CC - T687-2013

Sentencia T-687/13

IUS VARIANDI-Límites constitucionales La Corte Constitucional ha entendido el ius variendi como la facultad que tiene el empleador para modificar las condiciones de trabajo de sus empleados, es decir, la potestad de modificar el modo, el lugar, la cantidad o el tiempo de la relación laboral. No obstante, dicha potestad no es absoluta, pues tiene como límite el respeto de los derechos fundamentales del trabajador y de su familia establecidos en la Constitución: (i) en las disposiciones que exigen que el trabajo se desarrolle en condiciones dignas y justas; (ii) en las que consagran los derechos de los trabajadores y facultan a éstos para exigir de sus empleadores la satisfacción de las garantías necesarias para el normal cumplimiento de sus labores; y (iii) en los principios mínimos fundamentales que deben regular las relaciones de trabajo y que se encuentran contenidos en el Artículo 53. IUS VARIANDI EN EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL-Límites En relación con el traslado de docentes oficiales, esta Corporación ha señalado que la administración cuenta con un amplio margen de discrecionalidad, en tanto resulta indispensable para el cumplimiento del mandato constitucional de garantizar la prestación continúa y eficiente del servicio de educación. Sin embargo, lo anterior no implica arbitrariedad y por lo cual, las decisiones deben estar conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad respondiendo “(i) a las necesidades reales del servicio de educación (condición objetiva) y (ii) atendiendo a las necesidades personales del docente, cuando el traslado comprometa derechos fundamentales del trabajador o de su familia de forma grave (condición subjetiva).”

TRASLADO DE DOCENTES-Límites a la discrecionalidad de la administración cuando vulnera derechos del docente y su núcleo familiar La administración pública tiene amplias facultades para trasladar a los docentes con el fin de asegurar la eficiente prestación del servicio de educación, siempre y cuando no se afecten de manera desproporcionada los derechos fundamentales de los trabajadores, caso en el cual, de existir un alto grado de riesgo de daño a las prerrogativas superiores, el juez constitucional debe intervenir y adoptar una medida que congenie los derechos de los empleados y de los estudiantes. TRASLADO DE DOCENTE-Caso en que se protegió unidad familiar por cuanto la accionante es madre cabeza de familia con hija menor de edad y se encuentra en estado de embarazo

Referencia: expediente T-3.905.370

Acción de tutela instaurada por Yonny Wastrith Ríos Perea contra la Secretaría de Educación Departamental del Chocó – Administración Temporal para el Sector Educativo.

Magistrado Ponente:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo dado por el Juzgado Civil del Circuito de Istmina (Chocó), el 12 de marzo de 2013, dentro del proceso de tutela de la

referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

1. La señora Yonny Wastrith Ríos Perea es licenciada en Química y Biología de la Universidad Tecnológica de Chocó; mediante Decreto 100 de 2009 fue nombrada en propiedad por la Secretaría de Educación Departamental del Chocó como docente en el área de Ciencias Naturales y Química, en la sede principal de la Institución Educativa Manuel E. Rivas Lobón del municipio del

Medio San Juan.

2. Mediante Sentencia de tutela del 8 de octubre de 2012, el Juzgado Promiscuo de Familia de Istmina ordenó al Administrador Temporal para el Sector Educativo en el Departamento del Chocó que, dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo, trasladara a la docente Orlanys Cetre Perea de la Institución Educativa María Auxiliadora de Cucurrupí del Municipio del Litoral San Juan a la Institución Educativa Manuel E. Rivas Lobón, sede Colegio de Dipurdú del Guácimo, o a un centro de educación ubicado de Istmina donde pudiera velar por la salud de su hijo.

2

3. Mediante Resolución 4348 del 23 de octubre de 2012, la Administración Temporal para el Sector de la Educativo en el Departamento del Chocó, en atención a la providencia del 8 del mismo mes y año, trasladando a Orlanys Cetre Perea a la sede principal Educativa Manuel E. Rivas Lobón.

4. A través de Resolución 4349 del 23 de octubre de 2012, la Administración Temporal para el Sector de la Educativo en el Departamento del Chocó decretó

el traslado de Yonny Wastrith Ríos Perea de la sede principal de la Institución Educativa Manuel E. Rivas Lobón al Centro Educativo María Auxiliadora de Cucurrupí del municipio del Litoral del San Juan (Chocó). Dicho acto administrativo fue motivado en que debido al cumplimiento de la Sentencia de tutela del 8 de octubre de 2012, quedaron dos docentes asignadas para el área de ciencias naturales, cuando según los parámetros del primer centro educativo sólo se necesita una, y en que se requería una profesora de igual perfil al de la actora en la segunda institución.

5. En contra de la Resolución 4349 de 2012, la accionante interpuso recurso de reposición, el cual fue resulto negativamente a través de la Resolución 5285 del 11 de diciembre de 2012, bajo el argumento de que el traslado de la accionante se debió al cumplimiento de una orden judicial y a la mejora en el servicio de educación.

2. Demanda y pretensiones A través de apoderado1, la señora Yonny Wastrith Ríos Perea presentó acción de tutela contra la Secretaría de Educación Departamental del Chocó – Administración Temporal para el Sector Educativo-2, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo en condiciones dignas, a la integridad personal y a la unidad familiar, presuntamente desconocidos con las resoluciones 4349 y 5285 de 2012 que ordenaron su traslado de la sede principal de la Institución Educativa Manuel E. Rivas Lobón del municipio del Medio San Juan al Centro Educativo María Auxiliadora de Cucurrupí del municipio del Litoral del San Juan.

Al respecto, la accionante afirmó que el traslado se realizó de forma inconsulta, desconociendo los efectos y los fines del concurso de méritos con el que accedió al cargo, y que no se basó en un estudio técnico previo sobre los perfiles de los docentes, puesto que en la institución a la que fue enviada no son necesarios sus servicios, ya que (i) no hay grados 10 y 11 en los cuales impartir la materia de química y (ii) existe una docente para el área de biología. Además, comentó que ha tenido que impartir otras asignaturas que no se encuentran dentro de su especialidad, como lo son español, tecnología y ciencias sociales. Igualmente, manifestó que se ha desempeñado con eficiencia, cumplimiento y destreza en la labor encomendada, siendo respetuosa con los estudiantes y compañeros de trabajo, sin contar con llamados de atención. 1 Folio 18. 2 Folios 1 a 16. 3 Por otra parte, la peticionaria expresó que debido al traslado su núcleo familiar, compuesto por ella, como madre cabeza de familia, y su hija Dahian Liseth Palomeque Ríos de 8 años, se desintegró. En efecto, mencionó que en atención a la situación de orden público y al desplazamiento forzado existente en el municipio del Litoral del San Juan, le fue imposible radicarse con su hija en dicho lugar, por lo tuvo que cambiar su domicilio a la ciudad de Quibdó donde vive la abuela de la menor, quien vela por la niña en la medida de sus posibilidades, pues también trabaja. No obstante, indicó que le es imposible visitar frecuentemente a su descendiente, pues el viaje entre Quibdó y Cucurrupí dura aproximadamente

entre 5 a 6 horas, por cuanto incluye trayectos por vía terrestre y fluvial. Asimismo, explicó que el costo el trasporte es elevado y el río es muy caudaloso, por lo que puede trasladarse en promedio una vez al mes, situación que se agrava si se tiene en cuenta que el único medio de comunicación existente es una línea Compartel, la cual sólo funciona con energía solar, dificultándose su utilización los días lluviosos y nublados. Así, la demandante adujó que las anteriores situaciones ponen en riesgo su derecho a la unidad familiar, máxime cuando el padre de su hija vive en la ciudad de Bogotá y no se encuentra en capacidad de hacerse cargo de ella. En ese sentido, la demandante citó algunos apartes jurisprudenciales sobre el trabajo digno y el derecho de los menores a tener una familia y no ser separados de ella. A la par, trajo a colación las consecuencias que acarrea la separación de un niño de su cuidador, los cuales sintetiza en ansiedad, fobias y trastornos obsesivos compulsivos. Por lo anterior, la accionante solicitó que se tutelaran sus derechos fundamentales y se ordenara a la Secretaría de Educación Departamental del Chocó – Administración Temporal para el Sector Educativoque la reubique nuevamente en el cargo que desempeñaba en la Institución Educativa Manuel

E. Rivas Lobón del municipio del Medio San Juan o en otra donde no se vea afectado su unidad familiar y se respete su perfil profesional.

3. Contestación de la tutela La Administración Temporal del Sector Educativo en el Departamento del Chocó solicitó denegar el amparo3, argumentando que la asignación y

distribución de la planta de personal de docentes se realizó conforme a los parámetros establecidos por el gobierno nacional, los cuales buscan la adecuada prestación del servicio a los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta el perfil, la antigüedad y la formación profesional de los profesores. 3 Folios 59 a 66. 4 En relación con el caso de la accionante, explicó que su traslado se debió al cumplimiento de otra acción de tutela, en la que se ordenó la reubicación de la docente Orlanys Cetre Perea. En efecto, señaló que en la Institución Educativa Agropecuaria Manuel E. Rivas Lobón del municipio de Medio San Juan, en la que trabajaba Yonny Wastrith Ríos Perea, sólo se requiere una profesora para el área de ciencias naturales y educación ambiental, por lo que fue necesario variar el lugar de trabajo de la accionante, pues al cumplir la orden judicial quedaron dos profesionales de igual perfil ubicados en el mismo colegio, cuando únicamente era menester uno, a pesar de existir otros entes educativos donde era necesaria la asignación de pedagogos. En cuanto a la procedencia de la acción, expresó que existen otros mecanismos judiciales para cuestionar los actos administrativos que decretaron el traslado de la peticionaria, máxime cuando no se probó la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Así, manifestó frente al derecho a la unidad familiar que la actuación se enmarca dentro de la prerrogativa del empleador del ius variandi y que es una decisión del trabajador establecer su residencia familiar en su domicilio contractual. Asimismo, argumentó que el derecho al trabajo no se ve afectado, toda vez que la demandante continúa vinculada con el Departamento

del Chocó. De igual manera, afirmó que a la señora Yonny Wastrith Ríos Perea se le respetó el debido proceso administrativo, pues tuvo la oportunidad de instaurar recursos pertinentes y los actos administrativos reprochados fueron debidamente motivados, notificados y se encuentran ejecutoriados. Además, sostuvo que en torno a los derechos a la dignidad humana y a la integridad física no se probó su afectación. Por último, la demandada instó al juez constitucional a que realizara una ponderación entre los derechos de la accionante y los derechos de los estudiantes matriculados en el Centro Educativo María Auxiliadora del municipio de El Litoral del San Juan, sin dejar de lado que es una zona rural y que en caso de concederse el amparo se realizarían nuevos movimientos en la planta de personal que originarían nuevas acciones de tutela. Igualmente, recordó que de accederse al amparo quedarían dos docentes de igual especialidad en el mismo centro educativo en virtud de órdenes judiciales, cuando sólo se necesitan los servicios de una.

II. TRÁMITE PROCESAL

1. Sentencia de única instancia Mediante sentencia del 12 de marzo de 20134, el Juzgado Civil de Circuito de Istmina tuteló los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y a la unidad familiar de la actora y le ordenó a la Administración Temporal del Sector Educativo en el Departamento del Chocó que, dentro de las 48 horas

4Folios 95 a 114. 5 siguientes a la notificación del fallo, reubicara a Yonny Wastrith Ríos Perea en el cargo que ocupaba en la Institución Educativa Agropecuaria Manuel E.

Rivas Lobón, mientras se decidía la legalidad de los actos administrativos que dispusieron el traslado de la docente; para estos efectos le advirtió a la accionante que debe acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa dentro del término establecido en la Ley 1437 de 2011. La decisión adoptada se sustentó en que si bien no se vulneró el debido proceso de la demandante, si se afectó su derecho al trabajo en condiciones dignas. Así, se señaló que para cumplirse el fallo de tutela que ordenó a la reubicación de Orlanys Cetre Perea, la Administración Temporal no tuvo en cuenta los perfiles académicos de los docentes al momento de efectuar los traslados respectivos. En efecto, manifestó que en el caso de Yonny Wastrith Ríos Perea no se examinó que en el Centro Educativo María Auxiliadora de Cucurrupí, ya existía una docente para el área de ciencias naturales, y que a la demandante le correspondería enseñar asignaturas distintas a su especialidad como lo es español, tecnología, informática y sociales. Igualmente, el despacho consideró que la demandada había desconocido el derecho a la unidad familiar de la actora, ya que es una madre cabeza de familia que convivía con su hija Dahian Liseth Palomeque Ríos en el corregimiento del Bebedó, pero que producto del traslado no pudo continuar velando por ella, debido a la situación de orden público de la zona, la dificultad del trasporte y la distancia entre el lugar de residencia familiar y Cucurrupí.

2. Actuaciones en sede de revisión 2.1. El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco, mediante Auto del 28 de mayo de 20135.

2.2. Mediante Auto del 20 de agosto de 2013, el Magistrado Sustanciador instó a la demandada para que ampliara la contestación de la tutela e informara (i) las medidas adoptadas en cumplimiento de la sentencia de única instancia, y (ii) las consecuencias en la prestación del servicio de educación, con ocasión de los traslados de la docente Yonny Wastrith Ríos Perea. Asimismo, se requirió a la accionante con el fin de que indicara si había acudido a la jurisdicción contenciosa administrativa con el objetivo de cuestionar las resoluciones que dispusieron su traslado. A la par, se vinculó al proceso constitucional a la Regional del Chocó del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar6. 2.2.1. En atención a la anterior providencia, la Administración Temporal para el Sector Educativo del Departamento del Chocó señaló que dio cumplimiento a la sentencia de única instancia mediante la Resolución No. 2107 de 20137, suspendiendo la aplicación de la Resolución No. 4349 de 2012 y reubicando a 5 Folios 3 a 7 del cuaderno de revisión. 6 Folios 11 a 12 del cuaderno de revisión. 7 Folios 24 a 29 del cuaderno de revisión. 6 Yonny Wastrith Ríos Perea en el cargo que ocupaba en la sede principal de la Institución Educativa Manuel E. Rivas Lobón. Igualmente, comentó que como consecuencia del mencionado fallo en la sede principal de la Institución Educativa Manuel E. Rivas Lobón quedaron asignados dos docentes para el área de ciencias naturales, cuando sólo es necesario una, situación que consideró que atenta contra el principio de

eficiencia de la administración pública, máxime cuando en otros centros educativos del departamento se requieren profesores para que enseñen las asignaturas relacionadas con dicho espectro del conocimiento. 2.2.2. Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informó que realizó una visita domiciliaria a la accionante y a su hija, de la cual concluyó que: a) el núcleo familiar es un binomio compuesto por la progenitora de 30 años, soltera de profesión docente y su descendiente de 8 años, estudiante de tercero de primaria; b) los ingresos económicos no son suficientes para suplir todos los gastos propios del hogar; c) la ausencia de la figura materna, pone en riesgo el cuidado y protección de la niña; d) el lugar de vivienda, ubicado en Bebedó, es arrendado y es apto para el desarrollo de la menor; e) Yonny Wastrith Ríos Perea se encuentra en período de gestación, con recomendación médica de reposo, no pudiéndose trasladar de un lugar a otro8. 2.2.3. Finalmente, la señora Yonny Wastrith Ríos Perea no se pronunció en relación con el proveído9.

III. PRUEBAS En el expediente obran las siguientes pruebas relevantes para el caso:

1. Acta de posesión de Yonny Wastrith Ríos Perea para el cargo de docente en propiedad en ciencias naturales en la Institución Educativa Manuel E. Rivas Lobón del municipio del Medio San Juan (Chocó)10.

2. Certificación de la asignación académica de la sede Colegio de Postprimaria

de Dipurdú del Guásimo de la Institución Educativa Manuel E. Rivas Lobón, firmada por el rector de la misma11.

3. Certificación laboral de Yonny Wastrith Ríos Perea expedida por el rector de

la Institución Educativa Manuel E. Rivas Lobón12.

4. Carta suscrita por el rector de la Institución Educativa Manuel E. Rivas Lobón dirigida a la Administradora Temporal para el Sector Educativo del 8 Folios 31 a 51 del cuaderno de revisión. 9 Como consta en el informe secretarial visible en el folio 23 del cuaderno de revisión. 10 Folio 19. 11 Folio 20 a 21. 12 Folio 22.

7 Departamento del Chocó, en la cual pone en conocimiento la situación del actora13.

5. Certificación en la que el rector del Centro Educativo María Auxiliadora de Cucurrupí manifiesta que la institución actualmente cuenta con un docente para el área de ciencias naturales14.

6. Certificación expedida por el representante legal del Consejo Comunitario Local de Bebedó, en la cual consta que la accionante es una persona activa en la comunidad donde reside con su hija Dahian Liseth Palomeque Ríos15.

7. Declaración extraprocesal en la que la peticionaria afirma que es madre soltera cabeza de familia a cargo de su hija menor Dahian Liseth Palomeque Ríos y que tiene su núcleo familiar constituido en Bebedó, lugar donde estudia su descendiente16.

8. Copia del registro civil de nacimiento de Dihana Liseth Palomeque Ríos.

9. Copia de las resoluciones No. 2332 de 2011, 117, 1891, 4348, 4349 y 5285

de 201217 y 2107 de 201318, expedidas por el Administrador Temporal para el Sector Educativo del Departamento del Chocó.

10. Copia del diploma de grado de Licenciatura en Química y Biología de

Yonny Wastrith Ríos Perea19.

11. Certificación expedida por el rector de la Institución Educativa Manuel E.

Rivas Lobón, en la que consta que Dahian Liseth Palomeque Ríos se encuentra matriculada en el grado 3°20.

12. Trascripción de la diligencia de declaración rendida por Yonny Wastrith Ríos Perea ante el juzgado de primera instancia, en la que amplió sus apreciaciones de hecho y de derecho sobre el caso21.

13. Copia de la Sentencia del 8 de octubre de 2012, proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Istmina (Chocó), dentro del proceso adelantado por

Orlanys Cetre Perea contra la Administración Temporal para el Sector Educativo del Departamento del Chocó22. 13 Folio 23 a 24. 14 Folio 25. 15 Folio 26. 16 Folio 27. 17 Folios 29 a 45, 57 a 58 y 136 a 139. 18 Folios 26 a 27. 19 Folio 46. 20 Folio 48. 21 Folios 55 a 56. 22 Folios 74 a 94. 8

14. Informe de la vista domiciliada realizada a Yonny Wastrith Ríos Perea por parte del Centro Zonal de Istmina del el Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar, suscrito por Yudis Samira Fuentes Serna23.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. Competencia

Esta Sala es competente para revisar las decisiones proferidas dentro del expediente de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política24.

2. Procedencia de la acción de tutela Previo al estudio del caso planteado, debe verificarse el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del Artículo 86 de la Carta y del Decreto 2591 de 199125, se sintetizan en existencia de legitimación por activa y por pasiva; instauración del amparo de manera oportuna (inmediatez); y agotamiento de los mecanismos judiciales disponibles, salvo que se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable o que tales vías sean inexistentes o ineficaces (subsidiariedad). 2.1. Legitimación por activa Conforme a los artículos 86 de la Constitución y 1° del Decreto 2591 de 1991, la ciudadana Yonny Wastrith Ríos Perea instauró de manera personal la acción de tutela como titular de los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la unidad familiar y al debido proceso. 2.2. Legitimación por pasiva De acuerdo con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política y 5° del Decreto 2591 de 199126, la Secretaría de Educación Departamental del Chocó – Administración Temporal para el Sector Educativoes demandable a través de acción de tutela, puesto que es una autoridad pública, en tanto es un organismo del sector central del Departamento del Chocó, que actualmente se encuentra bajo una medida de asunción de competencia por parte del Ministerio 23 Folios 39 a 47 del cuaderno de revisión.

24“Artículo 86. (…) El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión (…).” // “Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: (…) 9. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales (…).” 25“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.” 26“Artículo 5°. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley (…).” 9 de Educación27, debido a los riesgos identificados en la prestación del servicio público de educación. 2.3. Inmediatez 2.3.1. El Artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela está prevista para la “protección inmediata” de los derechos fundamentales que se consideren vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los términos previstos en la ley. De esta manera, el ordenamiento constitucional busca asegurar que el amparo sea utilizado para atender vulneraciones que de manera urgente requieren de la intervención del juez de tutela. 2.3.2. En el presente caso, la Sala considera que el presupuesto de inmediatez

se satisface, comoquiera que el amparo fue presentado el 26 de febrero de 2013 y se dirige a controvertir las decisiones adoptadas mediante las resoluciones 4349 y 5285 del 23 de octubre y del 11 de diciembre de 2012 respectivamente, es decir la accionante acudió al recurso dentro de un término prudencial, menor a dos meses y medio desde la expedición del último acto administrativo. 2.4. Subsidiariedad 2.4.1. La Corte Constitucional ha señalado que el recurso de amparo, en principio, no es el mecanismo judicial adecuado para cuestionar las decisiones de la administración pública relacionadas con traslados de docentes oficiales, ya que esta clase de actos administrativos pueden ser reprochados ante la jurisdicción contenciosa administrativa u ordinaria laboral28. 2.4.2. No obstante, este Tribunal ha explicado que de manera excepcional, “se ha admitido la procedencia de la acción de tutela en situaciones fácticas muy especiales en las cuales se ha constatado la existencia de una amenaza o vulneración de derechos fundamentales del trabajador o de su núcleo familiar”29. Así, se ha considerado que, en ocasiones en las cuales las decisiones de traslados se dieron de forma arbitraria y sin tener en cuenta la necesidad de tratos diferenciales debido a particulares condiciones de debilidad de las partes, resulta necesaria la intervención del juez constitucional30. 27 La asunción temporal de competencias se efectuó a través de la Resolución No. 4440 de 2009. 28 Sentencia T-236 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla). 29 Sentencia T-664 de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).

30En la Sentencia T-065 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), la Corte sostuvo que “(...)para que el juez constitucional puede entrar a pronunciarse sobre una decisión de traslado laboral, se requiere lo siguiente: (i) que la decisión sea ostensiblemente arbitraria, en el sentido que haya sido adoptada sin consultar en forma adecuada y coherente las circunstancias particulares del trabajador, e implique una desmejora de sus condiciones de trabajo; y (ii) que afecte en forma clara, grave y directa los derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar.” 10 2.4.3. En el caso bajo estudio, está acreditado que la accionante es cabeza de familia, en estado de embarazo, madre de una menor de 8 años y que fue trasladada a un establecimiento educativo ubicado en un municipio distinto al de su residencia, donde al parecer no eran necesarios sus servicios, puesto que ya existía una docente asignada para el área de su especialidad. En ese orden, la Sala declarará la procedencia de la presente acción constitucional para estudiar de forma detallada si las actuaciones de la administración departamental respetaron y garantizaron los postulados constitucionales.

3. Problema jurídico constitucional Corresponde a la Sala decidir sobre el amparo propuesto por Yonny Wastrith Ríos Perea en busca de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo en condiciones digna y a la unidad familiar. Con tal propósito, deberá determinarse cuales son los límites del derecho al ius variandi de la administración en relación con los docentes oficiales, para luego identificar si la actuación de la Secretaría de Educación Departamental del Chocó – Administración Temporal para el Sector Educativose enmarcó o no

dentro de los mismos.

4. Limites al ius variendi en el sector educativo oficial. Reiteración de jurisprudencia. 4.1. La Corte Constitucional ha entendido el ius variendi como la facultad que tiene el empleador para modificar las condiciones de trabajo de sus empleados, es decir, la potestad de modificar el modo, el lugar, la cantidad o el tiempo de la relación laboral. No obstante, dicha potestad no es absoluta, pues tiene como límite el respeto de los derechos fundamentales del trabajador y de su familia31 establecidos en la Constitución: (i) en las disposiciones que exigen que el trabajo se desarrolle en condiciones dignas y justas32; (ii) en las que consagran los derechos de los trabajadores y facultan a éstos para exigir de sus empleadores la satisfacción de las garantías necesarias para el normal cumplimiento de sus labores33; y (iii) en los principios mínimos fundamentales que deben regular las relaciones de trabajo y que se encuentran contenidos en el Artículo 5334. 4.2. Ahora bien, en relación con el traslado de docentes oficiales, esta Corporación ha señalado que la administración cuenta con un amplio margen de discrecionalidad, en tanto resulta indispensable para el cumplimiento del mandato constitucional de garantizar la prestación continúa y eficiente del servicio de educación35. Sin embargo, lo anterior no implica arbitrariedad y por 31 Sentencia T-664 de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio). 32 Artículo 1°, 25 y 53. 33 Preámbulo y Artículos 1°, 2°, 25, 39, 48, 53, 54, 55, 56 y 64. 34 Sentencia T-065 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).

35 En la sentencia T-065 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), se describió esta regla así: “Tratándose del servicio público de educación que interesa a esta causa, se viene afirmando que el mismo guarda una íntima relación con los derechos fundamentales de los niños y 11 lo cual, las decisiones deben estar conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad respondiendo “(i) a las necesidades reales del servicio de educación (condición objetiva) y (ii) atendiendo a las necesidades personales del docente, cuando el traslado comprometa derechos fundamentales del trabajador o de su familia de forma grave (condición subjetiva).”36 4.3. Al respecto, este Tribunal ha establecido una serie de situaciones en las cuales es probable que se encuentren en riesgo los derechos fundamentales de los trabajadores y su familia; para ilustrar: “(i) El traslado laboral genera serios problemas de salud, especialmente porque en la localidad de destino no existan las condiciones para brindarle el cuidado médico requerido; (ii) El traslado ponga en peligro la vida o la integridad del servidor o de su familia; (iii) En los casos en que las condiciones de salud de los familiares del trabajador, puedan incidir, dada su gravedad e implicaciones, en la decisión acerca de la procedencia del traslado: (iv) La ruptura del núcleo familiar vaya más allá de la mera separación transitoria.”37 4.4. Así las cosas, el empleador debe ejercer el ius variandi dentro de un marco de razonabilidad, sometido al cumplimiento de las siguientes condiciones: (i) que los traslados se realicen a cargos similares o equivalentes al que venía

desempeñando el trabajador; (ii) que la decisión, en la medida en que modifica las condiciones de trabajo, consulte e