CC - T873-2012

Sentencia T-873/12

(Bogotá D.C., octubre 26) INEMBARGABILIDAD DE BIENES O DINEROS PUBLICOS-No es absoluto La Ley 715 de 2001 en desarrollo del artículo 357 de la C.P., establece en el artículo 91 que, con respecto a los recursos del Sistema General de Participaciones, no es posible realizar embargos, titularización u otra clase de disposición financiera. Por su parte, el artículo 18 dispone que estos dineros no condormaran unidad de caja con las demás rentas y recursos de la entidad territorial y que los recursos del sector educativo, no podrán ser objeto de embargo, pignoración, titularización o de cualquier otra clase de disposición financiera. Con respecto a la inembargabilidad de los recursos públicos, la Corte se ha pronunciado desde las primeras sentencias, considerando que se trata de un principio orientado a la conservación de los recursos necesarios para garantizar los fines del Estado Social de Derecho. RECURSOS PUBLICOS-Inembargabilidad y excepciones De acuerdo con la regla jurisprudencial establecida bajo la vigencia del Acto Legislativo n. 1 de 2001, las excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos públicos comprendía: (i) la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justa; (ii) la importancia del oportuno pago de sentencias judiciales, para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencia; y (iii) el caso en que existieran títulos emanados del Estado que reconocieran una obligación clara, expresa y exigible.

INEMBARGABILIDAD DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES-Carácter absoluto Acorde con la normatividad vigente y la jurisprudencia en la materia, la regla reconocida por las sentencias más recientes de la Corte Constitucional establece que no es posible embargar recursos del Sistema General de Participaciones para hacer efectivas las obligaciones de las entidades territoriales. INEMBARGABILIDAD DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-Caso en que municipio embarga recursos del Sistema General de Participaciones generando una grave amenaza de perjuicio a los habitantes del municipio accionante ACCION DE TUTELA CONTRA MUNICIPIO-Orden de levantar embargo de las cuentas del municipio en las que se manejen recursos del Sistema General de Participaciones y reintegrar las sumas embargadas

Referencia: Expediente T-3.518.305.

Fallos de tutela objeto de revisión: Sentencia del Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Caloto Cauca, del 29 de marzo de 2012, que confirmó la sentencia del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Caloto Cauca, del 24 de febrero de 2012, el cual negó el amparo constitucional.

Accionante: Alcalde Municipal de Guachené, Cauca

Accionado: Municipio de Caloto, Cauca

Magistrados de la Sala Segunda de Revisión: Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Magistrado Sustanciado: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.

I-. ANTECEDENTES.

1. Demanda del accionante: El señor Luis Eduardo Zapata Vásquez, en calidad de apoderado del señor

Francisco José Paz Zapata, Alcalde del Municipio de Guachené, Cauca, interpone acción de tutela como mecanismo transitorio contra el Municipio de Caloto, Cauca1. 1.1. Elementos: 1.1.1. Derechos fundamentales invocados. Debido proceso (art. 29 C.P.) y derecho de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.). 1.1.2 Conducta que causa la vulneración. (i) El ejercicio de las facultades excepcionales de la jurisdicción coactiva por parte del Municipio de Caloto, para cobrar deudas públicas compartidas con el Municipio de Guachané; (ii) la configuración de irregularidades en el trámite de dicho proceso y, (iii) el 1 Acción de tutela presentada el 3 de febrero de 2012 2 embargo de fondos inembargables por ser recursos del Sistema General de Participaciones. 1.1.3 Pretensión. (i) La suspensión provisional de los actos administrativos, resoluciones 161 del 10 de diciembre de 2011, y la 162 de 2011 (sin fecha); (ii) El levantamiento de la medida cautelar en contra del Municipio de Guachané; (iii) La devolución de los títulos de depósito que se hayan generado objeto del embargo. 1.2 Fundamentos de la pretensión: 1.2.1. El Municipio de Guachené fue creado en virtud del Decreto con fuerza de Ordenanza 653 de 2006, expedido por el Gobernador del Cauca el 19 de diciembre de 2006, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 55 y 56 de la Ley 134 de 1994, en concordancia con la Ley 617 de 2000. El

artículo 7º de dicho Decreto, establece que el nuevo Municipio responderá por el 50% de la deuda pública que haya adquirido el Municipio de Caloto a 16 de diciembre de 20062. 1.2.2. El Decreto 366 de 2007 expedido por el Gobernador del Departamento del Cauca el 27 de abril de 2007, reglamenta el artículo 7º del Decreto 653 de 2006, teniendo en cuenta el numeral 3º del artículo 16 de la Ley 136 de 1994“por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, en el que se dispone que, cuando se crea un nuevo Municipio mediante ordenanza, se deberá “determinar la forma como el nuevo municipio debe concurrir al pago de la deuda pública que quede a cargo del municipio o municipios de los cuales se segregan”. En dicho decreto se determinó que la deuda pública de Guachené no solo incluía los compromisos con el sector financiero, sino también los relativos a la redención y pago de los Bonos Pensionales y del Déficit Fiscal, entre otros. En ese orden de ideas, la Administración municipal de Caloto debía presentar el cálculo actuarial del servicio de la deuda pública y/o pasivos en general vigentes y/o otras acreencias a 19 de diciembre de 2006. 1.2.3. La Contraloría Departamental del Cauca mediante el oficio DTGR-00907 del 18 de enero de 2007 dirigida al Alcalde Municipal de Guachené, certificó la deuda pública del Municipio de Caloto a 31 de diciembre de 2006. 1.2.4. El 3 de febrero de 2011 la Tesorera Municipal del Municipio de Caloto,

envió comunicación escrita al Alcalde de Guachené en la que señalaba las obligaciones contenidas en el Decreto 366 de 2007 y 653 de 2006 relativos al 2Decreto 653 de 2006, art. 7: “El Municipio de Guachené que se crea mediante el presente Decreto con fuerza de ordenanza, responderá por el 50% de la deuda pública que haya adquirido el Municipio de Caloto a 31 de diciembre de 2006” 3 pago de la deuda pública por parte del Municipio de Guachené, y refería la entrega de los documentos y soportes de pago que a la fecha habían sido asumidos por Caloto, solicitando que se efectuaran los pagos pertinentes para dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 366 de 2007. 1.2.5. El 30 de junio de 2011 la Tesorera de Caloto envió una comunicación al Tesorero Municipal de Guachené, en la que detallaba las obligaciones comprendidas en el concepto de deuda pública a 19 de diciembre de 2006 y en el que reiteraba la obligación de los funcionarios del Municipio de Caloto de efectuar los cobros a los que hubiere lugar con el fin de equilibrar las finanzas de su territorio. 1.2.6. El 7 de septiembre de 2011, la Tesorera del Municipio de Caloto certificó la deuda del Municipio de Guachené a 31 de diciembre de 2006 por concepto de pagos a la DIAN, bienes y servicios, al Banco Popular de Occidente, por Prestaciones Sociales Administrativos, Prestaciones sociales de docentes, a Comcaja, retroactivo de pensionados, ISS, Horizonte, Findeter,

Incader, Grupos del Socorro, Cedelca, Sena, Ministerio de Educación. 1.2.7. El 14 de septiembre de 2011, la Contadora del Municipio de Caloto envió comunicación a la Tesorera y al Jefe Administrativo y Financiero de dicho Municipio, en la que se describe la liquidación de la deuda del Municipio de Guachené y se solicita la revisión por parte de los referidos funcionarios. 1.2.8. El 24 de octubre de 2011 la Procuraduría Judicial II 40 de asuntos administrativos, rechaza la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por el Municipio de Caloto, por tratarse de una acción diferente a las previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, ya que lo que se pretendía era el cumplimiento del artículo 7 del Decreto 653 de 2006, circunstancia que requería, según esa autoridad, que el convocante acudiera a la acción ejecutiva para hacer posible el cobro de la obligación consagrada en los actos administrativos descritos. 1.2.9. A través del Decreto 156 de 2011, expedido el 26 de octubre por el Alcalde de Caloto, se reglamentó el recaudo de cartera pública de este Municipio, en concordancia con el parágrafo 2º del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006 y el artículo 6º del Decreto 4473 de 2006. 1.2.10. Mediante la Resolución 161 del 10 de diciembre de 2011, la Tesorería del Municipio de Caloto libró mandamiento de pago por vía administrativa coactiva contra el Municipio de Guachené, por valor de dos mil ciento

cincuenta millones ochocientos nueve mil cuatrocientos doce pesos ($ 2.150.809.412), por concepto de las acreencias que nacen de los Decretos 0653 de 2006 y 0366 de 2007, correspondientes a la deuda pública de Caloto a 2006, que debía dividirse entre los dos municipios. 4 1.2.11. Asimismo la Tesorería expidió la Resolución 162 de 2011, de la cual constan varias copias en el expediente; una tiene fecha del 9 de diciembre de 2011, otras sin fecha específica. En dicha Resolución se ordena el embargo de bienes o recursos monetarios, por el no pago de las obligaciones derivadas de la deuda pública certificad a 19 de diciembre de 2006, de acuerdo con los Decretos Departamentales 653 de 2006 y 366 de 2007. 1.2.12. El 21 de diciembre de 2011, al ser notificado del mandamiento de pago, el Alcalde de Guachené solicitó al Municipio de Caloto copia del proceso de cobro coactivo. El 27 de diciembre de 2011, el Alcalde de Guachené reiteró su petición a la Tesorera Municipal de Caloto, en el sentido de que se procediera al levantamiento del embargo a las cuentas Bancarias de su Municipio, apelando al artículo 64 del Decreto 156 de 2011 que establece que “cuando se hubieran dictado medidas cautelares y el deudor demuestre que se ha admitido demanda contra el título ejecutivo y que ésta se encuentra pendiente de fallo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se ordenará levantarlas (…)”. En este orden de ideas, indicó que los Decretos

653 de 2006 y 366 de 2007 estaban sujeto al examen del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Cauca. Adicionalmente, el 21 de enero de 2012, el Tesorero de Guachené envió una comunicación al Tesorero Municipal de Caloto solicitando nuevamente el levantamiento del embargo adelantado en contra de Guachené, en cuanto el proceso se realizó de forma irregular por violación al debido proceso, ya que no se profirieron ni tampoco se notificaron algunos actos. Se puso de presente, además, que el proceso coactivo solo se adelanta para cobrar tributos y que en todo caso debe seguir las disposiciones contenidas en el Estatuto Tributario. Por lo anterior, se exigió que el procedimiento de cobro de la deuda se hiciera de acuerdo con los preceptos legales y al respecto se propuso la realización de un acuerdo de pago en lo que tiene que ver con la deuda de los bancos. Finalmente, se reiteró el contenido del artículo 64 del Decreto 156 de 2011 y se recordó que los Decretos 653 de 2006 y 366 de 2007 habían sido demandados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Cauca. El 25 de enero de 2012, el Alcalde Municipal de Guachené envió otra comunicación al Tesorero de Caloto pidiendo se levantara el embargo y citando los artículos 63 de la C.P. y 21 del Decreto 28 de 2008, relativos a la inembargabilidad de algunas cuentas de Guachené, como en las que se manejan recursos del Sistema General de Participaciones. 1.2.13. En la demanda, el accionante alega que de acuerdo con el artículo 5º

de la Ley 1066 de 2006, la jurisdicción coactiva debe seguir el procedimiento señalado por el Estatuto Tributario y acoger sus disposiciones en materia de notificaciones. También cita la jurisprudencia constitucional en la que se establece la obligatoriedad de la aplicación del Estatuto Tributario en los procesos de jurisdicción coactiva. 5 1.2.14. En todo caso, el apoderado del Municipio de Guachené, señala que el accionado no cuenta con las bases legales para cobrar mediante la acción administrativa coactiva la deuda pública ya que a través de esta jurisdicción solo se pueden cobrar coactivamente los tributos, siguiendo para ello, el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. En este sentido, se considera que el municipio de Caloto debió acudir a la acción ejecutiva. 1.2.15. De este modo, el derecho a la defensa y al debido proceso del accionante han sido vulnerados al aplicar una normatividad diferente de la establecida en el Estatuto Tributario (art. 823 y ss) y en el Código de Procedimiento Civil (art. 561 a 568), normas que exigen que el deudor conozca el valor de la obligación debida, y que cuente con los medios para participar y oponerse a dicho cobro. En este caso se argumenta que: 1) no existe acto de apertura del proceso; 2) que no se notificó debidamente en tanto que el mandamiento de pago es del 10 de diciembre de 2012, fue notificado el 21 del mismo mes y año pero la orden de embargo es del 16 de diciembre, por consiguiente, se alega, no fue posible ejercer la defensa técnica por parte del

Municipio de Guachené.

2. Respuesta del accionado. 2.1. Señala que, con base en el concepto de deuda pública proferido por el

Ministerio de Hacienda y Crédito Público No. 7.1. de 2011, se enviaron reiteradamente al Municipio de Guachene comunicaciones expedidas por la Tesorería de turno, en las que se le hacía conocer que la deuda se estimaba en $ 52.361.421.420. De este modo, el cobro coactivo iniciado contra el accionante se hizo exclusivamente respecto de las deudas pagadas efectivamente con cargo al presupuesto del Municipio. 2.2. El Gobierno Departamental del Cauca expidió el Decreto 0663 del 27 de abril 2007, por medio del cual se reglamenta el artículo 7º del Decreto con fuerza de ordenanza 0653 de 2006, cuyo fundamento consistía en determinar con claridad lo relacionado con la asunción de la deuda vigente a la luz de los acuerdos estructurados con las comunidades de Guachené durante el proceso y teniendo en cuenta que el Servicio de la Deuda Pública se refiere no solo a obligaciones tributarias y a los compromisos existentes con el sector financiero sino que comprende también la redención y pago de los bonos pensionales y el déficit fiscal, entre otros (Ley 617 de 2000 y 817 de 2003). 2.3. Tal y como se desprende de los comunicados dirigidos a las entidades bancarias, el Municipio de Caloto nunca solicitó que se embargaran las cuentas del Sistema General de Participaciones, ni las cuentas que por mandato legal son inembargables, ya que quien califica las cuentas como

embargables o inembargables no es el Tesorero Municipal sino el mismo Gerente de la entidad bancaria correspondiente. No obstante lo anterior, se aclara que el Tesorero del Municipio de Guachene en el momento de realizar 6 la apertura de las cuentas en las entidades bancarias, cometió el error de no certificar dichas cuentas, es decir, de informar con detalle la procedencia de los recursos de las mismas, siendo prueba de lo anterior, el oficio que el Tesorero del Municipio accionante envió el 24 de enero de 2012 a Bancolombia, en el que le informa que se trata de cuentas inembargables. 2.4. Afirma que el accionante confunde el recaudo de rentas o caudales públicos con un acto administrativo ejecutoriado que impone la obligación de pagar a favor del Municipio de Caloto una suma líquida de dinero contenida en el Decreto 0653 de 2006. En este sentido, se señala que el Municipio de Caloto inició cobro coactivo de una deuda pública, obligación clara, expresa y exigible al Municipio de Guachene, “pues se trata de una deuda pública cancelada con cargo al presupuesto del Municipio de Caloto, la cual debe ser asumida en partes iguales por ambas entidades territoriales, por lo tanto al Municipio de Guachene de la deuda pública le corresponde cancelarle a Caloto el 50 % conforme a las ordenanzas de creación”. 2.5. Asimismo indica el accionado, que los actos de la administración gozan de la presunción de legalidad, siendo aplicables y produciendo efectos hasta tanto no sean anulados o suspendidos por la jurisdicción contencioso

administrativa. En este orden de ideas, queda claro que el Municipio de Caloto, expidió el Decreto 156 de 2011 mediante el cual se reglamenta el recaudo de cartera pública del Municipio. En dicha disposición, se establece que el acto administrativo mediante el cual se pone en conocimiento del ejecutado la orden de pago, se notificará personalmente al deudor previa citación para que comparezca en un término de cinco días. De acuerdo con las pruebas aportadas al expediente administrativo de cobro coactivo, mediante comunicación del 16 de diciembre de 2011 se citó al señor Jesús Elver Gonzáles, Alcalde Municipal de Guachene, para notificarle personalmente la Resolución 161 del 10 de diciembre de 2011; con fecha del 21 de diciembre de 2011, se le notificó el mandamiento de pago al señor Alcalde y se le entregó copia del mismo, Resolución 161 del 10 de diciembre de 2011; el 21 de diciembre de 2011 el Alcalde solicitó copia del proceso de cobro coactivo, la cual le fue remitida en la misma fecha. Sin embargo, el Municipio de Guachené nunca interpuso las excepciones taxativas contempladas en el artículo 49 del Decreto 156 de 2011, por lo que, el accionado manifiesta que el acto de cobro coactivo es legal y en trámite se han ofrecido todas las garantías procesales al deudor para ejercer el derecho al la defensa, respetando de esta manera su derecho al debido proceso. 2.6. Considera que el amparo solicitado es improcedente puesto que no se prueba la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ni la vulneración de ningún

derecho constitucional fundamental y porque dentro de la acción de tutela no existe la figura de “medida preventiva” que solicita el accionante. Además, estima que el juez de tutela no es competente para suspender provisionalmente actos administrativos ya que esta es una facultad propia de 7 la jurisdicción contencioso administrativa, ni para dirimir asuntos económicos. 2.7. Agrega que los argumentos esgrimidos por el accionante para solicitar la pérdida de la fuerza ejecutoria de los actos administrativos no está contenida en ninguna de las causales previstas en el Código Contencioso Administrativo. 2.8. Finalmente considera que no se cumple el presupuesto de procedencia de la tutela por inmediatez ya que la tutela fue interpuesta dos meses después de haber sido notificado el mandamiento de pago al represente legal del Municipio de Guachene.

3. Decisión judicial objeto de revisión. 3.1 Primera Instancia. 3.1.1. En sentencia del 24 de febrero de 2012, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Caloto, Cauca, niega las pretensiones del accionante considerando que el Municipio de Caloto actuó de forma lícita y sin desconocer el debido proceso. 3.1.2. De acuerdo con la Ley 136 de 1994 “por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, cuando se crea un nuevo Municipio mediante ordenanza, es necesario determinar la forma como este ente debe concurrir al pago de la deuda pública que queda a cargo del Municipio del cual se segrega. Atendiendo a esta normatividad, el Municipio de Caloto estableció mediante decreto el alcance de la obligación

del Municipio de Guachené. El título ejecutivo lo constituye el Decreto con fuerza de ordenanza 0653 de 2006 y el 0366 de 2007 en el que se establecen los compromisos asumidos por los entes territoriales. Asimismo el Decreto 1066 de 2006 ordena acatar el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario Nacional. Dichas disposiciones constituyen el sustento legal con base en el cual la Tesorera Municipal del Municipio accionado inició el proceso en la jurisdicción coactiva el 16 de noviembre de 2011 y dio la orden de adoptar medidas previas como el embargo de las cuentas acorde con el Decreto 156 de 2011 que acoge el manual de procedimiento de cobro coactivo del Municipio de Caloto. De este modo, se constata que el Municipio de Guachené asumió una deuda con el Municipio de Caloto, tal y como consta en el decreto 156 de 2011, a partir del cual se tomaron las medidas previas, que fue debidamente notificado a las partes y con respecto al cual no se interpusieron acciones. 3.1.3. En síntesis, se verifica que fue una autoridad competente quien adelantó el trámite, acorde con el procedimiento referido en el Decreto 0156 de 2011; se había constituido un título ejecutivo; se presentaba mora en el pago de las acreencias por parte del accionante; el Municipio de Guachené 8 contaba con acciones para interponer a lo largo del proceso, que podía haber aportado la certificación de inembargabilidad de las cuentas (artículo 47 de la Ley 714 de 2001); por ende, no se observan faltas al debido proceso.

3.1.4. Se concluye entonces que hubo negligencia por parte del accionante que al ser notificado del proceso de jurisdicción coactiva no interpuso las excepciones pertinentes. Se agrega que la tutela no es el medio idóneo en este caso para hacer este tipo de reclamaciones ya que, tal y como lo señaló el accionante, la jurisdicción contencioso administrativa analiza actualmente la legalidad de los decretos 0653 de 2006 y 366 de 2007. 3.2. Impugnación. 3.2.1. Afirma que los Decretos 653 de 2006 y 0366 de 2007 no alcanzan a ser un título ejecutivo que pueda tener efectos jurídicos, teniendo en cuenta que el cobro coactivo se fundamenta en los parámetros establecidos en el Estatuto Tributario. En este orden de ideas, para que dichos actos administrativos fueran considerados título ejecutivo, el Tesorero del Municipio accionado debió decretar la liquidación oficial, por medio de la cual se especifican las cuantías adeudadas, y notificarlas en debida forma como lo señala el artículo 585 del Estatuto Tributario. En dicho acto, debió haber concedido al Municipio de Guachene el recurso de reconsideración consagrado en el artículo 720 del Estatuto para que, dentro de los dos meses siguientes a su notificación, lo hubiera presentado, situación que en este caso no se dio, por lo que no alcanzó a constituirse el título ejecutivo. En otras palabras, los decretos no pueden ser considerados como títulos ejecutivos, porque hacen referencia de manera general a una deuda, y no a la liquidación como tal, que al no existir, no ofreció al deudor la oportunidad de

controvertirla. 3.2.2. Reitera que la Tesorería de Caloto, en su posición dominante, procedió a embargar dineros especiales correspondientes a los recursos destinados al Sistema de Seguridad Social, de las rentas incorporadas al Presupuesto General de la Nación, y los recursos del Sistema General de Participaciones. Cita jurisprudencia constitucional sobre el principio de inembargabilidad presupuestal como garantía de preservación de los recursos financieros del Estado. Estima que el juez de primera instancia debió haber decretado la prueba de que las cuentas eran en realidad inembargables. 3.3. Segunda Instancia. 3.3.1. En sentencia del 29 de marzo de 2012, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Caloto, profirió providencia confirmando la sentencia del a quo. 9 3.3.2. Para fundamentar su decisión cita la normatividad pertinente en esta materia referida en los artículos 2o de la Ley 1066 de 2006, los artículos 1o y 2o del Decreto 4473 de 2006 por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006, la cual sirvió de sustento jurídico para que el alcalde de Caloto expidiera el Decreto 156 de 2011 mediante el cual se reglamenta el Recuado de Cartera Pública de dicho Municipio. También se hace referencia a los Decretos con fuerza de Ordenanza 0653 de 2006 y 0366 de 2007, con base en los cuales se remite el 3 de febrero de 2011 al Alcalde de Guachene, la cuenta de cobro por

concepto de deuda pública. Asimismo refiere el oficio TM-248 del 30 de junio de 2011, a través del cual la Tesorería Muncipal de Caloto, presenta al Tesorero del Municipio de Guachene, cálculo actuarial del Servicio de la Deuda Pública y/o Pasivos en general vigente y otras acreencias con corte al 19 de diciembre de 2006, por valor de $ 52.361.421.420. Cita igualmente la Resolución 161 de 2011 por la cual se libra mandamiento de pago al Municipio de Guachene con base en el título ejecutivo complejo que proviene de la entidad pública representada por la Gobernación del Cauca, o bien el Decreto 0653 de 2006 y 0366 de 2007. 3.3.3. La resolución 161 de 2011, fue notificada al señor Jesús Elver González Banguero, Alcalde Municipal de Guachené, el 21 de diciembre de 2011 por la Tesorera de Caloto. Luego, mediante la Resolución 162 de 2011, se decretó el embargo de las sumas de dinero depositadas en las cuentas a nombre del Municipio accionante hasta la suma de $ 4.015.000.000 de acuerdo con el artículo 65 del Decreto 156 de 2011 y en concordancia con el art. 513 de la C.P.. 3.3.4. De lo anterior concluye el a quem, que el proceso de cobro coactivo adelantado por Caloto en contra del Municipio de Guachené, se ajustó a la ley y no desconoció los derechos al debido proceso y a la defensa del accionante, porque en todo momento se cumplieron las etapas señaladas en el Decreto 156

de 2011. De otro lado, las excepciones consagradas en el artículo 49 del mismo Decreto en contra del mandamiento de pago, jamás fueron alegadas por la parte interesada. En esa oportunidad procesal, habría podido el Municipio de Guachené, argumentar que los decretos 653 de 2006 y 366 de 2007 no alcanzaban a contituirse en título ejecutivo como lo señalaron en la acción de tutela y en la impugnación. 3.3.5. Agrega el juez de instancia que, si bien es cierto que los recursos destinados al Sistema de Seguridad Social, de las rentas incorporadas al presupuesto general de la Nación y los recursos del Sistema General de Participaciones son inembargables, no existe una obligación en cabeza de quien emite la orden de embargo, de conocer de antemano qué cuentas están afectadas con estos recursos, ya que quien debe informar esta situación, es quien registra o inscriba la orden, o bien los Gerentes de los bancos, quienes a su vez deben ser informados por la entidad competente. 10

II. CONSIDERACIONES.

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial mencionada, con base en la Constitución Política -artículos 86 y 241 numeral 9y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991 -artículos 31 a 363.

2. Problema jurídico.

En el presente caso, es preciso establecer si era viable que el Municipio de Caloto embargara cuentas aparentemente inembargables, por ser parte del Sistema General de Participaciones, para hacer efectivo el cobro coactivo de la deuda pública del Municipio de Guachené, en cumplimiento del Decreto 0653 de 2006.

Luego de analizar la procedencia de la acción de tutela, la Sala estudiará el caso concreto a la luz de la normatividad y jurisprudencia aplicable relativa al principio de inembargabilidad de los dineros públicos.

3. Procedencia de la acción de tutela 3.1. Alegación de afectación de un derecho fundamental.

Se alega la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la justicia del Municipio de Guachené, Cauca. 3.2 Legitimación activa La acción de tutela la interpone el Alcalde de Guachené a través de apoderado para salvaguardar los derechos al debido proceso y acceso a la justicia de su Municipio. La jurisprudencia ha considerado en algunos casos el carácter fundamental de los derechos de las personas jurídicas, y de la posibilidad de que éstas interpongan acciones de tutela para buscar su amparo frente a una amenaza o vulneración4. Desde sus primeras sentencias, la Corte reconoció la titularidad de las personas jurídicas frente a derechos fundamentales5, “Debe insistir la Corte en que la forma de protección que a los derechos constitucionales fundamentales brinda el artículo 86 de la Carta Política no comprende únicamente a las personas naturales, como en criterio que esta Corporación no comparte, lo ha entendido el Consejo de Estado en el fallo materia de revisión, sino que se extiende a las personas jurídicas. 3 En Auto del trece (13) de julio de 2012 de la Sala de Selección de tutela Número Siete de la Corte Constitucional, se dispuso la revisión de la providencia en cuestión y se procedió a su reparto. 4 T-740 de 2009 5 T-434 de 2011

11 En efecto, el precepto superior no distingue y, por el contrario, los fines que él persigue quedarían frustrados o, cuando menos, realizados de modo incompleto si el alcance de la protección se restringiese por razón del sujeto que lo invoca, dejando inermes y desamparadas a las personas jurídicas. Estas también son titulares de derechos reconocidos por el ordenamiento constitucional y no existe razón alguna para impedirles que se acojan al mecanismo preferente y sumario diseñado por el Constituyente para lograr su efectividad”6. Asimismo se ha señalado que la acción de tutela puede ser eel mecanismo idóneo para que las personas jurídicas reclamen el amparo de sus derechos fundamentales, tal y como lo señala la sentencia T-411 de 1992: “Sobre la titularidad de las personas jurídicas respecto de la acción de tutela, esta Sala considera que ellas son ciertamente titulares de la acción. Las personas jurídicas poseen derechos constitucionales fundamentales por dos vías: a) indirectamente: cuando la esencialidad de la protección gira alrededor de la tutela de los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales asociadas y b) directamente: cuando las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales no porque actúan en sustitución de sus miembros, sino que lo son