos acciones de tutela presentadas por la ciudadana. Para el alto tribunal, “el solo hecho de expedirse un nuevo fallo con una postura jurisprudencial distinta, no habilita la presentación de nuevas tutelas por los mismos hechos, pues ello atentaría contra los principios (sic) de la seguridad jurídica que debe regir el correcto funcionamiento de la

administración de justicia”35.

II. CONSIDERACIONES

A. COMPETENCIA

20. Esta Corte es competente para conocer de la presente acción de tutela de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del Auto del quince (15) de marzo de dos mil diecinueve (2019), de la

Sala de Selección de Tutelas Número Tres36.

B. CUESTIÓN PREVIA: COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL Y TEMERIDAD En atención a los hechos del caso, la Sala debe estudiar en primera instancia si, como lo señalaron los jueces de instancia, se presentan los fenómenos de cosa juzgada constitucional o de temeridad37.

Cosa juzgada constitucional

21. De conformidad con el artículo 243 de la Constitución, “los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa 34 Cuaderno principal, fls. 111-125. 35 Cuaderno principal, fl. 125. 36 Cuaderno de revisión, fl. 7. 37 Es conveniente recordar que, en primera instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado consideró que el caso sub examine era improcedente por temeridad. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en segunda instancia, concluyó también que resultaba improcedente, pero por la existencia de cosa juzgada constitucional 9 juzgada constitucional”. Esta Corte ha señalado que las acciones de tutela también están sometidas a los parámetros de la cosa juzgada. Por eso, el

artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 dispone que quien “interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos”38. La cosa juzgada dota a las providencias de un valor inmutable, vinculante y definitivo. En consecuencia, “le está vedado tanto a los funcionarios judiciales como a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo pleito”39.

22. Una sentencia proferida en un proceso de tutela hace tránsito a cosa juzgada constitucional (i) cuando es seleccionada para revisión por parte de esta corporación y fallada en la respectiva Sala; o (ii) cuando, surtido el trámite de selección, se vence el término establecido para que se insista en su selección, sin que ésta haya sido escogida por esta corte40.

23. En una acción de tutela se vulnera el principio de cosa juzgada cuando:

(i) se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia; (ii) en el nuevo proceso existe identidad de partes41; (iii) de objeto42; y (iv) de causa respecto del anterior43. Como lo ha señalado esta Corte, “si existen elementos distintos que caracterizan la nueva acción (…) ya no podría hablarse de cosa juzgada constitucional, en tanto que el nuevo litigio tendría otra identidad sustancial que aún espera ser resuelta y ser dotada de su propia intangibilidad”44.

24. Sobre esto, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que “[c]uando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea

presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”, razón por la cual, cuando se verifique la coincidencia material de los casos presentados ante la jurisdicción constitucional, la conducta a seguir por los jueces de tutela consiste en denegar la tutela solicitada, o bien 38 Ver, entre otras, la sentencia C-774 de 2011. 39 Corte Constitucional, sentencia SU-055 de 2018. 40 Constitución Política de 1991, artículo 241: “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo, con tal fin cumplirá las siguientes funciones: (…) 9. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales”. 41 La identidad de partes, hace referencia a que “al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada”. Corte Constitucional, sentencias C774 de 2001 y T-427 de 2017. 42 Hay identidad de objeto cuando “sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente”. Corte Constitucional, sentencias C-774 de 2001 y T-427 de 2017. 43 “Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa

juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa”. Corte Constitucional, sentencias C-774 de 2001 y T-427 de 2017. Corte Constitucional. Sentencias T-019 de 2016 y T-427 de 2017. 44 Corte Constitucional, sentencia SU-055 de 2018. 10 declarar la improcedencia del amparo, sin importar que estos no coincidan en el tiempo45. Temeridad

25. Por otra parte, la temeridad se configura cuando, además de haber identidad de partes, objeto y causa entre las dos tutelas, no existe justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso, es decir, de mala fe, por parte del accionante o su apoderado. Así, la jurisprudencia constitucional ha considerado que una actuación es temeraria cuando: “(i) resulta amañada, en la medida en que el actor se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus pretensiones;

(ii) denote el propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable; (iii) deje al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción; o finalmente (iv) se pretenda a través de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los administradores de justicia”46.

26. Así las cosas, en un caso puede existir cosa juzgada pero no necesariamente temeridad del accionante, pues la cosa juzgada es un juicio objetivo, mientras que la temeridad, como reproche, es subjetivo.

Caso concreto

27. De acuerdo con los antecedentes expuestos (ver supra, num.6), con anterioridad a la tutela que aquí se estudia, la accionante interpuso una primera demanda de amparo, también en contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por la vulneración de sus derechos fundamentales “al Debido Proceso, a la Justicia y a la protección por parte del Estado, a la reparación integral, la valoración de la prueba”. Al igual que en este caso, en aquella oportunidad la accionante alegó que la vulneración de sus derechos se produjo como consecuencia del fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal, en el proceso de reparación directa que aquella había adelantado en contra de la Nación. En ambos escritos, le soli