CC - T599-2007

Sentencia T-599/07

MESADA PENSIONAL DECRETADA Y NO PAGADA-Procedencia excepcional de tutela para el pago DERECHO A LA PENSION DE JUBILACION Y PRINCIPIO DE LA BUENA FE PRINCIPIO DE RESPETO AL ACTO PROPIO-Casos en que resulta aplicable El principio de respeto del acto propio resulta aplicable cuando (i) se ha proferido un acto que contenga una situación subjetiva concreta y verificable que conceda confianza a su beneficiario de la titularidad de una posición jurídica determinada, esto es, que la disposición sea eficaz y jurídicamente vinculante; (ii) la decisión sea revocada súbita y unilateralmente por su emisor sin que esté autorizado por el ordenamiento para ello y con base en parámetros irrazonables o desproporcionados y (iii) exista identidad entre el sujeto que emite la decisión y su beneficiario tanto en la actuación inicial como en la posterior que la modifica, a la vez que ambos actos regulen la misma situación jurídica subjetiva. PENSION DE VEJEZ-La suspensión por el ISS de la inclusión en nómina por afiliación voluntaria de la demandante a un Fondo de Pensiones con posterioridad a la solicitud de pensión Es cierto que la múltiple vinculación entre el ISS y Pensiones Santander, invocada por la entidad como el argumento central para decretar la suspensión de la inclusión en nómina de los pensionados, comunicada a la actora mediante oficio y la posterior revocatoria unilateral de la pensión de vejez, mediante la resolución, se originó en la afiliación voluntaria de la

accionante a ese fondo de pensiones el 1° de julio de 2000, dada la vinculación laboral que tuvo con la empresa. Tampoco se puede desconocer, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 692 de 1994 que prohibió la múltiple vinculación a fondos de pensiones, se estableció como regla para resolver el conflicto el que se entendiera como válida la última vinculación efectuada. No obstante lo anterior, resulta inadmisible y desproporcionado que en virtud de tal hecho, cuya causa principal lo fue la necesidad de la accionante de encontrar una fuente de ingresos ante la demora en el trámite de reconocimiento de la pensión por parte del ISS y además por su precaria situación económica, debido al tratamiento de cáncer a que ha sido sometida, la accionante deba soportar el aplazamiento indefinido del pago efectivo de su pensión finalmente reconocida, y posteriormente la pérdida de su derecho pensional, obligándola además a someterse a la carga de agotar un nuevo procedimiento para obtener ante otra entidad el reconocimiento de su pensión, cuya solicitud inicial fue presentada ante el ISS 8 años atrás. PENSION DE JUBILACION-Respeto del acto propio /REVOCATORIA DE ACTO ADMINISTRATIVO DE CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO-Caso en que el ISS desconoció su propia actuación de reconocimiento de pensión de vejez La Sala considera que al desconocer su propia actuación el ISS vulneró los principios de la buena fe, la confianza legítima y el respeto al acto propio, en tanto que con el reconocimiento de la pensión de vejez, la accionante creyó

gozar de la condición de pensionada y por tanto no podía ser revocado ni desconocido unilateralmente por la misma entidad sin el consentimiento expreso y escrito de su beneficiario, porque ello atenta contra los derechos adquiridos, los cuales se encuentran plenamente garantizados por el artículo 58 de la Carta Política. PRINCIPIOS DE CELERIDAD Y EFICACIA-Caso en que se dilató injustificadamente por más de 7 años ante el ISS reconocimiento de pensión de vejez de señora enferma y de 63 años El desconocimiento injustificado de los plazos por parte del ISS - 4 meses para resolver de fondo siguientes a la presentación de la solicitud del 20 de diciembre de 1999 y 6 meses para el pago efectivo a partir del reconocimiento el 10 de marzo de 2006 -, resulta inaceptable, en tanto que el reconocimiento de la pensión de vejez, es un asunto que involucra además del derecho de petición, derechos fundamentales como la seguridad social y el mínimo vital, toda vez que desde la perspectiva constitucional es evidente que quien cumple con los requisitos de Ley para obtener la pensión tiene derecho a disfrutar de esa prestación en cuyo trámite se debe dar plena aplicación a los principios de celeridad y eficacia que consagra el artículo 209 de la Constitución Política en las actuaciones administrativas que adelanten para tal efecto. Por lo anterior, la Sala confirmará parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito, el 13 de abril de 2007 en lo que se refiere al amparo del derecho de petición de la señora, pero por la dilación injustificada en el pago de la pensión reconocida el 10 de marzo de 2006 y se

adicionará para tutelar también los derechos a la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso. En consecuencia, se ordenará al Instituto de Seguros Sociales, Seccional Cundinamarca y D.C. que, si aún no lo ha hecho, en el término de 3 días a partir de la notificación de esta sentencia proceda, a realizar las gestiones necesarias a fin de asegurar el pago efectivo de las mesadas correspondientes a la pensión de vejez ordenada en l a R e s o l u c i ó n N o . 9 3 3 0 d e l 1 0 d e m a r z o d e 2 0 0 6 , c o n l a c o r r e s p o n d i e n t e i n c l u s i ó n e n l a n ó m i n a d e l o s p e n s i o n a d o s .

Referencia: expediente T-1627064

Acción de tutela interpuesta a través de apoderado judicial por Luz Amparo García Alzate contra el Instituto de Seguros Sociales – Seccional Cundinamarca y D.C., con vinculación oficiosa de la AFP Santander.

Magistrado Ponente:

Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil siete (2007). La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA en el trámite de revisión del fallo proferido por el Juzgado Cuarenta y Seis

Penal del Circuito de Bogotá, D.C., que resolvió la acción de tutela interpuesta a través de apoderado judicial por Luz Amparo García Alzate contra el Instituto de Seguros Sociales – Seccional Cundinamarca y D.C..

I. ANTECEDENTES

1. De los hechos y la demanda.

La señora Luz Amparo García Alzate actuando a través de apoderado, el 26 de marzo de 2007, presentó acción de tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales – Seccional Cundinamarca y D.C., con el fin de solicitar al juez constitucional se tutele su derecho fundamental de petición, con base en los hechos que fueron expuestos así en su demanda: 1.1. Afirma la actora que desde el 20 de diciembre de 1999, radicó ante el ISS los documentos requeridos para obtener el reconocimiento de su pensión por haber cumplido la edad y el tiempo de servicio. 1.2. Informa en relación con el trámite de su petición, que el área de Bonos Pensionales le informó que la certificación de salarios expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fue devuelta en dos ocasiones y allegada finalmente al ISS el 8 de octubre de 2004. 1.3. Manifiesta que mediante comunicación del 29 de julio de 2005, el ISS también le informó que dentro del estudio de su prestación, se procedió al cobro de la cuota parte pensional ante CAJANAL, por haber trabajado con el Estado. 1.4. Agrega que en razón a que “…no me salía la pensión, no tenía de que vivir, me resultó un empleo en CORVESALUD LTDA, pero tenía que

afiliarme a PENSIÓN, entonces el asesor de PENSIONES SANTANDER, me dijo que no importaba que yo hubiera presentado mi solicitud de pensión al SEGURO SOCIAL, porque ellos no iban a reclamar ningún BONO PENSIONAL…”. 1.5. Por último, sostiene que no obstante haber presentado los papeles correspondientes el 20 de diciembre de 1999, mediante Resolución No.9330 de marzo 10 de 2006, el ISS le reconoció la pensión, pero nunca se la pagaron argumentando para ello que el bono pensional fue reclamado por la AFP Santander. Sobre este aspecto indica que una vez terminó el trabajo con Corvesalud, la desafiliaron de ese Fondo de Pensiones y nunca le informaron de dicha reclamación. Por lo anterior, señala que es su voluntad que el ISS le pague su pensión con la corrección monetaria y que gestione ante Pensiones Santander la devolución del bono pensional, toda vez que al momento en que radicó la solicitud por cumplir el tiempo y la edad, se encontraba afiliada ante esa entidad. Adicionalmente manifiesta que no está en condiciones de iniciar un nuevo trámite ante otra entidad, ya que no alcanzaría a terminarlo toda vez que se encuentra en tratamiento de cáncer y no tiene trabajo.

2. Intervención de las entidades vinculadas

2.1. El Instituto de Seguros Sociales – Seccional Cundinamarca y D.C. no dio respuesta alguna durante el trámite de la acción, pese haber sido notificada en debida forma por el Juzgado de conocimiento. 2.2. El representante legal de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Santander S.A., vinculado de manera oficiosa por el juez de

instancia, manifestó en su escrito de respuesta que la accionante se vinculó con la AFP el 1 de junio de 2000, para lo cual diligenció y firmó el formato de vinculación, en el que señaló que la selección del régimen de ahorro individual con solidaridad fue efectuado en forma libre y voluntaria. Por tanto señala, que no obstante el desconocimiento que argumenta la accionante, se presume que la afiliación es plenamente válida, auténtica y surte todos los efectos. Precisa que si bien la declaratoria de nulidad que solicita la accionante debe ser emitida por la jurisdicción penal, dado que su pretensión es pensionarse con el ISS, de conformidad con las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004 en cualquier momento puede solicitar el traslado, teniendo en cuenta que según su historia laboral a 1° de abril de 1994, tenía más de 15 años de servicios cotizados. Adicionalmente indica que en razón a que la tutelante no ha radicado solicitud pensional ante esa Administradora, no procede un pronunciamiento sobre una solicitud inexistente.

3. Las pruebas 3.1. Comprobante No.1011434, de fecha 20 de diciembre de 1999, en el que consta la radicación ante el ISS de la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez a nombre de la accionante. (folio 6) 3.2. Oficio No.9250 de fecha 11 de agosto de 2004, mediante el cual el Gerente II del Centro de Atención de Pensiones (e) de la Seccional

Cundinamarca y D.C. del ISS, reitera por cuarta vez al ICBF, las peticiones

formuladas en mayo 4 de 2000, septiembre 30 de 2002 y septiembre 9 de 2003, de envío de la certificación de la totalidad de los salarios devengados por la accionante durante el tiempo en que laboró en esa entidad. (folio 7) 3.3. Oficio No.042852 del 8 de octubre de 2004, mediante el cual el Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos de la Dirección de Gestión Humana del ICBF, le remite al ISS la certificación de salarios solicitada y además le precisa que las certificaciones solicitadas en ocasiones anteriores se requirieron para trámite de bono pensional pero no para salarios devengados durante la vinculación de la accionante. (folio 8) 3.4. Certificación expedida el 5 de octubre de 2004, por la Directora de Gestión Humana del ICBF, sobre salarios devengados por la accionante durante los años 1981 a 1993. (folios 9 y 10) 3.5. Oficio No.15389 de fecha 29 de julio de 2005, mediante el cual el Gerente II Centro Atención Pensiones (e) de la Seccional Cundinamarca y D.C., del ISS informa a la accionante que en relación con el trámite de la solicitud prestacional, ha solicitado a CAJANAL el cobro de la cuota parte pensional. (folio 11) 3.6. Oficio No.4313 de fecha 10 de marzo de 2006, mediante el cual el Gerente II del Centro de Atención Pensiones de la Seccional Cundinamarca y D.C. del ISS, le informa a la accionante que su solicitud pensional fue resuelta de fondo mediante acto administrativo que le será notificado, con el fin de

incluirla en la nómina de abril de 2006 para efectuar el pago en el mes de mayo de 2006. (folio 12) 3.7 Comunicación de fecha 16 de mayo de 2006, mediante la cual la accionante le solicita a la Gerente de Bonos Pensionales del ISS agilizar los trámites de la revisión de la inconsistencia presentada en su pensión toda vez que “…desde hace cuatro años me encuentro en tratamiento oncológico y como usted debe saber lo costoso que esto es, me he quedado totalmente sin recursos. Es así como me encuentro en total necesidad de dicha pensión, que con gran esfuerzo me gané, como ya puede comprender donde le van a dar trabajo a una persona vieja y con cáncer.” (folio 13) 3.8. Oficio No.7264 de fecha 9 de mayo de 2006, mediante el cual el Gerente II Centro Atención Pensiones, de la Seccional Cundinamarca y D.C., del ISS, solicita a la Vicepresidencia de Pensiones – Devolución de Aportes de la misma entidad, certifique si la accionante se trasladó de régimen a un fondo privado de pensiones y si se ha efectuado devolución de aportes, toda vez que se ha presentado inconsistencia en el grupo de nómina que impidió el pago de la prestación concedida a la accionante. (folio 14) 3.9. Oficio No.7646 de fecha 9 de mayo de 2006, mediante el cual el Gerente II Centro Atención Pensiones, de la Seccional Cundinamarca y D.C., del ISS, le informa a la accionante que no fue posible incluirla en la nómina de pensionados, debido a la inconsistencia presentada por la solicitud de

expedición de bono tipo A por parte del Ministerio de Hacienda. Por tal razón, le solicita un tiempo prudencial de espera con el ánimo de verificar lo relacionado con el traslado de fondos y además definir la entidad competente para resolver la solicitud de reliquidación de la prestación. (folio 15) 3.10. Formulario No.5003904, de fecha 1° de julio de 2000, “Solicitud de Vinculación al Fondo Obligatorio de Pensiones y/o Cesantías”, en el que consta la afiliación voluntaria de la accionante al Fondo de Pensiones y Cesantías Santander. (folio 24) 3.11. Oficio No.5224 de fecha 27 de abril de 2007, mediante el cual el Gerente II del Centro de Atención Pensiones del ISS, informa al Juzgado 46 Penal del Circuito de Bogotá, que en acatamiento al fallo de tutela adjunta el acto administrativo a través del cual resolvió de fondo la solicitud prestacional de la accionante. (folio 32) 3.12. Resolución No.15749 de fecha 18 de abril de 2007, suscrita por el Gerente II Centro Atención Pensiones de la Seccional Cundinamarca y D.C., del ISS, mediante la cual dejó sin efecto la resolución No.9330 del 10 de marzo de 2006 que le reconoció la pensión de vejez y ordenó remitir los documentos contentivos de la solicitud de pensión de vejez a la AFP Santander, por ser la entidad competente para reconocer la pensión de la accionante. (folio 34)

II. DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN

1. El Juzgado 46 Penal del Circuito de Bogotá, mediante fallo proferido el 13 de abril de 2007, concedió la tutela del derecho fundamental de petición de la accionante y ordenó al ISS, decidirle de fondo la petición de reconocimiento de la pensión radicada el 20 de diciembre de 1999.

Consideró el fallador que aunque el término de los 4 meses estipulado en el parágrafo 1 del artículo 9 de la ley 797 de 2003 se encuentra vencido, la administración no se libera de la obligación de pronunciarse ni de la responsabilidad disciplinaria que su omisión le pueda generar. Así entonces, si bien mediante oficio No.7264 del 9 de mayo de 2006, le comunicaron a la accionante que se debía aclarar la inconsistencia presentada por la solicitud del bono tipo A por parte del Ministerio de Hacienda, para lo cual le solicitaron a la Oficina de Devolución de Aportes de la Vicepresidencia de Pensiones certificación sobre el traslado o no al Fondo Privado de Pensiones con el fin de determinar la entidad competente para resolver la petición, lo cierto es que: …desde hace once meses no se ha tomado determinación alguna para decidir de fondo y de manera eficaz la petición referida, lo que impone la tutela del derecho reclamado.” Niega la tutela en relación con el Fondo de Pensiones y Cesantías Santander, al considerar que la accionante no ha efectuado ante esa empresa petición de reconocimiento del derecho pensional, ni tampoco ha solicitado el traslado al ISS, razón por la que no es competente para resolver el cuestionamiento formulado por la tutelante respecto de la legalidad de la vinculación a dicho Fondo.

2. En cumplimiento de la Sentencia proferida por el Juzgado de instancia, mediante oficio No.5224 del 27 de abril de 2007, el Gerente II del Centro de Atención Pensiones de la Seccional Cundinamarca del ISS, adjuntó copia de la Resolución No. 015749 del 18 de abril de 2007, mediante la cual resolvió de fondo la solicitud prestacional de la accionante Luz Amparo García Alzate.

En la parte considerativa del mencionado acto administrativo se afirmó que: (i) mediante resolución No.009330 del 10 de marzo de 2006, el ISS concedió la Pensión de Vejez a la accionante, en cuantía de $2.397.379.oo, para el 1° de abril de 2006; (ii) la prestación no produjo su ingreso a nómina al presentar inconsistencia por el traslado al fondo privado de Pensiones Santander y la solicitud de expedición de bono tipo A ante el Ministerio de Hacienda y; (iii) la Oficina de Devolución de Aportes de la Vicepresidencia de Pensiones del ISS, certificó que en virtud de múltiple vinculación entre el Fondo Privado de Pensiones y el ISS, la entidad encargada de decidir la prestación económica es la AFP Santander. En la parte Resolutiva la Gerente II del Centro de Atención Pensiones de la Seccional Cundinamarca y D.C., dispuso dejar sin efecto la Resolución No.009330 del 10 de marzo de 2006 por medio de la cual se reconoció a la señora Luz Amparo García la pensión de vejez, negar por tanto la pensión de vejez a la peticionaria y remitir los documentos originales contentivos de la

solicitud de pensión a la AFP Santander por considera que es la entidad competente para adelantar dicho trámite.

III. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

1. Competencia.

Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Problema jurídico.

Teniendo en cuenta los antecedentes relatados debe resolver la Corte si el Instituto de Seguros Sociales vulneró los derechos fundamentales de petición, seguridad social, mínimo vital y debido proceso de la peticionaria al aplazar el pago de la pensión ya reconocida a la accionante y posteriormente dejar sin efecto dicho reconocimiento negando la pensión, argumentando no tener competencia en virtud de una múltiple vinculación entre el ISS y la administradora de fondo privado de pensiones, a la cual se trasladó con posterioridad a la radicación de la solicitud de pensión. Con tal fin recordará su doctrina sobre la procedencia de la acción de tutela en casos como el que ocupa la atención de la Sala, así como la relacionada con el principio de la buena fe, la confianza legítima, el respeto del acto propio y la revocatoria de los actos administrativos.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el pago de mesadas pensionales decretadas y no pagadas. 3.1. La Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la pensión de vejez reviste un carácter de constitucional como quiera que se deriva directa e

inmediatamente de los derechos a la seguridad social y al trabajo pues “nace y se consolida ligado a una relación laboral”. En el mismo sentido, se ha entendido que el derecho a la pensión puede adquirir el carácter de fundamental cuando se encuentra en conexidad con la violación de otro derecho fundamental. En la Sentencia C-177 de 1998, la Corte definió la pensión de vejez como “…un "salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo". Por lo tanto, "el pago de una pensión no es una dádiva súbita de la Nación, sino el simple reintegro que del ahorro constante durante largos años, es debido al trabajador". Así mismo, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que la pensión es aquella prestación social que se obtiene por "la prestación del servicio durante un número determinado de años, con la concurrencia del factor edad", requisitos estos que "no son meramente condiciones de exigibilidad del pago de la mesada pensional, sino elementos configurativos del derecho a disfrutarla, sin los cuales el trabajador no puede reclamarla válidamente" Lo anterior, reitera el carácter constitucional que comporta el derecho a la pensión, que surge de la acumulación de cotizaciones y de tiempos de trabajo efectuados por el trabajador, cuyos requisitos de afiliación – obligatoria para los asalariados -, cotización y reconocimiento se encuentran regulados en los artículos 33 a 37 de la Ley 100 de 1993, como condiciones mínimas para la consolidación de la pensión de vejez. El reconocimiento y pago de la pensión de vejez encuentra sustento

constitucional en la protección especial que debe brindar el Estado al trabajo humano en todas sus modalidades (art. 25), pues se impone que el fruto del trabajo continuado durante largos años sea la base para disfrutar el descanso, en condiciones dignas, cuando la disminución de la producción laboral es evidente. Así mismo, la pensión de vejez goza de amparo superior en los artículos 48 y 53 de la Constitución, los cuales establecen que el pago de la pensión debe realizarse de manera oportuna dentro de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, propios de la seguridad social en Colombia. En reiteradas oportunidades esta Corporación ha determinado que el derecho de todos los pensionados al pago oportuno de su mesada es un verdadero derecho fundamental cuando s u i n c u m p l i m i e n t o v u l n e r a o a m e n a z a l o s d e r e c h o s a l a v i d a o a l a s a l u d d e l p e n s i o n a d o , t o d a v e z q u e la cumplida cancelación de estos emolumentos está íntimamente ligada a la protección de valores y principios del ordenamiento jurídico, que velan por la igualdad de los ciudadanos, el reconocimiento de la dignidad humana y el mínimo material sobre el cual puede concretarse el ejercicio de varios derechos fundamentales. 3.2. En relación con la procedencia de la acción de tutela para la protección del derecho al pago de las mesadas pensionales ya reconocidas, en la

Sentencia T-140 de 2000, esta Corporación depuró y precisó los parámetros que el fallador debe tener en cuenta al momento de resolver el caso bajo estudio: (i) E l d e r e c h o a l a s e g u r i d a d s o c i a l , q u e p u e d e h a c e r s e e f e c t i v o a t r a v é s d e l p a g o o p o r t u n o d e l a s m e s a d a s p e n s i o n a l e s , a d q u i e r e e l r a n g o d e f u n d a m e n t a l c u a n d o s u i n c u m p l i m i e n t o v u l n e r a o a m e n a z a l o s d e r e c h o s a l a v i d a o a l a s a l u d d e l p e n s i o n a d o ; (ii) La regla general es que el pago oportuno de las mesadas pensionales debe reclamarse a través del proceso ejecutivo laboral, no obstante, en casos excepcionales, procede la acción de tutela para reclamar este derecho; (iii) El concepto de mínimo vital deriva del principio de dignidad humana, por lo cual al momento de la valoración del mínimo vital del pensionado deben revisarse las situaciones concretas del accionante; (iv) Existe una presunción de vulneración del mínimo vital del pensionado y de los que de ellos dependen, cuando se suspende el pago de las mesadas pensionales; (v) Finalmente, la acción de tutela únicamente ampara el derecho al pago oportuno de mesadas pensionales ciertas e indiscutibles.

A continuación se precisará cada uno de estos parámetros: - Esta Corporación ha sostenido que en principio, la acción de tutela no procede para el reconocimiento o pago de obligaciones pensionales, pues es claro que para ello existen otros medios de defensa judicial idóneos para la protección efectiva y eficaz del derecho, como es el proceso ejecutivo laboral. Con todo, la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia ha considerado que por vía de tutela de manera excepcional se podrá exigir el pago de aquellas mesadas pensionales dejadas de cancelar, cuando se requiere para evitar un perjuicio irremediable y se demuestra la afectación del mínimo vital. Así es procedente la protección constitucional, cuando con el no pago de las mesadas se pone en peligro los derechos fundamentales a la vida digna y el mínimo vital, especialmente si estas constituyen la única fuente de ingresos para sufragar las necesidades básicas o cuando su titular es una persona en situación de indefensión y subordinación respecto de la entidad encargada de pagarles la correspondiente mesada. - En relación a la valoración del mínimo vital, ha considerado esta Corporación que tratándose de reclamaciones de pago de mesadas pensionales, no debe reducirse a una calificación objetiva, sino que debe atenderse l a s i t u a c i ó n p a r t i c u l a r d e l a c c i o n a n t e . P o r t a n t o , e l c o n c e p t o d e m í n i m o v i t a l n o s e c i r c u n s c r i b e a l m o n t o d e l a s s u m a s a d e u d a d a s , s i n o q u e

r e c l a m a d e l f a l l a d o r t e n e r e n c u e n t a p a r a s u a n á l i s i s , f a c t o r e s a d i c i o n a l e s c o m o l a e d a d d e l p e n s i o n a d o , s u s c o n d i c i o n e s p e r s o n a l e s y l a d e p e n d e n c i a e c o n ó m i c a d e l a m e s a d a p e n s i o n a l . - C u a n d o s e a l e g a l a c e s a c i ó n p r o l o n g a d a e i n d e f i n i d a d e p a g o s d e l a s m e s a d a s p e n s i o n a l e s , s e p r e s u m e l a v u l n e r a c i ó n d e l m í n i m o v i t a l d e l t r a b a j a d o r , d e l p e n s i o n a d o y d e l o s q u e d e e l l o s d e p e n d e n . P o r e s t e m o t i v o , l a e n t i d a d e n c a r g a d a d e l p a g o , d e b e d e s v i r t u a r t a l p r e s u n c i ó n d u r a n t e e l t r á m i t e d e l a a c c i ó n d e t u t e l a , s o p e n a d e t e n e r p o r c i e r t a s l a s a f i r m a c i o n e s

d e l a c c i o n a n t e e n e s t e s e n t i d o . - F i n a l m e n t e , e s i m p o r t a n t e p r e c i s a r q u e l a a c c i ó n d e t u t e l a n o a m p a r a e l d e r e c h o a l p a g o o p o r t u n o d e m e s a d a s p e n s i o n a l e s q u e n o s e a n c i e r t a s e i n d i s c u t i b l e s . A q u e l l o s m o n t o s q u e s e d i s c u t e n o q u e n o h u b i e r e n s i d o e x p r e s a m e n t e r e c o n o c i d o s , e n p r i n c i p i o , d e b e r á n c o b r a r s e e n l a j u s t i c i a o r d i n a r i a l a b o r a l .

4. El principio de la buena fe, la confianza legítima, el respeto del acto propio y la revocatoria de los actos administrativos El principio de la buena fe ha dicho esta Corporación, se presenta en el campo de las relaciones administrado y administración e implica la necesidad de asumir la conducta leal y honesta que puede esperarse de una persona. La buena fe incorpora el valor de la confianza. En razón a esto, las personas y la administración deben actuar conforme a las exigencias de la buena fe, lo que implica que, así como la administración pública no puede ejercer sus

potestades defraudando la confianza debida a quienes con ella se relacionan, ni exigirle más de lo que estrictamente sea necesario para la realización de los fines públicos, tampoco el administrado puede actuar en contra de aquellas exigencias. Por su parte, ha afirmado la Corte Constitucional, que el principio de la confianza legítima constituye una proyección de la buena fe que debe gobernar la relación entre las autoridades y los particulares y permite conciliar, en ocasiones, el interés general y los derechos de las personas. Esa confianza legítima se fundamenta en los principios de la buena fe (artículo 83 C.P.), seguridad jurídica (arts. 1º y 4 de la C.P.), respeto al acto propio y adquiere una identidad propia en virtud de las especiales reglas que se imponen en la relación entre administración y administrado. Si una de las bases es la buena fe, ello significa que no puede la administración adoptar conductas omisivas que afecten derechos de particulares que crean en éstos una convicción objetiva, fundada en hechos externos, que dan una imagen de aparente legalidad de la conducta desarrollada por el particular, pero actúen en contravía de lo predicado. De la misma forma, ha dicho la Corte que la garantía del debido proceso en la modalidad de respeto a la actuación propia, se entiende como la imposibilidad para quien actúa y genera con ello una situación particular y concreta, en cuya estabilidad el afectado pudiera de buena fe confiar, de desconocer su propio acto y vulnerar con ello los principios de buena fe y de confianza legítima. Jurisprudencialmente, esta Corporación ha definido el principio del respeto al

acto propio en los siguientes términos: "Un tema jurídico que tiene como sustento el principio de la buena fe es el del respeto al acto propio, en virtud del cual, las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe. Principio Constitucional, que sanciona como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria, con respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto. Se trata de una limitación del ejercicio de derechos que, en otras circunstancias podrían ser ejercidos lícitamente; en cambio, en las circunstancias concretas del caso, dichos derechos no pueden ejercerse por ser contradictorias respecto de una anterior conducta, esto es lo que el ordenamiento jurídico no puede tolerar, porque el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una extralimitación del propio derecho”. Más recientemente esta Corporación afir