CC - T911-2014

Sentencia T-911/14

ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACION DESPLAZADA-Procedencia Dada la extrema condición de vulnerabilidad en la que se encuentra la población víctima de desplazamiento forzado, esta Corporación ha señalado que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para garantizar la protección de sus derechos fundamentales cuando se vean vulnerados o amenazados. DESPLAZAMIENTO FORZADO-Ley 387 de 1997, respecto a su definición, alcance e implicaciones materiales, físicas y jurídicas PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO-Jurisprudencia constitucional La jurisprudencia constitucional no ha sido ajena a la problemática que afronta la población víctima del desplazamiento forzado por la violencia, por el contrario, ante la verificación de violaciones masivas de derechos fundamentales de dichas personas, la Corte Constitucional en sentencia T-025 de 2004 declaró un estado de cosas inconstitucional. En aquella oportunidad la Corte señaló que las víctimas del desplazamiento forzado se encuentran en una condición de vulnerabilidad que exige diligencia y celeridad por parte de las autoridades en aras de atender sus necesidades básicas, originadas por el abandono de sus hogares, empleos y pertenencias. DEBER DE SOLIDARIDAD CON PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN CIRCUNSTANCIAS DE DEBILIDAD MANIFIESTA-Víctimas de secuestro, desaparición forzada y desplazadas por la violencia La Corte Constitucional en varios pronunciamientos ha accedido al amparo solicitado por aquellas

personas que han sido víctimas de secuestro, desaparecimiento y desplazamiento por la violencia, reconociendo la exigibilidad del deber de solidaridad frente a ellas y en razón de su situación de debilidad manifiesta. RESTITUCION DE TIERRAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO-Obligación de entidades territoriales para generar sistemas de alivio o exoneración del impuesto predial a población desplazada, según ley 1448 de 2011 La Corte Constitucional ha determinado que la Ley 1448 de 2011 fijó varias obligaciones en cabeza de las entidades territoriales, especialmente la de generar sistemas de alivio o exoneración del impuesto predial a favor de aquellas personas que se vieron forzadas a abandonar el predio o hayan sido despojados de este, razón por la cual corresponde a los concejos municipales, mediante acuerdo, adoptar dichas medidas con efectos reparadores. VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y PRINCIPIO DE SOLIDARIDADSe ordena a autoridad municipal exonerar del pago de impuesto predial unificado al accionante

Referencia: expediente T-4.471.138.

2 Acción de tutela instaurada por Alcira Pérez De Quintero contra la Alcaldía Municipal de El Carmen, Norte de Santander. Magistrada Ponente (E):

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., primero (1°) de diciembre de dos mil catorce (2014). La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, Luis Ernesto Vargas Silva y Martha Victoria Sáchica

Méndez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ocaña (Norte de Santander), el 7 de mayo de 2014, que confirmó el dictado por el Juzgado Segundo Penal Municipal de esa misma ciudad, el 25 de marzo de 2014, que en su momento negó por improcedente la acción de tutela promovida por Alcira Pérez de Quintero contra la Alcaldía Municipal de El Carmen (Norte de Santander). El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión mediante Auto del 22 de agosto de 2014, proferido por la Sala de Selección Número Ocho.

I. ANTECEDENTES El 11 de marzo de 2014, la señora Alcira Pérez de Quintero instauró acción de tutela contra la Alcaldía Municipal de El Carmen (Norte de Santander), por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al “debido proceso, a la salud, a la dignidad humana, al mínimo vital, al acceso a la justicia, a la reparación integral y los derechos de los desplazados”, como consecuencia de la negativa en la condonación de lo adeudado por concepto de impuesto predial unificado de tres bienes inmuebles rurales de propiedad suya y de su familia, que dejaron de habitar y explotar como víctimas del desplazamiento forzado.

1. Hechos y pretensiones 1.1. La señora Alcira Pérez De Quintero, en la actualidad de 63 años de edad junto con su núcleo familiar, el cual según certificación expedida el 27 de octubre de 2008 por la

entonces Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Regional Norte de Santanderestá integrado por “Esaura Helena Quintero, Brayan Mauricio Quintero, Yamild Humberto Julio Quintero, Charid Estefanía arabia Páez, 3 Lisseth Páez Quintero y Sabeida Quintero Pérez”, se encuentran inscritos en el Registro Único de Población Desplazada desde el 11 de octubre de 20021. 1.2. Lo anterior debido a que, según afirma la accionante fueron víctimas de desplazamiento forzado por hechos ocurridos en la Vereda “Tabacal” del Municipio de El Carmen (Norte de Santander), por lo que en agosto de 2002 tuvieron que dejar de habitar y explotar tres fincas de propiedad suya y de su familia, “La Victoria, La Trocha y El Tabacal”, para desplazarse a la ciudad de Ocaña (Norte de Santander)2. 1.3. Con todo, el 6 y 28 de octubre de 2009 la Alcaldía Municipal de El Carmen envió tres avisos persuasivos a la demandante, mediante los cuales solicitó el pago inmediato de lo adeudado por concepto de impuesto predial unificado de los predios con números catastrales 000100010338000, 000100010372000 y 000100010057000. De no efectuarlo dentro de los diez días siguientes a las comunicaciones, adelantaría en su contra procesos de cobro coactivo y por consiguiente el embargo de sus bienes3. 1.4. La accionante señala que el 4 de diciembre de 2012 elevó petición ante la Alcaldía accionada con el fin de que ésta realizara un descuento más sobre la obligación total

debida hasta el año 2012 ($1.000.000 aproximadamente), toda vez que no fue posible conseguir dicho dinero para el pago, debido a las condiciones que aún persisten por el desplazamiento. En la aludida solicitud se indica que en principio, la deuda total ascendía al monto de $2.800.000 aproximadamente, por lo gravado respecto de los tres inmuebles4. 1.5. En vista de lo anterior, mediante oficio del 17 de diciembre de 20125 la Alcaldía Municipal de El Carmen contestó que no era posible realizar el descuento solicitado, por cuanto su situación no estaba descrita como una de aquellas exclusiones de impuesto predial previstas en los artículos 246 de la Ley 20 de 19747 y 1378 de la Ley 488 de 19989. 1.6. Con base en los anteriores hechos solicita se ordene a la accionada condonar lo adeudado por concepto de impuesto predial unificado de los tres bienes inmuebles rurales de propiedad suya y de su familia10. 1 Folios 13 y 14 cuaderno 1. 2 Folio 1 ib. 3 Folios 15 al 17 ib. 4 Folios 18 al 20 ib. 5 Folios 22 y 23 ib. 6 “Artículo XXIIIV. Las propiedades eclesiásticas podrán ser gravadas en la misma forma y extensión que las de los particulares. Sin embargo, en consideración a su peculiar finalidad se exceptúan los edificios destinados al culto, las curias diocesanas, las casas episcopales y curales y los seminarios.” 7 “Por el cual se prueba el "Concordato y el Protocolo Final entre la República de Colombia y la

Santa Sede" suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973.” 8 “Artículo 137. Los predios que se encuentren definidos legalmente como parques naturales o como parques públicos de propiedad de entidades estatales, no podrán ser gravados con impuesto ni por la Nación ni por las entidades territoriales.” 9 “Por la cual se expiden normas en materia Tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las Entidades Territoriales.” 10 Folio 10 cuaderno 1. 4

2. Material probatorio obrante en el expediente 2.1. Cédula de ciudadanía 27.703.904 de El Carmen (Norte de Santander) de la señora Alcira Pérez De Quintero11. 2.2. Oficio emitido el 27 de octubre de 2008 por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Regional Norte de Santander-, en la cual consta que la accionante y su núcleo familiar se encuentran inscritos en el RUV desde el 11 de octubre de 200212. 2.3. Avisos Persuasivos del 06 y 28 (2 veces) de octubre de 2009, con los cuales la Alcaldía Municipal de El Carmen solicitó a la demandante el pago inmediato de lo adeudado por concepto de impuesto predial unificado de los tres predios de su propiedad13. 2.4. Petición elevada el 04 de diciembre de 2012 por la accionante ante la Alcaldía mencionada14. 2.5. Respuesta emitida el 17 de diciembre de 2012 por la accionada15.

3. Actuación procesal En Auto del 11 de marzo de 201416, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Ocaña

(Norte de Santander) avocó la acción de tutela y corrió traslado al Alcalde Municipal de El Carmen (Norte de Santander) para que ejerciera sus derechos de defensa y contradicción. De conformidad con la orden judicial emitida, el Alcalde Municipal de El Carmen dio contestación mediante escrito del 18 de marzo de 201417, en el cual se opone a lo pretendido por la accionante al estimar que no existe vulneración de los derechos fundamentales invocados. En resumen, reitera los mismos argumentos con los cuales negó a la demandante la exclusión de impuesto predial, según lo previsto en los ya citados artículos 24 de la Ley 20 de 1974 y 137 de la Ley 488 de 1998.

4. Decisiones objeto de revisión  Sentencia de primera instancia 11 Folio 12 ib. 12 Folio 14 ib. 13 Folios 15 al 17 ib. 14 Folios 18 al 20 ib. 15 Folios 22 y 23 ib. 16 Folio 24 ib. 17 Folios 26 al 30 ib.

5 El Juzgado Segundo Penal Municipal de Ocaña profirió fallo del 25 de marzo de 201418, por medio del cual “negó por improcedente” la acción de tutela al considerar desatendido el requisito de subsidiariedad ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial. Considera que no existe vulneración de sus derechos fundamentales, ya que la solicitud de amparo refiere a la exoneración en el pago de unas obligaciones de carácter tributario, frente a las cuales la señora Alcira Pérez de Quintero figura como sujeto pasivo19.  Impugnación

Mediante escrito del 31 de marzo de 201420 la accionante presentó impugnación contra la decisión en precedencia, por insistir en la conculcación “sistemática” de sus derechos por parte de la alcaldía accionada. Sostiene que de conformidad con el principio de solidaridad tiene derecho a que se acceda a lo pretendido en la acción de tutela y de esta manera mejore su situación, pues “no fue mi voluntad perderlo todo y peor aún, cumplir con una carga que no soy capaz de cumplir.”  Sentencia de segunda instancia El 07 de mayo de 2014, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ocaña confirmó la providencia recurrida al replicar los mismos argumentos de improcedencia expuestos por el a quo21.

5. Actuación procesal en sede de revisión Mediante Auto del 18 de septiembre de 201422, la Magistrada sustanciadora dispuso oficiar a la señora Alcira Pérez de Quintero, para que allegara: a) Algún documento que conste: (i) la fecha en que ella y su familia fueron víctimas de desplazamiento forzado, (ii) la fecha en que ella y su familia dejaron de habitar y explotar económicamente los predios rurales de su propiedad, (iii) si a la fecha ella y su familia se encuentran en estado de desplazamiento, de no ser así, desde que fecha dejaron de estarlo y si retornaron a los inmuebles antes mencionados, (iv) la actual capacidad económica de la accionante y su núcleo familiar; y b) Cualquier otro documento que considere relevante para esclarecer el asunto. Efectuada la respectiva comunicación, la accionante guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. Competencia 18 Folios 31 al 39 ib. 19 Folio 37 ib. 20 Folios 44 y 45 ib. 21 Folios 5 al 12 cuaderno 2. 22 Folio 11 cuaderno Corte.

6 La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3, y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Problema jurídico a resolver De acuerdo a los antecedentes planteados, la presente Sala de Revisión de Tutelas debe determinar si los derechos fundamentales al “debido proceso, a la salud, a la dignidad humana, al mínimo vital, al acceso a la justicia, a la reparación integral y los derechos de los desplazados” de la señora Alcira Pérez De Quintero, fueron vulnerados por la Alcaldía Municipal de El Carmen (Norte de Santander), como consecuencia de la negativa en la condonación de lo adeudado por concepto de impuesto predial unificado de tres bienes inmuebles rurales de propiedad suya y de su familia, que dejaron de habitar y explotar económicamente como víctimas del desplazamiento forzado.

Para ello, se abordará el siguiente análisis: (i) Procedencia de la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales de la población en situación de desplazamiento forzado; (ii) La protección constitucional reforzada de las víctimas del

desplazamiento forzado; (iii) Deber de solidaridad frente a las personas que están en circunstancias de debilidad manifiesta en los eventos de desplazamiento forzado; (iv) La exoneración del impuesto predial a las víctimas del desplazamiento forzado. Con estas bases, será observado y decidido el caso concreto.

3. Procedencia de la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales de la población en situación de desplazamiento forzado.

Reiteración de jurisprudencia 3.1. Dada la extrema condición de vulnerabilidad en la que se encuentra la población víctima de desplazamiento forzado, esta Corporación ha señalado que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para garantizar la protección de sus derechos fundamentales cuando se vean vulnerados o amenazados. Al respecto, la Corte ha señalado que las personas que se encuentran en situación de desplazamiento gozan de un estatus constitucional especial que no puede simplemente tener un efecto retórico. En este sentido, la Constitución obliga a las autoridades a reconocer que se trata de una población especialmente protegida que se encuentra en una situación dramática por haber soportado cargas excepcionales y, cuya protección es urgente para la satisfacción de sus necesidades más apremiantes. En consecuencia, resulta desproporcionado exigir el agotamiento previo de los recursos ordinarios como requisito para la procedencia de la acción de tutela23. En tal sentido, en múltiples pronunciamientos la Corte ha manifestado que resulta contrario a los postulados del Estado Social de Derecho exigir el agotamiento previo 23 Sentencia T-821 de 2007.

7 de acciones y recursos al interior de la jurisdicción ordinaria, como condición para hacer uso del mecanismo de tutela. Por lo tanto, en estos asuntos el ejercicio de la acción de tutela es legítimo y su procedencia, en principio, no está en discusión24. 3.2. Tal vez una de las razones más importantes que esta Corporación ha identificado y que justifica la procedencia de la solicitud de amparo en este tipo de eventos, es que mientras la persona permanezca en condición de desplazamiento, el amparo constitucional no solo es actual, sino que se convierte en el único mecanismo idóneo para tratar de evitar la vulneración permanente de sus derechos fundamentales25.

4. Normatividad y jurisprudencia constitucional respecto de la protección reforzada de las víctimas del desplazamiento forzado. Reiteración de jurisprudencia 4.1. Como es bien sabido, debido a la preocupante situación que desde hace varias décadas afronta este país y a las nefastas y alarmantes consecuencias que ha tenido que padecer la población colombiana afectada por el conflicto interno, especialmente por el desplazamiento forzado, el 18 de julio de 1997 se expidió la Ley 387 de ese mismo año con la finalidad de adoptar medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados por la violencia. 4.2. En esa medida, la referida ley estatuyó un conjunto de disposiciones mediante las cuales aborda entre otros asuntos especialmente relevantes para el presente caso, la condición de desplazado (art. 1º), sus principios orientadores (art. 2º), la responsabilidad del Estado (art. 3º), el retorno (art. 16), la consolidación y

estabilización socioeconómica (art. 17), la cesación de la condición de desplazado (art. 18) y la protección a las personas desplazadas (art. 29). 4.2.1. El artículo 1º indica que desplazado es “toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.” 4.2.2. A su vez, el segundo precepto señala 9 principios orientadores entre los cuales para el caso objeto de estudio se destacan los siguientes: 24 Ver, entre otras, las Sentencias SU-150 de 2000, T-327 de 2001, T-098 de 2002, T-419 de 2003, T985 de 2003, T-740 de 2004, T-813 de 2004, T-1094 de 2004, T-025 de 2004 (Anexo 4), T-740 de 2004, T-1094 de 2004, T-175 de 2005, T-563 de 2005, T-1076 de 2005, T-882 de 2005, T-1144 de 2005, T-086 de 2006, T-468 de 2006, T-821 de 2007 y T-106 de 2010.

25 Sentencia T-218 de 2014. 8  “El desplazado forzado gozará de los derechos civiles fundamentales reconocidos internacionalmente”.  “El desplazado forzado tiene derecho a acceder a soluciones definitivas a su situación”.  “El desplazado forzado tiene derecho al regreso a su lugar de origen”.  “Los colombianos tienen derecho a no ser desplazados forzadamente”. 4.2.3. Por su parte, la tercera disposición prevé la responsabilidad del Estado la cual consiste en formular políticas y adoptar medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección y consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados. 4.2.4. Los artículos 16 y 17 establecen, respectivamente, que el Gobierno Nacional: (i) “apoyará a la población desplazada que quiera retornar a sus lugares de origen, de acuerdo con las previsiones contenidas en esta ley, en materia de protección y consolidación y estabilización socioeconómica”; y (ii) “promoverá acciones y medidas de mediano y largo plazo con el propósito de generar condiciones de sostenibilidad económica y social para la población desplazada en el marco del retorno voluntario o el reasentamiento en otras zonas rurales o urbanas.” 4.2.5. A su turno, el artículo 18 estatuye que la condición de desplazado forzado por la violencia “cesa cuando se logra la consolidación y estabilización socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de reasentamiento”. 4.2.6. Y finalmente, el último precepto dispone que la protección a las personas

desplazadas por la violencia está a cargo de la Dirección General Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, teniendo en cuenta que existan razones fundadas para temer por su seguridad y conforme a los parámetros que determine el Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada. 4.3. En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia constitucional no ha sido ajena a la problemática que afronta la población víctima del desplazamiento forzado por la violencia, por el contrario, ante la verificación de violaciones masivas de derechos fundamentales de dichas personas, la Corte Constitucional en sentencia T-025 de 2004 declaró un estado de cosas inconstitucional. En aquella oportunidad la Corte señaló que las víctimas del desplazamiento forzado se encuentran en una condición de vulnerabilidad que exige diligencia y celeridad26 por parte de las autoridades en aras de atender sus necesidades básicas, originadas por el abandono de sus hogares, empleos y pertenencias. En el mismo fallo, esta Corporación sostuvo que por las circunstancias que rodean el desplazamiento interno, las personas que en su mayor parte son mujeres cabeza de familia, niños y personas de la tercera edad se ven obligadas “a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, 26 Sentencia T-1135 de 2008. 9 debiendo migrar a otro lugar dentro de las fronteras del territorio nacional”27 para huir de la violencia generada por el conflicto armado interno y por el desconocimiento sistemático de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, quedan expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabilidad28, lo cual implica una violación

grave, masiva y sistemática de sus derechos fundamentales29 y, por lo mismo, amerita el otorgamiento de una especial atención por las autoridades: “Las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que los hace merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado”30. Por lo tanto, en la misma providencia T-025 de 2004 la Corte reiteró “la necesidad de inclinar la agenda política del Estado a la solución del desplazamiento interno y el deber de darle prioridad sobre muchos otros tópicos de la agenda pública”31, dada la incidencia determinante que, por sus dimensiones y sus consecuencias psicológicas, políticas y socioeconómicas, ejercerá este fenómeno sobre la vida nacional. En la referida providencia este Tribunal también determinó que en razón de la multiplicidad de derechos constitucionales afectados por el desplazamiento, y atendiendo a las aludidas circunstancias de especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión en las que se encuentran los desplazados, la Corte Constitucional ha resaltado que éstos tienen un derecho a recibir en forma urgente un trato preferente por parte del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Constitución: “el grupo social de los desplazados, por su condición de indefensión merece la aplicación de las medidas a favor de los marginados y los débiles, de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política, incisos 2° y 3° que permiten la igualdad como diferenciación, o sea la diferencia entre distintos.”32. 27 T-1346 de 2001. En sentencia T-268 de 2003 se acogió la definición de desplazados que consagran los Principios

Rectores del Desplazamiento Forzado Interno. 28 Los motivos y las manifestaciones de esta vulnerabilidad acentuada han sido caracterizados por la Corte desde diversas perspectivas. Así, por ejemplo, en la sentencia T-602 de 2003 se precisaron los efectos nocivos de los reasentamientos que provoca el desplazamiento forzado interno dentro de los que se destacan “(i) la pérdida de la tierra y de la vivienda, (ii) el desempleo, (iii) la pérdida del hogar, (iv) la marginación, (v) el incremento de la enfermedad y de la mortalidad, (vi) la inseguridad alimentaria, (vii) la pérdida del acceso a la propiedad entre comuneros, y (viii) la desarticulación social.”, así como el empobrecimiento y el deterioro acelerado de las condiciones de vida. Por otra parte, en providencia T-721 de 2003 (i) se señaló que la vulnerabilidad de los desplazados es reforzada por su proveniencia rural y (ii) se explicó el alcance de las repercusiones psicológicas que surte el desplazamiento y se subrayó la necesidad de incorporar una perspectiva de género en el tratamiento de este problema, por la especial fuerza con la que afecta a las mujeres. 29 Ver, entre otras, las sentencias T-419 de 2003 y SU-1150 de 2000. 30 Fallo SU-1150 de 2000. En esta tutela se acumulan tres demandas. La primera corresponde a un grupo de desplazados por la violencia compuesto por 26 familias que habían ocupado un predio de alto riesgo de propiedad de CORVIDE y que iban a ser desalojados por las autoridades municipales de Medellín, sin que se les hubiera ofrecido atención humanitaria y

sin que existiera un plan de atención a la población desplazada. El segundo grupo estaba compuesto por una familia de desplazados que solicitaba ayuda a las autoridades de Cali para tener acceso a los beneficios de vivienda que se otorgaban a personas ubicadas en zonas de alto riesgo, pero a quienes se les niega dicho auxilio con el argumento de que no estaba diseñado para atender población desplazada que sólo podían recibir ayuda de carácter temporal. El tercer grupo, también unifamiliar, interpuso la acción de tutela contra la Red de Solidaridad, pues a pesar de haber firmado un acuerdo de reubicación voluntaria y haberse trasladado al municipio de Guayabal, la Red no había cumplido con la ayuda acordada para adelantar proyectos productivos y para obtener una solución de vivienda definitiva. La ayuda pactada para el proyecto productivo fue finalmente entregada al actor por orden del juez de tutela, pero la ayuda para vivienda no se le dio porque estaba sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos. 31 Sentencia T-215 de 2002. 32 Sentencia T-098 de 2002. 10 4.4. En una de las providencias más recientes en la materia, T-347 de 2014, esta Corporación concluyó que las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad, ya que fueron sometidos a la pérdida de sus tierras, viviendas, empleos, hogares, entre otros, lo cual se agrava cuando la situación deviene permanente como consecuencia de la omisión del Estado en realizar acciones encaminadas a la superación de dichas circunstancias.

5. Deber de solidaridad frente a las personas que están en circunstancias de debilidad manifiesta en los eventos de desplazamiento forzado. Reiteración de

jurisprudencia 5.1. La Corte Constitucional ha señalado que el artículo 1º de la Constitución Política consagra que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. Así, la dignidad humana y la solidaridad son principios fundantes del Estado Social de Derecho, sin los cuales no sería plausible un orden político, económico y social justo33. 5.2. De igual modo, esta Corte ha indicado que el deber de solidaridad, previsto en la disposición mencionada y en el artículo 95 de la Constitución, se concreta en la obligación de asistir a las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad, como las victimas del desplazamiento forzado, con el fin de garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales34. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el deber de solidaridad del Estado debe entenderse como derivación de su carácter social y de la adopción de la dignidad humana como principio fundante del mismo. En esa medida, le corresponde al Estado garantizar unas condiciones mínimas de vida digna a todas las personas, para lo cual prestará asistencia y protección a quienes se encuentren en circunstancias de inferioridad, ya sea de manera indirecta, a través de la inversión en el gasto social, o de manera directa, adoptando medidas en favor de aquellas personas que por razones económicas, físicas o mentales, se hallen en circunstancias de

debilidad manifiesta. Sin embargo, esta Corporación ha aclarado que el Estado no es benefactor del cual dependan las personas, pues su función no se concreta en la caridad, sino en la promoción de las capacidades de los individuos, a fin de que cada quien, por sí mismo, logre la satisfacción de sus propias aspiraciones. Además, el deber de solidaridad no solo le corresponde al Estado sino también a los particulares cuando desconocen dicho deber y ello da lugar a la violación de un derecho fundamental. Entre los particulares, el deber de solidaridad se ubica de manera primigenia en la familia, en la cual cada 33 Sentencia T-347 de 2014. 34 Ibídem. Ver providencia C-237 de 1997. 11 miembro está obligado en atender el mandato de dicho principio y, al tiempo, es beneficiario del mismo, atendiendo razones de equidad. 5.3. En ese orden de ideas, esta Corporación ha expuesto en varias ocasiones que la solidaridad no es un deber exclusivamente exigido de las autoridades públicas, sino que puede ser reclamado de los particulares en general35 y, en especial de aquellos que prestan un servicio público. “Por lo tanto, cuando el juez de tutela verifica el incumplimiento del deber de solidaridad por parte de una autoridad pública que a su vez amenaza o vulnera un derecho fundamental, se puede exigir vía la acción de tutela el cumplimiento del deber constitucional para garantizar la efectividad de los derechos constitucionales del accionante.”36 5.4. Ahora bien, la Corte Constitucional en varios pronunciamientos ha accedido al amparo solicitado por aquellas personas que han sido víctimas de secuestro, desaparecimiento y desplazamiento por la violencia, reconociendo la exigibilidad del

deber de solidaridad frente a ellas y en razón de su situación de debilidad manifiesta. Lo anterior puede constatarse en el análisis de algunas sentencias que esta Corporación realizó en la ya citada T-347 de 2014, así: 5.4.1. En fallo T-419 de 2004, “la Corte estudió el caso de una persona desplazada por la violencia, quien a través de varios derechos de petición solicitó a una entidad bancaria que condonara la deuda adquirida en virtud de una obligación hipotecaria y le informara sobre alivios de crédito. En esa ocasión, la Sala decidió proteger el derecho