CC - T510-2020

Sentencia T-510/20

DEBIDO PROCESO EN JUZGAMIENTO DE INDIGENAS Y

LIMITES AL EJERCICIO DE LA JURISDICCION INDIGENA

JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA-Alcance y límites AUTONOMIA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y DERECHOS INDIVIDUALES DE SUS MIEMBROS-Garantía del debido proceso y dignidad humana en procesos de investigación y juzgamiento por autoridades indígenas Las autoridades indígenas en los procesos de investigación y juzgamiento deben garantizar el respeto a la dignidad humana y el debido proceso de sus miembros. El desconocimiento de alguna de estas garantías constitucionales habilita la intervención del juez constitucional para proteger los derechos individuales de los miembros de las comunidades indígenas. Esto es así porque dichas restricciones son necesarias para proteger intereses de superior jerarquía. LIMITES A LA AUTONOMIA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS-Parámetros que ha establecido la Corte Constitucional “El derecho fundamental al debido proceso constituye un límite jurídicomaterial de la jurisdicción especial que ejercen las autoridades de los pueblos indígenas”. Si bien las autoridades indígenas pueden aplicar sus “normas y procedimientos”, dichas facultades deben respetar el “mínimo de garantías constitucionales” previstas por el artículo 29 de la Constitución Política. Las “reglas mínimas” del debido proceso son: (i) el principio de juez natural, (ii) la presunción de inocencia, (iii) el derecho de defensa, (iv) la prohibición de la responsabilidad objetiva y el principio de culpabilidad

individua, (v) el principio de non bis in idem, (vi) la no obligatoriedad de la segunda instancia, (vii) la razonabilidad y proporcionalidad de las penas y (viii) el principio de legalidad de los procedimientos, los delitos y las penas. PRESUNCION DE VERACIDAD EN TUTELA-Naturaleza y fines DEBIDO PROCESO EN JURISDICCION INDIGENA-Respeto que debe observarse en los procesos judiciales que se adelantan/DEBIDO PROCESO PENAL A INDIGENA-Derecho a comparecer y ejercer su propia defensa JURISDICCION INDIGENA-Imposición de sanciones La Sala determinó que la pena impuesta no era previsible, en tanto las autoridades tradicionales impusieron una pena desproporcionada. El quantum y el tipo de pena impuesta a los accionantes no era previsible. Las autoridades tradicionales condenaron a los actores a “treinta años de prisión, sin rebaja de pena”, en una cárcel ordinaria. Si bien la sala no cuestiona la facultad de la comunidad embera chamí de modificar las sanciones (duración y tipo de pena) previstas por sus normas, en este caso, dichas modificaciones no se enmarcan dentro del margen de previsibilidad del “tipo y el rango de las sanciones” que las autoridades indígenas podían imponer a los accionantes. DEBIDO PROCESO EN JURISDICCION INDIGENA-Vulneración por cuanto las autoridades tradicionales desconocieron el principio de legalidad de los delitos y las penas

Referencia: Expediente T-7.694.614

Acción de tutela interpuesta por Rigoberto Nayaza Dovigama y Pablo Emilio

Dovigama Nayaza en contra de las autoridades tradicionales del Resguardo Indígena Embera Chamí Unificado del Río San Juan y otros Magistrado ponente (e):

RICHARD S. RAMÍREZ GRISALES

Bogotá D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinte (2020) La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular de las previstas por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, profiere la siguiente:

SENTENCIA

1. Síntesis. Los accionantes, Rigoberto Nayaza y Pablo Emilio Dovigama, son miembros del Resguardo Indígena Embera Chamí Unificado del Río San Juan (en adelante, el Resguardo). El 15 de febrero de 2018, fueron condenados por la Asamblea General y el Consejo de Justicia Indígena del Resguardo a “30 años de reclusión”, por el homicidio de la embera Diocelina Dovigama.

Las autoridades tradicionales resolvieron que los accionantes debían cumplir su pena en una cárcel del INPEC. En consecuencia, los accionantes se encuentran recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada (en adelante, EPAMS La Dorada)1. 1 Cno. de tutela, fl. 235. Página 2 de 45

2. Los accionantes interpusieron acción de tutela en contra de las autoridades tradicionales del Resguardo y otros, por la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso, de defensa y de petición. De un lado, los

accionantes indicaron que, en el proceso de investigación y juzgamiento, las autoridades tradicionales: (i) no adelantaron investigación alguna, (ii) no les permitieron “defenderse”, (iii) impusieron una pena que no está prevista en el reglamento interno de justicia de la comunidad y (iv) resolvieron que la pena debía cumplirse en una cárcel del INPEC, que no en el Resguardo. De otro lado, señalaron que las autoridades indígenas no han dado respuesta a las peticiones que han presentado acerca de la revisión de sus casos. El Juzgado Único Promiscuo Municipal de Mistrató y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría negaron la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

3. Homicidio de Diocelina Dovigama. La embera Diocelina Dovigama falleció el 3 de febrero de 20182, en medio de una “riña”3 entre varios miembros del Resguardo. Al respecto, Rigoberto Nayaza relató que, en medio de la riña, fue atacado por “ocho (8) [primos]”4. Estos últimos le “rompieron

[la] cabeza y [le] cortaron en [v]arias partes de [su] cuerpo”5. Por su parte, Pablo Emilio Dovigama señaló en la acción de tutela que “no estaba presente cuando empezaron (…) la pelea como tal”6, pero que “estaba casi muy cerca del lugar”7 y que decidió dirigirse a “la casa de [su] primo” Rigoberto Nayaza, dado que “se escuchaba mucha gritería de mujeres y niños”8. Al llegar, advirtió que estaba presente “toda la familia de [su] tía Diocelina y a

ella junto con sus hijos, y [que] estaban dando machetadas y garrotes”9 a Rigoberto Nayaza. Pablo Emilio Dovigama también indicó en el escrito de tutela que, al intervenir en la pelea, fue atacado “entre todos con machetes y garrotes”10, por lo que “[le] tocó utilizar [su] machete de trabajo”11, y que “la muerte de [su] tía Diocelina fue causad[a] por las machetadas de [sus] manos”12. Así, expuso en la solicitud de amparo que “[es] el culpable”13 y que “[su] primo Rigoberto es inocente de los hechos en lo cual (sic) él fue víctima de estos agresores”14.

4. Actuaciones de la Policía Municipal de Mistrató. El 3 de febrero de 2018, aproximadamente a las 6:00 pm, la Policía Municipal de Mistrató fue 2 Según el escrito de tutela, los hechos sucedieron el 2 de febrero de 2018. No obstante, con base en los informes de Policía y las pruebas recaudadas durante el proceso, se advierte que los hechos sucedieron el 3 de febrero de 2018. 3 Cno. de tutela, fl. 3. 4 Cno. de tutela, fl. 4. 5 Cno. de tutela, fl. 4. 6 Cno. de tutela, fl. 5. 7 Cno. de tutela, fl. 5 8 Cno. de tutela, fl. 6. 9 Cno. de tutela, fl. 5. 10 Cno. de tutela, fl. 6. 11 Cno. de tutela, fl. 6.

12 Cno. de tutela, fl. 6. 13 Cno. de tutela, fl. 6. 14 Cno. de tutela, fl. 7. Página 3 de 45 notificada de “una riña entre personas indígenas”15, por lo que una patrulla se desplazó hacia la Finca San Miguel, vereda El Terrero, en la zona rural de Mistrató. Según el reporte de la Policía, en el lugar “[había] un grupo de personas (…) que se encontraban discutiendo y algunas lesionadas”16. Asimismo, había “una señora de edad adulta [que] estaba ensangrentada tendida en el piso inconsciente, con signos vitales muy débiles”17. Los presuntos “responsables de las lesiones que presentaba la señora en hechos ocurridos segundos antes” eran “dos personas que [se] disponían a alejarse del sitio de los hechos (…), uno señalado como Emilio (…) y el otro señalado como Rigoberto”18, quien “se [encontraba] ensangrentado y aparentemente lesionado con arma blanca”19.

5. Captura de Rigoberto Nayaza y Pablo Emilio Dovigama. En el escrito de tutela, Rigoberto Nayaza indicó que, dado que se encontraba herido, “[su] esposa y [su] madre [lo trasladaron] al centro asistencial”20 y que, “cuando

[iban] por el camino, [encontraron] a tres miembros de la policía [que se] dirigían al lugar de la riña”21. Según su relato, los miembros de la Policía se “sorprendieron cuando [lo] vieron ensangrentado y [les] preguntaron qué

[era] lo que estaba pasando”22, respecto de lo cual “no [pudieron] dar la razón” y “siguieron [su] camino (…) hacia el pueblo en busca de los médicos”23. No obstante, “cuando los miembros de la Policía llegaron al pueblo, ellos [lo] capturaron y [lo] encerraron en un calabozo”24 y “después de media hora (…) trajeron a [Pablo Emilio Dovigama] y lo encerraron [con él]” por “[asesinar] a una mujer [que] es de su familia”25. En contraste con lo manifestado por Rigoberto Nayaza, y según los registros del libro de población y la minuta de vigilancia, la Policía de Mistrató “[capturó a] los dos señalados”26, y los trasladó “hacia la cabecera municipal para la atención de los lesionados”27. Luego, “los capturados [fueron] trasladados a las instalaciones del Hospital San Vicente de Paúl, para que les [realizaran] (…) valoración médica”28.

6. Otras actuaciones de la Policía Judicial y legalización de la captura.

La Policía Municipal de Mistrató “[procedió a] la judicialización por el delito de homicidio [de] los ciudadanos detenidos, dándole a conocer y entender sus derechos como personas capturadas”29. Las actuaciones iniciadas en contra de Rigoberto Nayaza y Pablo Emilio Dovigama fueron comunicadas “al agente 15 Libro de población Policía Municipal de Mistrató, fl. 330. 16 Libro de población Policía Municipal de Mistrató, fl. 330. 17 Libro de población Policía Municipal de Mistrató, fl. 330. 18 Libro de población Policía Municipal de Mistrató, fl. 331.

19 Libro de población Policía Municipal de Mistrató, fl. 331. 20 Cno. de tutela, fl. 5. 21 Cno. de tutela, fl. 5. 22 Cno. de tutela, fl. 5. 23 Cno. de tutela, fl. 5. 24 Cno. de tutela, fl. 5. 25 Cno. de tutela, fl. 5. 26 Libro de población Policía Municipal de Mistrató, fl. 331. 27 Libro de población Policía Municipal de Mistrató, fl. 331. 28 Libro de población Policía Municipal de Mistrató, fl. 331. 29 Libro de población Policía Municipal de Mistrató, fl. 331. Página 4 de 45 del Ministerio Público (…), a la SIJIN del municipio de Belén de Umbría, con el fin de realizar los actos urgentes, y a la Fiscalía URI de Pereira”30. Al llegar a Mistrató, los funcionarios de la Policía Judicial de Belén de Umbría “realizaron los respectivos actos urgentes”31, entre ellos, la “entrevista preliminar” a los señores José Vidal Nayaza, Luis Carlos Nayaza y Aristídes Nayaza, quienes identificaron a Rigoberto Nayaza y Pablo Emilio Dovigama como los responsables del homicidio de Diocelina Dovigama32. Finalmente, los accionantes fueron trasladados a la ciudad de Pereira, para adelantar la “legalización de la captura”. Sin embargo, los accionantes “fueron dejados en libertad teniendo en cuenta [su] fuero especial y poder preferente, advirtiendo a los indiciados el riesgo a su integridad personal si se [desplazaban] al municipio de Mistrató, teniendo en cuenta posibles

retaliaciones por parte de familiares de la occiso (sic)”33.

7. Actuaciones del Cabildo Mayor en ejercicio de su jurisdicción indígena. De un lado, Rigoberto Nayaza34 y Pablo Emilio Dovigama35 manifestaron que, tras su llegada al Resguardo, el Cabildo les impuso la sanción de cepo y los condenó por el homicidio de Diocelina Dovigama, sin adelantar investigación alguna. De otro lado, Arnoldo Siagama, consejero de justicia del Resguardo al momento de la ocurrencia de los hechos, adujo que, con el fin de recaudar pruebas dentro del proceso en contra de los accionantes, adelantó dos “entrevistas”, a saber, (i) a Teresa Dovigama y (ii) a los accionantes. En primer lugar, entrevistó a Teresa Dovigama, quien fue testigo del homicidio y “[declaró] que Rigoberto había matado a Diocelina”36 y que, cuando llegó Pablo Emilio Dovigama, “acabaron de matarla, entre los dos”37.

En segundo lugar, en compañía del otro consejero de justicia del Resguardo, Luis Carlos Arce, entrevistó a los accionantes, quienes, tras negar su responsabilidad frente a los hechos, finalmente manifestaron: “matamos nosotros, para qué vamos a negar ya”38. Así, habida cuenta de que los 30 Libro de población Policía Municipal de Mistrató, fl. 332. 31 De conformidad con el Informe Ejecutivo -FPJ 3de la Policía Judicial de Belén de Umbría, las actuaciones urgentes que se adelantaron fueron las siguientes: fijación fotográfica al cadáver, Inspección Técnica a

Cadáver, entrevistas preliminares en formato FPJ-14manuales, solicitud de antecedentes o anotaciones judiciales de los capturados, solicitud de “consulta web service de los capturados al laboratorio”, registro decadactilar de los dos capturados, verificación de arraigos y estudio socioeconómico (Anexos respuesta SIJIN, fls. 25 a 42). 32 Anexos respuesta SIJIN, fls. 15 a 21. 33 Libro de población, Policía Municipal de Mistrató, fl. 333. 34 Rigoberto Nayaza sostiene que, tras su llegada al resguardo, la Guardia Indígena los capturó y “[los] llevaron ante el Cabildo [que] no [les] hizo ninguna investigación y sin más nada [los] metieron al cepo por 15 días sin comida”. Declaración juramentada de Rigoberto Nayaza ante la Personería Municipal de la Dorada, fl. 2. 35 Pablo Emilio Dovigama señaló que, “cuando [los] soltaron en Pereira, la Policía [los] llevó hasta la partida de Belén (…) y de ahí para allá [les] tocó caminar hasta Mistrató (…) [y] se fueron caminando hasta Purembará”. Al llegar al resguardo en Purembará, “[les] iniciaron un juicio por la muerte de Diocelina” dentro del cual “no [los] dejaron defender”. Declaración juramentada de Pablo Emilio Dovigama ante la Personería Municipal de la Dorada, fl. 2. 36 Declaración rendida ante el Juez Promiscuo Municipal de Mistrató, Risaralda en sede de Revisión [minuto

14:15]. 37 Declaración rendida ante el Juez Promiscuo Municipal de Mistrató, Risaralda en sede de Revisión [minuto 59:23]. 38 Declaración rendida ante el Juez Promiscuo Municipal de Mistrató, Risaralda en sede de Revisión [minuto 32:23]. Página 5 de 45 presuntos responsables confesaron su responsabilidad sobre los hechos, los consejeros de justicia indicaron que “[concluyeron] la investigación porque ya no [había] con quién más investigar”39.

8. Condena de Rigoberto Nayaza y Pablo Emilio Dovigama. El 15 de febrero de 2018, la Asamblea General del Resguardo se reunió “para abordar el terrible caso del homicidio y violencia contra la mujer, cometido contra la embera wera Diocelina Dovigama”40. La Asamblea General informó que dicho homicidio “fue cometido por los indígenas embera chamí, Rigoberto Nayaza y Pablo Emilio Dovigama”41. En esta reunión, la Asamblea General del Resguardo resolvió condenar a los accionantes “según [sus] usos y costumbres, y amparados en el reglamento interno”. La condena impuesta a los accionantes fue de “30 años de reclusión para cada uno, sin rebaja de pena, por la manera cruel en que fue asesinada”42 la embera. De conformidad con el acta de la reunión, la “sanción se [dio] apoyados en los testimonios de testigos que afirmaron que estos dos emberas son responsables del asesinato, además que es respaldada por la información dada por la policía de Mistrató”43 acerca de “los hechos ocurridos”. En dicha reunión, la Asamblea

también resolvió “entregar a la justicia ordinaria a los sancionados, para que estos sujetos paguen su pena en una cárcel de la región, porque en el resguardo no hay una estructura reclusoria, ni la capacidad operativa para mantenerlos resguardados por tanto tiempo”44.

9. Resolución 02 de 2018 del Resguardo Indígena Unificado Chamí sobre el Río San Juan. El 1 de marzo de 2018, de conformidad con lo resuelto por la Asamblea General de la comunidad, el Cabildo Mayor Indígena y el Consejo de Justicia Indígena propia del Resguardo profirieron la Resolución 02 de

2018. Por medio de esta decisión, (i) fue oficializada la condena impuesta a Rigoberto Nayaza y Pablo Emilio Dovigama, de “30 años de cárcel (…) [sin] rebaja, porque cometieron un feminicidio, actuando atrozmente con alevosía y sevicia”45, y (ii) los accionantes fueron puestos a disposición del INPEC, “(…), en calidad de patio prestado, para que (…) paguen su pena en una cárcel de la región”46. Por medio de la resolución, las autoridades indígenas también señalaron que los accionantes “[seguían] estando bajo jurisdicción de la justicia indígena”. Por tanto, el INPEC debía dar a los accionantes “un trato diferencial, en calidad de indígenas, respetándoseles el uso de prácticas culturales tradicionales embera”47, y “[debía] permitir regularmente la visita de los familiares y las autoridades indígenas”48. 39 Declaración rendida ante el Juez Promiscuo Municipal de Mistrató, Risaralda en sede de Revisión [minuto

47:35]. 40 Cno. de tutela, fl. 157. 41 Cno. de tutela, fl. 157. 42 Cno. de tutela, fl. 157. 43 Cno. de tutela, fl. 157. 44 Cno. de tutela, fl. 157. 45 Cno. de tutela, fl. 88. 46 Cno. de tutela, fl. 88. 47 Cno. de tutela, fl. 88. 48 Cno. de tutela, fl. 88. Página 6 de 45

10. Reclusión de Rigoberto Nayaza y Pablo Emilio Dovigama. El 14 de marzo de 2018, los accionantes ingresaron al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira (en adelante, EPMSC Pereira). No obstante, el 28 de junio de 201849 fueron trasladados al EPAMS La Dorada50, donde se encuentran recluidos actualmente. De conformidad con las hojas de vida del INPEC, los accionantes fueron condenados por el delito de “feminicidio”, por parte de las autoridades del Resguardo, de conformidad con la Resolución 02 de 2018, y se encuentran en la etapa de ejecución de la pena51.

11. Solicitud de tutela. El 18 de julio de 2019, Rigoberto Nayaza y Pablo Emilio Dovigama interpusieron acción de tutela en contra de (i) las autoridades tradicionales del Resguardo, (ii) William de Jesús Nayaza Enevia, consejero mayor del Consejo Regional Indígena de Risaralda (en adelante, CRIR), y (iii) Nelson Siagama, gobernador mayor del Resguardo52. Los

accionantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de petición. De un lado, señalaron que, en el proceso de investigación y juzgamiento, los sujetos accionados: (i) no adelantaron investigación alguna, (ii) no les permitieron “defenderse”, (iii) impusieron una pena que no está prevista en el reglamento interno de justicia de la comunidad y (iv) resolvieron que la pena debía cumplirse en una cárcel del INPEC, que no en el Resguardo. De otro lado, manifestaron que las autoridades indígenas (v) no han dado respuesta a las peticiones que han presentado “en varias ocasiones”53 acerca de la revisión de sus casos. En particular, los accionantes señalaron lo siguiente: (i) Los sujetos accionados no adelantaron investigación alguna. Según los accionantes, “las autoridades tradicionales no tuvieron en cuenta los principios de seguimiento en los procesos penales”54, según los cuales debían “investigar los hechos y así hallar unas pruebas contundentes, como materiales o elementos que haya usado en el momento de los hechos”55 o buscar “testigos para fundamentar en los procesos de investigación en contra del individuo”56. Por el contrario, las autoridades los “condenaron sin investigación de los hechos y [los] encerraron quince (15) días en el cepo”57. (ii) Los sujetos accionados no les permitieron defenderse durante el proceso de investigación y juzgamiento. Los accionantes mencionaron 49 Cno. de tutela, fls. 194 y 197. 50 El Director General del INPEC autorizó, por medio de la resolución 901564 del 14 de junio de 2018, el

traslado de Rigoberto Nayaza y Pablo Emilio Dovigama al EPAMS La Dorada. 51 Cno. de tutela, fls. 194 y 197. 52 Cno. de tutela, fl. 2. 53 Cno. de tutela, fl. 2. 54 Cno. de tutela, fl. 8. 55 Cno. de tutela, fl. 8. 56 Cno. de tutela, fl. 8. 57 Cno. de tutela, fl. 9 Página 7 de 45 que las autoridades tradicionales no les permitieron conocer y controvertir las pruebas en su contra, así como tampoco les “deja[ron] participar en el momento del juicio condenatorio”58. Para los accionantes, esto implicó un desconocimiento de las “normas de la comunidad”59, porque fue desconocido su derecho a “escuchar, defenderse y lograr definir su situación, dentro de unas reglas de juego claras, transparentes e imparciales”60. (iii) Los sujetos accionados impusieron una pena que no está prevista en el reglamento interno de justicia de la comunidad. Según los accionantes, la pena impuesta por las autoridades tradicionales es “ilegítima”, en tanto ella no está prevista en las normas de la comunidad. En efecto, el “artículo 44 del Estatuto Indígena de Mistrató (R) señala (…) [que] cuando un indígena [cometa] un delito de homicidio, por primera vez, será condenado a una pena de cinco (5) años si lo hiciere por segunda vez, se aumentará cinco (5) años de más, para un total de diez (10) años; y su pena se cumplirá en trabajo

y rotando en cada vereda dentro de su ámbito territorial”61. Así, “de ninguna manera señala este artículo una pena máxima de 30 años de prisión”62, por lo que la decisión adoptada por las autoridades indígenas fue “ilegítima”. Finalmente, señalaron que la “ley propia, ley natural (…) no conoce el delito de feminicidio como tal”63. De ahí que las autoridades indígenas del Resguardo desconocieron la importancia de “las normas establecida[s] y formada[s] por la Asamblea de la Comunidad Indígena”64. (iv) Los sujetos accionados resolvieron que la pena debía cumplirse en una cárcel del INPEC, que no en el Resguardo. Según los accionantes, “el cabildo mayor (…) tomó su propia decisión y a su propia conciencia [los] condenó y [entregó] a la mano del INPEC”65. De esta manera, las autoridades del Resguardo desconocieron que los “miembros de comunidades indígenas no deben cumplir penas en establecimientos ordinarios de reclusión ya que la mayoría de costumbres indígenas no conciben la pena de encarcelamiento como forma de sanción”66. (v) Los sujetos accionados no han dado respuesta a las solicitudes que han presentado en varias ocasiones. Los accionantes allegaron copia de dos derechos de petición, ambos de 12 de mayo de 2019, dirigidos a 58 Cno. de tutela, fl. 9 59 Id. 60 Cno. de tutela, fl. 14. 61 Cno. de tutela, fl. 11. 62 Cno. de tutela, fl. 11. 63 Cno. de tutela, fl. 11.

64 Cno. de tutela, fl. 9. 65 Cno. de tutela, fl. 9. 66 Cno. de tutela, fl. 15. Página 8 de 45 William Nayaza y Nelson Siagama67. Mediante estas peticiones, los accionantes solicitaron la “revisión de [sus] procesos y que [los] retornen a la comunidad”. No obstante, los accionantes no presentaron la constancia de envío y recepción de dichos documentos por parte de los destinatarios.

12. En consecuencia, los accionantes solicitaron que los sujetos accionados:

(i) “[les] permitan conocer [sus] procesos y defender[se]”68 de las acusaciones en su contra; (ii) “en [sus] procesos, surtan todos [los] argumentos de pruebas contundentes como elementos de probatorios y que [los] juzguen conforme a la ley establecida en el estatuto indígena del gran resguardo indígena unificado sobre el río San Juan”69, así como (iii) “[los] retornen a la comunidad como es debido y que [les] permitan contemplar la jurisdicción especial indígena dentro del ámbito territorial ancestral como derecho fundamental para no desculturización”70.

13. Admisión de la acción de tutela, práctica de pruebas y vinculaciones. El 31 de julio de 2019, el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Mistrató admitió la acción de tutela71. Asimismo, mediante providencias del 31 de julio, 12 y 13 de agosto de 2019, el juez decretó la práctica de pruebas72, y vinculó al proceso a (i) el CRIR, (ii) el Consejo de Justicia Indígena de

Mistrató, (iii) Alberto Wazorna, exgobernador mayor del Resguardo; (iv) Luis Carlos Arce, consejero de justicia del Resguardo; (v) Arnoldo Siagama, consejero de justicia del Resguardo; (vi) la Dirección General del INPEC, (vii) la Dirección Regional Viejo Caldas del INPEC y (viii) el EPAMS La Dorada. 67 Cno. de tutela, fls. 19 y 20. 68 Cno. de tutela, fl. 17. 69 Cno. de tutela, fl. 17. 70 Cno. de tutela, fl. 17. 71 El 19 de julio de 2019, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de control de garantías de Pereira se declaró incompetente para conocer de la acción de tutela. El 25 de julio de 2019, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira dirimió el conflicto de competencia y resolvió que la acción de tutela debía ser tramitada por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Mistrató (Cno. de incidente de conflicto de competencia, fl. 4). 72 Por medio de auto de 31 de julio de 2019, el juez de primera instancia decretó la práctica de pruebas. A las autoridades del resguardo les ordenó allegar el “Reglamento del Consejo de Justicia” o, en su defecto, “la norma aplicada en la judicialización de los accionantes por el delito de feminicidio”; el “Reglamento Interno” del resguardo, “o el documento que haga sus veces”; y “copia completa del procedimiento sancionatorio adelantado” contra los accionantes (Cno. de tutela, fl. 38). Al Juzgado Segundo de Ejecución

de Penas de la Dorada (Caldas) le solicitó aportar “los documentos alusivos a la sentencia condenatoria proferida por las autoridades indígenas” del resguardo en contra de los accionantes (Cno. de tutela, fl. 38). Por medio de auto de 2 de agosto de 2018, requirió a los accionantes para que remitieran “copia legible de los derechos de petición remitidos al señor William Nayaza (…) y al Cabildo Mayor Nelson Siagama”. Esto, habida cuenta de que “las copias aportadas en los anexos de la acción constitucional [son] ilegibles” y “Nelson Siagama (…) manifestó que [no tenía] el original del derecho de petición (…) que desconoce ese documento” (Cno. de tutela, fl. 53). Por medio de auto de 5 de agosto de 2019, ordenó a los accionantes “[aportar] la prueba de envío” del derecho de petición, dado que “no se aportó la prueba de haberse enviado y entregado los derechos de petición remitidos a los señores William Nayaza (…) y Nelson Siagama” (Cno. de tutela, fl. 59). Por medio de auto de 12 de agosto de 2019, ordenó a las autoridades indígenas remitir “el acta de la asamblea de 15 de febrero de 2018, mencionada en la Resolución 02 de 1 de marzo de 2018” (Cno. de tutela, fl. 134). Además, por medio de la misma providencia, solicitó al INPEC aportar “el convenio suscrito con [el resguardo], mediante el cual fueron recluidos” los accionantes (Cno. de tutela, fl. 134).

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14. Contestaciones a la solicitud de tutela. Durante el trámite de primera instancia, solo se recibieron las respuestas del CRIR, Nelson Siagama, Alberto Wazorna, la Dirección Regional Viejo Caldas del INPEC y el EPAMS La Dorada. Los otros sujetos vinculados no se pronunciaron al respecto. 14.1. CRIR. El 5 de agosto de 2019, William de Jesús Nayaza Enevia, en calidad de representante del CRIR, solicitó su desvinculación del trámite de tutela por falta de legitimación por pasiva. Señaló que el CRIR “no violó derecho fundamental alguno” de los accionantes. Esto, por cuanto el CRIR “no tiene como competencia la administración de justicia”. Esto es competencia y “responsabilidad única y exclusiva de la Autoridad Mayor del Resguardo Unificado Embera Chamí de Mistrató, Risaralda”. 14.2. Nelson Siagama. El 5 de agosto de 2019, el gobernador mayor del Resguardo señaló que Rigoberto Nayaza y Pablo Emilio Dovigama “fueron los culpables de la muerte de la señora Diocelina Dovigama”73.

En relación con el proceso adelantado en contra de los accionantes, indicó que (i) “cuando se dieron las versiones al Consejo de Justicia Indígena convocó [a] los guardias indígenas y se dio la orden de captura para actuar de acuerdo a la justicia”; (ii) los accionantes “pagaron en el cepo 36 horas y los guardias indígenas los estaban protegiendo”74; (iii) “como no [tienen] la seguridad de casa por cárcel, y para protegerlos, la

comunidad replanteó crear Comité de Justicia Indígena para hacer convenio con el Inpec [y] entregar a los internos para que se pague la condena por 30 años en la cárcel”75. Esta decisión, según indicó, “fue aprobad[a] en la Asamblea General donde participaron 1600 personas y es válido, la aprobación”76. Asimismo, el gobernador mayor allegó copia del nuevo Reglamento Interno de Justicia del Resguardo, expedido el 6 de julio de 2018. Dicho reglamento prevé como “faltas graves” el homicidio, y dispone que al “embera que (…) comete un homicidio de manera cruel y alevosa, se le sancionará con treinta (30) años de trabajo forzado, sin rebaja de pena”. Este reglamento tampoco tipifica el delito de feminicidio. Ahora bien, el gobernador mayor no allegó copia de las actuaciones de investigación y juzgamiento adelantadas en contra de los accionantes. 14.3. Alberto Wazorna. El 13 de agosto de 2019, Alberto Wazorna77 señaló que “la condena [de] los accionantes se hizo en base a (sic) la ley de origen, el derecho mayor y el derecho propio”78, de conformidad con la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT y las leyes 89 de 1890 y 21 de 1991. Además, adujo que “las condenas [no] se hacen de manera 73 Cno. de tutela, fl. 82. 74 Cno. de tutela, fl. 82. 75 Cno. de tutela, fl. 80.

76 Cno. de tutela, fl. 82. 77 Alberto Wazorna era el Gobernador Mayor al momento de los hechos que originaron la interposición de la acción de tutela. Además, fue quien suscribió la Resolución 02 de 2018, por medio de la cual se condenó a los accionantes (Cno. de tutela, fl. 91). 78 Cno. de tutela, fl. 154. Página 10 de 45 individual sino [que] la decisión [es] tomada a través de una Asamblea General” 79. Finalmente, señaló que la condena “se [impuso] a través de un profundo análisis del delito, circunstancia de violación del derecho que tenemos como seres humanos y de la magnitud del daño causado a la víctima y por medio de la Resolución No 02 del 1° de marzo de 2018”80. 14.4. Dirección Regional Viejo Cald